POZO
DE TIGRE, Formosa.- Alicia Santillán cumplirá 30 años el 10 de
diciembre, pero su cuerpo, acurrucado en una cuna de madera
descascarada, apenas supera los 25 kilogramos. No puede moverse, hablar o
comer por sí misma. Todo lo hace por ella su madre, Ema Albornós, que a
los 52 años todavía consigue alzarla en brazos cada vez que debe
atenderla. Hace 10 años que Ema tramita una pensión por invalidez para
su hija Alicia. Pero no se la dan. Porque, lo saben todos en su barrio,
ella no es "gildista".
A partir de datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social que difunde el Ministerio de Trabajo, hasta el primer trimestre de 2012 el promedio nacional de pensionados por invalidez era de 1,78 casos cada 100 argentinos. En Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Fe ese promedio es inferior al 1%. Del otro lado, Chaco, Misiones y Santiago del Estero superan el 4%.
En ese boletín, Formosa aparece con 34.771 pensionados. Pero esta semana, consultada por LA NACION, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, Liz Yanacón, confirmó que esa cifra asciende a 40.183 casos, como había anticipado El Comercial, uno de los dos diarios (junto con Opinión Ciudadana) que escapan al férreo control de Insfrán sobre la prensa.
Con ese 7,5%, Formosa rompe todos los estándares nacionales. Más si se considera sólo la población económicamente activa (PEA), que ronda los 200.000 formoseños: en ese caso, el porcentaje de inválidos laborales trepa hasta el 20%.
¿Una pandemia incapacitante azota a la provincia? La respuesta, más bien, pasa por una cadena de complicidades entre punteros del PJ, médicos y autoridades municipales y provinciales a la hora de aprobar certificados de discapacidad con criterios políticos antes que médicos.
Lo que hasta hace poco era un secreto a voces en la provincia comenzó a quedar en evidencia este año, cuando la Anses (que paga las pensiones) y el Ministerio de Desarrollo Social (que las administra) comenzaron a entrecruzar los datos de los beneficiarios.
Con sólo solicitar a los municipios formoseños los números de CUIL de sus empleados se detectaron entre 2500 y 3000 municipales que también cobraban beneficios nacionales, entre ellos, pensiones por invalidez. Lo confirmó ante los medios locales el titular del gremio de municipales de Formosa y diputado provincial gildista, Jorge "Coqui" Zarza, que no atendió las llamadas de LA NACION. Cotejando el CUIL de los empleados provinciales, la Anses ya habría detectado otros 4000 casos.
Las irregularidades también incluyeron la Asignación Universal por Hijo (AUH): el titular de la Anses local, Juan Arévalo, reconoció a Radio Uno de Formosa que fueron dadas de baja 25.000 AUH que cobraban hijos de "docentes, empleados municipales y provinciales". Cuando lo consultó LA NACION, Arévalo se disculpó por la enfermedad de un familiar y no volvió a atender las llamadas.
Tampoco lo hizo el defensor del pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, quien en agosto reconoció que se habían detectado casos donde "gestores facilitan trámites con manifiestas incompatibilidades".
De hecho, Desarrollo Social debió empezar a imprimir en la Casa de Moneda las solicitudes de pensiones porque la práctica común en Formosa era que punteros del PJ y "gestores" recorrieran puerta por puerta los barrios con fotocopias de esas planillas, ofreciendo pensiones por invalidez a cambio de dinero o del voto. Un médico amigo completaba el circuito. "Desarrollo Social no evalúa la validez de los certificados médicos, sino que tramitamos las solicitudes firmadas por los hospitales municipales y provinciales, que se evalúan luego en Buenos Aires", indicó Yanacón a LA NACION, para explicar que "no hace falta que a una persona le falte un brazo o una pierna" para ser declarada inválida laboral.
"En un examen preocupacional, el mal de Chagas, la diabetes o la hipertensión hacen que la persona quede fuera de cualquier trabajo", completó, para definir que ése es el criterio que se utiliza en todo el país para otorgar las pensiones por invalidez. No quiso aventurar ninguna explicación sobre el hecho de que Formosa cuadruplica el promedio de inválidos del país y que muchos de ellos terminaron siendo empleados públicos.
