Por Carlos Pagni - LA NACION
La justicia de Comodoro Py no fue diseñada para que los delincuentes sean castigados. Fue diseñada para hacerlos zafar. Esa sarcástica confesión de un fiscal que recorre esos tribunales federales explica por qué en la Argentina, además de la corrupción, reina la impunidad. El miércoles pasado, sin embargo, en ese blindaje se produjo una fisura. Odebrecht, la mayor empresa de infraestructura de América latina, reveló haber sobornado a funcionarios kirchneristas con US$ 35 millones entre 2007 y 2014. A esa novedad no se llegó por la investigación local.
Fue porque Odebrecht firmó un convenio con la justicia neoyorquina. Ese acuerdo fue una consecuencia de las confesiones del líder de esa constructora, Marcelo Odebrecht, ante los jueces de Curitiba, por su contubernio con Petrobras. Quiere decir que, para obtener alguna precisión sobre los escandalosos negociados ocurridos durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, los argentinos dependen de sistemas judiciales que, como el brasileño o el norteamericano, son más eficaces y transparentes que el de su país.
Julio De Vido pasó la Navidad con la salud quebrantada y el ánimo deprimido en su lujoso retiro de Puerto Panal. Es lógico. Su cuñado, Claudio Minnicelli, sigue prófugo en una causa por contrabando. Y no esperaba las confesiones de Odebrecht. Este empresario, el más importante de Brasil, está peor que De Vido. Desde junio de 2015 está en una cárcel de Curitiba, con una condena de 19 años por haber dado "propinas".
Los negociados con dineros públicos no son más opacos en la Argentina que en Brasil. La diferencia está en los incentivos para que sean sancionados. El más importante: los jueces de Curitiba son intachables. Además, el procedimiento brasileño prevé la "delación premiada", por la cual un acusado puede aliviar su pena si aporta precisiones que permitan subir un escalón en la responsabilidad penal. Por eso Odebrecht entregó a Inacio Lula da Silva, que en su contabilidad oculta figuraba como "amigo".
El contraste con los tribunales argentinos es impresionante. Hace tiempo que los magistrados deberían haber examinado el comportamiento de Odebrecht. En 2013, la Auditoría General de la Nación denunció fabulosos sobrecostos en el desarrollo del Sistema de Potabilización Área Norte, el emprendimiento más ambicioso del gigante brasileño en el país, en asociación con Roggio, Supercemento y Cartellone. La obra había sido contratada por AySA, cuyo presidente, Carlos Ben, obedecía al sindicalista José Luis Lingieri, "Mr. Cloro", quien sueña con que Mauricio Macri le devuelva el control de la compañía. El archivo fotográfico es inmisericorde. En agosto de 2010 muestra a Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa y "Mr. Cloro" recorriendo las obras, que financiaba Amado Boudou desde la Anses. Massa alternó con Marcelo Odebrecht en otras oportunidades. Sobre todo durante el Mundial de fútbol de 2014.
Odebrecht tuvo varios puentes con la Argentina. Entre ellos, el "experto en mercados regulados" Sebastián Eskenazi. El principal fue De Vido. Sobre todo después de la muerte de Kirchner. El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez niega haber canalizado sobornos. Sólo reconoce haber sido contratado por Odebrecht como consultor de imagen. El problema es que en la página web de su empresa, Nelly Entertainment, figuró como socio Facundo De Vido, el hijo del ex ministro. La mención desapareció cuando en Entre Ríos comenzaron a investigar un contrato multimillonario para una reunión del Mercosur celebrada en Paraná.
Más allá de Rodríguez, hay muchísimos indicios de la complicidad entre Odebrecht y De Vido. Quedó claro, por ejemplo, en la licitación de las faraónicas represas Kirchner y Cepernic, cuya construcción fue ahora suspendida por la Corte Suprema por reparos ambientales, para alegría de algunos aseguradores. La secuencia fue la siguiente: el consorcio que realizó la mejor oferta, liderado por Lázaro Báez, debió retirarse en medio del escándalo de Austral Construcciones. La obra le habría correspondido a Enrique Pescarmona y Odebrecht. Pero el kirchnerista Gerardo Luis Ferreyra, de Electroingeniería, que había quedado tercero, consiguió que le permitieran mejorar su propuesta durante la apertura de sobres. Ferreyra también fue acusado por un arrepentido de Petrobras de haber traficado coimas con De Vido para la adquisición de Transener. Él lo niega. Ningún fiscal lo investiga.
Pescarmona quiso litigar. Pero Odebrecht, que aportaba fondos del banco de desarrollo brasileño, lo obligó a desistir. Temió que De Vido le arrebatara la gran obra del soterramiento del Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires.
