Por
Dante Caputo - Perfil.com
Cada vez se destinan menos recursos en equiparse para la
defensa. Sin embargo, se multiplican los fondos destinados a la
inteligencia militar. Luz de alerta
Al tiempo en que se produjeron los cambios en las
jefaturas de las tres armas, se difundieron datos sobre los gastos
reservados y de inteligencia asignados al Ejército en el presupuesto
nacional.
La información que se difundió es equívoca y en alguna medida
incorrecta. Sin embargo, aún corrigiendo las imprecisiones en las cifras
difundidas, lo datos son inquietantes. De hecho, esta situación puede
ser una de las involuciones más graves del sistema democrático desde
1983.
Esta nota, lector, un tanto tediosa, está destinada a dar precisiones
sobre el tema y, por tanto, a fundar la preocupación que expreso.
La primera confusión proviene de no distinguir entre el monto
aprobado en la ley de presupuesto y el que fue efectivamente devengado.
En otras palabras –más sencillas pero menos exactas–, una cosa es el
gasto que se autoriza y otra el que se realiza. La diferencia no es
menor. Por ejemplo, en 2008 el presupuesto de inteligencia militar del
Ejército autorizado fue de 150 millones de pesos, en cambio, el
devengado (lo que efectivamente se gastó) fue 87 millones.
Si guardamos esa proporción, de los 333 millones autorizados por la
ley de presupuesto para las tareas de inteligencia del Ejército para
2013, es probable que se ejecuten 193 millones. Es menos, pero es mucho,
es desproporcionado respecto a los otros gastos de defensa, es difícil
de justificar y es poco claro. Por poco claro quiero decir que se puede
sospechar (a la luz de nuestra historia y de los acontecimientos
recientes) que su uso no tiene que ver con cuestiones estratégicas, sino
más bien con espionaje interno. Más grave aún, el análisis de los
documentos del Ministerio de Economía y del BCRA indicarían que en 2011
aparecen devengados para Jefatura II, inteligencia táctica operacional,
210 millones más.
Para medir la desproporción de estos gastos veamos algunos datos generales. En Chile, los montos devengados en 2011 por gastos en personal
representaron el 65% del total, mientras que las adquisiciones –compra
de equipamiento, incluidas armas– fueron el 24% del gasto. En el caso
argentino, para el mismo año, el porcentaje del gasto laboral fue 79% y
el gasto en adquisiciones apenas fue 2,2%.
Como se ve, la disparidad más notoria con Chile es en la compra de
material militar. En nuestro país resulta claro que el capital con que
cuenta el sistema de defensa se reduce años tras año, ya que lo que se
adquiere es menos que lo que se pierde por utilización u obsolescencia.
Naturalmente, esta “desinversión” tiene consecuencias importantes en
la capacidad de defensa. Por ejemplo, el caza bombardero más moderno que
tiene la Argentina es el A4-AR (una versión renovada del A4-M Skyhawk).
De los 36 aparatos con que contaban nuestras fuerzas, habitualmente
sólo dos son operacionales. Como es imaginable, el resto de nuestra
capacidad aérea se encuentra en la misma situación.
Otra manera de evaluar la caída de la capacidad defensiva es el tiempo de vuelo para entrenamiento que tienen los pilotos.
En la actualidad, Francia está llegando a las 15 horas mensuales de
vuelo y los Estados Unidos entrena a sus pilotos con 12 horas por mes.
En nuestro país el tiempo promedio de entrenamiento es de 1 hora por
mes. Ese nivel no sólo es bajo para mantener una apropiada capacidad
operacional, sino que está en el límite de lo que un piloto debe volar
por razones de seguridad personal.
Es probable que estos datos provoquen en algunas personas reacciones
del tipo “y para qué queremos a los militares” o “aún si se gastara más
no cambiaría nada en nuestra capacidad de defensa”. Esas son reacciones
entendibles, pero que simplifican y caricaturizan una realidad compleja y
difícil de administrar. Un país de casi tres millones de kilómetros
cuadrados sin capacidad de defensa es un país en peligro. Argentina no
es Costa Rica (50.000 kilómetros cuadros), que pudo en 1948 disolver su
fuerza armada.
Cómo se logra tener una razonable capacidad defensiva con las
limitaciones de recursos que contamos, no es algo que tenga una
respuesta sencilla. Sin embargo, se puede hacer sin que esto implique
que se quiten recursos a otras áreas prioritarias de la sociedad
argentina. Tener un sistema de defensa útil no significa que haya que
pagarlo con un mal sistema educativo, de salud o de seguridad social. En
estas áreas sociales, Brasil o Chile avanzaron considerablemente y no
descuidaron, sino más bien lo contrario, su capacidad de defensa.
No tiene sentido el gasto desmedido en inteligencia militar cuando en
el área de defensa existen prioridades en las que se juega el
mantenimiento de una capacidad mínima para la defensa nacional.
Por lo tanto, el gasto en inteligencia militar es un despropósito
cuando se ve la situación del resto de la asignación de los recursos. Es
un gasto desmesurado e injustificado para las tareas a las que se dice
que está asignado.
Cuando se comparan el gasto en equipamiento y el de inteligencia en
el Ejército, la desproporción resulta evidente. En 2011, el gasto
devengado para adquisiciones de material (artillado y no artillado) fue
71,7 millones de pesos y, el que correspondió a inteligencia, 162,1
millones de pesos.
En una situación en la que no hay, como se las denominaba en el
pasado, “hipótesis de conflicto”, se gasta más del doble en inteligencia
militar que en reequipamiento –tomando en cuenta que este último apenas
supera para el conjunto de la defensa nacional el 2% del gasto total–.
Esta tendencia, en lugar de corregirse, se acentúa. El prepuesto
autorizado para 2013 destinado a inteligencia aumentó y lo que resulta
aún más “incompresible” es que en 2012 había 618 personas dedicadas a
esta actividad en el Ejército. ¿Qué inteligencia o espionaje hacen 618
individuos cuando no hay nada que espiar? ¿A qué se dedican? ¿Es una
actividad legal? ¿Está controlada por el Congreso a través de la
comisión destinada a la supervisión de estas actividades?
Lamento informarle que para este año ya no son 618 personas dedicadas a esta inclasificable tarea, ahora son 738. En breve: estamos frente a un gasto injustificable, en un área de muy
alta sensibilidad política y con un monto desproporcionado respecto a
otros gastos de alta necesidad.
A partir de los cambios en la jefatura del Estado Mayor, el general
Milani no sólo comanda al Ejército, sino que además sigue a cargo de la
jefatura de Inteligencia.
Es útil tener presente que uno de los avances más importantes que se
hicieron durante la transición democrática fue quitarle a las Fuerzas
Armadas toda capacidad para intervenir en cuestiones de seguridad
interior. A la luz de estos datos y de la falta de explicaciones, no es
improbable que estemos retrocediendo en una cuestión esencial.
Por otro lado, la ausencia de debate en el Gobierno y la oposición sobre
el estado de la defensa nacional no es menos inquietante; como los
discursos del miércoles de la Sra. Kichner y el Sr. Milani, que –sin
decirlo– traían a la memoria el nefasto recuerdo del operativo Dorrego
que reunió, hace décadas, a Montoneros y el Ejército.
