Buque Multipropósito ARA Ciudad de Zárate (Q-61)

El ARA Ciudad de Zárate es un buque multipropósito de la Armada Argentina incorporado en el año 2000, pertenece a la Escuadrilla de Ríos, la cual depende del Área Naval Fluvial. Tiene su asiento en la Base Naval Zárate, pero amarra habitualmente en el Apostadero Naval Dársena Norte, situado en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene capacidad de romper packs de hielo de hasta 60 cm de espesor, pudiendo abrir brechas navegables.

Desarrolla tareas de control y vigilancia de los espacios fluviales en jurisdicción del Área Naval Fluvial, incluyendo actividades de apoyo a la comunidad, salvamento y transporte de personal y lanchas de la Infantería de Marina. Fueron concebidos originalmente como “buques balizadores costeros” para servir en la US Coast Guard (Servicio Guardacostas de los Estados Unidos). Pertenecen a la Clase “Red 157-foot” de la que se construyeron 5 unidades: : USCGC “Red Wood” (WLC-685), USCGC “Red Beach” (WLC-686), USCGC “Red Birch” (WLC-687), USCGC “Red Cedar” (WCL-688) y USCGC “Red Oak” (WCL-689).

Tres (3) de estas unidades fueron transferidas a la Armada Argentina entre los años 1998 / 1999 a un precio simbólico de u$s 45.000 por embarcación, mientras que las otras dos (2) restantes pasaron a desguace y canibalización para obtención de repuestos. El precio fue de adquisición fue considerado una "ganga", ya que la construcción de un buque de estas características ronda los u$s 2.500.000,-. Estas unidades son verdaderos “multipropósitos” ya que realizan variadas actividades en la fuerza.

Mientras el ARA “Ciudad de Zárate” y ARA “Ciudad de Rosario” integran la Escuadrilla de Ríos (EDRI) dependiente del Área Naval Fluvial (ANFL) con asiento en la Base Naval de Zárate (BNZA); el ARA “Punta Alta” está asignado al Comando Naval Anfibio y Logístico (COAL) con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB).

En 2009 formó parte de una Campaña Sanitaria en diversos poblados del Río Paraná, atendiendo necesidades clínicas y odontológicas de la población más aislada. Las actividades operativas son variadas. La participación en ejercicios conjuntos y combinados es constante, realizando despliegues en diversos puntos del litoral fluvial argentino. Además, realiza el adiestramiento de cadetes, como los de la Escuela Nacional Fluvial. Todos los años la unidad colabora en las campañas sanitarias para poblaciones aisladas en el Río Paraná.

Su misión:
- Control y vigilancia de espacios fluviales.
- Apoyo a la comunidad / Realización de campañas sanitarias.
- Búsqueda y rescate (SAR)
- Transporte de embarcaciones ligeras y de efectivos de IMARA (BIM Nº3)
- Instrucción de alumnos de los Institutos de formación.

Especificaciones:
Estado Empleado por la ARA
Astillero United States Coast Guard Yard, Curtis Bay
Clase Red Cedar
Destino Escuadrilla Naval de Ríos (EDRI)
Desplazamiento 525 Tn.
Eslora 49,05 m
Manga 10 m
Calado 2 m
Propulsión Dos Motores Caterpilar D398 de 900 HP C/U - Dos hélices de paso controlable y hélices de proa - Dos Palas de Timón
Velocidad  12,6 nudos
Alcance: 3000 millas náuticas
Tripulación: 31 hombres (6 de ellos oficiales)
Armamento: 2 fustes para ametralladoras Browning M2 de 12,7mm (1 a proa y 1 a popa)
Capacidad grúas: 1 de 5tn / 1 de 10tn
Embarcaciones auxiliares: 1 lancha de casco de aluminio con motor 130 Hp, equipo de comunicaciones y sonda / 1 semirrígido.
Característica especial: proa reforzada capaz de romper packs de hielo de hasta 60cm de espesor.

La Armada envía dos barcos para ayudar a los inundados

(Clarin.com) - El ministro de Defensa Julio Martínez ordenó el envió de dos barcos con efectivos y ayuda para los afectados en Corrientes y Entre Ríos

El ministro de Defensa Julio Martínez dispuso que dos embarcaciones comandadas por personal de la Armada colaboren en las tareas de ayuda a los inundados en la ciudad correntina de Esquina y en las localidades entrerrianas de Santa Elena y La Paz. Las mismas ya partieron a destino.

"Estamos preocupados y ocupados por la situación de estas siete provincias, una preocupación que compartimos con el Presidente de la Nación. Por eso, estamos disponiendo las capacidades de las Fuerzas Armadas para colaborar con las zonas afectadas", manifestó Martinez.

Según un comunicado del ministerio de Defensa, la misión está a cargo de Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM3), cuyos efectivos partieron rumbo a la zona de contingencia a bordo de la lancha patrullera ARA “Río Santiago” y el buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate”.

En la zonas inundadas también trabajan efectivos del Ejército desplegados en las zonas más afectadas de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones y Formosa.

En Villa Paranacito, Entre Ríos, el personal militar, por intermedio del Regimiento de Caballería de Exploración 12, colabora medios propios en el traslado de alimentos y donaciones par  los damnificados.  Y en la provincia de Formosa, personal del Regimiento de Infantería de Monte 29 asiste a los pobladores afectados por las inundaciones registradas en el interior, a 170 kilómetros  de la capital.

Puntualmente, en las islas Buey Muerto y Pando, el regimiento se encargó del traslado de donaciones de ropa, alimentos no perecederos y elementos de higiene para los afectados. En tanto, en la provincia de Formosa, personal del Regimiento de Infantería de Monte 29 asiste a los pobladores afectados por las inundaciones registradas en el interior, a 170 kilómetros  de la capital.

