La pelea por la serie de Cabré que costó 100 millones, detrás de la crisis en la TV Pública

LPO - Lombardi le pidió la renuncia al director de la TV Pública, Horacio Levin, tras el fracaso de la tira.

Horacio Levin renunció este viernes a la dirección de la TV Pública por una interna con Hernán Lombardi, el titular del Sistema de Medios Públicos, que se detonó tras el escandaloso fracaso de la serie "Cuéntame" que le costó al Estado unos cien millones de pesos y no tuvo la audiencia esperada.

El tema es especialmente delicado porque la justicia acaba de llamar a declaración indagatoria a la actriz Andrea del Boca, precisamente por una situación con ribetes similares ocurrida durante el kirchnerismo: El uso de fondos públicos para financiar a dedo proyectos televisivos carísimos con audiencias paupérrimas.

Como anticipó LPO, Levin se negaba a hacer el ajuste que empezó a hacer Lombardi en todos los medios del Estado. Este medio señaló que el ex ministro de Cultura había empezado a implementar retiros voluntarios en los canales Paka Paka, Encuentro y Deportv y que ahora iba por la TV Pública.

La relación entre Lombardi y Levin se tensó por el fracaso de una serie que emite la TV Pública y que consumió el 70 por ciento del presupuesto artístico del canal .

Levin les pidió a los gerentes del canal que renuncien junto a él, y en ese sentido se iría Martín Teitelbaum, gerente de programación y sobreviviente de la gestión del kirchnerista Tristán Bauer. Aún no se sabe si lo imitarán Carlos Asnaghi, gerente de deportes y Néstor Sclauzero, gerente de noticias.

Levin no quería pagar el costo de echar cientos de empleados y pegó el portazo en la misma semana en la que Lombardi festejó que el directorio de RTA, que tiene los canales del Estado a cargo, pase a trabajar ad honorem, mediante un decreto publicado el último martes en el Boletín Oficial.

Pero lo que dinamitó la relación entre Lombardi y Levin fue el fracaso de una serie que emite la TV Pública y que consumió el 70 por ciento del presupuesto artístico del canal.

La serie se llama Cuéntame cómo pasó y fue adaptada de la producción homónima que tuvo éxito en España a e interpretó el consagrado Imanol Arias.

En la TV Pública gastaron más de 100 millones de pesos, sumando lo que pagaron del formato y la preproducción de la serie, y contrataron a Nicolás Cabré, Malena Solda y Leonor Manso, entre otros, para interpretar la historia de una familia de clase media que vive en los suburbios de Buenos Aires entre 1974 y 1983. 

La serie, que comenzó a emitirse en agosto de este año hasta este jueves y se consumió casi todo el presupuesto del canal, no tuvo el éxito esperado. Lombardi y Levin se echaron culpas mutuamente por el fracaso de la serie, justo cuando esta misma semana, el juez federal Sebastián Ramos citó a indagatoria a la actriz Andrea Del Boca y al preso ex ministro de Planificación Federal , Julio De Vido, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la realización de la novela "Mamá Corazón" por unos 36 millones de pesos.

Polémica por una sede universitaria que costó 200 millones de pesos y no se usa

Por Ricardo Braginski - Clarin.com

Está en González Catán y la construyó la intendencia K. Para el gobierno nunca hubo "un proyecto académico".  

La nueva sede. Una imagen provista por la intendencia. El edificio está en el kilómetro 32,5 de la ruta 

Más de 200 millones de pesos, en más de dos años, gastó La Matanza para la construcción de una sede universitaria ubicada en una zona vulnerable de González Catán, en el extremo sur del partido. Pero aunque el edificio ya está terminado -incluso con los pupitres en las aulas- esa sede no funciona, porque nunca tuvo el reconocimiento académico final de las autoridades.

El caso llegó al Congreso Nacional esta semana, cuando el ex intendente Fernando Espinoza reclamó que en el presupuesto 2018 se incluyeran fondos específicos para nombrar el personal y los docentes de esa sede, que para el diputado corresponde a la Universidad de La Matanza. Rápidamente, el rector de esa casa de estudios salió a cruzarlo. Afirmó que esa universidad está reclamando fondos que necesita para su normal funcionamiento con la estructura actual, que esa sede no forma parte de su estructura y que Espinoza no hace más que “un aprovechamiento político” del prestigio de la universidad pero que no participa de su vida interna y “no tiene conocimiento” sobre cómo funciona ni sus necesidades.

La nueva sede. Una imagen provista por la intendencia. El edificio está en el kilómetro 32,5 de la ruta 3.

En diálogo con Clarín, el ministro de educación Alejandro Finocchiaro –que aspira a ser intendente de La Matanza en 2019- afirmó que la sede construida por la municipalidad K fue hecha “sin la autorización de la universidad ni pertenece a ella”. “Nunca hubo acto administrativo tendiente a abrirla”, dijo el ministro.

La historia de este edificio -ubicado en el kilómetro 32,5 de la ruta 3- estuvo siempre atravesada por los intereses políticos. Comenzó como un proyecto de la municipalidad en 2013, durante el mandato de Espinoza (la obra siguió con Magario). El objetivo -dijeron- fue acercar a los alumnos que viven en el segundo y tercer cordón a la universidad, cuya sede queda en San Justo, a más de una hora y media de colectivo.

La nueva sede. Una imagen provista por la intendencia. El edificio está en el kilómetro 32,5 de la ruta

En el acto fundacional estuvieron el ex gobernador Daniel Scioli, el ex ministro de educación Alberto Sileoni y el rector Daniel Martinez, que por entonces estaba alineado con el sciolismo. Martinez le dijo a Clarín que participó del acto para apoyar lo que era el nacimiento de una nueva universidad que se llamaría “Universidad del Sur”, y que el proyecto original no era abrir una subsede de La Matanza.

Lo cierto es que la obra siguió, en el medio hubo cambio de gobierno, y a fines del año pasado, quedaron terminados los primeros tres pisos -5.100 metros cuadrados-, con capacidad de albergar a unos 10.000 alumnos en tres turnos, de acuerdo a la secretaria de educación de La Matanza Silvina Gvirtz. La obra costó $152 millones más $61 millones en equipamientos y está preparada para agregar tres pisos más en el futuro.

