Fuerte ajuste en la planta estatal: el Gobierno recortaría el 18% de los puestos (II)

Por Marcela Pagano  - Clarin.com

Es parte del plan oficial para bajar el gasto público. Intimará a los que puedan jubilarse y limitarán los contratos.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, asiste a la inauguración de la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, en octubre. Foto: EFE

El Gobierno planea recortar el 18% de la planta estatal, es decir unos 35.000 puestos. Así lo confirmaron a este diario fuentes de tres ministerios distintos. El achique se concentrará en ministerios y organismos descentralizados. El Ministerio de Modernización ya envió una planilla a cada dependencia con un examen exhaustivo de cuánto personal es deseable que ocupe cada área.

El denominado "Informe de dotación óptima" solicita a los responsables de cada dependencia del Estado que se ajusten a los números planteados eligiendo qué trabajadores prefieren conservar. Según el relevamiento oficial, al que accedió este diario, para el Gobierno hay 19.119 trabajadores "de más" en los organismos relevados hasta ahora..

¿Cómo se alcanzaría el objetivo de dotación "indicativa"? Modernización planteó un esquema denominado "de adecuación". El mismo consiste en intimar a jubilarse a todo trabajador en condiciones de hacerlo, cortar contratos a aquellos que hayan tenido ausencias reiteradas injustificadas en sus puestos de trabajo y la no renovación de contratos que culminan a finales de diciembre de aquellos que integran las áreas "superpobladas".

A nivel nacional, el Estado cuenta con 193 mil trabajadores. En diciembre culminan contratos para 80.000 empleados (65.000 con contratos directos, el resto con convenios con Universidades).

En Modernización niegan una reducción masiva de personal, pero hasta los gremios estatales fueron notificados por los propios empleados y preparan una ofensiva. ATE podría llamar a un paro para el 6 de diciembre.

En la cartera que comanda Andrés Ibarra aseguran que el recorte alcanzará por el momento a coordinadores, directores, subsecretarios, secretarios y hasta ministros. Se trata de 680 cargos que tienen salarios de entre $ 50.000 hasta los $ 200.000.

Con el recorte del 18% de la planta total se busca un ahorro fiscal cercano al 0,3% del PBI. "Es un mensaje de austeridad, en momentos en los que el Gobierno está pidiendo a todos los sectores que hagan un esfuerzo", sostienen en Balcarce 50.

El septiembre pasado, muchas dependencias del Estado recibieron un informe de Modernización donde se les avisaba que esa cartera había escaneado cada área y encontró mayor personal que el necesario.

De esta manera, solicitaron a los responsables de cada ministerio y organismo descentralizado que ajusten su plantilla al organigrama deseado para cada área.

Bajo la lupa se encuentran los ministerios de Relaciones Exteriores, Agroindustria, Hacienda, Finanzas, Educación, Trabajo, Transporte, Desarrollo Social y organismos como el INTA, ENACOM, CONEA, Enre, INCAA, Energas, UIF, INAES, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Fabricaciones Militares y ANSeS, entre otras dependencias. En el caso de los organismos públicos que cuenten con atención al público, se sugirió recortar puestos de trabajo mediante la utilización de la ventanilla única electrónica. es el caso de la ANSeS y el PAMI, que cuentan con más de 30 mil empleados.

"Ya analizamos más de 1.000 reparticiones entre direcciones, subsecretarías, etc. Analizamos las metas y objetivos de cada sector para determinar el personal necesario en cada área", sostienen fuentes del Ministerio de Modernización. En ese relevamiento se detectaron áreas duplicadas en subsecretarías y direcciones, producto de la partición del antiguo Ministerio de Economía y la creación de cinco nuevos ministerios. "Tal vez no haya necesidad de despedir a toda la gente, quizás se puedan reasignar en otras áreas", justifican en Modernización.

Otra forma de recorte que se busca es la conclusión de los convenios con universidades. Especialmente esos contratos se registran en el Ministerio de Salud donde hay más de 600 jóvenes médicos comunitarios, y de especializaciones como salud mental, que prestan servicios al Estado mediante esos convenios.

Submarino ARA San Juan: investigan un contrato con una empresa alemana por la reparación de las baterías

Por Daniel Santoro - Clarin.com

La Oficina Anticorrupción puso bajo la lupa un contrato por más de 5 millones de euros por el replacado de las baterías del submarino desaparecidos.

Colocación de las baterías en el ARA San Juan durante las reparaciones de media vida que comenzaron en diciembre de 2008 en el CINAR (Complejo Industrial y Naval Argentino). /Tandanor

La Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, prepara una denuncia en base a varios expedientes administrativos y causas judiciales archivadas de apuro en torno en la reparación de media vida del submarino San Juan y en particular el suministro de baterías.

El equipo de Alonso pidió ayer ver la causa judicial que archivó en el 2010 el entonces juez federal Norberto Oyarbide en torno a irregularidades en el astillero Domecq García en base a la denuncia del suboficial José Oscar Gómez que Clarín adelantó el domingo en exclusiva. Paralelamente, la OA también pidió al ministro de Defensa, Oscar Aguad, todos los antecedentes de esa reparación y en particular un contrato con la empresa alemana Ferrostaal para la renovación de las baterías del San Juan. El comandante del submarino reportó, el miércoles pasado, un “cortocircuito” antes de perder todo contacto con su base. Se presume que pudo haber tenido un problema con las baterías que pesan 960 kilos.

El contrato de carácter confidencial entre el ministerio de Defensa y la alemana Ferrostaal AG está titulado “Provisión de Elementos de baterías para submarinos y accesorios” y fue firmado el 30 de noviembre del 2001 entre Defensa, la Armada y Ferrostaal en Bonn, revelaron a Clarín fuentes judiciales. El precio fue de 3.550.317 euros e incluía celdas Varta, tapones de servicio y todo tipo de juegos de mangueras, entre otros artículos consignados en sus más de 300 páginas. Está firmado por el presidente y apoderado de Ferrostaal Argentina, Miguel Bernando Von Oppen, y el director general de Material Naval, contraalmirante Gustavo Leprón.

Más adelante, está anexado en el mismo expediente un contrato por los “trabajos de replacado de 964 celdas de batería de propulsión para el submarino ARA San Juan” entre la Armadas y la empresa alemana Hawker Gmbh. El precio de este contrato es por 5.100.000 euros y fue firmado por el gerente de Hawker y el jefe de la comisión naval argentina en Europa, capitán de navío Néstor Costa.

Llamativamente, Ferrostaal admitió en el 2010 ante la Justicia alemana haber pagado más de 200 mil euros en coimas por la frustrada compra de un patrullero multipropósito en forma conjunta con Chile. El juez federal Ariel Lijo procesó y embargó a empresarios alemanas y funcionarios argentinos. Lijo hasta citó mails en el que se hablaba del pago de sobornos. Pero meses más tarde, la sala I de la Cámara Federal porteña, cuando la integraba el destituido juez Eduardo Freiler, revocó el procesamiento de una serie de oficiales y funcionarios de la Armada y de empresarios alemanes.

En aquel año Lijo pidió el detalle de los viajes del jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy a Chile por este tema. De acuerdo con fuentes judiciales, fue porque el Ministerio de Defensa había dicho que fue él quien viajó a ese país para encabezar la negociación con la empresa Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada de ese país). Ambos países firmaron un convenio para desarrollar de manera conjunta los patrulleros oceánicos multipropósito (POM) de tecnología alemana.

El magistrado requirió incluso los nombres de los acompañantes de Godoy, los números de los teléfonos usados en los viajes, los pagos efectuados y los bancos y cuentas bancarias utilizadas.

Lijo investigó una denuncia formulada por el Ministerio de Defensa luego de la revelación de la prestigiosa revista alemana Der Spiegel que reveló la declaración brindada en Munich por un ex directivo de Ferrostaal que habló del pago de coimas para la adjudicación de contratos en diversos países, entre ellos la Argentina. El presidente de Ferrostaal, Matthias Mitscherlich, tuvo que renunciar por el escándalo. A la denuncia de Defensa —que primero dijo que las compras fueron “correctas”— se le sumó una posterior y similar realizada por la Oficina Anticorrupción (OA). El fiscal Eduardo Taiano imputó a los denunciados.

Por orden de Lijo se allanaron los domicilios del vicealmirante Gustavo Lepron, el contralmirante Alejandro Uberti (ambos retirados), el abogado de la Armada Osvaldo Parrinella y dos directivos de Ferrostaal, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia.

Los procedimientos también alcanzaron al estudio del abogado Helmut Cristian Graf y a la sede de una empresa constructora llamada Hedir que, según fuentes judiciales, estaría vinculada a Uberti. En el allanamiento en Ferrostaal se secuestró documentación que ahora está en proceso de traducción. Los otros allanamientos se hicieron el último martes. Además, también figuran como denunciados el alemán Peter Fischer-Hollweg y el contralmirante Juan Carlos Palma. Por este tema, Lepron perdió su cargo en el astillero estatal Tandanor.

El juez también ordenó el libramiento de un exhorto a Alemania para pedir una copia de la declaración del ex hombre de Ferrostaal que habló de coimas que habrían superado los 200 mil euros, ya que él habló de entre “un 6% y un 6,5% del monto total del negocio: 3,5 millones de euros”.

