Una denuncia de 2010 que el kirchnerismo prefirió archivar (II)

Por Laura Serra - LA NACION

Siete años atrás, un diputado radical había advertido sobre denuncias de coimas en la Marina.

El kirchnerismo quedó nuevamente en la picota por presuntas irregularidades y cobro de sobornos en la compra de unidades y reparación de la flota de la Armada. En 2010, el radical Miguel Giubergia, por entonces diputado nacional, pidió explicaciones al gobierno de Cristina Kirchner sobre el supuesto cobro de sobornos por 3,5 millones de euros, pagados por las empresas alemanas Hawker y Ferrostaal a funcionarios argentinos en 2006, supuestamente dirigidos a acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

Sugestivamente, estas dos firmas fueron las encargadas de reparar el ARA San Juan y en particular las baterías de la nave. Tal como publicó ayer la nación, Ferrostaal y Hawker aparecen mencionadas en una investigación que realizó el Ministerio de Defensa que alertó sobre "irregularidades detectadas" en la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente".

En su pedido de informes de 2010, Giubergia ya advertía sobre las irregularidades en las contrataciones que se habían realizado para reparar las baterías de la flota de submarinos. Sin embargo, el bloque del FPV rechazó la iniciativa.

En ella, el legislador solicitaba la siguiente información:

- Detalles sobre la modalidad de contratación entre la Armada y la empresa Hawker GMBH por la reparación de baterías del submarino ARA San Juan. La operación costó al Estado argentino 5,1 millones de euros.

- Modalidad de contratación entre Tandanor y la empresa Marlog Gmbh&co para asistencia técnica en la reparación del San Juan, por 270.000 euros.

- "¿Por qué el Ministerio de Defensa (a cargo entonces de Nilda Garré), ante la consulta de cuál es el proyecto de incorporación de embarcaciones y submarinos vigente desde el año 2005 hasta la fecha, enumera 17 unidades, si ninguna de las cuales, cinco años después, fue incorporada, está en proceso de construcción ni adquirida hasta la fecha?", preguntó Giubergia.

El entonces legislador basó su pedido de informes en una investigación judicial realizada en Alemania y girada a la justicia argentina. Allí consta el testimonio de un testigo encubierto, un ex directivo de Ferrostaal. Según la denuncia, Ferrostaal pagó durante el kirchnerismo una comisión de 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras en la Argentina. En el proyecto intervinieron la Marina y el Ministerio de Defensa.

En su testimonio, el testigo encubierto indicó que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó al abogado de la Armada Osvaldo Parrinella, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del ministerio, especialmente en el área de compras". "El señor Parrinella -añadió el testigo- recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers (ex presidente de Ferrostaal en la Argentina) y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, después de descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma".

Macri prepara una amplia reestructuración de las FF.AA. y cambiará a los jefes militares

Por Mariano De Vedia - LA NACION

Los planes son previos a la crisis por el ARA San Juan; habrá una mayor integración

El Presidente habló escoltado por el ministro Aguad y Marcelo Srur, el jefe de la Armada. Foto: Télam / Candelaria Lagos

Mientras el país sigue en vilo y se mantiene abierta la crisis por la desaparición del submarino ARA San Juan, el presidente Mauricio Macri ya tiene decidido cambiar a los jefes de las Fuerzas Armadas antes de fin de año y define por estas horas sus posibles reemplazantes. Los cambios forman parte de un plan de reestructuración militar que le dará más poder al jefe del Estado Mayor Conjunto. Contemplan, además, la fusión de unidades militares y un uso más integrado de los medios y del equipamiento de las fuerzas.

Macri cree que los jefes actuales "atrasan" en su mirada de las fuerzas. Aunque el relevo de la cúpula militar se cristalizará en medio de los coletazos de la búsqueda aún infructuosa del ARA San Juan, el Presidente lo viene meditando desde hace varios meses, como parte de la reforma en la que trabaja activamente el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

El Presidente cree que la actual conducción "atrasa"; para profundizar la integración de las fuerzas le darán más poder al Estado Mayor Conjunto; se busca ahorrar recursos

Se irán, así, los jefes de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur; del Ejército, teniente general Diego Suñer, y de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Víctor Amrein. Más allá de los reemplazantes, la idea es fortalecer al jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, quien permanecería en el cargo, un escalón por encima de los otros jefes militares.

Si bien la situación de la Armada pone en la lupa a todos los almirantes -ya pidió su retiro el jefe de la Base Naval de Mar del Plata, contraalmirante Gabriel González-, para reemplazar a Srur es tenido en cuenta el comandante de Alistamiento y Adiestramiento, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, que tiene su centro de operaciones en Puerto Belgrano. De todos modos, en la Armada la evolución de la crisis es constante y todo pronóstico tiene plazos breves de garantía.

Para el Ejército se menciona al general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, jefe de la II División de la fuerza, cuya comandancia central está en Córdoba, entre otros nombres.

El reemplazante de Amrein en la Fuerza Aérea surgiría de una terna que ya le llegó al Presidente: los brigadieres José Javier Videla, actual secretario general; Alejandro Gabriel Amoros, director de Planes, Programas y Presupuesto, y Roberto Andreasen, actual segundo comandante operacional del Estado Mayor Conjunto.

Hace un año, entre octubre y diciembre de 2016, los jefes militares Amrein, Srur y Suñer, en ese orden, expusieron sus planes, visiones y estrategias en la Casa Rosada, ante el propio Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; su vicejefe Gustavo Lopetegui; la conducción del área de Defensa, por entonces a cargo de Julio Martínez, y un grupo selecto de legisladores. La síntesis del Presidente fue contundente: "Atrasan", confesó en la intimidad.

La única exposición que lo convenció fue la del teniente general Sosa, titular del EMC, quien habló ante el mismo círculo en febrero. Macri coincidió en que es necesaria una reestructuración para fortalecer a este organismo y priorizar la acción coordinada en materia de planeamiento y estrategia militar. Sosa explicó que el criterio de "conjuntez" puede hacer más eficiente la conducción militar y ayudar a hacer economía de recursos, mediante ahorros, sin perder capacidades.

Por ejemplo, hoy cada fuerza tiene su propio comando en la Antártida. Para evitar dilapidar recursos, se tendería a fortalecer el papel del Estado Mayor Conjunto, principalmente en la coordinación de tareas de apoyo logístico, comunicaciones y otras actividades. La gran incógnita es si el mismo criterio de concentración y unificación se extenderá a otras áreas, como las estratégicas direcciones de Inteligencia que conserva cada fuerza.

Veterano de la Guerra de Malvinas, formado en infantería y ex director del Colegio Militar, Sosa había sido removido por Cristina Kirchner cuando dirigía el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE) y fue recuperado por Macri en enero de 2016, al ponerlo como titular del EMC. Sosa impulsa una renovación en las fuerzas y no es muy fluida su relación con Suñer, del arma de ingenieros, que carga con el antecedente de haber sido director general del área de administración y finanzas del ex jefe militar kirchnerista César Milani. Cerca del Presidente se le imputa a Suñer haber tenido un manejo laxo en el mantenimiento del personal en actividad, ya que por ejemplo postergó los pases a retiro de muchos coroneles que sobrepasan los años de antigüedad previstos para ese grado.

El plan de reestructuración

La reforma apunta a redefinir el rol y la misión de las Fuerzas Armadas, como anticipó hace dos meses en Córdoba el ministro Aguad. En ese sentido, el EMC es hoy el organismo encargado de planificar y llevar adelante las operaciones militares, aunque en un plano más formal. Cada fuerza, en definitiva, conserva la responsabilidad del alistamiento y el adiestramiento.