Pero con el edificio terminado, lo que faltan son los docentes. Y surgió la polémica. Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, le dijo a Clarín que “no hay ningún proyecto presentado en el ministerio ni ninguna oferta académica. Incluir no es poner universidades en todos lados sino presentar actividades universitarias integrales, con investigación y extensión, y con calidad académica”.

Universidad de La Matanza, sede de San Justo.

Gvirtz, por su parte, afirma que desde el año pasado tuvieron reuniones con autoridades nacionales y de la universidad y que no se presentó proyecto porque el objetivo era que en Catán los alumnos cursen el ingreso más los primeros tres años de las carreras, para luego pasar a la sede de San Justo. La secretaria envió a Clarín mails y whatsapp que intercambió con autoridades de la universidad que reflejan esos contactos.

El ministro Finocchiaro afirma que la política oficial va en contra las subsedes, porque son espacios donde se tiene poco control de los docentes y de los alumnos. Y que en el caso particular de La Matanza, donde fue decano por 8 años y hoy es profesor, todavía hay espacio para expandirse en su campus actual. “Ahí están todos los recursos de la universidad, lo más lógico es que todos los alumnos puedan aprovecharlos”, dijo.

En el medio, la política. Fuentes cercanas a Espinoza dicen que Finocchiaro se alió con Martínez en su carrera por la intendencia en 2019. “Buscan cambiar de eje la discusión. Si él va a ser intendente o no, no lo va a resolver conmigo”, dijo Martínez. Cerca de la universidad dicen Espinoza busca posicionarse en esa casa de estudios, “donde nunca tuvo peso político”.

Sigue la bronca

“Chicos, estamos en Harvard, esas cosas son para La Matanza”, había dicho Cristina Kirchner a los estudiantes argentinos de Harvard en 2012. Ese día la relación se rompió. Fuentes cercanas a la universidad dijeron hoy a Clarín que aún siguen dolidos por esa “gastada”.

Violencia frente al Congreso: el Gobierno pide juzgar por sedición a los responsables

Por Mariano Obarrio - LA NACION

Busca aportar información y pruebas para que quienes protagonizaron los desmanes el lunes pasado no sólo sean acusados de delitos menores; tiene penas de hasta seis años.

Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

El gobierno de Mauricio Macri impulsa que se investiguen judicialmente bajo la figura del delito penal de sedición la violencia y los destrozos generados por agrupaciones kirchneristas y de izquierda en la zona del Congreso el lunes último, durante la aprobación de la reforma previsional.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada, no quiere que todo quede en delitos menores como resistencia a la autoridad. El pedido de Macri es ir a fondo contra los cabecillas de los partidos y las organizaciones implicados.

El gran desafío de la Casa Rosada consistirá entonces en darle pruebas al juez federal Sergio Torres, que instruye la causa, y convencerlo de encuadrarla en ese delito.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, está recopilando pruebas y analizando más de 480 horas de videos para identificar a los agresores de policías y a quienes destruyeron el espacio público. Se identificaron algunos violentos y se llevó el material al juez de la causa. Por ahora la información es secreta.

También la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , inició una investigación criminal con las fuerzas de seguridad.

La figura de sedición es un delito federal grave, con penas de hasta seis años de prisión. Está tipificado en los artículos 22 de la Constitución y 229 y 230 del Código Penal. Macri y Bullrich quieren identificar no sólo a los autores materiales, sino también a los partidos políticos y las organizaciones que actuaron como instigadores, organizadores y financiadores.

"Tenemos que llegar a las personas responsables y a las organizaciones y los partidos. Esto no puede quedar en una simple resistencia a la autoridad. Iremos a fondo, y para eso sería aplicable el delito de sedición", dijo a LA NACION una alta fuente oficial de la Casa Rosada.

El lunes último, mientras el Congreso debatía la reforma previsional, se registraron enfrentamientos violentos durante cinco horas entre activistas kirchneristas y de izquierda contra la Policía de la Ciudad, a la que se sumó la Policía Federal como refuerzo. El saldo fue de 88 policías heridos y 60 manifestantes violentos detenidos y luego liberados.

El Gobierno ahora investiga la conexión entre importantes dirigentes que responden a la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, la agrupación Hijos, el Movimiento Libres del Sur, que lidera Victoria Donda, y los partidos políticos de izquierda, con el Partido Obrero a la cabeza, entre otras fuerzas.

El juez Torres liberó a los detenidos por falta de pruebas, pese a ser detenidos en flagrancia, pero pidió la detención de Sebastián Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), del Frente de Izquierda. Romero fue filmado e identificado con una camiseta del PSTU arrojando bengalas contra la policía con un mortero casero.

Pero todavía no fue encontrado por las fuerzas policiales. El PSTU y el PO lo defendieron ayer y dijeron que la violencia es del Gobierno.

"Haremos una investigación profunda para tener todas las personas responsables y avanzar más allá de una simple resistencia a la autoridad", dijo a LA NACION una fuente de la Casa Rosada. "También buscaremos el pago de los daños; las ONG que participaron responderán con sus personerías jurídicas", señaló.

 "No vamos sobre las personas, sino también sobre las organizaciones", dicen en Balcarce 50.

El delito de sedición está previsto en el artículo 22 de la Constitución: "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades (...) Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición".

El artículo 229 del Código Penal tipifica la figura de "sedición" y la penaliza "con prisión de uno a seis años" a los que se organicen para "deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales".

El artículo 230 fija penas de uno a cuatro años de prisión para "una fuerza armada o reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de este" o para "los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos".

La gran preocupación en el Gobierno es que, pese a que pretende una investigación profunda, la primera medida del juez Torres fue liberar a los 60 detenidos porque no pudo acreditar vínculo probado entre ellos y los destrozos o los heridos. "Se pide un nivel de pruebas altísimo pese a que los detuvieron en flagrancia", se lamentaron en la Casa Rosada. Los partidos que más gente comprometida tienen son el Partido Obrero y otros del Frente de Izquierda.