Puntualmente, en las islas Buey Muerto y Pando, el regimiento se encargó del traslado de donaciones de ropa, alimentos no perecederos y elementos de higiene para los afectados.

Fondos buitre: Argentina les paga hoy US$ 9.352 millones y sale del default

Por Marcela Pagano - Clarin.com
De esta manera el país sale del default. Son US$ 6.252 millones a un grupo de bonistas y a otro US$ 3.100 millones.


Foto-Adriana Groisman

Tras más de una década de puja judicial, el Gobierno cerrará hoy un capítulo dentro de la historia de la deuda argentina con el pago a los fondos buitre. La administración de Mauricio Macri desembolsará hoy los US$ 9.352 millones para pagar los más de 220 acuerdos que celebró hasta el momento con holdouts.

El pago que se hará hoy se divide en dos etapas. La primera fase consiste en acreditar el dinero en la cuenta de los tenedores de bonos con sentencia Pari Passu en Nueva York. Este paso es necesario para que se levante la cautelar que impide al país pagar intereses de deuda a otros bonistas.

Pero dentro de este universo de “holdouts Pari Passu”, algunos aceptaron la propuesta antes del 29 de febrero (donde el equipo económico ofertó una quita del 30%) y que serán los primeros en cobrar. Entre estos figuran los buitres más duros Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, y también las firmas EM Limited y Montreux Partners y Capital Markets Financial Services. En ese primer tramo el Gobierno desembolsará US$ 6.252 millones.

Inmediatamente se constituirá un fideicomiso administrado por el Bank of New York Mellon (BoNY), que permitirá gatillar el pago al resto de los fondos que aceptaron la propuesta argentina después del 29 de febrero y que representan pagos por US$ 3.100 millones, según explicó Santiago Bausilli, subsecretario de Financiamiento. Es que si bien el juez Thomas Griesa  había especificado que, una vez que quedaran liberados los pagos de la deuda -que tiene lugar ni bien los holdouts con Pari Passu notifiquen que se les acreditaron los pagos- la Argentina tendría cinco días hábiles para pagarle al resto los bonistas, el ministro Alfonso Prat-Gay optó por terminar todo el desembolso en un solo día. “Queremos cerrar cuanto antes este capítulo”, sostienen.

De ese fideicomiso saldrá también el pago a los bonistas europeos representados por el italiano Nicola Stock, a quien Argentina se comprometió a pagar US$ 1.350 millones. En total el equipo económico logró más 220 acuerdos con el 98 por ciento de los litigantes en la sede judicial neoyorquina. Según afirmó Prat-Gay en promedio, con los fondos que ya aceptaron la propuesta, la quita en promedio de la deuda es del 27% del capital y del 40% de los intereses.

Bausili afirmó que tras el desembolso de hoy, de los US$ 16.500 millones obtenidos esta semana, “unos US$ 7.200 millones ingresarán al Banco Central para fortalecer las reservas”. Asimismo el Gobierno deberá desembolsar unos US$ 3.000 millones, según reconoció el funcionario, correspondiente a intereses de deuda de aquellos tenedores de bonos argentinos que si entraron en los canjes de 2001 y 2005, pero que tras la sentencia de Griesa , que bloqueaba pagos de Argentina al exterior, dejaron de recibir sus desembolsos en julio 2014. Ese dinero está computado actualmente en las reservas del BCRA y cuando se genere el pago, provocará la caída del número global. Para concretar esa operación, el Gobierno tendrá a partir de mañana cinco días hábiles para acreditar ese dinero al BONY y comenzar la distribución del dinero de estos tenedores de bono. Aunque hay 10 días más de gracia.

La insólita historia de los containers que nadie se anima a reclamar

Por Matías Longoni - Clarin.com
Están en el Mercado Central, en depósitos fiscales que se atribuyen a empresarios amigos de Ricardo Echegaray. La Aduana obliga a vaciarlos, pero sus dueños no aparecen. Se sospecha que están repletos de artículos de contrabando.  

En el Mercado Central de Buenos Aires todos miran hacia los sospechosos depósitos fiscales que se habilitaron allí en los últimos años y que se atribuyen a empresarios amigos del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Están repletos de contenedores que -se presume- contienen mercadería de contrabando valuada en millones de dólares. Pero nadie aparece a reclamarlos para no quedar expuesto frente a las nuevas autoridades de la Aduana.

El último 4 de marzo, el nuevo jefe aduanero, el ex comando Juan José Gómez Centurión, ordenó la clausura de varios depósitos fiscales, incluidos Carestiba SA y Censer SA, que se habilitaron entre gallos y medianoche en tierras del Estado frente a la estratégica autopista Richieri. También dispuso un plazo de 60 días corridos para que dichos depósitos queden "a plan barrido", es decir totalmente vacíos. 

El vencimiento de ese plazo se aproxima y nadie reclama por la propiedad de los contenedores que quedaron atrapados. En total serían unos 600 distribuidos en seis depósitos. La especulación oficial es que están repletos de telas, artículos electrónicos, juguetes y muchas otras bagatelas que ingresaron al país al margen de la ley, al amparo de una evidente complicidad de las anteriores autoridades de la AFIP.

Mientras Gómez Centurión se frota las manos a la espera del momento de ingresar a esos depósitos fiscales y expropiar la mercadería (incluso en su entorno se piensa en el regreso de las subastas públicas del Banco Ciudad para recuperar dinero para el Estado), una investigación de Clarín permitió saber que las sospechosas empresas radicadas en el Mercado Central forman parte de un mismo grupo económico. Es el que históricamente se atribuye al apodado "rey del bagayeo", Jorge "El Uruguayo" Lambiris. ¿De quién se trata? Del empresario que compartió los festejos de fin de 2013 junto a Ricardo Echegaray en un lujoso hotel de Copacabana, en Río de Janeiro.

