Refuerzan la lucha contra el delito en las fronteras con apoyo de las FF.AA.

Por Martín Dinatale - LA NACION

El Presidente tiene a la firma dos decretos que le dan más poder a Bullrich; centralizarán las tareas de inteligencia criminal y el uso de la fuerza. 

La ministra Patricia Bullrich, durante un reciente operativo de seguridad en la frontera. Foto: Ministerio de Seguridad

En su fuerte apuesta por erradicar el narcotráfico y los delitos transnacionales en la Argentina, el Gobierno avanza en una reforma estructural del sistema de control en las fronteras, que le dará mayor poder al Ministerio de Seguridad, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. También centralizará las tareas de inteligencia criminal y el uso de la fuerza para los delitos que se detecten en las zonas limítrofes.

Por medio de dos decretos que están en la Secretaría Legal y Técnica a la firma del presidente Mauricio Macri, se reforzará la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que estará bajo el mandato de la Secretaría de Fronteras, dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La intención de fondo es aggiornar la normativa relacionada con el control fronterizo, que data de un decreto de 1944, para poner el foco en los 145 pasos internacionales de frontera y preparar el terreno para avanzar más adelante en una ley nacional de seguridad en las zonas limítrofes.

Según los decretos que tiene en su escritorio Pablo Clusellas, de la Secretaría Legal y Técnica, y a los que tuvo acceso LA NACION, la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad estará manejada por la Secretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad y tendrá bajo su órbita al subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, al subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, al subsecretario de Desarrollo de Fronteras, al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, al subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa, el director de la Gendarmería, el Prefecto Naval, el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al jefe de la Policía Federal. También los gobernadores serán "vocales".

La intención del Gobierno es coordinar con todos estos organismos nacionales, provinciales y municipales una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y los delitos transnacionales. En uno de los decretos se estipula, además, que en 180 días se deberá realizar una "revisión de alcance geográfico de la zona de seguridad de fronteras en todo el país". Y en otro de los decretos se establece que se planteará una actualización de toda la normativa de control en las fronteras tendiente a dar con una futura ley de seguridad nacional.

"Conceptualmente, se busca actualizar todo el sistema de control en las fronteras, unificar tareas que desde hace 20 años estaban descoordinadas y poner un 80% de énfasis en los trabajos de inteligencia criminal y un 20% en la fuerza en el terreno", graficó a LA NACION un destacado funcionario del Gobierno que trabaja por pedido de Macri desde hace varios meses en este tema.

Las fuentes consultadas por este diario coincidieron en señalar que los decretos que se aprobarán buscan darle mayor poder de control fronterizo al Ministerio de Seguridad en detrimento del Ministerio del Interior, que hoy controla los centros de frontera desde la Dirección de Migraciones. A la vez, se busca un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Pero sobre este tema desde el Gobierno aclararon dos puntos de manera reiterada: no habrá inteligencia militar que implique atentar contra la ley de seguridad interior y tampoco un traslado masivo de los uniformados militares a las fronteras. Por lo menos, esto no se prevé en lo inmediato.

En tal caso, la participación de los militares en las fronteras se dará con apoyo logístico, el sustento de información por medio de radares y, eventualmente, el apoyo de aviones de la Fuerza Aérea para disuadir a las aeronaves sospechosas del delito de contrabando o narcotráfico. Esto se dará específicamente en los 145 pasos fronterizos internacionales.

En rigor, no es la primera vez que el Ministerio de Seguridad realiza tareas conjuntas con los militares en las fronteras. Ya hubo ejercicios conjuntos en agosto pasado en la zona de Misiones para enfrentar situaciones de lucha contra el narcotráfico donde participaron la Prefectura, la Gendarmería, la policía provincial y las Fuerzas Armadas con apoyo logístico. Es probable que, de acuerdo con lo que plantean los decretos en estudio, en adelante se profundicen los operativos de control en los pasos fronterizos internacionales.

A su vez, la intención del Gobierno es que la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad Nacional pueda actuar dentro de los 100 kilómetros que existen entre las fronteras en el territorio nacional. Esta comisión también contará con el apoyo logístico de Interpol en lo que hace al monitoreo online desde las oficinas de Lyon para los reportes de personas con pedido de captura internacional.

Según reveló a LA NACION un funcionario del Gobierno, Clusellas ya tiene en sus manos los dos decretos que giró el Ministerio de Seguridad y contaría con el visto bueno para que cuando Macri regrese hoy de su visita al Papa firme estas normativas. Será el puntapié inicial para debatir el año que viene una ambiciosa ley de seguridad nacional en las fronteras. Los decretos que están a la firma del Presidente actualizan el decreto 887/1994 y el decreto ley 15.385/44, que contemplan organismos hoy obsoletos e incluso fijan organigramas donde el Ministerio de Seguridad tenía rango de secretaría.

Por otra parte, el plan de actualización normativa para el combate del narcotráfico en las fronteras también tendrá una faceta pragmática, que es instrumentar la compra de equipamientos de logística y defensa en el exterior para las fuerzas de seguridad que operan en las fronteras. Para ello, entre el 14 y el 16 de noviembre próximo, Bullrich y otros funcionarios de Seguridad viajarán a Israel para participar de una cumbre de jefes de seguridad interior de países centrales. Allí, la Argentina aprovechará la oportunidad para comprar equipamiento.

En paralelo a la elaboración de los decretos que crean la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, el Gobierno está avanzando lentamente en consultas con especialistas locales y externos para el desarrollo de lo que será el proyecto de ley de seguridad de fronteras.

Proyectos en marcha - Dos decretos y un borrador de ley de seguridad en fronteras

Una comisión - Se creará la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que estará a cargo del Ministerio de Seguridad y tendrá bajo su control las fuerzas de seguridad y otras aéreas

Apoyo militar - Un decreto contempla que haya apoyo logístico bajo la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Defensa. Será ayuda logística de las FF.AA.

A la firma - Los dos decretos que impulsa el Ministerio de Seguridad están a la firma del presidente Mauricio Macri en la oficina de Pablo Clusellas, de la Secretaría Legal y Técnica

Proyecto de ley - El Gobierno aggiornó los decretos de 1944 y de 1996. Pero la idea de fondo es avanzar en el futuro inmediato en una nueva ley de seguridad para las fronteras

Advierten sobre el rol de las FF.AA. en seguridad

(Perfil.com) - Un informe denuncia reuniones con Estados Unidos y el nombramiento de militares en el Ministerio de Defensa en medio de la lucha contra las drogas.

Fuerzas Armadas Foto:Cedoc 

La promesa presidencial de sostener la lucha contra el narcotráfico como uno de los ejes de su gestión podría tener, a juicio de un informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), el Grupo Convergencia XXI y el Ilsed (Instituto Latinoamericano para la Seguridad y la Defensa), contracaras polémicas en materia de derechos humanos: una participación de las fuerzas armadas en política interior, una militarización de las fuerzas de seguridad y la participación activa de Estados Unidos en la lucha contra las drogas (más que contra el narcotráfico).

El título del informe es por demás sugerente: “La riesgosa política del Gobierno para las Fuerzas Armadas”. Y está firmado por Carlos Acuña, Ileana Arduino, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Paula Canelo, Gastón Chillier, Agustín Colombo Sierra, Enrique Del Percio, Katchik Derghourgassian, Rut Diamint, Natalia Federman, Enrique Font, Sabrina Frederic, Jaime Garreta, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo Palmieri, Hernán Patiño Meyer, Raúl Sánchez Antelo, Marcelo Sain, Luis Tibletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vázquez y Horacio Verbitsky. Y si bien a juicio de Paula Litvachky “tiene un carácter esencialmente de advertencia”, señala que a partir de las últimas decisiones de Mauricio Macri y del Ministerio de Defensa podríamos estar en un contexto en el que se viole la ley de defensa. Algo que, según los firmantes, puede dar pie a situaciones en las que militares intervengan concretamente en cuestiones nacionales.

Estados Unidos. Para Lit-vachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Cels, “quisimos marcar una tendencia en algunas decisiones de política del gobierno, especialmente al quedar enmarcado en el paradigma de la guerra contra las drogas, que ha tenido efectos muy negativos en la región. Y al mismo tiempo, con el documento quisimos dar una información más precisa en cuanto a innumerables reuniones que se tuvieron con funcionarios del gobierno estadounidense, con el gobierno francés... Quisimos indicar que se está generando una política, enmarcada en la cantidad de reuniones que hubo, más algunas definiciones que se tomaron, líneas que se dieron en algunos cursos. La idea fue poner todos los datos juntos y que haya conciencia de hacia dónde va la política”.

La acción norteamericana contra el narcotráfico y el terrorismo tiene valores con implicancias en la política local. Litvachky explica que “hay un paradigma respecto de las nuevas amenazas que legitima la acción de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y esto va contra las leyes del país y es una toma de decisión política fuerte”. Y que tiene como contraparte una militarización también de las policías.

Contra las drogas o contra el narcotráfico. La militarización de las policías es el reflejo de una confusión entre seguridad y defensa. “El paradigma tiene que ver con las dos cosas. Nosotros advertimos contra la política hacia las Fuerzas Armadas. La legislación argentina es clara en este sentido y diferencia la defensa nacional de la seguridad interior. Lo que se llama ‘lucha contra el narcotráfico’ implica algunas acciones más duras de las policías”, explica la directora del Cels.

Las tácticas y estrategias de la lucha contra el narcotráfico se transforman en una lucha contra las drogas. Y esto implicaría tener un accionar más violento en cuestiones que podrían resolverse con “políticas de salud pública. Es una confusión”, según la entrevistada.

Uno de los correlatos de toda esta tendencia puede observarse también en los casos recientes de violencia de parte de las fuerzas de Gendarmería y Prefectura en barrios carenciados del cordón sur: “Hay un modo de entender la seguridad, que se pensó en su momento, que tiene que ver con cómo se pensó al cordón sur que respondía a una demanda genuina de seguridad de los barrios y de romper la lógica que había en esos barrios con la Policía Federal. Eso se fue deteriorando con el tiempo. 

