(defensa.com) - Entre los días 13 y 17 de abril tendrá lugar en Ginebra una reunión de expertos que analizará la situación actual de los sistemas de armas autónomos letales (Lethal Autonomous Weapons Systems o LAWS por sus siglas en inglés).
Durante el encuentro, expertos del Convenio sobre Ciertas Armas Letales (CCW por sus siglas en inglés) analizarán durante cinco días cuestiones relativas a las tecnologías emergentes en materia de sistemas de armas letales autónomas en base al desarrollo tecnológico alcanzado que permite automatizar determinados sistemas de armas de manera que se pueden dotar de capacidad de decisión letal. Estas van desde los vehículos aéreos o terrestres no tripulados a los sistemas automatizados de vigilancia de fronteras dotados con sistemas de armas.
Este grupo de expertos pretende convencer a las Naciones Unidas de la necesidad de prohibir estos sistemas de armas antes de que se comercialicen. La mayoría de cuestiones están relacionadas con aspectos éticos o morales o los dilemas que su uso podría plantear como el control del arma o la responsabilidad de las acciones. Uno de los temores es la posibilidad de que la falta de emociones humanas impida tomar decisiones morales que aseguren la ausencia de daños colaterales o muertes de civiles. (J.N.G.)
Blog independiente que impulsa el desarrollo científico -tecnológico, socio-económico y la capacidad de defensa nacional. Sin inversión no hay tecnología y sin tecnología no hay desarrollo, y sin desarrollo, no hay defensa. El derecho a vivir libremente conlleva la responsabilidad de defender esa libertad frente a cualquier ataque. "Solo quienes pueden ver se dan cuenta que falta algo"... Desde el 2006 junto a ustedes.
viernes, 10 de abril de 2015
Salida al Puerto de Buenos Aires de la Linea San Martín
(Rieles.com) - Se está llevando a cabo una importante obra para recuperar la salida al puerto de Buenos Aires de la línea San Martín.
La misma se ubica a la altura de lo que fuera el Empalme Tagle del Ferrocarril Mitre con el Ferrocarril San Martín, el cual se encuentra desafectado. De acuerdo a lo que pudimos recabar por parte del personal de la empresa constructora que está llevando adelante la nueva obra, esta consta de una nueva infraestructura de vía única que será construida en forma paralela a la actual vía descendente de la línea San Martín, entre la Avda. Casares y la entrada al puente que cruza las líneas Mitre y Belgrano Norte, con casi una extensión de 900 mts.. El fin de ello es volver a conectar exclusivamente los trenes de carga de la línea San Martín con el puerto de Buenos Aires.
También dentro del plan, se tiene previsto la construcción de un empalme con la línea Mitre a la altura de la Avda. Casares, esto permitirá que los trenes de carga de NCA también puedan ingresar al puerto, sin necesidad de pasar por Retiro hacia Empalme Norte.
En estos momentos se encuentran construyendo y consolidando el nuevo tramo de terraplén y la semana pasada estuvieron armando vía sobre el tramo que esta hacia el lado de la calle Padre Carlos Mujica, cuyo puente que la cruza ya se encuentra terminado desde hace bastante tiempo.
La misma se ubica a la altura de lo que fuera el Empalme Tagle del Ferrocarril Mitre con el Ferrocarril San Martín, el cual se encuentra desafectado. De acuerdo a lo que pudimos recabar por parte del personal de la empresa constructora que está llevando adelante la nueva obra, esta consta de una nueva infraestructura de vía única que será construida en forma paralela a la actual vía descendente de la línea San Martín, entre la Avda. Casares y la entrada al puente que cruza las líneas Mitre y Belgrano Norte, con casi una extensión de 900 mts.. El fin de ello es volver a conectar exclusivamente los trenes de carga de la línea San Martín con el puerto de Buenos Aires.
También dentro del plan, se tiene previsto la construcción de un empalme con la línea Mitre a la altura de la Avda. Casares, esto permitirá que los trenes de carga de NCA también puedan ingresar al puerto, sin necesidad de pasar por Retiro hacia Empalme Norte.
En estos momentos se encuentran construyendo y consolidando el nuevo tramo de terraplén y la semana pasada estuvieron armando vía sobre el tramo que esta hacia el lado de la calle Padre Carlos Mujica, cuyo puente que la cruza ya se encuentra terminado desde hace bastante tiempo.
SBASE contrata a la universidad de Tandil para construir un simulador
(enelsubte.com) - La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires recibió 13 millones de pesos por parte de SBASE para construir un simulador de conducción de trenes, que servirá para el entrenamiento de maquinistas en el manejo de coches Alstom, CNR y CAF 6000.
El Instituto Pladema, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), con sede en Tandil, firmó un convenio con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) para el desarrollo de un simulador de conducción de trenes. La empresa estatal porteña entregó unos 13 millones de pesos para financiar la iniciativa.
Los simuladores servirán para capacitar a los trabajadores en la conducción de trenes Alstom (líneas D y H), CAF 6000 (línea B) y CNR (línea A).
“El proyecto contempla la fabricación de cuatro puestos de formación con una cabina en tamaño real con controles en hardware y modelos computacionales de comportamiento que simulen cada modelo de tren” informó el Instituto en su página web. El desarrollo de los dispositivos está a cargo de un equipo de Media.Lab, uno de los proyectos de Pladema, coordinado por el doctor en Ciencias de la Computación Cristian García Bauzá.
“El sistema implica desafíos tecnológicos que están en la frontera de las posibilidades actuales“, explicaron. Por caso, deberá modelarse “el comportamiento físico de las formaciones, simular los desplazamientos de multitud de personas, representar en forma realista varios kilómetros de túneles y vías, y construir la geometría de más de un centenar de estaciones”.
El Instituto Pladema, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), con sede en Tandil, firmó un convenio con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) para el desarrollo de un simulador de conducción de trenes. La empresa estatal porteña entregó unos 13 millones de pesos para financiar la iniciativa.
Los simuladores servirán para capacitar a los trabajadores en la conducción de trenes Alstom (líneas D y H), CAF 6000 (línea B) y CNR (línea A).
“El proyecto contempla la fabricación de cuatro puestos de formación con una cabina en tamaño real con controles en hardware y modelos computacionales de comportamiento que simulen cada modelo de tren” informó el Instituto en su página web. El desarrollo de los dispositivos está a cargo de un equipo de Media.Lab, uno de los proyectos de Pladema, coordinado por el doctor en Ciencias de la Computación Cristian García Bauzá.
“El sistema implica desafíos tecnológicos que están en la frontera de las posibilidades actuales“, explicaron. Por caso, deberá modelarse “el comportamiento físico de las formaciones, simular los desplazamientos de multitud de personas, representar en forma realista varios kilómetros de túneles y vías, y construir la geometría de más de un centenar de estaciones”.
Una madrugada a los tiros y un cargamento de marihuana valuado en más de $50 millones
(Clarin.com) - Gendarmería secuestró más de seis toneladas de droga tras un intenso tiroteo con los traficantes en una zona boscosa. Trasladaban el cargamento en una caravana de tres camionetas. Un detenido.
Hace tres días en San Ignacio habían detenido a un camionero con más de una tonelada de marihuana. (Prensa Gendarmería)
La Gendarmería incautó unas seis toneladas de marihuana y detuvo a un hombre durante un operativo en el norte de Misiones que incluyó un intenso tiroteo con los traficantes.
El cargamento se encontraba acondicionado en tres camionetas, cuyos conductores se enfrentaron a tiros con los gendarmes al ser detectados esta madrugada en momentos en que circulaban en caravana por una ruta provincial, al parecer con destino a un sitio de acopio de droga.
