Por: Mara Laudonia para Diario Clarín
Un grupo de bonistas que mantienen deuda en default y que lleva adelante un juicio de acción colectiva en Nueva York le acercó al Gobierno una propuesta de reestructuración de deuda para los que no aceptaron el canje que culminó en 2005.
Los acreedores quieren que la Argentina oferte una operación con igual quita de deuda que la efectuada en 2005 (66%), si bien el esquema propuesto no sería un simple canje de bonos. Por el contrario, ofrecen armar un fideicomiso para obras de inversión, que se nutra de los mismos bonos emitidos por el Gobierno. Así, el fideicomiso sumará fondos frescos a medida que la Argentina vaya pagando en el tiempo los intereses correspondientes a los títulos emitidos, que serían retenidos en dicho fondo para financiar obra publica nacional y provincial, según el texto al que tuvo acceso Clarín, avalado por los estudios Proskauer y Sirota, que representan a los inversores en los Estados Unidos.
De esta forma, los inversores pretenden cobrar a futuro, a medida que las obras comiencen a generar rentabilidad, el 100% de lo adeudado.El documento con los lineamientos de este esquema fue elevado formalmente a la Argentina al estudio Cleary Gottlieb y sería alcanzado en breve a los gobernadores provinciales, de los cuales buscarán sumar apoyo al proyecto.
Este grupo de acreedores es el que logró que la justicia de los Estados Unidos congele unos bonos Globales, de los '90, que están técnicamente el default en una cuenta en Manhattan y constituyen las garantías de los prestamos garantizados (PGs), títulos de deuda emitidos en el 2001 cuyos vencimientos fuertes comenzaban este año.
Aún con esta traba legal, el Gobierno de Cristina Kirchner se las ingenió para poder canjear los PGs y extender los pagos de deuda al 2014, logrando una aceptación de 80,2% de los bonos elegibles, según comunicó oficialmente la misma Presidenta ayer, durante su discurso de apertura anual de la sesiones en el Congreso.
El recurso que se utilizó fue armar un canje local sin pasar por el filtro de los entes reguladores en los EE.UU., para lo que se mantuvieron esos avales en los bonos nuevos ofrecidos a los inversores que entraron al canje, hasta tanto se resuelva su liberación en la Corte de EE.UU. . El Gobierno no hizo eco de la propuesta. Y a juzgar por las señales que dio hasta el momento, intentaría avanzar con una oferta unilateral similar a la que comenzó a gestarse el año pasado, si bien aggiornada a la nueva realidad financiera actual.
Pero estos acreedores, que representan a pequeños y medianos bonistas, insisten en que lograron ganar formalmente la demanda contra el país por el default ante la corte de EE.UU. y que eso les da derecho a sentarse a negociar con el Gobierno para llegar a un arreglo. Habrá que ver si el juez Thomas Griesa podrá forzar o no al país a escuchar la nueva iniciativa en cuestión.
Hay, en cambio, otro grupo de acreedores, en su mayoría fondos institucionales y bancos, que se mostrarían más proclives a ingresar a una oferta más tradicional, acorde como se avanzó sobre los lineamientos que se tejían en el 2008. Al margen de las diferencias entre los acreedores, desde el 2005 corrió mucha agua bajo el puente. Se nota cansancio entre los acreedores, que de alguna forma quieren arreglar.