Y la actuación de Prefectura y Gendarmería fue complicando la misma situación de los barrios con estos temas. Y ahora, con la idea de replegarlas, queda el territorio como un lugar donde no se sabe qué va a pasar. Lo mismo es lo que denunciamos con los chicos de Barracas, que habla de prácticas permanentes en las que el verdugueo y las detenciones arbitrarias son constantes. Esto terminó siendo un emergente muy grave. Pero es una práctica que venía de antes. Hay cambios, aunque tampoco podemos decir que sean prácticas que comenzaron ahora: el caso Bulacio es un ejemplo de la tendencia”.

Sin orden judicial. Si bien no hay denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, se advierte que se puede crear un escenario hacia una política de seguridad que incluya detenciones sin causa por averiguación de antecedentes.

Políticas. “Nuestro punto es que si la política de seguridad está en este momento orientada a desplegar policías territorialmente para generar ese tipo de detenciones, las violaciones se van a multiplicar. Porque la policía genera ese tipo de prácticas, y si la política va hacia ese lado, se genera un marco para eso”.

La situación del ejército actuando en política interior, especialmente en inteligencia, fue una acusación sobre el gobierno anterior. ¿Hay continuidad en este sentido? “Para ser precisos –dice Litvachky–, nosotros no tenemos información específica sobre cuáles fueron estas prácticas del ejército. Esto independientemente de que cualquier práctica de inteligencia sea repudiable. Lo que señalamos aquí es el riesgo de una política y su implementación”.

El monstruo que supimos engendrar

Por Jorge Fernández Díaz - LA NACION

Un veterano detective asevera que las multinacionales de la droga no se instalaron plenamente en la Argentina porque éste es un país impredecible, individualista y poco serio, y que tampoco ha surgido un cartel local de proporciones porque el argentino es incapaz de organizarse. 

Se trata de una boutade. Pero es cierto que los grandes holdings del narco lavan dinero y operan aquí a mansalva aunque siempre de paso, vendiendo su mercancía a múltiples entrepreneurs autóctonos para solventar su propia logística y concentrados esencialmente en el negocio de la exportación: tienen el criterio de cualquier inversor transnacional, nunca los ha convencido poner dinero a gran escala en una sociedad inestable y con la costumbre de transgredir todo el tiempo las reglas. 

El delito sólo es el lado oscuro de la lucha por el dólar, explicaba Raymond Chandler. Los megamillonarios de la cocaína se aprovechan de las instituciones débiles y proveen a distancia a las pymes protegidas por uniformados, pero sin atreverse a abrir casas matrices ni filiales. Tenemos la "suerte" de ser demasiado chantas, chapuceros y erráticos para su gusto. Aunque esa desinversión, como se sabe, no nos libró del boom de los estupefacientes, que en su forma atomizada y caótica se consolidó bajo la "década ganada", detonó el consumo social, incrementó la violencia y se convirtió en el modus vivendi de miles de personas.

Llegar al fondo del fenómeno de la inseguridad implica siempre bucear en las características de la sociedad que lo engendró. Ya en 1930, Borges aseguraba que "el argentino es un individuo, no un ciudadano". En nuestra patria -describía-, quien entrega a un delincuente es una canalla y la policía es una mafia. Sobre esta cultura histórica se suman pecados más actuales que fuimos cocinando a fuego lento. Convertimos el Estado en un propulsor de delitos y en un protector de malvivientes. 

Mantenemos un sistema de financiación de los partidos políticos que alienta la recaudación más oscura. Otorgamos un presupuesto bajísimo para salarios y fondos operativos a las policías, con lo que obligamos a que se moneticen brindando cobertura a ladrones y traficantes. Permitimos sistemas carcelarios con presupuestos exiguos que se autogobiernan y conforman de hecho una infalible escuela superior del robo y el secuestro. Dejamos que colonizaran ide- ológicamente a la Justicia con un garantismo caricaturesco, que en nombre de la piedad es impiadoso con las víctimas. Mantenemos niveles de desigualdad y de hecatombe educativa que son motores de marginalidad, cuentapropismo criminal y numerosos joint ventures de la coca y el paco. Y fuimos frívolos frente a la política de parches, purgas y camaritas sabiendo de sobra que no solucionan el problema de fondo. La combinación de todos estos factores explica entonces nuestra enorme hipocresía y pasividad, y las calamidades consecuentes a las que nos enfrentamos ahora que el agua nos llega al cuello.

Conviene, al respecto, hacer un breve informe de daños. La tasa de delitos graves empeoró en 1995, explotó en 2001 y tuvo otra notable trepada en 2008, cuando decidieron emular en esta área sensible la gran broma de Moreno: también destruyeron el termómetro para ocultar la enfermedad. Sin embargo, algunas cifras de los últimos dos años pudieron reconstruirse, sobre todo los homicidios (por las denuncias) y los robos de autos (por los seguros). 

El Sistema Nacional de Indicadores Criminales indica que los asesinatos y los robos este año descendieron, pero el Gobierno no quiere dar a conocer estos guarismos semestrales porque les parecen inoportunos y hasta ofensivos en medio del espanto social y porque ese declive se da todavía en un contexto altísimo: el conurbano y Santa Fe están "muy calientes", como se dice en la jerga. Una encuesta de la UADE revela que el 79% de los argentinos no confía en la policía y que tres de cada diez sufrieron alguna clase de hurto o agresión durante el último año. Otro sondeo que analizan en el Gabinete muestra la inflación como gran preocupación popular. Según Rosendo Fraga, la inseguridad suele ser la segunda prioridad de la gente cuando se estabiliza la economía y de hecho será una de las tres cuestiones que gravitarán en las elecciones del próximo año, junto con la reactivación y la división del peronismo.

Dos episodios llamaron mucho la atención de Eugenio Burzaco en los últimos días. Una visita a una villa de San Miguel le permitió constatar que en diez meses allí se registraron cinco homicidios: cuatro de ellos eran ajustes de cuentas entre bandas. La droga quebró los viejos códigos del hampa: antes los chicos eran intocables; hoy se los asesina sin remordimientos. El otro caso tiene que ver con el rol irresponsable de la Justicia y con la muerte de Miriam Amelia Copolillo, ultimada en Morón: los dos motochorros tenían entre 17 y 18 años, iban con chalecos antibalas y munidos de pistolas, y uno de ellos había sido detenido dos veces este mismo año por robo a mano armada.

La piratería del asfalto, por su parte, está menguando y el decomiso de narcóticos aumentó un 200%, pero eso fue posible porque las fuerzas federales se abocaron a esos rubros; gran parte de ellas serán retiradas de la faena para socorrer a la provincia de Buenos Aires. Es el drama de la sábana corta, aunque juran que el anunciado traspaso de gendarmes no será lo que parece: la repetición de un recurso de marketing que resultó improductivo. El traslado fue resuelto en una reunión quincenal que coordina el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, y al que asisten los ministros de Seguridad de Nación, Ciudad y provincia; también el propio Presidente (una vez por mes), la gobernadora y el alcalde. De esa mesa surgieron dos conclusiones: los gendarmes no andarán yirandopor la calle, se ocuparán de operativos especiales y delitos complejos, y la nueva policía porteña se transformará en un modelo a copiar. La convergencia de federales y metropolitanos que realiza Rodríguez Larreta produjo ruidos en varias fuerzas, pero María Eugenia Vidal sigue de cerca la experiencia: quiere importarla a su territorio.

La policía bonaerense está llena de logias y capangas, pero no es una estructura mafiosa piramidal ni un ejército napoleónico. Al principio se creyó que con el cambio de ética muchos se iban a cuadrar, pero algunos jefes son irrecuperables, no saben ser de otra manera. Por lo general en los Estados Unidos un policía se retira con un sueldo y una casa; quien se corrompe entonces es por pura codicia. 

En la Argentina un comisario que tiene a cargo el cuidado de 700.000 personas puede llegar a ganar 30.000 pesos: no es excusa, pero ese personaje no se corrompe únicamente por ambición; con su salario no llega a fin de mes, y esto es así desde que salió de la escuela de policía. Recaudar en paralelo es por lo tanto una práctica intrínseca al oficio, y con el correr de las décadas se convierte en una adicción voraz. Recuperarlos de ese vicio es una tarea ciclópea e insalubre. Y parecen existir dos criterios distintos en el oficialismo: ser un poco flexibles y seguir avanzando, o cortar el nudo de cuajo. Hoy parece haber un mix de las dos recetas, y el resultado es una limpieza ostensible que convive con una resistencia salvaje: trabajo a reglamento y liberación de zonas. No hay otra policía en el mundo que se parezca a la bonaerense. Su reforma debe ser urgente y original. Es el mayor desafío de esta sociedad sin reglas. Que ama la desorganización.

Así será la nueva Policía de la Ciudad

(La Nación) - Se unificará la Policía Metropolitana con la Federal; esto supone un cambio en el uniforme y los vehículos.

Un vehículo de la nueva Policía de la Ciudad. Foto: DyN

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció hoy que "esta semana" enviará a la Legislatura porteña el proyecto de Ley Integral de Seguridad Pública, que permitirá "la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires".

"Estamos anunciando que estamos mandando el proyecto de ley a la Legislatura. Es una ley que va más allá de la policía, que habla del sistema de Seguridad de la Ciudad", enfatizó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones a un grupo de medios, entre ellos DyN.

La presentación formal se realizará mañana a las 10.15 en el Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en Santiago de Compostela 3801, de esta ciudad.

Los uniformes de la nueva Policía de la Ciudad. Foto: DyN

La unificación de la Policía Metropolitana con la Federal también supondrá un cambio en el uniforme, el cual tendrá como colores preponderantes el celeste, en chalecos antibalas, y el bordó en remeras, poleras y camperas.