Uno de los choferes, que sería oriundo de la provincia de Formosa, fue arrestado, mientras que los otros dos lograron huir hacia una zona boscosa, amparados por la oscuridad, ya que aún no había amanecido cuando se llevó a cabo el operativo.
Fuentes de la fuerza estimaron que la intención de los delincuentes que huyeron era llegar hasta la ribera del río Paraná y que el cargamento estaba distribuido en unas 270 bolsas de arpillera y era trasladado a la Argentina desde Paraguay.
De acuerdo con las mismas fuentes, la cantidad de droga secuestrada superaría las 6 toneladas, con un valor de más de 50 millones de pesos.
En Salta, en tanto, Gendarmería detuvo a cinco hombres y secuestró más de 124 kilos de marihuana que estaban escondidos en el doble fondo de una camioneta.
Hace tres días en San Ignacio habían detenido a un camionero con más de una tonelada de marihuana. (Prensa Gendarmería)
La Gendarmería incautó unas seis toneladas de marihuana y detuvo a un hombre durante un operativo en el norte de Misiones que incluyó un intenso tiroteo con los traficantes.
El cargamento se encontraba acondicionado en tres camionetas, cuyos conductores se enfrentaron a tiros con los gendarmes al ser detectados esta madrugada en momentos en que circulaban en caravana por una ruta provincial, al parecer con destino a un sitio de acopio de droga.
Uno de los choferes, que sería oriundo de la provincia de Formosa, fue arrestado, mientras que los otros dos lograron huir hacia una zona boscosa, amparados por la oscuridad, ya que aún no había amanecido cuando se llevó a cabo el operativo.
Fuentes de la fuerza estimaron que la intención de los delincuentes que huyeron era llegar hasta la ribera del río Paraná y que el cargamento estaba distribuido en unas 270 bolsas de arpillera y era trasladado a la Argentina desde Paraguay.
De acuerdo con las mismas fuentes, la cantidad de droga secuestrada superaría las 6 toneladas, con un valor de más de 50 millones de pesos.
En Salta, en tanto, Gendarmería detuvo a cinco hombres y secuestró más de 124 kilos de marihuana que estaban escondidos en el doble fondo de una camioneta.
La Ciudad acusó a la Nación de retener coches para el subte (II)
(La Nación) - Pedirá que la Justicia ordene liberar 28 vagones paralizados en la Aduana
Los nuevos coches 0 km para la línea A. Foto: Sbase
El gobierno porteño denunció ayer que la Secretaría de Comercio de la Nación demora el ingreso de 28 coches al país que serán destinados a renovar la flota de las líneas del subte porteño A y C.
Ante esta situación, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), la empresa estatal que administra la red de subtes de la ciudad, informó que solicitará a la Justicia que dicte una medida cautelar para que el organismo, a cargo de Augusto Costa, libere los coches que retiene en la Aduana desde principios de este año.
Según indicó la empresa en un comunicado, "se realizaron todos los trámites y gestiones necesarias para obtener las autorizaciones pertinentes, pero, al día de hoy, el certificado no fue expedido. Asimismo, ninguno de los funcionarios de la cartera ha respondido los múltiples llamados, correos y solicitudes de audiencia para resolver la situación".
"La decisión de la Secretaría de Comercio resulta por demás arbitraria, dado que Sbase cumplió con todos los pasos requeridos. De esta manera, desconoce además la capacidad y competencia con que cuenta Sbase como autoridad de aplicación del régimen de regulación y reestructuración del sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo y las atribuciones que tiene a su cargo conforme la ley 4472", agregaron.
La denuncia la había hecho pública ayer a la mañana el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "No están jodiendo a Mauricio Macri, sino a todos los porteños", dijo el funcionario porteño en diálogo con Radio Mitre. El plan del gobierno porteño es renovar unos 350 coches en todas las líneas.
Desde inicio de enero, 18 coches provenientes del subte de Nagoya, Japón, que recorrerán la línea C, están retenidos en la Aduana.
En tanto, los restantes diez, destinados a la línea A, llegaron esta semana. Sbase espera que estos nuevos coches 0 km entren en servicio paulatinamente durante el segundo semestre de 2015.
En la empresa aseguran que la incorporación de estos 28 coches es clave para mejorar la frecuencia en el subte. Al respecto, el presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo, comentó: "Le pedimos al gobierno nacional que por favor nos libere los coches en forma urgente, ya que se está perjudicando a muchos trabajadores que utilizan el subte todos los días, impidiéndoles que viajen con más seguridad, con mejor frecuencia y con aire acondicionado"..
Los nuevos coches 0 km para la línea A. Foto: Sbase
El gobierno porteño denunció ayer que la Secretaría de Comercio de la Nación demora el ingreso de 28 coches al país que serán destinados a renovar la flota de las líneas del subte porteño A y C.
Ante esta situación, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), la empresa estatal que administra la red de subtes de la ciudad, informó que solicitará a la Justicia que dicte una medida cautelar para que el organismo, a cargo de Augusto Costa, libere los coches que retiene en la Aduana desde principios de este año.
Según indicó la empresa en un comunicado, "se realizaron todos los trámites y gestiones necesarias para obtener las autorizaciones pertinentes, pero, al día de hoy, el certificado no fue expedido. Asimismo, ninguno de los funcionarios de la cartera ha respondido los múltiples llamados, correos y solicitudes de audiencia para resolver la situación".
"La decisión de la Secretaría de Comercio resulta por demás arbitraria, dado que Sbase cumplió con todos los pasos requeridos. De esta manera, desconoce además la capacidad y competencia con que cuenta Sbase como autoridad de aplicación del régimen de regulación y reestructuración del sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo y las atribuciones que tiene a su cargo conforme la ley 4472", agregaron.
La denuncia la había hecho pública ayer a la mañana el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "No están jodiendo a Mauricio Macri, sino a todos los porteños", dijo el funcionario porteño en diálogo con Radio Mitre. El plan del gobierno porteño es renovar unos 350 coches en todas las líneas.
Desde inicio de enero, 18 coches provenientes del subte de Nagoya, Japón, que recorrerán la línea C, están retenidos en la Aduana.
En tanto, los restantes diez, destinados a la línea A, llegaron esta semana. Sbase espera que estos nuevos coches 0 km entren en servicio paulatinamente durante el segundo semestre de 2015.
En la empresa aseguran que la incorporación de estos 28 coches es clave para mejorar la frecuencia en el subte. Al respecto, el presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo, comentó: "Le pedimos al gobierno nacional que por favor nos libere los coches en forma urgente, ya que se está perjudicando a muchos trabajadores que utilizan el subte todos los días, impidiéndoles que viajen con más seguridad, con mejor frecuencia y con aire acondicionado"..
Condena el Ciadi al país por US$ 405 millones
Por Florencia Donovan | LA NACION
El tribunal del Banco Mundial falló a favor de la ex concesionaria de Aguas Argentinas
El frente externo no deja de darle disgustos al gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, el golpe llega por el lado del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que condenó ayer al país a pagarles US$ 405 millones a la firma francesa Suez y a la española Aguas de Barcelona (Agbar), ex concesionarias de Aguas Argentinas y de Aguas Provinciales de Santa Fe.
Ambas empresas demandaron al Estado argentino por considerar que en 2006 rescindió "unilateralmente" el contrato suscripto en 1993. Suez y Aguas de Barcelona eran accionistas de las empresas de servicios públicos que tenían la concesión por 30 años del suministro de agua y de desagües cloacales en Buenos Aires y en Santa Fe.
Según dijeron ayer a la nacion fuentes que siguen de cerca el caso, se espera que el país presente próximamente un pedido de nulidad de la sentencia, por lo que, en la práctica, aún no tendría que desembolsar los fondos. Pero la decisión del Ciadi contribuye al mal clima con el país en el exterior.