Fuentes militares estiman que el punto de quiebre que marcó la crisis del submarino ARA San Juan aportará cautela, por el momento, la estrategia inicial del plan que apuntaba a integrar a las Fuerzas Armadas en el combate del terrorismo. En ese terreno se avanzará pero con más precaución. Se estudia, en tanto, racionalizar el envío de comisiones al exterior y modificar los coeficientes que los oficiales y suboficiales reciben por cambio de destino, entre otros posibles ahorros. Según el Libro Blanco de la Defensa, hoy existen en el país 129 puntos militares, lo que llevó al presidente Macri a replantear el despliegue de las bases de las distintas fuerzas. 

"La estructura del Ejército, con 6100 oficiales y 23.300 suboficiales, es similar a la que tenía durante la dictadura militar, cuando contaba con una tropa de 120.000 soldados conscriptos. Hoy apenas recibe 20.000 voluntarios", comentó una fuente castrense. "Tenemos que agrupar y reducir todas las unidades a 15 grandes bases, que cuenten con medios e infraestructura y cumplan con una capacidad de despliegue rápido, para tener un sistema de defensa articulado y eficiente", propuso el diputado Gastón Roma (Cambiemos), que integra la Comisión de Defensa y participa de las reuniones de control de gestión del área militar que realiza el Gobierno. Explicó, en ese sentido, que hoy las unidades militares están pensadas para trabajar con un despliegue de 1500 efectivos y en la actualidad apenas tienen 200".

Submarino ARA San Juan: la Justicia archivó una denuncia por irregularidades en la reparación

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Un suboficial había denunciado en 2007 manejos espurios en el astillero Domecq García de la Armada. 

El polémico juez federal Norberto Oyarbide archivó, prácticamente sin investigar, en febrero del 2010 una causa en la que se investigaban irregularidades en las tareas de reparación de media vida del submarino San Juan. La causa quedó archivada en el juzgado que ahora dirige Sebastián Casanello. Si aparecen nuevos elementos de prueba, el juez podría ante una denuncia reabrir la investigación o mandar el expediente 15.373 a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, como antecedente para la causa en que se investiga el accidente del San Juan. Este antecedente clave, al que accedió Clarín de fuentes judiciales, también será de utilidad para la comisión investigadora que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, creó para saber qué pasó con el submarino más moderno que tenía la Armada.

La denuncia había sido realizada en 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharry, Ricardo Efrain y Carlos Herrero, entre otros. Se refería a tareas de mantenimiento del San Juan en el Astillero Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Taiano. El Domecq, junto con Tandanor, ahora integran el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR).

Gómez manifestó que “durante las tareas de mantenimiento del San Juan realizadas entre 2005 y 2006 se produjeron varias irregularidades y manejos espurios como la contratación de empresas privadas para trabajos realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave”. “Lo que en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada sin perjuicio de lo cual a dichos contratistas se les abonaban grandes cantidades de dinero”, agregó el denunciante. “La cara visible de dichas empresas sería una persona que respondería al nombre de Daniel Adrián Fornés”, agregó. Puntualizó que “los trabajos de menor entidad le fueron adjudicados a una firma denominada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo”.

El suboficial denunciante, antes de la denuncia penal, había hecho una administrativa ante el Ministerio de Defensa, cuando lo manejaba Nilda Garré. Gómez había acompañado una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que prueba el robo de metales del submarino Santa Fe -que también estaba en el astillero y sin terminar- y una copia de la sanción que le habían aplicado por sus quejas.

También denunció el “alquiler precario de las naves (sectores) del astillero a empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de Aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilios de los jefes militares”. Gómez manifestó también “se habrían fraguado o simulado fracturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero”. “Las reparaciones en gran medida habrían sido realizadas por personal propio de la Armada”, agregó.

Luego denunció el “vaciamiento de un edificio de la fuerza conocido como número 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis”. En la causa se agregó una auditoría interna del Domecq García remitida por la Unidad Coordinadora del Area de Transparencia del Ministerio de Defensa.

El informe señala una serie de defectos en el astillero que “sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades”.

Seguidamente, Oyarbide le tomó declaración testimonial al encargado de la auditoría, contador Jorge Argüello, quien dijo que se llegó a la conclusión que “era muy difícil corroborar esas irregularidades denunciadas”. Entonces, concluyó que ”entonces corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, al menos hasta que se arrimen nuevos elementos de juicio que permitan avanzar”.

El Parlasur y sus "patéticas miserabilidades"

Editorial del diario La Nación

Todo hace presagiar que ese cuerpo será otro agujero negro en los presupuestos nacionales para acomodar a políticos sin empleo.

"Unos fueron por los fueros y otros, por el dinero". Así podría resumirse esta lamentable creación del kirchnerismo y sus ex socios propulsores del socialismo del siglo XXI, para contar con un foro ideológico, a costa del erario de sus naciones y en beneficio de sus dirigentes. "Patéticas miserabilidades", diría don Hipólito Yrigoyen, incluyendo quizás a su propio partido por no haber apoyado la solitaria batalla librada por tres miembros del Parlamento del Mercosur para evitar que el plan de ideología, fueros y dinero, diseñado por la ex presidenta Cristina Kirchner, tuviese éxito.

Aunque la población votó, en los últimos comicios generales, la elección de 43 representantes para dicho órgano deliberativo, nadie entiende muy bien qué es, ni para qué sirve. Siguiendo una tendencia regional, nuestro Parlasur completa una serie de locuaces organismos latinoamericanos de idéntico prefijo, como el Parlacen, el Parlandino, el Parlatino y el Parlamento de Unasur, cuya abreviatura podría confundirse con aquél.

Creado en 2005, ese foro está integrado por la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, quienes envían 186 representantes que deben ser elegidos por voto directo, como ya lo hacen la Argentina y Paraguay. Existe un plazo hasta el año 2020 para que todos los países dispongan la elección directa; entretanto, el Parlasur se encuentra en transición y sus decisiones son no vinculantes.

Escondido en el cuerpo de la ley "exprés" de llamado a elecciones, aprobada en la última sesión de 2014, se incluyó un artículo que explica por qué muchos políticos quisieron ser candidatos para integrar el Parlasur en los comicios de 2015: los fueros y el dinero. En efecto, allí se establece que los elegidos serán asimilados a los diputados nacionales, con idénticas inmunidades parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y protocolares. A los efectos prácticos, los 257 diputados nacionales aumentarían al número de 300 sin reforma constitucional alguna.

El kirchnerismo pretendía así dotar de inmunidad a sus candidatos bajo la lupa de la Justicia. Y, de paso, lograr el apoyo del resto de la "clase política" tentándolos con sueldos, pasajes, viáticos, asesores, oficinas, choferes y jubilaciones como si fuera lo mismo ejercer funciones en el ex casino de Montevideo, que en el augusto recinto del Congreso de la Nación. Tentaciones irresistibles para quienes están habituados al turismo parlamentario, nombrar parientes y canjear pasajes por dinero.