En ese marco, Rodríguez Larreta manifestó que "llegado el momento" van a "tener el honor de anunciar la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que va a nacer cuando se vote la ley", que deberá ser aprobada por mayoría simple (31 votos) por la Legislatura porteña. "La propuesta de seguridad contempla que los policías se concentren en ser policías y no tengan que cumplir tareas administrativas", precisó.

Además, destacó que "la idea es que los policías sean policías que estén en la calle, y que todas las otras funciones sean cumplidas por gente que sea parte del ministerio (de Seguridad)".

Un vehículo de la nueva Policía de la Ciudad. Foto: DyN

En tanto, reveló que "la designación" del jefe de la Policía de la Ciudad será realizada por el jefe de Gobierno Porteño, y aclaró: "Hoy todavía el cargo de jefe de la Policía de la Ciudad no existe porque no existe la Policía de la Ciudad. Se va a decidir cuando la ley esté votada".

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, precisó que "el proyecto de ley tiene una mirada integral de la seguridad", y está "pensado en base a cuatro cuestiones: gobierno civil, transparencia, participación ciudadana, y capacitación y formación (del personal policial)". Ocampo afirmó que el proyecto de ley contempla que los agentes de la nueva policía trabajen "ocho horas" al día, y establece la "unificación de salario" según el escalafón al que pertenezcan.

Por último, indicó que "contempla" un cupo femenino dentro de la fuerza policial, la cual tendrá "aproximadamente 25 mil efectivos". - Agencias DyN

Revelan que el grupo Halcón trabaja con equipamiento viejo y sin mantenimiento

Por Ezequiel Spillman - Perfil.com - Después de la muerte de un efectivo, Vidal pidió una auditoría: armas con quince años de antigüedad y escudos y máscaras en malas condiciones, entre las conclusiones.

Encuentro. El miércoles último, la gobernadora y el ministro Ritondo visitaron a uno de los comandos del grupo. Foto:cedoc

Escudos y máscaras en malas condiciones. Armas con una antigüedad superior a los 15 años y con escaso mantenimiento. Más de diez años sin adquirir nuevo equipamiento. Y con causas judiciales abiertas sin una debida estrategia jurídica de parte del gobierno provincial.

El estado de la División Especial de Seguridad Halcón, más conocida como el Grupo Halcón, prendió las alarmas de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. En especial después de un hecho desgraciado: el asesinato, con un balazo en el rostro, de un agente cuando se realizaba un allanamiento en Laferrere, La Matanza, a mediados de septiembre.

Hace diez días, cuando viajó a Bahía Blanca, hizo esperar a sus asesores en los autos oficiales y fue a darle el pésame de manera personal a la familia del agente. No quiso fotos. Siquiera lo difundieron sus voceros. Estuvo sola.

Es que el caso la impactó de tal manera que pidió informes sobre el estado del grupo de élite. No fue sorpresa: la desinversión y el estado de abandono en términos de equipamiento era elocuente. “Encontramos todo deteriorado, desde los cascos hasta armas viejas, era un desastre, lo mejor que tenían era el capital humano con agentes de experiencia”, confiaron en el Ministerio de Seguridad.
El Grupo Halcón, que depende de la Policía Bonaerense, funciona con más de setenta comandos, divididos en equipos de 15 miembros de élite. Cada grupo especial tiene, al menos, dos francotiradores, un médico, un experto en explosivos, un especialista en negociaciones, otro en comunicación, un experto en inteligencia y ocho miembros de asalto.

En ese marco, Vidal le encargó al Ministerio de Seguridad que encare una serie de compras: según pudo saber PERFIL para este año se sumaron 150 chalecos, municiones (había escasez), pistolas no letales, equipos de fibra óptica, veinte escudos nuevos, 150 pistoleras, 150 linternas (usaban unas pequeñas de las que se compran en los supermercados), cuatro fusiles de presión, veinte fusiles de asalto y pistolas Glock.

El último miércoles Vidal estuvo con uno de los comandos junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Hablaron casi diez de ellos. Se emocionó cuando escuchó de boca de los efectivos que aunque no haya dinero su vocación era defender su grupo.

Ese día, la gobernadora viajó al local “La Enramada”, en Gonnet, para asumir como presidenta del PRO bonaerense. La esperaban los dirigentes más importantes del partido para legitimar su liderazgo, desde intendentes a funcionarios nacionales. Allí relató su experiencia. Contó que los efectivos le confiaron que prefieren “morir salvando vidas y defendiendo la ley”, como su compañero asesinado la semana pasada, “y no de un ACV o en un accidente de tránsito”.

Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo sobre drones militares

Por Paula Lugones - Clarin.com.

Así, nuestro país se suma al llamado “Joint Declaration of Principles regarding the use and export of military UAVs”, un compromiso político en el que la administración de Obama trabaja desde hace tres años. 

Visita del presidente de EE. UU. Barack Obama, a la Argentina. Foto Juan  Tesone.

La Argentina suscribirá en los próximos días un compromiso impulsado por Estados Unidos sobre control de drones de uso militar, según informaron fuentes del Departamento de Estado a Clarín.

Portavoces del gobierno estadounidense señalaron que nuestro país se sentará en la mesa chica del lanzamiento del llamado “Joint Declaration of Principles regarding the use and export of military UAVs”, un compromiso político en el que la administración de Barack Obama viene trabajando hace más de tres años y que verá la luz el 5 de octubre en Nueva York. “Queremos construir nuevos standards internacionales de uso y exportaciones de drones”, explicó la fuente a esta corresponsal, porque “hay una percepción equivocada de que es algo fácil de usar, de negar y díficil de regular internacionalmente” y ellos buscan revertir esa visión.

La información proviene del Departamento de Estado. Consultados el ministerio de Defensa y la Cancillería argentina, no dieron precisiones sobre el tema.

En este caso no se trata de los drones comerciales o de vigilancia sino los que están equipados militarmente y pueden ser utilizados para lanzar ataques en cualquier lugar, muchas veces sin ser detectados y sin conocer realmente quién está al mando de los controles. “Queremos empezar una conversación, sabemos que es un tema muy sensible, muy político, incluso en Estados Unidos. Pero es un primer paso para una discusión muy necesaria”, señalan desde el Departamento de Estado. Washington ha sido criticado por el uso de este tipo de drones en supuestas operaciones secretas en países donde buscan combatir al terrorismo.

El compromiso establece principios como la aplicación de la ley internacional y de respeto a los derechos humanos para utilizar estos drones (como por ejemplo que no sean usados contra la población civil); el seguimiento de la venta de estos artículos para que realmente se los utilice con los fines para los que fueron comprados; el compromiso de vender drones armados solo a quienes tengan una historia consistente de respeto de la ley y los derechos humanos, entre otros.

La declaración probablemente se quede corta respecto de lo que muchas organizaciones de derechos civiles y control de armas y drones propugnan, pero para el Departamento de Estado representa “un importante primer paso”. Creen que “los países que están en la fundación de este compromiso deben ayudar a crear los stándares internacionales y ser socios en la discusión”.

Los grandes fabricantes y exportadores de drones del mundo son Estados Unidos, China, Israel, la Unión Europea y Turquía. “Si ellos firman el compromiso va a tener más impacto”, señalan. Pero dicen que la firma de Argentina “es importante porque buscamos que suscriban países de todas las regiones del mundo”.

Extraña demora: Seguridad pagó por cuatro helicópteros en 2010 y sólo recibió dos

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com

TARDANZA PRIVADA EN CUMPLIR EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN

No llegan. De los cuatro helicópteros Bell UH-1H, Huey II comprados en 2010 sólo llegaron dos.

A cinco años de la firma de un contrato de adquisición de cuatro helicópteros Bell destinados a la Gendarmería, y que el Ministerio de Seguridad pagó por completo, sólo se recibieron dos máquinas. La licitación pública se lanzó en mayo de 2009, luego por decisión administrativa 893/2010 se aprobó la contratación, hubo una única oferta del Grupo Módena. La operación comercial se resolvió durante la gestión del entonces ministro Julio Alak y el seguimiento del contrato continuó en el período de Nilda Garré. 

La firma Módena cotizó 3.988.982 dólares por cada unidad, un total de 15.955.928 por el lote de 4 helicópteros marca Bell, modelo UH-1H, Huey II. El Estado pagó todo y a la fecha sólo cuenta con la mitad de las aeronaves. El contrato estipulaba que los helicópteros provenientes de los Estados Unidos serán llevados al estándar Huey II en la Argentina por la firma Módena.

La versión Huey II es una modernización que asegura el aumento de la performance de la aeronave y el sostenimiento técnico por parte del fabricante: Bell Textron Helicopter. El primero de la serie recién fue incorporado a la actividad operativa en marzo de 2015, mientras que el segundo, ya convertido a Huey II, aún no puede volar, restan trámites de habilitación y certificación por parte del fabricante y de la autoridad aeronáutica nacional. 

El Ministerio de Seguridad, responsable de la operación, advirtió que había un contrato ejecutado durante el kirchnerismo al que le faltaban los bienes adquiridos. 

La presión por contar con medios aéreos para combatir el narcotráfico en la frontera del NOA y el NEA hizo el resto. Patricia Bullrich dio instrucciones y se convocó de urgencia a Cristiano Rattazzi, titular del Grupo Módena. La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete del ministerio, Pablo Noceti, acompañado por el auditor Sergio Lombardo. Bullrich pasó de apuro unos instantes, sólo para saludar al empresario automotor. "Nos debe 8 millones de dólares", palabras más o menos fue la frase que abrió la conversación del lado de Seguridad. 

La estadounidense Bell, proveedora de las células (estructuras) y del kit de conversión a Huey II, quedó en medio del sofocón. Hay una factura con el membrete Módena-Bell, que la identifica como parte, aunque el único actor en la licitación es Módena. La firma de Rattazzi se comprometió a apurar los tiempos para actualizar y poner en servicio los dos helicópteros faltantes y completar el trámite de habilitación del que está listo para operar. 