La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de otorgar compensaciones por "el perjuicio sufrido" es parte de un caso que duró muchos años, dijo Suez en un comunicado difundido ayer en París. "Representa un paso importante en el proceso de resolver esta disputa", agregó la empresa francesa. "El próximo paso consistirá en asegurarse de que la decisión del Ciadi sea implementada." Consultados al respecto por LA NACION, en el Ministerio de Economía no hicieron declaraciones.
A diferencia de una apelación tradicional, el pedido de nulidad de un fallo del Ciadi no garantiza el fin de una demanda. Ya que, explicaron las fuentes, aun si el país logra que el tribunal anule el fallo, la compañía tiene la posibilidad de hacer una nueva demanda. Eso sí, los pedidos de nulidad permiten ganar tiempo, ya que pueden llevar entre dos y tres años para resolverse, aclararon.
La de Suez, no obstante, no es la única sentencia que la Argentina tiene por estos días pendiente de pago. Se suma a dos que el país perdió el año pasado, y en las cuales el Ciadi ya le denegó el pedido de nulidad: la de El Paso Energy, por US$ 43,03 millones, y la de Impregilo, por otros US$ 21,02 millones. Como en otros casos, el país estaría exigiendo que las empresas se presenten en la justicia argentina para pedir la ejecución de la sentencia, cosa que aquellas rechazan.
Hasta ahora, el Estado argentino sólo pagó cinco laudos de las 51 demandas que se presentaron contra el país en el Ciadi. Lo hizo en 2013, y tras una negociación con el fondo Gramercy -el mismo que en algún momento intentó gestionar un acuerdo entre el Gobierno y los fondos buitre-, que compró cuatro de esas cinco sentencias.
Son los casos de CMS Gas Transmission Company (US$ 133,2 millones), Azurix Corp. (US$ 165 millones), Continental Casualty Company (US$ 2,8 millones), National Grid (US$ 53 millones) y Vivendi Universal SA (US$ 105 millones), este último, el único acreedor original que recibió algún pago de la Argentina. El Gobierno les ofreció bonos soberanos y con un descuento.
Pero quedan, según consta en la página web del Ciadi, 19 demandas todavía pendientes de resolución, cuyos valores son imposibles de cuantificar ya que no se informan públicamente. "Por lo general, son casos suspendidos, en los cuales las dos partes acordaron que no avancen por ahora", aseguraron las fuentes al tanto de los litigios.
Salvo algunas excepciones, la mayoría de las demandas se iniciaron después de la devaluación de 2001 y, sobre todo, producto del congelamiento de tarifas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Con 51 demandas, el país fue, de hecho, el de mayor cantidad de causas abiertas en el Ciadi.
"En su gran mayoría correspondían a situaciones como ésta [por la de Suez], en las que se rescindieron contratos de empresas de servicios públicos", explicó un abogado que estuvo a cargo de varias causas. "En otra serie de casos, los reclamos surgieron no por la pesificación de 2001, sino por el congelamiento de los precios de la energía. Aquí lo que se decide es la conducta del país respecto de los principios básicos de derecho internacional incorporados en el tratado, como es el del tratamiento justo y equitativo de las inversiones. Como estas cosas se han producido sin quedarse con la compañía, sino sólo con la concesión, es un estándar más difícil de probar que no cumplir simplemente con algo del contrato de concesión", detalló, con la condición de no ser identificado.
La Argentina, sin embargo, viene dando una dura batalla en el Ciadi. Y el equipo de abogados del país también se anotó varias victorias. De los 32 casos que figuran como "concluidos" en la página web del tribunal, la Argentina ganó los juicios contra Metalpar (una empresa de colectivos), la petrolera alemana Wintershall, la compañía de telecomunicaciones TSA Spectrum y, más recientemente, contra Daimler. Además, logró que otras 16 empresas desistieran, por diversos motivos, de sus demandas originales (entre ellas, Repsol, que cobró una indemnización por la expropiación de YPF).
DEMANDAS EN EL CIADI
El tribunal del Banco Mundial falló a favor de la ex concesionaria de Aguas Argentinas
El frente externo no deja de darle disgustos al gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, el golpe llega por el lado del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que condenó ayer al país a pagarles US$ 405 millones a la firma francesa Suez y a la española Aguas de Barcelona (Agbar), ex concesionarias de Aguas Argentinas y de Aguas Provinciales de Santa Fe.
Ambas empresas demandaron al Estado argentino por considerar que en 2006 rescindió "unilateralmente" el contrato suscripto en 1993. Suez y Aguas de Barcelona eran accionistas de las empresas de servicios públicos que tenían la concesión por 30 años del suministro de agua y de desagües cloacales en Buenos Aires y en Santa Fe.
Según dijeron ayer a la nacion fuentes que siguen de cerca el caso, se espera que el país presente próximamente un pedido de nulidad de la sentencia, por lo que, en la práctica, aún no tendría que desembolsar los fondos. Pero la decisión del Ciadi contribuye al mal clima con el país en el exterior.
La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de otorgar compensaciones por "el perjuicio sufrido" es parte de un caso que duró muchos años, dijo Suez en un comunicado difundido ayer en París. "Representa un paso importante en el proceso de resolver esta disputa", agregó la empresa francesa. "El próximo paso consistirá en asegurarse de que la decisión del Ciadi sea implementada." Consultados al respecto por LA NACION, en el Ministerio de Economía no hicieron declaraciones.
A diferencia de una apelación tradicional, el pedido de nulidad de un fallo del Ciadi no garantiza el fin de una demanda. Ya que, explicaron las fuentes, aun si el país logra que el tribunal anule el fallo, la compañía tiene la posibilidad de hacer una nueva demanda. Eso sí, los pedidos de nulidad permiten ganar tiempo, ya que pueden llevar entre dos y tres años para resolverse, aclararon.
La de Suez, no obstante, no es la única sentencia que la Argentina tiene por estos días pendiente de pago. Se suma a dos que el país perdió el año pasado, y en las cuales el Ciadi ya le denegó el pedido de nulidad: la de El Paso Energy, por US$ 43,03 millones, y la de Impregilo, por otros US$ 21,02 millones. Como en otros casos, el país estaría exigiendo que las empresas se presenten en la justicia argentina para pedir la ejecución de la sentencia, cosa que aquellas rechazan.
Hasta ahora, el Estado argentino sólo pagó cinco laudos de las 51 demandas que se presentaron contra el país en el Ciadi. Lo hizo en 2013, y tras una negociación con el fondo Gramercy -el mismo que en algún momento intentó gestionar un acuerdo entre el Gobierno y los fondos buitre-, que compró cuatro de esas cinco sentencias.
Son los casos de CMS Gas Transmission Company (US$ 133,2 millones), Azurix Corp. (US$ 165 millones), Continental Casualty Company (US$ 2,8 millones), National Grid (US$ 53 millones) y Vivendi Universal SA (US$ 105 millones), este último, el único acreedor original que recibió algún pago de la Argentina. El Gobierno les ofreció bonos soberanos y con un descuento.
Pero quedan, según consta en la página web del Ciadi, 19 demandas todavía pendientes de resolución, cuyos valores son imposibles de cuantificar ya que no se informan públicamente. "Por lo general, son casos suspendidos, en los cuales las dos partes acordaron que no avancen por ahora", aseguraron las fuentes al tanto de los litigios.
Salvo algunas excepciones, la mayoría de las demandas se iniciaron después de la devaluación de 2001 y, sobre todo, producto del congelamiento de tarifas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Con 51 demandas, el país fue, de hecho, el de mayor cantidad de causas abiertas en el Ciadi.
