Por Antonio Rossi - Diario Clarín
El Gobierno aún no aprobó el reglamento de penalidades para incumplimientos de la nueva concesionaria.
El Gobierno aún no aprobó el reglamento de penalidades para incumplimientos de la nueva concesionaria.
Desde que se hizo cargo del área de Transporte , el ministro
Florencio Randazzo aprovecha cualquier ocasión para diferenciarse de los
anteriores responsables del sector que dependían de la cartera de
Planificación de Julio De Vido. Por un lado, les endiga toda la
responsabilidad por la desastrosa situación de los trenes. Y por otro,
no para de prometer mejoras y cambios “revolucionarios” para el
ferrocarril Sarmiento.
Pero más allá del “relato” que intenta
imponer Randazzo, existe una cuestión clave ligada al control y a las
condiciones de los servicios que lo deja muy mal parado.
A un año de la tragedia de Once, la UGOMS –la concesionaria del Sarmiento y Mitre– está exenta de sanciones porque el Gobierno no aprobó aún el “régimen específico de penalidades” que estaba previsto en el convenio de operación firmado en mayo pasado.
El esquema de multas que el Gobierno le adeuda a los sufridos usuarios del Sarmiento es el que permitiría castigar los incumplimientos diarios que se registran con:
- Los horarios y cancelaciones de trenes.
- El estado de las formaciones.
- La atención de los pasajeros.
- La seguridad y limpieza de las estaciones y trenes.
Por la falta de aprobación del reglamento sancionatorio, la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT) no puede aplicarle ninguna clase de multa a la UGOMS.
Pese a que los inspectores del ente regulador siguen realizando las tareas de control y verificación en los trenes del Sarmiento y Mitre; esos relevamientos son meramente testimoniales porque no pueden transformarse en sanciones económicas y contractuales.
El mismo panorama irregular se registra con los servicios de los ferrocarriles San Martín, Roca y Belgrano Sur que fueron restatizados por la administración kirchnerista entre 2004 y 2007.
Esas tres líneas –que estaban a cargo de la ex empresa “Transportes Metropolitanos”– quedaron bajo la operación de la UGOFE, la sociedad que habían creado en 2004 las concesionarias Metrovías, Ferrovías y TBA. En los convenios de gerenciamiento que suscribió el Gobierno con la UGOFE se había establecido que la Secretaría de Transporte debía aprobar los regímenes específicos de penalidades para cada una de las líneas. Pese al tiempo transcurrido, los reglamentos siguen sin aparecer.
La Insólita situación que genera este “olvido oficial” fue severamente advertida por la Defensoría del Pueblo de la Nación a fines del año pasado.
“La inexistencia de un reglamento de penalidades en una concesión deviene en un control abstracto, ya que a pesar de advertirse serias irregularidades en la prestación del servicio, la empresa no se encuentra compelida a modificar su conducta, ni hacerse cargo de sus obligaciones a fin de adecuar el servicio a las condiciones establecidas en la normativa vigente”, destacó una resolución del ombudsman nacional.
Al analizar el caso de la línea Belgrano Sur, la Defensoría alertó que no sólo los usuarios “están en una situación de indefensión”, sino que además “la falta de sanciones termina desvirtuando el objetivo principal de la concesión que es una prestación eficiente de los servicios”.
A esto se suma otro dato que muestra el desorden legal y las asimetrías operativas que arrastran las concesiones ferroviarias.
Hoy, como operadoras de los ferrocarriles Urquiza y Belgrano Norte, las empresas Metrovías y Ferrovías son pasibles de multas y hasta pueden llegar a perder las concesiones por acumulación de sanciones.
Pero esas mismas empresas, como integrantes de la UGOMS y de la UGOFE, están a salvo de ser penalizadas por las deficiencias que registren en la prestación de los servicios de las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, Belgrano Sur y San Martín.
A un año de la tragedia de Once, la UGOMS –la concesionaria del Sarmiento y Mitre– está exenta de sanciones porque el Gobierno no aprobó aún el “régimen específico de penalidades” que estaba previsto en el convenio de operación firmado en mayo pasado.
El esquema de multas que el Gobierno le adeuda a los sufridos usuarios del Sarmiento es el que permitiría castigar los incumplimientos diarios que se registran con:
- Los horarios y cancelaciones de trenes.
- El estado de las formaciones.
- La atención de los pasajeros.
- La seguridad y limpieza de las estaciones y trenes.
Por la falta de aprobación del reglamento sancionatorio, la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT) no puede aplicarle ninguna clase de multa a la UGOMS.
Pese a que los inspectores del ente regulador siguen realizando las tareas de control y verificación en los trenes del Sarmiento y Mitre; esos relevamientos son meramente testimoniales porque no pueden transformarse en sanciones económicas y contractuales.
El mismo panorama irregular se registra con los servicios de los ferrocarriles San Martín, Roca y Belgrano Sur que fueron restatizados por la administración kirchnerista entre 2004 y 2007.
Esas tres líneas –que estaban a cargo de la ex empresa “Transportes Metropolitanos”– quedaron bajo la operación de la UGOFE, la sociedad que habían creado en 2004 las concesionarias Metrovías, Ferrovías y TBA. En los convenios de gerenciamiento que suscribió el Gobierno con la UGOFE se había establecido que la Secretaría de Transporte debía aprobar los regímenes específicos de penalidades para cada una de las líneas. Pese al tiempo transcurrido, los reglamentos siguen sin aparecer.
La Insólita situación que genera este “olvido oficial” fue severamente advertida por la Defensoría del Pueblo de la Nación a fines del año pasado.
“La inexistencia de un reglamento de penalidades en una concesión deviene en un control abstracto, ya que a pesar de advertirse serias irregularidades en la prestación del servicio, la empresa no se encuentra compelida a modificar su conducta, ni hacerse cargo de sus obligaciones a fin de adecuar el servicio a las condiciones establecidas en la normativa vigente”, destacó una resolución del ombudsman nacional.
Al analizar el caso de la línea Belgrano Sur, la Defensoría alertó que no sólo los usuarios “están en una situación de indefensión”, sino que además “la falta de sanciones termina desvirtuando el objetivo principal de la concesión que es una prestación eficiente de los servicios”.
A esto se suma otro dato que muestra el desorden legal y las asimetrías operativas que arrastran las concesiones ferroviarias.
Hoy, como operadoras de los ferrocarriles Urquiza y Belgrano Norte, las empresas Metrovías y Ferrovías son pasibles de multas y hasta pueden llegar a perder las concesiones por acumulación de sanciones.
Pero esas mismas empresas, como integrantes de la UGOMS y de la UGOFE, están a salvo de ser penalizadas por las deficiencias que registren en la prestación de los servicios de las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, Belgrano Sur y San Martín.
