Cambio climático: las áreas verdes crecen en el mundo, pero en Argentina se reducen

Por Julieta Roffo - Clarin.com - Un efecto de la emisión excesiva de gases
Un estudio de la Universidad de Boston mostró que el planeta reverdeció en los últimos 33 años. Pero el país quedó dentro del 4% que retrocedió. Apuntan al “desmonte desenfrenado” y el avance de las áreas de cultivo.

Fotografía sin fecha cedida por Greenpeace Argentina donde se ve un vehículo trabajando en un bosque en la norteña provincia de Salta (Argentina). Ambientalistas de Argentina han lanzado un alerta sobre el avance de la desforestación, en particular en la norteña provincia de Salta, cuyas autoridades, sin embargo, aseguran que castigan la tala ilegal y que los desmontes que autorizan se ajustan a las normas. El país suramericano aprobó a finales de 2007 una ley nacional para proteger los bosques nativos frente al avance de la frontera agropecuaria, pero la norma no ha impedido que, según datos de Greenpeace, cada año se desforesten unas 250.000 hectáreas, apenas un 20 % menos que antes de la ley. EFE

Al contrario de lo que el sentido común sospecharía, el mundo está más verde que hace 33 años. Unos 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre –casi diez veces la superficie argentina, con su territorio antártico incluido– reverdecieron entre 1982 y 2015. Eso afirma un estudio estadounidense que publicó la revista científica Nature Climate Change en las últimas semanas, a contramano de la preocupación internacional por mitigar los efectos del cambio climático. Según los investigadores, la creciente emisión de dióxido de carbono –uno de los gases de efecto invernadero– acelera la fertilización de hojas, plantas y árboles. En el mapa elaborado por los autores de la investigación, sin embargo, hay un dato preocupante para la Argentina: en el país no sólo que no aumentó la superficie verde, sino que se redujo.

“En la Argentina los desmontes están desenfrenados: reemplazamos los bosques patagónicos, la selva misionera y en los últimos años el monte chaqueño, por zonas de cultivos efímeros, a veces incluso monocultivos, que no son propios del lugar, como algodón, soja o poroto. Perdemos zonas de una biodiversidad que podría permitir que el carbono se fije y entonces cambiamos verde por marrón clarito”, cuenta Pedro Friedrich, director de la fundación Banco de Bosques. Y agrega: “El sistema agroindustrial argentino deja el suelo descubierto una gran porción del año y todo queda muy expuesto al rayo del sol; se parece más a la minería que a la agricultura”.


Fotografía sin fecha cedida por Greenpeace Argentina hoy, martes 22 de julio de 2014, donde se ve un vehículo trabajando en un bosque en la norteña provincia de Salta (Argentina).

Ambientalistas de Argentina han lanzado un alerta sobre el avance de la desforestación, en particular en la norteña provincia de Salta, cuyas autoridades, sin embargo, aseguran que castigan la tala ilegal y que los desmontes que autorizan se ajustan a las normas. El país suramericano aprobó a finales de 2007 una ley nacional para proteger los bosques nativos frente al avance de la frontera agropecuaria, pero la norma no ha impedido que, según datos de Greenpeace, cada año se desforesten unas 250.000 hectáreas, apenas un 20 % menos que antes de la ley. EFE/Martín Katz/Greenpeace Argentina

La deforestación argentina también fue observada por las Naciones Unidas: en un informe de 2015 el país fue señalado como uno de los diez que más desmontan sus bosques, a razón de 300 mil hectáreas anuales durante el último cuarto de siglo.

Consultado sobre cómo frenar esos niveles de desmonte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sostiene: “Hasta ahora la ley de bosques tenía un fondo de 240 millones de pesos, lo extendimos a 390 millones para financiar proyectos de preservación. En las zonas en las que todavía está permitido el desmonte, una de las iniciativas es que organismos internacionales financien la ganadería dentro del bosque nativo como modelo alternativo a la agricultura. De esta manera, se reduce la deforestación”.

El biólogo Ranga Myneni, uno de los investigadores de la Universidad de Boston que hicieron el estudio, dialogó con Clarín sobre lo que ellos llaman “enverdecimiento” del mapa global: “Hallamos que hay más hojas verdes, más plantas, más árboles que antes. En áreas que ya eran verdes y en áreas que no lo eran”, dice. Según el estudio, en un 40 por ciento de la superficie terrestre se extendió el verde mientras que en un 4 por ciento del planeta observaron un retroceso: en esa pequeña porción se ubica la Argentina. El 70 por ciento del aumento de la superficie verde se produce por las crecientes emisiones de dióxido de carbono, muchas veces originado en la quema de combustibles fósiles.

“Una porción del dióxido de carbono que estamos emitiendo se almacena temporalmente en plantas y árboles, pero hay estudios que demuestran que esta fertilización no durará”, profundiza Myneni, que analizó la medición del índice de hojas que hicieron tres satélites en todo el mundo durante más de tres décadas. Entre otros límites para que el “enverdecimiento” avance se encuentra la necesidad de agua, un recurso cada vez más escaso.

Las emisiones de dióxido de carbono contribuyen al tan temido cambio climático. La creciente temperatura global, el deshielo, el incremento del nivel del mar y la radicalización de las tormentas tropicales son algunas de sus consecuencias (ver aparte). Este aumento de la superficie verde puede ser leído como una contracara de tantos efectos negativos, aunque los especialistas aclaran que no logra compensarlos. “No debemos ver este ‘enverdecimiento’ como un motivo para evitar los recortes del dióxido de carbono en la atmósfera”, afirma Myneni.

Así oculta Lázaro la compra de sus propiedades

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com

El empresario Lázaro Báez es dueño de la Estancia La Violeta, en Río Grande, Tierra del Fuego, aunque en realidad no la haya comprado. La información es un certeza aunque parezca ilógica. En el boleto de compra-venta de esos 200 mil metros cuadrados se lee que el comprador fue el señor Alfredo Benjamín Zárate. Según esos papeles notariales, la operación se realizó en el 2012 por 800 mil dólares. Pero no es Zárate el propietario de la Estancia La Violeta. Es Báez.

El constructor K no tiene doble identidad. Ni es capaz de ser dos personas al mismo tiempo, una regla universal de la física. Clarín accedió al documento “Acuerdo Complementario de Compraventa y Reconocimiento de Deuda”. Son papeles reveladores del modo con el que Báez compró y ocultó propiedades en los últimos años.

En ese segundo “acuerdo” por La Estancia La Violeta, se especifica que fue Alfredo Benjamín Zárate compró esa propiedad pero como “apoderado” de Badial S.A, una de las sociedades de Báez.A eso se suma más información sospechosa. Este último documento detalla que La Estancia La Violeta fue vendida a Zárate-Badial por 1.200.000 dólares, y no por 800 mil dólares como aseguraba el primer trámite al respecto. La diferencia es de 400 mil dólares...

Esta forma de adquirir inmuebles manteniendo su verdadera identidad oculta, y también su precio, no es una excepción para el holding de Báez.

La diputada Margarita Stolbizer (GEN), y su abogada, Silvina Martínez detectaron que Zárate compró en representación del empresario K más propiedades que las mencionada hasta ahora.
La legisladora y su patrocinante presentarán hoy esta nueva información en el expediente de”La Ruta del Dinero K”. El inmueble de 25 de mayo 1475 de Río Grande, por ejemplo, también fue comprado por Zárate, el “apoderado” de los Báez. Esa operación fue impulsada por “MyP”, una empresa del constructor K que presidía su hija, Luciana Báez.

La legisladora Stolbizer, y su abogada, le revelarán al doctor Casanello que estos inmuebles “nunca fueron inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente a nombre de su verdadero titular. Y darán un argumento al respecto: así se impediría “su rastreo e indidualización”, lo que permitiría que estas propiedades sean “afectados por la inhibición de bienes decretada” sobre el patrimonio de Báez.

El potencial en los verbos de la frase anterior fue adrede: a pesar de las argucias notariales de los Báez, se descubrió igual que los verdaderos dueños de esas tierras eran ellos.

Revisarán la concesión del ex Paseo de la Infanta en Palermo

Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION
En 20 arcos bajo el ferrocarril funciona un polo con la presencia de grandes marcas de comida; el gobierno nacional considera que el canon actual, de $ 55.000, debe subir a $ 250.000


El paseo explota 20 arcos bajo las vías del tren San Martín, entre Libertador y Freyre. Foto: Maxie Amena

Lo que se ve al caminar por el paseo Marcela Brenda Iglesias, ex Paseo de la Infanta, son locales gastronómicos que encajan como piezas de dominó entre los arcos del viaducto, debajo de las vías del ferrocarril San Martín. La combinación de paredes rústicas, vidrios y madera forma un paraje perfecto, en medio del verde que aporta el parque Tres de Febrero, en Palermo. Lo que no se ve son los entretelones de su funcionamiento, con irregularidades en el contrato de concesión y sospechas de empresarios favorecidos por vínculos políticos para obtener la explotación del espacio.