"En su gran mayoría correspondían a situaciones como ésta [por la de Suez], en las que se rescindieron contratos de empresas de servicios públicos", explicó un abogado que estuvo a cargo de varias causas. "En otra serie de casos, los reclamos surgieron no por la pesificación de 2001, sino por el congelamiento de los precios de la energía. Aquí lo que se decide es la conducta del país respecto de los principios básicos de derecho internacional incorporados en el tratado, como es el del tratamiento justo y equitativo de las inversiones. Como estas cosas se han producido sin quedarse con la compañía, sino sólo con la concesión, es un estándar más difícil de probar que no cumplir simplemente con algo del contrato de concesión", detalló, con la condición de no ser identificado.
La Argentina, sin embargo, viene dando una dura batalla en el Ciadi. Y el equipo de abogados del país también se anotó varias victorias. De los 32 casos que figuran como "concluidos" en la página web del tribunal, la Argentina ganó los juicios contra Metalpar (una empresa de colectivos), la petrolera alemana Wintershall, la compañía de telecomunicaciones TSA Spectrum y, más recientemente, contra Daimler. Además, logró que otras 16 empresas desistieran, por diversos motivos, de sus demandas originales (entre ellas, Repsol, que cobró una indemnización por la expropiación de YPF).
DEMANDAS EN EL CIADI
El frente externo / Acusaciones y amenazas
Por Martín Dinatale | LA NACION - Aumenta la tensión diplomática con Londres por Malvinas
Dos citaciones a embajadores casi en simultáneo, una denuncia penal y un duro intercambio de palabras reactivaron ayer con dosis de elevada tensión el conflicto diplomático que protagonizan la Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas.
Losdichos de Cristina Kirchner del 2 de abril pasado, cuando objetó a Londres por el aumento del presupuesto de defensa para las Malvinas, sumado a un presunto espionaje británico a Buenos Aires y la denuncia penal de la Argentina contra las empresas inglesas que realizan actividades de exploración de hidrocarburos en la zona del Atlántico Sur, se convirtieron en condimentos perfectos para desatar una nueva tormenta.
Anteayer por la tarde, el Foreign Office citó en Londres a la embajadora argentina Alicia Castro para que dé explicaciones sobre los dichos de Cristina Kirchner. Es porque en el acto por la conmemoración de los 33 años de la Guerra de Malvinas la Presidenta dijo que el aumento de la defensa británica en las islas obedecía tanto a una postura favorable al "lobby armamentista" como a cuestiones de política interna de Londres.
En este contexto, fuentes del Foreign Office dijeron a LA NACIÓN que se objetaron esas declaraciones ante la embajadora Castro. Las mismas fuentes indicaron desde Londres que "el Reino Unido no tiene dudas acerca de su soberanía sobre las islas Malvinas y sus áreas marítimas circundantes, como tampoco del derecho de los isleños acerca de decidir su propio futuro".
La mención de las áreas marítimas respondió a la decisión de la Argentina de presentar una denuncia penal contra las empresas británicas Rockhopper Exploration, Premier Oil y Falkland Oil And Gas Limited, que llevan adelante trabajos de exploración de petróleo en la zona de Malvinas.
Unas horas después de que se conociera la citación de Castro, el vicecanciller Eduardo Zuain decidió convocar al embajador británico John Freeman para exigirle explicaciones por el silencio de Londres frente a las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden, a través de la publicación The Intercept, sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina. Desde que se conoció esa denuncia, el viernes pasado, Gran Bretaña mantuvo un sugestivo silencio.
"Fue una reunión muy dura y cargada de tensión", graficó a LA NACIÓN una calificada fuente del Gobierno. El encuentro de Zuain (el canciller Héctor Timerman estaba de viaje a Panamá para la Cumbre de las Américas) con Freeman se realizó ayer y duró 40 minutos. Fue tiempo suficiente como para que el vicecanciller planteara el malestar del Gobierno por las denuncias de espionaje y se quejara por el "maltrato" que recibió la embajadora Castro en Londres. Zuain dijo que el caso de espionaje viola el derecho a la privacidad según las resoluciones 68/167 y 69/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y constituyen "actos de intrusión grave, violan los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden ser contrarios a una sociedad democrática". Según ratificaron al menos tres fuentes de la diplomacia local y extranjera a LA NACIÓN, el presunto espionaje británico a la Argentina no habría estado vinculado con las Malvinas, sino con las negociaciones que mantuvo el Gobierno con Irán por el memorándum de la causa AMIA.
El embajador británico no dio explicación alguna sobre el espionaje. "No haremos comentarios", se limitó a decir Freeman, siempre según la versión argentina, ya que la embajada británica no emitió comunicado alguno ni quiso informar sobre el encuentro en el Palacio San Martín.
La reunión entre Zuain y Freeman derivó luego en la denuncia de la Argentina contra las petroleras británicas. La Cancillería informó que junto con el Ministerio de Planificación se presentó una denuncia penal contra las empresas que realizan trabajos de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido autorización de la Secretaría de Energía y en violación de la ley 26.915 y las resoluciones de la ONU referidas a las Malvinas. En este punto el embajador británico se mostró muy preocupado por las represalias y presiones que podrían sufrir las compañías británicas.
Pero quizás el punto más álgido del encuentro haya sido cuando se abordó el tema de aumento de la defensa británica en Malvinas. Según pudo saber LA NACIÓN, el vicecanciller expresó al embajador británico el malestar del Gobierno por las declaraciones del secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, cuando anunció el incremento del gasto militar en las islas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, alegando una supuesta "amenaza" argentina.
"Es inverosímil y fantasiosa la idea de Gran Bretaña de una supuesta amenaza militar argentina en las islas. Nuestro gobierno siempre buscó y buscará resolver el conflicto por la vía pacífica", asestó Zuain. Sin embargo, el embajador Freeman mencionó el "hostigamiento" y las amenazas que sienten los isleños de parte de la Argentina. "No pueden siquiera consumir fruta fresca porque la Argentina no les permite a los países de la región abastecer a las islas", se habría quejado el embajador británico.
El reciente intercambio diplomático fue áspero. Ni en Londres ni en Buenos Aires se arribó siquiera a un principio de acuerdo sobre Malvinas y todo quedó peor que antes..
Del editor: qué significa. En Gran Bretaña están en plena campaña. En la Argentina, el discurso antibritánico siempre rinde. Sólo así se entiende la actual escalada
Dos citaciones a embajadores casi en simultáneo, una denuncia penal y un duro intercambio de palabras reactivaron ayer con dosis de elevada tensión el conflicto diplomático que protagonizan la Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas.
Losdichos de Cristina Kirchner del 2 de abril pasado, cuando objetó a Londres por el aumento del presupuesto de defensa para las Malvinas, sumado a un presunto espionaje británico a Buenos Aires y la denuncia penal de la Argentina contra las empresas inglesas que realizan actividades de exploración de hidrocarburos en la zona del Atlántico Sur, se convirtieron en condimentos perfectos para desatar una nueva tormenta.
Anteayer por la tarde, el Foreign Office citó en Londres a la embajadora argentina Alicia Castro para que dé explicaciones sobre los dichos de Cristina Kirchner. Es porque en el acto por la conmemoración de los 33 años de la Guerra de Malvinas la Presidenta dijo que el aumento de la defensa británica en las islas obedecía tanto a una postura favorable al "lobby armamentista" como a cuestiones de política interna de Londres.
En este contexto, fuentes del Foreign Office dijeron a LA NACIÓN que se objetaron esas declaraciones ante la embajadora Castro. Las mismas fuentes indicaron desde Londres que "el Reino Unido no tiene dudas acerca de su soberanía sobre las islas Malvinas y sus áreas marítimas circundantes, como tampoco del derecho de los isleños acerca de decidir su propio futuro".