Defensa había informado que la Argentina pagó 2,7 millones de euros por la compra de la “ingeniería básica” de los POM, además de otros 500 mil euros por la licencia de construcción. En total, 3,2 millones de euros, 300 mil menos de los que se habló ante la Justicia alemana.

Seria interesante que el Ministerio de Defensa, aclarara por que no se continuó con la construcción del las patrulleras OPV-80 Fassmer de diseño alemanas, dado que el país ya había adquirido los derechos de su fabricación. Actualmente, Chile va por su 4ta unidad construida por ASMAR. Asimismo, COTEMAR ya desarrolla nuevas versiones empleando el diseño inicial que adquirieron conjuntamente Chile y Argentina. Me pregunto: ¿Qué le sucedió al dinero invertido? ¿Por que se abandonó el proyecto? ¿Quien decidió "olvidarse" de la inversión realizada por Argentina, perjudicando las arcas del Estado Nacional?

Para recordar: El POM OPV-80 es un buque multipropósito con un alto grado de flexibilidad para realizar diversas labores encomendadas a la autoridad marítima. Su diseño moderno y a la vez económico le permite ser eficiente y eficaz pudiendo también realizar labores de inteligencia interoperando con otros buques modernos. Este buque tiene capacidad para efectuar misiones de vigilancia de zona marítima, interdicción marítima, guerra de superficie en conflictos de baja intensidad, misiones de búsqueda y rescate, fiscalización de las Actividades Pesqueras, transporte de personal y carga, control de contaminación y plataforma aeronaval en condición N.V.G.

La Foto: Conoce cómo eran las Provincias Unidas del Río de La Plata

Parece que hubo cambios, ¿no?

Submarino: tambalean recortes de Macri a FF.AA.

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com

ES PARTE DE LA REFORMA EN DEFENSA QUE IMPULSA EL GOBIERNO.

Reproches cruzados entre oficialismo y oposición por recortes presupuestarios y dudas sobre la reparación de media vida. El incidente obliga a pensar la Defensa por fuera del Excell de Gustavo Lopetegui. Hace menos de un mes se aplicó un recorte de $300 millones a los fondos para gastos operativos de este año.

La decisión de Mauricio Macri de reformar (ajustar, achicar o recortar caben en la misma acción) a las FF.AA. con la única vara del equilibrio fiscal encontró un obstáculo en la tragedia del ARA San Juan.

El 30 de octubre pasado la secretaría de Servicios Logísticos y Coordinación Militar para la Emergencia del Ministerio de Defensa, Graciela Villata, envió una nota a los directores de Planes, Programas y Presupuestos (DG3P) de las tres fuerzas armadas. En un solo párrafo les trasmitió un recorte de más de $300 millones que se aplicó a la cuarta cuota del presupuesto para funcionamiento y gastos operativos de 2017. El brigadier Alejandro Amoros, el contralmirante Francisco Medrano y el general de brigada Federico Sidders fueron los destinatarios de la mala noticia. 

Son los encargados de los números y su aplicación para que los medios de las tres fuerzas -aviones, buques, submarinos, tanques, helicópteros, batallones de infantería, etc.- puedan operar y adiestrarse de la manera más eficiente y segura. "Garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales de la Nación, cuales son los de su soberanía, independencia y autodeterminación, su integridad territorial y la vida y libertad de sus habitantes" para decirlo según la misión que establece la ley a las fuerzas. 

La directiva de Villata tuvo un impacto directo en la operatividad de las tres fuerzas hasta fin de año. ¿Alcanzó a comprometer la travesía que cumplió el ARA San Juan que había zarpado a ejercitaciones con la Flota de Mar? El interrogante pone en jaque a la conducción política del Ministerio de Defensa. Quienes manejan los números dicen que esta 4ª cuota, en rigor, cubriría pagos de facturas de gastos ya efectuados. Graficaron con el ejemplo del combustible: las unidades cargan, lo consumen en las operaciones y se paga con la cuota presupuestaria siguiente. 

Antes, el ministro Oscar Aguad había recibido instrucciones de Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete: "Tenes que recortar $1.000 millones". 

Astilla del mismo palo, Nilda Garré, presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y exministra de esa cartera, solicitó una reunión informativa de Aguad con los legisladores para el 6 diciembre. Está en juego la responsabilidad política (puede mutar en penal) de la avería seguida de siniestro con pérdida de vidas sufrida por el ARA San Juan. De un lado dicen que hubo desinversión y siembran la sospecha sobre la reparación de media vida que se hizo en la gestión kirchnerista; del otro que se afectó el mantenimiento por recortes presupuestarios.

Arduo, desvincular la duda sobre la reparación y el mantenimiento del San Juan (si hubo irregularidades) de la guadaña presupuestaria a que fue sometida la Armada al igual que la Fuerza Aérea y el Ejército durante décadas. Al decir de la diputada Elisa Carrió, "la corrupción mata" puede agregarse: "La errónea decisión política también". 

Del 2,5% del PBI en tiempos de Raúl Alfonsín, el presupuesto de Defensa bajó a 1.0% en 2016 y ahora a 0,9% según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). 

La cuestión de la poda se había masajeado en la última reunión de seguimiento de rutina de los temas de defensa que encabezó Macri. Entre las sugerencias para cerrar el grifo y ahorrar, Aguad propuso disminuir la asignación destinada a la logística de las bases antárticas (combustibles, alimentos, herramientas, pertrechos, etc.). De todos los insumos que abastecen las instalaciones antárticas hay dos gravitantes: víveres y combustible (usado para calefacción). También enajenar bienes inmuebles en especial del Ejército, la fuerza que por su despliegue a lo largo del territorio nacional dispone de más instalaciones que la Armada y la Fuerza Aérea. El ojo rematador cayó, entre otros, en el predio aledaño al Regimiento I Patricios donde se ubica un hipermercado. Esbozó la teoría de vender el rezago militar que quede desafectado por obsoleto. Uno no imagina qué país podría interesarse en Mirages desprogramados, en fusiles y ametralladoras agotados de tiros, o en el casco del reflotado y radiado destructor ARA Santísima Trinidad. 

La directriz de la reforma en Defensa pasó por sanear el gasto como si se tratase del balance de una empresa. 

El ministro y los oyentes rara vez vinculan la defensa y su implicancia con los recursos e intereses del país, la mirada estratégica y la conflictividad del tablero global. Frases como "¿para qué quieren aviones para una guerra que no vamos a tener?" o "cuando pidan dinero, piensen que construir un jardín de infantes le cuesta $40 millones al Estado" ilustran el nivel del debate. Una voz que gana espacio en el oído del Presidente suele poner la pica en Flandes, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo. Aunque formado en la Ciencia Política, su aporte pone cierta racionalidad sobre la misión de las fuerzas. 

Pompeo calibró el momento para llamar al embajador de la Federación Rusa y transmitir la aceptación del Gobierno al ofrecimiento de equipos que alcanzan profundidades de más de 1.000 metros ante la presunción de que el San Juan podría estar asentado a ese nivel en el lecho oceánico.

Todo un asco. Ahora, lo que buscarían los políticos de turno es "no quedar pegados" penalmente. Recitando el OM, no se solucionan las "cosas", ya que en la introspección impide "ver hacia afuera" y es allí donde esta en juego de vida de otros argentinos... 

No se entiende tanto "desgaste neuronal" para determinar tres "tareas" para ser ejecutadas por las FFAA: Apoyo en lucha contra el narcotráfico + Protección de fronteras marítimas, terrestres y cielos + Apoyo contra desastres ambientales (emergencias) + contribución al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada específica y de empleo dual. 

Con respecto a este último punto, los políticos de turno, teniendo sus neuronas ocupadas en aspectos "no claros" no toman en cuenta que el país cuenta con tres complejos industriales (Tandanor, FAdeA y Fabricaciones Militares) que han sido desaprovechadas y se le incorpora una correcta gestión y un desarrollo tecnológico (asociado con otros países) podrían transformarse en abastecedores de efectos de uso frecuente, así como convertirse en centros de formación tecnológica y hasta llegar a ser generadoras de recursos exportables. Pero, por lo que se ve, durante ciertos años y lamentablemente, ciertos políticos de turno, las han transformados en coto de caza para premiarse con pingües sueldos y transformarlas en conchavos para familiares y allegados de su organización política.

Hoy, con esta tragedia frente a todos los argentinos "bien nacidos" ponemos un tema en actualidad. Me pregunto: ¿seguirá así, o volverá a ser para lo que fueron creadas? Pero, con deseos de equivocarme, no espero nada que modifique radicalmente el estado de postración, ya que los que "juegan" a gestionar o ha definir planes de acción nunca pilotearan un avión con 40 años de vuelo sobre sus alas, comprados de segunda o tercera mano y posiblemente mantenidos con elementos obtenidos por "canibalización" y mucho menos estarán dentro de un submarino perdido perdido en el fondo oceánico, y que desafortunadamente nos permite referirnos a este tema. 