La ex presidenta, con fino olfato, intuyó que serían más resistentes los fueros senatoriales que los fueros parlasurianos y optó por la zona del Congreso. Aun con su ausencia, la nómina del Frente para la Victoria demuestra por sí sola cuál era el propósito del texto subrepticio. Allí están o estaban José López y Milagro Sala, ambos presos: uno por los bolsos conventuales y la otra, por tentativa de homicidio. Agustín Rossi, imputado por sobreprecios; Teresa Parodi, manchada por la banda de Rolando, amada por Boudou; Gabriel Mariotto, procesado por enriquecimiento ilícito; Oscar Parrilli, imputado por encubrimiento de un prófugo; Víctor Santa María, denunciado por la UIF por enriquecimiento ilícito y Gerardo Zamora, imputado por las viviendas de Madres de Plaza de Mayo. Para equilibrar un poco el oscuro currículum de esos personajes, el FPV incluyó a otros políticos, como Jorge Taiana y Daniel Filmus, y varios dirigentes provinciales a manera de retribución de gentilezas.

Sin embargo, el atajo de crear fueros por vía de un artículo escondido en una ley exprés no funcionó y gracias a la campaña "Chau Fueros", lanzada por la dirigente de Coalición Cívica por Santa Cruz, Mariana Zuvic, la Cámara Nacional Electoral (ratificada luego por la Corte Suprema de Justicia en el caso Milman) declaró que las inmunidades parlamentarias no pueden ser creadas por ley, sino solamente por la Constitución, ya que en la Argentina no hay fueros personales, ni títulos de nobleza y todos los habitantes son iguales ante la ley. La gran decepción para los "parlasures" llegó después, cuando tres de ellos, la citada Zuvic, el abogado Fabián Rodríguez Simón y la riojana Marcela Crabbe, miembros del Parlasur por Cambiemos, lanzaron otra campaña ("Chau Privilegios") para que ninguno cobrase sueldo hasta que el Parlamento esté totalmente institucionalizado, en 2020.

Hubo un intento de incluir $ 100.000.000 en el presupuesto nacional para abonar esas abultadas dietas. Pero el gobierno nacional sostiene, correctamente, que estas deben ser abonadas por el organismo, con los aportes de sus miembros y no cada país en forma individual. De ese modo, zanjó la cuestión con una decisión administrativa, limitando los pagos a pasajes y viáticos de 200 dólares por día de asistencia a las sesiones.

La ausencia de dietas, viáticos y pasajes ha desalentado a quienes, con gran entusiasmo y mayores expectativas, habían aceptado el honor de esos cargos. Pero como el honor no es dinero, ahora viajan a Montevideo por el día, para no gastar en hoteles el estipendio que reciben. Nada quedó de aquellos congresos y simposios internacionales a los que pensaban asistir, con estadías europeas y jugosos per diems como sus colegas nacionales. Carentes de oficinas, asesores, secretarias, cadetes y choferes como imaginaban tener en ambas márgenes del Plata, ahora vuelven presurosos a sus hogares, mientras sus usinas jurídicas urden alguna otra alternativa legal para hacer efectiva la equiparación soñada.

Lamentablemente, todo hace presagiar que el Parlamento del Mercosur será otro agujero negro en los presupuestos nacionales para ubicar a correligionarios sin empleo. Y, si alguna función tuviese, debería ser un foro para debatir fórmulas de inserción del Mercosur en el mundo, en forma competitiva, para mejorar el nivel de vida de los 300 millones de habitantes que lo integran. Abandonando el modelo aislado y populista que rigió desde 2012, cuando Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica impulsaron la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela al bloque regional, con el reingreso del primero y la suspensión del segundo, por ruptura del orden democrático, se abre una ventana de oportunidad para lograr ese cambio, priorizando el bienestar colectivo sobre los absurdos privilegios de sus representantes.

El submarino, los errores y las consecuencias

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION

El San Juan estaba cerca del talud porque ahí está uno de los grandes reservorios de peces, que muchas veces son depredados por pesqueros clandestinos.

Martes, 14 de noviembre, medianoche. El comandante del submarino ARA San Juan informa a la base de Mar del Plata que se produjo un incendio en la nave que afectó turbinas y las comunicaciones. El informe dio cuenta de que entró agua en el submarino.

Miércoles, 15 de noviembre, 7.30. El comandante del submarino informa que el problema se solucionó y que la tripulación se encuentra bien. El comando de Mar del Plata le ordena que continúe normalmente el viaje hacia la base marplatense. Es la última comunicación del submarino.

Jueves, 16 de noviembre, mediodía. El jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, es informado de lo que había sucedido en el San Juan. También lo notifican de que no hubo nuevas comunicaciones con el submarino.

Jueves, 16 de noviembre, 21 horas. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se encontraba en Vancouver a punto de tomar un vuelo de regreso, es informado por Srur de la situación del submarino. Aguad pone en conocimiento del caso al Presidente y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Viernes, 17 de noviembre, 8.00. Aguad arriba a Ezeiza y en la misma estación aérea lo espera el almirante Srur. Juntos se suben a un avión de la Armada y viajan a Mar del Plata. En el trayecto, Srur le asegura a Aguad que se trataba sólo de un problema de comunicaciones del submarino, que se resolvería rápidamente. Aguad le transmite esas seguridades al Presidente.

No era un problema de comunicaciones. El submarino explotó o implosionó. En ese breve relato de los momentos anteriores y posteriores a la tragedia hay dos hechos que llaman la atención. En primer lugar, la increíble desidia de la base de Mar del Plata. Ante un incendio con ingreso de agua, debió ordenarle al submarino que regrese cuanto antes a la costa, a cualquier costa, desde donde debió ser acompañado por un buque hasta el puerto de Mar del Plata. Tal vez la escolta de un buque no habría significado nada para evitar la explosión, pero el submarino hubiera estado en aguas menos profundas y cerca del sistema de comunicaciones de otro barco militar. El submarino se encontraba en el momento del siniestro en el límite mismo del talud, donde se abre una cordillera invertida. Las profundidades pasan abruptamente de 200 o 400 metros a 1000 o 3000 metros. El propio efecto de la explosión pudo sacudirlo de tal manera que lo arrojó hacia esa barranca infinita en el fondo del mar.

El segundo hecho es la demora de la base de Mar del Plata en comunicar la novedad a sus jefes y la de estos en poner en conocimiento del tema a las autoridades políticas. Aguad (y, por lo tanto, el Presidente) se enteró de lo que entonces era un percance un día y medio después de la última comunicación o casi dos días más tarde desde que sucedieron el incendio y el ingreso de agua. Es cierto que existe un protocolo naval que señala que los submarinos deben ponerse en contacto cada 36 horas, que es, más o menos, el tiempo que transcurrió entre la última comunicación del submarino y la alerta de la Armada a las autoridades civiles. Pero no era un submarino cualquiera; acababa de sufrir desperfectos que son potencialmente letales. O los jefes navales se encerraron burocráticamente en un protocolo demasiado viejo o confiaron en que la buena suerte se haría cargo de un final feliz que no sucedió.

El submarino fue reparado totalmente con la asistencia de técnicos alemanes y con repuestos alemanes. La reparación de "media vida", como le llaman, no incluyó la digitalización de la nave. Es necesario, ahora, una opinión de la empresa alemana que lo fabricó para establecer si esa reparación, que Cristina Kirchner dio por terminada con un acto político y camporista en 2014, fue correcta. Hay versiones que indican que se tercerizaron algunos trabajos en empresas sin experiencia. La auditoría deberá establecer también por qué el submarino quedó librado a su suerte y por qué la comunicación del siniestro fue tan lerda. Un submarino es una nave tan compleja -o más- que un avión. Navega en aguas profundas, las comunicaciones son frágiles (en los submarinos argentinos, al menos) y está hecho para no ser detectado. Por eso, sólo la avanzada tecnología norteamericana podría dar con el San Juan, si es que no cayó a ese abismo del océano.