Echegaray, de vacaciones en Brasil cuando era jefe de la AFIP. Es el de remera blanca.
También estuvo con ellos en aquel viaje Sergio González, titular de la firma RSI Group. Es una de las únicas dos empresas habilitadas por la Aduana de Echegaray para prestar el servicio de prescintos para controlar, vaya casualidad, el tránsito de contenedores hasta los depósitos fiscales.

En los papeles, sin embargo, Lambiris ni aparece. El depósito fiscal que siempre se le atribuyó es Carestiba SA, que históricamente funcionó en Boulogne y recién en 2009 logró un increíble contrato  de alquiler para ocupar por 30 años un playón de 21.300 metros cuadrados en el Mercdao Central, a un precio de regalo. Actualmente está cerrado. Es allí donde están almacenados la mayor cantidad de contenedores que ahora nadie se anima a reclamar.

Carestiba SA tiene varios socios, como Julio Motta, Alberto Néstor Suárez y Catalina Beraja, una mujer de 79 años. Esta misma persona forma parte también del directorio del laboratorio Biotenk, uno de cuyos fundadores es Héctor Salomón Saieg, alias "Johny".

Es esta persona quien actualmente se presenta ante las autoridades del Mercado Central como director de Censer SA, el otro depósifo fiscal clausurado por la Aduana el mes pasado. En este caso, ocupa 88.300 metros cuadrados alquilados por 30 años a partir de 2013, también a precios ridículos. La inversión para levantar esos galpones fue de varios millones de dólares. Ese moderno depósito contrasta con el estado de abandono que se percibe en el resto del Mercado Central.

Los accionistas formales que dieron vida a Censer SA son dos. Uno de ellos se llama Carlos Rios y fue por muchos años a la vez empleado de Carestiba SA. Actualmente tiene oficinas en Puerto Madero, aunque a nombre de otras empresas de logistica aduanera y courier, como Bussines & Bussines (B&B) y Loginport.

El otro socio original de Censer SA se llama Pablo Sccasso y también estuvo vinculado por mucho tiempo a firmas importadoras ubicadas en el barrio de Once. Sccaso también aparece como empleado de Logimport y B&B, pero a la vez es socio de un haras de caballos raza Silla Argentino en Escobar. Comparte ese negocio con los hermanos Gustavo y Mariana Echegaray, que llevan el apellido del ex titular de la AFIP pero no serían sus parientes. Con Gustavo, además, Sccasso inscribió varias empresas en Miami.

Recientemente, al directorio de Censer SA se incorporó una mujer llamada Adriana Nora Zella, que es la esposa de Luis Alvarez, dueño de una imprenta llamada New Press, ubicada en Avellaneda y que tiene como uno de sus principales clientes al Estado. Este personaje también tiene una ligazón evidente con Lambiris, ya que fue auspiciante por mucho tiempo del auto de carreras con que compite en el TC Mauricio, el hijo de "El Uruguayo" y quien también viajó con Echegaray a Río de Janeiro.

Báez usó 3 bancos suizos y 9 financieras para fugar plata

Por Daniel Santoro (Clarin.com) - En su confesión, Leonardo Fariña individualizó a las entidades que ayudaron a sacar millones de dólares en negro. También explicó los mecanismos que se usaron.


La confesión de Leonardo Fariña revela que desde la muerte de Néstor Kirchner hasta mediados del 2011, Lázaro Báez usó a la financiera Provalor y a otras ochos más y a los bancos suizos Lombard Odier, UBS y Credit Suisse y al español Sabadell para fugar la plata. 

Según el ex valijero, la plata que él manejó no llegaba en aviones sino en camionetas custodiadas desde Río Gallegos y la entregaban en la sede de Austral en Pasaje Carabelas 241, en La Rosadita o en un departamento de Báez en Belgrano. A diferencia del ex dueño de La Rosadita, Federico Elaskar, dijo que él no usó aviones para sacar plata. Previamente, los 8 mil millones de pesos de las ganancias, sobreprecios o supuestos sobornos provenientes de los contratos de obra pública que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner entre el 2003 y el 2015 eran convertidos a dólares o euros por el dueño de la financiera Invernes, Ernesto Clarens.

Una vez concentrada la plata en Buenos Aires, la transportaban en camionetas custodiadas -en las cuales siempre iba Martín Báez- a las financieras o agentes de bolsa: Provalor, Alhec Tour, Maguitur, Turimar, Cohen, Pasamar, Forex Cambio, Santiago Punturo o Santiago Carradori. Desde allí, a través de distintas maniobras, la plata se depositaba en los bancos suizos o el español nombrados, entre otros. Incluso, nombró a “un grupo de chinos”, que no identificó, como partícipes de las maniobras.

Los dichos de Fariña están ahora tratando de ser comprobados por el juez federal Sebastián Casanello con distintos allanamientos a las financieras y otras medidas de prueba.

Como dando cátedra, Fariña explicó que parte de la plata las financieras de la City a sacaban con los métodos “back to back”, “leverage by out”, “el de la cuenta puente”, alguna transferencia a un testaferro o de cooperativas fantasma. El primero consiste en que la financiera tenía un cliente en Suiza que, por ejemplo, necesitaba un millón de dólares en Buenos Aires. Entonces, le pasaban el efectivo aquí y en Suiza le acreditaban la plata a una cuenta de Báez. Dijo que el “leverage by out” implicaba redactar un contrato mediante el cual una persona física o jurídica compraba La Rosadita simulando que lo hacía con las ganancias futuras que iba a generar la empresa.

El tercero consistía en que el Lombard Odier recibía pequeñas transferencias de plata durante 180 días por una “cuenta puente” que manda cables y luego deja de existir. Después la plata quedaba en una tercer cuenta que la maneja una empresa off shore en Suiza con títulos al portador para no identificar al dueño. Un cuarto método era usar cooperativas fantasma y un último era transferir directamente “la plata a una cuenta del ex funcionario K Santiago Carradori en el Banco Sabadell de España”. 

