Estados Unidos ofreció colaboración para recuperar bienes de la corrupción

Por Damián Nabot  - La Nación

Daniel Muñoz fue secretario privado de Néstor Kirchner; fue señalado en repetidas oportunidades en los cuadernos de Oscar Centeno como el valijero de la familia presidencial. Fuente: Archivo

De la vertiginosa sucesión de confesiones de coimas con cifras millonarias, el dinero identificado por la Justicia y factible de recuperar representa todavía una ínfima parte. 

Las propiedades por 65 millones de dólares en Miami de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner , representan hasta ahora el mayor monto detectado en el exterior, pero la combinación entre la desidia judicial y el esfuerzo del entorno de Muñoz por desparramar la riqueza en diferentes sociedades confluyeron para trabar su recuperación. Las autoridades de Estados Unidos realizaron un seguimiento de las firmas que se crearon para diseminar los bienes de Muñoz y ofrecieron colaboración para congelar las propiedades, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. Pero el objetivo de recuperar el dinero muestra todavía serios obstáculos.

En contactos de los últimos dos años entre ambos países, las autoridades de los Estados Unidos solicitaron pruebas del origen ilícito del dinero que Muñoz llevó a Miami. Así lo transmitieron en conversaciones reservadas con los representantes argentinos. La información comenzó a ser enviada a Estados Unidos . Pero la traba principal aparece en la falta de avances en la Justicia argentina en el enriquecimiento del exsecretario privado de Néstor Kirchner.

En 2015, el juez federal Luis Rodríguez dictó el sobreseimiento de Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, al asegurar que había sido imposible probar los dichos de la excolaboradora de Kirchner Miriam Quiroga, quien había denunciado la entrega de bolsos con dinero en la Casa Rosada. El fallo fue muy celebrado por el kirchnerismo como una confirmación de la inexistencia de un circuito de pagos en negro. Sin embargo, un año después, gracias a los documentos revelados por LA NACION a partir de la investigación de los Panama Papers, se descubrió que Muñoz había creado firmas inmobiliarias, petroleras y de servicios financiero y que había operado con una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas. La riqueza que la Justicia argentina no había logrado probar estaba escondida en el exterior. Según exhibían los mails de la firma panameña Mossack Fonseca, Muñoz y su esposa estaban vinculados a Gold Black Limited, una compañía fundada con el objetivo de comprar propiedades en los Estados Unidos. Muñoz había llegado en 2003 a secretario de Kirchner con un Volkswagen Gol modelo 99 como único bien. El exsecretario murió en mayo de 2016.

Por las dudas, después del éxito del sobreseimiento de 2015, las firmas vinculadas al entorno de Muñoz se encargaron de correr una carrera frenética para que los fondos pasaran de una sociedad a otra, ya fuera en las Islas Vírgenes o en Andorra, para complicar el rastreo de la riqueza. Para entonces, el marplatense Sergio Todisco y su esposa, Elisabeth Ortín Municoy, habían sido señalados como posibles testaferros de Muñoz y su esposa. El fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, le solicitó al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, que siguiera el rastro de las propiedades de Muñoz, a fin de lograr recuperar los bienes cuando la Justicia argentina dictara una condena. Allí comenzaron los contactos con Estados Unidos. La respuesta fue positiva, pero necesitaban una reacción de la Justicia argentina.

Todisco, quien reconoció que había asumido la representación de la offshore por su amistad con Muñoz, había realizado compras millonarias, que incluían desde departamentos en la avenida Collins valuados en 10 millones de dólares hasta un shopping de 900 metros cuadrados. Entre 2010 y julio de 2015, Todisco y su esposa entonces crearon 13 sociedades en Miami y en el estado de Delaware.

Entrevista exclusiva con el hombre que entregó los cuadernos 15:28

A comienzos del año pasado, una investigación del Miami Herald advirtió que el emporio inmobiliario vinculado a la dupla de Todisco y Municoy había comenzado a vender propiedades millonarias en Florida, incluso resignando ganancias. Entre otras propiedades, el Miami Herald enumeró un negocio en Little Havana por US$13,1 millones; sucursales bancarias en Pompano Beach y Kendall por US$5,8 millones en agosto y US$6,5 millones, y un departamento en la torre de lujo Icon Brickell por US$320.000. Todo en apenas cinco meses.

La mayoría de las sociedades, como informó ayer LA NACION, pasaron a nombre de la panameña Perla Aydeé Puente Resendez y se disolvieron en julio del año pasado.

Con el objetivo de reabrir la investigación, la UIF apeló el sobreseimiento de Muñoz y pidió que, más allá del enriquecimiento ilícito, se investigaran las operaciones del exsecretario de Kirchner por lavado de dinero. La Cámara Federal dio la razón. Pero entonces reaccionó la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien reclamó que se cerrara la investigación porque era "cosa juzgada". El tribunal de Casación aceptó el pedido de Pochetti y la UIF debió recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. Allí, el caso espera una definición, que puede marcar el destino de los 65 millones de dólares desparramados en los Estados Unidos. Desde que llegó la alerta por el origen ilícito de los bienes, los norteamericanos pusieron en marcha un seguimiento de aquellos, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. Sin embargo, cada día que pasa sin un requerimiento judicial la posibilidad de recuperar el dinero se aleja.

La Corte confirmó la extradición de Jones Huala

Un terrorista menos...

Por Candela Ini  - La Nación
El tribunal desestimó el planteo de que se trata de "un delito político"; será enviado a Chile Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

El lonko de la comunidad mapuche Facundo Jones Huala será extraditado a Chile, tras un fallo unánime dictado ayer por la Corte Suprema de Justicia. Allí será juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Está acusado de haber incendiado una propiedad cerca de Valdivia, en 2013. El alto tribunal descartó el planteo del líder mapuche de que la extradición resultaba improcedente por estar referida a delitos políticos o conexos.

Hace menos de un mes le habían concedido al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) la prisión domiciliaria. Estaba detenido en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel desde junio de 2017 y lo trasladaron a la casa de su abuela en una localidad chubutense, tras un fallo de la Sala II de Casación.

En marzo de este año, el magistrado subrogante en Bariloche Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición del referente mapuche a Chile, pero la defensa interpuso un recurso extraordinario. Ese fue el elemento que resolvió ayer la Corte Suprema. El fiscal chileno Sergio Fuentes Paredes pidió la extradición en cuanto Huala fue detenido en la Argentina, en junio del año pasado.

La defensa de Huala argumentaba que "en caso de ser extraditado existiría riesgo de persecución por raza y nacionalidad o de que se aplicara una pena cruel, inhumana y degradante". El argumento fue desestimado por la Corte.

Jones Huala fue detenido el año pasado por segunda vez. En 2015 ingresó, junto a seis familias de la comunidad mapuche, a un predio que pertenece a la familia Benetton -que posee un millón de hectáreas en el sur- en territorio Cushamen, al noroeste de Chubut.