La Justicia se llevó de la Armada cinco cajas con documentación

Por Mariano De Vedia - LA NACION

Fue en los allanamientos a la fuerza; hay sólo dos buques en zona de búsqueda.

La Justicia se llevó de la Armada cinco cajas con documentación. Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

Cinco cajas de documentación, debidamente franjadas, esperan ser abiertas y analizadas en el juzgado federal de Sergio Torres. Ese fue el resultado del allanamiento realizado en el Edificio Libertad, sede de la Armada, en la causa en la que se investiga la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió sobre las reparaciones de buques y submarinos entre 2005 y 2015, durante la gestión kirchnerista.

"Ahora hay que analizar todo su contenido. Se calcula que la tarea va a demorar un tiempo, porque los investigadores tienen que determinar con precisión cuál va a ser el objeto de la causa y chequear que no se esté investigando lo mismo en otro juzgado", explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

También se analizará el resultado del allanamiento realizado en las oficinas de la empresa Ferrostaal Argentina, que tuvo a su cargo el replacado y la reparación integral de las 960 baterías del submarino ARA San Juan .

Dado que ya existe otra causa abierta por la desaparición del submarino, que tramita la jueza federal de Caleta Olivia, Martha Yáñez, en ese caso se debería enviar la documentación pertinente al juzgado que ya tenía esa investigación.

La denuncia de Carrió implica a los ex ministros kirchneristas Nilda Garré , Arturo Puricelli y Agustín Rossi, a quienes acusa de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Mientras tanto, lejos del despliegue internacional que predominó en el primer mes de búsqueda, dos buques de la Armada Argentina se mantienen en la zona de operaciones en la que se intenta localizar al submarino ARA San Juan. Se trata del destructor ARA Sarandí y el aviso ARA Islas Malvinas, que transporta el vehículo de operación remota ruso (ROV) Panther Plus, que tiene la misión de investigar eventuales contactos.

En tanto, el buque oceanográfico Atlantis, de los Estados Unidos, zarpó ayer de la Base Naval Mar del Plata, donde realizó tareas de aprovisionamiento y logística. Mañana volverá al teatro de operaciones. Ayer por la tarde zarpó también rumbo a la zona el aviso ARA Puerto Argentino.

Para más adelante quedó el retorno del buque oceanográfico Yantar, de la Federación Rusa, que hoy partirá al puerto de Montevideo para complementar las tareas de reabastecimiento iniciadas en el puerto de Buenos Aires.

En ese contexto, el vicealmirante José Luis Villán comenzó su actividad como jefe de la Armada. Ayer se reunió con todos los almirantes para analizar el manejo de la comunicación interna y tiene previsto viajar a la base naval de Puerto Belgrano, donde se concentra el comando del operativo de búsqueda del ARA San Juan.

Villán reemplazó temporariamente al almirante Srur, a quien se le imputa desde el poder político un mal manejo de la crisis del submarino. "Su intención es ir a Puerto Belgrano para reconocer el trabajo de equipo en el operativo de búsqueda y también el asesoramiento intencional de los Estados Unidos, la Federación Rusa y el Reino Unido en los criterios de búsqueda", dijo una fuente naval.

La Argentina exigió a Uruguay que haya un control ambiental por la nueva pastera

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com

Reclamó un monitoreo conjunto en la desembocadura del río Negro. El presidente Vázquez había dicho que la nueva planta estará en el interior del país y no requerirá controles de Argentina.

La pastera UPM (ex Botnia) de Fray Bentos que generó un conflicto con Uruguay.

En un nuevo capítulo de las tensas relaciones que hubo entre la Argentina y Uruguay por la pastera UPM (ex Botnia) de Fray Bentos, el gobierno de Mauricio Macri reclamó a la administración de Tabaré Vázquez que se realice un monitoreo ambiental conjunto en la desembocadura del río Negro para evaluar los desechos que tendrá la nueva planta de celulosa que los uruguayos empezaron a construir cerca de la ciudad Paso de los Toros, en el interior del país.

Durante una reunión que realizó ayer la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el presidente actual de ese organismo binacional, el dirigente del PRO entrerriano Mauro Vazón, pidió a sus pares de Uruguay que se ponga en marcha un programa de monitoreo ambiental sobre la desembocadura del río Negro. Sucede que a unos 400 kilómetros del río Uruguay, sobre las márgenes del Río Negro se empezó a construir la pastera de UPM que tendrá una inversión de USD 6.000 millones y empleará a más de 500 trabajadores.

Según expresó Vazón a Infobae, "la intención de la Argentina es que haya un acuerdo con Uruguay para realizar un monitoreo ambiental en la desembocadura del río Negro en las márgenes del río Uruguay para despejar todo tipo de dudas y lograr entendimiento entre ambos pueblos". La decisión de la Argentina será evaluada ahora por Uruguay. La idea del gobierno de Macri en la CARU es que no se llegue a una tensión con la administración de Tabaré Vázquez como la que se dio en otros años con el kirchnerismo por la planta de Fray Bentos.

Además, en el plan de monitoreo ambiental del río Uruguay que propuso la Argentina en la CARU y que aceptó Uruguay se contempla el monitoreo de los 500 kilómetros de extensión que hay en ambas márgenes de las aguas internacionales. Se incluyen más de ocho puntos de control entre ambas márgenes para realizar muestreos del agua en forma permanente y evitar denuncias de contaminación a futuro.

La novedad en este caso es que ahora la Argentina propuso que haya un monitoreo específico sobre la desembocadura del río Negro para controlar a futuro el efluente de la planta de UPM que estará en paso de los Toros. El punto es que este planteo de la Argentina podría llegar a generar un nuevo cortocircuito con Montevideo. Fuentes de la diplomacia uruguaya dijeron a Infobae que la intención de la Argentina de controlar una planta que se encuentra en el interior de Uruguay no será muy bien recibida.