Amigos, me invade un profundo dolor, que aun no lo puedo procesar, pido a Dios -aunque me critiquen en apoyarme de un pensamiento mágico- que nuestros compatriotas sean hallados con vida.

Micrófonos y cables subacuáticos: así funcionan las estaciones hidroacústicas que detectaron la posible explosión en el ARA San Juan

(Infobae.com) - La organización CTBTO, con base en Viena y especializada en el control de explosiones nucleares en el mundo, fue la responsable de detectar el abrupto cambio de las ondas marítimas el miércoles 15 de noviembre por la mañana. Por qué la información recopilada no pudo ser detectada con antelación

La detección de una explosión marítima en la zona donde había sido contactado por última vez el submarino argentino ARA San Juan significó un antes y después en la búsqueda de la nave con 44 tripulantes. El accionar de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) fue determinante para inferir qué pudo pasar debajo del agua esa mañana del 15 de noviembre.

El CTBTO es una organización de la cual forman parte cientos de países del Mundo y que cuenta con al menos 300 estaciones de diferentes características en el planeta con el objetivo de detectar indicios de explosiones nucleares. Para realizar su control, la organización apela a cuatro tipos de tecnologías diferente: sísmicas, de infrasonido, radionucleares e hidroacústicas. Los datos son analizados constantemente y proveídos mediante informes durante todos los días de la semana.

Los hidrófonos que son instalados en el fondo del océano (CTBTO)

La tecnología hidroacústica fue la que permitió detectar, mediante las antenas de dos estaciones diferentes, las señales consistentes a una posible explosión ocurrida en la zona cercana a la última localización confirmada del ARA San Juan.

"No se trató de una señal fácil de analizar. Hubo que descartar muchas otras posibilidades, analizar con exactitud el punto donde había ocurrido y cotejar datos. Había que ser muy rigurosos con este tema", explicó en su momento un ingeniero del CTBTO, Mario Zampolli, a la prensa internacional.

Una de las estaciones hidroacústicas, a punto de ser instalada.

La famosa señal fue detectada el miércoles 15 de noviembre a las 10.51 de la mañana. La ubicación del evento fue -46.12 grados (latitud); -59.69 grados (Longitud) y fue hallada por las estaciones ubicadas en la Isla Ascensión (estación HA10) y en las Islas Crozet (HA04).

Esas estaciones hidroacústicas forman parte del Sistema Internacional de Vigilancia de la CTBTO. Ese programa cuenta con once de ellas repartidas en todo el planeta. Su nivel de sensibilidad es tan sofisticado que pueden interpretar las ondas acústicas aún a miles de kilómetros de distancia.

Las señales son transmitidas mediante antenas

Precisamente, la HA04 de las Islas Crozet fue la última estación instalada del sistema de vigilancia. Fue certificada en junio de 2017, después de casi una década de ajustes y sofisticados trabajos de ingeniería.

Después de la información brindada por el vocero de la Armada argentina, Enrique Balbi, ante la sociedad acerca de la detección de la Organización con base en Austria, surgieron interrogantes y cuestionamientos contra el papel de los militares argentinos. Se los llegó a acusar de haber ocultado la información sobre la posible explosión durante días.

Sin embargo, desde el propio CTBTO se informó que la demora en la comunicación sobre el evento respondió al minucioso análisis de los datos recibidos. "Los océanos son muy ruidosos. Nuestros ingenieros tuvieron que analizar un inmenso volumen de datos hidrófonos submarinos instalados en lugares remotos", publicó en un informe.

Y completó: "El Sistema Internacional de Vigilancia está diseñado para detectar eventos mayores, como explosiones nucleares. Por lo tanto, señales menores como la detectada son mucho más difíciles de aislar y de localizar".

El hecho de tener que estudiar señales de tan baja intensidad obligó a los ingenieros del CTBTO a realizar análisis de manera manual y utilizar programas de computación hechos a medida, incluso con algoritmos nuevos. Uno de los puntos de mayor dificultad fue el de aprender a descartar sonidos procedentes de la propia naturaleza del océano (animales, etc.) como los ruidos industriales.

De acuerdo a la propia organización, la posible explosión fue inaudible para el oído humano y resultó extremadamente difícil poder definir la magnitud de la misma.

Los cables transmiten la información recibida por los hidrófonos

Las once estaciones hidroacústicas del CTBTO repartidas por el mundo cuentan con un set de tres hidrófonos por unidad. Son unos sofisticados micrófonos sensitivos subacuáticos que analizan al detalle las ondas marinas producidas dentro del océano.

Ante una alteración considerable, los hidrófonos se activan y envían la alarma a computadoras especializadas mediante señales eléctricas. Así, cada estación contempla la información y rinde un informe diario a la base central de la organización, en Viena, Austria, que es analizado luego por ingenieros. Pese a conocerse el incidente de la posible explosión, aún no se pudo contactar el submarino desaparecido. En una misión integrada por diversos países de todo el mundo y con la mejor tecnología de la materia a disposición, la suerte del submarino ARA San Juan todavía resulta un misterio. Pasaron ya 12 días desde la última comunicación y la búsqueda continúa.

“Argentina dejó de ser una fuerza militar capaz”, dice una publicación británica

(Perfil.com) - El medio UK Defence Journal destacó en un reciente informe los problemas de las fuerzas armadas argentinas. Qué dijo sobre la práctica de los submarinistas.

Reporte británico sobre el estado de las fuerzas armadas argentinas. Foto:Cedoc 

Una publicación británica conocida a nivel internacional en el área de Defensa, UK Defence Journal, destacó en un reciente informe los problemas de las fuerzas armadas de Argentina y sentenció que nuestro país “dejó de ser un fuerza militar capaz”.

El reporte firmado por el analista y consultor Tom Dunlop releva datos propios y de una consultora de inteligencia llamada “IHS Janes”.

En el comienzo del informe destaca que “la Fuerza Aérea Argentina recientemente retiró sus cazas Mirage, manteniendo solo un puñado de ellos volando. También se confirmó que todos los cazas Lockheed Martin A-4AR Skyhawk han sido dados de baja y no serán reemplazados en un futuro próximo. Los problemas no se detienen allí. Las tripulaciones submarinas necesitan al menos 190 días de práctica de inmersión y en 2014 solo pasaron 19 horas sumergidas. Una situación similar enfrentan sus cuatro destructores que no tienen ningún armamento útil”.

En cuanto a las fuerzas terrestres, opinó: “Raramente tienen los recursos para entrenar y están muy poco equipadas, sus kit de armamentos data de los años 70 y es muy escaso. En esta línea, la Fuerza Aérea Argentina consiste en gran parte en una colección de aviones obsoletos que se remonta principalmente a la década del ’70”.

La consultora IHS Janes reveló que “la Fuerza Aérea Argentina está recortando drásticamente las horas de trabajo del personal y está desmantelando su último avión de combate en medio de continuos problemas presupuestarios. Reciente reportes indican que las horas de trabajo del servicio se han reducido significativamente. (…)”. Al analizar esta información, Dunlop subrayó que “esto deja a los militares argentinos con solo un tipo de avión, el IA-63 que es subsónico, de décadas de antigüedad y apenas útil”.

Por último, el documento repasa los intentos de compras de nuevo equipamiento por parte de Argentina.

“Argentina había intentado comprar nuevos Gripen desde Suecia a través de Brasil, pero el Reino Unido lo vetó dado que fabrica una gran cantidad de componentes internos para el avión. También habían estudiado la compra de los JF-17 de China, pero los JF-17 resultaron demasiado caros de modificar. Cuando Barack Obama visitó Argentina en marzo de 2016, Air Force One estuvo acompañado por los F-16 de la Fuerza Aérea de los EE. UU. porque Argentina solo podía ofrecer Pucarás y Pampas para su defensa aérea”, consigna el texto.

Y concluye: “Recientemente, Argentina ha decidido suspender los planes de renovación de los A-4AR Fightinghawks hasta que mejoren los asuntos financieros del país. Citando problemas económicos, el Ministro de Defensa (en ese momento Julio Martínez) dejó en claro que no habría nuevos aviones de combate comprados con el clima económico actual. Esto ha anulado la especulación reciente de que Argentina estaba en conversaciones con Rusia para comprar varios Mig-29”.

La crítica situación en materia de Defensa y Armas de nuestro país no sólo preocupa a los analistas locales sino también, como se evidencia con esta nota, represente sumo interés para los países más lejanos, entre ellos, Reino Unido, con quien Argentina ya tuvo un conflicto bélico.

El mal estado del equipamiento militar causó 30 muertos en los últimos 15 años

Por Aurelio Tomás - Perfil.com
Los accidentes, contabilizados por PERFIL desde 2003, afectan a Fuerza Aérea, Armada y Ejército. La mayoría ocurrió por causas vinculadas con vehículos y materiales anticuados.

En 2015. Un mecánico militar falleció por el choque de un avión A4-AR contra el hangar de la base de Villa Reynolds, en San Luis. Foto:cedoc perfil

El estado del material con el que trabajan las Fuerzas Armadas argentinas vuelve a estar en debate a partir del operativo de búsqueda y rescate del ARA San Juan. Entre los familiares, ya hubo cuestionamientos por el estado del submarino y los peligros que enfrentan sus tripulantes en cada misión. No son los primeros que viven una angustia de este tipo. Los accidentes e incidentes con material antiguo están lejos de ser una novedad, como lo saben los familiares de los treinta efectivos que murieron, en causas vinculadas con vehículos y equipamientos anticuados, en los últimos 15 años.

