Por Maia Jastreblansky, Pablo Fernández Blanco, María Belén Álvarez Echazú - LA NACION
El cálculo fue realizado por la Procuración del Tesoro nacional, en base a 2,2 millones de demandas activas; el monto representa un 61% más que el déficit fiscal previsto por el Gobierno para este año.
El procurador Saravia Frías, el día de su jura. Foto: Archivo.
Es, quizás, el capítulo más silencioso de la herencia recibida y una amenaza millonaria contra las cuentas públicas que acapara toda la atención del Gobierno. El Estado enfrenta 2.240.000 juicios en tribunales federales en instancias internacionales, que suman una contingencia potencial superior a los US$ 37.000 millones, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.
El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representa un 61% más que el déficit fiscal estimado para este año, un rojo por el cual Mauricio Macri movilizó a todos los ministerios para reducir gastos. Y es casi cuatro veces más que los US$ 9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.
Los procesos en contra del Estado incluyen desde causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre países y empresas.
El daño para el país se denomina "contingente", debido a que es imposible anticipar el resultado de un litigio. Se trata, sí, de estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.
Una parte de las demandas deriva de prácticas cuestionables del propio Estado. Entre ellas, el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación. Este es un riesgo latente de multiplicación de demandas.
En el lenguaje de los abogados, el hecho de que sea un daño contingente hace referencia a una previsión sin cifras del todo definidas. De todas maneras se trata de un pronóstico hecho por expertos de la manera más exacta posible, que ya fue presentado al Presidente.
La acumulación de demandas contra el Estado es en parte producto del accionar público a lo largo de décadas y de desprolijidades heredadas que permitieron que los expedientes se prolonguen sin orden lógico. Para ponerle un freno a esa rueda, la Procuración del Tesoro nacional dispuso este año realizar un relevamiento de expedientes, porque estaban desactualizados los sistemas donde los distintos servicios jurídicos ministeriales los asientan.
Después de varios meses de trabajo llegó a un diagnóstico de situación que considera realista. A partir de allí comenzó a depurar causas y a elaborar medidas correctivas. Fue una carrera contra el tiempo: mientras se sumaban unas 4000 nuevas demandas contra el Estado, la Procuración limpiaba a razón de 13.000 casos cada 30 días.
Según la respuesta a un pedido de información pública hecho por LA NACION a la Procuración, dentro de los miles de juicios que involucran al Estado hay 743 que revisten una especial preocupación para el Gobierno. Se trata de 119 casos "de relevancia económica" y otras 571 causas de "relevancia institucional". A esos se suman otros 53 casos que combinan ambas etiquetas.
Las cifras surgen de la base del Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), donde se cargan los procesos de todas las dependencias públicas, menos los de la Anses y los de la AFIP, dos grandes "bolsas" de expedientes que llevan un monitoreo propio.
Las fuentes oficiales confirmaron que los procesos "complejos", en rigor, podrían ascender a más de 1400. En paralelo, hay al menos 19 demandas en tribunales internacionales por unos US$ 6200 millones.
El ministerio que acumula más juicios "calientes" es el de Energía, hoy a cargo de Juan José Aranguren, con 308 procesos. Entre ellos, 194 amparos pedidos en 2016 por defensorías del pueblo, municipalidades y entidades sin fines de lucro producto del aumento de las tarifas eléctricas.
Otros tres expedientes, por ejemplo, son demandas por daños y perjuicios radicadas durante el kirchnerismo por Alcalis de la Patagonia, la productora de carbonato de sodio del Grupo Indalo, de Cristóbal López, por más de $ 155 millones.
El segundo puesto del ranking lo tiene Justicia. Allí recayeron, entre otras, las acciones impulsadas por Alejandro Fargosi contra los miembros del Consejo de la Magistratura sin título de abogado y el amparo del ex diputado Manuel Garrido para declarar la nulidad de los nombramientos de 57 conjueces durante el kirchnerismo.
En la tabla de organismos con más juicios complejos siguen el Banco Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Policía Federal, cuyos conflictos incluyen disputas con barrabravas e incluso los procesos contra los custodios del fallecido fiscal Alberto Nisman.
De estas demandas relevantes, 230 expedientes tienen un reclamo económico estimado, en pesos o en dólares. El más alto, y quizás el más extraño, lo constituye una demanda de una ONG paraguaya por US$ 150.000 millones en concepto de indemnización por los efectos del Tratado de la Triple Alianza, de 1865.
En el podio también se ubican dos iniciados por AFJP tras la creación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (tras la estatización de los fondos de pensiones), por más de US$ 90 millones cada uno, y un reclamo de La Pampa para obtener el pago del saldo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.
Muchos juicios tienen décadas. Uno de los litigios de mayor relevancia económica es el que inició Juan Claudio Chavanne, accionista del Banco de Hurlingham, quien reclama una reparación de US$ 25 millones al Banco Central por actas dictadas por la Junta Militar durante la última dictadura.
Dentro de las demandas en pesos, el podio de los juicios está encabezado por el reclamo de Córdoba por los descuentos sobre fondos de la coparticipación por $ 3.300 millones. Es posible que ese pleito se desestime por el acuerdo que alcanzó el Gobierno con las provincias.
Le siguen una causa por indemnización por daños y perjuicios de TBA (la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento, que estuvo involucrada en la tragedia de Once y a la que se le dictó la quiebra) y en tercer lugar la contrademanda del Correo Argentino al Estado, una empresa de la familia Macri.
Este medio también consultó al Ministerio de Hacienda por los pagos realizados por juicios. En los últimos 10 años, desde la primera presidencia de Cristina Kirchner hasta el presente, se desembolsaron unos $ 10.800 millones para saldar deudas derivadas de litigios.
De ese monto, $ 6.026 millones obedecieron a erogaciones del Servicio de Deuda Pública, mientras que $ 1.300 millones, aproximadamente, fueron pagos de la Policía Federal Argentina, que acumula muchas deudas con efectivos retirados que reclaman que se incluyan distintos conceptos de sus salarios a su jubilación. Una situación similar ocurre con las Fuerzas Armadas, que en la última década debieron pagar más de $ 500 millones por ese concepto.
Con la colaboración de Romina Colman y LN Data