La Gendarmería necesita estas máquinas para aeromovilidad y despliegue rápido de tropas al punto donde se detecten actividades ilícitas. También se busca contar con otras plataformas aéreas de vigilancia (inteligencia electrónica), trámite que con máquinas Tecnam 2006T impulsa el brigadier retirado Vicente Autiero, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad. 

El Ejército cuenta con un taller habilitado por Bell que efectúa la conversión a Huey II a los helicópteros de la Aviación Militar. Esas instalaciones están en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de Aeronaves 601.

Llegaron fuerzas federales a 11 ciudades de Santa Fe para combatir el narcotráfico

Por Germán de los Santos - LA NACION
Junto con la policía provincial realizarán amplias tareas de "vigilancia ciudadana"

El primer contingente de Gendarmería desplegado desde ayer en las calles de Rosario. Foto: Marcelo Manera

ROSARIO.- Los efectivos federales arribaron ayer a once localidades de la provincia de Santa Fe, donde, según definió la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizarán tareas de "vigilancia ciudadana" y combatirán las bandas narcos que provocaron un espiral de violencia en los últimos años en esta ciudad y en la capital provincial.

Desde ayer comenzó a regir el acuerdo que firmó el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno santafecino para el combate de la inseguridad y el narcotráfico que regirá hasta el 31 de diciembre de 2017. En ese lapso la policía de Santa Fe -con 22.300 uniformados en toda la provincia- y los efectivos de seguridad federales trabajarán de manera coordinada bajo la dirección de un comité operativo, que estará al mando del director de Inteligencia Criminal de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

Bullrich demarcó las funciones que tendrá cada fuerza, algo que estuvo en el centro de la polémica en la negociación del acuerdo de seguridad que se firmó el 12 de este mes. "Las fuerzas nacionales no estarán a cargo de la seguridad de la provincia, que es una materia indelegable del gobernador, sino que se ocuparán de los delitos federales", explicó la ministra.

Es la tercera vez que desembarcan fuerzas federales en Santa Fe desde el 9 de abril de 2014, cuando arribaron más de 2400 efectivos en un operativo que apuntó al desmantelamiento de los búnkeres: en sólo unas horas fueron allanados 69 quioscos de droga, pero la cantidad de cocaína secuestrada fue escasa.

Los gendarmes se quedaron hasta fines de diciembre y luego se replegaron hasta mayo, cuando en medio de la campaña electoral en Santa Fe las fuerzas federales retornaron. Lo que ocurrió en esas dos oportunidades, según admitieron en el Ministerio de Seguridad de la Nación, es que "la policía desapareció de las calles" y los problemas de narcomenudeo y violencia que había en sur de Rosario se trasladaron luego al norte de la ciudad. Los patrullajes de la Gendarmería en las calles se ganaron el respaldo de la población, que tiene desconfianza de la policía. Pero no lograron bajar la violencia que aflora a través de las peleas entre bandas. Según el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) publicado en abril pasado, esta provincia tiene un índice de 12,2 asesinatos cada 100.000 habitantes, que es el doble de la media nacional.

Esa violencia cotidiana se expresó anteanoche en el barrio 7 de Setiembre, donde un joven de 26 años murió tras recibir diez tiros. Leonardo Maciel fue interceptado por dos sicarios en moto cuando se trasladaba en su auto con su pareja y sus dos hijas, que no sufrieron lesiones. Unos minutos después fue atacado el primo de la víctima de la misma forma.

En la reunión que Bullrich y Lifschitz mantuvieron con los jueces y fiscales federales, la ministra planteó que unos 400 efectivos de fuerzas nacionales tomarán unas 300 causas sobre narcotráfico que la policía provincial viene investigando en Rosario. Hay otras investigaciones que aún no fueron judicializadas que van a ponerse en marcha en territorio santafecino.

Se proyecta un esquema de trabajo nuevo, con grupos especializados en inteligencia criminal que operarán en la provincia con casos particulares que ya vienen siendo seguidos de cerca desde los últimos dos años desde las oficinas en Buenos Aires.

Ante esta nueva forma de trabajo aparecen cuellos de botella en la justicia federal. El lunes próximo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunciará la puesta en marcha de una delegación de la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar), que conduce Diego Iglesias. Uno de los objetivos es que un grupo de investigadores judiciales especializados aceiten el trabajo de las fiscalías, tanto de las causas más antiguas que deben llegar a juicio como de las nuevas que se van a generar con el trabajo de inteligencia que realizarán los efectivos federales.

A la par, la policía de Santa Fe seguirá con los patrullajes divididos por cuadrículas, que dejaron a un lado la centralidad de las comisarías. Según explicó el titular de la cartera, de Seguridad Maximiliano Pullaro: "Hay 120 móviles patrullando en 86 zonas y una segunda capa con otros 50 patrulleros, que recibirán el apoyo de una parte de los gendarmes que llegaron ayer, y se centraron en el Barrio Municipal, una zona tomada por ex barras de Newell's que está en permanente conflicto. Las tres escuelas que funcionan allí están con vigilancia policial por los permanentes tiroteos.

La inseguridad y la hipocresía

Editorial del diario La Nación
La revalorización del papel de la policía requiere no sólo apartar a los efectivos que delinquen, sino también capacitarlos, equiparlos y reconocerlos.


El derecho a la vida y la integridad física de las personas, sin olvidar el respeto por sus bienes, se hallan en el país en medio de la mayor crisis que se recuerde. Hay que preguntarse cuál es el precio, y por cuánto tiempo habremos de pagarlo, por la prevalencia de formulaciones irresponsables e hipócritas que han establecido que puede haber delitos sin sanción condigna con su gravedad.

El correlato del efecto de esas teorías se encuentra en la educación pública cohibida para reprobar a los que no estudian, con maestros y autoridades escolares sujetos a la vindicta de padres que han perdido los valores culturales de consideración hacia la docencia que se inculcaban en las generaciones del pasado. Las manos que se alzan contra médicos y enfermeras en hospitales públicos, por cualquier contrariedad en la asistencia de pacientes, es parte del mismo cuadro de descomposición social.

El número de crímenes que la prensa informa diariamente y el grado de barbarie con los cuales suelen cometerse urgen a un acto colectivo de reflexión y consecuentes decisiones por parte del Poder Ejecutivo, del Congreso y de las autoridades de las provincias más desbordadas por el delito y la violencia. El domingo último, una nota televisada de investigación periodística sobre el narcotráfico y la complicidad, cuando no la dirección de elementos policiales, desnudó con dramatismo la gravedad del cuadro en que se halla inmerso el territorio más poblado del país.

Sería, sin embargo, una insensatez confundir las instituciones policiales y de seguridad con los elementos ruines que las integran. Para éstos no cabe otro camino que el de la separación de las filas de esos cuerpos del Estado y las otras sanciones que cuadren según la ley. No es posible en las actuales circunstancias, derivadas de un cúmulo de causales, entre las cuales ocupa un lugar no menor el mal entendido "garantismo" en materia penal, andar con medias tintas: está comprometido el deber esencial del Estado de proteger en vida, integridad y bienes a quienes habitan el territorio de su jurisdicción. Esa gravísima preocupación debe comenzar por el cuidado de los cuadros policiales y de seguridad. No es un hecho más la muerte de un agente que cae o que es herido en cumplimiento de su deber.

Recientemente, la carta de un lector de LA NACION puso el dedo en esta llaga al narrar que un policía enfrentó a dos asaltantes en un autoservicio, abatiendo a uno de ellos, pero al salir para perseguir al otro fue sorprendido por el que hacía de campana y cayó muerto. "¿Qué sería del policía si no hubiera muerto? ¿Tendría algún ascenso o estaría preso por exceso en su defensa?", se preguntó el lector.

En la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires han muerto 21 efectivos de las policías Federal, Metropolitana y bonaerense entre enero y agosto del corriente año. De los 21, 18 fueron abatidos en el conurbano.

Es correcto que se señalen para su exposición pública los casos de "gatillo fácil", pero no puede haber al mismo tiempo un débil eco social frente a las bajas de quienes tienen por actividad específica la protección de los habitantes. La sociedad, y la Justicia en particular, deben revalorizar el papel de las fuerzas encargadas de nuestra protección. En los municipios de Lanús y Quilmes parecería haberse comprendido la necesidad de un cambio de actitudes al instituirse distinciones por actitudes heroicas en servicio.

Recientemente, una auditoría que llevó a cabo el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mostró que la tercera parte de los policías bonaerenses no se encuentra en condiciones de patrullar las calles y que uno de cada tres que realizan esas patrullas no está capacitado para llevar a cabo esa función.

Si entra en las filas policiales sólo gente que, por sus condiciones, no encuentra trabajo en otras partes, estaremos siempre mal, a no dudarlo. Una buena policía es inalcanzable como objetivo si no se parte de políticas de reclutamiento serias, profesionales, dotadas de los recursos que permitan la incorporación de los mejores entre quienes aspiren por vocación a entrar en el servicio policial. A partir de allí, la capacitación del personal debe realizarse de manera continua, y con creciente exigencia, para que se pueda acceder a cargos superiores. Corresponde, desde luego, que los recursos en armas y transportes sean eficientes y, cuando menos, de mayor utilidad que aquellos de los que dispone la delincuencia.

En varias ocasiones, el policía que se vio obligado a matar o herir a un delincuente es víctima, a veces junto con su familia, de las amenazas de los cómplices. Se ha reparado muy poco en la indefensión de los policías en momentos en que el crimen organizado y sus bandas poderosas avanzan día tras día entre nosotros. Capacitación y pertrechos, pero también confianza, respeto y apoyo explícito, harán más eficaces a las fuerzas del orden, además de la aplicación sin complejos de la legislación apropiada para conjurar el actual estado de cosas.

El gendarme, nueva moneda nacional

Por Héctor Gambini - Editor del diario Clarín
Pedir gendarmes es la primera solución en la que piensan intendentes y gobernadores cuando les empieza a apretar el zapato de la inseguridad.