De hecho, el presidente Vázquez expresó hace unos meses al anunciar la puesta en marcha de la obra: "Nosotros no le vamos a pedir cuentas a Brasil de lo que haga en su territorio, salvo lo que esté colindando, y no le vamos a pedir cuentas a Argentina sobre lo que haga dentro de su territorio. Esto es en el Uruguay profundo y es el país soberano el que define la instalación de este emprendimiento". El año pasado se informó que la nueva planta produciría unas 2.600.000 toneladas anuales de pasta de celulosa, el doble de lo que produce la otra de UPM en Fray Bentos. Y también se comunicó que incidiría en un aumento de entre 2 y 2.5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay.

Vazón aclaró a Infobae que un monitoreo ambiental conjunto del río Negro no debería presentar problemas ya que se trata de un planteo de trabajo que se viene realizando en la CARU. "Hay un trabajo muy bueno y mucha coordinación con Uruguay", dijo el actual presidente de la CARU. Además de este plan de control ambiental, ambos países ya acordaron un ambicioso plan para la hidrovía que busca la adopción de acciones necesarias para que las hidrovías operen los 365 días del año y las 24 horas del día, con una profundidad mínima asegurada y se apoyará la adopción de medidas para facilitar la navegación, los tránsitos y transbordos, enmarcados dentro del concepto de facilitación del movimiento de personas, del comercio exterior y su logística. 

En el marco del plenario de la CARU ya se resolvió adjudicar a la empresa Jan De Nul N.V. la obra en referencia al concurso de precios para la "contratación de los trabajos de dragado de apertura, profundización y mantenimiento en el río Uruguay entre el km 0 y el km 206,8, incluido el canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay" y conforme a lo establecido por la Comisión Evaluadora. La intención de esta obra será la de profundizar el dragado del río Uruguay para que se facilite un mayor nivel de tránsito de buques y se logre de esta manera abaratar los costos de los fletes para exportar productos a otros países por vía marítima.

Con dos observaciones, el Gobierno promulgó la ley para promover la industria naval

(Infobae.com) - El Ejecutivo rechazó dos artículos de la ley que aprobó el Congreso hace un mes.

El Gobierno promulgó con dos observaciones la Ley 27.418 que crea el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina y que fue sancionada por el Congreso de la Nación el pasado 29 de noviembre.

Lo hizo a través del decreto 1076/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial de este jueves con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y otros 15 ministros.

El Ejecutivo rechazó dos artículos de la norma: 10 y 13. El primero establece que el PEN otorgará una asignación específica, denominada Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN), en el marco de los fondos fiduciarios constituidos y administrados en el ámbito del Ministerio de Producción, como Fondear, o los que se creen en el futuro, así como líneas de financiamiento y sistemas de garantías específicas para el sector a partir de programas existentes.

El mismo artículo dice que esa asignación no podrá ser inferior a $1.500.000.000 por año, actualizados conforme al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), o por el índice que eventualmente lo reemplazare, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el Gobierno, el punto 10 es ambiguo, "no quedando claro si la asignación específica allí establecida implica una nueva asignación de gastos no previstos en el presupuesto general o, por el contrario, si dicha asignación implica la creación de una línea específica con un monto mínimo anual, dentro de los fondos fiduciarios administrados por el Ministerio de Producción".

"La determinación de un monto mínimo anual con un fin específico no previsto por las normas que rigen los fondos fiduciarios vigentes, sin conocer el estado de situación ni disponibilidad de fondos de cada uno de ellos, conlleva en un claro avasallamiento de las facultades de administración de la Autoridad de Aplicación a cargo de dichos fondos", argumentó la administración nacional.

También se vetó el artículo 13, que establecía que en el supuesto de que el Régimen creado por el Decreto N° 379/01 pierda vigencia antes de los diez años a contar desde la fecha de promulgación de la Ley, el PEN deberá establecer un sistema igual "para los bienes incluidos en determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que allí se definen, en los términos y condiciones en que se hubiera fijado la última modificación, hasta que se cumpla el período de diez años referido previamente".

Para el Gobierno, este punto "también configura una indebida injerencia en las facultades propias del PEN, al establecer la obligación de mantener un régimen de promoción para un sector determinado de la economía por un período de diez años".

Constellation 17.280, el camión más vendido del 2017

Por Agritotal.com

Según las cifras oficiales, el Constellation 17.280 es el camión más patentando en el 2017 en Argentina. Son 1729 unidades las vendidas al cierre de noviembre.

Es el camión más patentado en Argentina. Este tipo de camión se presenta como una variante ideal para el uso urbano de corta y mediana distancia y para todo tipo de aplicación: cargas generales, cerealeros, bebidas, construcción.

Se trata de un camión que dispone de la tecnología EGR, que a diferencia del SCR (Reductor Catalítico Selectivo), no requiere de Urea, representando una ventaja para el transportista tanto económica como operativa.

El Constellation 17.280 se encuentra disponible en versión tractor y chasis, este último bajo dos denominaciones: mediano (43) y largo (48) con un largo total de 7.978 mm y 8.598 mm respectivamente mientras el tractor tiene una longitud de 6.060 mm. Puede solicitarse con tres tipos de cabina: extendida, dormitorio con techo bajo y cabina dormitorio con techo alto, esta última con algo más de 3,2 m de alto.

En materia de seguridad está equipado de serie con sistemas de frenos anti-bloqueo (ABS) y distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), como opcional cuenta con control Automático de Tracción (ATC). En cuanto al freno motor el MAN D08 suma el freno por descompresión en la válvula de escape (EVB).

¨En los semipesados, el 17.280 es parte de nuestro éxito de ventas con una gran aceptación del mercado, siendo el más patentado con el motor M.A.N. que no utiliza urea.¨ sostiene Federico Ojanguren, Gerente General de la División Camiones y Buses de Volkswagen Argentina. 

El Gobierno rechazó un pedido de Metrovías para seguir y relicitará la concesión del tren Urquiza

(Clarin.com) - Al grupo Roggio se le vencía el contrato en diciembre y pidió una prórroga de 10 años que no fue aceptada.

Lector. Uno de los lectores de tarjetas SUBE instalados en el tren Urquiza. ciudad de buenos aires Colocaron lectores de tarjeta SUBE en 23 estaciones del tren Urquiza medios de transporte trenes ferrocarriles

El Gobierno decidió rechazar la prórroga por 10 años que había pedido la empresa Metrovías, del grupo Roggio, de la concesión del tren Urquiza y que vencía el 31 de diciembre de 2017.