Así lo denuncian las nuevas autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que controla y regula el destino de las propiedades pertenecientes al Estado argentino, como este predio de 36.000 m2 de superficie bajo el puente ferroviario, entre la Avenida del Libertador y Freyre, a pocos metros de El Rosedal. El organismo pondrá la lupa en ese contrato tras detectar anomalías como la adjudicación directa y sin licitación previa, valor de canon bajo y prórroga por plazos extensos.

La revisión de la concesión del paseo Marcela Brenda Iglesias, bautizado así en honor a la niña de seis años que murió allí aplastada por una escultura en 1996, es tal vez uno de los casos más simbólicos en los que trabaja la AABE. Pero no es el único. Desde diciembre, el organismo viene analizando todos los contratos con el sector privado que estén ligados con bienes estatales. En la ciudad de Buenos Aires ya se actualizaron 27 contratos cuyos cánones eran muy bajos. Con los ajustes, el Estado pasó de recaudar $ 500.000 a $ 3.000.000 por mes.

El ex Paseo de la Infanta está dado en concesión a la empresa Panter SRL, que el 26 de febrero de 1993 suscribió un contrato con Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima. Desde la muerte de Marcela Iglesias hasta 2006, estuvo dominado por el abandono. Finalmente, el 29 de diciembre de 2010, la entonces Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF) extendió la explotación a la mencionada firma hasta diciembre de 2018, con una prórroga automática por 24 meses más. El canon mensual establecido fue de $ 55.000 y desde ese momento no se actualizó.

La AABE reemplazó a la ADIF.

Negocio ventajoso
En los 20 arcos bajo las vías, funcionan los locales de McDonald's -la primera empresa que se instaló en el paseo para su reapertura, en 2012-, Starbucks, un gimnasio de crossfit, Rock and Ribs, Santa Crepa, la heladería Lucca, Coronita Pizza, Crobar, entre otros. Cada uno de ellos paga, en promedio, $20.000 de alquiler mensual más expensas. "Panter SRL subarrienda los locales y paga un canon excesivamente bajo. Se tendrán que sentar a negociar un nuevo valor, más acorde con los tiempos actuales de la Argentina. Si no, la agencia puede suspender el contrato y llamar a una nueva licitación", confirmó a LA NACION el presidente de la AABE, Ramón Lanús. "Vamos a analizar las condiciones del contrato y de qué forma llegaron al predio, porque la adjudicación no fue muy clara y fue directa", agregó.

El organismo nacional pretende darle un giro a su rol de controlador de los bienes del Estado, como -aseguran- no ocurrió en la gestión anterior. La actualización de los valores en los contratos de alquiler de galpones en predios ferroviarios o portuarios, y en terrenos explotados con fines comerciales, se realiza en todo el país. En la Capital, puntualmente, los ajustes implicaron elevar los cánones cinco veces más, en promedio, para cada concesionario. "En el caso del ex Paseo de la Infanta aplicaremos la misma lógica", adelantó Lanús. En ese caso, Panter deberá abonar al menos $ 250.000 por mes.

La AABE dijo haber convocado a los responsables de la empresa para sentarse a negociar. "A nosotros no nos llamó nadie", dijo uno de los socios de Panter, que pidió no ser identificado. "Reconozco que es irrisorio el canon que figura en el contrato por la inflación que hubo en los últimos años. Tenemos voluntad de negociar porque la idea es continuar en el lugar", aseguró.

Fallas en el inventario de bienes públicos

(La Nación) - Sólo estaban relevados los inmuebles fiscales de la mitad de las provincias


Hace cinco meses, cuando asumieron las nuevas autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se encontraron con una situación preocupante. Dos datos sirven para sostener esa sensación: el 93% de los contratos entre el gobierno nacional y los privados que explotan inmuebles del Estado estaban vencidos y sólo la mitad de las provincias habían informado el registro de las propiedades públicas situadas en cada jurisdicción.

La AABE fue creada en 2012 por la necesidad de organizar un sistema de administración de los inmuebles que le permitiese al Estado disponer de manera inmediata de los mismos. De esa forma, podría controlar su uso y orientarlos al beneficio de distintos planes, programas y proyectos. Pero no es posible hacerlo sin un inventario actualizado.

A su vez, el Registro Nacional de Bienes del Estado (Renabe) fue creado por decreto por la entonces presidenta Cristina Kirchner para que las provincias informen obligatoriamente una vez por año la situación técnica, catastral y dominial, las condiciones de uso, ocupación, conservación y los contratos de los inmuebles.

"Desidia"
"Al 10 de diciembre de 2015, el registro contabilizaba 20.000 inmuebles en todo el país. Hoy ya sumamos 50.000 inmuebles y seguimos en un proceso de relevamiento", explicó el presidente de la AABE, Ramón Lanús. "No encontramos corrupción, sino mucha desidia", amplió.

La nueva gestión del organismo detectó sólo un 10% de la información registrada lo que generó una inconsistencia entre los documentos y el sistema. Además, las propiedades no estaban geolocalizados y faltaba un mapeo nacional. "Encontramos ausencia de un marco regulatorio para la contratación, irregularidades por falta de licitaciones y cánones muy bajos. Son situaciones que están siendo evaluadas", indicó Lanús.

Una Aduana al servicio del contrabando

(Editorial del diario La Nación) - Durante la conducción de Echegaray, la AFIP no sólo apañó la corrupción kirchnerista, sino que también fomentó la actividad de mafias de contrabandistas


La corrupción en los años del kirchnerismo fue altamente contagiosa, y una de las mejores muestras de esa epidemia fue la Aduana, que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entonces a cargo de Ricardo Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la Nación, pese a las graves sospechas de corrupción que recaen sobre él.

En 2011, tres hermanos de apellido Paolantonio crearon una empresa de transporte con un capital de 80.000 pesos. Ubicada a pocas cuadras de la Casa Rosada, la firma, supuestamente dedicada al transporte de contenedores, en realidad era sólo una pantalla para una de las mayores operaciones de contrabando de las últimas décadas, que pudo llevarse a cabo sin problemas hasta el año pasado por contar con la activa complicidad de funcionarios aduaneros que cobraban importantes coimas de los hermanos Paolantonio.

En 2014, la empresa movilizó 180 contenedores, y el año pasado, más de 500. En su interior había productos generalmente fabricados en China, embarcados en Hong Kong. Mediante el pago a la Aduana de coimas que iban de 40.000 a 80.000 dólares por contenedor, los Paolantonio lograban introducir en el país cuanto deseaban.

Estas maniobras delictivas ejecutadas en gran escala y a lo largo de varios años se descubrieron cuando, tras el cambio de gobierno, asumieron las nuevas autoridades al frente de la Aduana, encabezadas por Juan José Gómez Centurión. Ante las sospechas sobre el peso de algunos contenedores, los enviaron a canal rojo para ser inspeccionados. Sin la protección aduanera, sufrían ahora el control exhaustivo de documentación y mercadería, cuando antes, gracias al arreglo, pasaban siempre por el canal verde. Entonces, comenzaron a acumularse esos contenedores en puertos y depósitos fiscales, porque obviamente nadie los reclamaba por tratarse de contrabando. Sumarían entre 3500 y 4000 contenedores, de los cuales más de 300 pertenecerían a las operaciones de los Paolantonio, quienes contaban con varias empresas importadoras cuyos titulares eran otra personas, presuntamente testaferros de los hermanos. La Aduana procedió a revocarles la habilitación a los depósitos fiscales que dieron cabida al contrabando de los Paolantonio, como los ubicados en el Mercado Central y Terminal Carga Tigre, en la zona norte.

En marzo, la Aduana efectuó la denuncia ante la Justicia. En la causa, a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, es importante que no sólo se llegue a los funcionarios aduaneros que autorizaban el ingreso al país de los contenedores con contrabando, sino también a sus superiores, y a partir de ellos determinar el verdadero papel cumplido por Echegaray. Dentro de la AFIP, la Aduana se encarga de recaudar los impuestos asociados al comercio exterior, aplicar la legislación sobre la importación y exportación de mercaderías y controlar el tráfico de los bienes que ingresan o egresan en el territorio aduanero. En esta tercera obligación es donde la Aduana no sólo fracasó, sino que fue parte activa en un delito que por sus dimensiones tiene que haber contado con la complicidad de muy importantes funcionarios.