Los tres jefes de las Fuerzas Armadas (el del Ejército, el de la Armada y el de la Fuerza Aérea) estaban por ser relevados. Esa decisión política ya se había tomado. La tragedia del San Juan no apresurará la salida del almirante Srur; al contrario, la postergará hasta que hayan concluido todos los trabajos para conocer fehacientemente el destino de 44 héroes argentinos y se hayan celebrado los homenajes correspondientes. El único alto jefe militar que quedará será el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa, no sólo porque es el que mejor relación tiene con el poder político, sino también porque formará parte de un cambio sustancial en las Fuerzas Armadas.

Macri quiere terminar con el aislamiento de los militares. Acordó con Aguad, después de someterlo a un preciso examen, que más del 1 por ciento del PBI será destinado a la construcción de las nuevas fuerzas militares. El personaje central de la nueva estructura será precisamente el jefe del Estado Mayor Conjunto, tal como sucede en el organigrama de los Estados Unidos. Aislados e ignorados durante doce años (y, de alguna manera, también durante todos los años de la democracia), los militares se encerraron en sus viejas percepciones. Los jefes de la Armada, por ejemplo, no querían saber nada de la cooperación norteamericana en la búsqueda del San Juan. Pero estuvieron al borde de un síncope cuando se enteraron de la colaboración británica. Aguad debió ejercer con plenitud su mando (eso le sale siempre bien) para que aceptaran toda la cooperación internacional, que es de una magnitud inédita. Vale la pena un paréntesis entre tanta rumorología: el Presidente confirmó en las últimas horas su confianza "absoluta" en Aguad.

La indiferencia política provocó el anquilosamiento de viejas estructuras. Cada una de las tres Fuerzas Armadas tiene su propio sistema de comunicación. Imposible que se comuniquen entre ellas en caso de necesidad. Cada una tiene su propio servicio de inteligencia. Hay dos marinas (la Armada y la Prefectura) y hay dos Fuerzas Aéreas (la formal Fuerza Aérea y la de la Armada). El proyecto del Gobierno consiste en que el Estado Mayor Conjunto establezca un solo sistema de comunicación y un solo servicio de inteligencia sobre cuestiones precisas de los militares. La Armada dejará de manejar aviones porque no habrá un portaviones nuevo, pero podría recuperar la Prefectura (si Aguad logra salir airoso de la segura disputa con Patricia Bullrich). La Armada prestará servicio en el mar y la Prefectura en los ríos. La Fuerza Aérea se llevará todos los aviones, incluidos los cincos nuevos Super Etendard que acaban de comprarle a Francia. El Gobierno se propone una inversión importante en el equipamiento de las fuerzas militares. "Como no tenemos casi nada, podemos comprar los equipos militares más modernos, como submarinos y aviones sin tripulantes", dijo un funcionario macrista.

¿Para qué? Esa pregunta (y su respuesta) será motivo de un largo debate en la política argentina, que, incluso, deberá pasar por el Congreso. El Gobierno estableció tres ejes para la acción de las Fuerzas Armadas: el combate al narcotráfico fuera de las fronteras (y asistencia técnica dentro de ellas); el terrorismo internacional, y la custodia del Atlántico Sur, donde está, dicen, la mayor riqueza mineral e ictícola del planeta.

Los 44 tripulantes del San Juan estaban cerca del talud porque ahí está uno de los grandes reservorios de peces, que muchas veces son depredados por pesqueros clandestinos que entran a la plataforma marítima argentina. Chocaron con el final de todo, abrupto, brutal y cruel, cuando defendían una frontera de la Argentina, valiosa e invisible.

Cada vez hay más riesgos y deterioro en las FF.AA.

Por Mariano De Vedia - LA NACION

El país tiene hoy la inversión más baja desde el retorno de la democracia; en los últimos años hubo varios casos de averías, en un equipamiento de casi 40 años.

Un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina. 

Cuando el Ministerio de Defensa estaba en manos de Nilda Garré , a fines de 2008, un suboficial de la unidad de buzos tácticos de la Armada murió durante una práctica de saltos de adiestramiento. El ejercicio había comenzado mal: eran 45 buzos y sólo había 15 paracaídas. Se arrojaron por turnos, plegando los paracaídas para volver a utilizarlos, y uno falló. Quedó flotando la sospecha de si no estaba vencido.

Son riesgos cada vez más cotidianos en las Fuerzas Armadas, que sólo destinan el 4,5% de sus recursos al mantenimiento y reparación de unidades y armas diseñadas, en su mayoría, hace más de 40 años.

La estrechez de fondos para mantenimiento de sus equipos y entrenamiento del personal es un problema que viene de arrastre. Los submarinistas que se forman en Mar del Plata necesitan 190 días de prácticas por año de inmersión y en 2012 -uno de los años más críticos para la Fuerza Naval- apenas estuvieron 19 horas bajo la superficie.

Según datos a los que accedió LA NACION, el armamento y el material bélico de las unidades del Ejército tienen una edad promedio de 38 años. "La mayoría de los vehículos no cumplen las condiciones legales requeridas para circular por una ruta y muchos no pasarían una verificación técnica vehicular", se sinceró una de las fuentes consultadas.

Para 2018, el presupuesto de la Armada crecerá un 40% y llegará a $ 14.989 millones, pero el 87% se consume en sueldos y las partidas para mantenimiento, reparación y bienes de uso, como informó LA NACION el miércoles pasado, decrece.

La Argentina prevé destinar en 2018 al área de Defensa $ 81.522 millones, el 0,9% del PBI. Con esa inversión, según un informe del Banco Mundial, se ubica en el puesto 150, cerca de Eslovenia y Macedonia, en una clasificación de 179 países. Es uno de los porcentajes más bajos de la región y lo superan Paraguay (1,2%), Brasil (1,3%), Bolivia (1,6%) y Venezuela (1,4%), entre otros.

Es el indicador más bajo desde 1983. Con Raúl Alfonsín, cuando el país salía de la dictadura militar, la inversión en Defensa varió entre 2% y 2,5% del PBI; en la presidencia de Carlos Menem bajó a 1,5%, con Néstor Kirchner llegó al 1% y Cristina Kirchner bajó ese umbral.

La falta de inversión genera inquietud por el compromiso asumido por la Argentina para garantizar la custodia del espacio aéreo frente a la cumbre del G-20 prevista para fines del año próximo.

Fuentes castrenses estiman que a fines de 2015 la cobertura de la frontera con un sistema de radarización primaria 3D llegaba al 20% del territorio, cuando Paraguay tenía protegido el 50%, Chile y Uruguay el 90% y Brasil el 95 por ciento.

Navegación y vuelos

Hoy el presupuesto le asigna a la Armada recursos para navegar el tiempo equivalente a 399 días para todas sus embarcaciones. Los especialistas indican que el adiestramiento adecuado del personal naval exige unos 90 días en cada barco. Si la Armada tiene cuatro destructores, nueve corbetas, cuatro avisos, tres transportes, tres buques multipropósitos, dos oceanográficos, dos hidrográficos, una fragata y un rompehielos, tendría que reunir el equivalente a casi 2700 días de navegación. Pero no todas las unidades están en condiciones.

En los últimos cinco años los cuatro destructores -Almirante Brown, Heroína, La Argentina y Sarandí- presentaron problemas de máquinas, la corbeta Espora quedó varada tres meses en Sudáfrica por un desperfecto en tres generadores; la corbeta Spiro sufrió una rotura al tropezar con un banco de arena en Mar del Plata, la Gómez Roca tuvo una avería en la línea de eje cuando se dirigía a participar de una operación en Brasil. Y el destructor Santísima Trinidad se hundió en enero de 2013, por daños en una tubería, mientras estaba amarrado en la Base Naval Puerto Belgrano.