Mediante la resolución 1325, el ministerio de Transporte determinó que, ahora, entre ese organismo y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte hagan un nuevo contrato entre Metrovías y el Estado para que la empresa se siga haciendo cargo del servicio hasta que se realice un nuevo llamado a licitación y la adjudicación del ferrocarril al próximo concesionario.

Según la resolución, en 18 meses deberá estar designado el nuevo operador. Desde el grupo Roggio señalaron que muy probablemente se presenten en el concurso para seguir al frente de esa línea ferroviaria.

Si por alguna razón no se pudiera concretar la adjudicación a un operador privado, la norma establece que el manejo del Urquiza se asignará automáticamente a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. La línea Urquiza es la que va desde Lacroze a General Lemos (atraviesa los municipios de San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham y San Miguel), tiene 23 estaciones y transporta más de 20 millones por año.

La estación Devoto renovada tras los trabajos de adecuación de las estaciones.

Además, en el artículo 5 de la resolución, se instruye a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado a la "reasunción paulatina de la infraestructura ferroviaria".

Metrovías y Transporte deberán ahora iniciar un periodo de "rendición de cuentas final del contrato de concesión", que había comenzado en 1993, o sea que hace 24 años que la empresa manejaba esa línea ferroviaria.

La empresa del grupo Roggio debe seguir operando el servicio hasta que se defina su futuro porque así estaba establecido en el contrato de concesión, que fija que "cualquiera fuese la causa de extinción del vínculo contractual, el concesionario deberá continuar con la prestación del servicio hasta tanto el concedente o aquél a quien éste designe se haga cargo del servicio".

Aldo Roggio, CEO del grupo que lleva su apellido y que controla Metrovías (firma que maneja el subte de Buenos Aires) fue indagado el lunes por el juez Sebastián Casanello en la causa en que se investigan sobreprecios en la construcción de dos plantas para AySA. Roggio negó los cargos en un escrito.

Energías renovables: adjudican otros 22 contratos

(Clarin.com) - Son empresas que habían perdido en la Ronda 2 y aceptaron bajar el precio ofertado.

Se adjudicaron cinco proyectos de energía solar fotovoltaica por 259,5 Mw.

El Ministerio de Energía y Minería adjudicó una nueva serie de 22 proyectos de energía eléctrica renovable. Se trata de iniciativas que habían quedado afuera de la llamada Ronda 2 del programa Renovar por tener precios demasiado elevados y que habían sido invitadas a reducir sus ofertas para dejarlas en línea con los precios más competitivos.

Los nuevos proyectos suman 634,3 Mw (megavatios) de potencia proyectada. Así, en total, la Ronda 2 terminará adjudicando 88 proyectos en 18 provincias por 2.043 Mw.

El nuevo listado conocido hoy incluye cuatro emprendimientos de energía eólica a un precio adjudicado de $ 40,27 por Mwh y cinco de energía solar fotovoltaica, cuatro de ellos a $ 41,76 y uno a $ 40,8 por Mwh.

El precio adjudicado, de acuerdo con la Resolución 488-E publicada en el Boletín Oficial, incluye en los casos en que corresponde el 50% del Incentivo por "Escala Biomasa/Biogás" previsto en el pliego de la Ronda 2. Por ese motivo, Energía aceptó nueve proyectos de dichas tecnologías con precios de $ 156,85 por Mwh; dos emprendimientos por $ 164,35; uno por $ 117,76, y el restante por $ 106,73.

En el caso del proyecto eólico de Petroquímica Comodoro Rivadavia (El Mataco, de 100 Mw) se aclaró que la empresa asume a su exclusivo costo la obligación de ejecutar una obra de ampliación en transporte, con el fin de resolver la restricción en el sistema de transporte existente. Esa empresa, productora de cemento y petrolera, se adjudicó también otro parque eólico de 100 MW, denominado San Jorge, también en la provincia de Buenos Aires.

Enel Green Power, firma de los mismos accionistas que Edesur, hará un parque eólico también de 100 MW en Chubut y el otro proyecto de este tamaño está en cabeza de la firma Martifer Renewables, en San Juan. También, se adjudicaron proyectos Genneia, 360 Energy, la petrolera Capex.

La resolución que lleva la firma del ministro Juan José Aranguren, señala además que los contratos con cuatro proyectos eólicos y tres solares fotovoltaicos, deberán incluir la cláusula que obliga a tomar a su cargo o pagar las obras de expansión de redes asociadas a las respectivas ofertas.

Se trata de los corredores de 500 kV entre Puerto Madryn y Gran Buenos Aires (en un caso, con el adicional de la estación transformadora Comodoro Rivadavia Oeste); entre Nueva San Juan y La Rioja Sur; y entre Río Diamante y Gran Buenos Aires.

En total, el Ministerio de Energía y Minería admitió a la totalidad (13 casos) de proyectos de biogás y biomasa presentados, por una potencia acumulada de 47,2 Mw; a los cuatro eólicos mejor posicionados en la pre adjudicación (por 327,6 Mw); y a las cinco primeras posiciones asignables en solar fotovoltaica (por 259,5 Mw).

Los proyectos adjudicados corresponden en seis casos a Buenos Aires; tres son de Santa Fe; dos de San Juan, al igual que en Córdoba y Chubut; y uno en cada caso están ubicados en Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, Mendoza, La Pampa, La Rioja y Catamarca.

Rosario: desarrollan un bus híbrido que consume hasta 45 % menos

Por Gabriel Silveira (Clarin.com) - 

Combina un motor Diesel con un sistema hidráulico. Fue desarrollado y hecho con recursos locales.

Se presentó en Rosario un colectivo propulsado por un sistema híbrido. A diferencia de la mayoría de los sistemas híbridos vehiculares, que combinan un motor naftero con uno eléctrico, en este caso se optó por un novedoso mecanismo hidráulico.

Según sus creadores, se estima que el ahorro de combustible se ubica entre un 30 y 45 por ciento respecto de un ómnibus convencional.

El InnovaRosario01 es un desarrollo hecho con recursos locales.