Como informó LA NACION, una de las primeras medidas adoptadas por la nueva conducción de la Aduana fue cancelar la habilitación de varios depósitos fiscales, mientras se prepara para revisar los precintos electrónicos que se emplean para monitorear tránsitos y traslados de mercaderías. Fue Echegaray quien decidió acelerar la aplicación obligatoria de los precintos electrónicos de monitoreo aduanero.

Si bien hay cinco prestadores de los precintos, el mercado sabe que sólo tienen dos dueños: Saetech, propiedad de Miguel Pascucci, presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales, y RSI Group, de un amigo de Echegaray: Sergio González, a quien pertenecerían las otras tres prestadoras.

En 2014 se conoció que Echegaray estuvo en un lujoso hotel de Copacabana con Jorge "el Uruguayo" Lambiris y González. En aquel entonces, a Lambiris se lo sospechaba de ser el principal proveedor de mercadería prohibida. Lambiris era, además, dueño de Carestiba, el depósito fiscal cancelado recientemente por la Aduana.

Por esas vinculaciones es que resulta imprescindible determinar el rol de Echegaray en las maniobras de contrabando. De confirmarse, el actual titular de la Auditoría General de la Nación, ya imputado en más de una causa, habría propiciado el delito que debía combatir. No sería de extrañar. Lo mismo hizo al otorgarles una inaudita protección a Lázaro Báez y a Cristóbal López, junto a quienes se encuentra acusado.

La gravedad de las imputaciones que pesan sobre Echegaray es otro argumento para que abandone su actual cargo, antes de que intente volver a usarlo en provecho propio.

Industria sin chimeneas, pero con divisas: el turismo despega con nuevos jugadores e inversiones por US$ 22.000 millones

Por Ignacio Federico - LA NACION
Cadenas de hoteles y aerolíneas internacionales impulsan el crecimiento en el país; el sector prepara su estrategia para captar a los viajeros provenientes de América del Norte y Asia


Foto: Javier Joaquín

En la estrategia para el despegue económico de la Argentina hay una ingrediente clave, en el cual el Gobierno tiene puestas más de una ficha. Se trata del turismo, una industria que mueve $ 139.100 millones por año (el último dato oficial es de 2014), que, para darse una idea, es 4,3 veces más caudaloso que el gasto en shoppings del Gran Buenos Aires y apenas menor que las ventas en supermercados ($ 180.837 millones), según datos del Ministerio de Turismo. Además, el sector emplea a más de un millón de personas (el 5,4% del total en el país) y representa entre el 3% y 7% del PBI, según las actividades que se incorporen. Sin embargo, la balanza turística es deficitaria en US$ 1300 millones, a diciembre de 2015.

En esta línea, se prevé un despegue para el sector, en el que jugará un rol importante tanto la inversión pública como la privada. Así, entre este año y 2019 se espera un desembolso de $ 11.544 millones, que aportarán el Ministerio de Turismo de la Nación, los gobiernos provinciales y el financiamiento internacional. A esta cifra hay que sumarles otros $ 10.719 millones que aportará el mundo de las empresas, sobre todo del rubro hotelería (con 89 nuevos hoteles en construcción por $ 4780 millones) y transporte de larga distancia (con más de $ 2000 millones). Pero también se destacan los desembolsos en complejos termales (unos $ 1500 millones) y los centros de esquí ($ 1200 millones) de los que son fanáticos los brasileños. El turismo corporativo también juega un rol relevante: habrá $ 1116 millones que se invertirán en centros de convenciones.

Por eso, ya son varios los jugadores que anunciaron su desembarco o que sondean a las autoridades locales para hacerlo pronto. En hotelería, el grueso estará puesto en el segmento medio, conocido en la industria como selective services, más algo en alta gama, coinciden expertos del sector. Por caso, el Grupo IHG (InterContinental) busca invertir en el país, para expandir sobre todo su marca Holiday Inn tanto en Buenos Aires como en el interior.

Por su parte, Hyatt también busca apostar a su marca Place, mientas que Marriott, que en julio próximo concretará su fusión con Starwood, quiere volver con marcas propias, tras haber dejado el Plaza en 2013, en manos de la familia Sutton -dueña del Llao-Llao y el Alvear- por $ 280 millones. Otra que mira atenta el repunte local es Hilton, que quiere desarrollar su marca Garden Inn, en el segmento medio, y Conrad, en el de lujo. También evalúa abrir otro Hilton para Buenos Aires en el mediano plazo.

En la lista de empresas que ya confirmaron su decisión de incrementar sus inversiones en el mercado local hay que incluir al grupo español Iberostar. Su dueño, Miguel Fluxà, estuvo reunido hace unas semanas en el Ministerio de Turismo para avanzar con la llegada de su cadena hotelera. En el mismo sentido progresa otra española, Globalia, que cuenta con la cadena hotelera Be Live y la línea aérea Air Europa. "También hay cadenas chinas que quieren venir y nos interesan mucho, porque son fundamentales para fidelizar a los turistas asiáticos. Estamos haciendo presión sobre varios grupos chinos", dice Gustavo Santos, ministro de Turismo de la Nación. Según el funcionario, hay más cadenas, como NH y Amerian, interesadas en crecer en la Argentina con nuevos hoteles.

"Va a venir un empuje de inversiones hoteleras. La Argentina genera interés como no lo hacía hace años. Los inversores ven que cambió el clima de negocios y va a ser 'el' mercado de la región: en ocho años, el país duplicará la cantidad de turistas, a 12 millones, y el negocio, a US$ 15.000 millones anuales", asegura Arturo García Rosa, presidente de la consultora RHC Latin America y de la South American Hotel & Tourism Investment Conference (Sahic). Advierte, sin embargo, que "hasta 2017 no se va a concretar nada".

En el mundo aéreo hay que distinguir dos vertientes, según explica el especialista Santiago García Rúa: por un lado, las líneas aéreas que quieren venir al país a hacer cabotaje y, por otro, la llegada de vuelos de firmas internacionales. En el primer grupo se anotan Avianca, la colombiana que compró MacAir y está dispuesta a competir con Aerolíneas Argentinas y Lan. La firma también hizo averiguaciones por las operaciones que dejó Sol. Lo mismo que la low cost irlandesa Ryanair, que ya tiene algunas marcas en la región, como VivaColombia y VivaAerobus (México). Sin embargo, en la Argentina encuentra dos obstáculos: no quieren empleados agremiados y buscan que el Gobierno elimine la tarifa mínima que todavía rige en los vuelos de cabotaje (en febrero último suprimió la franja máxima de la banda tarifaria), para lo cual se reunieron con Guillermo Dietrich, titular de la cartera de Transporte. "Se fueron un poco decepcionados", dijo una fuente que conoce de cerca las negociaciones.

"El cabotaje se está poniendo interesante, porque era un mercado cerrado y ahora se abre. Quizás alguna compañía más aparezca, además de Ryanair y Avianca", analiza García Rúa, quien también es editor de Aviación News. "En transporte aerocomercial y terrestre estamos a la mitad de Colombia, Chile y Perú en cantidad de pasajeros, y son países con menor población", compara Santos.

"Los planes de la actual gestión de duplicar el número de pasajeros aerocomerciales en cinco años son muy positivos para las líneas aéreas, el país y las distintas comunidades en las que operan", dice Felipe Baravalle, director ejecutivo de Jurca, la cámara de líneas aéreas en la Argentina.

En el segundo grupo, el de las compañías internacionales que llegan al país, se destaca la chilena Sky Airline, que ya anunció que expandirá sus destinos en la Argentina: tenía un vuelo a Buenos Aires y desde junio sumará otro Córdoba y, en diciembre, otro a Mendoza. En la lista siguen Bariloche e Iguazú. También se incorpora el vuelo Córdoba-Asunción-Madrid de Air Europa, que arranca el 2 de julio, con cuatro frecuencias semanales, y en vistas de incorporar rápidamente una quinta. Y desde el 1° de julio, LAN volverá a volar a su hub de Lima desde Rosario (ya lo hace desde Buenos Aires y Córdoba), cuatro veces por semana; luego sumaría Salta, desde el 16 de junio, tres veces por semana; y Mendoza, desde febrero próximo, cuatro veces por semana. También es conocido el interés de American Airlines por la ruta Córdoba-Miami, sobre todo desde que Aerolíneas Argentinas mudó a Buenos Aires las dos frecuencias que cubrían ese corredor, pero aún no hay definiciones.