Aunque no hubo casos para lamentar, la Fuerza Aérea tuvo bajas de material y éxodo de personas.

Al finalizar la guerra de Malvinas, contaba con 14 escuadrones de combate: Mirage III E, Mirage 5, Mirage M III C, A4 , Pucará, Morane Saulnier, Pampa I, F-86 F Sabre (cada uno formado por 12 aeronaves) y un escuadrón reducido de F-86. En los últimos años se desprogramaron los Mirage y la mayoría de los otros escuadrones y hoy la aviación de combate de la Fuerza Aérea está reducida a escuadrones disminuidos de Pampa II, Pucará y Tucano y una escuadrilla de A4-AR.

"De las 34 aeronaves A4 modernizados en 1996 sólo quedan tres operativos", admitió una fuente .

La escasez de medios en condiciones genera desaliento en el ámbito castrense, como lo muestra el éxodo de casi 400 pilotos en los últimos diez años por los bajos salarios y escasos incentivos en el entrenamiento profesional, ante las dificultades para volar. Incluso, generó sorpresa la decisión del Gobierno de ceder a la Policía Federal y no a la Fuerza Aérea el avión Lear Jet incautado a Lázaro Báez, teniendo en cuenta el escuadrón especializado que tiene la comunidad aeronáutica.

Una auditoría detectó irregularidades en la compra de las baterías del submarino

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Un informe interno del Ministerio de Defensa había advertido que la Armada no cumplió los estándares normativos habituales para beneficiar a ciertas empresas; un trabajo de la Sigen también había señalado graves deficiencias

Una auditoría detectó irregularidades en la compra de las baterías del submarino. Foto: Archivo 

Una investigación del Ministerio de Defensa alertó sobre "irregularidades" en la compra directa de las baterías del ARA San Juan , según la copia de esas actuaciones que llegaron con carácter secreto a tres despachos oficiales, y a las que accedió LA NACION. La información coincide con una auditoría de la Sindicatura General (Sigen), que también cuestionó el procedimiento.

La investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.

"La información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", precisaron los investigadores de Defensa.

Esos mismos investigadores alertaron del tema en 2015 a funcionarios del kirchnerismo. Y también que lo mismo ocurrió al cambiar las baterías de los submarinos Salta y Santa Cruz. Consultados por LA NACION, desde el Gobierno indicaron que están revisando "todos los procesos dentro de la Armada" y que se abrirá una investigación interna "profunda", pero que ahora la prioridad es hallar el submarino, recuperar a todos sus tripulantes y, luego, peritar el San Juan para determinar "qué pasó y las consecuentes responsabilidades".

La investigación interna a la que accedió LA NACION no fue la única que reportó sobre "irregularidades" de la Armada en la reparación del submarino ARA San Juan. La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa también redactó varios informes. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó su auditoría MD 13776/16, en mayo de 2016, que tampoco es de acceso público, pero cuyas copias obtuvo LA NACION de informantes de la Sindicatura.

En el caso de la Sigen, sus técnicos expusieron desvíos en los planes trazados para la ejecución material y presupuestaria de la obra, con demoras de hasta 4 años: "Dichas demoras permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del período de garantía".

Eso mismo, detectó la Sigen, ocurrió con los motores: "La pérdida de la garantía de los motores derivó en la necesidad de efectuar la contratación directa N° 62/13 con la misma empresa, para renovar el plazo de garantía (ejecución de los trabajos de inspección y verificación para puesta en marcha segura de los motores y para otorgar las correspondientes garantías técnicas que se derivaron de dichos trabajos). Dicha obra tuvo más de 314 días de demora".

Todos esos informes reservados podrían ayudar ahora a la Justicia a determinar qué pasó con el ARA San Juan. Para eso, la jueza federal con asiento en Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó al complejo Cinar-Tandanor, donde se desarrolló la reparación de media vida, que preserve toda su documentación.

Los informes secretos cuyas copias obtuvo LA NACION, sin embargo, no se encuentran en ese complejo, sino en el Ministerio de Defensa. Y alertan sobre "irregularidades detectadas" dentro de la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente".

En el caso de la investigación interna, cuyo informe comenzó a circular dentro del Ministerio de Defensa en 2015 y continuó en circulación con la actual gestión, también detectó que "los remitos que se adjuntan por cada entrega de materiales no coinciden ni con el número ni con el monto de las facturas acompañadas a las órdenes de pago, que ascienden a la suma parcial de 1.312.214 euros".

Según verificó LA NACION, además, varios de los funcionarios de la Armada que participaron en las contrataciones cuestionadas también habían participado en la contratación de Ferrostaal para adquirir una planta propulsora para la Fragata Libertad, que derivó en una investigación penal que quedó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide.

Por su parte, los investigadores también detectaron que los procesos de la Armada tanto para el submarino San Juan como para los ARA Santa Cruz y ARA Salta y la Fragata Libertad registraron varios puntos en común:

• En las cuatro obras se contrataron las mismas empresas: Hawker y Ferrostaal;
• En las cuatro contrataciones, además, se descartaron propuestas efectuadas por otras empresas;
• En esos procesos se retrasaron las notificaciones a otras empresas que podían competir con los datos sobre las condiciones para presentar sus ofertas;
• En esos procesos también se aceleraron los pasos administrativos, -sin cumplir con los requisitos y plazos- para adjudicar las contrataciones y firmar los contratos;
• Se habrían adulterado ciertos tramos del expediente administrativo para darle visos de legalidad a la decisión que ya había sido tomada;
• Se omitió analizar la razonabilidad de los montos que cotizaron las dos empresas proveedoras;
• Después de la adjudicación, notificaron tarde o no notificaron a la principal empresa rival, lo que complicó que interpusiera impugnaciones.

El informe interno también recomendó a las máximas autoridades de Defensa avanzar sobre las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales de los responsables. Para eso aconsejó alertar a la Oficina Anticorrupción y que se radicara una denuncia penal contra oficiales y funcionarios de la Armada, "incluso contemplando la conexidad que en principio presentarían esos sucesos en relación con otros casos similares cuyas investigaciones se encuentran en trámite ante la justicia federal". Eso no ocurrió.

El jefe de la base naval de Mar del Plata pidió su pase a retiro

Por Román Lejtman - Infobae.com

Se trata del contraalmirante Gabriel González, quien estaba a cargo de la sede de la Armada donde el submarino zarpó hace 15 días.

Un día después de que el presidente Mauricio Macri asegurara que no era tiempo de buscar culpables por la desaparición y presunto estallido del submarino ARA San Juan en aguas del Océano Atlántico, el jefe de la base naval de Mar del Plata, el contraalmirante Gabriel González, pidió su pase a retiro hace tres días, que fue aceptado por la cúpula de la Armada Argentina.

Como jefe de la base desde la cual partió el ARA San Juan originalmente, González había sido quien recibió los reclamos -e insultos- de los familiares de los 44 tripulantes del submarino a medida que se fueron conociendo las noticias que señalan que la nave habría sufrido algún tipo de explosión. Además, estaba siendo investigado por el Ministerio de Defensa.

Su pase a retiro pone en evidencia la profundidad de la crisis que hay en la Armada a partir de nuevos indicios que están surgiendo respecto de la cadena de comando que hubo para enfrentar la situación mecánica que tenía el ARA San Juan. También, es una señal de la cúpula de la Armada hacia el Gobierno.

