Por Mariel Fitz Patrick - LA NACION - Según surge de los Panamá Papers, el financista de Néstor Kirchner, que está imputado por "la ruta del dinero K", usó sociedades panameñas para proyectos inmobiliarios
Ernesto Clarens / Gza. www.rionegro.com.ar.
Imputado y rumbo a su indagatoria en la causa por la llamada "ruta del dinero k", el enigmático financista Ernesto Clarens figura como el dueño de un complejo entramado de sociedades offshore destinadas a desarrollar inversiones inmobiliarias con epicentro en Estados Unidos, según surge de los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca que detectó y analizó LA NACION en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Clarens -histórico financista del ex presidente Néstor Kirchner- aparece en esos documentos internos como "beneficiario final" de varias sociedades o como el centro de la revisión que el propio estudio ordenó sobre todo su entorno de relaciones familiares cuando comenzaron a salir a la luz las operaciones financieras de Lázaro Báez a través de la financiera SGI, "La Rosadita" de Puerto Madero, y estalló el escándalo.
Para la Justicia, Clarens tampoco resulta una sorpresa. El fiscal Guillermo Marijuan lo imputó en la causa por presunto lavado horas después de que el "valijero" arrepentido Leonardo Fariña relató otra nueva versión de los hechos sobre "la ruta del dinero K". Eso llevó al juez a cargo de ese expediente, Sebastián Casanello, a ordenar ayer el inmediato allanamiento de sus oficinas. Su citación es inminente.
Dueño de la financiera Invernes, Clarens tejió durante décadas estrechas relaciones con el banquero Jorge Brito, dueño del banco Macro, al mismo tiempo que con el entonces gobernador Kirchner y el ex empleado bancario convertido en su empresario de mayor confianza Lázaro Báez. Alrededor de estos dos últimos comenzaron a repetirse, junto con el de Clarens, los nombres de contadores como César Andrés y Daniel Pérez Gadín, entre otros colaboradores, según reconstruyó LA NACION durante los últimos años.
La investigación sobre los Panamá Papers aporta ahora más vínculos cruzados, que también incluyen a socios históricos y familiares directos de Clarens. Uno de ellos es Carlos Alberto Eduardo Di Gianni, fundador de Invernes y quien figuró como "beneficiario final" de Litren Company, una sociedad que se creó en diciembre de 2011 en Panamá para desarrollar inversiones inmobiliarias en Estados Unidos.
Menos de un año después, otro nombre singular desembarcó en Litren: Carlos Adrián Calvo López. En mayo de 2012 asumió como director y presidente, con domicilio en Montevideo. ¿Quién es Calvo López? Empleado del Banco Macro en Uruguay y en Bahamas, Calvo López también figuró como director de Invernes. Pero no sólo eso: Báez lo identificó ante la AFIP como el transportista de bolsos repletos de dinero vía Buquebus, a un ritmo de al menos $ 1,5 millones al año, para capitalizar una de sus constructoras, Badial.
Una pista de para qué se usó Litren Company surge de los registros de propiedades de Miami, donde esta firma figura en el directorio de Pampa Realty Investment, junto al propio Di Gianni, como su actual administrador, y Natalia Clarens, la hija del financista, como su antecesora. Pampa Realty figura como dueña de una unidad de lujo en el Condominio Plaza de las Américas, en la exclusiva avenida Coral Gables.
En una suerte de esquema de muñecas rusas, Litren Company a su vez aparece en los Panamá Papers como accionista de otra sociedad con sede en Miami, Manfes International LLC, manejada por Clarens; su esposa, Ana María San Giorgio, y su hija Natalia.
Inmuebles de lujo
A su vez, los registros societarios de Manfes muestran que otra firma de Clarens fue su administradora, Kerry Consultants SA, abierta en 2007. Y tanto Manfes como Kerry aparecen como dueñas de distintos inmuebles de lujo. Kerry, de una propiedad en Uruguay, y Manfes, de una unidad en el condominio Ocean en Sunny Isles Beach, por la que pagó US$ 1,4 millones en 2012. Según los registros de Mossack Fonseca, los fondos provenían "de aportes personales de sus dueños, una familia vinculada a la actividad financiera en la Argentina".
Pero allí no se agotan las ramificaciones. Porque Clarens tomó el control de KerryConsultants a través de otra sociedad, Amurnung SA, creada en Panamá en 2012. Un año después, sus acciones pasaron a ser nominativas y allí apareció el apellido del financista como su beneficiario final.
Kerry Consultants también registró varios movimientos. Entre ellos, quedó como accionista de la firma Runner Properties LLC. Pero en septiembre de 2013, se ordenó disolver Kerry y todos sus bienes -en Estados Unidos y Uruguay- quedaron bajo el control directo de Amurnung SA.
Así, los vínculos comerciales y societarios entre Clarens y Di Gianni los muestran casi como uno solo. Se entrecruzan en los registros argentinos de la financiera Procredit, creada en 2008, y en la compañía Excel Servicios Aéreos, que pertenecía al banquero Jorge Brito y ese mismo año pasó a controlar Clarens. Ambas fijaron como domicilio el séptimo piso de Manuela Sáenz 323, Puerto Madero, donde funciona The Old Fund, la enigmática controlante de la ex Ciccone Calcográfica.
Esas y otras publicaciones periodísticas encendieron las alarmas de Mossack Fonseca. Sus empleados comenzaron a enviarse correos electrónicos con información sobre las vinculaciones políticas de quien fue el financista de confianza de Kirchner y Di Gianni. En uno de ellos parafrasean que "los negocios del empresario Lázaro Báez, principal imputado en la causa de la ruta del dinero K, están absolutamente entrelazados con las estructuras societarias del influyente financista Ernesto Clarens".
Con la colaboración de Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz, Maia Jastreblansky
Blog independiente que impulsa el desarrollo científico -tecnológico, socio-económico y la capacidad de defensa nacional. Sin inversión no hay tecnología y sin tecnología no hay desarrollo, y sin desarrollo, no hay defensa. El derecho a vivir libremente conlleva la responsabilidad de defender esa libertad frente a cualquier ataque. "Solo quienes pueden ver se dan cuenta que falta algo"... Desde el 2006 junto a ustedes.
miércoles, 20 de abril de 2016
Detuvieron en Paraguay a Chueco, el asesor de Báez
Por Alan Soria Guadalupe - LA NACION
El abogado del empresario K apareció tras cinco días en fuga; quedó preso en Posadas; es clave en la causa por lavado
Jorge Oscar Chueco. Foto:Archivo
Más delgado, rapado y con el semblante caído, Jorge Chueco apareció ayer en Paraguay tras cinco días de fuga. El abogado cercano al empresario kirchnerista Lázaro Báez y mencionado en la declaración de Leonardo Fariña ante el juez federal Sebastián Casanello había sido visto por última vez el jueves pasado en Puerto Iguazú. Desde anteayer tenía pedido de captura internacional luego de que los primeros rastrillajes en Misiones no dieron resultado y se impuso la hipótesis de que se había escapado a Brasil o a Paraguay.
Pasadas las 18.30 de ayer, el Ministerio del Interior de Paraguay se comunicó con el gobierno argentino para informarle que habían encontrado a un hombre en la localidad de Encarnación, en el límite con Posadas. Estaba lúcido y no tenía documentación encima.
Según pudo reconstruir LA NACION de altas fuentes de la investigación y del ministerio, Chueco fue identificado por las autoridades paraguayas mientras caminaba por las calles de Encarnación. Al no tener documento, fue trasladado a una comisaría, donde se verificó que su estado de salud era, en general, bueno, a pesar de haber perdido peso.
Allí, Chueco confesó su identidad, lo que permitió a la policía local alertar al gobierno argentino. Más tarde se verificó que se había registrado en un hotel con una identidad uruguaya.
Anoche, Chueco fue trasladado a Posadas, donde quedó detenido en el Escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional. Se quedaría allí por 48 horas, según fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Luego, será enviado de vuelta a Buenos Aires para que preste declaración ante la justicia federal por la causa de lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez.
Mientras la policía de Misiones, las cuatro fuerzas federales y dos brigadas en Paraguay y Brasil lo buscaban intensamente, durante el tiempo en el que estuvo desaparecido Chueco logró hacer un recorrido por al menos tres ciudades: una vez que abandonó Puerto Iguazú, el abogado cruzó la frontera con Brasil hacia Foz de Iguazú, para poco después cruzar la frontera con Paraguay y seguir camino hacia Ciudad del Este. Desde ahí viajó hacia la paraguaya Encarnación.
Las pistas que dejó atrás
El abogado, que debía declarar hoy en la causa por lavado de dinero por la que están detenidos Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, había sido visto por última vez a la salida de un hotel en Iguazú el jueves de la semana pasada.
Antes de su desaparición, Chueco dejó cartas de despedida en la habitación de uno de los dos hoteles donde se hospedó simultáneamente en esa ciudad. En ellas, como relató a LA NACION su ex mujer Patricia, el hombre daba a entender que tenía miedo y que se sentía perseguido. También pedía disculpas a sus hijos y daba indicios de que quería suicidarse consumiendo pastillas.
De hecho, horas antes de haber sido visto por última vez, apareció tirado en el suelo, ebrio y drogado, en una de las pasarelas de la Garganta del Diablo, en las Cataratas. Desde allí, el hombre habló telefónicamente con su mujer para avisarle que le había dejado US$ 150.000 en la caja fuerte de la habitación del hotel céntrico Saint George. El dinero estaba presuntamente destinado a sus seis hijos -tiene tres con Patricia y los demás con una pareja anterior, cuyo nombre no trascendió-.
Las misivas, escritas de puño y letra, fueron encontradas durante un allanamiento en ese hotel. También se encontró dinero, aunque la cifra era mucho menor: US$ 43.000 y $ 1000 en efectivo.
También la policía paraguaya dijo que Chueco habría intentado suicidarse, aunque no se dieron precisiones.
Chueco había llegado a Iguazú el 12 de abril tras un breve paso por Posadas, donde abandonó su Peugeot 408 negro en el estacionamiento de un supermercado. Ese día, a las 13, se registró en el hotel Los Helechos, para luego pedir otra habitación en el Saint George, a una cuadra.
Los empleados de los hoteles que atendieron al abogado por esas horas afirmaron a LA NACION que manifestaba comportamientos extraños, reacciones violentas y que pasaba horas encerrado en su habitación.
El abogado del empresario K apareció tras cinco días en fuga; quedó preso en Posadas; es clave en la causa por lavado
Jorge Oscar Chueco. Foto:Archivo
Más delgado, rapado y con el semblante caído, Jorge Chueco apareció ayer en Paraguay tras cinco días de fuga. El abogado cercano al empresario kirchnerista Lázaro Báez y mencionado en la declaración de Leonardo Fariña ante el juez federal Sebastián Casanello había sido visto por última vez el jueves pasado en Puerto Iguazú. Desde anteayer tenía pedido de captura internacional luego de que los primeros rastrillajes en Misiones no dieron resultado y se impuso la hipótesis de que se había escapado a Brasil o a Paraguay.
Pasadas las 18.30 de ayer, el Ministerio del Interior de Paraguay se comunicó con el gobierno argentino para informarle que habían encontrado a un hombre en la localidad de Encarnación, en el límite con Posadas. Estaba lúcido y no tenía documentación encima.
Según pudo reconstruir LA NACION de altas fuentes de la investigación y del ministerio, Chueco fue identificado por las autoridades paraguayas mientras caminaba por las calles de Encarnación. Al no tener documento, fue trasladado a una comisaría, donde se verificó que su estado de salud era, en general, bueno, a pesar de haber perdido peso.
Allí, Chueco confesó su identidad, lo que permitió a la policía local alertar al gobierno argentino. Más tarde se verificó que se había registrado en un hotel con una identidad uruguaya.
Anoche, Chueco fue trasladado a Posadas, donde quedó detenido en el Escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional. Se quedaría allí por 48 horas, según fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Luego, será enviado de vuelta a Buenos Aires para que preste declaración ante la justicia federal por la causa de lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez.
Mientras la policía de Misiones, las cuatro fuerzas federales y dos brigadas en Paraguay y Brasil lo buscaban intensamente, durante el tiempo en el que estuvo desaparecido Chueco logró hacer un recorrido por al menos tres ciudades: una vez que abandonó Puerto Iguazú, el abogado cruzó la frontera con Brasil hacia Foz de Iguazú, para poco después cruzar la frontera con Paraguay y seguir camino hacia Ciudad del Este. Desde ahí viajó hacia la paraguaya Encarnación.
Las pistas que dejó atrás
El abogado, que debía declarar hoy en la causa por lavado de dinero por la que están detenidos Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, había sido visto por última vez a la salida de un hotel en Iguazú el jueves de la semana pasada.
Antes de su desaparición, Chueco dejó cartas de despedida en la habitación de uno de los dos hoteles donde se hospedó simultáneamente en esa ciudad. En ellas, como relató a LA NACION su ex mujer Patricia, el hombre daba a entender que tenía miedo y que se sentía perseguido. También pedía disculpas a sus hijos y daba indicios de que quería suicidarse consumiendo pastillas.
De hecho, horas antes de haber sido visto por última vez, apareció tirado en el suelo, ebrio y drogado, en una de las pasarelas de la Garganta del Diablo, en las Cataratas. Desde allí, el hombre habló telefónicamente con su mujer para avisarle que le había dejado US$ 150.000 en la caja fuerte de la habitación del hotel céntrico Saint George. El dinero estaba presuntamente destinado a sus seis hijos -tiene tres con Patricia y los demás con una pareja anterior, cuyo nombre no trascendió-.