La mención de las áreas marítimas respondió a la decisión de la Argentina de presentar una denuncia penal contra las empresas británicas Rockhopper Exploration, Premier Oil y Falkland Oil And Gas Limited, que llevan adelante trabajos de exploración de petróleo en la zona de Malvinas.
Unas horas después de que se conociera la citación de Castro, el vicecanciller Eduardo Zuain decidió convocar al embajador británico John Freeman para exigirle explicaciones por el silencio de Londres frente a las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden, a través de la publicación The Intercept, sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina. Desde que se conoció esa denuncia, el viernes pasado, Gran Bretaña mantuvo un sugestivo silencio.
"Fue una reunión muy dura y cargada de tensión", graficó a LA NACIÓN una calificada fuente del Gobierno. El encuentro de Zuain (el canciller Héctor Timerman estaba de viaje a Panamá para la Cumbre de las Américas) con Freeman se realizó ayer y duró 40 minutos. Fue tiempo suficiente como para que el vicecanciller planteara el malestar del Gobierno por las denuncias de espionaje y se quejara por el "maltrato" que recibió la embajadora Castro en Londres. Zuain dijo que el caso de espionaje viola el derecho a la privacidad según las resoluciones 68/167 y 69/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y constituyen "actos de intrusión grave, violan los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden ser contrarios a una sociedad democrática". Según ratificaron al menos tres fuentes de la diplomacia local y extranjera a LA NACIÓN, el presunto espionaje británico a la Argentina no habría estado vinculado con las Malvinas, sino con las negociaciones que mantuvo el Gobierno con Irán por el memorándum de la causa AMIA.
El embajador británico no dio explicación alguna sobre el espionaje. "No haremos comentarios", se limitó a decir Freeman, siempre según la versión argentina, ya que la embajada británica no emitió comunicado alguno ni quiso informar sobre el encuentro en el Palacio San Martín.
La reunión entre Zuain y Freeman derivó luego en la denuncia de la Argentina contra las petroleras británicas. La Cancillería informó que junto con el Ministerio de Planificación se presentó una denuncia penal contra las empresas que realizan trabajos de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido autorización de la Secretaría de Energía y en violación de la ley 26.915 y las resoluciones de la ONU referidas a las Malvinas. En este punto el embajador británico se mostró muy preocupado por las represalias y presiones que podrían sufrir las compañías británicas.
Pero quizás el punto más álgido del encuentro haya sido cuando se abordó el tema de aumento de la defensa británica en Malvinas. Según pudo saber LA NACIÓN, el vicecanciller expresó al embajador británico el malestar del Gobierno por las declaraciones del secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, cuando anunció el incremento del gasto militar en las islas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, alegando una supuesta "amenaza" argentina.
"Es inverosímil y fantasiosa la idea de Gran Bretaña de una supuesta amenaza militar argentina en las islas. Nuestro gobierno siempre buscó y buscará resolver el conflicto por la vía pacífica", asestó Zuain. Sin embargo, el embajador Freeman mencionó el "hostigamiento" y las amenazas que sienten los isleños de parte de la Argentina. "No pueden siquiera consumir fruta fresca porque la Argentina no les permite a los países de la región abastecer a las islas", se habría quejado el embajador británico.
El reciente intercambio diplomático fue áspero. Ni en Londres ni en Buenos Aires se arribó siquiera a un principio de acuerdo sobre Malvinas y todo quedó peor que antes..
Del editor: qué significa. En Gran Bretaña están en plena campaña. En la Argentina, el discurso antibritánico siempre rinde. Sólo así se entiende la actual escalada
Un fondo buitre inició una demanda millonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF
Por Juan Pablo De Santis | LA NACION
Burford Capital compró el juicio que encabezan dos empresas en liquidación que había utilizado la familia Eskenazi para adquirir el 25%; la demanda también alcanza a la petrolera
El proyecto de ley de expropiación de YPF fue presentado el 16 de abril de 2012. Foto: Archivo
El país deberá pagar $405 millones de dólares a ex concesionarias de Aguas Argentinas
A través de dos empresas residuales de la familia Eskenazi, el fondo buitre Burford Capital inició una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y la República Argentina por la expropiación de la mayoría de acciones de la petrolera.
La demanda fue presentada el 8 de abril pasado, una semana antes del tercer aniversario de anuncio de proyecto de ley de nacionalización de YPF, y reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume multimillonario, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los 3300 millones de dólares.
En los papeles, la acción legal fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF SA.
Aunque en la práctica, el litigio es financiado y conducido por Burford Capital, el fondo que "compró el juicio" con el único fin de litigar contra la Argentina. Esta empresa es una de las más importantes de Estados Unidos que invierte en la industria del litigio corporativo, tal como se lo conoce en la jerga, y tiene una cartera valuada en U$S 500 millones.
El texto del planteo jurídico al que accedió LA NACION reclama un resarcimiento económico porque al momento de llevarse a cabo la expropiación el Gobierno argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían "los estatutos de YPF" y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.
Así los litigantes afirman que fueron violados sus derechos como inversores. "Pero Argentina e YPF intencionalmente y de mala fe rompieron esas promesas", dice el texto de la presentación judicial alegando que "el resultados de violar el requisitos de oferta de compra y otras conductas ilícitas fueron devastadoras para Petersen y otros accionistas de YPF".
Por su parte, el Grupo Petersen Argentina -de la familia Eskenazi y con sede en Buenos Aires- afirmó a este medio a través de un comunicado que sus accionistas nada tienen que ver con la presentación de esta denuncia, sino que es producto del proceso de liquidación de estas dos empresas con las que habían comprado su participación en YPF y que está observado por la Justicia de España.
"Estamos al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", reafirmaron.
ANTECEDENTE. Tras la salida de Marsans de Aerolíneas Argentina, el fondo Burford Capital compró los derechos del litigio que el grupo español inició contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
LA RUTA DE LA DEMANDA
Tras haber acordado su ingreso a YPF con el Gobierno argentino y Repsol, el grupo empresario de la familia Eskenazi constituyó en Madrid (España) un arquitectura legal para comprar las acciones de la petrolera: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas sociedades anónimas unipersonales que oficiaron de cascarón legal. A su vez estas dos estaban integradas por Petersen Energía PTY Ltda, con sede en Australia.
Antonio Brufau, CEO de Repsol, y Enrique Eskenazi, de Grupo Petersen, al finalizar la compra de acciones de YPF el 5 de mayo de 2011. Foto: Archivo
En 2008, los Eskenazi compraron el 14,4% de YPF a Repsol y en 2011 ejercieron una opción de compra hasta alzarse con un cuarto de la propiedad de la firma. En una maniobra poco común, la compra se materializó vía un préstamos de Repsol y otros cinco que fueron concedidos por los bancos Itaú, Credit Suisse, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas.
Los créditos serían repagados con utilidades que los nuevos accionistas cobrarían en la compañía. Por entonces, Sebastián Eskenazi fue nombrado CEO.
Ahora bien, 16 abril de 2012 la presidenta Cristina Kirchner anunció el proyecto de ley de expropiación del 51% de acciones de YPF en manos de Repsol, que se sancionó el 3 de mayo. Los Eskenazi no pudieron repagar los préstamos, el pool de acreedores ejecutó las garantías y se quedó con las acciones que estos poseían en la petrolera.
EL PROCESO EN ESPAÑA
Al haber quedado vaciadas de activos, las legalmente españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se acogieron a la ley de bancarrota -un proceso similar a lo que localmente se conoce como concurso de acreedores- y un juez competente debió intervenir en la liquidación de las sociedades.
