Más de una vez el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha dado a entender que su intervención en el índice de precios del Indec le ha permitido al fisco un ahorro de varios miles de millones de pesos por menor ajuste de títulos públicos en pesos. Incluso, acusó de antipatriotas a quienes protestaron por el falseamiento de los índices, endilgándoles desconocer ese "beneficio". En rigor, ha sido ese funcionario quien ha ignorado el monumental costo y daño que, como contrapartida, ha ocasionado su maniobra fraudulenta.
Lo que por esta estafa el Tesoro se podrá ahorrar en perjuicio de los bonistas nacionales y extranjeros, ya significa una costosísima carga para el país, que lo afectará económica e institucionalmente por muchos años. La manipulación estadística es citada en todos los foros como la primera causa de la baja calificación de la deuda argentina y del desaliento a las inversiones externas. No importa que el porcentaje de la deuda pública sobre el producto bruto interno (PBI) se haya reducido y que hoy sea menor que el de muchos países mejor calificados. Un gobierno que ha caído en default varias veces y que ha ofrecido a sus acreedores la mayor quita que registra la historia no puede falsear estadísticas y burlarse de sus acreedores. Esto no es gratis. No sólo el Estado sino también el sector privado deben pagar una tasa de interés mucho más alta, si es que consiguen financiamiento. Este fraude se paga no sólo en el diferencial de tasa, sino en la pérdida de mayor crecimiento y en la menor ganancia de productividad por efecto de inversiones que dejan de hacerse.
El impacto es inmenso. Si la Argentina hubiera pagado en los últimos siete años una tasa de interés similar a la de Uruguay para financiar una proporción razonable tal como el 50 por ciento de sus inversiones, se hubiera ahorrado cerca de 8000 millones de dólares. Si además nuestro país hubiera mantenido su participación de la década del noventa en el flujo de inversiones externas de la región, hubiera recibido 70.000 millones de dólares adicionales en beneficio de todos sus habitantes. Estos guarismos superan en varias veces lo que el fisco podrá ahorrarse con la subestimación del ajuste de los bonos en pesos.
Los controles de precios motorizados por el secretario Moreno, además de inútiles para frenar la inflación, implican también elevados costos para la comunidad. Todos los artilugios para evitar el aumento del precio de la carne han finalizado en un encarecimiento del producto, pero no sin antes haber causado daños severos. El stock ganadero ha disminuido en un 20 por ciento en los últimos cinco años. Ha habido, por lo tanto, un consumo del capital y no sólo una insuficiencia de inversiones. Debe recordarse también el papel que jugó Moreno para embretar al Gobierno en la recordada resolución 125: sobrepasó con riesgos incalculables los límites concebibles de presión impositiva para el sector que más contribuyó al crecimiento de las exportaciones.
La acción deletérea de Moreno ha sido intensa en el sector de combustibles y servicios públicos. Se han consumido críticamente las reservas de petróleo y gas, debido al desaliento a las inversiones en exploración y desarrollo. Pocos han invertido en la Argentina, ya que haciéndolo en otros países obtienen el precio internacional, mientras que aquí las regulaciones sólo permiten obtener menos de la mitad y sujeto a los caprichos de un funcionario. La caída de reservas petrolíferas entre 2003 y 2010 fue estimada por los ocho ex secretarios de Energía en 100.000 millones de dólares. La Argentina ha pasado a ser importadora de energía en momentos en que los precios internacionales han subido notablemente. Por otro lado, el retraso de los precios internos en los surtidores mediante la compulsión oficial y los aprietes de Moreno ha provocado el cierre de casi 2000 estaciones de servicio. Esto es un tercio de las que había hace diez años e implica una destrucción de capital de aproximadamente 1800 millones de dólares.
Las empresas de servicios públicos han venido intentando hacer valer sus derechos frente a la Justicia para ajustar sus tarifas, desde que éstas fueron congeladas. La posición favorable a una gradual normalización que sostenía el ex ministro de Economía Roberto Lavagna antes de su salida del gobierno encontró entonces la oposición de Moreno. Han pasado varios años, y esa inflexibilidad permanece, intentándosela subsanar con crecientes subsidios a las prestatarias. La inversión se ha destruido y esto se percibe claramente en el transporte, en la energía eléctrica, en la distribución de gas y otros servicios. El secretario Moreno sólo sabe de amenazas y prepotencia, pero no ha hecho ninguna contribución imaginativa para encontrar caminos que permitan el sinceramiento tarifario amortiguando su efecto sobre los usuarios de menores recursos. La recuperación del tiempo perdido tendrá un enorme costo económico y social.
Resulta difícil cuantificar el daño producido por el desempeño de Moreno en otros aspectos de su pésima gestión. El maltrato, la arbitrariedad y el abuso hasta caer en la violación de la ley no resultan nunca gratis para la sociedad. Tienen un alto costo institucional. Lo que se destruye en un segundo puede requerir años para volver a construirse. El costo de Moreno no es por cierto sólo su salario.