Las misivas, escritas de puño y letra, fueron encontradas durante un allanamiento en ese hotel. También se encontró dinero, aunque la cifra era mucho menor: US$ 43.000 y $ 1000 en efectivo.
También la policía paraguaya dijo que Chueco habría intentado suicidarse, aunque no se dieron precisiones.
Chueco había llegado a Iguazú el 12 de abril tras un breve paso por Posadas, donde abandonó su Peugeot 408 negro en el estacionamiento de un supermercado. Ese día, a las 13, se registró en el hotel Los Helechos, para luego pedir otra habitación en el Saint George, a una cuadra.
Los empleados de los hoteles que atendieron al abogado por esas horas afirmaron a LA NACION que manifestaba comportamientos extraños, reacciones violentas y que pasaba horas encerrado en su habitación.
martes, 19 de abril de 2016
Argentina: Una empresa patagónica construirá un nuevo parque eólico en Chubut
(Noticias Ambientales.com) - Se radicará en Camarones, una ciudad ubicada sobre la costa atlántica -un maravilloso sitio para conocer- y contará con 11 molinos y una capacidad de 26 megawatts
La empresa patagónica 3Gal ya tiene avanzado el proyecto para instalar un nuevo parque eólico en la localidad de Camarones, al este de Chubut, con una inversión que ronda los 70 millones de dólares.
La iniciativa, que fue difundida por El Económico, apunta al desarrollo de un polo de energías limpias en el establecimiento "La Rosa", que actualmente cuenta con 50 mil hectáreas y líneas de 132 KV y 500 KV que cruzan sobre el mismo.
La primera etapa contempla la construcción de un parque eólico de 11 molinos, una capacidad de 26 MW y una generación de energía de 100 MW, con la posibilidad de una ampliación dentro de la misma estancia. Esta es una iniciativa privada que se desarrollará sobre una estancia familiar para vender energía a Cammesa. Contaría con 11 molinos y podría ponerse en funcionamiento para 2017.
El emprendimiento ya cuenta con el estudio de impacto ambiental y los trámites de rigor realizados, con lo cual, de comenzar con la construcción, para fines de 2017 el parque ya podría ponerse en funcionamiento.
Esteban Gallie, uno de los fundadores de 3GAL S.A, explicó que "el parque eólico va a alimentar al interconectado de la red eléctrica. Hoy Camarones no está conectado. La idea es el interconectado y después Cammesa decide hacia dónde va la energía, abastecer al interconectado nacional que es Transpa, Transener", para lo que sería necesario además construir una estación transformadora.
La empresa patagónica 3Gal ya tiene avanzado el proyecto para instalar un nuevo parque eólico en la localidad de Camarones, al este de Chubut, con una inversión que ronda los 70 millones de dólares.
La iniciativa, que fue difundida por El Económico, apunta al desarrollo de un polo de energías limpias en el establecimiento "La Rosa", que actualmente cuenta con 50 mil hectáreas y líneas de 132 KV y 500 KV que cruzan sobre el mismo.
La primera etapa contempla la construcción de un parque eólico de 11 molinos, una capacidad de 26 MW y una generación de energía de 100 MW, con la posibilidad de una ampliación dentro de la misma estancia. Esta es una iniciativa privada que se desarrollará sobre una estancia familiar para vender energía a Cammesa. Contaría con 11 molinos y podría ponerse en funcionamiento para 2017.
Esteban Gallie, uno de los fundadores de 3GAL S.A, explicó que "el parque eólico va a alimentar al interconectado de la red eléctrica. Hoy Camarones no está conectado. La idea es el interconectado y después Cammesa decide hacia dónde va la energía, abastecer al interconectado nacional que es Transpa, Transener", para lo que sería necesario además construir una estación transformadora.
Comienza el proyecto de renovación de 1500 Km de vias del Ferrocarril Belgrano Cargas
(Rieles.com) - El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF S.E.), puso en marcha el proyecto de renovación de 1500 km de vías para el Ferrocarril Belgrano Cargas que busca repotenciar el Ferrocarril Belgrano Cargas, conectando al NOA y NEA con los puertos de Rosario y Santa Fe. Comenzó ya la etapa de licitación para el primer tramo de 530 km en las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.
Las obras y la incorporación de nuevo material rodante, permitirán bajar los tiempos de viaje y brindar previsibilidad al transporte de carga vía tren, para que éste vuelva a ser una opción para los productores regionales. Esto incentivará además el desarrollo de la industria pesada ferroviaria nacional en el largo plazo. Se espera que entre 2015 y 2019 el incremento en el cargamento sea del 419%, pasando de 847.282 toneladas en 2015 a 4.397.263 toneladas en 2019.
“Ya lanzamos las primeras licitaciones para hacer la renovación más importante que se haya hecho alguna vez en los trenes de cargas del país, comenzando con el NOA. La renovación del ferrocarril de cargas es un aporte fundamental al desarrollo de las economías regionales que busca fomentar el Plan Belgrano”, afirmó Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.
“Queremos ser una compañía de obras de infraestructura ferroviaria que sea modelo a nivel mundial. Con los más altos estándares de calidad, control y transparencia. Y tenemos con qué, porque contamos con los mejores profesionales en la Argentina y una cultura ferroviaria impresionante.”, afirmó Guillermo Fiad, Presidente de ADIF.
La renovación de vías forma parte del Plan Belgrano, programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades para reparar la deuda histórica que el país tiene con las provincias del norte argentino. En materia de transporte, además de las obras ferrovarias se hará una fuerte inversión en aeropuertos, en rutas seguras y autopistas, que mejoren la integración de la región con el resto del país del mundo.
Las obras y la incorporación de nuevo material rodante, permitirán bajar los tiempos de viaje y brindar previsibilidad al transporte de carga vía tren, para que éste vuelva a ser una opción para los productores regionales. Esto incentivará además el desarrollo de la industria pesada ferroviaria nacional en el largo plazo. Se espera que entre 2015 y 2019 el incremento en el cargamento sea del 419%, pasando de 847.282 toneladas en 2015 a 4.397.263 toneladas en 2019.
“Ya lanzamos las primeras licitaciones para hacer la renovación más importante que se haya hecho alguna vez en los trenes de cargas del país, comenzando con el NOA. La renovación del ferrocarril de cargas es un aporte fundamental al desarrollo de las economías regionales que busca fomentar el Plan Belgrano”, afirmó Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.
“Queremos ser una compañía de obras de infraestructura ferroviaria que sea modelo a nivel mundial. Con los más altos estándares de calidad, control y transparencia. Y tenemos con qué, porque contamos con los mejores profesionales en la Argentina y una cultura ferroviaria impresionante.”, afirmó Guillermo Fiad, Presidente de ADIF.
La renovación de vías forma parte del Plan Belgrano, programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades para reparar la deuda histórica que el país tiene con las provincias del norte argentino. En materia de transporte, además de las obras ferrovarias se hará una fuerte inversión en aeropuertos, en rutas seguras y autopistas, que mejoren la integración de la región con el resto del país del mundo.
Continúan los despidos en los talleres ferroviarios EMEPA
(enelsubte.com) - Los talleres Pérez, ubicados en las afueras de Rosario y administrados por Emepa, ofrecieron retiro voluntario a 200 trabajadores por falta de trabajo. Otros 90 contratados fueron desvinculados de NCA ante la paralización de obras. La situación se suma a despidos y cesantías en los talleres de Justo Daract y Junín.
Obreros de los talleres Pérez, en una visita del ex secretario Ramos a la planta.
Los talleres ferroviarios argentinos atraviesan tiempos difíciles. A las suspensiones de personal en los talleres de Consulting Ferroviario en Justo Daract, al sombrío panorama de los Talleres Junín, que se encuentran al borde de la desaparición y a la virtual paralización de la producción de vagones en Fabricaciones Militares, se sumaron 200 despidos entre los Talleres Rioro (ubicados en Pérez, en las afueras de Rosario), administrados por el grupo Emepa, y otros 90 en la concesionaria de cargas Nuevo Central Argentino (NCA).
El secretario general de la seccional Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Donello, explicó días atrás la situación en Pérez. De manera análoga a lo que ocurre en Junín, terminaron los trabajos anteriores pero no están recibiendo nuevos encargos: “Hace tres meses que están parados. Desde que arrancó el nuevo gobierno no les mandaron más trabajo”.
La firma que opera los talleres, controlada por el grupo Emepa, les ofreció a los obreros acogerse a un régimen de retiro voluntario: cerca de 50 habrían aceptado. “Les ofrecieron la indemnización completa en un solo pago, más un 20 por ciento por las próximas paritarias del gremio”, dijo el dirigente de la UOM.
Desde el gremio destacaron que los talleres estaban trabajando “a toda máquina” desde mediados de 2014, cuando recibieron encargos de reparación de vagones portacontenedores y cubiertos para la empresa estatal Cargas y Logística, además de locomotoras diésel y coches de pasajeros remolcados y eléctricos para las líneas del área metropolitana.
Ariel López, secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Rosario, se expresó en relación a lo ocurrido en NCA, donde el personal desvinculado era contratado, recalcando que el gremio se encuentra “en estado de alerta ante una situación preocupante de despidos” y advirtió que “no permitiremos que avancen con personal de planta permanente”.
En referencia a estos mismos despidos, el titular de la UOCRA de Rosario, Sixto Irrazábal, explicó que los desvinculados se desempeñaban en obras de renovación, reparación y mantenimiento de vías, adhiriendo al reclamo. Cabe recordar que la obra de renovación de vías del ramal Retiro – Rosario, se reactivó parcialmente el mes pasado en dos tramos, pero la mayoría continúa en conflicto y con trabajadores cesanteados, luego de que se frenaran las obras tras el cambio de gobierno.
Obreros de los talleres Pérez, en una visita del ex secretario Ramos a la planta.
Los talleres ferroviarios argentinos atraviesan tiempos difíciles. A las suspensiones de personal en los talleres de Consulting Ferroviario en Justo Daract, al sombrío panorama de los Talleres Junín, que se encuentran al borde de la desaparición y a la virtual paralización de la producción de vagones en Fabricaciones Militares, se sumaron 200 despidos entre los Talleres Rioro (ubicados en Pérez, en las afueras de Rosario), administrados por el grupo Emepa, y otros 90 en la concesionaria de cargas Nuevo Central Argentino (NCA).
El secretario general de la seccional Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Donello, explicó días atrás la situación en Pérez. De manera análoga a lo que ocurre en Junín, terminaron los trabajos anteriores pero no están recibiendo nuevos encargos: “Hace tres meses que están parados. Desde que arrancó el nuevo gobierno no les mandaron más trabajo”.
La firma que opera los talleres, controlada por el grupo Emepa, les ofreció a los obreros acogerse a un régimen de retiro voluntario: cerca de 50 habrían aceptado. “Les ofrecieron la indemnización completa en un solo pago, más un 20 por ciento por las próximas paritarias del gremio”, dijo el dirigente de la UOM.
Desde el gremio destacaron que los talleres estaban trabajando “a toda máquina” desde mediados de 2014, cuando recibieron encargos de reparación de vagones portacontenedores y cubiertos para la empresa estatal Cargas y Logística, además de locomotoras diésel y coches de pasajeros remolcados y eléctricos para las líneas del área metropolitana.
Ariel López, secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Rosario, se expresó en relación a lo ocurrido en NCA, donde el personal desvinculado era contratado, recalcando que el gremio se encuentra “en estado de alerta ante una situación preocupante de despidos” y advirtió que “no permitiremos que avancen con personal de planta permanente”.
En referencia a estos mismos despidos, el titular de la UOCRA de Rosario, Sixto Irrazábal, explicó que los desvinculados se desempeñaban en obras de renovación, reparación y mantenimiento de vías, adhiriendo al reclamo. Cabe recordar que la obra de renovación de vías del ramal Retiro – Rosario, se reactivó parcialmente el mes pasado en dos tramos, pero la mayoría continúa en conflicto y con trabajadores cesanteados, luego de que se frenaran las obras tras el cambio de gobierno.
Zona liberada: no hay aviones en el norte para perseguir al narcotráfico
Patricia Bullrich |
El Operativo Fronteras que ordenó el presidente Mauricio Macri -en el marco de la Emergencia de Seguridad, Decreto N° 228/2016- para el combate de delitos federales trasnacionales de narcotráfico, terrorismo, contrabando, tráfico de armas y trata de personas no cuenta con aviones militares desplegados en la zona caliente del NOA y NEA del país para control y vigilancia del espacio aéreo.
"El objetivo principal de nuestra política de seguridad en las fronteras es negar el acceso territorial a personas, grupos u organizaciones que quisieran cometer ilícitos en nuestro país; y vigilar, detectar e interceptar sus actividades ilícitas transfronterizas", dice la misión del operativo que conduce el ministerio de Patricia Bullrich y coordina el secretario de Fronteras, Luis Green.
Establece prioridades estratégicas que en su mayoría son responsabilidades compartidas con el Ministerio de Defensa, entre ellas, fuerte inversión tecnológica, utilizando radares móviles para cubrir espacios ciegos de la frontera. Implementación de un Procedimiento de Protección del Espacio Aéreo. Vigilancia y el control de Zonas Aeroespaciales, Terrestres y Marítimo-fluviales.
A partir del lunes pasado, dos aviones Tucano de la Fuerza Aérea Argentina se asignaron al Operativo Fronteras, pero las máquinas -afectadas a entrenamiento- permanecen en alerta en la Escuela de Aviación Militar ubicada en la provincia de Córdoba.