La ocupación de las tierras disparó las acciones judiciales. El año pasado, mientras un grupo de integrantes de la resistencia mapuche reclamaba la excarcelación del lonko y se efectuaba el corte de la ruta nacional 40, una orden judicial de desalojo a manos de efectivos de la Gendarmería Nacional enfrentó a gendarmes y manifestantes. Tras los enfrentamientos, resultó muerto el joven Santiago Maldonado.

El año pasado, en una entrevista con LA NACION, Jones Huala dijo que su lucha plantea "la recuperación de tierras productivas y sagradas en manos de latifundistas para desarrollar autonomía mediante el trabajo propio". Huala admitió que aspira "al control territorial, expulsando los latifundios y a las transnacionales" y aseguró que no permitirá "que se instalen empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas en nuestro territorio".

Tras el fallo del juez Villanueva, en marzo de este año, para que Huala fuera juzgado en Chile, integrantes de la comunidad mapuche y miembros de la RAM realizaron protestas y cortes de rutas. Quienes lo apoyan sostienen que la extradición forma parte de una persecución.

La Corte dispuso que "el tiempo de privación de libertad al que estuvo sujeto el requerido durante el trámite de extradición sea computado por las autoridades de la República de Chile como si este lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento". Los jueces Ricardo Lorenzetti , Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda desestimaron los planteos de la defensa de Jones Huala. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se pronunciaron en sentido favorable a la procedencia de la extradición con consideraciones propias.

El juicio contra Jones Huala por los delitos que se le imputan se realizaría en Chile 60 días después de producirse su extradición desde la Argentina.

Se derrumba el imperio ferroviario que creció en base a subsidios y silencio

Por Diego Cabot - La Nación

La Argentina tuvo cuatro concesionarios de trenes de pasajeros en los últimos 25 años. Dos de ellos están imputados y declararon como colaboradores, uno tiene una orden de detención y el cuarto, todavía está en libertad.

Fuente: Archivo - Crédito: Maxie Amena

Aldo Roggio primero, y luego Gabriel Romero, fueron los primeros indagados qué empezaron a desnudar el oscuro mundo del transporte. Hoy la Justicia libró una orden de detención para arrestar a Sergio Taselli, otro de los históricos concesionarios de trenes que tuvo a su cargo el ramal Roca y el Mitre hasta que Néstor Kirchner se lo quitó. De aquel universo de empresas ferroviarias, todavía no se sabe nada de Claudio cirigliano, el hombre responsable de trenes de Buenos Aires (TBA) que tuvo la explotación del ramal Sarmiento y del Mitre hasta poco después de la Tragedia de Once.

El único prófugo de los cuadernos autorizó una indemnización millonaria cuando dejó Yacyretá

Fue el transporte, con subsidios millonarios, obras públicas en ramales que nunca se hicieron y la reparación del material ferroviario, una enorme caja negra que financió la política e hizo millonarios a varios funcionarios.

Ahora, aquella estructura, que convivió con la caída del sistema y el aumento de los subsidios, parece desmoronarse después de que la causa de los cuadernos de las coimas le oxidara los cimientos.

Este sálvese quien pueda amenaza con revelar algunos de los secretos mejor guardados de la política argentina. Ni Ricardo Jaime, aquel Secretario de Transporte puesto por Néstor kirchner para manejar una caja de dinero discrecional, ni los concesionarios, pudieron explicar jamás cómo fue la sospechosa operación de la compra de un jet privado para que Jaime se moviera por la Argentina y la región. Quizá 10 años más tarde se puede empezar a conocer qué sucedió entonces y quién puso los millones de dólares necesarios para comprar aquel Lear Jet que poco después originó la caída del exfuncionario.

El derrumbe de la forma de manejar los trenes durante el kirchnerismo, que pregonó durante muchos años la idea de la revolución ferroviaria, es, quizás, una de las tramas más esperadas por muchos.

Si bien no todos los concesionarios tuvieron la misma prestación -Ferrovías y Metrovías aunque reconocieron haber pagado retornos de los subsidios mantuvieron mucho mejor su servicio- es hora de que se conozca cómo fue el corrupto sistema que generó las muertes en las vías.

Los familiares de la tragedia de Once, y una enorme cantidad de argentinos que padecieron aquellos años de desidia ferroviaria, se merecen conocer qué negocios se engendraron detrás del pésimo servicio y quiénes fueron los funcionarios, empresarios y sindicalistas que disfrutaron de los millones mientras pasajeros viajaban como animales.

Si esta causa también avanza sobre Cirigliano, circunstancia que no habría que descartar si se mira quiénes otros están implicados, gran parte de los protagonistas podrán contar por qué las obras no se hacían cuando se cobraban. O por qué los proyectos salían mucho más caros de lo que costaban. O cuál fue la decisión que primó para contratar empresas de servicio para trabajos como la limpieza o la mantención, que eran de ellos mismos o de algún sindicato amigo.

Según la declaración que abrió la puerta, que realizó Aldo Roggio, dueño de Metrovías -concesionaria del subterráneo porteño y del ferrocarril Urquiza-, la empresa entregaba periódicamente a la Secretaría de Transporte el 5% de los subsidios que recibía. Entre 2003 y 2015, su empresa recibió $211,9 millones. Se puede concluir que aportó unos US$49,59 millones a la recaudación ilegal, según la cotización del último día de cada año de los pagos. Si el esquema se repitió con cada empresa ferroviaria, esa cifra llega a US$344,4 millones.

El empresario Gabriel Romero admitió haber pagado 600 mil dólares para que Cristina Kirchner firmara un decreto presidencial

Por Omar Lavieri - olavieri@infobae.com

El dueño de EMEPA declaró en la justicia que pagó coimas para que el gobierno le extendiera la concesión de la Hidrovía. También afirmó que le daba sobornos a Ricardo Jaime. Rodolfo Poblete, segundo de Romero, fue liberado ayer por la tarde por orden del juez Claudio Bonadio

El empresario Gabriel Benjamín Romero, dueño de EMEPA

El 20 de enero de 2010 el puntilloso chofer Oscar Centeno hizo una anotación que reza: "13.35. Ministerio, lo llevé al Lic y a Nelson a Corrientes 316, donde nos esperaba un señor. Luego subió al edificio con el Lic Baratta; luego bajaron con un bolso con dinero aproximadamente por el tamaño unos 800.000 U$S, subió al auto con el bolso el Lic. y los llevé al Ministerio".

El licenciado del que habla Centeno es Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante los 12 años de kirchnerismo.

Nelson es Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta, quien, según el relato de Centeno, era el fiel compañero en las tareas recaudatorias en bolsos de coimas. Baratta y Lazarte están detenidos por orden del juez Claudio Bonadio, a cargo del caso que comenzó a partir de las copias de los cuadernos de Centeno. 

La dirección que aparece en aquella anotación del chofer de Baratta es la del edificio donde se encuentra la sede central de la empresa EMEPA.