Desde más lejos, Air New Zealand une Buenos Aires con Auckland desde diciembre, lo que ya provocó que el primer trimestre del año creciera 55% el turismo proveniente de Oceanía.

Otro mercado en expansión es el asiático, que los tres primeros meses del año avanzó 16%. China crece al 25% anual hace algunos años. Hace cinco, "no existía" y en 2015 llegaron 30.000 chinos al país; el objetivo es multiplicarlo de cinco a diez veces. "Queremos que todos los ciudadanos chinos con visa a los Estados Unidos o de la Comunidad Europea no necesiten visa para entrar a la Argentina. El objetivo es que los millonarios de aquél país que viajan por el mundo puedan venir libremente", dice Santos, que busca una mayor conectividad con el gigante asiático.


Foto: Javier Joaquin

Una posibilidad, dice, es ajustar el horario del vuelo de Aerolíneas Argentinas a Nueva York para conectar con código compartido con China Eastern (ambas están en el grupo Sky Team), o también unir Shanghai y Buenos Aires vía Madrid con Iberia. China Eastern también vuela a Madrid y ahí podría conectar con Aerolíneas Argentinas y Air Europa.

De la mano de la nueva conducción de Isela Costantini, Aerolíneas aumentó este año la capacidad de asientos en cabotaje en un 20%, agregando más frecuencias sin pasar por Buenos Aires. La estrategia es potenciar a Córdoba y Rosario. Con el mismo objetivo, también se incrementarán los vuelos para unir el norte y el sur del país, mientras que a nivel internacional, se sumaron dos frecuencias semanales diurnas non-stop a Miami, llegando a un total de 16 por semana, y se aumentaron los vuelos a Roma, Barcelona, Cancún y Punta Cana.

En tanto, Air China ya llega a San Pablo y se busca que también baje a Buenos Aires, como lo hacen Turkish y Emirates. "Hay que pensar por dónde vienen los chinos. Vamos a trabajar con Emirates para ver todos los enlaces asiáticos que hay para traerlos y también con el hub de Dubai; con los de Qatar lo mismo. Y con la gente de Turkish me voy a juntar en Estambul para coordinar una red de inserción con Asia a través de ese hub y para que en 2017 haya un vuelo directo desde esa ciudad a Buenos Aires y que se mantenga el que ahora llega vía San Pablo; hay un acuerdo bastante avanzado", explica Santos.

Margen para crecer

Todo esto busca potenciar un sector cuya foto dista mucho de ser la ideal. El país ocupa el puesto 46 en el ranking global y es el segundo en Sudamérica, detrás de Brasil, con 5,7 millones de turistas que llegaron desde el exterior en 2015 (si se toman en cuenta todas las vías de acceso), unos 200.000 menos que el año anterior. Y la meta aspiracional del Ministerio de Turismo para 2019 es sumar tres millones nuevos visitantes, para alcanzar, con viento a favor, un total de nueve millones.

El mercado norteamericano tiene "gran potencial", dice Santos. La estadía per cápita bajó de US$ 1500 a US$ 1300, y hoy los procedentes de los Estados Unidos y Canadá no llegan a 300.000. "Queremos casi duplicarlo", se entusiasma el titular de Turismo, quien justifica con cifras su optimismo: el turismo emisivo de los Estados Unidos creció 11,1% y la Argentina no recibió nada de ese incremento.

En esta línea, en el sector creen que las decisiones económicas del gobierno de Mauricio Macri fueron un incentivo en sí mismo: el mercado norteamericano creció 8,5 puntos durante el primer trimestre de este año. La visita de Barak Obama tuvo condimentos extra: tomó mate, bailó tango y viajó con su familia a la Patagonia. Los empresarios locales apuestan a que el presidente norteamericano se convierta en la mejor publicidad para la Argentina.

Las apuestas para crecer - Cómo hará la industria para consolidar su expansión

Hoteles para todos - El país sumará 89 hoteles nuevos con una inversión de $ 4780 millones. Marriott, Hilton, NH, Hyatt e Iberostar son algunas de las cadenas con planes para el mercado local.

Ezeiza recargada - Avianca acaba de concretar la compra de MacAir y Ryanair confirmó su aterrizaje. Sky, Air Europa , LAN y Air New Zealand planean sumar nuevas frecuencias.

Asia bienvenida - Aerolíneas Argentinas negocia un código compartido con China Eastern y Air China. También se espera que Turkish y Emirates incorporen más vuelos a Buenos Aires.

Mirando al Norte - El Gobierno busca duplicar el número de visitantes provenientes de Estados Unidos y Canadá, que hoy suman 300.000 turistas al año, con un gasto per capita por estadía de US$ 1300.

Denuncia penal por los giros de fondos a las intendencias

Por Ezequiel Spillman | Perfil.com
El Gobierno acusó al Ministerio del Interior de no haber rendido cuenta de las transferencias.


Camporistas. El denunciado Ignacio Lamothe tenía como referente a Eduardo | Foto: Cedoc

Unos 25 millones de pesos bajo la lupa. Dudosas transferencias de fondos a municipios. Y una denuncia penal por administración fraudulenta contra un joven de La Cámpora.

Esa es la síntesis del caso que llevó ayer al gobierno nacional a denunciar por presunta malversación de fondos al ex secretario de Asuntos Municipales del kirchnerismo, Ignacio Lamothe, un hombre que respondía a Eduardo “Wado” De Pedro, quien fuera secretario general de Cristina Kirchner.

La denuncia penal, presentada el 30 de marzo y ratificada este lunes por el Ministerio del Interior, recayó en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio, quien deberá investigar a los ex funcionarios de la agrupación que creó Máximo Kirchner.

La denuncia del macrismo se centra en diversas irregularidades en la rendición de cuentas del 95% de los $ 25,5 millones que tenía Lamothe para repartir de manera directa entre distintos municipios y que quedaron en la mira.

Según consta en el escrito presentado en Tribunales, al que tuvo acceso PERFIL, “se ha detectado que existen varios expedientes sin rendiciones de cuentas en los cuales existe una evidente y notoria inactividad procesal por parte de la secretaría de Asuntos Municipales”, que dependía del entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo.

La rendición de cuentas es un elemento central para poder determinar dónde y de qué manera se ejecutaron los fondos que se enviaron a un determinado municipio.

“En ningún expediente se observa que se haya consignado fecha de recepción de la rendición de cuentas, tampoco existía una metodología eficaz y ordenada para recepcionar las rendiciones, ya que eran recibidas por cualquier persona y por cualquier Unidad (organismo público), sin consignar quién las recibía y la fecha y hora de recepción”, denunciaron los abogados del Gobierno.

También se detectaron rendiciones “sin tratamiento alguno, no fueron ni aprobadas ni observadas”.

En la denuncia, además de Lamothe, a quien se lo acusa de “delitos de acción pública”, también se involucra a Santiago Gerber, quien era el titular de la Unidad Organizativa y coordinador regional de la secretaría, y a Manuel Neila, titular de la Unidad operativa y coordinador del Programa “Mi pueblo”.

Ahora le tocará a Bonadio, con la colaboración de la Secretaría Nº 21 a cargo de Carolina Lores Arnaiz comenzar el proceso de investigación para determinar responsabilidades, en la misma semana en la que fue ratificado en la causa por el dólar futuro y mientras avanza con las presuntas inconsistencias en el Hotel Los Sauces de la familia Kirchner.

Es la segunda denuncia penal que roza a “Wado” De Pedro. La anterior fue por presuntos sobreprecios en viajes de la Secretaría General de la Presidencia. En ese caso. la Justicia impulsó una investigación para determinar quiénes se quedaron con 330 mil dólares en viáticos mal liquidados de viajes.

De La Cámpora a Randazzo

Ignacio Lamothe no sólo fue secretario de Asuntos Municipales y era uno de los enlaces con municipios pequeños y comunas del Interior sino que fue parte de la colonización de La Cámpora en el Gabinete.

En la segunda parte de la gestión de Cristina Kirchner se abrieron varios ministerios para el desembarco de la agrupación juvenil, y Florencio Randazzo fue uno de los que le dio lugar. En 2012 el Ministerio del Interior le dio la secretaría a Lamothe, quien con sólo 32 años fue recomendado por Eduardo “Wado” De Pedro, a quien conocía de Mercedes.

Wado De Pedro no era un militante más: ya era uno de los más influyentes dirigentes al lado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Atucha II: las decisiones y los sobreprecios que le salen caros al país

Por Néstor Farías Bouvier | Perfil.com
El autor de la nota, que fue presidente de Nucleoeléctrica Argentina durante dos años, compara los gastos en la Argentina con obras similares en el mundo.