Denominado InnovaRosario01, este bus cuenta con una particular modalidad de propulsión que combina un motor Diesel con un sistema de acumulación de energía hidráulica que le permite recuperar la energía durante durante las fases de desaceleración. El colectivo será incorporado a la empresa de transporte estatal de la ciudad santafesina.

Se reutilizó un ómnibus de 12 años de antigüedad.

Se trata de un proyecto conjunto llevado adelante por distintos organismos y personas, con la ciudad de Rosario como denominador común.

El diseño lo hizo Juan Manuel Diaz, actual diseñador de Audi, en Alemania.

Por un lado, la novedosa tecnología de propulsión fue ideada por los emprendedores rosarinos Simón Carpman, titular una joven Pyme de base tecnológica de Rosario, y Mauro Carignano, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del CONICET.

Juan Manuel Díaz, durante la presentación del InnovaRosario01.

Además, el diseño de la carrocería del bus contará fue creada por el rosarino Juan Manuel Díaz, creador de la figura de modelos como el Alfa Romeo MiTo y que actualmente se desempeña en el área de diseño de la división Motorsport de Audi, en Alemania.

Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es que el sistema híbrido se puede montar sobre la estructura de un colectivo que está finalizando su vida útil, recuperando la mayor parte de sus componentes. De hecho, el InnovaRosario01 está hecho sobre un modelo con doce años de antigüedad, equipado con un motor Diesel Euro3.

Instalar este sistema cuesta hasta un 40 % menos que un bus 0 km.

Con este sistema el motor de combustión interna funciona permanentemente en su punto de máxima eficiencia, la transmisión de potencia a las ruedas es hidráulica (se remueve la caja de velocidades original) y se incorpora un sistema de acumuladores hidráulicos que almacenan la energía generada durante el frenado, liberándola paulatinamente durante la propulsión.

Esta modificación permite un ahorro de combustible que va entre un 30 y un 45 por ciento respecto de un Diesel convencional, con el consecuente descenso en las emisiones contaminantes y partículas en suspensión.

Roberto Bisso, director del proyecto.

Para el director del proyecto, Roberto Bisso, se optó la solución “hidráulica antes que la eléctrica porque el eslabón débil de los eléctricos es justamente la acumulación de energía, ya que las baterías de litio son muy costosas y tienen una vida limitada. Y además no las fabricamos acá, lo que nos obligaría a importar".

Bisso aclara que el InnovaRosario01 cuenta con "un sistema de start/stop muy parecido al que llevan los autos modernos, que cuando el vehículo se detiene el motor se apaga. Y al momento de querer retomar la marcha se vuelve a encender de modo automático y utilizando esa fuerza hidráulica. Entonces también se reduce el consumo y el ruido al estar detenido".

- ¿Cuánto más barato es este sistema respecto de un híbrido eléctrico?

- No tiene comparación. Por ejemplo, Volvo empezó a desarrollar buses con sistema híbrido eléctrico en la región y el costo va a ser altísimo. Pero para tener una referencia, reproducir este sistema en un bus que está llegando a su final de vida útil, sale entre un 30 y 40 % menos que una unidad 0 km Euro 5. Un dato importante, todos los componentes de este sistema hidráulico son de producción nacional. No compramos un tornillo afuera.

Por dentro está equipado con puertos USB para recargar dispositivos portátiles.

- ¿Qué proyección le dan a este proyecto?

- Es un producto que no solo viene muy bien para el transporte local. Si le sirve a una ciudad como Rosario también le sirve a cualquier ciudad de escala media de Latinoamérica. Es un muy buen producto para exportar a la región. Es una gran alternativa para reutilizar flota en este periodo de transición hacia la movilidad eléctrica.

Parte del equipo rosarino que trabajó en el desarrollo.

- ¿Y cuál es tu expectativa con este desarrollo?

- Mas que expectativa es un deseo. Pero creo que si logramos consolidar las variables y los indicadores que tenemos, podríamos tener para mediados de 2019, una línea de colectivo integrada en su totalidad por buses híbridos. Y a partir de eso abrir una industria local, regional, que de trabajo a los carroceros, mecánicos e hidráulicos locales. No estamos tan lejos

110 años de petróleo argentino

Por Jorge Lapeña - Clarín.com

Semanas atrás se se realizó un Seminario en la Universidad UCES convocado por el Grupo de Ex Secretarios de Energía que, bajo el título “La Energía: lo hecho y lo que falta por hacer “, resultó una muy buena experiencia que mezcló opiniones de funcionarios, empresarios y expertos independientes para conocer el estado de avance en cada uno de los rubros energéticos cuyos resultados son de público acceso.

Me interesa, a modo de introducción al tema de este artículo, mencionar dos frases de dos especialistas independientes que se dijeron en ese encuentro. La primera del economista Francisco Mezzadri que afirmó: “Argentina tiene que decidirse entre un gas natural con un precio de 6,50 U$S/MMBTU o un gas natural con un precio de 2,70 US$/MMBTU,” y luego agregó en forma sintética y contundente: “Eso dará lugar a dos Argentinas distintas”. Aclaro dos Argentinas distintas se refiere a la competitividad de la economía energética Argentina y a la salud de sus cuentas públicas.

La otra afirmación pertenece a Jorge Hugo Herrera Vegas que preside el prestigioso Comité de Energía del CARI. Dicho comité reúne en un foro abierto a lo que yo llamaría la intelectualidad energética. Y analiza la problemática sectorial con la discreción propia de la diplomacia. La primera de sus grandes preocupaciones, aunque no la única, fue según lo expresó en su disertación “pérdida del autoabastecimiento energético de Argentina y cómo reconquistarlo”.

Quizás la síntesis de ambas ponencias podría ser: “Argentina necesita recuperar su autoabastecimiento energético pero con la condición que ello debe darse en el marco de una energía competitiva y sin subsidios ocultos”. Y ese es el problema a resolver que nos sigue desafiando a partir de 2010. ¿Cómo autoabastecernos de Energía y ser al mismo tiempo competitivos en los precios internos de nuestra Energía y sin complicar al Tesoro? Para resolver un problema primero hay que describirlo con crudeza y luego entender su mecánica. Argentina está en decadencia energética desde hacer varios lustros y esa decadencia se focaliza prioritariamente, aunque no exclusivamente, en los hidrocarburos. La estadística oficial dice que la decadencia no terminó el 10 de diciembre de 2015. Pero aclaro que no es fácil porque el problema es estructural y no se corrige con placebos.