A fines de diciembre del 2010, dos custodios de Báez “le entregaron 3.550.000 dólares” a Elaskar quien no los envió a las cuentas de Báez sino que se los quedó, siempre según Fariña. Semanas más tarde, “Elaskar le compró un campo de papas a Anastasia Blaquier en 1,5 millones de dólares”. Fariña y Elaskar mantiene un viejo intercambio de acusaciones sobre quién fue el que se quedó con plata negra de Báez que fue lo que desencadenó el escándalo. Precisó que Elaskar tiene, dijo, una cuenta secreta en el banco Merrill Lynch de EE.UU. y en otra en la financiera “Pershing”.

En un momento tanta era la plata que había que blanquear que Carradori “fue a comprar un holding a España llamado Samber & Tarex que es una sociedad con cuentas bancarias preexistentes en las que solo tenés que cambiar a los directores”. “Me consta que a través de Provalor se enviaron 11 millones de dólares a esa cuenta en España”, afirmó. En otra oportunidad, un representante del Lombard Odier, que paraba en el hotel Alvear y vestía trajes importados, le entregó a Martín Báez “una carpeta con las acciones al portador de Teegan (una empresa off shore creada en Belice) y un Token” para mover la plata. Un nuevo personaje en este escándalo es Santiago Punturo, quien manejaba una financiera cerca de la casa de Santa Cruz. Se le dio plata y no hizo la transferencia. “Después nos enteramos que hizo una compra de granos y era socio de Rudy Ulloa”, finalizó.

Los funcionarios nacionales ya no estarán obligados a volar por Aerolíneas Argentinas

Por Federico Mayol fmayol@infobae.com
El Gobierno analiza dar de baja un decreto que beneficia a la compañía estatal. Durante los primeros 9 meses de 2015 se pagaron $852 millones por pasajes. Estudian abrir la compra de tickets a otras aerolíneas privadas


No haría falta un decreto del Presidente para dar de baja aquella resolución.

Hay quejas de todo tipo. Que se paga muchísimo más por el mismo boleto en relación a otras aerolíneas y que las comisiones son demasiado caras. O que se tarda muchísimas horas más en cubrir algunos destinos. Según el decreto 1191 del 2012, promulgado por Cristina Kirchner, los ministros, secretarios de Estado y principales funcionarios de la administración pública están obligados a contratar a Aerolíneas Argentinas para viajes oficiales dentro y fuera del país siempre y cuando la aerolínea estatal cubra las rutas requeridas, una resolución que desde que desembarcó en la Casa Rosada genera todo tipo de críticas en el gabinete.

Desde hace semanas, el Gobierno posó la lupa en dicho decreto. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la Jefatura de Gabinete están abocados en la búsqueda de mecanismos para dar de baja dicha norma que, hasta ahora, beneficia a Aerolíneas Argentinas y a OPTAR Sociedad Anónima, la operadora mayorista de turismo de la empresa estatal que hasta diciembre del año pasado era manejada por la agrupación La Cámpora y que concentra la contratación de los tickets aéreos de la administración nacional. En Casa Rosada no descartan la revocación de la norma a través de un decreto presidencial, aunque explican que no haría falta un decreto del Presidente para dar de baja aquella resolución.

"Lo vamos a cambiar sí o sí", aseguraron fuentes oficiales. De esta manera, el Gobierno abriría la compra de tickets para los viajes oficiales de los funcionarios a otras aerolíneas privadas. El resultado, dicen, sería doble: bajarían el costo por comisiones –Aerolíneas a través de OPTAR cobraba el 3 por ciento, superior a los valores de mercado- y agilizarían aquellos viajes que la aerolínea de bandera no cubre directamente. En definitiva, el mecanismo actual funciona como una suerte de traspaso de dinero desde la administración central hacia la empresa estatal. De hecho, las fuentes explican que el costo administrativo ya se habría bajado del 3 al 1 por ciento.

De acuerdo al decreto en cuestión, publicado en el Boletín Oficial en julio del 2012, "las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran. (...) Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán utilizar los servicios de OPTAR Sociedad Anónima". La disposición lleva la firma de la ex presidente Cristina Kirchner, del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y del ex ministro Florencio Randazzo.

Según publicó el diario La Nación, durante los primeros nueve meses del 2015 el Estado pagó 852 millones de pesos por costos de pasajes emitidos, y el desembolso por gastos administrativos fue de 11,8 millones. La empresa publicó sus últimos balances en el 2008. El último registro societario es de mediados del 2011: se designó al ex secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" de Pedro, actual diputado, como vicepresidente.

En la Casa Rosada barajan varias ideas. Se debaten entre correr a OPTAR como agente de viajes exclusiva en la adquisición de tickets aéreos y abrir el mercado a otras agencias. Desde el macrismo explican que, por ejemplo, el precio de los pasajes por la operadora de Aerolíneas cotizan a veces más de un 50 por ciento más. Desde Aerolíneas reconocen que las comisiones de la empresa son altas, y que encararon una especie de auditoría para conocer esos números.

En lo que sí hay unanimidad en el primer piso de la Casa Rosada es en liberar el mercado para otras aerolíneas. "Hoy somos rehenes de Aerolíneas", dicen. En los primeros meses de gestión, las quejas por la complejidad de los viajes en una decena de fuentes de diversas dependencias consultadas para esta nota se multiplicaron: escalas innecesarias para destinos directos en los que la aerolínea estatal o no cubría directamente o no tenía disponibilidad para la fecha requerida.

Cuentas pendientes del país macrocefálico

Por Fabio Quetglas - LA NACION
La Argentina contemporánea se debe una reflexión sobre su orden territorial. Una deuda que desnuda el coyunturalismo extremo en el que se desenvuelven nuestros debates.