Desde el 2003, unos 19 efectivos fallecieron en accidentes con aviones de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. En todos los casos, ocurrió con equipamiento anticuado, al límite de su vida útil, que en muchas veces es más fácil de encontrar entre colecciones antes que en fuerzas activas de otros países. El último de los incidentes fatales con aviones ocurrió en la base de Villa Reynolds, San Luis, cuando un mecánico falleció por el choque de un A4-AR contra el hangar en 2015. Dos años antes, un par de pilotos habían logrado eyectarse de otro A4 y lograron salvar su vida en Santiago del Estero.

Un mes antes, dos efectivos de las Fuerzas Armadas habían fallecido en un accidente EMB-312 Tucano, una unidad de entrenamiento. Los casos se repiten a lo largo de los años y comprenden a las tres fuerzas: en 2006, dos efectivos del Ejército fallecieron al caer el avión Mohawk Grumman OV-01 que operaban; otros dos uniformados de la Armada perdieron la vida en un accidente con un MC 32 Aermacchi en la base de Punta Indio. Son unidades con muchos años, propias de una colección clásica antes que un ejército moderno: el Grumman tuvo su primer vuelo en 1959, el MC 32, dos años antes. Los incidentes no sólo afectan a las naves más viejas. 

En octubre último, dos pilotos de la fuerza aérea lograron saltar del Grob TP 120 que comandaban pocos segundos antes de que se estrellara. Activaron sus paracaídas a tiempo. Los Grob son aviones de entrenamiento que vuelan desde 2010, fueron provistos por una firma alemana en alquiler a Fadea, durante la gestión que lideró La Cámpora de la fábrica de aviones.

Más casos. Los treinta casos fatales, relevados por PERFIL en base a fuentes periodísticas y comunicados oficiales de las fuerzas, incluyen también a ocho pilotos que fallecieron por dos accidentes en helicópteros, en 2004 y 2005. También hay dos efectivos que murieron en las bases antárticas, que fueron construidas en la década del 50 y nunca fueron plenamente actualizadas. Un efectivo de la Fuerza Aérea falleció en la Base Marambio cuando un portón del hangar se le cayó encima en 2016. Dos años antes, un integrante del Ejército murió por una explosión al manipular residuos. El manejo de la basura en la Antártida, algo que está estrictamente regulado por el tratado internacional que regula el continente blanco, pero en la Argentina por el ajustado presupuesto se acumulan residuos de varias campañas.

Una de las víctimas más jóvenes fue el aspirante salteño de 17 años que falleció durante un ejercicio en la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”. Según consignó Crónica, murió cuando la torreta de un tanque cayó sobre él. Este año, un enfermero del Ejército murió cuando saltó del Unimog que conducía porque había perdido los frenos y se dirigía hacia un tanque, durante un entrenamiento con munición en el campo de instrucción Los Cerrillos, en Azul. Fue en septiembre, la noticia pasó prácticamente desapercibida.

Pacto fiscal a lo Vidal: auxilia a municipios pero pide ajuste

Por Pablo Ibáñez - Clarin.com

Hay 31 municipios que piden asistencia para pagar salarios a fin de año. El esquema para bajar gasto. 

Foto: María Eugenia Vidal, durante una recorrida en Lomas con el intendente Insaurralde.

El abracadabra salarial para los empleados de 31 municipios bonaerenses es ATN o ATP: Aportes del Tesoro Nacional o Aportes del Tesoro Provincial. En criollo: fondos extras de la Casa Rosada o de la Gobernación. O ambas.

A días de entrar en diciembre, un mes típicamente sensible, 31 de los 135 municipios de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal requieren asistencia financiera para pagar salarios en el cierre del año, según un informe al que accedió Clarín.

"Cuando asumimos había 109 municipios con déficit", dicen en La Plata para amortiguar el impacto del número que refleja que uno de cada cuatro distritos bonaerense está "quebrado". El mapa del rojo fiscal lo encabezan tres dominios enormes: Mar del Plata, que gobierna Carlos Arroyo, y Bahía Blanca, a cargo de Héctor Gay; ambos son de Cambiemos. Tercero está Moreno, del GBA, en manos del ultra K Walter Festa.

De los 31, cuatro son del Conurbano: además de Moreno, están José C. Paz, San Vicente y Berisso, la cuna peronista que en 2015 pasó a ser gobernada por el radical Jorge Nedela y está en situación crítica.

Del interior provincial aparecen distritos importantes como Azul, Pinamar o Necochea. La mayoría de los que requieren auxilio son de Cambiemos: 23 de los 31. Hay seis del FpV, uno vecinalista y otro del Frente Renovador.

En La Plata aclaran que no todos los distritos están en la misma condición. "No es lo mismo un distrito que recaudó menos por la inundación que otro que aumentó gastos corrientes y sumó personal", ejemplifican.

Hay conversaciones con el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio para que gire ATN para auxiliar a los municipios. "Veremos caso por caso, pero después de dos años de gestión, cada jurisdicción se tiene que hacer cargo de sus sueldos", avisa un funcionario y aporta un doblez político: sostiene que "el argumento de la herencia cada vez pesa menos". Incluye a los oficialistas.

El vidalismo tiene un big data económico para saber el estado de las cuentas, designaciones y gastos de cada municipio. "Sabemos bien cómo está cada uno", asegura un integrante del staff bonaerense que sigue el vínculo con los intendentes. Con esa información, pedirán a los alcaldes que propongan planes de recorte del gasto. "No les vamos a soltar la mano pero no puede haber auxilio permanente", advierten.

Con el paquete del presupuesto 2018, la gobernadora logró que le aprueben la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece parámetros de gestión: el gasto no puede crecer más que la inflación ni el personal aumentar más que la población.

Es un calco de la ley nacional que el ministro de Economía Hernán Lacunza empujó en la Provincia. Cada distrito podrá adherir o no. El que lo haga podrá tomar deuda para inversión o recibir asistencia en caso de "imprevistos".

El peronismo pataleó porque lo asume como una intromisión en la autonomía de los municipios porque limita contrataciones y erogaciones. Muchos avisan que no van a firmar la adhesión. Estaba, activa, una ley similar de la era Scioli.

El Gobierno investigará el último trayecto del submarino hasta que perdió contacto

Martin Bravo - Clarin.com

Es el viaje que hacía desde Ushuaia a Mar del Plata. No descartan que haya habido un error humano.

Oscar Aguad, ministro de Defensa, junto al Jefe de Estado Mayor de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito, en el Comando de Operaciones Naval de la Base Naval de Puerto Belgrano a donde llegó al interiorizarse de la operación de busqueda del submarino ARA San Juan. Foto: Télam

El sumario administrativo dispuesto por el Ministerio de Defensa para “averiguar lo que pasó” con el ARA San Juan abarcará desde el inicio de su viaje final, con el foco en lo que sucedió entre su partida de la Base Naval Austral de Ushuaia y el 15 de noviembre, la jornada de la última comunicación y el sonido identificado como una presunta explosión. La investigación no incluirá el estado del submarino en la previa ni la pertinencia de la autorización técnica para salir, según altas fuentes del Gabinete con el argumento de que se le habían hecho pruebas antes de su partida.

Además, el Gobierno comenzó a evaluar la posibilidad de un “error humano” como una de las principales hipótesis del accidente que provocó la desaparición del San Juan, con 44 tripulantes a bordo.

“Quiero decir con mucha certeza que estamos ante una situación excepcional. Que nuestro primer recuerdo es para los hombres que van dentro del submarino y para las familias que están sufriendo la angustia de la espera”, dijo Oscar Aguad, en el Comando de Operaciones de Adiestramiento y Alistamiento, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. A su lado estaba Enrique Balbi, el vocero de la Armada. “Hemos iniciado un sumario administrativo, que corresponde de acuerdo a la ley, para averiguar lo que pasó”, agregó el ministro de Defensa en su reaparición pública, luego de que Balbi acaparara la comunicación del caso.

El sumario arrancará desde la partida en Ushuaia, un dato relevante ante las controversias sobre el estado del submarino, la caída del presupuesto para Defensa en las últimas décadas (hasta llegar a menos de un punto del PBI) y presuntas irregularidades en la llamada reparación de media vida, terminada en 2014. La Oficina Anticorrupción abrió una actuación administrativa (ver aparte), al margen de su incidencia en la desaparición. “Es casi imposible que lo que pasó tenga que ver con eso. El San Juan hace dos años que navega y está comprobado que tenía autorización para salir”, dijo a Clarín una alta fuente del Gobierno, apoyado en “la prueba de 48 horas” al submarino en Ushuaia, antes de su último viaje, sin que presentara problemas.

Por un lado eventuales hechos de corrupción como sobreprecios no necesariamente afectan la reparación y el estado del San Juan; y en ese caso el macrismo no podría señalar exclusivamente a la gestión anterior, a casi dos años del cambio de Gobierno y la autorización técnica bajo su responsabilidad.