Gendarmes de un grupo especial de operaciones, durante un entrenamiento. FOTO GERARDO DELL ORO

El dólar anda en 15,40. El euro, en 18. Pero el gobierno paga en gendarmes. ¿A cuánto está el gendarme? Cuando se trata de anunciar una solución política rápida, el gendarme corre como el agua. Así nos acostumbramos a ver gendarmes aportando a la seguridad ciudadana en los barrios del sur porteño o en los vértices más complicados del conurbano profundo, que nunca están muy lejos de la General Paz. Es una moneda que gana valor cuanto más aprietan los zapatos de la inseguridad. Cómo será que Scioli tuvo que crear su moneda propia, las policías locales, cuando el gobierno de Cristina le vació el chanchito de gendarmes del GBA.

El gendarme sirve más en la frontera pero allí tiene escaso valor político y por eso cotiza menos. "En los confines de la Patria", dice la ley de oro de la Gendarmería. Pero tal vez la Patria se achicó y por eso ahora hacen tanta falta en Lanús, Ciudadela, Zárate o Rosario. Se sabe: marcha de vecinos contra la inseguridad mata confín de la Patria.

El ex secretario Berni los administraba como patrón de estancia: cuando manejaba el Banco Central de los gendarmes, los mandó a Rosario, les sacó fotos volteando búnkeres y los paseó por toda la ciudad. Pero el valor se derrumbó cuando se conocieron las cifras del mercado del delito: los asesinatos siguieron como si nada.

Para reevaluarlos, entonces, se los sacó a varios intendentes de la Provincia. La reacción de los mercados fue inmediata: todos fueron a zapatearle a Scioli, que convocó al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, para que hiciera en la provincia lo que había hecho en su terruño. Así nacieron las policías locales, un patacón que saca de apuros pero sólo cotiza en los municipios.

Ahora recrudece la cuestión de la seguridad y el gendarme vuelve a cotizarse bien arriba. Sentada sobre la caja, la ministra Bullrich ya prometió repetir la experiencia en Rosario. Y el intendente de Zárate se quejó porque le vaciaron la jurisdicción de prefectos, que para los municipios serían como gendarmes blue.

Otros 5 intendentes del conurbano sur fueron a ver a la gobernadora Vidal y se tiraron el lance: que interceda para conseguirles gendarmes. Aunque éstos no dependen de Vidal, nadie ignora que ella y su imagen positiva arrolladora pueden ser una llave de oro para acceder al codiciado tesoro.

Tampoco hay abundancia de caja: Gendarmería tiene 35.000 agentes para todo el país, apenas algo más de un tercio que lo que tiene la Policía Bonaerense. Por eso hay necesidad de emitir. El viernes se reabrió el ingreso de postulantes a la fuerza "hasta el 28 de octubre o hasta cubrir las vacantes necesarias". No dicen cuántas vacantes hay. Regla básica de la economía: si hay menos oferta, el precio sube.

La Ciudad presenta su nueva policía con 25.000 efectivos

Por Pablo Tomino - LA NACION
La flamante fuerza de seguridad es una fusión de la Metropolitana y de la Federal; se creará una división para combatir la venta callejera y los piquetes.


El gobierno porteño tiene todo listo para presentar, la semana próxima, a su nueva policía: la fusión entre las fuerzas propias, de la Metropolitana, y la porción de la Federal que este año pasó a manos de la Ciudad.

Mientras el Poder Ejecutivo enviará la próxima semana un proyecto de ley a la Legislatura que definirá los nuevos alcances de la fuerza unificada, se supo que la "Policía de la Ciudad" estará conformada en esta primera etapa por unos 25.000 hombres. Tendrá un nuevo uniforme, muy diferente de los habituales, y comenzará a verse en las calles de manera progresiva, al igual que los patrulleros, las motos y las nuevas fachadas de las 54 comisarías que pertenecían a la Federal y las cinco de la Metropolitana, todas con un logo unificado.

La intención de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno local y mandamás de la nueva policía, es que sea una fuerza próxima al vecino, con presencia fuerte en la calle y que trabaje en la prevención del delito. Incluso, se cree que el año próximo contará con una brigada especial para actuar en el espacio público, principalmente enfocada en la usurpación de veredas, como ocurre con la venta ambulante, o en la aplicación del protocolo antipiquetes.

La gran incertidumbre es quién comandará la Policía de la Ciudad. La Federal "transferida" es encabezada por el comisario general Guillermo Calviño (para quien el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, pidió en agosto la indagatoria, acusado de encubrimiento agravado por permitir escapar de la cancha de Boca a un barrabrava prófugo por un secuestro extorsivo al que iban a detener). La Metropolitana es dirigida por Horacio Giménez y Ricardo Pedace, dos ex oficial jefes federales. Las conversaciones con los posibles candidatos ya están en marcha.

Desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, ambas fuerzas convivieron con la promesa del traspaso, que en realidad se cristalizó hace muy poco tiempo, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la transferencia de 19.000 hombres de la Federal con los respectivos recursos. Durante el gobierno kirchnerista, la Federal no atendió a los pedidos porteños.

Con Macri en la Casa Rosada, la Ciudad pudo hacer participar a los federales en los operativos. Ahora, cuando el proyecto se convierta en ley (Pro necesitará 31 votos, tres más de los 28 del bloque) dependerán exclusivamente de Larreta, salvo una unidad que quedará a disposición de la Nación.

Con el tiempo, se prevén cambios la Policía de la Ciudad. Los agentes tendrán una mejora sustancial en los salarios; según pudo conocer LA NACION de fuentes oficiales, podrían alcanzar un mínimo de 20.000 pesos. "Se equipararán los sueldos para arriba: los federales cobrarán como los metropolitanos, que hoy están mejor", confió una fuente.

Se proyecta que la nueva fuerza de seguridad pueda contar con mejor armamento y equipamiento, como teléfonos celulares que permitan identificar los antecedentes de las personas escaneando el DNI. Estos dispositivos electrónicos ya se usan en los accesos a los estadios de fútbol.

Nuevo protocolo

"A mí me preocupa la seguridad de la gente en la calle, que no te roben en la esquina. Se apuntará a todo eso. Con el tema de los manteros ya estamos trabajando muy bien en conjunto con la Federal: se hicieron operativos para evitar la usurpación de veredas en Flores y en Caballito", dijo Rodríguez Larreta en las últimas entrevistas con LA NACION.

La nueva policía porteña tendrá también un protocolo de actuación, probablemente traducido en un manual. "No me temblará el pulso para echar al que no se ajuste a las reglas o a quien esté ligado a casos de corrupción", dijo también, hace tiempo, el jefe de gobierno porteño.

Otra de las intenciones que tiene Rodríguez Larreta es que la policía porteña deje de realizar las tradicionales tareas administrativas que se llevan adelante hoy en una comisaría, para que una mayor cantidad de agentes pueda estar en la calle en labores propias de prevención y de seguridad activa.

Está en estudio canalizar determinadas denuncias por otras vías administrativas. "No tiene sentido que los agentes estén dentro de las comisarías cuando son más útiles en la calle", había dicho el jefe comunal.

La intención de la Ciudad es que el proyecto de ley sea tratado con prioridad (el oficialismo descuenta su aprobación) y que la nueva policía, con el nuevo uniforme, pueda estar en la calle en lo inmediato, tal vez a partir del próximo mes, para ir transformando su cara de manera lenta y progresiva.

Seguridad: por narcovuelos apuran equipamiento aéreo

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com
SERÁ PARA GENDARMERÍA Y PREFECTURA, DENTRO DEL OPERATIVO FRONTERAS.
Vuelos furtivos ingresan por la frontera con Bolivia o Paraguay. La semana pasada se arrojaron ladrillos de cocaína desde dos avionetas, modus operandi que se repite.

Foto: Preocupación. El secretario de Defensa, Walter Ceballos.

El operativo Ensamble, en Las Lajitas, Salta, con una captura récord de más de 800 kilos de cocaína apuró la necesidad de equipar a las fuerzas de seguridad. El pasado miércoles 15, la Gendarmería Nacional incautó 826 ladrillos de droga. La carga se había lanzado de dos avionetas -un literal bombardeo de cocaína-, a un campo entre Las Lajitas y Joaquín V. González.

El modus operandi se repite: vuelos furtivos que ingresan por la frontera con Bolivia o Paraguay. El Ministerio de Seguridad tiene bajo análisis desde principios de 2016 dotar a la Gendarmería y a la Prefectura de los medios tecnológicos e infraestructura adecuados para el combate del flagelo. Así lo había dispuesto Mauricio Macri en el decreto N° 228/2016 que declaró la Emergencia de la Seguridad Pública y la puesta en marcha del operativo Fronteras.

La recurrente actividad de "narcovuelos" convenció a las autoridades de la Secretaría de Fronteras, encargada de "coordinar estratégicamente con todas las áreas y organizaciones responsables para poder realizar un eficiente trabajo interministerial e interagencial" de que tanto la Gendarmería como la Prefectura necesitan contar con medios aéreos aptos para la vigilancia y obtención de inteligencia criminal. "Predecir las rutas de acceso, observar a distancia los movimientos tanto en tierra como en el espacio fluvial y aéreo es vital", dicen los expertos del sector. "El alerta temprana que dan los radares desplegados por la Fuerza Aérea es una ayuda pero se requiere acumular datos de otros sensores para el éxito de la misión", apuntó una fuente de seguridad.

En la frontera norte hay cinco radares fijos de vigilancia; los tres fabricados por Invap están ubicados en las localidades de Las Lomitas e Ingeniero Juárez (Formosa) y en General Mosconi,(Salta), además hay dos equipos Westinghouse FPS113/90 que cedió España en 2011, fueron modernizados y se instalaron en Resistencia y Posadas. Ahora la tarea es completar el paraguas radar con una "vigilancia y exploración discreta" desde el aire y más próxima a las actividades de los grupos criminales que dan la logística a los narcovuelos en las zonas rurales. 