La construcción está llena de adjudicaciones dudosas que beneficiaron a los amigos del poder. | Foto: Telam

Es el caso de un proyecto de tecnología única y terminación compleja, cuyo éxito técnico fue opacado por un enorme sobrecosto y plazo de ejecución con evidencias de corrupción organizada.

El largo proceso de terminación del 15% faltante de la central nuclear Atucha II, con cerca de US$ 5 mil M de sobrecosto, y las tramas que se utilizaron para beneficiar a los socios K, deben determinarse claramente para deslindar, al sector nuclear y sus profesionales.

Movimientos y actores del proyecto a partir del año 2000 (ya analizada en artículos anteriores la paralización en 1995).

Cuando asumí como presidente de Nucleoeléctrica Argentina (2000-2001), mi gestión se centró en el mandato del jefe de Gabinete de Ministros, Rodolfo Terragno y el secretario de Energía, Daniel Montamat; esto era, analizar la viabilidad técnica y factibilidad económica de completar la construcción de la Central Nuclear Atucha II –proyecto que había sido paralizado en 1995– y mejorar la gestión de la empresa.

Teníamos un proyecto parado, con importantes costos de mantenimiento de equipos sin instalar, el desarrollo de técnicas propias para mantenerlos dentro de sus especificaciones (sin estar funcionando), muchas partes sin montarse y equipos sin respaldo de sus fabricantes, algunos ya inexistentes.

Como decisión inmediata a tomar, heredamos analizar profundamente un acuerdo de deuda por US$ 120 M, reconocida en acuerdo por el directorio anterior, basado en las retenciones de garantía realizadas sobre los US$ 2.400 M facturados por los dos complejos contratos con Siemens, a sólo dos meses de asumir debíamos cancelar US$ 20 M de la primera cuota. Rechazamos el acuerdo de deuda y llevamos el caso a arbitraje en la Cámara de Comercio de París. Tres años después, el fallo a favor de NASA, ahorró al país US$ 120 M –suma que hoy parece irrelevante, en el actual torbellino de dólares (¿o euros?) espurios. Otros pagos inevitables de US$ 250 mil M mensuales por mantener el equipo profesional de Siemens stand by terminaron sumando US$ 30 M.

Esta breve introducción sirve para sostener el riguroso replanteo del presupuesto de inversión de finalización de la central nuclear que sumó US$ 870 M, y la factibilidad económica dio una tasa de retorno de la inversión remanente, del 11,4% que le hizo ganar aceptación e impulso inicial. Tenía, adicionalmente, ventajas de interés para el sector; dar nueva vida a la planta de agua pesada (sin destino sin Atucha II), impulsar el ingreso de profesionales jóvenes a un sector que languidecía, bajar el costo de combustible para todas las centrales, etc. Actualicé luego el presupuesto inicial, (paridades de las monedas de inversión) a unos US$ 1.100 M (2004 publicado en Archivos del presente e Informe industrial).

Mejoramos de manera sustentable, la gestión de la empresa, con importantes logros económicos y organizacionales, incrementando los resultados, anualizado, en US$ 25 M, gracias a la colaboración del hoy presidente de NASA y el grupo de profesionales con los que tuve la oportunidad de tratar y trabajar valorando su fuerte compromiso y avidez de excelencia.

La comisión que creó Terragno de cinco secretarios de Estado, más el presidente de NASA, para diseñar el camino de la terminación de Atucha II se frustró con la salida de Terragno del gobierno de De la Rúa y el reemplazo de Montamat en la Secretaría de Energía por Deborah Giorgi, que terminó por hundir el proyecto. Salí de NASA tras la previsible falta de sintonía con la nueva secretaria.

En noviembre 2003, inicios del gobierno de Kirchner se conoció la decisión de retomar el proyecto por el Gobierno, bajo la errónea idea de que la inversión costaría US$ 450 M y estaría terminada en 2007 (sic, ministro De Vido, seminario del IESE Business School en IAE, 25/11/ 2003). A partir de este equivocado presupuesto es que se tomó la decisión de avanzar. Un anticipo de cómo se manejarían las decisiones sobre obra pública durante la década perdida.

No obstante esa temprana decisión, se tardó un año en armar la trama “para expoliar al Estado, la componían el ministro De Vido, el subsecretario Roberto Baratta y el director del proyecto y luego presidente de NASA José L. Antúnez, del otro lado, la gran contratista del proyecto Electroingeniería-Vialco y empresas relacionadas”. Como el contrato no tiene precio fijo sino costo unitario por los distintos niveles del personal aportado y dirigido por la empresa y ello incluye un importante plus de gastos generales y beneficio para la misma, si se incrementa artificialmente el personal requerido el contratista aumenta proporcionalmente su beneficio, desmedido al estilo K.

Atrasado el proyecto, en julio del 2012 advertí, (Prensa energética) que Atucha II ya llevaba requeridos fondos por US$ 2.500 M en evidente exceso al presupuesto original. La cifras la levantó Clarín, 27/11/12 y provoco reacción. Un día antes, el 26/11/12, más de dos meses desde la publicación en Prensa energética, el subsecretario del ex ministro De Vido, Roberto Baratta, criticó en varios medios oficiales mi estimación (¿sabía Baratta lo que saldría al día siguiente en Clarín?). Afirmaba que la Central no había invertido esas cifras, y que estaría terminada para fines del 2012 (cuatro meses después). Erró la estimación por dos años, sin informar nunca “su cifra real” de lo invertido.

El mecanismo de “La trama” para aumentar ingresos en números gruesos nos muestra que el costo de la obra contemplaba un plazo de 4,5 años y un promedio anual de personal total de contratistas y propio de 2.240 personas, o sea un total de 10.080 años-hombre, el plazo real de obra fue de 12 años y con un pico de 7.200 personas facturándose, y un total de 35.850 años-hombre, la mayoría por empresas del Grupo Electroingeniería, Vialco y otras participadas por el Grupo con el esquema K, “si me das acciones crecés y ganás más que con la propiedad del 100%”, modelo adoptado con Repsol, con YPF-Eskenazi y otros ganadores de la década perdida.

Pero el costo no terminó allí, siguieron facturando hasta marzo del 2016 (unos veinte meses después de terminada la obra el sueldo de más de dos mil personas, gastos generales y beneficios empresarios... pero sin trabajo que realizar.

La trama organizada terminó por llevar el total de inversión a un valor (informado extraoficialmente) cercano a los US$ 6 mil M, seis veces más de lo previsto, el valor total de una central nueva con el doble de capacidad de generación, seis veces superior al presupuesto actualizado.

Según los datos del propio ministerio, si tomamos el valor comparativo del kWh de potencia instalada: en la Central Atucha II hubo 700 MWh para terminar el 15% faltante, o sea US$ 8.500/kWh, mientras que la Central Hualong (1.000 MWh) total, completa, lo que implica US$ 7 mil/kWh.

El Grupo Electroingeniería (EI) tuvo el origen de su acelerado crecimiento en 2004, al amparo de obras de transmisión eléctrica. Sin antecedentes relevantes, en tres años acumuló US$ 540 M en tendidos de alta tensión, que proyectaba y controlaba Transener. El Gobierno luego, lo eligió socio de Transener, entonces supervisor técnico de su nuevo accionista, EI. En la adquisición entró en conjunto con Enarsa, la empresa estatal fantasma que sirvió para maquillar una entrada forzada.

Luego lo hicieron socio de Siemens para dos centrales térmicas, creo recordar de algo más de 800 M cada una. Un ingenioso mecanismo para evitar facturas truchas y cobrar más que su aporte accionario en la distribución de ingresos por trabajos realizados, sin dejar rastros de comisiones. Siempre hubo esa consistente ambición de ser empresario, no ir por comisiones sino por participación (regalada) en las empresas, gente de trabajo decía antes.

En las dos hidroeléctricas del Sur, prioridad 18ª en el ranking de hidroeléctricas, el ministro De Vido anuló dos veces la licitación ganada por ajenos al poder K, hasta que en la tercera apertura la consigue adjudicar a Electroingenieria con socios chinos y campos a expropiar de Lázaro, el que difícilmente se levante a andar de nuevo.

 ¿Qué rol jugó la dirección del proyecto, a cargo del Ing. José Luis Antúnez, quien aprobaba los excesivos requerimientos de personal y un ministerio que fondeaba los pedidos sin investigar este incomprensible sobreprecio?
Determinar judicialmente las responsabilidades y castigo a los responsables es importante para la salud y el futuro de la República y hacer creíble el futuro Plan Nuclear, un buen efecto secundario.

