Dos resoluciones especifican los accesorios necesarios para que un equipo se estampille con etiqueta "Hecho en Tierra del Fuego" y goce de beneficios fiscales. El Gobierno quiere que el país desarrolle tecnología, pero empresarios dicen que por cuestiones de escala será difícil que compita en precio.
Y, fundamentalmente, indagar sobre qué es lo que justifica el cambio y si, en definitiva, con el tiempo valió la pena la iniciativa del Gobierno de privar a los argentinos de contar con una mayor oferta, menores precios, tecnología de punta, y que todos hagan un "esfuerzo" para fomentar la industria nacional.
Por ahora, hay más dudas que certezas. Tal como viene dando cuenta iProfesional.com desde al menos ya dos años, por detrás de la etiqueta "Fabricado en Tierra del Fuego" se esconde una preocupante realidad: la participación de componentes argentinos en los distintos productos es prácticamente nula y que todo es ensamblado de piezas chinas.
De alguna manera, esto es lo que suscita la polémica sobre si por un mero ensamblaje de partes importadas los argentinos deban pagar hasta el doble por productos tecnológicos que, precisamente, valen mucho menos incluso en otros países de la región.
¿Qué comprende la expresión "Industria Argentina" cuando uno compra un producto? Por ahora, el packaging, el manual de instrucciones, el telgopor y las etiquetas identificatorias del artículo.
Encontrarse con este crudo diagnóstico lleva a otra pregunta casi obligada: ¿Qué es lo que establecen las normativas de Industria al respecto? . "Hay productos de Tierra del Fuego que lo único que tienen de nacional es la etiqueta", aseguró a iProfesional.com con indignación un exsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y actual asesor de cámaras empresarias, que pidió absoluta reserva de identidad.
En tanto, el economista Tomás Bulat destacó que "el modelo que se está aplicando en Tierra del Fuego atrasa unos cuarenta años, es setentista y no tiene nada que ver con el mundo actual. El Gobierno tendría que dirigir recursos para promocionar industrias coherentes y no fábricas con rueditas, que cuando se acaban los beneficios, se van de la provincia".
El analista se declaró en contra de "la promoción industrial de ‘armaderos'", en referencia a las terminales del sur del país. Las razones, según Bulat, están en que "el costo fiscal es mayor al beneficio que terminan trayendo". "Los consumidores pagamos fortunas para una industria que está ubicada a 3.000 kilómetros cuando ya no cumple la función para la que fuera pensada originalmente, que era poblar Tierra del Fuego", agregó.
Desde Camoca, la cámara que agrupa a los principales productores de tecnología radicados fuera de la provincia austral, también se pronuncian en contra de las normativas vigentes. "Desde hace años que no se han establecido nuevos parámetros ni exigencias legales, en un mundo en el que la producción y el consumo no han hecho otra cosa que evolucionar", aseguró a iProfesional.com uno de los máximos referentes de la entidad.
La pregunta "incómoda": qué dicen las resoluciones
Más allá del análisis de los especialistas, aquello que despeja cualquier tipo de dudas sobre qué requisitos legales debe tener un equipo para ser etiquetado como industria nacional son las mismas normativas del Ministerio de Industria vigentes para Tierra del Fuego.
Así, basta dar con las resoluciones que orientan la actividad en el sur para toparse con el hecho de que la fabricación "real" de electrónica argentina todavía está muy lejos de transformarse en una realidad. "Hoy rigen dos resoluciones, la 104 y la 194, vinculadas con la fabricación de conversores de TV digital y la producción de computadoras portátiles que lo único que establecen como componente obligatorio de los equipos son los productos de envoltorio e imprenta", como los manuales de instrucciones, señaló a este medio un alto ejecutivo de Cadieel, la cámara que aglutina a compañías electrónicas, electromecánicas y luminotécnicas de todo el país. "Cajas, manuales, etiquetas y cosas de ese estilo son las que figuran como obligatorias en cuanto a insumo nacional. A lo sumo, se coloca como opcional el cable a 220 volts. Pero como dije, hasta eso es opcional", agregó.