Ayer, Macri se reunió con el jefe de la Armada Marcelo Srur en el edificio Libertad, acompañado por el ministro de Defensa Oscar Aguad. Tras el encuentro, el presidente dijo que no había que "aventurarse a buscar culpables" de lo sucedido con el ARA San Juan "hasta no tener certidumbre de lo que pasó". Un día después de esa declaración se conoce el pase a retiro de González, que había sido pedido tres días antes.

Los aviones anfibios rusos Be-200 podrían ayudar a hallar el submarino San Juan

MOSCÚ (Sputnik Mundo) — La participación de los aviones anfibios rusos Be-200 facilitaría las labores de búsqueda del submarino San Juan desaparecido en Argentina, opinó en declaraciones a Sputnik el jefe del Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de Emergencias de Rusia, Mijaíl Faléev.

El 23 de noviembre Rusia envió a Argentina un grupo de rescate de la Armada rusa que cuenta con el batiscafo no tripulado (ROV) Panther Plus y el buque oceanográfico Yantar, para ayudar a encontrar el submarino San Juan.

Faléev admitió que "estos equipos son suficientes para llevar a cabo las tareas de búsqueda" en la zona. Pero "la eficacia de las operaciones aumentará si en la búsqueda participa la aviación de rescate, en particular los aviones anfibios Be-200", dijo Faléev.

Recordó que los hidroaviones Be-200 "no solo son capaces de monitorear la situación, sino también en caso de necesidad pueden descender para analizar si los fragmentos detectados tienen algo que ver con el submarino o no". El experto señaló que los equipos submarinos pueden "operar eficazmente solo en una zona limitada". "No pueden rastrear el océano entero, por ello, a mi juicio, es necesaria la aviación que podría explorar escrupulosamente la trayectoria de este submarino", y serían útil para explorar la supuesta ubicación de San Juan desde el aire, indicó.

En opinión del especialista, "el conjunto de la aviación y los vehículos submarinos garantizará el éxito de la tarea". El submarino San Juan, con 44 personas a bordo, dejó de responder a la base de operaciones durante la mañana del 15 de noviembre, cuando estaba a unos 430 kilómetros de la costa en el golfo de San Jorge, en el Atlántico Sur.

Según informó el portavoz de la Armada de Argentina, Enrique Balbi, se recibió una información de que el submarino desapareció de los radares por "un evento anómalo singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" Balbi aseguró que la búsqueda de San Juan continuará hasta que se tengan datos certeros y corroborados de su posible ubicación o destino.

¿Cómo son los aviones que usará Avianca para volar al interior del país?

(La Nación) - La empresa eligió el modelo ATR 72-600, una aeronave turbohélice utilizada con frecuencia en otros lugares del mundo para atravesar distancias cortas.

La espera terminó. Luego de meses de negociaciones, rumores y trascendidos, esta tarde partirá el primer vuelo de Avianca que unirá las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Y los primeros pasajeros de la aerolínea colombiana tendrán la oportunidad de viajar en una aeronave que es toda una novedad en los cielos argentinos.

Se trata del ATR 72-600, un avión turbohélice utilizado con frecuencia en otros lugares del mundo para atravesar distancias cortas. Este modelo puede acomodar entre 68 y 78 pasajeros en una estructura de 27,17 metros de largo; 2,57 metros de ancho y 7,65 metros de altura totales. Vacío, su peso alcanza los 13.010 kilos y puede tolerar hasta 23.000 kilos para el despegue.

Además, tiene una capacidad de 5000 kilos de combustible, puede alcanzar una velocidad crucero de 509 kilómetros por hora y una altitud máxima de 7620 metros. El vuelo inaugural se concretó a finales de septiembre y conectó las ciudades de San Miguel de Tucumán y Puerto Iguazú.

Esta aerolínea, que ya volaba varias rutas en modalidad chárter, puso a la venta los primeros pasajes a Rosario en la última semana de octubre por el precio mínimo permitido de $ 409, que asciende a $ 754 cuando se le suman las tasas. En principio, dos vuelos diarios conectarán el Aeroparque porteño con la ciudad santafesina.

Avianca ya tiene dos aviones y planea sumar tres más hacia diciembre. El proyecto de la compañía contempla la compra de una docena de aviones por US$ 290 millones.

Cómo debe investigarse todo accidente de un buque de guerra

Por EDGAR GIGENA - Prof. Tit. de Derecho de la Navegación, UNLP. - El Día (La Plata)

A los fines de analizar la legislación aplicable ante un siniestro marítimo, en primer lugar debemos observar la condición jurídica del buque involucrado. 

Desde la perspectiva del Derecho de la Navegación la ley 20.094, conf. artículo 2 define al buque como toda construcción flotante destinada a navegar por agua. Por ende podría abrirse una discusión teórica en relación a una nave sumergible. No obstante, en el caso de un submarino militar esta discusión queda al margen dentro del ámbito privado de la navegación en virtud de lo establecido por la citada ley para buques militares y de policía ya que el artículo 4 de la misma establece que sus disposiciones se aplican a los buques privados y a los buques públicos y artefactos navales, estableciendo expresamente que están excluidos de este régimen los buques militares y de policía.

En un análisis preliminar en lo que nos interesa podríamos decir que hay buques públicos, privados, militares y de policía.

Los públicos son los afectados al servicio del poder público o sea al Estado en su condición de tal, sin fines comerciales por ej. Un buque hospital. La ley define a los privados por exclusión ya que no estando al servicio del poder público son privados, sin importar la titularidad del dominio. Este es aunque sea el propio estado nacional, provincial o municipal su propietario. Esta clasificación apunta a su inmunidad dado que los buques públicos son inembargables.

Sin perjuicio de que están excluidos los buques militares de la aplicación de esta ley, se reafirma el concepto de inembargabilidad de los mismos en el artículo 541.

En función de lo analizado hasta aquí van a ser distintas las autoridades competentes para la la habilitación técnica de buques, régimen de seguridad, e investigación de siniestros, según se trate de buques de la marina mercante o buques militares. Ya que los primeros de conformidad con la Ley de la Navegación, articulo 71 y sig. están sujetos en aspectos de seguridad, construcción, reparación, inspección permanente, investigación de naufragios o todo siniestro marítimo al contralor de la Autoridad Marítima, que al efecto la ejerce la Prefectura Naval Argentina de conformidad con su Ley Orgánica nº 18398. Art. 5.

En relación al personal de la marina mercante nacional, en cuanto a su responsabilidad profesional, fundamentalmente en casos de siniestros o acaecimientos de la navegación graves interviene el Tribunal Administrativo de la Navegación que tiene la facultad de fijar las responsabilidades de carácter profesional, aplicando las sanciones establecidas por las leyes y reglamentos vigentes. Circunstancia que puede implicar la suspensión o hasta la inhabilitación del personal embarcado. Sin perjuicio de que si de la investigación surgen elementos que puedan considerarse delitos debe denunciarlo para que intervenga la justicia penal competente.

La Prefectura Naval Argentina en los siniestros marítimos como ya expresamos tiene la competencia específica de la instrucción sumarial e investigación total del siniestro y también la responsabilidad del personal embarcado, debiendo dar intervención a la justicia penal en el caso que del hecho se derive la comisión de un delito.

Como puede observarse, en relación a la marina mercante el Estado a través de la Prefectura Naval Argentina y del Tribunal Administrativo de la Navegación interviene como un tercero que investiga el siniestro.

Por el contrario, los buques militares excluidos del esquema jurídico reseñado, están sujetos a la investigación de su propia fuerza y línea jerárquica correspondiente, como Ministerio de Defensa y el propio Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de la intervención simultánea de la justicia penal federal (por ser una causa marítima, de conformidad con la Constitución Nacional) si estamos ante la necesidad de investigar la comisión de delito.