La Escuela de Aviación Militar dista a más de 900 kilómetros de la zona limítrofe con Paraguay y Bolivia por donde habitualmente ingresan las avionetas con carga ilegal. Recibido el alerta, tomará al Tucano unas tres horas, desde la puesta en marcha en la base cordobesa, arribar al área de operaciones fronteriza. El lapso favorece la huida del presunto avión infractor, previo lanzamiento de la carga ilícita.
Otro asunto no menor es que el Tucano consumirá combustible -pierde autonomía- en el extenso traslado hacia el punto fronterizo que luego es vital para las maniobras de interceptación y eventual persecución del ilegal. El piloto militar podría verse obligado a aterrizar y reabastecer su aeronave para continuar con el procedimiento. Demasiadas ventajas para el avión narco, casi una zona liberada.
La autonomía del Tucano a una velocidad de crucero de 320 kilómetros por hora es de 3 horas y media. Un dato elemental en la planificación de operaciones de interceptación es que la aeronave actuante disponga del máximo de autonomía en la zona de compromiso. Por eso la Fuerza Aérea construyó una instalación en Resistencia, Chaco.
La obra denominada Base Aérea Resistencia, por la que los contribuyentes pagaron más de $ 12 millones, consta de planta baja y 3 pisos. Está equipada con un radar tridimensional erigido sobre una plataforma de 18 metros de altura; todo se concluyó en 2009. Tiene hangares y alojamiento para una dotación estable de pilotos, mecánicos, operadores y técnicos del radar más los soldados que se encargan de la custodia.
Ni la gestión Kirchner ni la actual de Macri han logrado que la instalación militar chaqueña funcione con carácter de base permanente. La Fuerza Aérea la usa en algunas oportunidades sólo en "misión de despliegue" con traslado temporario de aeronaves que retornan a sus bases originales al término de las operaciones. El formato del despliegue obliga a Defensa o Seguridad (dependiendo quién financie la operación) a contemplar erogaciones al personal desplegado por viáticos y otros rubros derivados del desarraigo, amén de los costos por el soporte logístico de los medios involucrados.
La Argentina se acerca a pagar tasas como Brasil
Por Ignacio Olivera Doll - Ambito.com
La Argentina empieza a participar, si bien de a poco y parcialmente, en las buenas oportunidades que todavía existen a nivel global para los mercados emergentes. La colocación anunciada ayer cosechó un histórico nivel de ofertas y la tasa de interés que terminará por convalidar -cercana al 7,5% anual para los títulos que son a 10 años- será por primera vez en esta década más baja que la que tiene que afrontar Ecuador y muy cercana a la de Brasil.
A lo largo de este año sólo cinco países de la región, además de la Argentina, emitieron deuda en los mercados internacionales: Chile, México, Brasil, Paraguay y Colombia (algunos en dólares, otros en euros o en ambos). Los montos se ubicaron entre los 600 y los 2.250 millones de dólares. Pero, cuando las colocaciones se hicieron en moneda estadounidense, las tasas quedaron en un rango de entre el 3,4% y el 6,13%.
El retorno más alto afrontado por estos países fue el de la economía brasileña, afectada desde hace meses por un fuerte déficit fiscal y convulsionada hasta estos días por el avance del juicio político a su presidente, Dilma Rousseff. El año pasado, además, Perú y Uruguay colocaron sus títulos a tasas del 2,75% (en euros) y el 4,5%, respectivamente.
Los rendimientos de la región, sensiblemente más bajos que los que tuvo que pagar ayer la Argentina, son una muestra del camino que todavía puede recorrer la economía local tras la salida del default hacia el abaratamiento de su deuda. Hace apenas seis meses, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, debió aceptar pagar una tasa de interés del 9,2% anual para tomar apenas u$s 669 millones con la colocación del bonar 2020; y en marzo del año pasado, una del 9,6% para emitir u$s 1.415 millones a 2024.
En la última operación de deuda de Kicillof, que se hizo para atenuar el pago de deuda del Boden 2015 que debía hacerse entonces con reservas del Banco Central, la Argentina recibió ofertas por apenas u$s 813 millones. La emisión tuvo que hacerse bajo ley argentina y en el mercado local para evitar un eventual embargo del juez Thomas Griesa. Ayer, en cambio, las ofertas por los bonos argentinos alcanzaron los u$s 67.000 millones.
La Argentina empieza a participar, si bien de a poco y parcialmente, en las buenas oportunidades que todavía existen a nivel global para los mercados emergentes. La colocación anunciada ayer cosechó un histórico nivel de ofertas y la tasa de interés que terminará por convalidar -cercana al 7,5% anual para los títulos que son a 10 años- será por primera vez en esta década más baja que la que tiene que afrontar Ecuador y muy cercana a la de Brasil.
A lo largo de este año sólo cinco países de la región, además de la Argentina, emitieron deuda en los mercados internacionales: Chile, México, Brasil, Paraguay y Colombia (algunos en dólares, otros en euros o en ambos). Los montos se ubicaron entre los 600 y los 2.250 millones de dólares. Pero, cuando las colocaciones se hicieron en moneda estadounidense, las tasas quedaron en un rango de entre el 3,4% y el 6,13%.
El retorno más alto afrontado por estos países fue el de la economía brasileña, afectada desde hace meses por un fuerte déficit fiscal y convulsionada hasta estos días por el avance del juicio político a su presidente, Dilma Rousseff. El año pasado, además, Perú y Uruguay colocaron sus títulos a tasas del 2,75% (en euros) y el 4,5%, respectivamente.
Los rendimientos de la región, sensiblemente más bajos que los que tuvo que pagar ayer la Argentina, son una muestra del camino que todavía puede recorrer la economía local tras la salida del default hacia el abaratamiento de su deuda. Hace apenas seis meses, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, debió aceptar pagar una tasa de interés del 9,2% anual para tomar apenas u$s 669 millones con la colocación del bonar 2020; y en marzo del año pasado, una del 9,6% para emitir u$s 1.415 millones a 2024.
En la última operación de deuda de Kicillof, que se hizo para atenuar el pago de deuda del Boden 2015 que debía hacerse entonces con reservas del Banco Central, la Argentina recibió ofertas por apenas u$s 813 millones. La emisión tuvo que hacerse bajo ley argentina y en el mercado local para evitar un eventual embargo del juez Thomas Griesa. Ayer, en cambio, las ofertas por los bonos argentinos alcanzaron los u$s 67.000 millones.
Comenzó el desalojo y negocian con los ocupantes para liberar el ex Padelai
Por Sebastián Clemente y Federico Camps (Clarin.com) -
La Justicia llegó a un acuerdo con la gente que estaba en el sector que da a Humberto 1° y colocó un vallado para que no vuelva a ser usurpado. Ahora buscan acordar con unas 120 personas. Hay más custodia policial.
A casi cuatro años de haber sido usurpado por segunda vez, y tras mucho tiempo de permanecer olvidado, el ex Padelai comenzó a ser desalojado ayer. Además, a partir de hoy se abre una mesa de diálogo con los ocupantes, que en su mayoría pertenecen a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Limitada, con el objetivo de llegar a un acuerdo para liberar el predio, un foco de conflicto y polémicas desde 1984, cuando fue tomado por primera vez.
“Actuamos a partir de denuncias por irregularidades. Según los vecinos, se hacían peñas, eventos, se vendían alimentos y también hay robo de electricidad”, le dijo a Clarín la fiscal penal, Contravencional y de Faltas Nro. 35 de la Ciudad, Celsa Ramírez, y agregó: “Ya acordamos con la gente que estaba en el sector que da a Humberto 1°, y ahora nos vamos a reunir con los que están en la zona de Balcarce y San Juan, que son unas 40 familias. Nos juntamos con ellos y estamos relevando la situación de cada grupo, porque muchos ya recibieron créditos y volvieron a ingresar. La idea es lograr un desalojo pacífico, no dejar a nadie en situación de calle”.
Ayer, Clarín entró al lugar, que estaba casi a oscuras. La gente sabía que dos familias habían llegado a un acuerdo con la fiscalía. Al mismo tiempo, un grupo de operarios colocaba chapas sobre Humberto 1°. Y armaba un vallado para separar el sector desalojado del que aún está ocupado. “La fiscalía hizo que cortaran la luz”, sospechaban algunos mientras daban vueltas por el patio. Pese a que en el Padelai se reconocen fuertes internas, todos parecían estar juntos ante el posible desalojo.
Afuera, según dijeron, la custodia policial sobre San Juan, Balcarce y Humberto 1° creció en la última semana. Cerca de la entrada de Balcarce, a la izquierda, está una de las habitaciones improvisadas. Hay dos camas, una mesa baja, sillas y varios estantes, un escenario que se repite en el resto del edificio. También un tender con toda la ropa colgada, todavía húmeda y a resguardo de la llovizna. La taza usada y las migas de pan evidenciaban que hacía un rato alguien había merendado ahí. En las paredes sobran las manchas de humedad y las grietas se multiplican en los techos. Todas muestras de que ese no es un lugar para vivir.
“Las familias con las que ya hablamos desconocen la representación de la Cooperativa San Telmo. Y hay personas que ya cobraron subsidios y se fueron, y ahora se metieron de nuevo para ver qué pueden negociar”, declaró la fiscal Ramírez, y agregó: “En algún momento se le dio un porcentaje sobre el predio pero debían cumplir con acuerdos y no lo hicieron”.
La fiscal se refiere a la cesión del 70% de la titularidad del predio, que le otorgó el ex intendente del menemismo, Carlos Grosso, en 1991. Cuando la Legislatura aprobó la expropiación en 2009, para luego cederle el lugar a España, los bienes fueron tasados en $ 12 millones, que siguen en un depósito judicial.
“La parte de Humberto 1° que cerraron es el 30% que le corresponde a la Ciudad”, dijo en diálogo con Clarín Carlos Vargas, referente de la Cooperativa, que insistió con que el 70% restante le pertenece aún a la entidad. “Tenemos que decidir si vamos a la mesa de diálogo que propuso la fiscal. Queremos que se respete el censo de 2011, que determinó que hay 51 familias en el lugar”, insistió Vargas, que explicó que aún queda pendiente una audiencia de mediación a la que habían sido convocados para el viernes. “Queremos una mesa de diálogo seria y definitiva. Estamos dispuestos a levantar las demandas si accedemos a créditos. No queremos volver a los problemas de antes”, afirmó.
La Justicia llegó a un acuerdo con la gente que estaba en el sector que da a Humberto 1° y colocó un vallado para que no vuelva a ser usurpado. Ahora buscan acordar con unas 120 personas. Hay más custodia policial.
A casi cuatro años de haber sido usurpado por segunda vez, y tras mucho tiempo de permanecer olvidado, el ex Padelai comenzó a ser desalojado ayer. Además, a partir de hoy se abre una mesa de diálogo con los ocupantes, que en su mayoría pertenecen a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Limitada, con el objetivo de llegar a un acuerdo para liberar el predio, un foco de conflicto y polémicas desde 1984, cuando fue tomado por primera vez.
“Actuamos a partir de denuncias por irregularidades. Según los vecinos, se hacían peñas, eventos, se vendían alimentos y también hay robo de electricidad”, le dijo a Clarín la fiscal penal, Contravencional y de Faltas Nro. 35 de la Ciudad, Celsa Ramírez, y agregó: “Ya acordamos con la gente que estaba en el sector que da a Humberto 1°, y ahora nos vamos a reunir con los que están en la zona de Balcarce y San Juan, que son unas 40 familias. Nos juntamos con ellos y estamos relevando la situación de cada grupo, porque muchos ya recibieron créditos y volvieron a ingresar. La idea es lograr un desalojo pacífico, no dejar a nadie en situación de calle”.
Ayer, Clarín entró al lugar, que estaba casi a oscuras. La gente sabía que dos familias habían llegado a un acuerdo con la fiscalía. Al mismo tiempo, un grupo de operarios colocaba chapas sobre Humberto 1°. Y armaba un vallado para separar el sector desalojado del que aún está ocupado. “La fiscalía hizo que cortaran la luz”, sospechaban algunos mientras daban vueltas por el patio. Pese a que en el Padelai se reconocen fuertes internas, todos parecían estar juntos ante el posible desalojo.
Afuera, según dijeron, la custodia policial sobre San Juan, Balcarce y Humberto 1° creció en la última semana. Cerca de la entrada de Balcarce, a la izquierda, está una de las habitaciones improvisadas. Hay dos camas, una mesa baja, sillas y varios estantes, un escenario que se repite en el resto del edificio. También un tender con toda la ropa colgada, todavía húmeda y a resguardo de la llovizna. La taza usada y las migas de pan evidenciaban que hacía un rato alguien había merendado ahí. En las paredes sobran las manchas de humedad y las grietas se multiplican en los techos. Todas muestras de que ese no es un lugar para vivir.
“Las familias con las que ya hablamos desconocen la representación de la Cooperativa San Telmo. Y hay personas que ya cobraron subsidios y se fueron, y ahora se metieron de nuevo para ver qué pueden negociar”, declaró la fiscal Ramírez, y agregó: “En algún momento se le dio un porcentaje sobre el predio pero debían cumplir con acuerdos y no lo hicieron”.
La fiscal se refiere a la cesión del 70% de la titularidad del predio, que le otorgó el ex intendente del menemismo, Carlos Grosso, en 1991. Cuando la Legislatura aprobó la expropiación en 2009, para luego cederle el lugar a España, los bienes fueron tasados en $ 12 millones, que siguen en un depósito judicial.