En su único discurso público sobre el tema, Mauricio Macri había señalado el viernes esa misma línea de argumentación al considerar “en perfectas condiciones” el estado de la nave. “Esto que ha sucedido va a requerir una investigación seria, profunda, que arroje certezas para entender cómo un submarino, al que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar, sufrió aparentemente esta explosión”, aseguró el Presidente, y pidió no buscar responsables hasta “tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó”.

Con la investigación limitada a la salida desde Ushuaia, fuentes del Gobierno admitieron el margen acotado para conocer los motivos de la presunta explosión -se limitaría a las comunicaciones registradas hasta perder contacto-, salvo que se logre detectar y sobre todo rescatar el submarino para avanzar con las pericias. En ese contexto la Casa Rosada comenzó a manejar como hipótesis el “factor humano”, lo que descontaron generará una reacción de los familiares que ya expresaron bronca y reclamos a doce días de la desaparición sin rastros de la nave. “Ha habido un accidente y el tema es saber si se cometió alguna imprudencia, porque se trata de algo excepcional. En estos casos suele haber un error humano, es algo que marca la estadística. El ingreso de agua es algo excepcional y hay que determinar por qué pasó”, sostuvo a Clarín una alta fuente del Gabinete. Más allá del sumario administrativo del Gobierno, Marta Yánez -jueza federal de Caleta Olivia- quedó a cargo de la investigación de la desaparición del submarino.

Aguad negó que el ministerio de Defensa hubiera impulsado la apertura de 40 sumarios, como había trascendido de fuentes oficiales, y desestimó las internas con las autoridades de la Armada. “Somos un equipo. El comandante (Marcelo) Srur tiene absolutamente nuestro respaldo”, dijo en línea con la exigencia de Macri de concentrarse en la búsqueda de la tripulación y del submarino. “Había dudas, por la ansiedad. Ahora las quejas son pocas”, minimizaron los funcionarios los ruidos iniciales por la demora y las contradicciones en la información, sin que eso asegure la continuidad de la cúpula de la Armada.

De vivir junto al Riachuelo a la casa propia

Clarin.com - Se trata del plan de reubicación de los habitantes de la Villa 26. 89 familias de las 157 que aún estaban allí ya se pueden mudar.

Foto: Una de las familias de la villa 26 con la escritura de su flamante casa propia.

Una de las órdenes judiciales en el plan para sanear el Riachuelo contemplaba la reubicación de las familias que vivían en pésimas condiciones sobre las márgenes del río. En ese marco, el sábado se rubricó la entrega de 89 escrituras para los vecinos de la Villa 26, que serán relocalizados a los conjuntos habitacionales de San Antonio y Lacarra.

Del acto, participó el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta quien sostuvo que “de las cosas más lindas que me tocan en mi responsabilidad es cuando podemos ayudar a la gente a llegar al sueño de su casa propia. Es el sueño y el anhelo de toda una vida”.

Villas sobre el Riachuelo frente a la fábrica Siam y la cancha de Victoriano Arenas, del lado de Provincia. Foto: Mario Quinteros

La Villa 26 se va a relocalizar completamente durante diciembre de este año. En total van a ser 157 familias, de las cuales 115 se van a mudar a los complejos habitacionales y las otras 42 familias van a acceder a créditos blandos.

El complejo de San Antonio está ubicado en el barrio de Barracas, donde la estructura original del edificio se adaptó con entrepisos intermedios y un patio central. En total tiene 64 viviendas a estrenar, con 21 cocheras descubiertas, un sector verde y juegos para los más chicos.

En tanto, el complejo de Lacarra, ubicado en el barrio de Parque Avellaneda, fue en su momento una fábrica abandonada que pudo ser adquirida por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El terreno tiene 3.378,82 m2 y va a contar con 54 viviendas a estrenar.

De la entrega también participaron el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra.

“Claramente todos los que hoy van a acceder a su primera vivienda van a estar dando un paso hacia adelante en salir de la pobreza”, afirmó Kerr.

Detienen a un sargento de la Federal con 300 kilos de marihuana en Corrientes

(Clarin.com) - Lo arrestaron junto a otros cuatro hombres a la altura de Peaje Riachuelo. Llevaba 19 años en la Fuerza y estaba destinado a Paso de los Libres.

El sargento Gerardo Hugo Sebastián Soria (38) en una foto familiar. Lo detuvieron con 300 kilos de marihuana. (Facebook)

Los prefectos de Paso de la Patria que lo arrestaron están convencidos de que su rol en la banda era darle custodia a un cargamento de 300 kilos de marihuana valuado en algo más de 2.5 millones de pesos. No llevaba el uniforme de la Policía Federal que vistió por 19 años cuando le pusieron las esposas pero sí la credencial, donde consta su rango de sargento. Y no iba solo: hay quienes aseguran que dos de los otros cuatro detenidos son narcos conocidos en suelo correntino.

Fuentes de la investigación informaron a Clarín que el secuestro de los 300 kilos de droga y la detención del policía y sus cómplices ocurrió el sábado a la noche sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura de Peaje Riachuelo, Corrientes, en un operativo de la Prefectura Naval.

La foto de la ficha de la Federal del sargento Soria detenido con un cargamento de 300 kilos de marihuana en Corrientes.

El sargento detenido fue identificado por la Policía Federal como Gerardo Hugo Sebastián Soria, de 38 años y 19 en la Fuerza. Estaba destinado a la delegación correntina de Paso de los Libres, a 352 kilómetros de donde lo arrestaron, y desde el 13 de noviembre gozaba de una quincena de vacaciones que vencía mañana.

El arresto del sargento Soria ocurrió anoche cuando una patrulla de Prefectura detuvo la marcha del Peugeot 308, propiedad del policía, y de un Volkswagen Bora que venía detrás suyo sobre la Ruta Nacional N°12. Según la investigación y las escuchas telefónicas del caso, la detención de los vehículos no fue aleatoria sino que los prefectos tenían el dato de que en esos dos coches había un cargamento de marihuana.

Soria, que estaba de civil pero llevaba consigo una pistola marca Browning y credencial de la Federal, iba con otros tres hombres en su propio coche: al menos dos de ellos serían narcos conocidos por las fuerzas de seguridad correntina, detallaron las fuentes a este diario.

Mientras que en el VW Bora que iba detrás del Peugeot de Soria los prefectos encontraron el grueso del cargamento de marihuana, valuado por las fuentes en el mercado local en unos 2.5 millones de pesos.

Soria, que gozaba de su último fin de semana de una quincena de vacaciones, ahora está preso e incomunicado; y por orden del jefe de la Federal, comisario general Néstor Roncaglia, se dispuso su pase a disponibilidad y la apertura de un sumario administrativo con el objeto de expulsarlo de la Fuerza.

La Oficina Anticorrupción apunta a los sobreprecios en la reparación

Por Martin Bravo - Clarin.com

Quiere investigar si hubo irregularidades en las licitaciones y contratos para arreglar el submarino.

La Oficina Anticorrupción abrió una actuación administrativa para definir si iniciará una investigación sobre presuntas irregularidades en las tareas de reparación de media vida del submarino ARA San Juan. El organismo a cargo de Laura Alonso comenzó a evaluar una auditoría de la SIGEN con cuestionamientos al proceso de compra de las baterías de la nave y el archivo de una causa en la que se denunciaban “manejos espurios” en el mantenimiento y reactivación del submarino.

De regreso de un viaje oficial a Londres, donde mantuvo reuniones con agencias gubernamentales del Reino Unido, Alonso resolverá esta semana si la OA llevará adelante una investigación. Antes, adelantaron fuentes del organismo, requerirá más información de la que ya tiene en análisis. Aun así tanto desde ese ámbito como desde el Poder Ejecutivo coincidieron en aclarar que, en caso de probarse hechos de corrupción vinculados al mantenimiento del submarino, no implicarán una causa de su desaparición dado que el análisis no comprenderá los aspectos técnicos vinculados a la nave.

Entre los datos en estudio de la OA aparece una auditoría de la SIGEN de mayo de 2016, con cuestionamientos a los procedimientos para la reparación de media vida y el recambio de baterías del submarino, por presuntos desvíos y demoras en los planes trazados, de acuerdo con lo que publicó La Nación, lo que provocó la pérdida de la garantía.

También la causa archivada por Norberto Oyarbide en 2010, como contó Clarín, en la que se investigaban otras supuestas irregularidades en las reparaciones. Fue a partir de una denuncia del suboficial José Oscar Gómez contra el almirante Jorge Godoy -ex jefe de la Armada- y otros integrantes de la fuerza, a los que acusó de supuestos “manejos espurios”, sobreprecios y evasión de controles de aduana, entre otros hechos. A su vez información del ministerio de Defensa, que no llegó a la OA y será uno de los pedidos que hará, también daría cuenta de un incumplimiento de los procedimientos administrativos para la reactivación de la nave y el direccionamiento de las compras para favorecer a determinados proveedores.