La vocación de un Estado por incidir en los asentamientos humanos de una manera razonable, construyendo incentivos adecuados, es una expresión superior de la política; es el modo de transformar palabras altisonantes (como soberanía o equilibrio) en desafíos concretos. En el caso argentino debería ser una prioridad de primer orden, no por una veleidad intervencionista, sino para garantizar la condición ciudadana a todos los habitantes vivan donde vivan.

Hace 30 años, un 16 de abril de 1986, el entonces presidente de la República anunciaba por cadena nacional la decisión de trasladar la capital del país a Viedma-Carmen de Patagones, y los argumentos que se enumeraban eran expresión de una noble vocación reformista.

La ambiciosa iniciativa no estaba librada de inconsistencias e improvisaciones, y desde luego que no todas las patologías territoriales argentinas se superarían con ese gesto político. Sin embargo, hay que destacar que su formulación daba por sentado que estamos frente a un problema a resolver, que bien puede ser la plataforma de una gran transformación económica y política positiva.

El proyecto se frustró en el pantano de la crisis hiperinflacionaria y sobre el fracaso se sucedieron todo tipo críticas, tanto de fondo como de sentido de oportunidad. Y si bien la mayoría de las experiencias de capitales trasladadas no ha dejado un saldo favorable respecto de los objetivos perseguidos, no es menos cierto que hoy el país es más macrocefálico que entonces, que el orden político en las provincias postergadas económicamente se hizo más rudimentario y que la dominancia metropolitana de la política no ha perfeccionado nuestro sistema institucional.

Tanto nuestro desequilibrio territorial como las dificultades para mejorar la administración pública (que bien podría verse facilitada frente a la mudanza planteada) son dos tareas pendientes que operan como un límite al desenvolvimiento de la democracia argentina. En el primer caso, por su incidencia determinante en el mapa de poder y, en el segundo, por su impacto en la calidad de las políticas públicas concretas.

El fracaso del Plan Viedma-Carmen de Patagones es sólo un capítulo especial de una cultura política incapaz de encarar reformas profundas. El aparato institucional argentino sólo muestra velocidad y creatividad bajo la amenaza de una crisis explosiva que haga inevitables las reformas o, aún peor, cuando la crisis ya se ha desplegado. La falta de sentido proyectual condiciona todas las respuestas. El traslado de la Capital nos obligaba a actuar justamente en sentido opuesto, si bien era una iniciativa que no debía concretarse de un día para el otro, nos ofrecía la posibilidad de pensar con un horizonte amplio.

Recordar con ecuanimidad aquel suceso nos deja, entre otras, dos lecciones: 1) las epopeyas nacionales deben ser sostenidas por una pluralidad política que permita su materialización en el tiempo y 2 ) presagiar el fracaso de los grandes desafíos no soluciona nada.

El fracaso del programa Viedma-Carmen de Patagones no abrió paso (hasta el Plan Belgrano) a una deliberación calificada en busca de soluciones, simplemente hizo más evidente el vacío de alternativas.
Miembro del Club Político Argentino

Los puntos clave del pacto contra el cambio climático

En el DÍA DE LA TIERRA

El objetivo - El acuerdo firmado identifica el cambio climático como "una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles".

La meta es contener el aumento de la temperatura "bien por debajo de los 2°C" respecto de la era preindustrial y realizar "esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5°"



El rol de cada país - Los países desarrollados reconocen que deben tomar la delantera en los recortes de emisiones de gases de efecto invernadero.

Los países en desarrollo, que aún necesitan generar energía con carbón y petróleo, son alentados a orientar sus esfuerzos hacia la realización de recortes


El dinero - Los países desarrollados darán apoyo a las naciones en vías de desarrollo para que enfrenten los fenómenos relacionados con el cambio climático y para apoyarlas en la reconversión energética con un aporte de 100.000 millones de dólares anuales. La suma volverá a ser actualizada en 2025.

Otra coincidencia con Proyecto Pragmalia: Incrementar el uso de la energía eólica y recrear el uso intensivo del trolebús a nivel nacional.

Lograr el equilibrio - En la segunda mitad del siglo el mundo debería llegar a un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la capacidad natural o tecnológica de capturarlos, gracias a la expansión de los bosques o las instalaciones que puedan servir para el almacenamiento de carbono.

Otra coincidencia con la propuesta de Proyecto Pragmalia: Plantaciones con arbol Kiri.

Llegan los primeros manteros desde la avenida Avellaneda al galpón de Once

Por Valeria Musse - LA NACION
La instalación tiene capacidad para 80 puestos bajo techo y 220 afuera; representan el 30% de los que relevó la CAME sobre la arteria en marzo; piden promocionar el lugar

Ayer por la mañana, los puesteros provenientes de Flores comenzaron a exhibir mercaderías en un predio cerrado. Foto: LA NACION / GCBA

Algunos de los manteros que fueron desalojados de la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores, comenzaron poco a poco a ocupar el galpón de Once en el que el gobierno porteño espera se conforme un paseo comercial que libere a las veredas de la venta callejera ilegal. Dentro del tinglado se instalarán 80 puesteros y 220 lo harán en el playón exterior, ambos a metros de la terminal del ferrocarril Sarmiento.

Los primeros vendedores acomodaban ayer su mercadería, tímidamente. Todavía no se percibía la presencia de posibles clientes. "Tenemos que organizarnos para promocionar bien el lugar, para que la gente venga a comprar acá", decían los comerciantes, deseosos de que la actividad se encamine. En principio, el predio estará abierto de lunes a viernes, de 9 a 18, y los sábados hasta las 14, aunque ayer se habían retirado más temprano.

"No fue una decisión fácil, pero me arriesgué. Ya no quería estar a las corridas con los bolsos de acá para allá porque venía la policía. Me dieron esta oportunidad y quiero que sea un volver a empezar", explicó Ivet Ugaldez a LA NACION mientras terminaba de acomodar los pantalones que vende sobre el mostrador de su puesto, el número 40, en la hilera central del galpón. Una semana y media atrás, la joven de 23 años pasaba largas horas sentada en una vereda de la avenida Avellaneda.