"Las dos firmas en liquidación actuando bajo la autoridad de una Corte Española competente y con el interés de atender las deudas de ambas empresas iniciaron una demanda multimillonaria contra YPF y la Argentina por la pérdida del 25% de su participación en YPF", informó a través de un comunicado de prensa en Londres la agencia Neustria Partners, representates de prensa de los litigantes.
"En el contexto que se presenta el fondo Burford Capital que salió a buscar el único activo, por llamarlo de algún modo, que le quedaba a estas dos empresas cáscara en liquidación con las que se compraron acciones de YPF. La estrategia es clara, adquiere los derechos del juicio por una pequeña suma y luego litiga", explicó a LA NACION un abogado societarista de un importante estudio porteño con conocimiento de la demanda, pero que requirió no divulgar su nombre.
YPF SA fue consultada por este medio, pero no brindó comentarios al respecto.
Burford Capital compró el juicio que encabezan dos empresas en liquidación que había utilizado la familia Eskenazi para adquirir el 25%; la demanda también alcanza a la petrolera
El proyecto de ley de expropiación de YPF fue presentado el 16 de abril de 2012. Foto: Archivo
El país deberá pagar $405 millones de dólares a ex concesionarias de Aguas Argentinas
A través de dos empresas residuales de la familia Eskenazi, el fondo buitre Burford Capital inició una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y la República Argentina por la expropiación de la mayoría de acciones de la petrolera.
La demanda fue presentada el 8 de abril pasado, una semana antes del tercer aniversario de anuncio de proyecto de ley de nacionalización de YPF, y reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume multimillonario, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los 3300 millones de dólares.
En los papeles, la acción legal fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF SA.
Aunque en la práctica, el litigio es financiado y conducido por Burford Capital, el fondo que "compró el juicio" con el único fin de litigar contra la Argentina. Esta empresa es una de las más importantes de Estados Unidos que invierte en la industria del litigio corporativo, tal como se lo conoce en la jerga, y tiene una cartera valuada en U$S 500 millones.
El texto del planteo jurídico al que accedió LA NACION reclama un resarcimiento económico porque al momento de llevarse a cabo la expropiación el Gobierno argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían "los estatutos de YPF" y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.
Así los litigantes afirman que fueron violados sus derechos como inversores. "Pero Argentina e YPF intencionalmente y de mala fe rompieron esas promesas", dice el texto de la presentación judicial alegando que "el resultados de violar el requisitos de oferta de compra y otras conductas ilícitas fueron devastadoras para Petersen y otros accionistas de YPF".
Por su parte, el Grupo Petersen Argentina -de la familia Eskenazi y con sede en Buenos Aires- afirmó a este medio a través de un comunicado que sus accionistas nada tienen que ver con la presentación de esta denuncia, sino que es producto del proceso de liquidación de estas dos empresas con las que habían comprado su participación en YPF y que está observado por la Justicia de España.
"Estamos al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", reafirmaron.
ANTECEDENTE. Tras la salida de Marsans de Aerolíneas Argentina, el fondo Burford Capital compró los derechos del litigio que el grupo español inició contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
LA RUTA DE LA DEMANDA
Tras haber acordado su ingreso a YPF con el Gobierno argentino y Repsol, el grupo empresario de la familia Eskenazi constituyó en Madrid (España) un arquitectura legal para comprar las acciones de la petrolera: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas sociedades anónimas unipersonales que oficiaron de cascarón legal. A su vez estas dos estaban integradas por Petersen Energía PTY Ltda, con sede en Australia.
Antonio Brufau, CEO de Repsol, y Enrique Eskenazi, de Grupo Petersen, al finalizar la compra de acciones de YPF el 5 de mayo de 2011. Foto: Archivo
En 2008, los Eskenazi compraron el 14,4% de YPF a Repsol y en 2011 ejercieron una opción de compra hasta alzarse con un cuarto de la propiedad de la firma. En una maniobra poco común, la compra se materializó vía un préstamos de Repsol y otros cinco que fueron concedidos por los bancos Itaú, Credit Suisse, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas.
Los créditos serían repagados con utilidades que los nuevos accionistas cobrarían en la compañía. Por entonces, Sebastián Eskenazi fue nombrado CEO.
Ahora bien, 16 abril de 2012 la presidenta Cristina Kirchner anunció el proyecto de ley de expropiación del 51% de acciones de YPF en manos de Repsol, que se sancionó el 3 de mayo. Los Eskenazi no pudieron repagar los préstamos, el pool de acreedores ejecutó las garantías y se quedó con las acciones que estos poseían en la petrolera.
EL PROCESO EN ESPAÑA
Al haber quedado vaciadas de activos, las legalmente españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se acogieron a la ley de bancarrota -un proceso similar a lo que localmente se conoce como concurso de acreedores- y un juez competente debió intervenir en la liquidación de las sociedades.
"Las dos firmas en liquidación actuando bajo la autoridad de una Corte Española competente y con el interés de atender las deudas de ambas empresas iniciaron una demanda multimillonaria contra YPF y la Argentina por la pérdida del 25% de su participación en YPF", informó a través de un comunicado de prensa en Londres la agencia Neustria Partners, representates de prensa de los litigantes.
"En el contexto que se presenta el fondo Burford Capital que salió a buscar el único activo, por llamarlo de algún modo, que le quedaba a estas dos empresas cáscara en liquidación con las que se compraron acciones de YPF. La estrategia es clara, adquiere los derechos del juicio por una pequeña suma y luego litiga", explicó a LA NACION un abogado societarista de un importante estudio porteño con conocimiento de la demanda, pero que requirió no divulgar su nombre.
YPF SA fue consultada por este medio, pero no brindó comentarios al respecto.
Alicia Castro, sobre su citación en Londres: "Al funcionario le pregunté si esto era humor británico o una paradoja política"
(La Nación) - La embajadora argentina en Gran Bretaña defendió al Gobierno; en Buenos Aires pidieron explicaciones al representante inglés y denunciaron penalmente a empresas por la exploración de hidrocarburos en las islas.
Alicia Castro, embajadora de la Argentina en el Reino Unido. Foto: Archivo
En medio de la tensión diplomática entre la Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas, la embajadora en Londres, Alicia Castro, se quejó por haber sido citada anteayer en el Ministerio de Exteriores británico (Foreign & Commonwealth Office).
"Al funcionario británico le pregunté si esto era humor británico o si era una paradoja política", ironizó esta mañana Castro, tras su reunión con el secretario de la Cancillería inglesa, Simon Fraser . "No se puede creer que nos recriminen a nosotros, como si fuésemos aún una colonia", se quejó la diplomática en varias intervenciones radiales.
Londres citó a la embajadora argentina Castro para que dé explicaciones sobre los dichos de Cristina Kirchner en la conmemoración de los 33 años de la Guerra de Malvinas. La jefa de Estado denunció que el aumento de la defensa británica en las islas obedecía tanto a una postura favorable al "lobby armamentista" como a cuestiones de política interna de Londres, en especial por las elecciones que habrá en mayo próximo, cuando se define el futuro David Cameron.
"Me dijeron que lamentaban que Cristina anunciara el aumento de la militarización y me dijo que estaban «sorprendido» por sus dichos. El funcionario me mencionó que esto ocurrió «especialmente en época de elecciones»", dijo Castro, que habló en radio Vorterix y Del Plata.
Ayer, horas después de que se conociera la citación de Castro, el vicecanciller argentino Eduardo Zuain decidió convocar al embajador británico John Freeman para exigirle explicaciones por el silencio de Londres frente a las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden, a través de la publicación The Intercept, sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina. Desde que se conoció esa denuncia, el viernes pasado, Gran Bretaña mantuvo un sugestivo silencio.