El organismo ya se presentó como querellante en dos causas contra funcionarios del ministerio de Defensa, por denuncias vinculadas a las campañas antárticas, una durante la gestión del peronista Arturo Puricelli y otra en la del radical Julio Martínez. A su vez tanto Martínez como Aguad habrían advertido sobre presuntas irregularidades en las obras sociales de las Fuerzas Armadas, aunque hasta el momento no hubo avances en la investigación.

Fuerzas de Estados Unidos y Rusia están en Comodoro y despliegan su tecnología para la búsqueda

Fuentes de la OA aseguraron que en caso de abrirse el expediente sobre el mantenimiento del ARA San Juan no estará vinculado a la causa de su desaparición, en tanto que de comprobarse irregularidades en los procesos de licitación y compra no permitiría deducir una influencia en el accidente y la eventual explosión registrada en la jornada del último contacto de la nave. 

Altas fuentes del Gobierno coincidieron con esa mirada y Enrique Balbi, vocero de la Armada, desestimó un problema con el recambio de las baterías. “Todo lo que es el estado operativo, informe de reparaciones de media vida, hace dos años, está debidamente documentado”, dijo ayer, e indicó que habrá una presentación ante la jueza federal Marta Yañez: “Con el tema de las baterías, lo que se recicla son las carcasas, lo demás es nuevo: los insumos, bordes, cableado, plomo, electrolitos. Los insumos son provistos por una empresa desde Alemania y cada vez que se activaron hubo un procedimiento con ingenieros alemanes. Todo el proceso de activación y carga de las baterías está debidamente documentado".

Una denuncia de 2010 que el kirchnerismo prefirió archivar (II)

Por Laura Serra - LA NACION

Siete años atrás, un diputado radical había advertido sobre denuncias de coimas en la Marina.

El kirchnerismo quedó nuevamente en la picota por presuntas irregularidades y cobro de sobornos en la compra de unidades y reparación de la flota de la Armada. En 2010, el radical Miguel Giubergia, por entonces diputado nacional, pidió explicaciones al gobierno de Cristina Kirchner sobre el supuesto cobro de sobornos por 3,5 millones de euros, pagados por las empresas alemanas Hawker y Ferrostaal a funcionarios argentinos en 2006, supuestamente dirigidos a acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

Sugestivamente, estas dos firmas fueron las encargadas de reparar el ARA San Juan y en particular las baterías de la nave. Tal como publicó ayer la nación, Ferrostaal y Hawker aparecen mencionadas en una investigación que realizó el Ministerio de Defensa que alertó sobre "irregularidades detectadas" en la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente".

En su pedido de informes de 2010, Giubergia ya advertía sobre las irregularidades en las contrataciones que se habían realizado para reparar las baterías de la flota de submarinos. Sin embargo, el bloque del FPV rechazó la iniciativa.

En ella, el legislador solicitaba la siguiente información:

- Detalles sobre la modalidad de contratación entre la Armada y la empresa Hawker GMBH por la reparación de baterías del submarino ARA San Juan. La operación costó al Estado argentino 5,1 millones de euros.

- Modalidad de contratación entre Tandanor y la empresa Marlog Gmbh&co para asistencia técnica en la reparación del San Juan, por 270.000 euros.

- "¿Por qué el Ministerio de Defensa (a cargo entonces de Nilda Garré), ante la consulta de cuál es el proyecto de incorporación de embarcaciones y submarinos vigente desde el año 2005 hasta la fecha, enumera 17 unidades, si ninguna de las cuales, cinco años después, fue incorporada, está en proceso de construcción ni adquirida hasta la fecha?", preguntó Giubergia.

El entonces legislador basó su pedido de informes en una investigación judicial realizada en Alemania y girada a la justicia argentina. Allí consta el testimonio de un testigo encubierto, un ex directivo de Ferrostaal. Según la denuncia, Ferrostaal pagó durante el kirchnerismo una comisión de 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras en la Argentina. En el proyecto intervinieron la Marina y el Ministerio de Defensa.

En su testimonio, el testigo encubierto indicó que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó al abogado de la Armada Osvaldo Parrinella, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del ministerio, especialmente en el área de compras". "El señor Parrinella -añadió el testigo- recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers (ex presidente de Ferrostaal en la Argentina) y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, después de descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma".

Macri prepara una amplia reestructuración de las FF.AA. y cambiará a los jefes militares

Por Mariano De Vedia - LA NACION

Los planes son previos a la crisis por el ARA San Juan; habrá una mayor integración

El Presidente habló escoltado por el ministro Aguad y Marcelo Srur, el jefe de la Armada. Foto: Télam / Candelaria Lagos

Mientras el país sigue en vilo y se mantiene abierta la crisis por la desaparición del submarino ARA San Juan, el presidente Mauricio Macri ya tiene decidido cambiar a los jefes de las Fuerzas Armadas antes de fin de año y define por estas horas sus posibles reemplazantes. Los cambios forman parte de un plan de reestructuración militar que le dará más poder al jefe del Estado Mayor Conjunto. Contemplan, además, la fusión de unidades militares y un uso más integrado de los medios y del equipamiento de las fuerzas.

Macri cree que los jefes actuales "atrasan" en su mirada de las fuerzas. Aunque el relevo de la cúpula militar se cristalizará en medio de los coletazos de la búsqueda aún infructuosa del ARA San Juan, el Presidente lo viene meditando desde hace varios meses, como parte de la reforma en la que trabaja activamente el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

El Presidente cree que la actual conducción "atrasa"; para profundizar la integración de las fuerzas le darán más poder al Estado Mayor Conjunto; se busca ahorrar recursos

Se irán, así, los jefes de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur; del Ejército, teniente general Diego Suñer, y de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Víctor Amrein. Más allá de los reemplazantes, la idea es fortalecer al jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, quien permanecería en el cargo, un escalón por encima de los otros jefes militares.

Si bien la situación de la Armada pone en la lupa a todos los almirantes -ya pidió su retiro el jefe de la Base Naval de Mar del Plata, contraalmirante Gabriel González-, para reemplazar a Srur es tenido en cuenta el comandante de Alistamiento y Adiestramiento, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, que tiene su centro de operaciones en Puerto Belgrano. De todos modos, en la Armada la evolución de la crisis es constante y todo pronóstico tiene plazos breves de garantía.

Para el Ejército se menciona al general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, jefe de la II División de la fuerza, cuya comandancia central está en Córdoba, entre otros nombres.

El reemplazante de Amrein en la Fuerza Aérea surgiría de una terna que ya le llegó al Presidente: los brigadieres José Javier Videla, actual secretario general; Alejandro Gabriel Amoros, director de Planes, Programas y Presupuesto, y Roberto Andreasen, actual segundo comandante operacional del Estado Mayor Conjunto.

Hace un año, entre octubre y diciembre de 2016, los jefes militares Amrein, Srur y Suñer, en ese orden, expusieron sus planes, visiones y estrategias en la Casa Rosada, ante el propio Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; su vicejefe Gustavo Lopetegui; la conducción del área de Defensa, por entonces a cargo de Julio Martínez, y un grupo selecto de legisladores. La síntesis del Presidente fue contundente: "Atrasan", confesó en la intimidad.

La única exposición que lo convenció fue la del teniente general Sosa, titular del EMC, quien habló ante el mismo círculo en febrero. Macri coincidió en que es necesaria una reestructuración para fortalecer a este organismo y priorizar la acción coordinada en materia de planeamiento y estrategia militar. Sosa explicó que el criterio de "conjuntez" puede hacer más eficiente la conducción militar y ayudar a hacer economía de recursos, mediante ahorros, sin perder capacidades.

Por ejemplo, hoy cada fuerza tiene su propio comando en la Antártida. Para evitar dilapidar recursos, se tendería a fortalecer el papel del Estado Mayor Conjunto, principalmente en la coordinación de tareas de apoyo logístico, comunicaciones y otras actividades. La gran incógnita es si el mismo criterio de concentración y unificación se extenderá a otras áreas, como las estratégicas direcciones de Inteligencia que conserva cada fuerza.

Veterano de la Guerra de Malvinas, formado en infantería y ex director del Colegio Militar, Sosa había sido removido por Cristina Kirchner cuando dirigía el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE) y fue recuperado por Macri en enero de 2016, al ponerlo como titular del EMC. Sosa impulsa una renovación en las fuerzas y no es muy fluida su relación con Suñer, del arma de ingenieros, que carga con el antecedente de haber sido director general del área de administración y finanzas del ex jefe militar kirchnerista César Milani. Cerca del Presidente se le imputa a Suñer haber tenido un manejo laxo en el mantenimiento del personal en actividad, ya que por ejemplo postergó los pases a retiro de muchos coroneles que sobrepasan los años de antigüedad previstos para ese grado.

El plan de reestructuración

La reforma apunta a redefinir el rol y la misión de las Fuerzas Armadas, como anticipó hace dos meses en Córdoba el ministro Aguad. En ese sentido, el EMC es hoy el organismo encargado de planificar y llevar adelante las operaciones militares, aunque en un plano más formal. Cada fuerza, en definitiva, conserva la responsabilidad del alistamiento y el adiestramiento.