Pozo del Tigre, donde viven Alicia y su madre, Ema, queda a 263 kilómetros de Formosa, en el departamento de Patiño, que tiene 68.581 habitantes y 10.101 pensionados por invalidez. Muchos de sus vecinos, de hecho, cobran el beneficio, aunque se los vea "farreando" saludablemente por el barrio, como dice Ema.
La abogada Roxana Silva (a quien echaron de la Pastoral Aborigen el año pasado, cuando decidió presentarse como candidata a senadora por la UCR) y el diputado radical Ricardo Buryaile comprobaron que la pensión de Alicia era aprobada desde Buenos Aires, pero revocada desde el vecino municipio de Las Lomitas, donde le asignaban sólo un 60% de incapacidad laboral y no el 76%, como exige la ley para acceder a la pensión.
"El intendente de Las Lomitas una vez me dijo que todo se solucionaba si yo fijaba domicilio en su municipio", dice Ema, mientras acomoda sillas en el patio de su humilde vivienda. Desde la habitación, Alicia lanza un gemido largo, seco, que dura varios segundos. "Está cantando", aclara su madre.
Las insólitas cifras
Formosa no sorprende por la proporción de inválidos
- 40.183 Pensionados
Son el total de beneficios por invalidez en Formosa. Como comparación, en Provincia de Buenos Aires hay 140.000 casos con 17 millones de habitantes
- Patiño, el récord
En esa localidad hay 65.581 habitantes y 10.101 pensionados por invalidez
DIXIT
"El Estado es el primer empleador en Formosa. También, el que decide quién recibe una asistencia, una vivienda o una pensión. ¿Por qué la gente sigue votando a Gildo Insfrán? Porque, en Formosa, el Estado se apropió de tu vida" (Luis Naidenoff, senador nacional UCR)
NUMEROS QUE NO CIERRAN
En la página web del Ministerio que conduce Alicia Kirchner se especifica que para acceder a una pensión por invalidez se necesita probar una incapacidad "total y permanente" que disminuya en un 76% la capacidad laboral, no tener ingresos, bienes o parientes obligados a proveer alimentos. La idea de que 40.183 formoseños (y sus familias) cumplan esos requisitos de extrema vulnerabilidad social choca con el 2,2% de desempleo que, según el Indec, existe en la provincia.
Concuerda, en cambio, con el hecho de que apenas 1 de cada 21 formoseños trabaja en el sector privado de manera formal: a comienzos de año, según el Indec, esos 26.495 trabajadores cobraban 87 millones de pesos por mes. Casi lo mismo que los 82 millones de pesos mensuales que la Anses le paga a los 53.340 pensionados en la provincia (los 40.183 por invalidez, más 13.157 beneficiarios de pensiones por vejez, por madres de 7 hijos y otros regímenes).
De hecho, cuando los medios locales empezaron a difundir las irregularidades, recibieron múltiples llamados de comerciantes pidiendo "valorar" el aporte de las pensiones por invalidez a la economía local. Junto a esas pensiones y una informalidad que supera el 30% según el Indec (y el 50% según estimaciones privadas), el Estado es, por mucho, el principal empleador de la provincia. Desde 1995, en Formosa, Gildo Insfrán es sinónimo de Estado.
NO SE PRESENTO NI UNA DENUNCIA
Tras empezar a descubrir las irregularidades que todos conocían desde hace años en Formosa, la Anses les dio la opción a los empleados públicos formoseños para mantener su empleo o la pensión que, en los hechos, funcionaba como un complemento para salarios que rondan los 1000 pesos para los municipales y los 2000 pesos para los provinciales.
La Anses informó que los estatales deberían devolver lo cobrado irregularmente, al tratarse de una estafa al fisco a partir de una adulteración de documentos públicos (los certificados médicos). Pero, tras recorrer los tribunales federales de Formosa, este medio constató que ni la Nación ni la Provincia introdujeron una sola demanda contra los supuestos estafadores..