* Ingeniero Químico. MBA IESE B. School, ex presidente y CEO de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Petroquímica B.B., Austral Líneas Aéreas. Desde 1975, CEO de Sapin SA.

Nota del autor: Las estimaciones son de razonable aproximación a efectos del objetivo planteado para el artículo, en proyectos plurianuales con las altas variaciones de cambio. Las cifras pueden variar según el método de ajuste para obtener cifras entendibles en moneda actual o dólar.

El Gobierno audita una obra de Calcaterra con De Vido

Por Nicolas Gandini - Perfil.com
Enarsa revisará el contrato que el primo de Macri e Isolux ganaron para hacer una usina, aún incompleta. Los detalles.

Decenas de caños de agua de marca Otek permanecen acopiados en uno de los pabellones de una central eléctrica que debió ser amurallada para evitar que se inunde en las afueras de Ensenada, a pocos kilómetros de La Plata. La imagen es apenas una descripción somera del proyecto que más preocupa a Angelo Calcaterra, primo del Presidente y propietario de Iecsa, constructora que le compró en 2007 a Franco Macri y que en las últimas semanas quedó en el ojo de la tormenta después de que Lázaro Báez sostuviera ante la Justicia que los fondos que trajo de Suiza y que son investigados por presunto lavado de dinero eran para participar de una licitación junto con Iecsa y los chinos de Sinohydro en Santa Cruz.

Ayer, además, uno de los hijos de Báez amenazó con difundir una carta manuscrita de CFK que pide ir contra el mismo familiar del jefe de Estado.

Al margen de esa operatoria, Calcaterra enfrenta una situación delicada por el cúmulo de sombras y sospechas de corrupción que genera su relación con Enarsa, la empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner en 2004, que en 2010 le adjudicó –junto a la española Isolux– la construcción de la usina Ensenada Barragán, uno de los emprendimientos impulsados bajo la órbita del Ministerio de Planificación de Julio De Vido para enfrentar la crisis energética.

Se trata, ni más ni menos, de la usina termoeléctrica en la que más dinero desembolsó el kirchnerismo y que aún permanece inconclusa. El Estado lleva invertidos en la central Ensenada Barragán cerca de US$ 1.000 millones cuando el presupuesto inicial no superaba los US$ 850 millones, es decir, un 15% menos de lo que se lleva gastado. Pese a eso, la planta se encuentra en funcionamiento sólo al 70% de su capacidad (genera 560 megawatt de energía con dos turbinas a gas) porque nunca fue terminada. Estaba previsto que, a mediados de 2015, la UTE Iecsa-Isolux cierre el ciclo combinado de la usina –para ello hace falta instalar una turbina de vapor–, pero desde julio del año pasado las obras están prácticamente paradas sin reactivación en el horizonte. Hoy sólo se mantiene una pequeña cuadrilla de diez o veinte operarios para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Dudas. Funcionarios del Gobierno y directivos de Enarsa, que hoy es presidida por Hugo Balboa, un hombre cercano al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, creen que en el proyecto existen irregularidades técnicas y sobrecostos, a priori, difíciles de explicar. Para la compañía estatal, la obra está activa pero en estado de readecuación.

Fuentes de Enarsa confirmaron que el área de Auditoría, que lidera Ernesto Wagner, prepara una licitación para contratar a una consultora para revisar la ingeniería de la central y determinar si se pagaron sobreprecios a Iecsa. En rigor, se está a la espera de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) defina si quiere participar del proceso. Si no, la tarea quedará en manos de una empresa privada.

Pedido. Mientras tanto, la UTE (en la práctica, Iecsa está a cargo de la construcción de Ensenada Barragán e Isolux de Brigadier López, otra usina bajo la órbita de Enarsa) presentó un pedido de redeterminación del presupuesto del proyecto, que fue calculado por última vez en 2012 por lo que quedó desactualizado tras las devaluaciones de enero de 2014 y diciembre pasado.

Los privados alegan que el mecanismo de reevaluación de costos utilizado por el gobierno anterior –amparado en el Decreto 1.295/02–quedó perimido y es necesario encontrar una nueva fórmula polinómica para redefinir nuevamente la ecuación económico-financiera del emprendimiento.

En ese marco, hace 15 días Enarsa giró fondos al consorcio liderado por Calcaterra, aunque no está claro en qué concepto. Lo concreto, hoy, es que Iecsa exige $ 4.000 millones adicionales (más de US$ 270 millones al tipo de cambio actual) para terminar la obra, el doble de lo previsto en el presupuesto inicial. La obra terminará costando entre 1.300 y 1.400 millones, un 60% más de lo previsto. De confirmarse las sospechas, Calcaterra quedaría en una posición muy comprometida, como principal responsable de una obra que va camino a reforzar la imagen de la pesada herencia kirchnerista en el área energética que tanto denuncia su primo, el presidente

Detectan fraudes en la obra pública judicial tras escuchar a 20 testigos

Por Cecilia Devanna (Perfil.com)
Se investigan las contrataciones llevadas adelante por el Consejo de la Magistratura. Se compró material para la construcción por adelantado a empresas que no los vendían. Galería de imágenes.


Lorenzetti. Niega que los acusados le respondan. | Foto: Cedoc Perfil

Unos veinte testigos declararon ya en la causa penal en la que están imputados siete ex funcionarios del Poder Judicial por el supuesto delito de defraudación en el manejo de fondos para la obra pública. Los responsables de la investigación aseguran que ya se detectaron “irregularidades” en los procedimientos que se realizaron en diversas contrataciones. Entre los imputados está Germán Krieger, ex administrador general del Consejo de la Magistratura, y señalado como hombre cercano a Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, en la presidencia de la Corte Suprema recalcan que el Consejo de la Magistratura tenía un manejo autónomo en las contrataciones.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y quien lo denunció penalmente en enero pasado, prepara un juicio político contra el titular de la Corte Suprema y es una de las principales impulsoras de la denuncia por las contrataciones del Comité de Inversión del Consejo.

La denuncia para investigar los posibles sobreprecios en la obra pública fue presentada en enero pasado por el abogado Ricardo Monner Sans, tras recibir copias anónimas de dos expedientes del Consejo de la Magistratura. Allí se detallaban, entre otras cosas, el estado de situación de distintas obras. Tras el impulso de la investigación, dado por el fiscal Ramiro González, desde el Consejo se enviaron todos los expedientes de las licitaciones.

Uno de los decubrimientos que más llamaron la atención fueron los pedidos por adelantado de material para la construcción. “No es algo habitual”, resaltaron a PERFIL fuentes judiciales. Cuando fueron requeridas por la Justicia, algunas de las empresas vinculadas a las compras de esos materiales respondieron que no tenían esos productos, en tanto que otras dijeron tenerlos sólo parcialmente. Otros de los elementos que llamaron la atención fueron los nombres de varias empresas que se repetían en diferentes licitaciones y que gran parte de los veinte testigos que declararon en la causa coincidieron en que los manejos eran “muy desprolijos”.

Entre las irregularidades que fueron señaladas en la denuncia por Monner Sans están las obras del Edificio de Inmigrantes en las que participó Casago, una constructora, que ya está señalada en otra de las seis denuncias penales que salpican al Consejo. Todas se tramitan en Comodoro Py y van desde irregularidades en las contrataciones de servicios tercerizados en limpieza y tecnología, pasando por el alquiler y construcción de inmuebles, hasta la compra de un software.

Precisamente el área de tecnología quedó nuevamente bajo sospecha desde que se sorteó la causa por la muerte del ex fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman. El sorteo, que depende de la Cámara Federal, determinó inicialmente que el juez Sebastián Casanello era el encargado de la investigación pero, tras una serie de anomalías del sistema y un nuevo sorteo, la causa cayó en manos de Julián Ercolini. Por el caso se inició una denuncia, presentada también por Monner Sans.

Plan del Gobierno para regar un millón de hectáreas

(Clarin) - Se trata de un programa de largo plazo que implica un desembolso de US$ 1.200 millones. Ya hay áreas piloto.


El Gobierno lanzó ayer un programa para llevar riego a un millón de hectáreas con potencial de agricultura. Para lograrlo, se necesita un desembolso cercano a los US$ 1.200 millones.

El subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bericiartua es quien lleva adelante el proyecto. “Estos desarrollos son de largo plazo, y para que sean exitosos, se requiere la cooperación público-privada”, explica.