En la madrugada del lunes 11 de abril, decenas de efectivos de la Policía Federal de la Ciudad y de la Metropolitana se formaron en las veredas a lo largo de esa avenida, en los alrededores de su cruce con Nazca, para evitar que los manteros se instalaran en la zona. La Fiscalía General de la Ciudad, a cargo de Luis Cevasco, había ordenado que se instrumentaran las medidas necesarias para liberar el espacio público en esa sector de Flores. Desde entonces, y tal como ocurrió con un procedimiento similar realizado semanas antes en Caballito, los uniformados permanecen allí apostados.

El gobierno porteño ofreció a los manteros mudarse a otro lugar para mantener su fuente de trabajo. Hasta ayer, 1012 comerciantes habían aceptado la propuesta y se anotaron, un número similar al contabilizado por la CAME sobre la arteria en marzo. Para efectivizar esta reubicación debían cumplir ciertas exigencias: pagar monotributo, tener al día la documentación, contar con facturas que indiquen la procedencia legal de la mercadería y no tener antecedentes delictivos. Fuentes de la Ciudad indicaron que hasta ahora 90 vendedores aprobaron los requisitos, por lo que se les asignó un lugar en Once. La mayoría comercializará indumentaria.

Después de una semana de trámites, Luisa Guillermo superó el trámite y por eso le otorgaron el puesto número 15 dentro del galpón, situado sobre la calle Perón, entre Ecuador y Jean Jaures. Para ella tampoco fue fácil tomar la decisión de sumarse a este cambio. "Me dio vuelta la cabeza", admitió ante LA NACION. Pero, después de cinco años de haber vagado entre distintos puntos de la avenida Avellaneda, sin un puesto fijo, pensó que esta mudanza "es una buena oportunidad para estar mejor". La mujer, de 54 años, ya no soportaba las inclemencias del tiempo ni la mala calidad de vida que tenía en la calle.

Por ahora, el predio no tiene nombre. Desde la Ciudad lo llaman Paseo Comercial de Once, pero aún no hay ningún cartel que lo identifique. La intención de los organizadores, entre los que están el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Dirección de Ferias, es que sean los propios "ex manteros" los que acuerden la denominación del espacio. Tanto Guillermo como Ugaldez coincidieron en que "es necesario promocionar el galpón, repartir volantes y contarle a la gente que estamos acá".

El lugar pertenecía a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) y fue entregado a la Ciudad para su reacondicionamiento. Según el gobierno porteño, los manteros no deben abonar ningún canon por el uso del puesto asignado.

En uno de los 80 stands ubicados dentro del galpón estaba Miguel Luna. Se sentía "algo raro" allí adentro. Durante 17 años, vendió a la intemperie en Nazca y Yerbal. Hasta llegó a pagar un "alquiler" por un lugar en la vía pública, contó. "Necesito trabajar y, ya que allá [en Flores] no se puede estar más, quiero ver qué pasa acá. Ojalá salga bien", anheló.

Llevaban cebolla, pero era marihuana

(La Nación) - Algo más de dos toneladas y media de marihuana fueron secuestradas en las últimas horas en el noreste argentino, y 15 personas terminaron detenidas. En Formosa, efectivos del Escuadrón 16 "Clorinda" de la Gendarmería desarticularon una banda delictiva que transportaba 1727 kilos de marihuana acondicionados en cajas de cartón ocultas entre bolsas de cebolla.


Foto: LA NACION / Gendarmería

En esa ciudad, seis personas fueron aprehendidas por este caso. Por otra parte, en Eldorado, Misiones, y después de ocho meses de investigación, integrantes de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales "Eldorado", con apoyo de personal del Escuadrón 11 "San Ignacio" de la Gendarmería desbarataron otra peligrosa banda dedicada al tráfico de estupefacientes; fueron detenidas nueve personas y se secuestraron 924 kilos de cannabis sativa.

El programa de desarme voluntario está suspendido por la inacción legislativa

Por Daniel Gallo - LA NACION
El Congreso omitió renovar su vigencia a fines de 2015 y el Estado no puede recibir armas para su destrucción; aún no hay ningún proyecto de prórroga


El programa de desarme voluntario se encuentra suspendido. Foto: Archivo

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, lanzado hace nueva años con el objetivo de reducir la circulación de armas y prevenir, de esa manera, muertes por disparos, está suspendido por un error legislativo: el Congreso olvidó prorrogar la ley que año tras año renueva la vigencia del plan. Y aunque el Registro Nacional de Armas (Renar), ejecutor del programa, adelantó que es su intención ponerlo nuevamente en práctica, aún no se sabe cuándo enviará el Gobierno un proyecto al Parlamento para llevarlo a cabo.

Tras la última renovación, en 2013, el programa venció en diciembre pasado. Y hoy, de hecho, el Estado no recibe armas de ciudadanos que buscan deshacerse de ellas para evitar un real peligro en el hogar.

Fuentes del Renar confirmaron a LA NACION que la decisión de relanzar el plan de desarme ciudadano está tomada. Se tiene en cuenta, en ese sentido, la incidencia que las armas tienen en la resolución letal de conflictos interpersonales. La última estadística del Ministerio de Salud de la Nación, publicada a fines del año pasado, reveló que en 2014 hubo 2981 muertes causadas por disparos: ocho víctimas por día en todo el país.

El organismo que dirige Natalia Gambaro considera que es necesario mejorarlo, en especial en cuanto al trabajo de campo previo a la recolección de armas y a las campañas de concientización de la población. Pero también sostienen que, en paralelo, se debe realizar un fuerte trabajo multiagencial para perseguir el mercado ilegal de armas.