“La parte de Humberto 1° que cerraron es el 30% que le corresponde a la Ciudad”, dijo en diálogo con Clarín Carlos Vargas, referente de la Cooperativa, que insistió con que el 70% restante le pertenece aún a la entidad. “Tenemos que decidir si vamos a la mesa de diálogo que propuso la fiscal. Queremos que se respete el censo de 2011, que determinó que hay 51 familias en el lugar”, insistió Vargas, que explicó que aún queda pendiente una audiencia de mediación a la que habían sido convocados para el viernes. “Queremos una mesa de diálogo seria y definitiva. Estamos dispuestos a levantar las demandas si accedemos a créditos. No queremos volver a los problemas de antes”, afirmó.
De Vido se queda sin protección y EE.UU. envía datos clave
Por Emilia Delfino | Perfil.com
El fiscal Marijuán se reunió en Washington con autoridades financieras y judiciales. Comienzan a entregar información bancaria.
En la puerta de Comodoro Py 2002. El ex ministro de Planificación acompañó el miércoles a Cristina Kirchner al acto en los tribunales de Retiro. | Foto: Pablo Cuarterolo
En el barrio Remanso Valerio, en el interior de la provincia de Santa Fe, Julio De Vido perdió los honores. El Concejo Deliberante resolvió quitar el nombre del ex ministro a un pasaje que le rendía homenaje. Muy lejos de allí, en Washington, Estados Unidos, tres organismos que tienen a De Vido en sus radares desde 2007 comenzaron a abrir los grifos de información a la Justicia Federal. El hombre que supo manejar las cajas más polémicas del kirchnerismo –obra pública y energía– perdió su red de protección.
El viernes, el fiscal federal Guillermo Marijuan regresó de una visita de 96 horas a Washington, donde fue recibido por un equipo de investigadores de la Securities and Exchange Commission (SEC) –órgano de control de las empresas que cotizan en Wall Street–, el FBI y el Departamento de Justicia. Fue invitado a intercambiar información sobre un caso abierto en ambos países: el supuesto pago de coimas de la petrolera Pan American Energy (PAE) para la extensión de la concesión del yacimiento más importante del país: Cerro Dragón. El fiscal hizo un acuerdo de confidencialidad con los Estados Unidos, pero PERFIL pudo saber que volvió más que satisfecho.
De Vido formó en las últimas dos décadas una red de contención que lo mantuvo al margen del avance judicial en causas por presunta corrupción.
Dicha red en los tribunales comenzó a romperse tímidamente durante los últimos meses de Cristina Fernández de Kirchner en el poder, y parece haberse desgarrado por completo desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Se traduce en la reapertura de causas, la revalidación de pruebas y las nuevas imputaciones y llamados a indagatoria en al menos diez causas en el fuero federal (ver aparte). Va en sintonía, también, con la novedosa colaboración de los Estados Unidos en por lo menos dos casos.
En el de Cerro Dragón, los estadounidenses investigan la ruta internacional del pago de esa supuesta coima porque un socio de PAE, British Petroleum, cotiza en Wall Street y tiene presuntos arrepentidos admitiendo sobornos. Pero la petrolera niega tajantemente haber cometido delitos. Los funcionarios en la mira son De Vido y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quienes negociaron el contrato con PAE. La SEC, el FBI y los fiscales que intervienen en este expediente preliminar siguen a varias financieras argentinas y de Uruguay, y las actividades de sociedades offshore en el Caribe que a través de bancos de Estados Unidos y la venta de bonos en Wall Street blanquearon dinero negro de Argentina. Han interrogado a decenas de testigos –se habla de al menos ochenta–, e indagan sobre la financiera Pribont, con oficinas en Buenos Aires y central en Uruguay.
Otros casos. No es el único caso de coimas que observan. Tienen todos los e-mails de Manuel Vázquez, el asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, encargado del blanqueo de gran parte de las coimas que recibían los gobiernos kirchneristas hasta 2009. Así lo revelaron fuentes directas del caso a PERFIL. Por eso investigan supuestas coimas de la brasileña Embraer, y LAN debió pagar una multa recientemente ante la SEC por otro caso de sobornos. Esos mismos e-mails de Vázquez no pueden usarse como prueba en Argentina por una polémica decisión de la Justicia Federal.
En otra causa que involucra a De Vido, Estados Unidos envió recientemente al juez federal Julián Ercolini los movimientos bancarios de una sociedad investigada en la causa por la embajada paralela en Venezuela. Es la firma que supuestamente canalizaba las coimas que los empresarios debían pagar para entrar a comercializar con Venezuela.
Hay otra causa clave para EE.UU. en Argentina. El fiscal federal Gerardo Pollicita viene investigando la fuga de US$ 30 millones hacia paraísos fiscales a través de la financiera Epsilon. Hace meses pidió información a los estadounidenses sobre la ruta del dinero de esa firma en 2011. Está esperando una respuesta. Epsilon está mencionada en Cerro Dragón y en la causa contra Báez.
Romance trunco con Comodoro Py
Las acusaciones contra Julio De Vido son por supuestos delitos de corrupción, sobornos, sobreprecios, defraudación a la administración pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Fue ministro durante doce años pero los expedientes, pruebas y testimonios en su contra se aceleraron en el último año, primero aisladamente, y de manera abundante durante los último cinco meses.
La ola comenzó a subir con la reactivación del caso Cerro Dragón, en febrero de 2015. En junio, la Cámara de Casación tomó decisiones en otros expedientes que datan de años. La sala IV, la más activa en la cámara, ordenó reabrir la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de De Vido. Hace cinco días la misma sala reabrió la causa Skanska y validó las escuchas telefónicas que probarían el pago de sobreprecios y sobornos. También se reabrió la causa por la valija de Antonini Wilson.
En 2016, De Vido fue citado a indagatoria por primera vez. El juez Ercolini lo indagará por la compra de material rodante a España y Portugal. También lo citó Claudio Bonadio por la tragedia de Once. El fiscal Delgado lo había pedido en 2012. En diciembre, Bonadio reactivó otra causa sensible para de Vido: sobreprecios en la importación de gas. Hace una semana, De Vido quedó imputado en la causa contra Lázaro Báez por supuesto lavado.
El fiscal Marijuán se reunió en Washington con autoridades financieras y judiciales. Comienzan a entregar información bancaria.
En la puerta de Comodoro Py 2002. El ex ministro de Planificación acompañó el miércoles a Cristina Kirchner al acto en los tribunales de Retiro. | Foto: Pablo Cuarterolo
En el barrio Remanso Valerio, en el interior de la provincia de Santa Fe, Julio De Vido perdió los honores. El Concejo Deliberante resolvió quitar el nombre del ex ministro a un pasaje que le rendía homenaje. Muy lejos de allí, en Washington, Estados Unidos, tres organismos que tienen a De Vido en sus radares desde 2007 comenzaron a abrir los grifos de información a la Justicia Federal. El hombre que supo manejar las cajas más polémicas del kirchnerismo –obra pública y energía– perdió su red de protección.
El viernes, el fiscal federal Guillermo Marijuan regresó de una visita de 96 horas a Washington, donde fue recibido por un equipo de investigadores de la Securities and Exchange Commission (SEC) –órgano de control de las empresas que cotizan en Wall Street–, el FBI y el Departamento de Justicia. Fue invitado a intercambiar información sobre un caso abierto en ambos países: el supuesto pago de coimas de la petrolera Pan American Energy (PAE) para la extensión de la concesión del yacimiento más importante del país: Cerro Dragón. El fiscal hizo un acuerdo de confidencialidad con los Estados Unidos, pero PERFIL pudo saber que volvió más que satisfecho.
De Vido formó en las últimas dos décadas una red de contención que lo mantuvo al margen del avance judicial en causas por presunta corrupción.
Dicha red en los tribunales comenzó a romperse tímidamente durante los últimos meses de Cristina Fernández de Kirchner en el poder, y parece haberse desgarrado por completo desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Se traduce en la reapertura de causas, la revalidación de pruebas y las nuevas imputaciones y llamados a indagatoria en al menos diez causas en el fuero federal (ver aparte). Va en sintonía, también, con la novedosa colaboración de los Estados Unidos en por lo menos dos casos.
En el de Cerro Dragón, los estadounidenses investigan la ruta internacional del pago de esa supuesta coima porque un socio de PAE, British Petroleum, cotiza en Wall Street y tiene presuntos arrepentidos admitiendo sobornos. Pero la petrolera niega tajantemente haber cometido delitos. Los funcionarios en la mira son De Vido y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quienes negociaron el contrato con PAE. La SEC, el FBI y los fiscales que intervienen en este expediente preliminar siguen a varias financieras argentinas y de Uruguay, y las actividades de sociedades offshore en el Caribe que a través de bancos de Estados Unidos y la venta de bonos en Wall Street blanquearon dinero negro de Argentina. Han interrogado a decenas de testigos –se habla de al menos ochenta–, e indagan sobre la financiera Pribont, con oficinas en Buenos Aires y central en Uruguay.
Otros casos. No es el único caso de coimas que observan. Tienen todos los e-mails de Manuel Vázquez, el asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, encargado del blanqueo de gran parte de las coimas que recibían los gobiernos kirchneristas hasta 2009. Así lo revelaron fuentes directas del caso a PERFIL. Por eso investigan supuestas coimas de la brasileña Embraer, y LAN debió pagar una multa recientemente ante la SEC por otro caso de sobornos. Esos mismos e-mails de Vázquez no pueden usarse como prueba en Argentina por una polémica decisión de la Justicia Federal.
En otra causa que involucra a De Vido, Estados Unidos envió recientemente al juez federal Julián Ercolini los movimientos bancarios de una sociedad investigada en la causa por la embajada paralela en Venezuela. Es la firma que supuestamente canalizaba las coimas que los empresarios debían pagar para entrar a comercializar con Venezuela.
Hay otra causa clave para EE.UU. en Argentina. El fiscal federal Gerardo Pollicita viene investigando la fuga de US$ 30 millones hacia paraísos fiscales a través de la financiera Epsilon. Hace meses pidió información a los estadounidenses sobre la ruta del dinero de esa firma en 2011. Está esperando una respuesta. Epsilon está mencionada en Cerro Dragón y en la causa contra Báez.
Romance trunco con Comodoro Py
Las acusaciones contra Julio De Vido son por supuestos delitos de corrupción, sobornos, sobreprecios, defraudación a la administración pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Fue ministro durante doce años pero los expedientes, pruebas y testimonios en su contra se aceleraron en el último año, primero aisladamente, y de manera abundante durante los último cinco meses.
La ola comenzó a subir con la reactivación del caso Cerro Dragón, en febrero de 2015. En junio, la Cámara de Casación tomó decisiones en otros expedientes que datan de años. La sala IV, la más activa en la cámara, ordenó reabrir la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de De Vido. Hace cinco días la misma sala reabrió la causa Skanska y validó las escuchas telefónicas que probarían el pago de sobreprecios y sobornos. También se reabrió la causa por la valija de Antonini Wilson.
En 2016, De Vido fue citado a indagatoria por primera vez. El juez Ercolini lo indagará por la compra de material rodante a España y Portugal. También lo citó Claudio Bonadio por la tragedia de Once. El fiscal Delgado lo había pedido en 2012. En diciembre, Bonadio reactivó otra causa sensible para de Vido: sobreprecios en la importación de gas. Hace una semana, De Vido quedó imputado en la causa contra Lázaro Báez por supuesto lavado.
La central térmica Río Turbio sigue paralizada y acumula deudas
Credito: Gastón Franco |
La obra demandó al menos US$ 800 millones y fue inaugurada por Cristina Kirchner; tiene una turbina terminada y la otra a poco de concluirse; espera varias definiciones
La central térmica Río Turbio, aquella construida a pocos metros de la mina de carbón, sigue paralizada. Con una turbina terminada y la otra a poco de concluirse, la obra que demandó al menos 800 millones de dólares de inversión, espera definiciones varias. Todo empezó pocos meses, antes del cambio de gestión. El anterior gobierno dejó impagas algunas facturas antes de irse; nada distinto a lo que pasó en gran parte de la obra pública. Con deuda acumulada, llegó la gestión actual.
Tanto la central como todo lo que tiene que ver con el yacimiento de carbón fue alcanzado por la sombra que proyectan los grandes esquemas de obra pública en Santa Cruz. Se iniciaron auditorías en ambos lugares. Para entonces, una de las dos turbinas estaba terminada y hasta estuvo encendida algunos días para que la ex presidenta Cristina Kirchner la inaugurara en plena campaña. Luego la llama se apagó. La otra, según a quién se consulte, está a un 80% o 90% de su finalización.
Empezaron entonces las negociaciones. La empresa contratista del proyecto termoeléctrico, Isolux, la Unión Obreros de la Construcción (Uocra) y la nueva conducción que depende del Ministerio de Energía iniciaron una serie de reuniones. Se decidió que los contratistas de la usina se marcharan y sólo quedara un staff reducido. Hubo acuerdo entre todos. El Gobierno, mediante el pago de algunos certificados, se haría cargo de las indemnizaciones de alrededor de 900 personas. Se firmó un acta y llegó la primera parte del dinero.
Sin embargo, aún restan girar alrededor de 75 millones de pesos para pagar a los empleados de los contratistas y eso tiene en alerta a la Uocra. Isuolux hace cuentas y mantiene obrador y comedor para los empleados que conservan sus puestos de trabajo. Por ahora no hay trabajos en la usina. Dicen que lo que más preocupa es la rotación de mantenimiento de las turbinas en movimiento, que, según los entendidos, es necesario para la conservación del generador, el corazón de la obra. De generar para el sistema interconectado nacional aún no se habla.