Fuentes militares estiman que el punto de quiebre que marcó la crisis del submarino ARA San Juan aportará cautela, por el momento, la estrategia inicial del plan que apuntaba a integrar a las Fuerzas Armadas en el combate del terrorismo. En ese terreno se avanzará pero con más precaución. Se estudia, en tanto, racionalizar el envío de comisiones al exterior y modificar los coeficientes que los oficiales y suboficiales reciben por cambio de destino, entre otros posibles ahorros. Según el Libro Blanco de la Defensa, hoy existen en el país 129 puntos militares, lo que llevó al presidente Macri a replantear el despliegue de las bases de las distintas fuerzas. 

"La estructura del Ejército, con 6100 oficiales y 23.300 suboficiales, es similar a la que tenía durante la dictadura militar, cuando contaba con una tropa de 120.000 soldados conscriptos. Hoy apenas recibe 20.000 voluntarios", comentó una fuente castrense. "Tenemos que agrupar y reducir todas las unidades a 15 grandes bases, que cuenten con medios e infraestructura y cumplan con una capacidad de despliegue rápido, para tener un sistema de defensa articulado y eficiente", propuso el diputado Gastón Roma (Cambiemos), que integra la Comisión de Defensa y participa de las reuniones de control de gestión del área militar que realiza el Gobierno. Explicó, en ese sentido, que hoy las unidades militares están pensadas para trabajar con un despliegue de 1500 efectivos y en la actualidad apenas tienen 200".

Submarino ARA San Juan: la Justicia archivó una denuncia por irregularidades en la reparación

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Un suboficial había denunciado en 2007 manejos espurios en el astillero Domecq García de la Armada. 

El polémico juez federal Norberto Oyarbide archivó, prácticamente sin investigar, en febrero del 2010 una causa en la que se investigaban irregularidades en las tareas de reparación de media vida del submarino San Juan. La causa quedó archivada en el juzgado que ahora dirige Sebastián Casanello. Si aparecen nuevos elementos de prueba, el juez podría ante una denuncia reabrir la investigación o mandar el expediente 15.373 a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, como antecedente para la causa en que se investiga el accidente del San Juan. Este antecedente clave, al que accedió Clarín de fuentes judiciales, también será de utilidad para la comisión investigadora que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, creó para saber qué pasó con el submarino más moderno que tenía la Armada.

La denuncia había sido realizada en 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharry, Ricardo Efrain y Carlos Herrero, entre otros. Se refería a tareas de mantenimiento del San Juan en el Astillero Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Taiano. El Domecq, junto con Tandanor, ahora integran el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR).

Gómez manifestó que “durante las tareas de mantenimiento del San Juan realizadas entre 2005 y 2006 se produjeron varias irregularidades y manejos espurios como la contratación de empresas privadas para trabajos realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave”. “Lo que en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada sin perjuicio de lo cual a dichos contratistas se les abonaban grandes cantidades de dinero”, agregó el denunciante. “La cara visible de dichas empresas sería una persona que respondería al nombre de Daniel Adrián Fornés”, agregó. Puntualizó que “los trabajos de menor entidad le fueron adjudicados a una firma denominada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo”.

El suboficial denunciante, antes de la denuncia penal, había hecho una administrativa ante el Ministerio de Defensa, cuando lo manejaba Nilda Garré. Gómez había acompañado una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que prueba el robo de metales del submarino Santa Fe -que también estaba en el astillero y sin terminar- y una copia de la sanción que le habían aplicado por sus quejas.

También denunció el “alquiler precario de las naves (sectores) del astillero a empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de Aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilios de los jefes militares”. Gómez manifestó también “se habrían fraguado o simulado fracturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero”. “Las reparaciones en gran medida habrían sido realizadas por personal propio de la Armada”, agregó.

Luego denunció el “vaciamiento de un edificio de la fuerza conocido como número 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis”. En la causa se agregó una auditoría interna del Domecq García remitida por la Unidad Coordinadora del Area de Transparencia del Ministerio de Defensa.

El informe señala una serie de defectos en el astillero que “sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades”.

Seguidamente, Oyarbide le tomó declaración testimonial al encargado de la auditoría, contador Jorge Argüello, quien dijo que se llegó a la conclusión que “era muy difícil corroborar esas irregularidades denunciadas”. Entonces, concluyó que ”entonces corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, al menos hasta que se arrimen nuevos elementos de juicio que permitan avanzar”.

El Parlasur y sus "patéticas miserabilidades"

Editorial del diario La Nación

Todo hace presagiar que ese cuerpo será otro agujero negro en los presupuestos nacionales para acomodar a políticos sin empleo.

"Unos fueron por los fueros y otros, por el dinero". Así podría resumirse esta lamentable creación del kirchnerismo y sus ex socios propulsores del socialismo del siglo XXI, para contar con un foro ideológico, a costa del erario de sus naciones y en beneficio de sus dirigentes. "Patéticas miserabilidades", diría don Hipólito Yrigoyen, incluyendo quizás a su propio partido por no haber apoyado la solitaria batalla librada por tres miembros del Parlamento del Mercosur para evitar que el plan de ideología, fueros y dinero, diseñado por la ex presidenta Cristina Kirchner, tuviese éxito.

Aunque la población votó, en los últimos comicios generales, la elección de 43 representantes para dicho órgano deliberativo, nadie entiende muy bien qué es, ni para qué sirve. Siguiendo una tendencia regional, nuestro Parlasur completa una serie de locuaces organismos latinoamericanos de idéntico prefijo, como el Parlacen, el Parlandino, el Parlatino y el Parlamento de Unasur, cuya abreviatura podría confundirse con aquél.

Creado en 2005, ese foro está integrado por la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, quienes envían 186 representantes que deben ser elegidos por voto directo, como ya lo hacen la Argentina y Paraguay. Existe un plazo hasta el año 2020 para que todos los países dispongan la elección directa; entretanto, el Parlasur se encuentra en transición y sus decisiones son no vinculantes.

Escondido en el cuerpo de la ley "exprés" de llamado a elecciones, aprobada en la última sesión de 2014, se incluyó un artículo que explica por qué muchos políticos quisieron ser candidatos para integrar el Parlasur en los comicios de 2015: los fueros y el dinero. En efecto, allí se establece que los elegidos serán asimilados a los diputados nacionales, con idénticas inmunidades parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y protocolares. A los efectos prácticos, los 257 diputados nacionales aumentarían al número de 300 sin reforma constitucional alguna.

El kirchnerismo pretendía así dotar de inmunidad a sus candidatos bajo la lupa de la Justicia. Y, de paso, lograr el apoyo del resto de la "clase política" tentándolos con sueldos, pasajes, viáticos, asesores, oficinas, choferes y jubilaciones como si fuera lo mismo ejercer funciones en el ex casino de Montevideo, que en el augusto recinto del Congreso de la Nación. Tentaciones irresistibles para quienes están habituados al turismo parlamentario, nombrar parientes y canjear pasajes por dinero.

La ex presidenta, con fino olfato, intuyó que serían más resistentes los fueros senatoriales que los fueros parlasurianos y optó por la zona del Congreso. Aun con su ausencia, la nómina del Frente para la Victoria demuestra por sí sola cuál era el propósito del texto subrepticio. Allí están o estaban José López y Milagro Sala, ambos presos: uno por los bolsos conventuales y la otra, por tentativa de homicidio. Agustín Rossi, imputado por sobreprecios; Teresa Parodi, manchada por la banda de Rolando, amada por Boudou; Gabriel Mariotto, procesado por enriquecimiento ilícito; Oscar Parrilli, imputado por encubrimiento de un prófugo; Víctor Santa María, denunciado por la UIF por enriquecimiento ilícito y Gerardo Zamora, imputado por las viviendas de Madres de Plaza de Mayo. Para equilibrar un poco el oscuro currículum de esos personajes, el FPV incluyó a otros políticos, como Jorge Taiana y Daniel Filmus, y varios dirigentes provinciales a manera de retribución de gentilezas.

Sin embargo, el atajo de crear fueros por vía de un artículo escondido en una ley exprés no funcionó y gracias a la campaña "Chau Fueros", lanzada por la dirigente de Coalición Cívica por Santa Cruz, Mariana Zuvic, la Cámara Nacional Electoral (ratificada luego por la Corte Suprema de Justicia en el caso Milman) declaró que las inmunidades parlamentarias no pueden ser creadas por ley, sino solamente por la Constitución, ya que en la Argentina no hay fueros personales, ni títulos de nobleza y todos los habitantes son iguales ante la ley. La gran decepción para los "parlasures" llegó después, cuando tres de ellos, la citada Zuvic, el abogado Fabián Rodríguez Simón y la riojana Marcela Crabbe, miembros del Parlasur por Cambiemos, lanzaron otra campaña ("Chau Privilegios") para que ninguno cobrase sueldo hasta que el Parlamento esté totalmente institucionalizado, en 2020.

Hubo un intento de incluir $ 100.000.000 en el presupuesto nacional para abonar esas abultadas dietas. Pero el gobierno nacional sostiene, correctamente, que estas deben ser abonadas por el organismo, con los aportes de sus miembros y no cada país en forma individual. De ese modo, zanjó la cuestión con una decisión administrativa, limitando los pagos a pasajes y viáticos de 200 dólares por día de asistencia a las sesiones.

