(Infobae.com) - El Gobierno evitó pagar en Ghana para no avalar la
presentación de los bonistas, sin embargo el procedimiento internacional
en el cual sentó ahora sus esperanzas exige el pago de una fianza, algo que no implica una admisión de responsabilidad. En medio del debate filosófico, el buque continúa detenido
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“La fianza no es reconocimiento de
culpa en ningún derecho. La caución es un monto sujeto al resultado de
un juicio. Si la sentencia es favorable, se recupera el bien”, dijo a Infobae el ex senador radical José María García Arecha, impulsor de una iniciativa para reunir el monto fijado por la Justicia de Ghana para levantar el embargo que dictó contra la Fragata Libertad el pasado 3 de octubre.
El gobierno argentino pudo haber liberado la nave, embargada por el gobierno de Ghana a solicitud de un fondo buitre, depositando 20 millones de dólares.
No lo hizo con el argumento de que ello implicaría legitimar a los
demandantes, es decir, al fondo buitre que compró bonos defaulteados por
la Argentina y hoy reclama su pago.
A nuestro país le asiste toda la razón
jurídica en este pleito. Pero el no levantamiento del embargo entraña
muchos riesgos, empezando por la no recuperación de un bien que, más
allá de su precio material, tiene un valor incalculable para los
argentinos. Minimizar el hecho de que la Fragata Libertad esté retenida en tierras extranjeras va a contramano del sentimiento nacional y de la trascendencia de lo simbólico.
La permanencia de la nave en el puerto de Tema, en Ghana,
entraña peligros –como el incidente generado por el intento de
desplazarlo a otro lugar-, además de prolongar la vejación infligida a
nuestro país con esta medida.
Presentar una garantía para levantar el
embargo y repatriar el buque, no impedía seguir litigando luego y hasta
exigir una reparación. En cambio, la permanencia de la Fragata en Ghana
le suma a todo este proceso una cuota extra de dramatismo.
Ante la consulta de Infobae, el abogado especialista en derecho internacional, José Ignacio García Hamilton
(h), dice: “Se puede hacer una analogía con el derecho penal. Si uno
paga una fianza a cambio de una excarcelación, por ejemplo, no quiere
decir que se admite culpabilidad en el delito imputado”.
De todos modos, hace la siguiente salvedad: “Yo no entregaría dinero en efectivo,
porque esos fondos quedarían congelados, pero sí una fianza de un
tercero, de un banco internacional, de un gobierno amigo. Argentina
podría haber buscado un mecanismo o una herramienta jurídico-financiera
para tratar de que se libere el buque y después sí ir a litigar sobre
el fondo de la cuestión respecto de la cual nuestro país tiene la
razón”.
Levantar ese embargo es un proceso que puede llevar entre 8 y 10 meses
–el tiempo que demore el Tribunal del Mar en pronunciarse sobre la
cuestión de fondo-, advierte García Hamilton. “Por lo tanto yo hubiese
aconsejado entregar una caución, no en dinero, pero sí algún tipo de
fianza. Por ejemplo, el Banco de Nueva York, que en este momento está ayudando a la Argentina en el pago de sus servicios de deuda, podría haber dado una garantía”.
En el mismo sentido, el ex senador
García Arecha recuerda un antecedente en Alemania, donde un inmueble
argentino fue embargado. La resolución del tema insumió 4 años y medio.
Pero, dice, en el caso de un edificio no es tan grave. “Imaginemos en
cambio a la Fragata inmovilizada y flotando durante dos años, sin
mantenimiento. Después vamos a necesitar 5 años para repararla, como al Irízar”.
El ex senador aclara que, junto con
quienes lo acompañaron en la iniciativa de crear un fideicomiso para
reunir los fondos de la caución fijada por el tribunal de Ghana,
decidieron hacer un impasse hasta el 29 de noviembre, día de la primera
audiencia en el Tribunal del Mar, para ver si el Gobierno propone allí
alguna garantía para liberar la Fragata.
“Esta decisión que tomamos está dictada por la necesidad de actuar con responsabilidad frente a la irresponsabilidad del Gobierno en el manejo de este tema”, explica.
Irresponsabilidad doble, dice. “Primero
porque, a diferencia de lo que hizo en otras salidas, esta vez no tomó
precauciones. Hace 4 años la Fragata Libertad se sumó a la Regata del
Mundo, que salió de Río de Janeiro hacia el sur, cruzó por el canal de
Beagle y remontó todo el Pacífico llegando a Panamá. En ese punto, la
regata debía seguir hacia el Caribe y en ese trayecto tocaría puertos de
países miembros del Commonwealth, como Jamaica, por eso la Fragata
Libertad se separó del grupo y regresó a Argentina. A pesar de que
tenemos un escenario internacional agravado por un fallo de un juez norteamericano confirmado por la Corte de Nueva York, esta vez no se tomaron precauciones”.
“La segunda irresponsabilidad fue la de
decir ‘de acá no me muevo”, agrega García Arecha en relación a la orden
supuestamente dada a la tripulación de resistir con armas la orden de
las autoridades ghanesas de trasladar la Fragata a otro lugar.
“¿Para qué ese dramatismo? Esto
se hace para tapar el desastre anterior”, afirma. Cree que esto es
funcional a la estrategia oficial: “Se está con el Gobierno o contra el
Gobierno, se es patria o antipatria”.
La clave será por lo tanto lo que suceda
en las audiencias del 29 y 30 de noviembre fijadas por el Tribunal del
Mar para escuchar a las partes. “Lo que la Argentina tiene que decir es
qué pretende: si quiere la pronta liberación o no de la Fragata”, dice
José Ignacio García Hamilton. “La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar
establece en su artículo 292 que para la pronta liberación de un buque
de guerra embargado se debe entregar caución o garantía. Esta
convención, vigente desde 1994, fue ratificada tanto por Argentina como
por Ghana. En mi opinión, el Tribunal del Mar, que es el órgano judicial de esta convención,
va a decir ‘señores, si quieren que yo otorgue la liberación del barco,
lo hago en la medida en que ustedes tengan una contragarantía. El artículo 292 es muy claro al respecto, sin contragarantía no hay liberación”.
E insiste: “El Gobierno tiene muchas
herramientas para hacerlo. Dinero no, pero sí un aval de un tercero que
diga que, si el fallo no la favorece, pagará el monto fijado”.
“De todos modos, agrega, a la Argentina le asiste la razón primero
porque la Convención del Mar establece claramente la inmunidad soberana
de los buques de guerra; también en virtud de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y además por la jurisprudencia”.
Ante la consulta de por qué Ghana actuó
como lo hizo, explica que ese país “no desconoce esa doctrina, sino que
alega que cuando Argentina emitió los bonos de deuda renunció a su
soberanía, pero se equivoca, porque una renuncia de ese tipo debe ser
explícita; no es el caso, se basan en una interpretación un poco tácita
de esa renuncia”.
Ahora bien, aun resuelta la situación de la Fragata, queda en pie la amenaza
de otras medidas de este tipo por parte de los bonistas que no entraron
al canje. “Argentina hizo una negociación muy exitosa pero también muy
dura, pero en los últimos años no se ha estado portando muy bien, dice
García Hamilton. Seguimos sin pagarle al Club de París, entonces, sin
pensar que pueda haber una mano negra detrás de la iniciativa de Ghana,
sí estoy convencido de que ya no nos miran con la simpatía y cariño de
hace unos años”.