Se reactiva la mina de carbón
A pocos metros de ahí, la mina de carbón transita por otro camino. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es la base de la vida de la ciudad de Río Turbio. Por primera vez, la intervención es ejercida por habitante del lugar. Se trata de Omar Zeidán, un ex candidato a intendente muy cercano al radical Eduardo Costa.
Mientras revisan números, compras y contrataciones de la anterior intervención, ya hubo algunos movimientos que predicen la apuesta por retirar más carbón de los túneles de la mina. Estos días se cursó un pedido a la central. Se trata de cuatro megas de potencia como para poder poner en funcionamiento un sistema de oxigenación de los corredores de la mina. Se trata de una de las obras más sensibles de la explotación subterránea que había quedado relegado por la compra de bienes de dudosa utilidad.
Además, volvió algo de extracción. Por estos días fueron dos embarques de carbón a algunas ciudades de Santa Cruz destinado a calefaccionar hogares de bajos recursos. Hacía no menos de dos años que ni un gramo de carbón salía de Río Turbio.
Como siempre sucedió, de la vida de la mina depende la vida del pueblo. Por ahora todos, respiran. Lento, pero respiran.
Emisión de deuda: el Gobierno suma un bono de tres años al menú
Por Florencia Donovan (La Nación) - Busca recaudar US$ 15.000 millones para pagarle a los holdouts; hoy coloca además títulos a 5, 10 y 30 años; el mercado habla de tasas exigidas promedio de 6,75% para el tramo más corto y 8,85% para el más largo, de 30 años;
Eliminadas las trabas judiciales, el Gobierno se apresta hoy a emitir bonos por hasta US$ 15.000 millones pasa saldar la deuda con los holdouts y de paso financiar parte de sus necesidades del año. Al menú de títulos a 5, 10 y 30 años, a último momento Economía sumó un nuevo título a 3 años de plazo.
A media mañana, confiaron fuentes de los bancos colocadores a LA NACION, el promedio de las ofertas arrojaba una tasa de 6,75% por el bono a 3 años; 7,15%, por el título a 5 años; 8%, por el de 10 años; y 8,85%, por más largo, a 30 años de plazo.
"Estos son los promedios de las ofertas que recibimos hasta ahora, lo que no significa que el Gobierno los convalide. Perfectamente puede pagar más o menos que eso", explicaron.
Luis Caputo, secretario de Finanzas. Foto:EFE
En la City, muchos están atentos a la tasa, ya que es la señal más clara de la confianza que los inversores internacionales tienen de la Argentina.
"Las condiciones de mercado no podrían haber sido más ideales, con los rendimientos de los bonos de referencia bajando: el Bonar 24, con una tasa de 7% y los Discount rindiendo por debajo del 8%", dice Siobhan Morden, directora ejecutiva para América latina de Nomura Securities International. "El rango de 8%y 8,5% a 10 años es un target movible, que claramente podría ubicarse debajo del 8% o en el 7,5%, con un volumen de ofertas por dos veces el monto licitado", arriesga, en una nota para inversores difundida esta mañana.
En las reuniones que organizaban los bancos, que se desarrollaron en paralelo a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI), la semana pasada en Washington, la Argentina figuraba entre las principales apuestas de los inversores. En el encuentro de JP Morgan, del que participaron más de 300 inversores y representantes de fondos inversión, el 57% consideró que la Argentina era la principal apuesta del año, entre los mercados emergentes. En la reunión que hizo Bank of America Merrill Lynch, el resultado fue del 65%. "La Argentina salió top pick de mercados emergentes en todos los encuentros, secundada por Ucrania y Venezuela", dijo un inversor que participó de ambas reuniones.
"La Argentina es la inversión más atractiva, tanto para bonos como para la economía real, dentro de los países considerados no investment grande (grado de inversión)", coincidió el inversor y ex director del Banco Ciudad, Martín Miranda.
Ventas hasta último momento
Hasta en la mañana de hoy continuaron las conferencias telefónicas entre el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y clientes de los bancos, potenciales inversores de deuda argentinos. Según explicaron, los inversores tienen hasta hoy a las 13 para hacer sus ofertas.
Entre inversores, Caputo señaló que la Argentina tiene necesidades financieras este año por US$ 35.000 millones, sin contar los casi US$ 10.000 millones que deberán emitirse para pagarles a los holdouts. De ese total, unos US$ 7.400 millones intentarán cubrirlos mediante la colocación de una letra en dólares de hasta un año de plazo en el mercado local, confirmaron por su parte fuentes de Finanzas a LA NACION.
El Gobierno contrató a los bancos Deutsche Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, como coordinadores globales y colocadores de la emisión, y a BBVA Francés, Citigroup y UBS Securities, como co-colocadores.
Eliminadas las trabas judiciales, el Gobierno se apresta hoy a emitir bonos por hasta US$ 15.000 millones pasa saldar la deuda con los holdouts y de paso financiar parte de sus necesidades del año. Al menú de títulos a 5, 10 y 30 años, a último momento Economía sumó un nuevo título a 3 años de plazo.
A media mañana, confiaron fuentes de los bancos colocadores a LA NACION, el promedio de las ofertas arrojaba una tasa de 6,75% por el bono a 3 años; 7,15%, por el título a 5 años; 8%, por el de 10 años; y 8,85%, por más largo, a 30 años de plazo.
"Estos son los promedios de las ofertas que recibimos hasta ahora, lo que no significa que el Gobierno los convalide. Perfectamente puede pagar más o menos que eso", explicaron.
Luis Caputo, secretario de Finanzas. Foto:EFE
En la City, muchos están atentos a la tasa, ya que es la señal más clara de la confianza que los inversores internacionales tienen de la Argentina.
"Las condiciones de mercado no podrían haber sido más ideales, con los rendimientos de los bonos de referencia bajando: el Bonar 24, con una tasa de 7% y los Discount rindiendo por debajo del 8%", dice Siobhan Morden, directora ejecutiva para América latina de Nomura Securities International. "El rango de 8%y 8,5% a 10 años es un target movible, que claramente podría ubicarse debajo del 8% o en el 7,5%, con un volumen de ofertas por dos veces el monto licitado", arriesga, en una nota para inversores difundida esta mañana.
En las reuniones que organizaban los bancos, que se desarrollaron en paralelo a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI), la semana pasada en Washington, la Argentina figuraba entre las principales apuestas de los inversores. En el encuentro de JP Morgan, del que participaron más de 300 inversores y representantes de fondos inversión, el 57% consideró que la Argentina era la principal apuesta del año, entre los mercados emergentes. En la reunión que hizo Bank of America Merrill Lynch, el resultado fue del 65%. "La Argentina salió top pick de mercados emergentes en todos los encuentros, secundada por Ucrania y Venezuela", dijo un inversor que participó de ambas reuniones.
"La Argentina es la inversión más atractiva, tanto para bonos como para la economía real, dentro de los países considerados no investment grande (grado de inversión)", coincidió el inversor y ex director del Banco Ciudad, Martín Miranda.
Ventas hasta último momento
Hasta en la mañana de hoy continuaron las conferencias telefónicas entre el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y clientes de los bancos, potenciales inversores de deuda argentinos. Según explicaron, los inversores tienen hasta hoy a las 13 para hacer sus ofertas.
Entre inversores, Caputo señaló que la Argentina tiene necesidades financieras este año por US$ 35.000 millones, sin contar los casi US$ 10.000 millones que deberán emitirse para pagarles a los holdouts. De ese total, unos US$ 7.400 millones intentarán cubrirlos mediante la colocación de una letra en dólares de hasta un año de plazo en el mercado local, confirmaron por su parte fuentes de Finanzas a LA NACION.
El Gobierno contrató a los bancos Deutsche Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, como coordinadores globales y colocadores de la emisión, y a BBVA Francés, Citigroup y UBS Securities, como co-colocadores.
El juez Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Báez y a Daniel Perez Gadín
(La Nación) - También procesó sin prisión preventiva a Martín Báez, Cesar Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín; citó a indagatoria a Echegaray
El juez federal Sebastián Casanello avanzó hoy varios pasos en la causa de la ruta del dinero K: procesó por "lavado de dinero" con prisión preventiva a Lázaro Báez y a el contador Daniel Pérez Gadín, citó a indagatoria a Ricardo Echegaray y pidió la captura del abogado Jorge Chueco , entre otras medidas.
Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín ya están imputados y detenidos desde el 11 de abril en Ezeiza. La Cámara Federal confirmó la semana pasada esas detenciones. Hoy, el magistrado entendió que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la causa y determinó el procesamiento con prisión preventiva.
Además, Casanello procesó sin prisión preventiva al hijo de Báez, Martín, a César Fernández, al ex marido de Liliana Calabró Fabián Rossi , al piloto Walter Zanzot y a Sebastián Pérez Gadín.
Rossi, Martín Báez y Zanzot son dos de las personas que aparecen en el video de La Rosadita, contando fajos de euros y dólares. A todos los procesados en la ruta del dinero K, Casanello les trabó embargo por 100 millones de pesos, salvo a Sebastián Pérez Gadín, cuyo embargo fue por 1 millón de pesos.
Indagatoria a Echegaray
La ruta del dinero K también llegó hasta el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray . Tras el cruce con Báez antes de su detención, ahora Casanello citó al ex funcionario a declaración indagatoria y le prohibió salir del país.
La AFIP quedó bajo la lupa por la utilización de facturas truchas de Bahía Blanca por parte de Austral Construcciones, la nave insignia de Báez.
Captura de Chueco
En otro tramo de su fallo, Casanello ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, que trabajó junto con Lázaro Báez y a su vez con Helvétic Service Group, la firma suiza que compró la financiera SGI, conocida como "La Rosadita". Chueco se encuentra desaparecido desde el jueves, después de ser visto por última vez en Puerto Iguazú y tras conocerse una supuesta carta suicida. La Policía no descarta que se haya fugado a Brasil o Paraguay.
Casanello también ordenó tasar inmuebles y otros bienes registrables de los imputados y embargo y secuestro de aeronaves. Y resolvió designar veedores informantes en la empresa Austral Construcciones. Además, Casanello libró exhortos a los Estados Unidos, a Suiza, a Panamá, a Uruguay, a España y Belice.
El juez federal Sebastián Casanello avanzó hoy varios pasos en la causa de la ruta del dinero K: procesó por "lavado de dinero" con prisión preventiva a Lázaro Báez y a el contador Daniel Pérez Gadín, citó a indagatoria a Ricardo Echegaray y pidió la captura del abogado Jorge Chueco , entre otras medidas.
Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín ya están imputados y detenidos desde el 11 de abril en Ezeiza. La Cámara Federal confirmó la semana pasada esas detenciones. Hoy, el magistrado entendió que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la causa y determinó el procesamiento con prisión preventiva.
Además, Casanello procesó sin prisión preventiva al hijo de Báez, Martín, a César Fernández, al ex marido de Liliana Calabró Fabián Rossi , al piloto Walter Zanzot y a Sebastián Pérez Gadín.
Rossi, Martín Báez y Zanzot son dos de las personas que aparecen en el video de La Rosadita, contando fajos de euros y dólares. A todos los procesados en la ruta del dinero K, Casanello les trabó embargo por 100 millones de pesos, salvo a Sebastián Pérez Gadín, cuyo embargo fue por 1 millón de pesos.
Indagatoria a Echegaray
La ruta del dinero K también llegó hasta el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray . Tras el cruce con Báez antes de su detención, ahora Casanello citó al ex funcionario a declaración indagatoria y le prohibió salir del país.
La AFIP quedó bajo la lupa por la utilización de facturas truchas de Bahía Blanca por parte de Austral Construcciones, la nave insignia de Báez.
Captura de Chueco
En otro tramo de su fallo, Casanello ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, que trabajó junto con Lázaro Báez y a su vez con Helvétic Service Group, la firma suiza que compró la financiera SGI, conocida como "La Rosadita". Chueco se encuentra desaparecido desde el jueves, después de ser visto por última vez en Puerto Iguazú y tras conocerse una supuesta carta suicida. La Policía no descarta que se haya fugado a Brasil o Paraguay.
Casanello también ordenó tasar inmuebles y otros bienes registrables de los imputados y embargo y secuestro de aeronaves. Y resolvió designar veedores informantes en la empresa Austral Construcciones. Además, Casanello libró exhortos a los Estados Unidos, a Suiza, a Panamá, a Uruguay, a España y Belice.
Mauricio Macri recibió a empresarios franceses que invertirán en la Argentina
(La Nación) - El grupo francés Saint Gobain abrirá una fábrica de parabrisas en Campana; el Presidente bregó por más inversiones de ese país
El presidente Mauricio Macri recibió hoy en Olivos al director general del grupo francés Saint Gobain, Pierre André de Chalendar, quien lo interiorizó sobre la inversión que hará para abrir una fábrica de parabrisas de última generación en Campana, provincia de Buenos Aires.
El mandatario, acompañado por el ministro de la Producción, Francisco Cabrera , aseguró que espera que la nueva fábrica, que abrirá sus puertas en agosto, "sea la primera de varias más" y que se siga "apostando por esta nueva etapa de la Argentina", a la vez que precisó que con su apertura "se crearán más de cien puestos de trabajo de manera directa", según declaraciones difundidas por Casa Rosada.
El grupo francés Saint Gobain instalará en la ciudad bonaerense de Campana una planta industrial dedicada a la fabricación de parabrisas con tecnología de última generación, tal como lo está haciendo en más de 20 países para las principales automotrices del mundo.
El grupo además desarrolla, fabrica y comercializa materiales de construcción, de prestaciones al servicio del confort y eficiencia energética. Entre sus trabajos se destaca la fabricación de los espejos del Palacio de Versailles en Francia.