La ausencia de dietas, viáticos y pasajes ha desalentado a quienes, con gran entusiasmo y mayores expectativas, habían aceptado el honor de esos cargos. Pero como el honor no es dinero, ahora viajan a Montevideo por el día, para no gastar en hoteles el estipendio que reciben. Nada quedó de aquellos congresos y simposios internacionales a los que pensaban asistir, con estadías europeas y jugosos per diems como sus colegas nacionales. Carentes de oficinas, asesores, secretarias, cadetes y choferes como imaginaban tener en ambas márgenes del Plata, ahora vuelven presurosos a sus hogares, mientras sus usinas jurídicas urden alguna otra alternativa legal para hacer efectiva la equiparación soñada.

Lamentablemente, todo hace presagiar que el Parlamento del Mercosur será otro agujero negro en los presupuestos nacionales para ubicar a correligionarios sin empleo. Y, si alguna función tuviese, debería ser un foro para debatir fórmulas de inserción del Mercosur en el mundo, en forma competitiva, para mejorar el nivel de vida de los 300 millones de habitantes que lo integran. Abandonando el modelo aislado y populista que rigió desde 2012, cuando Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica impulsaron la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela al bloque regional, con el reingreso del primero y la suspensión del segundo, por ruptura del orden democrático, se abre una ventana de oportunidad para lograr ese cambio, priorizando el bienestar colectivo sobre los absurdos privilegios de sus representantes.

El submarino, los errores y las consecuencias

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION

El San Juan estaba cerca del talud porque ahí está uno de los grandes reservorios de peces, que muchas veces son depredados por pesqueros clandestinos.

Martes, 14 de noviembre, medianoche. El comandante del submarino ARA San Juan informa a la base de Mar del Plata que se produjo un incendio en la nave que afectó turbinas y las comunicaciones. El informe dio cuenta de que entró agua en el submarino.

Miércoles, 15 de noviembre, 7.30. El comandante del submarino informa que el problema se solucionó y que la tripulación se encuentra bien. El comando de Mar del Plata le ordena que continúe normalmente el viaje hacia la base marplatense. Es la última comunicación del submarino.

Jueves, 16 de noviembre, mediodía. El jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, es informado de lo que había sucedido en el San Juan. También lo notifican de que no hubo nuevas comunicaciones con el submarino.

Jueves, 16 de noviembre, 21 horas. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se encontraba en Vancouver a punto de tomar un vuelo de regreso, es informado por Srur de la situación del submarino. Aguad pone en conocimiento del caso al Presidente y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Viernes, 17 de noviembre, 8.00. Aguad arriba a Ezeiza y en la misma estación aérea lo espera el almirante Srur. Juntos se suben a un avión de la Armada y viajan a Mar del Plata. En el trayecto, Srur le asegura a Aguad que se trataba sólo de un problema de comunicaciones del submarino, que se resolvería rápidamente. Aguad le transmite esas seguridades al Presidente.

No era un problema de comunicaciones. El submarino explotó o implosionó. En ese breve relato de los momentos anteriores y posteriores a la tragedia hay dos hechos que llaman la atención. En primer lugar, la increíble desidia de la base de Mar del Plata. Ante un incendio con ingreso de agua, debió ordenarle al submarino que regrese cuanto antes a la costa, a cualquier costa, desde donde debió ser acompañado por un buque hasta el puerto de Mar del Plata. Tal vez la escolta de un buque no habría significado nada para evitar la explosión, pero el submarino hubiera estado en aguas menos profundas y cerca del sistema de comunicaciones de otro barco militar. El submarino se encontraba en el momento del siniestro en el límite mismo del talud, donde se abre una cordillera invertida. Las profundidades pasan abruptamente de 200 o 400 metros a 1000 o 3000 metros. El propio efecto de la explosión pudo sacudirlo de tal manera que lo arrojó hacia esa barranca infinita en el fondo del mar.

El segundo hecho es la demora de la base de Mar del Plata en comunicar la novedad a sus jefes y la de estos en poner en conocimiento del tema a las autoridades políticas. Aguad (y, por lo tanto, el Presidente) se enteró de lo que entonces era un percance un día y medio después de la última comunicación o casi dos días más tarde desde que sucedieron el incendio y el ingreso de agua. Es cierto que existe un protocolo naval que señala que los submarinos deben ponerse en contacto cada 36 horas, que es, más o menos, el tiempo que transcurrió entre la última comunicación del submarino y la alerta de la Armada a las autoridades civiles. Pero no era un submarino cualquiera; acababa de sufrir desperfectos que son potencialmente letales. O los jefes navales se encerraron burocráticamente en un protocolo demasiado viejo o confiaron en que la buena suerte se haría cargo de un final feliz que no sucedió.

El submarino fue reparado totalmente con la asistencia de técnicos alemanes y con repuestos alemanes. La reparación de "media vida", como le llaman, no incluyó la digitalización de la nave. Es necesario, ahora, una opinión de la empresa alemana que lo fabricó para establecer si esa reparación, que Cristina Kirchner dio por terminada con un acto político y camporista en 2014, fue correcta. Hay versiones que indican que se tercerizaron algunos trabajos en empresas sin experiencia. La auditoría deberá establecer también por qué el submarino quedó librado a su suerte y por qué la comunicación del siniestro fue tan lerda. Un submarino es una nave tan compleja -o más- que un avión. Navega en aguas profundas, las comunicaciones son frágiles (en los submarinos argentinos, al menos) y está hecho para no ser detectado. Por eso, sólo la avanzada tecnología norteamericana podría dar con el San Juan, si es que no cayó a ese abismo del océano.

Los tres jefes de las Fuerzas Armadas (el del Ejército, el de la Armada y el de la Fuerza Aérea) estaban por ser relevados. Esa decisión política ya se había tomado. La tragedia del San Juan no apresurará la salida del almirante Srur; al contrario, la postergará hasta que hayan concluido todos los trabajos para conocer fehacientemente el destino de 44 héroes argentinos y se hayan celebrado los homenajes correspondientes. El único alto jefe militar que quedará será el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa, no sólo porque es el que mejor relación tiene con el poder político, sino también porque formará parte de un cambio sustancial en las Fuerzas Armadas.

Macri quiere terminar con el aislamiento de los militares. Acordó con Aguad, después de someterlo a un preciso examen, que más del 1 por ciento del PBI será destinado a la construcción de las nuevas fuerzas militares. El personaje central de la nueva estructura será precisamente el jefe del Estado Mayor Conjunto, tal como sucede en el organigrama de los Estados Unidos. Aislados e ignorados durante doce años (y, de alguna manera, también durante todos los años de la democracia), los militares se encerraron en sus viejas percepciones. Los jefes de la Armada, por ejemplo, no querían saber nada de la cooperación norteamericana en la búsqueda del San Juan. Pero estuvieron al borde de un síncope cuando se enteraron de la colaboración británica. Aguad debió ejercer con plenitud su mando (eso le sale siempre bien) para que aceptaran toda la cooperación internacional, que es de una magnitud inédita. Vale la pena un paréntesis entre tanta rumorología: el Presidente confirmó en las últimas horas su confianza "absoluta" en Aguad.

La indiferencia política provocó el anquilosamiento de viejas estructuras. Cada una de las tres Fuerzas Armadas tiene su propio sistema de comunicación. Imposible que se comuniquen entre ellas en caso de necesidad. Cada una tiene su propio servicio de inteligencia. Hay dos marinas (la Armada y la Prefectura) y hay dos Fuerzas Aéreas (la formal Fuerza Aérea y la de la Armada). El proyecto del Gobierno consiste en que el Estado Mayor Conjunto establezca un solo sistema de comunicación y un solo servicio de inteligencia sobre cuestiones precisas de los militares. La Armada dejará de manejar aviones porque no habrá un portaviones nuevo, pero podría recuperar la Prefectura (si Aguad logra salir airoso de la segura disputa con Patricia Bullrich). La Armada prestará servicio en el mar y la Prefectura en los ríos. La Fuerza Aérea se llevará todos los aviones, incluidos los cincos nuevos Super Etendard que acaban de comprarle a Francia. El Gobierno se propone una inversión importante en el equipamiento de las fuerzas militares. "Como no tenemos casi nada, podemos comprar los equipos militares más modernos, como submarinos y aviones sin tripulantes", dijo un funcionario macrista.

¿Para qué? Esa pregunta (y su respuesta) será motivo de un largo debate en la política argentina, que, incluso, deberá pasar por el Congreso. El Gobierno estableció tres ejes para la acción de las Fuerzas Armadas: el combate al narcotráfico fuera de las fronteras (y asistencia técnica dentro de ellas); el terrorismo internacional, y la custodia del Atlántico Sur, donde está, dicen, la mayor riqueza mineral e ictícola del planeta.

Los 44 tripulantes del San Juan estaban cerca del talud porque ahí está uno de los grandes reservorios de peces, que muchas veces son depredados por pesqueros clandestinos que entran a la plataforma marítima argentina. Chocaron con el final de todo, abrupto, brutal y cruel, cuando defendían una frontera de la Argentina, valiosa e invisible.