En la actualidad hay 1.200.000 armas registradas, pero se cree que el número se eleva a 4.000.000 incluyendo las no declaradas y las que están en manos criminales. Según la información pública del Renar, desde 2007 se recibieron más de 175.000 armas por el plan de desarme voluntario, que era incentivado con el pago de entre 500 y 2000 pesos. Los revólveres, pistolas y escopetas recibidas fueron inutilizados en el acto de entrega y posteriormente destruidos.

Sin estadísticas oficiales

Aunque el gobierno anterior consideró que el plan fue un éxito, lo cierto es que no existen estudios oficiales que permitan conocer su incidencia real en las tasas criminales, especialmente, en cuanto a homicidios. Tampoco se sabe cuántas de las armas entregadas y destruidas eran "legales" y cuántas provenían del "mercado gris" (armas no registradas ni usadas para delinquir") y del negro.

Además de la novedad del plan de desarme "congelado" por la inacción legislativa, el Renar se encontró con otro problema: la falta total de certezas sobre cuántas armas tenía bajo su control, tanto las recibidas por el programa de entrega voluntaria como las incautadas por cuestiones administrativas y aquellas miles enviadas por los poderes judiciales con orden de destrucción.

Tras un informe del Ministerio de Justicia se tomó la decisión de clausurar los depósitos de armas del Renar para realizar un inventario. En la disposición 1/2016 del Ministerio se solicitó al Renar la información completa de cada arma bajo su control. Y se detalló la respuesta: "Según lo manifestado por el remitente se encuentra imposibilitado de completar el requerimiento en los plazos establecidos, señalando entre otros justificativos la falta de recursos idóneos para la tarea a desarrollar, lo que ha generado una notable demora en los avances sobre la regularización de las condiciones de seguridad de los depósitos, la carga de datos y, en definitiva, la finalización del inventario".

Del informe surge que ni siquiera se sabía en qué lugar estaban las armas, ya que se usan lugares de almacenamiento externos como el Batallón de Arsenales 601, en Boulogne, y un "depósito perteneciente a la Policía Federal" en la localidad bonaerense de Los Plátanos.

La situación de congelamiento del plan de desarme voluntario se da en momentos en que crece la violencia intrafamiliar, con reiterados casos de femicidios cometidos con armas de fuego, y de "justicia por mano propia", como el del abogado que, con una pistola Glock que tenía registrada -aunque con el permiso de vencido-, les disparó a los motochorros que le habían robado una mochila con dinero y mató a un cerrajero que caminaba hacia su trabajo en plena city porteña, a fines de marzo.

El problema de las armas en la Argentina tiene tres ejes: en manos de la sociedad civil, en uso o custodia policial, militar y judicial, y manos de delincuentes. El Ministerio de Seguridad de la Nación planea colocar un chip a las armas de dotación policial para poder hacerles un seguimiento y evitar su desvío hacia el mercado negro. Y el de Santa Fe, por caso, recolectó este año más de 500 armas en irregulares condiciones de custodia en dependencias policiales. Una cantidad similar fueron quitadas de las calles de Santa Fe en operativos contra el delito.

Las cifras del plan de entrega

170.000 Armas recibidas - Desde el comienzo efectivo del programa, en 2007, el Renar recibió oficialmente esa cantidad de pistolas y escopetas. Sin embargo, un reciente informe del Ministerio de Justicia reveló que no se sabe fehacientemente cuál fue el destino final de todo ese armamento y se advirtió sobre irregulares condiciones de resguardo

1.500.000 Armas registradas - Es la cantidad aproximada de material registrado por usuarios particulares y colectivos en el Renar. Aunque no todos esos permisos están hoy vigentes. Hay, además, unos 700.000 usuarios de armas de fuego autorizados, que deben renovar sus licencias periódicamente. Las autoridades calculan que, sumando las no registradas y las ilegales, hay en el país unos 4.000.000 de armas

El funcionario obediente que manejó la caja principal

Por Diego Cabot, Francisco Olivera - LA NACION

Hizo historia. Julio Miguel De Vido, aquel arquitecto porteño que se crió políticamente en Santa Cruz, quedará en los libros que repasen los nuevos tiempos.

Fue, quizá, el empleado más obediente que tuvo Néstor Kirchner. "Obediencia De Vido", se ufanaba él mismo del rol que asumió siempre bajo el ala protectora de su jefe. Manejó gran parte del dinero y el futuro del país y estuvo presente en cada minuto de todos los argentinos durante 12 años. "Hablen con Julio" fue la frase que escucharon con pasmosa mansedumbre los principales empresarios argentinos durante una década. Funcionaba como una contraseña que los habilitaba a depurar detalles con el poderoso ministro de Planificación Federal.

Ayer pisó tribunales. Ahora corren otros tiempos; será Julio el que tendrá que hablar.

Conjugó unos pocos verbos en la política. El principal, obedecer. Ya era funcionario importante en Santa Cruz cuando Kirchner lo mandaba en las reuniones políticas a comprarle cigarrillos. De Vido hacía los mandados. Luego soportó que jugara con sus aspiraciones al removerlo de una candidatura a intendente de Río Gallegos, poco tiempo antes de que lo obligara a no asumir como diputado provincial, cargo que había conseguido en las elecciones. Obedeció y así llegó a manejar gran parte del país. Se sentó sobre una de las cajas más importantes de la historia y ejecutó cada uno de los pedidos del matrimonio Kirchner.

Fue el compañero invisible de todos los argentinos durante años. La electricidad, el gas, el teléfono fijo y el celular; las rutas y los peajes; los colectivos, trenes, aviones y camiones. Todo dependió de De Vido. Las viviendas sociales, el agua y las cloacas. La obra pública fue su reino.