"En esta nueva etapa de la Argentina, donde comenzamos a recuperar la confianza a partir de reglas claras y estables en el tiempo, ellos profundizan el proceso de inversión y eso es lo que todos queremos porque trae trabajo para todos los argentinos y ese es el camino hacia la pobreza cero sobre el que tanto hemos hablado y comprometido", sostuvo Macri durante el encuentro.
El presidente Mauricio Macri recibió hoy en Olivos al director general del grupo francés Saint Gobain, Pierre André de Chalendar, quien lo interiorizó sobre la inversión que hará para abrir una fábrica de parabrisas de última generación en Campana, provincia de Buenos Aires.
El mandatario, acompañado por el ministro de la Producción, Francisco Cabrera , aseguró que espera que la nueva fábrica, que abrirá sus puertas en agosto, "sea la primera de varias más" y que se siga "apostando por esta nueva etapa de la Argentina", a la vez que precisó que con su apertura "se crearán más de cien puestos de trabajo de manera directa", según declaraciones difundidas por Casa Rosada.
El grupo francés Saint Gobain instalará en la ciudad bonaerense de Campana una planta industrial dedicada a la fabricación de parabrisas con tecnología de última generación, tal como lo está haciendo en más de 20 países para las principales automotrices del mundo.
El grupo además desarrolla, fabrica y comercializa materiales de construcción, de prestaciones al servicio del confort y eficiencia energética. Entre sus trabajos se destaca la fabricación de los espejos del Palacio de Versailles en Francia.
"En esta nueva etapa de la Argentina, donde comenzamos a recuperar la confianza a partir de reglas claras y estables en el tiempo, ellos profundizan el proceso de inversión y eso es lo que todos queremos porque trae trabajo para todos los argentinos y ese es el camino hacia la pobreza cero sobre el que tanto hemos hablado y comprometido", sostuvo Macri durante el encuentro.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Guillermo Moreno en la causa del cotillón anti Clarín
(La Nación) - Avaló el procesamiento dictado por Bonadio por el delito de "peculado", por la utilización de fondos públicos para financiar la propaganda contra el grupo de medios
La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por el delito de "peculado" por el uso de fondos públicos para financiar la confección de propaganda contraria al grupo Clarín y exhibirla en distintos ámbitos como el Congreso de la Nación, el Indec, en viajes oficiales al exterior y locales partidarios, según la resolución de la sala II.
En febrero de este año, el juez federal Claudio Bonadio consideró que Moreno incitó a la violencia colectiva buscando preservar el orden social cuando desde 2011 encabezó una campaña contra el Grupo Clarín. Por ese motivo lo procesó en primera instancia.
Además, Bonadio probó que desvió fondos públicos para pagar por el cotillón utilizado, que consistía en remeras, bolígrafos, gigantografías, alfajores, stickers, banderas, prendedores, llaveros, gorros, folletos, botellas de agua, ambulancias, avionetas y hasta un globo dirigible de siete metros inflado con gas helio que sobrevoló la ciudad.
Bonadio procesó a Moreno y a los ex directivos del Mercado Central de Buenos Aires Carlos Martínez, Fabián Dragone y Guillermo Cosentino porque autorizaron pagos por 185.559 pesos, lo cual configura los delitos de peculado e incitación a la violencia colectiva. También embargó sus bienes hasta la suma de 350.000 pesos en cada caso.
La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por el delito de "peculado" por el uso de fondos públicos para financiar la confección de propaganda contraria al grupo Clarín y exhibirla en distintos ámbitos como el Congreso de la Nación, el Indec, en viajes oficiales al exterior y locales partidarios, según la resolución de la sala II.
En febrero de este año, el juez federal Claudio Bonadio consideró que Moreno incitó a la violencia colectiva buscando preservar el orden social cuando desde 2011 encabezó una campaña contra el Grupo Clarín. Por ese motivo lo procesó en primera instancia.
Además, Bonadio probó que desvió fondos públicos para pagar por el cotillón utilizado, que consistía en remeras, bolígrafos, gigantografías, alfajores, stickers, banderas, prendedores, llaveros, gorros, folletos, botellas de agua, ambulancias, avionetas y hasta un globo dirigible de siete metros inflado con gas helio que sobrevoló la ciudad.
Bonadio procesó a Moreno y a los ex directivos del Mercado Central de Buenos Aires Carlos Martínez, Fabián Dragone y Guillermo Cosentino porque autorizaron pagos por 185.559 pesos, lo cual configura los delitos de peculado e incitación a la violencia colectiva. También embargó sus bienes hasta la suma de 350.000 pesos en cada caso.
Una facultad de periodismo militante
Editorial del diario La Nación
El asueto decidido por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para facilitar la reciente movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner durante su declaración indagatoria ante el juez Bonadio muestra el desatino de utilizar una entidad académica, que debería privilegiar la enseñanza y la libertad de cátedra, como un camino para canalizar ambiciones políticas.
Hubo más de cien mil adhesiones al pedido de remoción dirigido al presidente de la UNLP con motivo del obligatorio y absurdo asueto. Pero luego, los representantes de los docentes, no docentes, estudiantes y graduados expresaron su "profundo repudio al ilegítimo, improcedente e ilegal pedido destituyente que, con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, busca cuestionar a la doctora Florencia Saintout, decana de nuestra institución".
Posiblemente se hayan preocupado más de la cuenta. Todo indica que Saintout mantendrá su cargo, a pesar del desatino de dar asueto para marchar en favor de quien debe dar explicaciones ante la Justicia por investigaciones sobre corrupción, como un simple ciudadano. La UNLP cuenta con reglas que impiden remover a un decano por simple voluntad del rector. La institución del juicio académico, degradada por la actual conducción de la UNLP, impone que deba intervenir un tribunal universitario.
El problema se instala así fuera de la vida académica y forma parte de la descarnada lucha política. En esos términos sí pareciera ser responsable Saintout, ya que ha abusado de su posición en la UNLP para promoverse políticamente.
Fue elegida concejal cuando era decana y utilizó la facultad de plataforma para sus ambiciones políticas. Como concejal luchó por ser elegida candidata a intendenta y utilizó su cargo de decana para lograr ese objetivo. Las urnas le dieron la espalda. Su capacidad para generar escándalos públicos le ha permitido sobrevivir porque la opinión pública no termina de desenmascararla.
Los premios que durante su decanato se concedieron a Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner, a pesar de los ataques que cada uno de ellos llevó adelante contra la prensa independiente, son testimonio de un pensamiento que debería despertar el rechazo de la comunidad universitaria. Sus declaraciones sobre la masacre en París contra Charlie Hebdo, al señalar que más que repudiar se debía examinar el contexto, demuestran su desprecio por la convivencia. La Facultad de Periodismo tiene mucho más que ofrecer que estas tristes manifestaciones.
Es entendible que Florencia Saintout imponga a los alumnos de la Facultad de Periodismo un asueto contrario a los valores y a la misión de la UNLP. De ese modo privilegia su militancia por sobre la vida académica, prueba que está dispuesta a ignorar que el Estatuto de la UNLP asegura la más completa libertad académica, sin discriminaciones, limitaciones ni imposiciones. Como cree en la fuerza militante, promovió una marcha dirigida a amedrentar a la Justicia.
En lugar de apoyar marchas en favor de quien dice que tiene los fueros del pueblo, deberían tener más presente el Código Internacional de Ética Periodística, aprobado por la Unesco en 1983, cuyo primer artículo impone el derecho del pueblo a una información verdadera. Para difundir noticias verídicas se debe renunciar tanto a la parcialidad como a privilegiar los intereses personales. Ese rumbo parecería que se ha perdido en la Facultad de Periodismo de la UNLP.
El asueto decidido por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para facilitar la reciente movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner durante su declaración indagatoria ante el juez Bonadio muestra el desatino de utilizar una entidad académica, que debería privilegiar la enseñanza y la libertad de cátedra, como un camino para canalizar ambiciones políticas.
Hubo más de cien mil adhesiones al pedido de remoción dirigido al presidente de la UNLP con motivo del obligatorio y absurdo asueto. Pero luego, los representantes de los docentes, no docentes, estudiantes y graduados expresaron su "profundo repudio al ilegítimo, improcedente e ilegal pedido destituyente que, con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, busca cuestionar a la doctora Florencia Saintout, decana de nuestra institución".
Posiblemente se hayan preocupado más de la cuenta. Todo indica que Saintout mantendrá su cargo, a pesar del desatino de dar asueto para marchar en favor de quien debe dar explicaciones ante la Justicia por investigaciones sobre corrupción, como un simple ciudadano. La UNLP cuenta con reglas que impiden remover a un decano por simple voluntad del rector. La institución del juicio académico, degradada por la actual conducción de la UNLP, impone que deba intervenir un tribunal universitario.
El problema se instala así fuera de la vida académica y forma parte de la descarnada lucha política. En esos términos sí pareciera ser responsable Saintout, ya que ha abusado de su posición en la UNLP para promoverse políticamente.
Fue elegida concejal cuando era decana y utilizó la facultad de plataforma para sus ambiciones políticas. Como concejal luchó por ser elegida candidata a intendenta y utilizó su cargo de decana para lograr ese objetivo. Las urnas le dieron la espalda. Su capacidad para generar escándalos públicos le ha permitido sobrevivir porque la opinión pública no termina de desenmascararla.
Los premios que durante su decanato se concedieron a Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner, a pesar de los ataques que cada uno de ellos llevó adelante contra la prensa independiente, son testimonio de un pensamiento que debería despertar el rechazo de la comunidad universitaria. Sus declaraciones sobre la masacre en París contra Charlie Hebdo, al señalar que más que repudiar se debía examinar el contexto, demuestran su desprecio por la convivencia. La Facultad de Periodismo tiene mucho más que ofrecer que estas tristes manifestaciones.
Es entendible que Florencia Saintout imponga a los alumnos de la Facultad de Periodismo un asueto contrario a los valores y a la misión de la UNLP. De ese modo privilegia su militancia por sobre la vida académica, prueba que está dispuesta a ignorar que el Estatuto de la UNLP asegura la más completa libertad académica, sin discriminaciones, limitaciones ni imposiciones. Como cree en la fuerza militante, promovió una marcha dirigida a amedrentar a la Justicia.
En lugar de apoyar marchas en favor de quien dice que tiene los fueros del pueblo, deberían tener más presente el Código Internacional de Ética Periodística, aprobado por la Unesco en 1983, cuyo primer artículo impone el derecho del pueblo a una información verdadera. Para difundir noticias verídicas se debe renunciar tanto a la parcialidad como a privilegiar los intereses personales. Ese rumbo parecería que se ha perdido en la Facultad de Periodismo de la UNLP.
La cosecha de soja ya tiene el mayor nivel de atraso en diez años
Por Fernando Bertello - LA NACION
Con un 14% recolectado a nivel país, suma menos de la mitad para esta época en un año normal
Las condiciones para la cosecha de soja, que se encuentra frenada, empeoran día tras día y así se acrecientan las posibilidades de que se registren fuertes pérdidas. Según se desprende de informes que lleva el Ministerio de Agroindustria, la recolección del cultivo se encuentra para esta época del año en el mayor nivel de atraso de la última década. En tanto, los muy pocos lotes que se pudieron cosechar en los últimos días ya exhiben recortes del 40% en su productividad y crece el consenso entre diferentes actores de la cadena del cultivo, que dan por perdidas entre cuatro y cinco millones de toneladas, en torno de un 7% de la producción total que se esperaba antes de la lluvias.
Jorge Scoppa es un contratista que presta el servicio de recolección de cosecha y preside una cámara con más de 3500 afiliados. Allí llegan reportes de los socios permanentemente y las noticias no son alentadoras.
"Hoy ya habremos perdido cuatro millones de toneladas (mercadería valuada en unos US$ 1400 millones). Pero cada día que pase las pérdidas van a ser mayores, porque se están cayendo los granos de la soja y hay suelos donde no se puede entrar", apuntó. "Hacía muchos años que no teníamos un temporal tan fuerte en el inicio de la cosecha", agregó.
Según reportes históricos de avance de cosecha del Ministerio de Agroindustria, el 14% de la soja recolectada en el país (se implantaron 20 millones de hectáreas, pero se estima que, por las inundaciones, se recolectarán 19,1 millones) representa el mayor nivel de atraso en la última década. Salvo en 2007 y 2014, años que tuvieron 24% y 21% de avance, respectivamente, desde 2006 la recolección siempre estuvo por encima del 30 al 40% para esta época del año. Incluso respecto de 2015 hoy está concretada a la mitad. "Es la peor recolección en muchísimos años", destacó Guillermo Rossi, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En los últimos días, en los muy pocos lugares que se pudo cosechar en el centro de Santa Fe, en aquellas partes donde estaban dadas las condiciones, se reportaron pérdidas de 10 a 15 quintales, casi 40% menos respecto del año pasado. Para el sudeste de Córdoba, Juan Pablo Ioele, asesor, estimó que en cuatro o cinco días -cuando paren las lluvias- se podrá recolectar en el 40% de los lotes "que no están muy mal". Agregó: "El resto va a tener que esperar más".
Respecto del clima, el meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que para la franja central del país (sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires), donde se hace más del 80% de la producción, habrá desde hoy a la tarde hasta el próximo sábado una "ventana" con mejores condiciones de tiempo que podría facilitar la cosecha donde el suelo lo permita. Aclaró que sábado y domingo volverían las precipitaciones, pero sin la intensidad que tuvo el temporal de las últimas dos semanas. En tanto, el norte de Santa Fe, Corrientes y Chaco continuarían con precipitaciones hasta el fin de semana venidero inclusive.