Aparecieron soluciones del grupo de asesores en Fronteras, entre ellos el brigadier retirado Jorge Antelo, excomandante del operativo Fortín II, complementario del Plan Escudo Norte que implementó la administración Kirchner. La sugerencia apuntó a la empresa Costruzioni Aeronautiche Tecnam y su avión bimotor P2006, un producto italiano que importa la firma mendocina Aerotec SA. La aeronave que se presenta como de muy bajo costo no entusiasma a los pilotos quienes dudan de la performance para la misión intensiva que les aguarda. 

La predilección por lo italiano entró primero al Ministerio de Defensa de la mano de Walter Ceballos, secretario de Logística y Coordinación Militar para la Emergencia. Aerotec SA negoció un contrato de leasing por aviones monomotor Tecnam destinados al entrenamiento básico de la Fuerza Aérea, Ceballos visitó la planta mendocina, ubicada en el departamento de Rivadavia, antes del cierre de la operación.

Contar con la plataforma aérea es sólo el principio de la solución que buscan las fuerzas de seguridad. El cerebro de la aeronave está en qué tipo de sensores lleve a bordo y su versatilidad para cumplir con el objetivo principal de la secretaría de Fronteras, "negar el acceso territorial a personas, grupos u organizaciones que quisieran cometer ilícitos en nuestro país; y vigilar, detectar e interceptar sus actividades ilícitas transfronterizas". Los simpatizantes del Tecnam confían en que la versión con tecnología de vigilancia provista por el grupo multinacional español Indra es imbatible. Hay antecedentes, una rama de esa empresa; Indra Sistemas SA -aunque cuestionada en ámbitos políticos-, fue contratada por todos los gobiernos desde 1997 para el recuento de votos en cada elección nacional del país.

El Gobierno proyecta leyes más duras contra los motochorros

Por Daniel Gallo - LA NACION
La Nación impulsa una normativa que limite la excarcelación de delincuentes con esta modalidad.

Delincuentes en moto detenidos en Palermo tras un robo. Foto: Archivo.
El lunes pasado murió un hombre ejecutado en Temperley por motochorros delante de su hijo de 10 años. Unas horas antes fue baleada una pareja en Parque Chacabuco por motochorros que robaron sus celulares. Y la ciudad de Zárate se movilizó en defensa del comerciante procesado por aplastar con su auto a un motochorro. La moto es hoy el elemento preferido por los asaltantes para merodear en busca de presas.

El Gobierno buscará neutralizar esa modalidad de ataque con una serie de medidas. Hace algunos años que se intenta bloquear sin éxito esa forma de robos a partir de resoluciones distritales. Por eso se procurará contar con el peso político dado por el debate legislativo de un proyecto de ley que diseña el Ministerio de Seguridad: uno de los puntos centrales de la iniciativa será agravar las penas de los delitos cometidos con el uso de una moto. La intención es limitar la posibilidad de excarcelaciones incluso frente a casos considerados menores.

"Una vez que tengamos esa ley marco, podremos avanzar con las provincias y distritos para unificar criterios en la identificación de motociclistas y zonas y horarios de circulación restringida", explicó a LA NACION la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Las ideas base del proyecto fueron expuestas por la funcionaria a los ministros provinciales el jueves pasado, durante la reunión en Córdoba del Consejo de Seguridad Interior. Todas las provincias coinciden en que sus centros urbanos tienen el desafío de controlar el azote de los motochorros. Particularmente violenta es la acción de esa clase de delitos en el conurbano bonaerense.

Los motochorros fueron responsables del 35 % de los 91 homicidios en ocasión de robo registrados este año en Buenos Aires. En ese distrito existe desde 2014 una resolución gubernamental que obliga al uso de cascos y chalecos que exhiban la matrícula de la moto. No se cumple. Incluso los intendentes debían fijar las condiciones de circulación en zonas bancarias o consideradas de riesgo. No se hizo.

De todas maneras, los corralones municipales del conurbano desbordan de miles de motocicletas secuestradas en controles viales por falta de documentación. Esa infracción de tránsito no provoca mayores problemas al infractor y éste no se presenta a retirar el rodado simplemente porque no tiene los papeles en regla. El comercio ilegal de motos y celulares es fuerte en la Argentina por la demanda.

El ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, conoce muy bien las dificultades que se enfrenta quien busca limitar la acción de motochorros con medidas que, en principio, no son del agrado de motociclistas. Durante años intentó impulsar normas al respecto en la legislatura porteña. En este caso ocurre lo mismo que frente a planes de dificultar el acceso a las armas y la reacción contraria de los "legítimos usuarios". Pero lo cierto es que hoy las motos representan el elemento táctico que da ventajas a los delincuentes.

Las experiencias internacionales apoyan la posición de aquellos que piensan en identificaciones visibles y restricciones para el traslado de dos personas en una moto. Bogotá tuvo durante años un gran problema con motochorros. Allí, la solución fue concreta: se prohibió la circulación de más de una persona por moto.

Esa decisión no fue tomada por un político conservador, sino por un alcalde de Bogotá reformista. Antanas Mockus no tiene el perfil de hombre de derecha, es filósofo y matemático, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia y candidato presencial por el Partido Verde. Y fue el hombre que decidió prohibir en la capital colombiana la circulación de dos personas en una moto.

En una conversación con LA NACION en 2012 explicó las variantes que utilizó para no quedar atrapado en un debate entre derecha e izquierda a la hora de trazar un plan de seguridad. Dejó entonces una frase interesante: "Creo que primero hay que combatir directamente a la violencia y después las condiciones de ilegalidad".

Si bien el proyecto de ley no contemplará específicamente establecer restricciones para el uso de motos, la ministra Bullrich confía en que la aprobación de una ley con espíritu de frenar a los motochorros dará suficiente sustento político para definir mecanismos de implementación comunes en todos los distritos.

El Gobierno obtuvo este mes un buen respaldo en el Congreso al convertirse en ley otro proyecto diseñado para cortar el aumento del delito no organizado. La ley de flagrancia fue pensada para que los tribunales puedan tomar decisiones rápidas y se evite el tiempo sin condena que puede favorecer la excarcelación del acusado. Esa figura votada recientemente permitirá resolver en 40 días un caso con el sospechoso detenido en el mismo momento del acto criminal.

Al igual que los puestos minoristas de venta de droga, los motochorros representan uno de los desafíos más inmediatos para la seguridad pública. Aumento de penas y controles más intensos aparecen, entonces, entre las respuestas oficiales.

Presupuesto Nacional 2017 (Metas de Defensa y Seguridad)

3.2.2. Servicios de Defensa y Seguridad (Se han eliminado las cantidades, para verlas clickear en el Link)

Esta finalidad comprende las acciones correspondientes a la defensa nacional, el mantenimiento del orden público, el tratamiento de personas en reclusión penal y las tareas de inteligencia.

Entre los programas que conforman la función Defensa se destacan, por su relevancia económica, las tareas esenciales para el desarrollo de las capacidades operacionales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dichas Fuerzas tienen previsto para 2017 llevar adelante el adiestramiento del personal y el alistamiento de los medios, para obtener aptitud y actitud operativa de los sistemas de armas, a los efectos de disponer de una capacidad de disuasión que posibilite desalentar amenazas que afecten intereses vitales de la Nación.


Para 2017, el Ejército Argentino postula la realización de 18 días de adiestramiento en campaña y 40 días en guarnición, entre otras labores destacadas. Asimismo, se continuará la transformación de Helicópteros Bell UH-1H al modelo Huey II y la adquisición de vehículos de combate blindados a rueda.

En lo relativo a la Armada Argentina, las metas se orientan al empleo de los medios del poder naval, en acciones que contribuyen de manera directa y efectiva al control del mar y al desarrollo de acciones en apoyo de la comunidad. Asimismo, se continuará la renovación del equipamiento y las mejoras ya iniciadas, incluyendo el avión de transporte mediano-versión patrulla marítima, patrullero oceánico multipropósito, buque polar y buque multipropósito, entre otros.


 En lo concerniente a la Fuerza Aérea, se postula la renovación del material que comprende el avión entrenador primario/básico, aeronaves tipo Caza Inteceptora y de transporte de alcance mediano.  Asimismo, se prevé el cumplimiento de los compromisos asumidos con la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FAdeA S.A.), de mantenimiento y producción de aeronaves, la instrumentación de procesos de ampliación y continuidad productiva en el mediano plazo, así como la participación en proyectos con industrias aeronáuticas internacionales.

Seguridad Interior:  contemplan acciones inherentes a la preservación de la seguridad, la protección de la población y de sus bienes, y la vigilancia de los límites fronterizos terrestres, costas marítimas y fluviales y el espacio aéreo. Para 2017, se continuará mejorando la gestión y coordinación de los programas que integran las Fuerzas de Seguridad, midiendo los productos generados en el ámbito de la seguridad interior. Asimismo, continuarán las operaciones especiales llevadas a cabo de forma conjunta por los diferentes cuerpos de seguridad, a los fines de la prevención delictiva y la custodia de la ciudadanía. En otro orden, sobresalen las acciones de protección civil nacional y de desarrollo de planes de acción frente a catástrofes naturales y demás contingencias.

La Policía Federal Argentina prevé continuar la modernización de los medios materiales y la adecuación tecnológica en seguridad en el ámbito federal. En este sentido, se prioriza la prevención e investigación de aquellas acciones que infrinjan las leyes o constituyan una amenaza para la seguridad del Estado, optimizando los centros de atención y servicio de asistencia de emergencia en los medios de transporte, así como dotando a las Delegaciones y Agencias de infraestructura y, también, capacitando al personal mediante programas educativos actualizados.

La Gendarmería Nacional seguirá realizando tareas de seguridad ciudadana en el área del conurbano bonaerense, avanzando en la mejora de la actividad de seguridad vial y en la prevención del tráfico ilícito de drogas y de la trata de personas, entre otras labores.