Hizo de todo. Ganó experiencia aérea con Lafsa (aquella línea aérea que nunca tuvo aviones y jamás voló) y estatizó Aerolíneas Argentinas. Ensayó con Enarsa, la petrolera estatal tan oscura como un barril de crudo, y terminó por negociar la compra del Grupo Petersen de parte de YPF. Años más tarde, obedeció a Cristina Kirchner, su nueva jefa, y estatizó la compañía. No le importó dejar boquiabierto a Antonio Brufau, el CEO de Repsol; comían juntos y de un día a otro, dejó de atenderle el teléfono.

Compró gas importado hasta ocho veces más caro que el que producían los pozos argentinos y cortó el suministro de combustible a Chile ni bien asumió. Negoció con Bolivia y pagó miles de millones de dólares a barcos que iban y venían con gas licuado. Fue el hacedor de la relación con Venezuela. Creó la embajada paralela y llenó de discrecionalidad la agenda comercial bilateral.

Hizo historia. La Argentina perdió el autoabastecimiento energético y convirtió al país en neto importador. Florecieron millonarios negocios detrás de esa estrategia, la mayoría de ellos, afuera.

Se rodeó de fieles colaboradores a quienes les inculcó el verbo que lo hizo crecer: la obediencia. Los hombres del ministro se cansaron de expoliar empresarios, periodistas, sindicalistas y toda persona que se entorpeciera la orden del ministro.

Desde sus oficinas se cortó la electricidad y el gas a centenares de empresas y se decidió dejar a precio de monedas las tarifas de servicios públicos. Sus funcionarios entregaron obra pública a Lázaro Báez o viviendas a la fundación Sueños Compartidos. Desde esas oficinas se instaló la mentira como método de comunicar y la venganza como sistema para encolumnar a los díscolos.

Hablen con Julio se escuchó mientras duró aquel poder, que sólo empezó a ceder con el ascenso de La Cámpora. Los tiempos cambiaron. Ahora será Julio el que deba hablar.

La emisión de bonos para salir del default suma a las reservas US$ 7200 millones

Por Martín Kanenguiser - LA NACION
El Gobierno girará a los holdouts 9300 millones, de los 16.500 millones que sumó la colocación; abonará en una semana otros 2500 millones a los que no cobran desde 2014


Prat-Gay firmó anoche la orden de pago a los holdouts, que se ejecutará hoy. Foto: Twitter

El Banco Central recibirá hoy 7200 millones de dólares que se sumarán a las reservas, gracias a la sobresuscripción de la deuda emitida para salir del default. Así lo indicaron ayer las autoridades de la Secretaría de Finanzas, que explicaron que hoy se les pagará a los holdouts y posiblemente en una semana a los bonistas que entraron en los canjes 2005-2010 y que no cobran desde 2014 por el fallo del juez Thomas Griesa que así lo impide.

El subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili, dijo desde Nueva York a los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda que una vez que se haga el pago a los bonistas que están en default desde 2001 el excedente irá a las reservas del Central.

Esto se debe a que el Gobierno emitió US$ 16.500 millones y pagará hoy US$ 9300 millones, por lo que la diferencia engrosará las reservas de la entidad monetaria.

El pago se dividirá entre US$ 6200 millones que se pagarán en forma directa por una transferencia bancaria a quienes firmaron un acuerdo con el Gobierno antes del 29 de febrero y otros US$ 3100 millones se girarán a un fideicomiso en el Bank of New York, para aquellos que acordaron después de esa fecha. Los acreedores en este caso deberán presentar su acuerdo a la entidad bancaria y así recibirán el pago.

Mañana mismo el juez de Nueva York Thomas Griesa levantaría las medidas cautelares que impiden a la Argentina pagarles a los bonistas que entraron en los canjes. Tras esa medida, según explicó a LA NACION una calificada fuente oficial, desde el viernes 29 el país tendrá dos semanas para pagarles los US$ 2500 millones acumulados desde 2014, aunque la intención es "cumplir de inmediato". Por lo tanto, al cabo de una semana, el ingreso neto de reservas por la operación para salir del default será de 4700 millones de dólares, con lo cual ese activo se incrementaría un 16%.

La fuente del equipo económico desmintió las versiones que daban cuenta de una supuesta ganancia de US$ 350 millones por parte de los bancos colocadores con la emisión de los bonos, al explicar que las entidades "no se quedaron con un solo bono". "Así estaba en el contrato: no podían quedarse con un bono si había una sobresuscripción, que fue lo que ocurrió, así que tal ganancia no existe", explicó el funcionario.

En los próximos días, según el funcionario, no se descarta que siga entrando el 10% de los holdouts que todavía no aceptaron las ofertas presentadas por el Gobierno en febrero pasado. "Queda muy poco por cerrar, y los que litiguen solos no generarán problemas", explicó la fuente.

En este núcleo está el grupo Varela, integrado por los argentinos que ganaron, junto con los principales fondos buitre, la causa del pari passu en 2014. "Querían cobrar más que otros, pero no es posible pagarles más que a los 50.000 bonistas individuales que arreglaron", expresó.

Con otros bonistas todavía sigue la discusión en torno de la prescripción de sus bonos.

Liberan dólares a importadores

En un intento por anticiparse a los efectos que una mayor oferta de divisas podría tener sobre la competitividad de la economía, el Banco Central (BCRA) habilitó ayer el acceso total al mercado de cambios a las empresas que deban cancelar pagos de importaciones realizadas antes de la apertura del cepo (17 de diciembre) y cuyas compras habían resultado cuotificadas desde entonces y hasta mitad de año. La decisión la adoptó ayer el directorio de la entidad que, al informarla en un comunicado, sostuvo que de esta manera "el flujo comercial en bienes y servicios queda liberado, Independientemente del momento en el cual se realizó dicho comercio". Hasta hoy esos importadores podían adquirir hasta US$ 4 millones por mes destinados a cancelar esas deudas, pero el 40% del cupo permanecía inutilizado.