El martes, Gabriel Benjamín Romero, dueño de esa importante compañía, declaró como arrepentido ante Carlos Stornelli, el fiscal del caso iniciado por los cuadernos. Ayer volvió a declarar ante el juez y el fiscal del caso. Admitió  haber entregado dinero a Baratta aquel día. La empresa EMEPA explota desde hace unos 20 años un enorme negocio que es la Hidrovía y también está a cargo de Ferrovías, que explota ferrocarriles, que estaba bajo la supervisión de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, preso y coimero confeso.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes vinculadas a la investigación, Romero admitió dos pagos, uno que se hizo el 20 de enero de 2010, un día antes que se publicara el decreto 113/2010 por el que se renegociaron las condiciones del contrato de explotación de la Hidrovía. A partir de ese decreto el Estado le extendió en el tiempo la concesión del cobro de peajes por el río a la firma Hidrovía S.A. y le permitió ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.

Por su parte, la empresa se comprometía a modernizar el sistema de señalización y el dragado. El otro pago se produjo semanas después de la firma del decreto de Cristina Kirchner. Aunque en la cifra no coincidió con lo que había escrito Centeno. Era un poco menos que lo narrado por el ex chofer de Baratta. Fueron 600.000 dólares.

Decreto 113/2010

Aquel decreto firmado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ratificaba el acuerdo que había rubricado la empresa Hidrovía S.A. con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, que básicamente adecuó los convenios con los prestadores luego de la salida de la convertibilidad de 2002.

El decreto por el cual el Estado acordó con la firma Hidrovía fue firmado también por el entonces ministro de Economía Amado Boudou, el de Planifiación, Julio De Vido, y por quien fuera jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Romero señaló que se hicieron dos pagos por el decreto y que, según Baratta, que fue el cobrador, ese dinero debía "subir" en la escala gubernamental. A raíz de las confesiones de Romero, el juez Bonadio ordenó liberar a Rodolfo Poblete, directivo de EMEPA, por debajo del dueño.

Pero esto no fue lo único que confesó Romero. También explicó que era un contribuyente habitual a otro sector de la recaudación kirchnerista: dijo que coimeaba a Jaime, quien tenía la autoridad de control sobre el ferrocarril que explotaba y aún explota EMEPA.

En consonancia con lo que ya había dicho el empresario Aldo Roggio, Romero admitió haberle pagado a Jaime el cinco por ciento de los subsidios. Pero como Jaime también tenía la supervisión de la Hidrovía, Romero también admitió haberlo sobornado por ese negocio. Le daba una suma fija anual, cercana a los 500 mil dólares, al ex secretario de Transporte.

Jaime, quien está preso por otros casos de corrupción y en 2015 confesó haber cobrado coimas de dos empresas: Trenes de Buenos Aires y la Terminal de Ómnibus de Retiro.

En la causa de los cuadernos se suman testimonios que describen con crudeza el sistema de recaudación de coimas organizado por el kirchnerismo. Con la complicidad de los empresarios.

Camuzzi desistió del juicio que mantenía contra Argentina ante el CIADI

(Ambito.com) - Camuzzi Internacional anunció que desistió del juicio internacional llevado adelante contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Este anuncio, que se corresponde con el compromiso asumido por las licenciatarias Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, a partir de la Revisión Tarifaria Integral llevada adelante por el Gobierno nacional, se suma a los desistimientos de los procesos arbitrales comprometidos por Gas Natural Ban y Transportadora de Gas del Sur, que fueron presentados ante el mismo tribunal internacional.

El proceso databa de 2002 y estaba suspendido desde 2007 a la espera del laudo. Incluía un pedido de indemnización por u$s 337 millones como "resarcimiento de los perjuicios sufridos como consecuencia de los hechos y medidas dispuestos por la República Argentina a partir de la situación de emergencia establecida por la Ley 25.561 y por la anulación de la aplicación de los ajustes tarifarios por aplicación del Producer Price Index de los Estados Unidos de América". 

En el comunicado firmado por el vicepresidente de Camuzzi Internacional, Stefano Barbiera, la empresa anuncia que con el fin del proceso arbitral cumplirá con los compromisos asumidos por Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A respecto del Estado Nacional, al tiempo que ratifica su "histórico compromiso con sus inversiones en la República Argentina".

Por la investigación, podrían revisarse obras de energía por US$12.000 millones

Por Mariano Obarrio  - La Nación

Son los proyectos en marcha o por iniciarse que fueron adjudicados a las siete empresas cuyos ejecutivos fueron detenidos por el juez Bonadio

Desatado el escándalo de los cuadernos de las coimas del kirchnerismo, el gobierno de Mauricio Macri podría revisar las obras de energía adjudicadas y en ejecución, que totalizarían US$11.968 millones, correspondientes a las siete empresas cuyos dueños o ejecutivos fueron detenidos en la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio . Según confiaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, ello no implica que el ministro de Energía, Javier Iguacel , vaya a rescindir o cancelar todas las adjudicaciones. Pero según el avance de la causa podrían quedar en la mira.

Tras las revelaciones de LA NACION sobre los cuadernos manuscritos del exmilitar Oscar Centeno, quedaron detenidos ocho empresarios de siete grandes firmas. Ellos son Carlos Wagner, de Esuco, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra, de Electroingeniería; Francisco Valenti, de Impsa; Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux; Armando Loson, de Albanesi; Carlos Mundin, de BTU, y Javier Sánchez Caballero, de Iecsa.

Según la información pública, el más beneficiado y que podría resultar más perjudicado es Gerardo Ferreyra (Electroingeniería). Tiene proyectos en marcha por algo más de US$6100 millones. Los más importantes son las represas Cóndor Cliff y Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, por US$4714 millones, con un 20% de ejecución. También la central de ciclo combinado Belgrano II, por 1320 millones, no ejecutada; la extensión de vida de la central nuclear Embalse, por 80 millones, ejecutada en un 85%, y las líneas de alta tensión de 500 kW Rincón Santa María, en un 90%.

En total, el exministro de Planificación Julio De Vido licitó en sus doce años de gestión obras por US$200.000 millones. "Si hubo 10% de coimas, podría alcanzar los 20.000 millones", dijo un funcionario.

El monto de contratos vinculados a la energía con las siete empresas investigadas fue de al menos US$21.992 millones. En el Gobierno señalaron que las denuncias penales por sobreprecios, las rescisiones de contratos y las cancelaciones de obra ante posibles hechos delictivos son anteriores a los cuadernos y surgieron con Aranguren como ministro.

El listado de obras no implica que se haya pagado coima en todas. El Gobierno asegura que no tuvo impugnaciones hasta ahora. Sin embargo, varias obras fueron canceladas, rescindidas y denunciadas en la Justicia, como los fondos desviados en Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la expansión de gasoductos de 2006-2007, entre otras.

La obra más conflictiva para rescindir es la de las represas de Santa Cruz , porque participan empresas de China, que podría demandar a la Argentina y desatar un conflicto diplomático.

Los proyectos con contratistas locales no generarían problemas para Iguacel. Si se verifican ampliaciones presupuestarias, sobreprecios u otras irregularidades, a la luz de los cuadernos, las denunciará ante la Justicia y las rescindiría, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

En el caso de Wagner (Esuco), en la mira está GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y un 98% de ejecución. Por eso no se rescindiría. Pero Wagner tiene obras pendientes de otros rubros.