Además, la Argentina presentó una denuncia penal contra las empresas británicas Rockhopper Exploration, Premier Oil y Falkland Oil And Gas Limited, que llevan adelante trabajos de exploración de petróleo en la zona de Malvinas.
"El gobierno conservador quiere agitar el fantasma de la guerra de 1982 y quiera levantar la figura de Margaret Tatcher para la elección de ahora. Se puede pensar que hay una especulación de tipo electoral, de otro modo sería absurdo", agregó Castro.
"La Argentina no constituye una amenaza bélica", subrayó la embajadora. "Esa fue una decisión de una dictadura militar con el objetivo de seguir en el poder. El Reino Unido se niega a dialogar con la Argentina, es como si se hubiese negado a dialogar con el canciller alemán luego del nazismo", graficó..
Alicia Castro, embajadora de la Argentina en el Reino Unido. Foto: Archivo
En medio de la tensión diplomática entre la Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas, la embajadora en Londres, Alicia Castro, se quejó por haber sido citada anteayer en el Ministerio de Exteriores británico (Foreign & Commonwealth Office).
"Al funcionario británico le pregunté si esto era humor británico o si era una paradoja política", ironizó esta mañana Castro, tras su reunión con el secretario de la Cancillería inglesa, Simon Fraser . "No se puede creer que nos recriminen a nosotros, como si fuésemos aún una colonia", se quejó la diplomática en varias intervenciones radiales.
Londres citó a la embajadora argentina Castro para que dé explicaciones sobre los dichos de Cristina Kirchner en la conmemoración de los 33 años de la Guerra de Malvinas. La jefa de Estado denunció que el aumento de la defensa británica en las islas obedecía tanto a una postura favorable al "lobby armamentista" como a cuestiones de política interna de Londres, en especial por las elecciones que habrá en mayo próximo, cuando se define el futuro David Cameron.
"Me dijeron que lamentaban que Cristina anunciara el aumento de la militarización y me dijo que estaban «sorprendido» por sus dichos. El funcionario me mencionó que esto ocurrió «especialmente en época de elecciones»", dijo Castro, que habló en radio Vorterix y Del Plata.
Ayer, horas después de que se conociera la citación de Castro, el vicecanciller argentino Eduardo Zuain decidió convocar al embajador británico John Freeman para exigirle explicaciones por el silencio de Londres frente a las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden, a través de la publicación The Intercept, sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina. Desde que se conoció esa denuncia, el viernes pasado, Gran Bretaña mantuvo un sugestivo silencio.
Además, la Argentina presentó una denuncia penal contra las empresas británicas Rockhopper Exploration, Premier Oil y Falkland Oil And Gas Limited, que llevan adelante trabajos de exploración de petróleo en la zona de Malvinas.
"El gobierno conservador quiere agitar el fantasma de la guerra de 1982 y quiera levantar la figura de Margaret Tatcher para la elección de ahora. Se puede pensar que hay una especulación de tipo electoral, de otro modo sería absurdo", agregó Castro.
"La Argentina no constituye una amenaza bélica", subrayó la embajadora. "Esa fue una decisión de una dictadura militar con el objetivo de seguir en el poder. El Reino Unido se niega a dialogar con la Argentina, es como si se hubiese negado a dialogar con el canciller alemán luego del nazismo", graficó..
jueves, 9 de abril de 2015
Confirman que el Gobierno demora el ingreso de vagones para el subte
(La Nación) - Rodríguez Larreta confirmó que están "demorados trenes para la línea A y la B"; anticipó que hará una gestión ante la Aduana y la Secretaría de Comercio; "No están jodiendo a Macri, sino a todos los porteños", dijo
Desde la Ciudad denunciaron hoy que la Casa Rosada demora el ingreso de vagones al país que serán destinados a renovar la flota de las líneas del subte porteño A y B.
La denuncia la hizo pública el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apenas dos semanas antes de las primarias en la Capital Federal. "No están jodiendo a [Mauricio] Macri, sino a todos los porteños", dijo Larreta en diálogo con radio Mitre, donde anticipó que hará una gestión ante la Aduana y la Secretaría de Comercio.
"Tenemos demorados dos trenes para la línea A, que son chinos, y tres para la línea B, que son españoles. Son 28 vagones", especificó el funcionario porteño, dentro del plan del gobierno de la Ciudad de renovar unos 350 vagones en todas las líneas.
Pese a la denuncia que reveló, Larreta dijo que hablará con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para intentar destrabar la llegada de los vagones. "Espero que haya sido un error burocrático. Dialogando la gente se entiende", consideró..
Desde la Ciudad denunciaron hoy que la Casa Rosada demora el ingreso de vagones al país que serán destinados a renovar la flota de las líneas del subte porteño A y B.
La denuncia la hizo pública el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apenas dos semanas antes de las primarias en la Capital Federal. "No están jodiendo a [Mauricio] Macri, sino a todos los porteños", dijo Larreta en diálogo con radio Mitre, donde anticipó que hará una gestión ante la Aduana y la Secretaría de Comercio.
"Tenemos demorados dos trenes para la línea A, que son chinos, y tres para la línea B, que son españoles. Son 28 vagones", especificó el funcionario porteño, dentro del plan del gobierno de la Ciudad de renovar unos 350 vagones en todas las líneas.
Pese a la denuncia que reveló, Larreta dijo que hablará con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para intentar destrabar la llegada de los vagones. "Espero que haya sido un error burocrático. Dialogando la gente se entiende", consideró..
Video: Corbeta china Tipo 56
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Video: Lancha Watercat M-8
Video: Saab, sistema de mando y control
9Land BMS by Saab - Tactical Command and Control System
Acuerdo militar con Brasil acelera compra de 24 aviones de caza (II)
Por Edgardo Aguilera.- Ambito.com
El Gobierno de Brasil anunció ayer en Buenos Aires el comienzo de las negociaciones para que la Argentina adquiera 24 cazas Gripen de última generación.
La iniciativa forma parte de la Declaración para la Democracia y la Paz que firmaron ayer Jaques Wagner, ministro de defensa de Brasil, y su par criollo, Agustín Rossi. Wagner eligió Buenos Aires como el primer destino de visita oficial en el exterior, gesto explícito del buen clima entre los dos países a pesar de los tironeos frecuentes en el intercambio comercial.
La página web del Ministerio de Defensa brasileño comunicó la novedad y resaltó que se trata del puntapié inicial para dotar a la Fuerza Aérea Argentina de esas modernas aeronaves de combate de origen sueco. Brasil producirá los aparatos para su propia fuerza aérea en la planta de Embraer, luego de la firma de un contrato con la multinacional SAAB, desarrolladora del sistema de armas Gripen. El Gobierno de Brasil, a través del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Brasileña y la empresa mixta Embraer están en capacidad de exportar los Gripen, y el primer cliente anotado es la Argentina.
El proyecto es de largo plazo, el contrato entre la FAB y SAAB para la fabricación de 36 aviones se firmó en octubre de 2014 y los primeros aparatos tienen fecha de entrega entre 2019 y 2020. Darle volumen y escala a un programa de desarrollo y fabricación que ronda 5.500 millones de dólares requiere clientes regionales; la Argentina calzó habida cuenta de la necesidad operativa de reemplazar los vetustos Mirage, cuya vida útil expira a fin de 2015.
La urgencia operativa criolla movió el interés económico de la República Popular China, que aprovechó el acuerdo de asociación estratégica integral firmado con la Argentina y ofreció un escuadrón de cazas FC-1/JF-17 Thunder con estructura y sistemas chinos (no occidentalizados), versión Block II, propulsados por el motor Klimov RD-93 de origen ruso, a un costo que oscila entre los 25 y los 30 millones de dólares por avión "pelado", sin armamento. La penetración china en el segmento de aparatos supersónicos regionales es un competidor de cuidado para la estrategia brasileña de captar el mercado con el primer cliente, la Argentina.