"En la zona más afectada, cada día que pasa se pone peor", dijo Rodolfo Rossi, presidente de la cadena de la soja (Acsoja).
Córdoba y Santa Fe
En Córdoba, las inundaciones que afectan el sudeste implicarían pérdidas en el valor bruto de la producción de alrededor de US$ 450 millones. El gobierno provincial estimó que hay 400.000 hectáreas bajo agua. Del total, 320.000 son de soja y 80.000 de maíz.
Juan Manuel Garzón, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), señaló que si la pérdida en Córdoba es semejante a la que ya se calcula para el nivel nacional -entre 5 y 10% de la cosecha de soja-, están en riesgo entre 800.000 y 1.700.000 toneladas, volumen que a precio de productor implica entre 200 millones y 370 millones de dólares. A eso hay que sumarle los tambos y las hectáreas de maíz y pasturas anegadas.
La provincia declaró zona de emergencia y/o desastre agropecuario cuatro sistemas hidrográficos: Carcarañá, Morteros, Río Segundo y San Francisco. Hace unos meses fueron considerados con igual estatus los departamentos Marcos Juárez, Unión y Juárez Celman, el área de Vicuña Mackenna, la cuenca del arroyo Santa Catalina y los sistemas Canals, Río Quinto y General Roca.
El ministro de Agricultura, Sergio Busso, explicó que, además de la exención o prórroga de los impuestos inmobiliarios provinciales y de bienes personales y ganancias, quienes tengan créditos de los bancos Córdoba y Nación accederán a prórrogas en los vencimientos.
A nivel nacional, Federación Agraria pidió ayer que se reprogramen vencimientos de deudas de los productores. La semana pasada, Coninagro había reclamado al Nación y al Provincia la prórroga de los vencimientos de las tarjetas rurales de esos bancos.
En Santa Fe, unas 7.000.000 de hectáreas están comprometidas por las lluvias, lo que representa más del 50% de la superficie provincial. Allí ya se está evaluando la posibilidad de declarar la situación de emergencia y/o desastre.
Pese al retraso de la cosecha, por el momento no se frenó la liquidación de divisas de los exportadores, pues ya tenían mercadería comprada antes del temporal. Según difundió ayer el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la semana pasada se liquidaron 590,5 millones de dólares, un 71% más que en la semana precedente.
Con la colaboración de Gabriela Origlia (Córdoba) y José E. Bordón (Santa Fe)
Con un 14% recolectado a nivel país, suma menos de la mitad para esta época en un año normal
Las condiciones para la cosecha de soja, que se encuentra frenada, empeoran día tras día y así se acrecientan las posibilidades de que se registren fuertes pérdidas. Según se desprende de informes que lleva el Ministerio de Agroindustria, la recolección del cultivo se encuentra para esta época del año en el mayor nivel de atraso de la última década. En tanto, los muy pocos lotes que se pudieron cosechar en los últimos días ya exhiben recortes del 40% en su productividad y crece el consenso entre diferentes actores de la cadena del cultivo, que dan por perdidas entre cuatro y cinco millones de toneladas, en torno de un 7% de la producción total que se esperaba antes de la lluvias.
Jorge Scoppa es un contratista que presta el servicio de recolección de cosecha y preside una cámara con más de 3500 afiliados. Allí llegan reportes de los socios permanentemente y las noticias no son alentadoras.
"Hoy ya habremos perdido cuatro millones de toneladas (mercadería valuada en unos US$ 1400 millones). Pero cada día que pase las pérdidas van a ser mayores, porque se están cayendo los granos de la soja y hay suelos donde no se puede entrar", apuntó. "Hacía muchos años que no teníamos un temporal tan fuerte en el inicio de la cosecha", agregó.
Según reportes históricos de avance de cosecha del Ministerio de Agroindustria, el 14% de la soja recolectada en el país (se implantaron 20 millones de hectáreas, pero se estima que, por las inundaciones, se recolectarán 19,1 millones) representa el mayor nivel de atraso en la última década. Salvo en 2007 y 2014, años que tuvieron 24% y 21% de avance, respectivamente, desde 2006 la recolección siempre estuvo por encima del 30 al 40% para esta época del año. Incluso respecto de 2015 hoy está concretada a la mitad. "Es la peor recolección en muchísimos años", destacó Guillermo Rossi, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En los últimos días, en los muy pocos lugares que se pudo cosechar en el centro de Santa Fe, en aquellas partes donde estaban dadas las condiciones, se reportaron pérdidas de 10 a 15 quintales, casi 40% menos respecto del año pasado. Para el sudeste de Córdoba, Juan Pablo Ioele, asesor, estimó que en cuatro o cinco días -cuando paren las lluvias- se podrá recolectar en el 40% de los lotes "que no están muy mal". Agregó: "El resto va a tener que esperar más".
Respecto del clima, el meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que para la franja central del país (sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires), donde se hace más del 80% de la producción, habrá desde hoy a la tarde hasta el próximo sábado una "ventana" con mejores condiciones de tiempo que podría facilitar la cosecha donde el suelo lo permita. Aclaró que sábado y domingo volverían las precipitaciones, pero sin la intensidad que tuvo el temporal de las últimas dos semanas. En tanto, el norte de Santa Fe, Corrientes y Chaco continuarían con precipitaciones hasta el fin de semana venidero inclusive.
"En la zona más afectada, cada día que pasa se pone peor", dijo Rodolfo Rossi, presidente de la cadena de la soja (Acsoja).
Córdoba y Santa Fe
En Córdoba, las inundaciones que afectan el sudeste implicarían pérdidas en el valor bruto de la producción de alrededor de US$ 450 millones. El gobierno provincial estimó que hay 400.000 hectáreas bajo agua. Del total, 320.000 son de soja y 80.000 de maíz.
Juan Manuel Garzón, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), señaló que si la pérdida en Córdoba es semejante a la que ya se calcula para el nivel nacional -entre 5 y 10% de la cosecha de soja-, están en riesgo entre 800.000 y 1.700.000 toneladas, volumen que a precio de productor implica entre 200 millones y 370 millones de dólares. A eso hay que sumarle los tambos y las hectáreas de maíz y pasturas anegadas.
La provincia declaró zona de emergencia y/o desastre agropecuario cuatro sistemas hidrográficos: Carcarañá, Morteros, Río Segundo y San Francisco. Hace unos meses fueron considerados con igual estatus los departamentos Marcos Juárez, Unión y Juárez Celman, el área de Vicuña Mackenna, la cuenca del arroyo Santa Catalina y los sistemas Canals, Río Quinto y General Roca.
El ministro de Agricultura, Sergio Busso, explicó que, además de la exención o prórroga de los impuestos inmobiliarios provinciales y de bienes personales y ganancias, quienes tengan créditos de los bancos Córdoba y Nación accederán a prórrogas en los vencimientos.
A nivel nacional, Federación Agraria pidió ayer que se reprogramen vencimientos de deudas de los productores. La semana pasada, Coninagro había reclamado al Nación y al Provincia la prórroga de los vencimientos de las tarjetas rurales de esos bancos.
En Santa Fe, unas 7.000.000 de hectáreas están comprometidas por las lluvias, lo que representa más del 50% de la superficie provincial. Allí ya se está evaluando la posibilidad de declarar la situación de emergencia y/o desastre.
Pese al retraso de la cosecha, por el momento no se frenó la liquidación de divisas de los exportadores, pues ya tenían mercadería comprada antes del temporal. Según difundió ayer el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la semana pasada se liquidaron 590,5 millones de dólares, un 71% más que en la semana precedente.
Con la colaboración de Gabriela Origlia (Córdoba) y José E. Bordón (Santa Fe)
Procrear: los nuevos créditos se ajustarían por inflación y tendrían un subsidio de capital
Por Silvia Stang - LA NACION
El Gobierno prevé relanzar el plan y orientarlo a las familias con ingresos de hasta alrededor de $ 24.000; se adoptaría el esquema de préstamos indexados que anunció días atrás el Banco Central y se sumarían ayudas otorgadas por el Estado
Los nuevos préstamos para vivienda del plan Procrear tendrían cuotas ajustables por inflación e irían acompañados por un subsidio de capital aportado por el Estado. De esta manera, este programa adoptaría el nuevo esquema lanzado por el Banco Central , según el cual los bancos ofrecerán créditos nominados no en pesos ni en dólares, sino en Unidades de Vivienda (UVI), una unidad de medida que se va actualizando según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). El CER, a su vez, evoluciona según el índice de inflación (actualmente, según el estimado por el instituto de estadística de San Luis o por el de la ciudad de Buenos Aires y, en el futuro, según el nuevo Índice de Precios al Consumidor que dará a conocer por primera vez el Indec a mediados de junio).
Según dijo a LA NACION el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno nacional, Iván Kerr, y según confirmaron fuentes de la Anses, el objetivo es llegar con el Procrear a familias con ingresos de entre dos y cuatro salarios mínimos (12.120 a 24.240 pesos según los valores hoy vigentes). Para determinar quiénes, dentro de ese segmento, accederán al plan, se prevé disponer un sistema de puntajes, de tal forma de privilegiar con los subsidios, en primer lugar, a los hogares más vulnerables en función de una serie de parámetros. Quedaría eliminado el sistema de sorteos.
Kerr integra, junto con otros funcionarios del Gobierno, el comité ejecutivo del Procrear que es presidido por la Anses, organismo a cargo de Emilio Basavilbaso.
En una entrevista con LA NACION en enero de este año, Basavilbaso había anticipado que no se descartaba que el Procrear adoptara el mecanismo de créditos indexados, que por ese entonces era un proyecto del Banco Central. Ese esquema ya fue finalmente lanzado por la entidad que preside Federico Sturzenegger, y ahora se analizan próximos anuncios para llegar a segmentos de la población con ingresos medios y bajos afectados por el déficit de vivienda. Los nuevos préstamos bancarios en UVI, pese a que ofrecen mayor flexibilidad para el acceso en comparación con los del sistema tradicional (al reducir el valor de las cuotas iniciales) dejan al margen a muchos hogares, dados sus niveles de ingresos.
Más allá de eso, lo cierto es que en estos momentos el esquema de créditos ajustables (que toma sus recaudos, al prever una extensión de plazos en caso de que los salarios no suban en forma similar al incremento de los precios) genera dudas. Por un lado, porque no existe una tendencia a la baja de la inflación, y esa es una condición que varios economistas creen que debería darse para que un sistema así funcione. Por otra parte, no pocos analistas advierten que el Indec debería recuperar antes su credibilidad, perdida durante el kirchnerismo. Y eso, según se prevé, llevará un tiempo que se extenderá más allá de la fecha en que el instituto presentará su nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 15 de junio.
Según explicó Kerr, el nuevo Procrear funcionaría de la siguiente manera, siempre de acuerdo con el esquema que está en estudio: una familia con un ingreso neto de, por ejemplo, $ 24.240 podría acceder a un capital financiado a 20 años de $ 918.000 (con una cuota de $ 6060, ya que el otorgamiento se limitaría a que la cuota no vaya más allá del 25% del ingreso), a eso deberían sumarse $ 137.000 de ahorros previos, y se obtendría un subsidio de $ 100.000. Se llegaría entonces a un valor para asignar a la vivienda de $ 1.155.000. El crédito tendría una tasa de interés anual de alrededor del 5%.
Una de las cuestiones es conseguir, desde el Estado, los recursos para los subsidios, que no deberían salir del fondo de garantía de la Anses (según la ley ese fondo puede ser invertido pero no utilizado, salvo bajo condiciones especiales). Los subsidios serían decrecientes cuanto más elevados sean los ingresos del hogar.
Hasta ahora, los créditos tenían una tasa de interés subsidiada, cuyo nivel estaba por debajo de la inflación, lo que afectaba a la baja el valor real del mencionado fondo de reserva previsional que gestiona la Anses, del que salía dinero para los préstamos. Según los funcionarios, otro problema de esa modalidad es que se subsidaba a quienes, por sus ingresos, no necesitaban tal ayuda del Estado (pero que tal vez no tenían tampoco la posibilidad de un crédito en el sistema bancario).
Otro cambio que podría anunciarse es que en el futuro los préstamos podrían tener como finalidad la compra de unidades ya terminadas. Tampoco se descarta, según ya había anticipado Basavilbaso, la participación de bancos privados en las operaciones de financiamiento.
El titular de la Anses se había referido también a la intención de elevar el valor tope de los créditos, ya que -efectos de la inflación mediante- los montos otorgados no les permitieron a muchas familias terminar sus viviendas. Hasta ahora, en su línea de créditos individuales el Procrear aprobó 171.169 operaciones (159.628 son créditos ya efectivamente otorgados), a las que se suma el financiamiento de 23.560 viviendas en 70 desarrollos urbanísticos. En los créditos individuales, según datos de la Anses, el monto promedio fue de $ 353.679 y la cuota promedio, de $ 3096. En total, se comprometieron para esas operaciones $ 52.251 millones.
El proyecto oficial, según explicó Kerr, implica también aportar soluciones para el déficit habitacional en sectores socioeconómicos bajos. Por eso, afirmó, el próximo anuncio del relanzamiento del Procrear se completará con iniciativas destinadas a familias con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos: en este caso, serán planes de construcción de viviendas sociales y de acceso a servicios de microfinanzas.