En cuanto a Valenti, de Impsa, se podría revisar eventualmente la obra en la central de Embalse, por US$159 millones, que no se ejecutó aún. También está el reactor Carem para la CNEA, por 78 millones, tampoco ejecutada. En total son 237 millones.

Si se investiga a Isolux, aparecería en el radar el cierre de ciclos de las centrales Ensenada y Brigadier López, por US$1000 millones, y la central térmica de Río Turbio, por 1800 millones, pero ambas fueron rescindidas.

En el caso de Loson, de Albanesi, se podría revisar la central térmica Arroyo Seco por US$395 millones; la central Ezeiza; el cierre de ciclo Maranzana, por 95 millones, y el cierre de ciclo Roca, por 80 millones.

Sobre la detención de Mundin, de BTU, podrían plantearse dudas sobre la obra de GNEA Ramales en Chaco y sobre la Expansión Santa Cruz, Etapas I-II y III, por 615 millones. En esta última fue cancelada la etapa III por posibles irregularidades.

En el caso de Iecsa se rescindió la obra del cierre de ciclos Ensenada y Brigadier López por US$1000 millones, por posibles irregularidades. Y se podría revisar su participación en el Gasoducto Regional Centro II, por 60 millones.

Listas de obras de empresarios detenidos - Posible revisión, canceladas o rescindidas

Carlos Wagner, Esuco

• GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y 98% de ejecución. No se revisaría
• La empresa tuvo otras obras en otras áreas de Planificación

Armando Loson, Albanesi SA

• Central Térmica Cogeneración Arroyo Seco, por US$395 millones, al 25% de ejecución
• Central de ciclo combinado Ezeiza, al 25% de ejecución
• Cierre de ciclo Maranzana, por US$95 millones, al 30% de ejecución

Juan Carlos de Goycoechea, Isolux

• Cierre de ciclos de Ensenada y Brigadier López, por US$1000 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades
• Central Térmica de Río Turbio, por US$1800 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades

Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra, Electroingeniería

• Represas Cóndor Cliff y Barrancosa, río Santa Cruz, por US$4714 millones, 20% de ejecución
• Ciclo combinado Belgrano II, por US$1320 millones, no ejecutada
• Extensión de vida central nuclear Embalse, US$80 millones, ejecutada al 85%
• Líneas de alta tensión Rincón Santa María, 90% de ejecución

Carlos Mundin, BTU SA

• GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y 98% de ejecución. No se revisaría
• Expansión de gasoductos Santa Cruz, etapas I-II y III, por US$615 millones y 50% de ejecución. Fue cancelada en la etapa III por posibles irregularidades

Javier Sánchez Caballero, IECSA

• Cierre de ciclos Ensenada y Brigadier López por US$1000 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades
• Gasoducto Regional Centro II, por US$60 millones, en un 60% de ejecución

Francisco Valenti, Impsa

• Extensión de Vida Central Nuclear Embalse, por US$159 millones, sin ejecución
• CNEA Reactor Carem por US$78 millones, sin ejecución
• 11.968 Millones de dólares

Es el monto que suman las obras que están en revisión o directamente fueron canceladas tras las investigaciones por presunta corrupción en las empresas ahora bajo la lupa

21.292 Millones de dólares - Es el monto que suman todos los contratos vinculados a obras energéticas firmados con las empresas ahora investigadas. No implica que se hayan pagado coimas en todas

4714 Millones de dólares - Es la cifra más alta comprometida en las obras en investigación. Corresponde a los contratos de construcción con Electroingeniería y una empresa china para las represas Cóndor Cliff y Barrancosa

20% Avance de la obra - Es el porcentaje que se lleva ejecutado del proyecto de construcción de las represas Cóndor Cliff y Barrancosa, ubicadas en la provincia de Santa Cruz, sobre el río del mismo nombre

Juez Claudio Bonadio: "Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner"

(Infobae.com) - En la imputación, el juez sostiene que la finalidad de esa asociación ilícita "fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”

Néstor y Cristina Kirchner (Eduardo Longoni)

El juez Claudio Bonadio imputó este jueves a los indagados por el caso de los cuadernos de la corrupción como integrantes de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.

En la imputación, a la que accedió Infobae en fuentes vinculadas a las defensas de los acusados, se señala que se los acusa de: "integrar una asociación Ilícita… la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2008 hasta noviembre del año 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

"La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente", agrega la imputación.

"El dinero era entregado alternativamente a los titulares del poder ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 CABA, en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa de Gobierno, parte de ese dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", contínúa.

Y sigue: "La maniobra fue organizada por Julio Miguel De Vido (entonces Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios) y Roberto Baratta, (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Minsterio de Planificación) quienes, desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaban los cobros comprometidos. Los cobros fueron recaudados por Baratta y Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta); también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos, Walter Fagyas (presidente de ENARSA), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del ministerio de Planificación), Hernán Camilo Gómez(funcionario de la subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación Federal) y Fabián Ezequiel García Ramón /director nacional de energías renovables y eficiencia energética del ministerio de Planificación Federal). Los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/ cobros por Oscar Bernardo Centeno, que recibía órdenes de Baratta y De Vido".

En otro apartado de la imputación, Bonadio les describió a los imputados cómo funcionaba el esquema de recolección de bolsos: "El sistema estribaba básicamente en una serie de puntos fijos de recaudación en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios de los cuales recibían dinero en efectivo principalmente en moneda estadounidense, alternativa mente esos puntos fijos se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el pase de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas. Después de un episodio confuso el 22 de octubre de 2015, en el cual, personas desconocidas intentaron interceptar el automóvil del Ministerio que había retirado una recaudación de "Supercemento SAIC", el sistema cambió, y los empresarios debían concurrir al Ministerio de Planificación,  ingresar por el estacionamiento privado y de allí accedían directamente al despacho de Baratta".

Y agrega que "con posterioridad solo esporádicamente autos oficiales pasaban por alguna empresa a retirar la recaudación. En este contexto se puede afirmar que había un primer círculo de percepción de fondos conformado por quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los fondos involucrados. En un segundo círculo estaban quienes a su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a quienes en definitiva comandaron y organizaron este sistema. Quienes integraban el primer círculo se encontraban entre otros Roberto Baratta, Walter Rodolfo Fagyas, Nelson Javier Lazarte, Fabián Ezequiel García Ramón, Hernán Camilo Gómez, Rafael Enrique Llorens, y Germán Ariel Nivello. En el segundo nivel quienes recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas eran José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Daniel Muñoz. Finalmente  quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio, que por cierto no es el único, según conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron este tribunal o son de público y notorio son Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández y Julio Miguel De Vido".

