En su discurso de apertura de sesiones parlamentarias, la Presidente empañó
una pequeña verdad al convertirla en una gran mentira. Al hacer mención al programa
Conectar Igualdad (netbooks gratuitas para todos los estudiantes) y a
Tierra del Fuego, dijo que, si antes el consumidor recibía su computadora directamente de Aduana
sin “un minuto de trabajo argentino”, hoy
en cambio “millones de argentinos están trabajando y desarrollando
valor agregado a partir de este plan”. Y esto sucede, aclaró, por la
exigencia del Gobierno de “una mayor incorporación de piezas nacionales
para desarrollar
íntegramente la cadena de valor”.
Es cierto que las computadoras del plan Conectar Igualdad
se producen en el país y buena parte de ellas en Tierra del Fuego. Es cierto que el Gobierno ha
aumentado las exigencias
técnicas para estas notebooks. Pero es cierto también que, por más
deseos oficiales que se formulen de una mayor integración nacional en la
cadena productiva,
los bienes tecnológicos tienen un altísimo porcentaje de componentes importados.
La realidad está
tan alejada del cuadro triunfalista oficial
de procesos de alto valor agregado y tecnológico, como de la imagen
efectista dada por algunos de una utilería -galpones vacíos- montada
para obtener pingües ganancias sin dar trabajo. Ni una cosa ni la otra.
Una decisión estratégica
“Empecemos por recordar cuál fue
la razón de que exista el polo tecnológico de Ushuaia –dice el economista
Mariano Lamothe, gerente de Análisis Económico de la
consultora Abeceb, ante la consulta de
Infobae-: como el de
Manaos en
Brasil, que es su espejo, la razón es
geopolítica,
por lo cual se pueden justificar ciertos beneficios extraordinarios.
Luego viene el tema de hasta dónde se integra o no, y si es una política
consistente en el tiempo”.
La
ley 19.640 que en 1972 creó un
área aduanera especial en lo que entonces era aún “territorio nacional”
garantizó el poblamiento de una región que, de otro modo, seguiría tan desierta como buena parte de nuestra
Patagonia.
Algo que no forma parte de la preocupación de ningún político, dicho
sea de paso. En cambio, la hoy provincia de Tierra del Fuego pasó de
tener
10.000 habitantes en el momento de la promulgación de la ley
a 140.000 en la actualidad. La
radicación de industrias tecnológicas –básicamente
ensambladoras- atrajo mano de obra de todo el país. Estas empresas están exentas del pago de derechos de importación, ganancias e IVA.
“La evolución de esta industria dependió de la política local,
impositiva, de apertura, dice Lamothe. Hubo altibajos, pero hoy en día
la
economía está
cerrada y además se
protegió la industria de Tierra del Fuego con impuestos internos. Cuando
estaba liberada la economía, hasta 2010, 2011, aun con todos los
beneficios del régimen, perdían competitividad frente a las
importaciones. Entonces, lo primero que se hace es aumentar el impuesto
interno para diferenciar la producción importada de la de Tierra del
Fuego. Actualmente, la protección es de cien por cien porque no se puede
importar”.
En la última década, la población casi se duplicó, y
desde 2010 la industria electrónica conoció un verdadero
boom.
“Todo el desarrollo de Tierra del Fuego en los últimos dos años es en
función de que está cerrado el mercado a las importaciones. No está tan
atado a una política de desarrollo”.
El obstáculo de la escala
Los críticos acusan a este sistema de
no ser más que una “maquila”
dado que no utiliza componentes nacionales. Pero se trata de una
limitación difícil de superar, por razones estructurales, como lo
explica Lamothe: “Desde hace más de tres décadas el mundo tiende a los
global outsourcing: determinados bienes que requieren escalas altas por
desarrollo tecnológico y eficiencia
se producen en pocas partes del mundo, estratégicamente, y se venden a todos los países. En el caso de los productos tecnológicos la localización es en el
sudeste asiático, y contra eso
no se puede competir, por motivos de escala. Por lo tanto, es un sector en el cual no se puede integrar demasiado. Sí se puede tender a
mayores procesos de ensamblado.
Se puede importar la caja, y sólo que agregar unos tornillos, o
importar muchas partecitas y ensamblar todo aquí”. Sin embargo advierte:
“Hay un límite igualmente en eso, porque los ensamblados en cuestión
son también procesos de alta tecnología y de escala mundial”.
Esta ampliación de los procesos de ensamblado
es la tendencia de las grandes firmas radicadas en Tierra del Fuego. Básicamente, son tres las empresas que concentran la producción electrónica en la isla:
Newsan, BGH y Radio Victoria. La maquinaria de ensamblaje es lo suficientemente sofisticada como para
desmentir el cliché de los galpones vacíos. Se trata de líneas de montaje con un considerable grado de automatización.