El Gobierno prevé relanzar el plan y orientarlo a las familias con ingresos de hasta alrededor de $ 24.000; se adoptaría el esquema de préstamos indexados que anunció días atrás el Banco Central y se sumarían ayudas otorgadas por el Estado
Los nuevos préstamos para vivienda del plan Procrear tendrían cuotas ajustables por inflación e irían acompañados por un subsidio de capital aportado por el Estado. De esta manera, este programa adoptaría el nuevo esquema lanzado por el Banco Central , según el cual los bancos ofrecerán créditos nominados no en pesos ni en dólares, sino en Unidades de Vivienda (UVI), una unidad de medida que se va actualizando según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). El CER, a su vez, evoluciona según el índice de inflación (actualmente, según el estimado por el instituto de estadística de San Luis o por el de la ciudad de Buenos Aires y, en el futuro, según el nuevo Índice de Precios al Consumidor que dará a conocer por primera vez el Indec a mediados de junio).
Según dijo a LA NACION el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno nacional, Iván Kerr, y según confirmaron fuentes de la Anses, el objetivo es llegar con el Procrear a familias con ingresos de entre dos y cuatro salarios mínimos (12.120 a 24.240 pesos según los valores hoy vigentes). Para determinar quiénes, dentro de ese segmento, accederán al plan, se prevé disponer un sistema de puntajes, de tal forma de privilegiar con los subsidios, en primer lugar, a los hogares más vulnerables en función de una serie de parámetros. Quedaría eliminado el sistema de sorteos.
Kerr integra, junto con otros funcionarios del Gobierno, el comité ejecutivo del Procrear que es presidido por la Anses, organismo a cargo de Emilio Basavilbaso.
En una entrevista con LA NACION en enero de este año, Basavilbaso había anticipado que no se descartaba que el Procrear adoptara el mecanismo de créditos indexados, que por ese entonces era un proyecto del Banco Central. Ese esquema ya fue finalmente lanzado por la entidad que preside Federico Sturzenegger, y ahora se analizan próximos anuncios para llegar a segmentos de la población con ingresos medios y bajos afectados por el déficit de vivienda. Los nuevos préstamos bancarios en UVI, pese a que ofrecen mayor flexibilidad para el acceso en comparación con los del sistema tradicional (al reducir el valor de las cuotas iniciales) dejan al margen a muchos hogares, dados sus niveles de ingresos.
Más allá de eso, lo cierto es que en estos momentos el esquema de créditos ajustables (que toma sus recaudos, al prever una extensión de plazos en caso de que los salarios no suban en forma similar al incremento de los precios) genera dudas. Por un lado, porque no existe una tendencia a la baja de la inflación, y esa es una condición que varios economistas creen que debería darse para que un sistema así funcione. Por otra parte, no pocos analistas advierten que el Indec debería recuperar antes su credibilidad, perdida durante el kirchnerismo. Y eso, según se prevé, llevará un tiempo que se extenderá más allá de la fecha en que el instituto presentará su nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 15 de junio.
Según explicó Kerr, el nuevo Procrear funcionaría de la siguiente manera, siempre de acuerdo con el esquema que está en estudio: una familia con un ingreso neto de, por ejemplo, $ 24.240 podría acceder a un capital financiado a 20 años de $ 918.000 (con una cuota de $ 6060, ya que el otorgamiento se limitaría a que la cuota no vaya más allá del 25% del ingreso), a eso deberían sumarse $ 137.000 de ahorros previos, y se obtendría un subsidio de $ 100.000. Se llegaría entonces a un valor para asignar a la vivienda de $ 1.155.000. El crédito tendría una tasa de interés anual de alrededor del 5%.
Una de las cuestiones es conseguir, desde el Estado, los recursos para los subsidios, que no deberían salir del fondo de garantía de la Anses (según la ley ese fondo puede ser invertido pero no utilizado, salvo bajo condiciones especiales). Los subsidios serían decrecientes cuanto más elevados sean los ingresos del hogar.
Hasta ahora, los créditos tenían una tasa de interés subsidiada, cuyo nivel estaba por debajo de la inflación, lo que afectaba a la baja el valor real del mencionado fondo de reserva previsional que gestiona la Anses, del que salía dinero para los préstamos. Según los funcionarios, otro problema de esa modalidad es que se subsidaba a quienes, por sus ingresos, no necesitaban tal ayuda del Estado (pero que tal vez no tenían tampoco la posibilidad de un crédito en el sistema bancario).
Otro cambio que podría anunciarse es que en el futuro los préstamos podrían tener como finalidad la compra de unidades ya terminadas. Tampoco se descarta, según ya había anticipado Basavilbaso, la participación de bancos privados en las operaciones de financiamiento.
El titular de la Anses se había referido también a la intención de elevar el valor tope de los créditos, ya que -efectos de la inflación mediante- los montos otorgados no les permitieron a muchas familias terminar sus viviendas. Hasta ahora, en su línea de créditos individuales el Procrear aprobó 171.169 operaciones (159.628 son créditos ya efectivamente otorgados), a las que se suma el financiamiento de 23.560 viviendas en 70 desarrollos urbanísticos. En los créditos individuales, según datos de la Anses, el monto promedio fue de $ 353.679 y la cuota promedio, de $ 3096. En total, se comprometieron para esas operaciones $ 52.251 millones.
El proyecto oficial, según explicó Kerr, implica también aportar soluciones para el déficit habitacional en sectores socioeconómicos bajos. Por eso, afirmó, el próximo anuncio del relanzamiento del Procrear se completará con iniciativas destinadas a familias con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos: en este caso, serán planes de construcción de viviendas sociales y de acceso a servicios de microfinanzas.
El Gobierno le dio un ultimátum a Electroingeniería
Por Diego Cabot - LA NACION
Aranguren le dijo que si no acepta achicar las represas Kirchner y Cepernic, relicitará el proyecto
El ministro de Energía, Juan José Aranguren. Foto:Archivo
Las negociaciones entre el Gobierno y el consorcio que se adjudicó la construcción de las dos centrales hidroeléctricas en Santa Cruz están en un momento de tensión.
El jueves, ante un puñado de empresarios, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que si no había acuerdo con el nuevo proyecto, las centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic iban a ser relicitadas. "Ya les he adelantado a los integrantes de la UTE [unión transitoria de empresas] adjudicataria: o se ajustan a las modificaciones o se llama a una nueva licitación del proyecto", dijo el ministro.
Fue en un encuentro reservado convocado por la Cámara Argentina de Comercio Española en el hotel Alvear. Por la tarde, en el ministerio confirmaron a LA NACION que ya se había tomado la decisión. "La UTE está al tanto", dijeron cerca de su despacho. El consorcio está integrado por la compañía china Gezhouba Group y las locales Electroingeniería e Hidrocuyo.
En Electroingeniería prefirieron una respuesta de ocasión. "Trabajamos para la continuidad del proyecto", se limitaron a decir. La obra pública más importante que licitó el kirchnerismo entró en un momento de indefiniciones.
Desde hace al menos dos meses el Gobierno trabaja en achicar el proyecto. Originalmente las represas, presupuestadas en US$ 5500 millones, tenían 11 turbinas, de las cuales seis estaban ubicadas en la Kirchner y cinco en la Cepernic. Esa cantidad bajaría a cinco en la primera y tres en la segunda. De esa manera, de los alrededor de 1760 MW que se planteó que generarían se pasará a 1350 MW.
El ahorro se destinaría a la construcción de un tendido de una línea de alta tensión que permita llevar la energía que se produzca en las dos presas a centros de mayor consumo. De esta manera, el Gobierno lograría mantener las líneas de créditos chinas sin modificar las condiciones del préstamo, pero dotaría de otras funcionalidades a la obra.
En los borradores que tienen en las oficinas cerca de Aranguren hay otro detalle. El complejo estaba pensado para que produzca en los picos de demanda. Ahora, los técnicos estiman que es más conveniente que despachen como base, es decir, que funcionen más horas con una capacidad menor. La cuenta anualizada de la entrega al mercado es similar.
El ultimátum que el Gobierno les dio a Electroingeniería y a sus socios es celosamente estudiado. Sucede que la empresa cordobesa, que creció como pocas durante el kirchnerismo, no pasa por su mejor momento financiero. Hay que admitirlo, la falta de flujo es una queja que se escucha en todo el mundo constructor argentino, ya que, con la excepción de Vialidad Nacional, la gran mayoría de los proyectos, los planes y los pagos están en mesas de estudio para ser rediseñados.
La empresa ya acumula deuda de sueldos con algunos de sus empleados. Por caso, en la constructora hay atrasos salariales, mientras que en el grupo de medios, que forman Radio Del Plata y 360TV, además de alguna estación radial cordobesa, aun más.
Aunque los socios de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, siempre dijeron que los medios eran un proyecto de sus hijos, lo cierto es que la dependencia del grupo de los favores de la publicidad oficial y de la obra pública parece ser tan directa que pocos meses después de que el kirchnerismo dejó el poder el esquema empresario empezó a crujir.
Tienen más motivos para preocuparse. Aranguren también estaría dispuesto a relicitar otra obra que fue adjudicada a Electroingeniería. Se trata de la central Termoeléctrica Manuel Belgrano II. El año pasado se firmó el contrato con Enarsa para la construcción de un ciclo combinado de 810 MW a construirse en la localidad de Campana, en un predio vecino a donde se construyó la Central Manuel Belgrano I.
Números de una obra récord
5500 Millones de dólares - Es la cifra de inversión pública presupuestada para las dos centrales, cuyo monto más importante vendría de China
11 Usinas - Eran las turbinas que se iban a colocar en el proyecto original; ahora quedarían ocho, cinco en la Kirchner y tres en la Cepernic
1350 Generación - Son los MW que generarán aproximadamente las dos represas sobre el río Santa Cruz
Aranguren le dijo que si no acepta achicar las represas Kirchner y Cepernic, relicitará el proyecto
El ministro de Energía, Juan José Aranguren. Foto:Archivo
Las negociaciones entre el Gobierno y el consorcio que se adjudicó la construcción de las dos centrales hidroeléctricas en Santa Cruz están en un momento de tensión.
El jueves, ante un puñado de empresarios, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que si no había acuerdo con el nuevo proyecto, las centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic iban a ser relicitadas. "Ya les he adelantado a los integrantes de la UTE [unión transitoria de empresas] adjudicataria: o se ajustan a las modificaciones o se llama a una nueva licitación del proyecto", dijo el ministro.
Fue en un encuentro reservado convocado por la Cámara Argentina de Comercio Española en el hotel Alvear. Por la tarde, en el ministerio confirmaron a LA NACION que ya se había tomado la decisión. "La UTE está al tanto", dijeron cerca de su despacho. El consorcio está integrado por la compañía china Gezhouba Group y las locales Electroingeniería e Hidrocuyo.
En Electroingeniería prefirieron una respuesta de ocasión. "Trabajamos para la continuidad del proyecto", se limitaron a decir. La obra pública más importante que licitó el kirchnerismo entró en un momento de indefiniciones.
Desde hace al menos dos meses el Gobierno trabaja en achicar el proyecto. Originalmente las represas, presupuestadas en US$ 5500 millones, tenían 11 turbinas, de las cuales seis estaban ubicadas en la Kirchner y cinco en la Cepernic. Esa cantidad bajaría a cinco en la primera y tres en la segunda. De esa manera, de los alrededor de 1760 MW que se planteó que generarían se pasará a 1350 MW.
El ahorro se destinaría a la construcción de un tendido de una línea de alta tensión que permita llevar la energía que se produzca en las dos presas a centros de mayor consumo. De esta manera, el Gobierno lograría mantener las líneas de créditos chinas sin modificar las condiciones del préstamo, pero dotaría de otras funcionalidades a la obra.
En los borradores que tienen en las oficinas cerca de Aranguren hay otro detalle. El complejo estaba pensado para que produzca en los picos de demanda. Ahora, los técnicos estiman que es más conveniente que despachen como base, es decir, que funcionen más horas con una capacidad menor. La cuenta anualizada de la entrega al mercado es similar.
El ultimátum que el Gobierno les dio a Electroingeniería y a sus socios es celosamente estudiado. Sucede que la empresa cordobesa, que creció como pocas durante el kirchnerismo, no pasa por su mejor momento financiero. Hay que admitirlo, la falta de flujo es una queja que se escucha en todo el mundo constructor argentino, ya que, con la excepción de Vialidad Nacional, la gran mayoría de los proyectos, los planes y los pagos están en mesas de estudio para ser rediseñados.
La empresa ya acumula deuda de sueldos con algunos de sus empleados. Por caso, en la constructora hay atrasos salariales, mientras que en el grupo de medios, que forman Radio Del Plata y 360TV, además de alguna estación radial cordobesa, aun más.
Aunque los socios de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, siempre dijeron que los medios eran un proyecto de sus hijos, lo cierto es que la dependencia del grupo de los favores de la publicidad oficial y de la obra pública parece ser tan directa que pocos meses después de que el kirchnerismo dejó el poder el esquema empresario empezó a crujir.
Tienen más motivos para preocuparse. Aranguren también estaría dispuesto a relicitar otra obra que fue adjudicada a Electroingeniería. Se trata de la central Termoeléctrica Manuel Belgrano II. El año pasado se firmó el contrato con Enarsa para la construcción de un ciclo combinado de 810 MW a construirse en la localidad de Campana, en un predio vecino a donde se construyó la Central Manuel Belgrano I.
Números de una obra récord
5500 Millones de dólares - Es la cifra de inversión pública presupuestada para las dos centrales, cuyo monto más importante vendría de China
11 Usinas - Eran las turbinas que se iban a colocar en el proyecto original; ahora quedarían ocho, cinco en la Kirchner y tres en la Cepernic
1350 Generación - Son los MW que generarán aproximadamente las dos represas sobre el río Santa Cruz
Suscribirse a:
Entradas (Atom)