De la misma manera, en cuanto a la fiscalización de los aspectos técnicos, constructivos, de reparación de una nave de guerra y de seguridad están sujetos también a la autoridad de la Armada Nacional y línea jerárquica respectiva que involucra también al Ministerio de Defensa y Poder Ejecutivo

Por último debemos señalar que la navegación de un buque mercante en cuanto a su operación e itinerario está sujeta a necesidades comerciales que pueden variar en forma permanente, sin que exista un expediente administrativo previo que lo autorice. Por el contrario la navegación de un buque de guerra está sujeta siempre a las denominadas órdenes de operaciones, fundamentadas por escrito con la determinación precisa de la misión a cumplir que responden a la necesidad del Estado Nacional, representado en ese aspecto por la Armada Argentina. La verificación del cumplimiento de estos extremos también integran uno de los puntos de la investigación de un siniestro.

Piden enviar a juicio oral a la ex procuradora del Tesoro del kirchnerismo por no denunciar un fraude en Aerolíneas

(Clarin.com) - El fiscal federal Ramiro Gonzalez dio por cerrada la investigación contra Angelia Abbona por supuesto encubrimiento agravado, por haber omitido informar sobre el vaciamiento de la línea aérea cuando estaba bajo control de la española Marsans.

La ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, junto al entonces titular de la fiscalía antilavado Carlos Gonella, en septiembre de 2015.

El fiscal federal Ramiro Gonzalez pidió hoy enviar a juicio oral a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona por supuesto encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes por omitir "en forma deliberada" presentar informes que advertían sobre el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y una defraudación por parte de su controlante Marsans.

González requirió el envío a juicio de la ex funcionaria kirchnerista al juez federal Luis Rodríguez, al entender que "se acreditó a través de distintas pruebas logradas en el sumario que la imputada no presentó de manera oportuna" varios informes que llegaron a la Procuración del Tesoro en los que se daba cuenta de la situación de la aerolínea de bandera privatizada y de otras empresas controladas por Marsans, como Austral, Jet Paq y Optar SA.

Abbona será juzgada por encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública y por incumplimiento de deberes, a raíz de no haber denunciado esas situaciones en las distintas causas judiciales que se tramitaban al respecto, pese a que la ley la obligaba a hacerlo. Entre los informes por cuyo "cajoneo" acusan a la ex procuradora estuvo un "Informe especial sobre la verificación de pasivos de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Cielos del Sur" de la Facultad de Ciencias Económicas, que se le entregó el 27 de marzo de 2012.

Abbona fue nombrada Procuradora del Tesoro de la Nación el 2 de diciembre de 2010 y estuvo en el cargo hasta el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

"Tenia la obligación de denunciar los eventuales hechos ilícitos de los que tomara conocimiento", advirtió el fiscal. También debía prestar un "asesoramiento legal y técnico eficiente" para "proteger los intereses del Estado y facilitar el descubrimiento de los hechos ilícitos sufridos por el patrimonio nacional".

Por el contrario, para González "ocultó investigaciones penales, no denunció los eventuales hechos ilícitos de los que tuvo conocimiento y actuó en detrimento de los intereses del Estado" en lo referido a la administración fraudulenta de Marsans.

Abbona está procesada en esta causa,y también en otro expediente penal por peculado de servicios, a raíz de un informe presentado ante el juez federal Daniel Rafecas para defender a la ex presidenta Fernández de Kirchner cuando fue denunciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman por el presunto encubrimiento de los iraníes prófugos por el atentado a la AMIA.

Advierten a Aranguren sobre problemas legales para avanzar con las represas de Santa Cruz

LPO - El ministro podría ser denunciado en la justicia por evadir controles al transferir obras a un sociedad anónima.

El Gobierno no le encuentra la vuelta al derecho administrativo para acelerar la ejecución de las obras públicas. Por eso, como adelantó en exclusiva LPO, anunció una reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos con el objetivo de disminuir la burocracia y, a principio de mes, autorizó la fusión de dos empresas públicas de energía para agilizar la construcción de infraestructura.

En esta fusión, las represas de Santa Cruz -que gracias a este decreto volvieron a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa- pasaron del régimen de licitaciones al de sociedades anónimas, lo que las eximiría de los controles y las auditorías del procedimiento administrativo. Por esta razón, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren fue advertido acerca de la ilegalidad de esta resolución.

Una advertencia similar le habían realizado a Guillermo Dietrich los trabajadores de Vialidad Nacional con la creación de una sociedad anónima paralela, Corredores Viales S.A., con funciones superpuestas. De hecho, en el Congreso le pidieron explicaciones.

A Aranguren, la advertencia le llegó por la fusión bajo el nombre de Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa) que hizo que Energía Argentina S.A. (Enarsa) absorbiera a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa) -una empresa a cargo de la energía generada en centrales compartidas con países limítrofes como Salto y Yaciretá-. Por ende, esta nueva Enarsa tiene a su cargo la comercialización de la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales.

Además, con este decreto 882/2017 el Ministerio de Energía le transfirió en carácter de comitente las obras públicas hasta entonces a su cargo. Este es el quid de la cuestión: las obras que habían sido licitadas y otorgadas bajo un régimen, al pasar a estar a cargo de la nueva sociedad anónima cambian de régimen. De considerarse esta una maniobra para eludir los controles que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, a Aranguren, firmante e impulsor de este decreto, podría caerle una denuncia penal.

No son solo las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, las obras transferidas también incluyen la Central Térmica Río Turbio, el Gasoducto Regional Centro II -Esperanza/Rafaela/Sunchales; el Gasoducto Sistema Cordillerano/Patagónico; Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto de la Costa.

A su vez, Integración Energética Argentina quedó a cargo de la concesión de las centrales hidroeléctricas ex Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic, y quedó autorizada a privatizarlas "mediante licitación" al igual que el Ministerio quedó facultado a vender, cesionar o transferir todos aquellos proyectos en los que el Estado no sea el socio mayoritario con el objetivo de hacerse de capital con el que afrontar el desarrollo de nuevas obras públicas vinculadas a la generación de energía.

El vínculo entre el default con el Club de París y el ARA San Juan

Por Julian D'Imperio - Perfil.com

La historia detrás del submarino desaparecido revela una conexión con los vaivenes financieros argentinos.

Gran operativo aéreo y naval para encontrar al submarino ARA San Juan Foto: Armada Argentina.

A 9 días de la desaparición del submarino ARA San Juan y con la única pista concreta de un evento hidroacústico de características similares a la de una explosión, la esperanza de encontrar con vida a los 44 tripulantes es casi nula. Mientras sigue la búsqueda, comienzan las hipótesis, especulaciones y críticas de todos los sectores, que piden explicaciones de las condiciones del navío antes de zarpar.

Lo cierto es que el ARA San Juan fue reparado en 2008 por el Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR) y vuelto a sus funciones en 2014, pocos meses antes de firmar el acuerdo con el Club de París. ¿Cuál es el vínculo del submarino con la deuda externa argentina? Que un valor importante de la deuda se desprende de una deuda con Alemania, precisamente por la adquisición de créditos para financiar la compra de submarinos. Incluso, hay quienes denuncian que la reparación debía ser en dicho país, pero finalmente fue en Argentina porque cuando se entró en default en 2002 se dejó de pagar la deuda a países como Alemania, y por ende se cerraron las puertas para cualquier financiamiento de ese tipo en el extranjero.