También describió Bonadio en la imputación a los receptores de las sumas de dinero que según Centeno estaban en los bolsos: "Entre las personas que recibían el dinero que les llevaban los nombrados se encuentran entre otros Igor Rudy Fernando Ulloa, Oscar Parrilli-Secretario General de la Presidencia y Director de la Agencia Federal de Inteligencia-, Héctor Daniel Muñoz-secretario privado de Presidencia-, Hugo Martín Larraburu-coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros-, Juan Manuel Abal Medina-Jefe de Gabinete de Ministros-, José María Olazagasti-Secretario Privado de De Vido-, Jorge Omar Mayoral -Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal-, y Germán Ariel Nivello -Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal".

"Los recaudadores de la asociación ilícita-señala la imputación que hizo Bonadio-contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por una suma aproximada de dólares estadounidenses TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (USD 35.645.000,00); en un sin número de oportunidades entre 2008 y 2015 lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita".

Los empresarios identificados como pagadores por Bonadio son Carlos Guillermo Enrique Wagner, Armando Roberto Loson, Héctor Javier Sánchez Caballero, Francisco Rubén Valenti, Carlos José Mundín, Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luis Ferreyra, Oscar Juan Carlos de Goycoechea, Néstor Otero y Claudio Javier Glazman. En ese listado Bonadio sumó a Alfredo Thomas, quien estuvo a cargo del Ente Binacional Yaciretá.

La Justicia embargó al gremio de los Moyano por más de mil millones de pesos

(Infobae.com) - El juez laboral José Ignacio Ramonet hizo lugar a una presentación del Gobierno contra Camioneros. Es por negarse a pagar una multa por no acatar una conciliación obligatoria en diciembre de 2017

El juez laboral José Ignacio Ramonet hizo lugar a una presentación del Ministerio de Trabajo y ordenó un embargo de $809.790.710 más intereses de $242.937.213  al gremio de Camioneros por negarse a pagar una multa por no acatar una conciliación obligatoria en diciembre de 2017.

La presentación de la cartera laboral se había llevado a cabo este lunes por la tarde, cuando el ministro Jorge Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros.

El juez Ramonet decretó el embargo preventivo y pidió que se libren oficios al Banco Provincia de Buenos Aires, al Banco de la Nación Argentina, al Banco Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro "a fin de que traben la medida ordenada por la suma de $ 269.930.236,66 -con más la de $ 80.979.071- cada uno en la forma dispuesta precedentemente".

El lunes, el Gobierno cumplió con la advertencia que había realizado hacia fines de la semana pasada. Y el ministro Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros por el incumplimiento de una conciliación obligatoria en diciembre de 2017, es decir, el pedido de embargo preventivo de las cuentas del gremio conducido por la familia Moyano.

La decisión de la Justicia se tomó a raíz de la negativa de Camioneros de pagar la multa de $810 millones impuesta por la Justicia por no haber acatado una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio a fin del año pasado. Los Moyano apelaron la decisión judicial, pero no abonaron la multa, como prevé la ley.

La relación entre el camionero y el Gobierno entró en su etapa de máxima tensión. La semana pasada, antes del viaje a Sudáfrica, Macri había dejado trascender entre sus colaboradores que Moyano no se adaptaba a los "cambios". El líder sindical había amenazado con un nuevo paro y había comparado a la gestión de Cambiemos con la dictadura.

"Camioneros incumplió la conciliación en diciembre del año pasado, como lo hizo también en junio de este año, y la aplicación de la multa es por el incumplimiento", había explicado Triaca. Y agregó: "Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante".

Respuesta de Camioneros

Daniel Llermanos, uno de los abogados que defiende los intereses del sindicato de los Moyano, calificó al fallo de Ramonet como "bochornoso". "Se trata de una medida aberrante desde lo político y lo jurídico", sostuvo el letrado, que advirtió que la decisión podría paralizar el funcionamiento del gremio. "Con esa plata se paga a los empleados, a la obra social. Es la que hace funcionar al sindicato. El daño ya está causado, alguien va a tener que pagar el daño", sostuvo en diálogo con A24.

Por otra parte, Hugo Moyano (hijo), abogado del Sindicato de Camioneros, aseguró que "es notable que esta es una operación de carácter político" y que se trata de "una situación de extrema gravedad institucional". "Mañana nos vamos a reunir en el sindicato y evaluaremos los pasos a seguir. Esta multa sería muy grave para el movimiento obrero en su conjunto", explicó.

Megaoperativo por coimas: citan a indagatoria a Cristina, detuvieron a 12 personas y buscan a otros prófugos

(Ambito.com) - Una ola de detenciones de exfuncionarios y empresarios, y un llamado a indagatoria a la expresidente Cristina de Kirchner, conmovieron la agenda política, en el marco de una causa que investiga presunta corrupción y pago de coimas en la concesión de obras públicas.

El juez federal Claudio Bonadio citó a prestar declaración indagatoria a la exmandataria para el próximo 13 de agosto. Pero también fueron citados el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el empresario Rudy Ulloa y el ex juez federal Norberto Oyarbide.

Roberto Baratta, exnúmero dos de Julio De Vido como secretario de Coordinación y Gestión en el ministerio de Planificación Federal, fue detenido por orden del juez Claudio Bonadio por una causa en la que está investigado por transportar bolsos con dinero para pago de coimas a empresas contratistas de obra pública.

La investigación se inició por una denuncia de la exesposa del exchofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno, quien fue aprehendido el martes por la tarde. En 2017, la denunciante aseguró haber visto a Centeno repartiendo bolsos con dinero, que provendrían de una red de coimas.

En total, se produjeron más de 30 allanamientos en distintos puntos de la Capital y la provincia de Buenos Aires y son al menos 12 los detenidos, entre ellos los empresarios Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, directivos de la empresa Electroingeniería, Javier Sánchez Caballero, de la firma IECSA; Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi; y Carlos Mundín, dueño de la firma BTU. También fueron apresados el expresidente de ENARSA Walter Fagyas, Rafael Llorens, exfuncionario de Planificación, Nelson Lasarte, ex secretario de Baratta y Hugo Larraburu, exsubsecretario de Legales del ministerio. 

Baratta ya había sido detenido en octubre de 2017 por supuestos sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado. Pero en marzo de este año recuperó su libertad. Este miércoles por la mañana, efectivos lo fueron a buscar a su departamento de Begrano, donde se entregó pacíficamente, con gesto adusto, en silencio y portando una mochila.

Los detenidos están acusados de integrar una supuesta asociación ilícita que se habría dedicado al pago de sobornos que entregaban empresarios de la obra pública. Según la investigación, todo lo recaudado terminaba en el domicilio particular del matrimonio Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, en la residencia presidencial oficial en la localidad de Olivos, o en las oficinas de la Jefatura de Gabinete. 

El disparador de la pequisa fue registro íntimo del chofer, donde quedó anotado en ocho cuadernos los días, horarios, nombres, direcciones y cantidades de dinero que se habrían trasladado en su vehículo Toyoya, del 2010 al 2015, y que fueron enviados en una caja cerrada al diario "La Nación". Tras la publicación de esa información, los cuadernos llegaron a la Justicia. Para ordenar las indagatorias y detenciones, Bonadio se sirvió de los escritos a puño y letra y de la declaración de la exmujer del remisero. 