La Prefectura Naval Argentina continuará llevando a cabo las acciones de seguridad de la navegación, basadas en el patrullaje de las zonas marítimas y fluviales, y seguirá participando activamente de las misiones especiales de seguridad ciudadana.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria continuará desarrollando las labores de seguridad aeroportuaria y transporte aéreo de personas y mercancías. Asimismo, la Fuerza seguirá participando activamente de las misiones especiales de seguridad ciudadana.

Fuente: https://es.scribd.com/document/324148039/Presupuesto-Nacional-2017-completo#download&from_embed

Vidal contrató a una empresa de China especializada en tecnología de seguridad

Por Ezequiel Spillman (Perfil.com) - Los técnicos orientales ya recorren municipios del Conurbano. Realizarán un diagnóstico y ofrecerán un plan de modernización. La prueba piloto costará US$ 66 millones.
Inspeccion. Los representantes de la compañía revisaron los equipos y la infraestructura que tiene la Bonaerense. Foto:Cedoc Perfil

Escena: un sábado de sol entibia una parrilla colmada de comensales en Esteban Echeverria. Sobre la mesa de madera disfrutan de los mejores cortes de carne un grupo de funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y dos jóvenes de origen chino. No son turistas ni tienen cámaras fotográficas colgadas del cuello.

Jaime Duran Barba le recomendó al Presidente, Mauricio Macri, que contrate, para trabajar en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico a la empresa china Ceiec, una agencia de software y desarrollo electrónico especializada en temas de Defensa. El asesor estrella los vio actuar en su Ecuador natal, con resultados positivos, y los recomendó para que trabajen con María Eugenia Vidal en las zonas calientes del Conurbano.

En ese contexto, la empresa china envió, hace poco más de un mes, a dos representantes que vienen recorriendo las comisarías de la Provincia con la idea de realizar un diagnóstico y presentarle a Vidal y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, un proyecto de seguridad integral. Se trata de  un plan que se ofrece como paquete cerrado y llega en plena reforma de la Policía Bonaerense que tiene más de 1.600 agentes desplazados y es señalada por una ola de amenazas.

Según pudo saber PERFIL, se avanzará progresivamente. Primero con una experiencia piloto que costará US$ 66 millones en varios municipios de la tercera y la primera sección electoral, donde se concentran la mayor cantidad de delitos.

El equipo oriental ya recorre la Provincia para tener precisiones sobre el estado del equipamiento. Su propuesta de seguridad urbana podría incluir drones, patrulleros, la modernización e instalación de centros de monitoreo, hasta el software para revisar las carpetas médicas o el diseño de la renovación edilicia de los comisarías.

Entre las ventajas de la propuesta china, en la Gobernación destacan cuatro puntos centrales: 1) Se trata de una empresa estatal y no un privado, con lo cual involucra a los Estados. 2) Trabajan con volúmenes grandes, con lo cual los costos suelen bajar. 3) La propuesta es integral con un sistema que permite la interacción de todas las comisarías. 4) Flexibilidad económica: tasas que no superan el 2% y a 20 años.

No bien aterrizaron, los técnicos asiáticos se sorprendieron con el nivel de precariedad de las instalaciones de la Bonaerense y la falta de entrecruzamiento de datos entre las dependencias. Pero también vieron un potencial de desarrollo: adujeron que hubo inversiones sin una lógica de integración en la Provincia. Por caso, el 911 no funciona en algunas zonas del Interior.

Los analistas de Ceiec arrancaron en Esteban Echeverria (donde debutaron con el vacío y el asado) y visitaron la departamental de Lomas de Zamora. En particular, fueron a una comisaría de Villa Fiorito. “No podemos poner computadoras acá porque la instalación eléctrica no da”, rezongaron. En esa comisaría no hay baños y, para hacer sus necesidades, los agentes tienen que recorrer casi cien metros. También estuvieron en Quilmes, en Escobar y en el centro de monitoreo de Lanús.

En China, la empresa, fundada en 1980, trabaja con unos cien mil empleados que abastecen a más de tres millones de policías. Ya tiene representantes en 160 países y regiones, y fue clave en el desarrollo tecnológico del país asiático. Ahora llegaron al conurbano bonaerense.

Una empresa china traerá una aplicación para alertar sobre robos a la policía

Por Martín Dinatale - LA NACION
Macri se reunió con Yafang Sun, la titular de Huawei y se llevó una sorpresa al ver lo interiorizada que estaba de la situación de la Argentina.

La gente podrá sacar fotos y mandársela a la policía. Foto: LA NACION


HANGZHOU. (ENVIADO ESPECIAL) - La empresa de investigación y desarrollo tecnológico Hauwei esta dispuesta a entrar con los tapones de punta en la Argentina y así se lo hizo saber hoy al presidente Mauricio Macri le ofrecerá gratis al gobierno porteño un programa de alerta de robos con una aplicación para celulares que se conectará automáticamente con la central de cada policía de la ciudad.

Macri se reunió con Yafang Sun, la titular de Huawei y se llevó una sorpresa al ver lo interiorizada que estaba de la situación de la Argentina. La CEO de la empresa que tiene 170.000 empleados en China y otros países le dijo a Macri que como le había informado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la zona del Obelisco es el área con mayor índice de robos de la ciudad. Por ello, Huawei en su desembarco pleno al país decidió instalar como prueba en la zona del Obelisco una aplicación en los celulares para que los ciudadanos que vean allí un robo automáticamente enfoquen con sus cámaras, saquen una foto y esta información se alertará por medio del 911 en forma inmediata en los teléfonos de toda la policía.

La idea es tomar como prueba este programa en la Ciudad para empezar a replicarlo en otros lugares. La gigante empresa china que se especializa en investigación y desarrollo, producción electrónica y marketing de equipamiento de comunicaciones ya avanzó las negociaciones para desembarcar completamente en la Argentina. En rigor, durante el encuentro de la CEO de Huawei con Macri le dijo que ya empezó a operar en la Argentina con dispositivos para el servicio de telefoníaa celular y en los primeros nueve meses ya duplicó la facturación. Hoy esta empresa vende mas de 100 millones de teléfonos anuales, invierte 17.000 millones de dólares al año y la idea es expandirse en el país cuanto antes.

El encuentro de Macri con Sun se realizó en la sede de la compañía de esta ciudad, poco antes del inicio de la Cumbre del G20. En rigor, la de hoy fue la segunda reunión que el presidente había mantenido con la líder de Huawei, ya que el 21 de julio pasado Macri recibió a Yafang Sun en la Casa Rosada, donde la ejecutiva le comunicó la decisión de esa empresa líder en el mercado de la alta tecnología de expandir su presencia en la Argentina. En la reunión de hoy se avanzo en algunos detalles del desembarco pleno de la empresa que hoy es líder en China y en muchos países de Europa.

Evitan un contrabando de fusiles y estimulantes

(La Nación) - Extractado - Un control fronterizo realizado por la Prefectura Naval permitió la captura de un cargamento de fusiles, droga sintética y precursores químicos que había ingresado en Misiones desde Paraguay. En una camioneta se habían ocultado más de ocho kilos de metanfetamina y unos 34 kilos de pseudoefedrina. Aunque en la captura llamó más la atención el armamento de alto poder de fuego.

Entre las armas decomisadas figuran dos fusiles de asalto M4 calibre 5,56 y una ametralladora Ingram calibre 45. Y entre las varias pistolas incautadas se encuentra una Glock 17 calibre 9 mm, con capacidad de tiro automático. Además, el embarque incluía un kit que permite montar esa pistola en un soporte de subfusil para su uso como arma táctica.

Desde mediados del año pasado empezaron a aparecer cada vez con mayor frecuencia armas de alto poder de fuego en manos de narcotraficantes. Incluso ya se produjeron tiroteos entre bandas en los que se utilizaron ametralladoras. Esa incipiente carrera armamentista entre grupos que disputan los territorios de transporte, acopio y venta de drogas preocupa a las autoridades nacionales y de varias provincias, como Santa Fe.

El hallazgo de la droga y las armas se produjo la semana pasada en el paso fronterizo Puerto Maní-Bella Vista, y la causa quedó radicada en el juzgado federal de Oberá.

Gendarmería utilizaría tres estancias de Báez para convertirlas en cuarteles

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Son parte de sus propiedades más emblemáticas. Están en Santa Cruz y se ceden en comodato para funcionar como cuarteles. Pedidos para el uso de su avión y sus cabañas.

La emblemática estancia Cruz Aike quedaría en manos de Gendarmería. Foto Maxi Failla.

El millonario imperio de Lázaro Báez se derrumba mientras él continúa preso por lavado de dinero. Varias de sus 147 propiedades adquiridas en la inmensidad del suelo santacruceño durante el kirchnerismo, fueron embargadas preventivamente. Sus estancias fueron siempre su predilección y entre las más de 600.000 hectáreas que compró hay tres campos emblemáticos: Cruz Aike, La Julia y Río Bote donde la Justicia encontró los espacios que según declaró el “valijero” Leonardo Fariña, se usaron como “bóvedas”.

Estas tres propiedades cambiarán su destino: el ministerio de Seguridad las pidió en comodato y el plan inicial es convertirlas en cuarteles.

Además, solicitó uno de los aviones privados del empresario K y vehículos cuatro por cuatro. Paralelamente, un conjunto de cabañas en la localidad de 28 de Noviembre serían otorgadas bajo la misma figura, a la Municipalidad.


El fiscal Marijuan en la estancia Cruz Aike. Foto Maxi Failla.

Báez fue el empresario más poderoso de Santa Cruz y supo amasar una fortuna de US$ 140 millones sólo en propiedades, mientras ganaba contratos por $ 21.600 millones del Gobierno nacional para obras viales. Sus propiedades -más de 300- se extendieron por todo el país: Río Negro, Chaco, Salta, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba. Preso por lavado de dinero hace cuatro meses y con un embargo de $ 900 millones, Lázaro Báez observa desde el Penal de Ezeiza cómo la Justicia avanza sobre sus bienes.