No obstante, señala Lamothe, “en lo que hace a la integración
nacional, exceptuando el embalaje y la carcasa, la producción local de
piezas es muy baja, aunque los componentes nacionales varían según el
producto”.
Otra limitación a la sustitución de importaciones invocada por el gobierno, es que
los productos tecnológicos varían demasiado y demasiado rápido.
“Si se quiere fabricar toda la gama de modelos, dice el economista de
Abeceb, se reduce aún más la capacidad de integrar, porque quizá pueda
producir componentes para un modelo, pero no para todos. Y cuanto más
avanza el proceso tecnológico, más difícil es, porque si me pongo a
fabricar una matriz para celulares, a los dos años ese celular ya dejó
de tener vigencia. Es imposible en ese tiempo amortizar el costo de la
matriz. Habría que producir millones de aparatos, y hasta exportar.
Hasta sería complicado producir los compresores de aire acondicionado
aquí.
Además,
una mayor integración requiere desarrollo tecnológico local. Y una estrategia nacional que diga, por ejemplo, vamos a producir memorias o baterías de litio; pero para eso debe haber una política de largo plazo”.
El mismo problema lo tiene la industria automotriz, pero ésta, a
diferencia de la tecnológica, tiene mucha más integración, porque la
producción de autopartes está más desarrollada localmente.
“Lo de Tierra del Fuego es ensamblaje; el valor agregado sólo cambia
en función de cuántos procesos de ensamblado hay, no del agregado de
partes”, afirma Lamothe.
Sostenibilidad y costo en dólares
¿Es una industria sostenible en el tiempo? ¿Competitiva? “No, tiene otros fundamentos.
Es sustentable mientras se mantenga un alto proteccionismo
mediante el cierre de los mercados y subsidios vía mayores precios,
porque el costo laboral y logístico es muy alto. No se trata de decir sí
o no al sistema, lo que habría que hacer es
limitarlo a ciertas líneas de productos,
definir en cuáles concentrarse, y no querer producir todo, porque lo
que se logra es encarecer todo, insiste. La cuestión geopolítica no se
resentiría por ello”.
La
preocupación del Gobierno por el dólar implicó en
los últimos tiempos cierta presión sobre un sector como el de la
industria fueguina que goza de un régimen privilegiado e incentivos y
cuya cuenta en divisas es muy alta y que, por las características del
sistema, no es flexible a la baja.
“A los empresarios instalados allá les llega el tiro por elevación: el gobierno promocionó eso pero
hoy no le importa tanto el empleo como cuidar los dólares –dice Lamothe. De todos modos, en este rubro,
hay que importar: ensamblado o terminado, vale lo mismo,
el gasto es el mismo. Brasil tiene el mismo problema. La pregunta es:
¿cuánto desarrollo industrial se deriva de eso?, ¿cuánto es el derrame?,
¿cuánto la cadena de proveedores? Ahí surgen las dudas. La integración
no es un proceso que se pueda hacer del día a la noche. Lo
que pide el gobierno es muy utópico, en eso tienen razón los empresarios del sector,
no se puede producir el chip
acá, no lo produce Estados Unidos, no lo produce Brasil, no inventemos
la pólvora. En todo caso un privado no lo puede hacer, debería ser una
decisión del Estado nacional”.
Otros tiempos, otro país
Tierra del Fuego tiene
pleno empleo. Ha vivido una
explosión demográfica –por migración interna- que tensiona cuando no
supera directamente su infraestructura. Como suele suceder, el
crecimiento choca con
limitaciones estructurales que con frecuencia derivan de la falta de planificación. Hay cuellos de botella, como el reducido tamaño del
puerto de Ushuaia -que obliga a los cargueros a hacer cola mientras los turistas desembarcan de los cruceros- o la
ruta de ripio que conecta Río Grande con el continente, que deberían ser preocupación de Estado. Y que podrían contribuir a reducir el costo fiscal.
El
aeropuerto de la capital fueguina en cambio, es moderno:
se construyó en 1996 (cuando, según el relato oficial, no había obra pública en el país).
Con todo, resulta alentador este grado de asentamiento en el extremo del país por efecto de las "ensambladoras", en tiempos en que no podemos siquiera vigilar nuestros mares y cuando la protesta de soberanía sobre territorios australes contrasta tristemente con nuestras capacidades. Si los aspectos de productividad y competitividad del régimen fueguino pueden generar dudas, queda en pie el acierto de la decisión geopolítica. Una decisión que parece no sólo de otros tiempos sino de otro país. Tiempos en que en la Argentina todavía se pensaba en términos estratégicos, a largo plazo.