El modelo que su subsecretaría quiere replicar es el de la Corporación Puerto Madero, donde el estado nacional, la ciudad y los privados se entendieron a lo largo del tiempo e hicieron florecer la zona. Ahora, el objetivo es conseguir un esquema similar pero para financiar el riego.

Según estudios, la Argentina tiene potencial para 6 millones de hectáreas más a las que se puede llegar con riego. De esa superficie, hay 4 millones que ya están identificadas. “Hay 915.000 hectáreas que son prioritarias, con las que vamos a arrancar”, precisa Bericiartua.

En esta primera etapa, el foco estará puesto en 300.000 hectáreas. “Elegimos el sector agropecuario porque es reconocido por su competitividad e innovación”, explicó.Hay fondos de países asiáticos y estadounidenses dispuestos a financiar riesgo en distintos rincones del país.

“Lo que les falta es un marco para poder hacerlo. Estos proyectos tienen una duración de entre 50 y 70 años, pero la inversión se hace en un plazo de 4 a 6 años, y el recupero de la inversión tarda más de una década”, describe Bericiartua, uno de los mayores expertos hídricos del país, que estudió en Estados Unidos y Holanda.

Uno de los primeros lugares en los que se está tratando de alcanzar la colaboración de distintos sectores es el río Negro que da origen a esa provincia.

“Aún tiene bajo nivel de explotación, hay un alto porcentaje de agua que podría utilizarse para riego”, dice el subsecretario de Recursos Hídricos, que depende del ministerio del Interior y Obras Públicas. “Para que funcione, el convenio tiene que incluir a la provincia, los inversores y los dueños de las tierras, que son privados”, manifiesta.

Uno de los mayores proyectos recientes de riego financiado por el Estado y privados tuvo lugar en Perú. Pero se hizo en tierras fiscales. En la Argentina, las tierras con potencial de riego y siembra están bajo manos de particulares. “La idea es arrancar con dos o tres pilotos. Que allí se pueda ver cómo funciona el sistema y se pueda extender a todo el país”, enfatiza.

El proyecto de riesgo forma parte del plan nacional de aguas. Según lo anunciado por el Gobierno, se destinarán $ 200.000 millones hasta 2019 para optimizar ese recurso natural.

Una firma japonesa invertirá en el ferrocarril Roca

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
Colocará un sistema de frenado llamado "autostop", clave para la seguridad ferroviaria

La corporación japonesa Marubeni colocará los sistemas de frenado automático en un tramo de la línea de trenes del Roca a raíz de un acuerdo con el Ministerio de Transporte, según supo Clarín de fuentes oficiales. El llamado “autostop” es clave en la seguridad ferroviaria y existe en los países con sistemas avanzados. Ayudan por ejemplo evitar tragedias como la que tuvo lugar en la estación de Once, en febrero de 2012, en la que murieron 52 pasajeros.

El acuerdo que se conoce ahora fue en realidad cerrado hace unos días cuando el CEO de Marubeni, Fumiya Kokubu estuvo con el presidente Mauricio Macri y con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

Foto: Macri con el presidente de Marubeni, Fumiya Kokubu, y el embajador de Japón, Noriteru Fukushima

Al momento, la firma de acuerdos se limita al Roca aunque Marubeni se comprometió a “acompañar” los planes de Transporte para cubrir las demandas de la seguridad ferroviaria local con la incorporación de tecnología de frenado automático en las ocho líneas de trenes metropolitanas.


Son en total dos licitaciones, por $ 320 millones para que se instale el frenado automático en las líneas Belgrano Sur, San Martín, Urquiza, y el tramo de Avellaneda a Berazategui del Roca.

El relanzamiento de las relaciones entre el Gobierno y Japón ocurre a poco más de un mes del acuerdo con los fondos buitre. Pese a que Argentina negoció el pago de una deuda con Japón a través del acuerdo con el Club de París bajo el gobierno de Cristina Kirchner, el país asiático mantenía sumamente restringidas la inversión y las relaciones comerciales con Argentina por las bajas calificaciones de la Argentina en organismos como la OCDE.

Hace quince años habían aquí 120 empresas japonesas de las que quedan 50, lo que según el embajador Noriteru Fukushima se va a revertir a mediano y largo plazo dada las nuevas perspectivas "muy positivas" que presenta la Argentina. Por cierto, para fin de año se planea una visita del primer ministro Shinzo Abe, que se entrevistó con Macri en Washington, en marzo. Inimaginable hace unos años.

Apuesta China: planes para ir a la conquista del gigante

Foto: Vicente Martí

Por Diego Cabot - LA NACION
Qué ofrece el país asiático y qué está dispuesta a hacer la Argentina para llegar a las góndolas más atrayentes del mundo


SHANGAI.- Primero, a no deprimirse: todavía no hay una alfombra roja para que los productos argentinos se vendan de a miles en las codiciadas góndolas de China. Peregrinar una y otra vez hacia el otro lado del mundo y vender materia prima es, por ahora, la receta que puede abrir la puerta oriental. Segundo, a ilusionarse: de a poco, la Argentina construye un camino menos empinado para llegar al mercado más atractivo del planeta.

Seducir a una mínima parte de los compradores chinos es una de las ambiciones de la gran mayoría de las empresas modernas. Alrededor de 1400 millones de potenciales clientes y una economía que creció a un ritmo de dos dígitos ahora luce "desacelerada" con proyecciones de expansión de alrededor de 6% anual son, por lejos, las razones por las que todos ambicionan la excursión. Las corporaciones de todo el planeta se posaron aquí.

Solas -las más grandes- o arropadas por sus gobiernos -las medianas o pequeñas-, empresas de todo el mundo se movieron a China. ¿Qué hizo la Argentina en este tiempo? Construyó una relación sobre la base de compras de productos chinos y a una creciente exportación de bienes de algunos rubros, pero terminó con un enorme déficit en la balanza comercial.

Las posibilidades de revertirlo ahora se multiplican por dos razones. Por un lado, el cambio de gobierno en la Argentina reflotó la agenda bilateral. Pero por sobre todo, China puso énfasis en una de sus prioridades. Conseguir la llamada seguridad alimentaria es una cuestión de políticas públicas. No es para menos. Aquí todo se cuenta de a millones. Sólo la decisión de permitir un segundo hijo traerá a la tierra millones de chinos en la próxima década, la mayoría de ellos, nacidos en la promisoria clase media. Y para poder alimentarlos, obviamente, se modificaron y flexibilizaron algunas barreras.

A pocas estaciones del centro de Shanghai, la ciudad que es capital económica de China, casi de camino al mar, se ubica gran parte del espacio que el gobierno oriental le ofrece a los países de todo el planeta para llegar a sus consumidores. Es quizá el campamento de playa comercial más atractivo del planeta. Se trata de 120 hectáreas, ubicadas en distintos lugares estratégicos, en las que se estableció un régimen de zona franca. Los terrenos están cercados y llenos de grúas, lo que indica que en esos millones de metros cuadrados habrá enormes construcciones en poco tiempo. Todo está planificado para que el mundo entero venga a vender sus productos.

Hay que traspasar un enorme arco con letras chinas, rojo, y ahí sí se llega a la playa de desembarco más importante de China. Hace pocos años, el gobierno que ahora maneja Xi Xinping, decidió una apertura comercial. Se empezó con 30 kilómetros cuadrados de zonas francas cercanas a Shanghai, uno de los puertos más importantes. Actualmente, ya se multiplicó por cuatro aquel número.

Dentro de ese perímetro de lo que los chinos llaman zona piloto, hay beneficios varios. "Tenemos facilidades para la convertibilidad de la moneda, hay menos burocracia y además, se habilitó una ventanilla única para los trámites", explican en la Zona Franca Waigaoqiao, una empresa estatal que maneja los terrenos y las facilidades. "Ahora se obtiene una "licencia de business" [licencia de negocios] en cuatro días. También se cambió la manera de aprobación de ingreso de mercancías.

Antes había 400 posiciones que debían tener autorizaciones expresas. Ahora se bajó a no más de 120 ítems los que quedan sujetos a aprobación", dice una responsable de la empresa a una delegación argentina. Cuenta, además, que ninguno de esos productos protegidos tienen que ver con alimentos sino con electrónica o materiales sensibles para la defensa. Insiste, intérprete de por medio, que en ese predio reina la sencillez burocrática. La experiencia asombra: es un pequeño occidente dentro de oriente.

Ya funcionan alrededor de 18.000 empresas entre las que están las corporaciones más importantes del mundo. Desde estudios de abogados (que pueden llegar e instalarse siempre y cuando tengan un socio local) hasta las principales automotrices, la variedad de compañías y sectores es enorme.