Para corroborar estas apreciaciones iProfesional.com repasó los aspectos más destacados de las mencionadas resoluciones (104/2010 y 194/2010) que pueden ser consultadas haciendo clic aquí y aquí, y, en cada caso, encontró "curiosidades" sobre qué es considerado fabricación nacional.
En lo que se refiere a la norma 194/2010, el régimen impulsa la fabricación de computadoras portátiles, cuyo objetivo central es bajar la presencia de equipamiento importado. Sin embargo, cuando se repasa el modo de producción que se lleva adelante en Tierra del Fuego, quedan comprobadas las críticas de los especialistas consultados por este medio: el trabajo no pasa del mero ensamblaje de componentes importados.
En efecto, el desarrollo de portátiles "argentinas" hace referencia, según normativa, a apenas este "puñado" de consideraciones:
Como contrapartida, la resolución nada dice de exigir la inclusión de desarrollos albicelestes en materia de, por ejemplo, gabinetes, monitores, procesadores, micrófonos, discos rígidos, teclados y demás elementos que hacen a las portátiles.
El apartado que hace referencia a los componentes "Made in Argentina", que no pueden faltar en cada dispositivo electrónico, señala:
En la misma línea, la resolución 104/2010, que avala la producción de receptores y decodificadores orientados a la captación de TV digital, el proceso productivo se limita a actividades mínimas y sin valor agregado, como ser:
•La verificación de los componentes utilizados.
•El chequeo final de la unidad ensamblada.
•La preparación del material de embalaje.
•El control de calidad.
1. El embalaje (caja + telgopor)
2. Las etiquetas autoadhesivas (placa identificatoria del producto, cinta adhesiva y banda elástica)
3. El certificado de garantía (manual de instrucciones)
4. El uso de pegamentos.
Los mencionados, son los componentes con sello argentino que se exigen, tal como se detalla a continuación:
En tanto, Bulat consideró que el tamaño de la industria fueguina y el mercado local que abastece es una limitante seria a la hora de pensar en un verdadero polo industrial.
Del mismo modo se refirió el CEO de Epson, Marcelo San Pedro que, con inusitada sinceridad, confesó a iProfesional.com: "Es imposible competir con la producción en escala del sudeste asiático que fabrica para todo el mundo. Ni Japón pudo lograrlo". Y agregó que "traer cuatro piezas y poner tres tornillos no es "fabricación nacional".
"Tierra del Fuego está condenada a ser un centro de ensamble porque no existe la escala y porque hay otras economías más competitivas en costos y salarios", coincidió Bulat.
Beneficio crítico
A la par de estas cuestiones, empresarios del segmento tecnológico y cámaras elevan críticas, también, hacia los beneficios fiscales que posee la isla en detrimento del resto del continente. Y mencionan que esas ventajas de las que gozan, por algunas razones, no llegan al bolsillo de los argentinos.
Por citar un primer ejemplo, toda firma radicada en Tierra del Fuego, por un régimen denominado Área Aduanera Especial, no paga impuestos nacionales. En paralelo, señalan que termina siendo un "sobrecosto" para quienes operan en el resto del país. Además, en su momento, el Gobierno duplicó el IVA para los productos importados, lo que implica sumar un 21% al ya elevado derecho de importación. Además, el oficialismo cerró el ingreso de desarrollos importados a un nivel casi total.
Sin embargo, Tierra del Fuego tiene sus defensores: los empresarios nucleados en la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (Afarte) defienden el marco vigente en el extremo más austral del país por "haber generado 10.000 empleos nuevos en cuatro años".
Del otro lado, quienes son críticos a lo que sucede en la isla destacan que hay que tener en cuenta que cada uno de esos empleos tiene un costo fiscal del orden de u$s100.000 por año, más otro tanto que pagan como plus de precio los consumidores y usuarios. Al parecer, y como resultado de los subsidios, la relación entre ganancias obtenidas y empleos creados por estas empresas cuadruplica a la de otros sectores industriales en Argentina.
Otro dato clave, dentro de las resoluciones vigentes para la isla, lo da el hecho de que en el caso de las portátiles, el Gobierno compra buena parte de la producción para abastecer a su programa Conectar Igualdad. En otras palabras, el Estado les otorga un beneficio por partida doble: las exime del pago de algunos impuestos y les adquiere un volumen nada despreciable de aquello que producen.
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