Describamos los síntomas de la decadencia: 

a) Los excelentes informes del Ministerio de Energía recientemente publicados sobre la evolución de Reservas de Hidrocarburos en todas sus categorías en el período 2007-2016 indica un fuerte deterioro cuantitativo en todas las categorías de reservas (comprobadas; probables y posibles); y en todas las cuencas. Digamos que hasta el ahora el Siglo se compone de dos décadas perdidas en este tema.

b) La producción petrolera argentina cae en forma ininterrumpida desde 1998 hasta el presente y el ritmo de caída se acelera en el último año hasta un inadmisible y preocupante 6,5 % anual.

c) La producción gasífera doméstica -a pesar de los enormes subsidios a la oferta de Plan Gas- está prácticamente estancada y crece a menor ritmo que la demanda de gas, lo que se traduce en la necesidad de incrementar las importaciones en vez de disminuirlas. Con esto ya tenemos bastante.

Mi conclusión es que esto ocurre porque Argentina ha cometido un error estratégico hace aproximadamente 25 años y que no hemos sido capaces de corregir en este lapso: ha abandonado la inversión de riesgo en exploración de hidrocarburos en cuencas convencionales; la estadística lo refleja en forma clara por la disminución de los pozos exploratorios perforados anualmente en los últimos lustros. Debo hacer notar que las cuencas sedimentarias en los 110 años de historia petrolera han sido exploradas apenas en un 25 % sobre el total disponible. Es notoria nuestra virginidad hasta el talud oceánico en nuestros espacios marítimos. ¡Hay mucho por hacer!

Como resultado de esta falta inexplicable no se descubren nuevos yacimientos de bajo costo y estamos obligados a producir de los viejos yacimientos ya agotados con costos crecientes. Esto pone a las petroleras en una situación de “atrapado sin salida”, que desde 2014 las obliga a demandar al Estado un monto subsidios crecientes; un espectáculo lamentable, y nunca visto,.

Las petroleras tienen pánico al riesgo exploratorio y se refugian exclusivamente en Vaca Muerta, la apuesta pasar por el Shale gas; pero -un dato no bien explicado- sólo el 5 % de la producción nacional de gas es Shale gas genuino, y piden subsidios. El Gobierno da subsidios pero los acota en el tiempo y advierte que nos los prorrogará. Me parece bien, pero también me parece un juego peligroso en términos estratégicos; y además de final incierto.

Creo que hay que cambiar el paradigma y ese cambio debe proceder de la administración y se debe implementar con acuerdos con las empresas privadas. La salida se dará por la aplicación de una receta que combine a Vaca Muerta con la Exploración Convencional olvidada en cuencas convencionales inexploradas. Muy importante es seguir el consejo sano de los ex secretarios de Energía. Hacer una auditoría independiente de todas las Reservas de Hidrocarburos; que sigue siendo una asignatura pendiente.

Jorge Lapeña es ex secretario de Energía.

Areas marítimas protegidas: liderazgo regional

Por Rodolfo Werner - Clarín.com
En el contexto actual de política internacional relacionada al Tratado Antártico, Argentina se ha ubicado recientemente en un rol de liderazgo, a través del trabajo de la Cancillería y el Instituto Antártico Argentino.

La Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), establecida en 1982 como parte del Sistema del Tratado Antártico, tiene la responsabilidad, entre otras, de gestionar las actividades pesqueras y establecer áreas marinas protegidas (AMPs) en las aguas alrededor de la Antártida.

A fines de octubre de cada año, y en la sede de la Convención ubicada en Hobart, Australia, se realiza la reunión anual. Allí se toman las decisiones políticas que regulan las actividades en el área, habiendo tomado el tema de las AMPs una creciente importancia en recientes años. En línea con el Tratado Antártico, las decisiones de la CCRVMA se toman por consenso de sus miembros.

Hasta 2016, la única AMP establecida - en 2009 - había sido el AMP de las Orcadas del Sur. Desde 2012, se han presentado dos propuestas para establecer AMPs en el Mar de Ross (presentada por EEUU y Nueva Zelanda) y en la Antártida Oriental (presentada por Australia, Francia y la Unión Europea- UE).

Como un hito en este proceso, en la reunión de octubre 2016 se acordó establecer el AMP más grande del mundo en el Mar de Ross. Esta reserva marina de 2,06 millones de kilómetros cuadrados, un área mayor que México, entró en vigor este 1° de diciembre último.

Por otro lado, el AMP propuesta inicialmente para la Antártida Oriental incluía 7 áreas en total. Modificaciones realizadas para acomodar intereses pesqueros resultó en una reducción de la propuesta a tres áreas. En la ultima reunión de la CCRVMA se presentó una nueva versión a la que se opusieron China y Rusia.

De igual manera, en 2016, la UE y Alemania propusieron un AMP en el Mar de Weddell de 1,8 millones de km2. Esta propuesta es motivo aún de discusiones técnicas.

En 2011, Argentina y Chile acordaron trabajar de manera conjunta en una propuesta de AMP al oeste de la Península Antártica. Es así que se convocaron reuniones internacionales para recopilar y debatir la información técnica necesaria. Esta región de Antártida es una de las áreas más productivas del Océano Austral. Sin embargo, el calentamiento global lleva a una reducción del hielo marino con impactos inciertos sobre la fauna local. Un AMP eficaz debería cerrar algunas zonas a la pesca para salvaguardar los principales lugares de alimentación de pingüinos, focas y ballenas.

En los últimos dos años, Argentina ha tomado un mayor liderazgo en avanzar con la propuesta y cumplir con el compromiso adquirido frente a la comunidad internacional. Con un trabajo sistemático, profesional, transparente y de alto contenido técnico, Argentina logró presentar junto a Chile la propuesta para AMP en la Península Antártica Occidental este octubre. La misma fue bien recibida y se reconoció el espíritu de colaboración y el gran trabajo científico realizado. Esto representa un paso fundamental en las negociaciones de esta AMP.