Una cuestión preliminar a resolver antes de pensar en el programa Gripen es incorporar la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la producción de algún componente del sistema Gripen a desarrollar en Brasil.
La posibilidad de un veto del Reino Unido a la venta de los Gripen a la Argentina fue descartada por la Fuerza Aérea. Los componentes de origen británico del avión sueco pueden ser sustituidos por otros de proveedores calificados. La administración británica, a través del Departamento de Negocios, Innovación y Formación mantiene un veto para asegurar que ningún equipo con licencia de exportación británica sea empleado por la Argentina "para imponer un bloqueo económico a los ciudadanos de las islas Malvinas".
El camino de complementación entre las industrias aeronáuticas militares arrancó con la incorporación de FAdeA en el proceso de construcción del avión de transporte KC-390, diseñado por Embraer para equipar a la Fuera Aérea Brasileña.
En otro punto de la declaración conjunta de cooperación en materia de industria de defensa, el Gobierno argentino reiteró ayer la intención de comprar seis aviones de transporte KC-390, desarrollo brasileño del que participó la estatal FAdeA que produjo el portón de carga y otros componentes del fuselaje; también forman del parte del programa Portugal y la República Checa.
El primer avión se presentó el año pasado en las instalaciones de la fabril brasileña ubicadas en Gaviao Peixoto, San Pablo.
El Gobierno de Brasil anunció ayer en Buenos Aires el comienzo de las negociaciones para que la Argentina adquiera 24 cazas Gripen de última generación.
La iniciativa forma parte de la Declaración para la Democracia y la Paz que firmaron ayer Jaques Wagner, ministro de defensa de Brasil, y su par criollo, Agustín Rossi. Wagner eligió Buenos Aires como el primer destino de visita oficial en el exterior, gesto explícito del buen clima entre los dos países a pesar de los tironeos frecuentes en el intercambio comercial.
La página web del Ministerio de Defensa brasileño comunicó la novedad y resaltó que se trata del puntapié inicial para dotar a la Fuerza Aérea Argentina de esas modernas aeronaves de combate de origen sueco. Brasil producirá los aparatos para su propia fuerza aérea en la planta de Embraer, luego de la firma de un contrato con la multinacional SAAB, desarrolladora del sistema de armas Gripen. El Gobierno de Brasil, a través del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Brasileña y la empresa mixta Embraer están en capacidad de exportar los Gripen, y el primer cliente anotado es la Argentina.
El proyecto es de largo plazo, el contrato entre la FAB y SAAB para la fabricación de 36 aviones se firmó en octubre de 2014 y los primeros aparatos tienen fecha de entrega entre 2019 y 2020. Darle volumen y escala a un programa de desarrollo y fabricación que ronda 5.500 millones de dólares requiere clientes regionales; la Argentina calzó habida cuenta de la necesidad operativa de reemplazar los vetustos Mirage, cuya vida útil expira a fin de 2015.
La urgencia operativa criolla movió el interés económico de la República Popular China, que aprovechó el acuerdo de asociación estratégica integral firmado con la Argentina y ofreció un escuadrón de cazas FC-1/JF-17 Thunder con estructura y sistemas chinos (no occidentalizados), versión Block II, propulsados por el motor Klimov RD-93 de origen ruso, a un costo que oscila entre los 25 y los 30 millones de dólares por avión "pelado", sin armamento. La penetración china en el segmento de aparatos supersónicos regionales es un competidor de cuidado para la estrategia brasileña de captar el mercado con el primer cliente, la Argentina.
Una cuestión preliminar a resolver antes de pensar en el programa Gripen es incorporar la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la producción de algún componente del sistema Gripen a desarrollar en Brasil.
La posibilidad de un veto del Reino Unido a la venta de los Gripen a la Argentina fue descartada por la Fuerza Aérea. Los componentes de origen británico del avión sueco pueden ser sustituidos por otros de proveedores calificados. La administración británica, a través del Departamento de Negocios, Innovación y Formación mantiene un veto para asegurar que ningún equipo con licencia de exportación británica sea empleado por la Argentina "para imponer un bloqueo económico a los ciudadanos de las islas Malvinas".
El camino de complementación entre las industrias aeronáuticas militares arrancó con la incorporación de FAdeA en el proceso de construcción del avión de transporte KC-390, diseñado por Embraer para equipar a la Fuera Aérea Brasileña.
En otro punto de la declaración conjunta de cooperación en materia de industria de defensa, el Gobierno argentino reiteró ayer la intención de comprar seis aviones de transporte KC-390, desarrollo brasileño del que participó la estatal FAdeA que produjo el portón de carga y otros componentes del fuselaje; también forman del parte del programa Portugal y la República Checa.
El primer avión se presentó el año pasado en las instalaciones de la fabril brasileña ubicadas en Gaviao Peixoto, San Pablo.
El “Barreminas” DOK-ING MV-4 entra en servicio en el Ejército Nacional de Colombia
(defensa.com) El vehículo, que se usará en el sur del país en tareas de desminado, se moviliza mediante el sistema de orugas y puede equiparse con accesorios adicionales, como una caña de timón, rodillo, pinzas y la cuchilla para una amplia gama de operaciones.
Se estima que más de la mitad de los municipios de Colombia tiene campos con minas, artefactos que han causado más de 11.000 víctimas entre muertos y heridos en Colombia desde 1990, el segundo del mundo más afectado por este problema después de Afganistán.
El DOK-ING MV-4 se opera a control remoto a una distancia de hasta dos kilómetros, tiene un eje con cadenas y 34 martillos mayal que golpean el terreno con una potencia de hasta 900 revoluciones por minuto e inducen la detonación o destrucción de los artefactos. Puede eliminar las minas antipersona instaladas a una profundidad de hasta 30 centímetros, siendo capaz de resistir cargas explosivas de alto poder, sin que su detonación le produzca falla alguna.
Facilitará la labor que desempeñan a diario los técnicos antiexplosivos de la Sexta División del Ejército Nacional en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Una vez el vehículo barra el terreno, el equipo humano con equipos detectores y caninos antiexplosivos hacen un nuevo barrido milimétrico para verificar que la zona haya quedado absolutamente limpia . En lo que va de año, la Sexta División del Ejército Nacional ha logrado neutralizar en el sur del país 2.100 kilos de explosivos, 1.650 minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, así como 53 áreas minadas.
Se estima que más de la mitad de los municipios de Colombia tiene campos con minas, artefactos que han causado más de 11.000 víctimas entre muertos y heridos en Colombia desde 1990, el segundo del mundo más afectado por este problema después de Afganistán.
El DOK-ING MV-4 se opera a control remoto a una distancia de hasta dos kilómetros, tiene un eje con cadenas y 34 martillos mayal que golpean el terreno con una potencia de hasta 900 revoluciones por minuto e inducen la detonación o destrucción de los artefactos. Puede eliminar las minas antipersona instaladas a una profundidad de hasta 30 centímetros, siendo capaz de resistir cargas explosivas de alto poder, sin que su detonación le produzca falla alguna.
Facilitará la labor que desempeñan a diario los técnicos antiexplosivos de la Sexta División del Ejército Nacional en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Una vez el vehículo barra el terreno, el equipo humano con equipos detectores y caninos antiexplosivos hacen un nuevo barrido milimétrico para verificar que la zona haya quedado absolutamente limpia . En lo que va de año, la Sexta División del Ejército Nacional ha logrado neutralizar en el sur del país 2.100 kilos de explosivos, 1.650 minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, así como 53 áreas minadas.
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