Conectadas entre sí por caminos de servidumbre, las estancias Cruz Aike y La Julia tienen según los planos, una estructura similar que incluye entrepisos, paredes dobles y espacios que según denunció Leonardo Fariña, se usaban como bóvedas. Junto a Río Bote fueron parte de la primera compra compulsiva de campos que hizo el empresario K por US$ 23.700.000.


Estancia La Julia conectada a Cruz Aike. Foto Maxi Failla.

El destino de los múltiples bienes de Báez es algo que analiza el juez Sebastián Casanello que pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que realicen una propuesta al respecto. En el marco de este estudio, que emprendió junto al fiscal Guillermo Marijuan, se habló recientemente con el ministerio de Seguridad por estos tres campos ubicados a unos 50 kilómetros de El Calafate y sobre la ruta nacional 40, que serán otorgados -aún sin fecha específica- en comodato. “Tienen un lugar estratégico y será útil para Gendarmería”, indicaron a Clarín fuentes allegadas a la investigación.

La información fue confirmada desde la cartera que dirige Patricia Bullrich donde señalaron que se evalúa si los campos “son adaptables o si habrá que hacerle refacciones”, y que en principio, el objetivo es convertirlas en “cuarteles” para la fuerza federal. Por la “Ruta del Dinero K” estas tres propiedades fueron allanadas por el fiscal Marijuan para su tasación. Además, solicitaron que la Justicia le dé al Ministerio un avión privado del socio de los Kirchner y vehículos 4 x 4.

Parte de las propiedades Báez en 28 de Noviembre. Foto Opi Santa Cruz.

La entrega en comodato de los bienes secuestrados está previsto en la Ley 20.785, ya que el empresario K aún no fue a juicio oral en la causa por lavado de dinero. Como antecedente, Báez ya perdió 312 libros de su abultada colección que fueron cedidos por el Juez Casanello a la Biblioteca Nacional y que en breve realizará una exposición bajo un sugestivo título: “El lado oscuro del coleccionismo”.

Los embargos preventivos aplicados hasta el momento por el juez Casanello, fueron sobre nueve inmuebles ubicados en Río Gallegos que suman $ 111 millones. En la localidad de 28 de Noviembre el conjunto de cabañas allanadas por el fiscal Marijuan terminarían en manos de la Municipalidad “para que un fin social”, indicaron.

Se espera además, una resolución del Magistrado sobre el pedido que tres municipios, el de General Pico (La Pampa), Isla Verde (Córdoba) y Río Gallegos (Santa Cruz), que buscan quedarse con parte de la maquinaria de Austral Construcciones también embargada. Un pedido similar hizo el ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez.

La reutilización de los bienes del socio comercial de los Kirchner, es un camino extenso que recién comienza a transitarse.Desde el entorno de Báez eligieron el silencio cuando Clarín les consultó cómo afrontaban el desguase del millonario imperio.

Una cárcel para extranjeros

Por Sebastian Abrevaya - Pagina12 (Extractado)
En línea con la idea de Macri sobre la “inmigración descontrolada”, el Ejecutivo creará un lugar de encierro con el objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”.

Era el año 2010 y Mauricio Macri todavía iba por su primer mandato como jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, ya fijaba con claridad su posición respecto de la política migratoria argentina: Tras graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, Macri responsabilizó de los hechos a la “inmigración descontrolada”. Con esa concepción, el gobierno nacional firmó ahora un convenio con su par de la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”. Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas extranjeras expresaron su preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

El 19 de agosto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860 de Barracas, que estará destinado “de manera excluisva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.

Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que esta decisión “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”. El organismo expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”. Este cambio de actitud también despertó un fuerte malestar en la delegación diplomática de Bolivia en Argentina. La queja llegó hasta el vicepresidente Alvaro García Linera, de visita actualmente en el país. “Este Gobierno quiere romper todo lazo con los países hermanos de la región. Está teniendo una actitud servil con Estados Unidos para que no haya visa mientras quiere meter presos a los latinoamericanos”, advirtió el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro.

El convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años. La Policía Federal, dependiente de Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”. Previamente se realizarán “tareas de refacción y reconstrucción” del lugar. Desde el CELS advirtieron que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.

Cómo será el auto blindado que usará Mauricio Macri

(Infobae) - La Mercedes-Benz Vito será la unidad acondicionada especialmente para garantizar la seguridad del presidente en sus actos protocolares. El modelo tendrá vidrios antibala, carrocería reforzada y neumáticos especiales

Se estima que en septiembre ya estará lista la unidad blindada del presidente (Shutterstock).

La seguridad del Presidente es un tema de Estado. Desde hace varios meses que los organismos de seguridad estatales prevén dotar a la flota de vehículos oficiales con un auto blindado. La Mercedes-Benz Vito, de producción nacional, sería la elegida para respaldar la integridad del máximo mandatario.

"No tenía vehículo blindado, pero ahora va a tener. Esto se había decidido hace tiempo", determinó Patricia Bullrich, ministra de seguridad, luego de un confuso incidente que involucró a la comitiva presidencial y a un grupo de manifestantes en Mar del Plata. Sin embargo, Bullrich no develó detalles del modelo ni características del nivel de protección del vehículo.

Las especulaciones atribuyen a la camioneta de estirpe alemana como la seleccionada para custodiar la figura presidencial. Las conjeturas también asocian a Blindados Dietrich, la compañía perteneciente a la familia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como la encargada para realizar la tarea del blindaje. La firma familiar ya blindó el Volkswagen Vento del jefe de la AFIP, Alberto Abad, las patrullas vecinales Toyota Hilux del intendente de Vicente López, Jorge Macri, y fue designado para operar sobre las 32 Toyota Hilux y cinco Volkswagen Polo del intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela.

El modelo elegido tiene espacio suficiente para que ocho pasajeros viajen de modo confortable El modelo elegido tiene espacio suficiente para que ocho pasajeros viajen de modo confortable

La Mercedes-Benz Vito habría sido solicitada en febrero. El proceso de blindaje del modelo comercial que la compañía germana fabrica en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino, La Matanza, debería estar disponible para septiembre. La versión más económica de esta camioneta con capacidad de hasta ocho personas no desciende de los USD 35 mil, mientras que las opciones full oscilan entre los USD 53 mil. A estos montos estándares, habría que incorporarle el costo de personalización: la instalación de los sistemas de seguridad que la Casa Militar, el organismo encargado de la custodia presidencial, considere prioritario para los traslados oficiales.

En la Argentina, un blindaje completo cuesta entre USD 25 mil y USD 35 mil. Vidrios antibala, carrocería reforzada y neumáticos especiales son los complementos que integran el proceso de protección sobre vehículos. Denis Pitarch, de Auto Seguro, dialogó con Infobae sobre un tema álgido en la coyuntura política: "El mercado se ha diversificado. La tecnología nos ha permitido realizar blindajes livianos que no modifican estructuralmente el vehículo. Hoy es posible blindar cualquier tipo de auto sin renunciar al confort".

El presidente suele movilizarse en la minivan estadounidense Chrysler Town&Country

Los vidrios antibalas son cristales reforzados con distintas capas de láminas que duplican el grosor original sin la obligación de reestructurar las puertas. Para incrementar la resistencia vandálica en la carrocería, se coloca un material denominado aramida, un elemento sintético, ligero, similar a una tela que actúa como una telaraña que frena y absorbe la potencia del proyectil. Las casas dedicadas al blindaje también instalan en cada rueda un sistema que garantiza movilidad ante ataques a los neumáticos. El "run flat" le otorga al vehículo la facultad para seguir circulando aunque la cubierta se desinfle o estalle gracias a un aro de acero incorporado al neumático, capaz de asimilar el impacto y continuar con la marcha a cierta velocidad y realizar una distancia significativa.

Los blindajes livianos que suelen realizarse en los vehículos de particulares, en la órbita empresarial, política y judicial, deportistas o famosos, no incrementan en demasía el peso neto del auto. En caso de que la Mercedes-Benz Vito del presidente sea diseñada con los materiales más seguros, es probable que la unidad deba ser reparada para que tanto el motor como los amortiguadores resulten eficientes en procura del rendimiento que exige un modelo para tales efectos.

En Argentina, la actividad empezó a generar adeptos tras la crisis de 2001. La inseguridad, el detonante íntimamente asociado al despertar del blindaje en los autos. Los especialistas estiman que cerca de 600 unidades por año se someten a reparaciones con propósitos preventivos, un total aproximado de 6000 registrados por el Registro Nacional de Armas (Renar), el organismo que debe suministrar un permiso oficial de circulación. Los autos blindados revisten condiciones similares a las armas de fuego: deben ser controlados por el Estado y sus propietarios deben presentar un certificado limpio de antecedentes penales y testificar un medio de vida lícito.

La Mercedes-Benz Vito se fabrica en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino, La Matanza

"Los clientes consultan sobre qué material se necesita para frenar las balas de los calibres que se suelen utilizar en el país", puntualizó el experto. En el plano mundial, se distribuyen cinco niveles de blindaje, del RV1 al RV5. El más solicitado por los argentinos es el RV3, capaz de detener proyectiles de .9mm y .44 Magnum. La categoría más alta dispone de facultades para resistir la embestida de un fusil de guerra FAL. Los especialistas explican, sin embargo, que la categoría RV2 es suficiente para satisfacer la demanda del mercado local. Sugieren que el nivel de protección debe medirse en relación a la clase de delito y a las armas que suelen utilizar los delincuentes.

No es comparable la estadística delictiva entre Argentina y Brasil, el mercado más grande de los vehículos blindados del planeta, con un registro de 120.000 unidades con protección extra en las calles y una producción anual que, según datos de la Asociación Brasilera de Blindaje (Abrablim), inscribe entre diez mil y doce mil unidades.

Mauricio Macri dejará de movilizarse sobre vehículos aparentemente vulnerables. Las minivan norteamericanas Chrysler Town&Country, un modelo negro y otro blanco, le dejarán la posta a la Mercedes-Benz Vito, un vehículo de protocolo que podrá no ser como "La Bestia" de Barack Obama pero que garantiza un nivel de seguridad mayor al vigente.