Argentina de esta manera, a través de la Cancillería y del Instituto Antártico Argentino, ha ganado un nuevo posicionamiento en las negociaciones de política Antártica relacionada con el establecimiento de AMPs en esta icónica zona del continente blanco.

Rodolfo Werner es asesor de la Pew Charitable Trusts y de la Antartic and Southern Ocean Coalition.

El Gobierno cierra el año con una obra por día en diciembre

Por Diego Cabot - LA NACION

Los proyectos de infraestructura urbana suman $ 2303,4 millones y benefician a 32.347 hogares; en el norte y en la Patagonia recibirán más fondos. Foto: LA NACION

Es el más silencioso de todos los lugares del Estado que ejecutan obra pública. Eclipsado por las funciones políticas, el Ministerio del Interior es uno de los principales constructores del Gobierno. Tanto que este diciembre le preparó al presidente Mauricio Macri una obra por día para que elija cuál quiere inaugurar.

El raid del corte de cintas depende de la Subsecretaría de Hábitat, una repartición que se encarga de la llamada infraestructura urbana y que comprende agua potable y cloacas bajo la superficie, asfalto, cordón cuneta, espacios verdes, iluminación y, en muchos casos, cambios de letrinas por baños en viviendas.

Según un relevamiento que hizo el ministerio que conduce Rogelio Frigerio , la Argentina tiene 6300 áreas con déficit estructural de infraestructura, donde se ubican 3,8 millones de viviendas de un total de alrededor de 12 millones, que es el total que existen en el país. "Uno de los desafíos del presidente Macri es transformar las más de 6000 comunidades vulnerables de la Argentina en espacios de oportunidad", dijo Frigerio.

El programa se ocupa de aquella infraestructura urbana que alguna vez fue tarea de municipios. Pero el federalismo cedió terreno en las últimas décadas y ahora aquellas obras suelen requerir fondos nacionales.

La lista de inauguraciones previstas para diciembre suma obras que implicaron $ 2303,4 millones para beneficiar a 32.347 hogares. De aquella cifra, 820 millones corresponden al NOA y al NEA. La segunda región entre las que tienen más obras para inaugurar este fin de año es la Patagonia, con proyectos que sumaron en total 798 millones de pesos, seguida por Buenos Aires, con 530 millones. La lista la cierra la región Centro Cuyo, con $ 153,7 millones.

Hay una particularidad: de los 992 millones de pesos que se destinaron al sur, Neuquén fue la provincia más beneficiada, con una ejecución de obras por $ 704 millones.

El equipo de Frigerio está obsesionado desde que asumió con la falta de planificación en la localización de barrios. El ejemplo que ponen es el de la vivienda social. Muestran casos en los que la localización de los barrios está alejada de las ciudades, y entonces dotar de servicios esas localizaciones suele requerir más inversión que las casas. Y, lo que es peor, se entregaron miles de viviendas que no tenían conexión a los servicios básicos.

"Para generar espacios de oportunidad, la presencia del Estado es fundamental. Un Estado que define una estrategia de desarrollo urbano y que entienda que esta tiene que venir de la mano del desarrollo económico. En la Argentina, producto de esa falta de planificación, grandes manchas urbanas se expandieron y afectaron la vida de todos los días de nuestros habitantes, con costos altísimos en términos de transporte y de tiempo, que es lo más importante; con costos enormes en términos de poder llevarles a esos ciudadanos los servicios básicos: el agua potable, la red de cloacas, la red de gas", repite el ministro. En su área, según datos del Ministerio de Hacienda, ya se ejecutó el 90% del presupuesto del año. Bien vale comparar el dato con el del año pasado. Si se mira el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), a fines de octubre pasado la cartera había gastado 81,2 pesos de cada 100 que tenía presupuestados; un año antes el gasto hasta ese momento del calendario ascendía a 56,9 pesos de cada cien.

"De esas 6300 áreas, la mayoría de las necesidades están en el norte, en las provincias que comprende el Plan Belgrano. De hecho, el 70% de los recursos se destinan a esa zona", dice Marina Klemensiewicz, subsecretaria de Hábitat, funcionaria que tiene a su cargo el plan. Según sus previsiones, se necesitan dos décadas de inversión planificada para revertir la profundidad del déficit.

"Dentro del déficit habitacional, hay dos tipos. Por un lado, el cuantitativo, que es la necesidad de una nueva vivienda, ya que hay una situación de hacinamiento. Por el otro, el déficit cualitativo, que se refiere a una casa que tiene título, paga sus impuestos, pero está en un lugar con una enorme falta de servicios básicos en su entorno. El cualitativo se da prácticamente en un 80% en los sectores de menores ingresos, y para revertirlo está el Plan Hábitat. En el cuantitativo, hay también sectores medios y medios bajos. Tienen servicios y títulos, pero necesitan una vivienda más. Para ellos está el Procrear", dice Klemensiewicz.

Justamente esta disparidad de servicios que tienen gran parte de las ciudades argentinas en materia de servicios bien podría tratarse de una desigualdad, en este caso, urbana. "Otro de los desafíos importantes es la integración de la población con ciudades de una gran mixtura social. Hay que entender también que gran parte del deterioro social, pero sobre todo del crecimiento del narcotráfico y del crecimiento de todo el crimen organizado, viene de la mano de la desatención del Estado de muchos años en los problemas del hábitat", finaliza Frigerio.

El Ministerio del Interior además maneja otro plan clave para el interés de Macri: el Plan del Agua. Dentro de ese programa está el presupuesto para expandir la red de agua potable y cloacas.

De acuerdo con los datos de la ASAP, la empresa AySA recibió en los primeros 10 meses del año $ 11.236 millones para gastos de capital, frente a 7428 millones del año pasado. Dicho de otra forma, las transferencias para extensión de redes y plantas crecieron 51,3% de un año a otro.

Ahí está una de las apuestas que Macri delegó en Frigerio, el ministro político que le entregó una obra por día para que el Presidente elija dónde cortar una cinta.