La Argentina llegó a "espiar" la zona franca con una delegación de 30 empresas de alimentos de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El grupo, que estuvo en China coordinado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), instaló un importante stand en la SIAL, la feria de alimentos más importante del mundo por la que pasaron alrededor de 80.000 compradores, mayoristas muchos de ellos, de origen chino.

Fue el embajador de la Argentina en China, Diego Guelar, el que dio precisiones. "Vamos a tratar de instalarnos. Pero hay que ir despacio", dijo ante un grupo de empresarios y funcionarios provinciales en el stand de la exposición. Lo acompañaba, equipo de mate en mano, Ricardo Negri, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que por esos días estaba en China. Negri había sido algo más cuidadoso: "Lo estamos pensando, pero queremos que se haga bien. No podemos fallar en este mercado".


Todo por hacer
Aquellas palabras resonaron fuerte cuando llegó la hora de la presentación formal. Los chinos no sólo seducen por su mercado sino que han iniciado un cortejo cercano con los países que tienen productos que les interesan. La Argentina es uno de ellos. Entonces, vendieron el paquete de beneficios.

El primer paso es alquilar -nada es gratis- un lugar en los depósitos fiscales de la zona. Claro que se podría agregar valor a mano de obra en este territorio, pero para el país el beneficio es otro. Consiste en apoyar bienes argentinos en suelo chino sin tributar impuestos. "Sólo se liquidan y se pagan los tributos internos cuando se vende al mercado local", aclararon en la reunión en las modernísimas oficinas de la empresa estatal. Nada que no ocurra en otras zonas francas, sólo que la complejidad y tamaño del mercado lo hacen distinto.

Pero ésa es la primera estación del camino que abrió China al mundo. Pabellones de miles de metros cuadrados esperan los productos importados. Si un país, o un grupo de empresas, decide instalarse en el predio impositivamente protegido, aquel brazo occidental del gobierno chino ofrece un pabellón del país para promocionar los productos. Chile o Australia, justamente dos competidores de la Argentina en aquel país, ya tienen instaladas sus ferias. El complejo opera así: se entrega una planta libre y cada país la decora como quiere. Allí dentro, las empresas que son parte del emprendimiento tienen sus productos. Algo como una exposición de las que se conocen en la Argentina. Desde bodegas hasta universidades chilenas están instaladas en aquel rincón de China.

El espacio es visitado por comerciantes mayoristas que miran en la exposición, eligen, compran y entonces ahí sí, la mercadería se localiza desde la zona franca al territorio. En teoría, en los depósitos fiscales espera stock de lo exhibido.

Para apuntalar la mudanza de inversores y comerciantes, el gobierno oriental no se anda con pequeños proyectos. El plan maestro incluye la construcción de un millón de metros cuadrados de viviendas para que quienes tengan sus negocios allí no necesiten viajar. Aquellos habitantes de una verdadera ciudad de comercio exterior pueden disfrutar de 400.000 metros de la llamada área de negocios, 350.000 de shopping y de una escuela del Reino Unido que ya se instaló en la zona, además de varias chinas. Hay campos de deporte y miles de metros cuadrados dedicados al espacio verde.

Finalmente, un tercer condimento llenó los ojos de los directivos argentinos. La empresa dueña de la zona franca tiene, además, una cadena de supermercados llamada Direct Import Goods Center (DIG) que es una verdadera revolución comercial. Por ahora, se trata de 40 sucursales, aunque aspiran a llegar a 100 en el corto plazo.

No hay manera de darse cuenta que se está en China al ingresar a estos locales si no fuera por las letras de los carteles y por las peceras llenas de especímenes de peces y mariscos vivos que esperan a su comprador. Lo demás son todos productos premium importados. Los mejores aceites de oliva del planeta; jamón; leche de Australia o Nueva Zelanda; vinos franceses, españoles o chilenos (sólo hay una marca argentina); tés ingleses o golosinas americanas. Una réplica de un supermercado del barrio más acomodado de cualquier país capitalista del mundo. La clase media china busca esos productos.

En aquellas góndolas de exhibición nadie pagó aún los impuestos internos, trámite que sucede ni bien la mercadería pasa por la caja registradora. Recién entonces, la pieza se localiza y se verifica la importación a China. El esquema es una melodía para el exportador argentino. Pero a no ilusionarse del todo: hay que pagar algún costo por estar exhibido ahí. La buena noticia es que los precios de los productos están a nivel de cualquier tienda de occidente, y millones de chinos están dispuestos a convalidarlos.

Así espera China al mundo. La Argentina tomó nota del tema. Diego Guelar y su grupo de gente en la embajada son, quizá, los mejores aliados de los empresarios que intenten la excursión. Hay que cruzar el mundo y llegar. Vale la pena.

Gastan en Avellaneda $ 28 millones para un edificio con el nombre de Cristina Kirchner

(La Nación) - El intendente Ferraresi inauguró un centro municipal en homenaje a la ex presidenta

El edificio inaugurado ayer, en Avellaneda. Foto: Twitter

Cristina Kirchner tiene, desde ayer, un homenaje en Avellaneda. Se trata de un edificio municipal que lleva su nombre y fue inaugurado por el intendente Jorge Ferraresi, quien estuvo acompañado por algunas figuras del ala dura del kirchnerismo.

"Es un homenaje en vida a quien transformó la Argentina", dijo ayer Ferraresi al inaugurar el edificio, ubicado en la calle San Martín 1351, de Sarandí. Tiene 2350 m2, distribuidos en cinco niveles. Fue construido en la intersección con Armando Daniel Croatto, una de las calles "ganadas" a los terrenos baldíos que durante décadas se vieron junto a las vías del tren.

En la imponente construcción funcionará el Centro Integral de los Derechos de los Niños Cristina Fernández de Kirchner, una de las iniciativas del municipio que se promociona en las redes sociales con el hashtag #Unaobraporsemana.

Según datos que difundió la Municipalidad de Avellaneda, la obra en honor a Cristina costó más de $ 28 millones. "El monto total de la obra fue de $ 28.114.771,72, de los cuales $ 16.080.545,75 fueron aportados por el Estado nacional y $ 12.034.225,97 fueron provistos por el Estado municipal", informó la comuna.

Al detallar el financiamiento de la obra, el comunicado del municipio especificó que la construcción del edificio se realizó en dos etapas. "La primera consistió en la planta baja y dos pisos. Fue financiada por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación a través del Plan Más Cerca, con un presupuesto de $ 16.100.000".

La segunda etapa de la obra, que consistía en el tercer y cuarto piso del edificio, fue encarada por el Estado municipal, con un financiamiento propio de $ 9.522.693, explicó la comuna. En ambos tramos, la empresa adjudicataria fue Arvis SRL.

En el flamante edificio, además del nombre de la ex jefa del Estado, hay un retrato de ella realizado por un grupo de artistas de Avellaneda.

El diputado Andrés "Cuervo" Larroque fue uno de los presentes en la inauguración. "Cuando atacan a Cristina, en realidad lo que hacen es atacar al pueblo", dijo uno de los referentes de La Cámpora, en alusión a los problemas judiciales de la ex mandataria. También estuvo el ex secretario de Justicia, Julián Álvarez, otro representante del camporismo.

"Sabemos que vamos a volver en 2019 y para eso debemos mantener las convicciones bien altas, y el que no las tenga, que se vaya a otra parte. No nos importan los dirigentes, nosotros estamos donde está la gente", dijo Ferraresi. "Acá estamos los que no dejamos las convicciones de lado, al igual que lo hizo Néstor cuando llegó a la Casa Rosada", agregó.

Un municipio kirchnerista

Muy cerca del edificio Cristina Kirchner está el "27 de abril Néstor C. Kirchner", inaugurado en 2012 por la entonces presidenta. En el municipio los llaman "edificios mellizos". En el de Néstor se realizan actividades sociales auspiciadas por la municipalidad.

Ferraresi es el vicepresidente del Instituto Patria, el espacio que formó el cristinismo este año como base para la acción política de la ex mandataria. Su esposa, María Magdalena Sierra, fue elegida senadora provincial por el Frente para la Victoria el año pasado.

El intendente, cercano a La Cámpora, escoltó a la ex presidenta en sus actividades de abril de este año, cuando regresó a Buenos Aires para declarar en los tribunales de Comodoro Py por la causa del dólar futuro, ante el juez Claudio Bonadio. La acompañó a una villa de Avellaneda, rodeada de curas del grupo de opción por los pobres.

Pobre patría mía...