Según cálculos de la Fiscalía citados por el periódico, por el auto que condujo el chofer detenido pasaron 160 millones de dólares. Los investigadores advierten que la cifra podría ser cerca de un 50 por ciento mayor si se toman en cuenta anotaciones realizadas sin montos concretos.

Ocho días antes de dejar el poder, Julio De Vido hizo pagar U$S 70 millones por un gasoducto que nunca se hizo

Por Daniel Santoro - Clarin.com

La Oficina Anticorrupción presentará el lunes una nueva denuncia contra el ex ministro de Planificación por una obra inconclusa en Santa Cruz.

Cristina Kirchner, Julio De Vido y Daniel Peralta, Gobernador de Santa Cruz, en un acto en Santa Cruz. OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz.

Una de las coartadas favoritas del ex ministro de Planificación Julio De Vido en las causa por corrupción es decir que la responsabilidad fue de sus subordinados y que él no firmó los contratos cuestionados. Por primera vez, se encontró la firma de De Vido en un polémico contrato para la construcción de un gasoducto en San Cruz por 218 millones de dólares. El contrato se negoció sin licitación pública, sin auditorías y “con sobreprecios” en las últimas semanas del gobierno de Cristina Kirchner. Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado, entre otras irregularidades. Es decir, 8 días antes de entregar el poder al gobierno de Mauricio Macri. El resto de los 218 millones no se alcanzaron a entregar porque el entonces ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren ordenó frenar los pagos.

Firma de De Vido en un contrato por un gasoducto en Santa Cruz.

Por estos y otros “agujeros negros”, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, denunciará el lunes ante la justicia federal a De Vido, al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a los ex secretarios de Energía Daniel Cameron y Mariana Matranga, al ex titular del ENARGAS, Antonio Pronsato y al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin. La denuncia incluye a los ex miembros de Nación Fideicomisos Enrique Arceo, Gabriel Camilletti, Daniel Celestino Fernández, Roberto Mandolesi, Daniel Moreno, Patricia Finvarb, Marias de las Mercedes Archimbal, Cecilia Carabelli, Federico Marongiu, María Suárez Villabona y Federico Casanovas y a los directivos de la empresa estatal Distrigas Oscar Riego y Segundo Santana.

Los acusados serán denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude al Estado y quizás lavado de dinero.

La empresa BTU ya había sido investigada, como subcontratista en las causas Skanska y Odebrecher. Su titular Carlos Mundín había contestado por entonces que “nosotros no pagamos coimas y no presentamos sobreprecios. Y acá nos ven: no somos una empresa fantasma. Tenemos 120 empleados, 25 de ellos ingenieros".

En la denuncia de la OA, adelantaron a Clarín fuentes del gobierno, se afirma que “se aumentaron injustificadamente los precios de la obra, alteraron las condiciones de los mecanismos de financiamiento y autorizaron pagos totalmente ilegales, en su propio beneficio y en detrimento del patrimonio estatal”.

Las obras en cuestión tenían como objeto el abastecimiento de gas natural a 2.500 usuarios de pequeñas localidades del norte de la provincia con el fin de sustituir el consumos de gas licuado propano por redes (GLP) por gas natural y evitarle así al Estado Nacional el pago de subsidios a perpetuidad que hacía del precio a granel del gas propano. El proyecto original consistía en un paquete de obras que debían contar con un mismo financiamiento y se dividió en 3 etapas que abarcaban distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Se aclaró desde un inicio que, debido a las extensiones del territorio y la densidad de población, algunas partes eran más rentables que otras que no lo eran, como la etapa 3 sobre la que versa la denuncia.

En cuanto al supuesto fraude, la OA sostendrá que “desde su inicio, las partes dispusieron cambios en el proyecto original que implicaron una alteración de su objeto, un aumento injustificado de precios y alteraciones en las condiciones de emisión de los instrumentos de financiamiento que tuvieron como objetivo defraudar al Estado Nacional y beneficiar a quienes formaron parte de la obra”. Las fuentes comentaron que, tras las renegociaciones, el nuevo valor base del contrato en la etapa III, medido en dólares, "fue 771 % mayor que el monto consignado en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Locación de Obra de 2005".

“La razón del escandaloso aumento fue el resultado de las sucesivas actualizaciones, sobreprecios y cambios en el proyecto original que fueron producidos por Distrigas y autorizados por ENARGAS de manera fraudulenta”, comentaron las fuentes.

La irrazonabilidad en el incremento del precio final de la obra que se fijó en 2015 también se ve al realizar una comparación del precio en dólares por pulgada-metro presupuestada por ENARGAS en otros proyectos lo que demostraba importantes sobreprecios en la Etapa III. Comparado Santa Cruz Etapa III con cuatro proyectos anteriores en la provincia, el monto fue “6000 % superior al proyecto Daireaux (60 veces más), 2500 % superior al de Gasoducto Patagónico, 1000 % superior al de Etapa I y 600 % superior al de Etapa II”.

En Comodoro Py se dice que fue el contrato “más rápido de la historia argentina” porque el gobernador Peralta envía una nota De Vido el 15 de agosto de 2015 pidiendo los fondos para Etapa III por 3.280 millones de pesos. Al día siguiente firman Peralta y De Vido el Convenio específico “no reintegrable” por esos 3.280 millones.

El 2 de octubre Peralta pide a De Vido el primer desembolso por 984 millones que se paga el 2 de diciembre de 2015 sin ningún tipo de avance de obra, sólo a modo de anticipo. Esos 984 millones ingresaron al fideicomiso y éste le pagó a BTU 974 millones.

 Luego Peralta pide el segundo desembolso el 20 de noviembre de 2015 presentando como respaldatorio el “primera certificado de avance de obra” que contenía solo la “ingeniería de proyecto y acopio de materiales” que eran de 2008 y certificaba un escribano chileno.

Para la OA hubo sobreprecios en, por ejemplo, la proyectada movilización para llevar los equipos al norte de Santa Cruz. Este ítem fue presupuestado “globalmente” en la suma de U$S 8.701.791 “sin haberse aportado copia del presupuesto desagregado y desconociéndose como se hizo la estimación de un valor derivado de un proceso de evaluación propio”. Otro fue en el rubro “equipos y herramientas menores y carpas para soldar” al que se le asignó U$S 948.008 a razón “de 17.775 U$S/carpa-mes” sin proporcionase detalles del cálculo. "Mucho más caro que una carpa en la Bristol en plena temporada", dijo con ironía una fuente judicial.

Defraudación en la obra pública

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Bienes de la corrupción: un auto de Cristina Kirchner a punto de ser "recuperado" por el Estado

Se trata de un Honda CRV que está bajo guarda judicial por los embargos contra la ex presidenta. Podría ser destinado a las fuerzas de seguridad o Vialidad Nacional.