Este emprendimiento ferroviario es un nudo en la disputa de poder. El kirchnerismo es capaz de autoincriminarse con tal de demostrar que entre su administración y la de Macri existe una continuidad oscura. Porque el socio de Odebrecht en esa licitación es Ángelo Calcaterra, el primo hermano del Presidente, a quien Franco Macri cedió su empresa Iecsa con cariñosas facilidades. La conducta del Gobierno frente a este emprendimiento ya generó una controversia. El 16 de junio pasado, a través del DNU 797, el gabinete dispuso una recomposición presupuestaria de $ 76.000 millones. Parte de esos fondos se destinarían al soterramiento del Sarmiento y a otra obra muy polémica: una megaterminal subterránea para el Roca.
La norma fue rechazada por el kirchnerismo y el massismo, en una tumultuosa reunión de la comisión que controla los DNU, el 23 de agosto. La diputada Juliana Di Tullio, verticalizada con la señora de Kirchner, sostuvo que la señal de que Macri quería beneficiar a su primo Calcaterra es que no firmó el decreto. Como estaba de viaje, lo hizo Gabriela Michetti. El 31 de octubre, Cristina Kirchner, en su declaración ante el juez Julián Ercolini, que la investiga por asociación ilícita, denunció que Macri otorgó recursos adicionales a su primo y a Odebrecht, contra el dictamen de los técnicos.
Los fiscales Pollicita y Mahiques abrieron una causa. El flamante banquero Calcaterra, vapuleado por su relación con Lázaro Báez, ahora debe explicar su unión con Odebrecht. Además, ¿la compañía brasileña puede continuar con los trabajos?, ¿contaminará el proceso de venta de Iecsa? Son preguntas razonables, porque Odebrecht consiguió el financiamiento para esa obra gigantesca, licitada hace una década y que recién ha comenzado. En estos días se registra un caso similar: la española Isolux fue tomada por los bancos acreedores. Tiene a cargo la autopista de Puerto Madero. ¿Algún familiar del Presidente está interesado en su filial local? Habladurías de albañiles.
Macri siempre estuvo condenado a estas suspicacias. Ahora que es presidente, más. "Debería constituir otro fideicomiso ciego con amigos y parientes", recomendó un bromista. Los adversarios de Macri siembran dudas sobre un conflicto de intereses con esos contratistas del Estado. Por ejemplo, en el desplazamiento de Isela Costantini de Aerolíneas. En el Gobierno explican que Costantini resistió un nuevo recorte presupuestario. También mencionan una discusión con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sobre el paro del lunes pasado. Además, la funcionaria pretendía, en la audiencia pública de pasado mañana, objetar el ingreso de líneas de bajo costo. Pero Dietrich se lo habría impedido. Ese entredicho es borroso, porque Aerolíneas asistirá a la audiencia.
Hay una explicación más escabrosa. Personas de confianza de Costantini aseguran que ella presentó ante Dietrich un informe elaborado por su segundo, Manuel Álvarez Trongé, con objeciones jurídicas al ingreso de Avianca al negocio local. Dicen que, a raíz de ese supuesto dictamen, Dietrich pidió la cabeza de Trongé, desencadenando la salida de Costantini. Dietrich negó ante LA NACION haber hablado con Costantini sobre Avianca alguna vez.
Avianca pertenece al boliviano, nacionalizado brasileño y colombiano, Efraín Efromovich, quien en 2008 había tenido tratativas con Ricardo Jaime para concesionar Aerolíneas. Avianca está bajo la lupa desde que compró MacAir Jet, la empresa de los Macri. Quienes quieren leer debajo del agua observan que, desde el personal hasta el estudio de abogados, los responsables de Avianca son los mismos de MacAir. Su director, Carlos Colunga, trabajó para Franco Macri durante décadas. Este aviador fastidió a la Fuerza Aérea por su influencia en el manejo de la flota presidencial. Nada de esto, tal vez, sería objetable. Pueden ser sólo problemas de verosimilitud, tan frecuentes, y a veces tan dañinos, en la política. Sobre todo si se les agrega la torpeza: Colunga, el mariscal del aire de los Macri y ahora titular de Avianca, irrumpió anteayer en Perfil para destrozar a Costantini. ¿Habrá que creer que a Costantini no la echaron por un conflicto con Avianca? Condolencias para Dietrich, que debe superar estos problemas para alcanzar un objetivo valiosísimo: introducir la competencia en uno de los mercados más cerrados y costosos del país.
El veto a la expropiación del Bauen se publica hoy en el Boletín Oficial. Según los argumentos oficiales, la expropiación generaban obligaciones "sumamente gravosas para el Estado Nacional, favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado y sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general".