Al ser consultadas por PERFIL, fuentes del entorno del ex ministro de Defensa del kirchnerismo, Agustín Rossi, negaron esas versiones y afirmaron que el motivo de la reparación nacional del San Juan está ligada a la "reactivación de los astilleros locales" y la "mano de obra argentina". 

"Cuando asume Néstor, toma la decisión de reactivar los astilleros argentinos con mano de obra argentina. Fue una decisión política para que la Armada recupere su capacidad de reconstrucción", explicaron, y también ejemplificaron con un caso anterior, cuando Menem mandó a reparar en 1999 el submarino Santa Cruz a astilleros de Brasil, siendo también un navío de origen alemán. 

No obstante, un artículo publicado este viernes en Clarín relata cómo Alemania puso restricciones a la concesión de garantías de crédito a la exportación para proyectos en Argentina en 2002. Concretamente, el Comité Interministerial alemán decidió excluir de su paraguas de protección proyectos en los que firmas alemanas se involucraran en contrataciones con el sector público argentino. Así, mientras Argentina estuviera en default, el tesoro alemán no daría garantías a ningún banco de su país para financiar una obra contratada por el estado argentino ya que la nota de default impedía a la Argentina ser sujeta de crédito. Y esto valía también para la reparación en Alemania de media vida del navío. 

"La deuda más importante que está en default con Alemania surge de los pagos pendientes por los submarinos", dijo un negociador argentino en 2008 al diario La Nación. Y al referirse a los submarinos, el negociador habla del Salta, el San Luis, el Santa Cruz y el San Juan, que fueron construidos en Alemania y enviados a la Argentina por pedido del almirante Eduardo Massera, condenado luego por la Justicia por múltiples violaciones de los derechos humanos. Fueron dos submarinos 209 y dos TR 1700; uno de ellos, el San Luis, participó de la flota en la Guerra de las Malvinas.

De esos cuatro, dos se iban a ensamblar en el astillero Domecq García con apoyo del grupo alemán Thyssen, que fue diseñado como una fábrica de submarinos. El ARA San Juan fue construido en el astillero alemán Thyssen Nordseewerke y está al servicio del país desde 1985.

Pero a principios de los 80' la Argentina se encontraba en una situación de default, hecho que la Guerra de las Malvinas encubrió. El ministro de Economía del régimen conducido por Leopoldo Galtieri, Roberto Alemann, buscó renegociar los pagos, pero luego se sucedieron los golpes internos en el Ejército y en medio del final de la dictadura se dejó de cumplir con el pago de la deuda externa. Así, el astillero casi se paralizó desde 1984, y el gobierno de Carlos Menem terminó de frenarlo.

En esas grandes instalaciones, ubicadas en la Costanera Sur, siguieron guardadas "grandes moles de acero y las varias toneladas de piezas y partes para el armado de futuros submarinos", según relató alguna vez el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Y aunque esos submarinos nunca se hicieron, lógicamente la empresa alemana reclamó por su aporte, que fue renegociado varias veces desde el regreso de la democracia. En 1985, la primera rueda la llevó a cabo el ministro Bernardo Grinspun con el gobierno de Raúl Alfonsín, luego, Cavallo con Menem en 1992, siempre para postergar pagos. Cristina Fernández fue quien finalmente en 2014 pagó toda la deuda, aunque con altísimos intereses punitorios.

Submarino ARA San Juan: el Gobierno abrió un sumario con el aporte de almirantes retirados

Por Daniel Santoro - Clarin.com

El ministro de Defensa convocó al director de Asuntos Legales de su cartera y a almirantes retirados "de prestigio" para la pesquisa.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, junto al presidente Mauricio Macri. (AFP PHOTO / JUAN MABROMATA)

El Gobierno abrió un sumario para investigar las causas del accidente del submarino ARA San Juan, mientras colabora con la causa que abrió la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, aunque ahora la prioridad sigue siendo encontrar al submarino.

La decisión de crear la comisión va en sintonía con el anuncio que hizo este viernes el presidente Mauricio Macri en el sentido de que "esto va a requerir de una investigación seria que arroje certezas. Tenemos que entender cómo un submarino, que se había llevado a reparación y estaba en condiciones, sufrió aparentemente esta explosión".

Como primera medida, Aguad ordenó guardar toda la documentación y las comunicaciones radiales referidas a los últimos contactos del comandante del San Juan, Pedro Martín Fernández, revelaron a Clarín altas fuentes del gobierno.

Pero la investigación administrativa de Defensa “va a ir para atrás de la tragedia, es decir el mantenimiento y las reparaciones a las que fue sometido”. El más grande fue el mantenimiento de media vida que se le hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En Defensa están convencidos de que en los contratos “hubo corrupción” y que ésta podría ser una de las causas de la tragedia. En esta investigación colaborará el director de Asuntos Legales de Defensa y "almirantes prestigiosos". Otra cuestión política que deberá resolver el Gobierno es si acepta los pedidos de la oposición, como el bloque de diputados del Movimiento Evita, de interpelar a Aguad.

Por lo pronto, la decisión de Macri de mostrarse ayer junto a Aguad fue un respaldo para el ministro.

El problema para investigar las causas de la tragedia va a ser si no se puede reflotar el submarino. Si estás a más de mil metros de profundidad va a ser difícil que lleguen minisubmarinos y menos que lo levanten inyectándole aire. Los submarinos no tienen una caja negra como los aviones. Los indicios sobre el origen de la tragedia van a estar en los mismos restos de la nave que deberán ser estudiados por peritos.

Por su parte, la jueza Yáñez sostiene que es "apresurado aventurar cualquier hipótesis" de lo que le ocurrió, al no contar con los "elementos necesarios" que den pie para iniciar la investigación. "Como me explicaba el jefe de la Armada estas naves no poseen caja negra, de manera tal que la caja negra que tiene un submarino es el submarino mismo", añadió la magistrada, que se desempeña en el juzgado federal de Caleta Olivia. "Se está tratando de recabar es qué pudo haber quedado en el lugar, si se encuentran restos del submarino", añadió Yáñez.

La jueza expresó que el objetivo es investigar si las maniobras desplegadas fueron "acordes" con lo que indicaba el protocolo de actuación y poder establecer "las causas que motivaron la explosión".

"Se trata de circunstancias muy particulares, de una causa inédita en la Armada Naval Argentina", subrayó. "Hoy es apresurado aventurar cualquier hipótesis dado que no contamos con los elementos necesarios que nos den pie para iniciar la investigación formal porque no sabemos con lo que contamos", remarcó.

El viernes pasado, el juzgado de Caleta Olivia recibió una comunicación por parte de la Armada en la que se explicaba que habían perdido el contacto con el submarino el 15 de diciembre a las 7.30 hora local, y mediante partes diarios, el cuerpo castrense informa a la sede judicial de las operaciones que desarrollan en la búsqueda y la colaboración con la que cuentan.

Sin embargo, ya el miércoles Yáñez destacó que por el momento no hay "delito para investigar" sino que las fuerzas debían centrarse en buscar a las 44 personas. Además, Yáñez argumentó ayer que "hay información muy sensible que obedece al secreto de Estado", al tratarse de una embarcación de guerra. Uno de los problemas del Gobierno y la Justicia argentina es que EE.UU y Rusia buscan al San Juan con tecnologías de punta que tiene también fines militares y uno no quiere compartir con el otro.

El ARA San Juan emitió sus últimas señales en la mañana del miércoles de la semana pasada, cuando se encontraba de vuelta de Ushuaia, en la parte más austral de Argentina, hacia la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.