Sin una ley aún de extinción de dominio para el recupero de los bienes que fueron producto de la corrupción, el Estado reclama claridad y una definición sobre un listado de 46 vehículos de los procesados en la causa que investigó la defraudación en la obra pública, donde se encuentra el auto de Cristina Kirchner. La Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE), pidió al juez Julián Ercolini que se resuelva la utilización de los bienes tras una acordada de la Corte que determina el manejo de los mismo.

Un listado de 46 vehículos encabezado por un Honda CRV dominio IFU 900, propiedad de Cristina Kirchner y sus hijos, habían ingresado a la AABE. Se trata de automotores que pertenecen a los procesados por defraudación al Estado por direccionar la obra pública vial a Lázaro Báez. El juez Ercolini entregó dichos bienes bajo la figura de guarda judicial al organismo que dirige Ramón Lanus que buscaba darles un fin social.

En esta causa, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral (52 contratos por 46.000 millones de pesos), por los “daños y perjuicios” generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

No se descarta que las fuerzas de Seguridad puedan ser beneficiarios con el auto de Cristina Kirchner, camionetas de De Vido, José López y Báez. También existe la posibilidad de que Vialidad Nacional reciba parte de estos vehículos.

Cristina Kirchner en El Calafate en 2007 en una camioneta similar a la incautada.

Bajo esta misma línea de recuperar parte de los fondos que el Estado destinó a obras que Báez dejó inconclusas y que, según la investigación, cobró con sobreprecios del 65%, el juez Julián Ercolini afectó al embargo que recae sobre cada uno de los principales procesados por 10.000 millones de pesos, más de 180 propiedades lo que incluye 46 vehículos.  

Hace pocas semanas, el magistrado envió un oficio a la AABE informando que los nombraban depositarios judiciales de 46 vehículos, para “su conservación, evitar el deterioro y la pérdida de valor de los vehículos”. La medida se respalda en el artículo 233 del Código Procesal Penal que dice que se deben “utilizarlos y/o destinarlos a alguna institución u organismo público, que pueda utilizarlos para funciones específicas a su cargo”, explicó entonces a Clarín Ramón Lanús, el responsable de la AABE.

Cerro Dragón: investigan presuntas coimas por U$S 150 millones

(fm impacto) - En las próximas horas comenzarán a desfilar en Comodoro Py buena parte de los 22 diputados provinciales de Chubut que en 2007 aprobaron la renegociación de los contratos petroleros con la empresa Pan American Energy (PAE) y que la administración del ex gobernador Mario Das Neves prorrogó hasta 2047.

Se trata de la concesión del mayor yacimiento petrolífero de la Argentina: Cerro Dragón. Para la Justicia, lo sugestivo del apuro del poder político chubutense, fue que la concesión recién vencía en 2017, es decir, diez años más adelante.

El pedido de indagatoria fue impulsado por el fiscal general Guillermo Marijuán quien sospecha que la firma pagó millonarios sobornos para conseguir su objetivo.

Chubut sigue dando que hablar. La Justicia federal ya llamo prácticamente a toda la ex legislatura de Chubut por el escandaloso caso y todos ellos deberán desfilar por los pasillos de Comodoro Py ante el juez Canicoba Corral.

Más de 20 ex-funcionarios de esa provincia se encuentran involucrados en el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos. Fueron quienes aprobaron la renegociación de los contratos petroleros con la empresa Pan American Energy (PAE) y que la administración del ex gobernador Mario Das Neves prorrogó hasta 2047.

En una semana podrían empezar a trasladar presos a la renovada Alcaidía de Lomas de Zamora

Por Malena Baños Pozzati - Clarin.com

Hace casi tres meses terminaron las obras de ampliación. Pero hasta ahora no funcionó por temas burocráticos.

La superpoblación de presos alojados en comisarías es un problema instalado hace tiempo en la Provincia de Buenos Aires. Hacinamiento y riesgo de fuga son los dos factores que motorizaron la ampliación de la alcaidía de Lomas de Zamora con el objetivo de descongestionar las comisarías locales. Sin embargo, a casi tres meses de terminadas las obras, las nuevas instalaciones aún no recibieron internos.

Esa demora, explican desde el área de Infraestructura penitenciaria del Ministerio de Justicia, se debe a cambios en el proyecto original de la obra, que debían figurar en los expedientes. “La semana que viene o la otra esperamos ya tener luz verde para comenzar a sumar internos”, adelantó Juan Martín Zabaleta, director provincial del área.

Las obras consistieron en la construcción de un nuevo módulo que amplía las plazas para alojar a un total de 224 personas. Además de celdas comunes tiene espacio para discapacitados, zona de máxima seguridad y un sector de aislamiento.

También construyeron un puesto de vigilancia, repararon la iluminación, reubicaron la red cloacal, pintaron los muros y arreglaron la calle de ingreso al edificio ubicado en Capitán Giachino 1857. 

“Buscamos ampliar la capacidad de la Alcaldía, pero al mismo tiempo garantizar que las condiciones carcelarias no agraven la privación de la libertad”, sostuvo el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari cuando en marzo anunciaron la finalización de las obras.

Sin embargo el tiempo pasó y hasta ahora las instalaciones no fueron estrenadas. Desde el sector de infraestructura, Zabaleta afirmó:“La obra estaba desde 2014. Cuando iniciamos la gestión, la obra no estaba iniciada y en el transcurso de los trabajos se tramitaron ampliaciones necesarias en la obra original. La garita de seguridad, por ejemplo, no aparecía en el plan original y tuvimos que agregarla”. A su vez, aclaró que cuando la alcaidía esté en condiciones de sumar internos esto se hará gradualmente “para no dañar la operatividad de la sede”.

La situación de los presos alojados en comisarías es una bomba de tiempo que, cada tanto, estalla. Según un informe de la Comisión por la Memoria, hay 2.770 personas más de las permitidas en comisarías, hacinadas y sin condiciones de seguridad apropiadas para evitar fugas. Eso quedó en evidencia en mayo, cuando un grupo de delincuentes intentó el copamiento de una comisaría de San Justo, en La Matanza, con el objetivo de liberar un narco preso por homicidio. Una oficial de policía resultó gravemente herida durante el ataque.

Las fugas también son moneda corriente: tras una ocurrida en Monte Grande, en enero echaron a un subcomisario que ya había sufrido dos más, en 2013 y 2015. En noviembre, además, huyeron tres delincuentes de la comisaría de Burzaco.

Pidieron que vuelva al Estado el predio millonario en el que funcionó el astillero Tandanor

Por Martín Angulo - mangulo@infobae.com - Infobae.com

Está sobre ocho hectáreas en una de las zonas más caras de la ciudad. La Fiscalía dijo que la privatización en los 90 fue una maniobra fraudulenta y pidió condenas de prisión para los acusados y que sea indagado el ex presidente Menem

El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que el Estado nacional recupere el predio del astillero Tandanor porque su privatización en los años 90 fue fraudulenta y se hizo específicamente para transformar ese lugar en privado y sobre el que luego se buscó hacer un negocio inmobiliario.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que así lo solicitó Luciani al finalizar su alegato en el juicio oral en el que además pidió penas de entre cuatro y tres años de prisión para los acusados -entre ex funcionarios y empresarios- y que se cite a indagatoria al ex presidente Carlos Menem, quien firmó el decreto que permitió que la maniobra ilegal se lleve adelante.

El pedido de indagatoria para Menem se sumó en la misma semana en la que el actual senador nacional comenzó su quinto juicio oral por casos de corrupción.

Tandanor está un predio de ocho hectáreas en una de las zonas más caras de la ciudad, en el barrio de Retiro y sobre el río de la plata. La empresa que se quedó con la privatización buscó hacer un negocio inmobiliario que está valuado entre 400 y 500 millones de dólares. En diciembre la zona fue tasada oficialmente en 38 millones de dólares.

Tandanor era la empresa estatal de reparación de navíos. Allí se hizo la reparación de media vida del desaparecido submarino ARA San Juan. En su predio tenía dos plantas y el gobierno de Menem la privatizó. El negocio quedó para Ciamar, de capitales argentinos que se quedó con el 92 por ciento de las acciones, el Banco Holandés Unido; y la francesa Sud Marine Enterprises.

Pero tras la privatización, Menem firmó un decreto que cambió las condiciones: de 8 los millones de dólares en efectivo y 160 millones en títulos del Estado que se fijó originalmente como pago por la empresa se cambió a 7.200.000 dólares en efectivo y 52.560.000 financiados a nueve años con tres de gracia.

Cuando Ciamar tomó posesión de Tandanor vendió una de plantas a la empresa "Puerto Retiro", que se sospecha que es de los mismos dueños y que pidió la rezonificación del lugar para construir viviendas.

La privatización se transformó en una causa judicial que se inició en 1999 y en la que se investigó el negocio.

El fiscal Luciani detalló en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 5 las irregularidades que rodearon a la operación y concluyó que se trató de una maniobra para desapoderar al estado de Tandanor. Por eso pidió cuatro años de prisión para Eduardo Tesoriere, ex director de privatizaciones, Alejandro Bofill y Juan Andrés Vlastó, titulares de CIAMAR y Puerto Retiro, y para el empresario Nachat Samman; tres años y medio de prisión para el abogado Gerardo Donato; tres años en suspenso para el empresario Miguel Larminat; y la absolución del gerente del Banco Holandés Unido Omar Calculli. La acusación fue por el delito defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta.

También requirió que Menem sea citado a indagatoria por ser el autor más importante de la maniobra por ocupar la Presidencia de la Nación y quién firmó el decreto que modificó las condiciones. El ex mandatario y actual senador ya fue investigado en el caso.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió en varias oportunidades su indagatoria pero los planteos fueron rechazados por el juez Claudio Bonadio, a quien el Consejo de la Magistartura sancionó por demorar tres años la elevación del caso a juicio. La sanción –que era del 30 por ciento de su sueldo– fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.

Del juicio participa el gobierno nacional. El Ministerio de Defensa es querellante en la causa –también lo son los empleados de Tandanor– y la Procuración del Tesoro de la Nación encabeza la acción civil. El procurador Bernando Saravia Frias pidió en su alegato que la empresa pague lo que debe de la privatización –son 52 millones de dólares– y que el predio vuelva al Estado. Las querellas solicitaron penas de hasta seis años de prisión para los acusados.

El gobierno de Néstor Kirchner estatizó en 2007 una de las plantas de Tandanor pero el decreto fue declarado inconstitucional y ahora está en la Corte a la espera de una resolución.

El juicio continuará dentro de dos semanas cuando comiencen los alegatos de las defensas. Luego, los jueces Sergio Paduczak, Gabriel Nardiello y Sabrina Namer deberán dar su veredicto.

Se abre instancia legal para el desguace de otras tres embarcaciones

(Pescare.com) - Prefectura está cumpliendo con las etapas formales para que el “N 33 Young In”, el “Depemas 81” y el “Neptuno” pasen a manos del Estado y sean cortados.

 

En los próximos meses y de avanzar el proyecto que maneja el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, el “N 33 Young In” (Daiel Industrial Co. Ltd), el “Depemas 81” (Depemas SA) y el “Neptuno” (Barillari) podrían ser retirados del agua.

Como primera medida, hoy fueron publicadas en el Boletín Oficial las intimaciones de Prefectura para que sus responsables extraigan o trasladen las unidades. Por tratarse de empresas inactivas/quebradas, la siguiente instancia será el traspaso al Estado.

“La publicación en el Boletín Oficial inicia automáticamente el abandono a favor del Estado nacional. Esto nos va a permitir después desguazar estos barcos, ya en cabeza de la Prefectura”, explicó el presidente del Consorcio, Martín Merlini.

En contacto con Pescare.com.ar, el funcionario recordó que ya comenzaron las tareas para los desguaces del “Chiarpesca 57” y “Chiarpesca 58” en las secciones cuarta y quinta como parte de un plan para despejar áreas operativas de la estación marítima.

“Luego, seguirán con dos barcos más en fila, para dentro de tres o cuatro meses, cuando se cumpla el plazo legal de sesenta días dispuesto por Prefectura, estos tres barcos más puedan estar disponibles para cortarlos”, apuntó.

Draga Mendoza

El mismo destino tendrá la draga estatal “Mendoza 259 C”, abandonada desde 2015 tras prestar algunos servicios en el acceso al puerto. La empresa encargada de llevar adelante los trabajos será Lusejo, que ya tiene algunos contratos firmados con privados.

“El costo de la remediación y el posterior desguace de la embarcación lo asumirá la firma que hoy está trabajando con contratos privados en tareas de ese tipo (…) Lusejo va a disponer de estas embarcaciones de manera gratuita, sin costo para el Estado. En este proceso también está incluida la draga”, amplió Merlini.

Como contraprestación, la empresa que extraerá las embarcaciones no abonará el uso del área: “En términos del beneficio al puerto, ellos solicitaron un espacio para poder trabajar y cortar esa chatarra que van a generar y nosotros le hemos dado gratuitamente por el término de un año ese espacio en la sección cuarta y quinta”, cerró Merlini.

La Justicia decretó la quiebra de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López

(Infobae.com) - El magistrado Javier Cosentino abrió un plazo de 72 horas para que los que estén interesados en la empresa presenten su propuesta de compra

El juez en lo Comercial, Javier Cosentino, decretó hoy la quiebra de la empresa Oil Combustibles, propiedad del empresario Cristóbal López, por no pagar 8.000 millones de pesos en impuestos al combustible.

En una resolución de 11 páginas, el magistrado también dispuso que la empresa continúe trabajando durante 30 días y ordenó medidas para preservar el patrimonio y los puestos de trabajo.

En su fallo, Cosentino sostuvo que el trámite de la causa y la situación de la empresa "no permiten otra salida" y abrió un plazo de 72 horas para que los que estén interesados en la empresa presenten su propuesta de compra.

Oil Combustibles fue una de las empresas más importante del Grupo Indalo, de López. La compañía tenía estaciones de servicio y una investigación periodística reveló que durante tres años no pagó 8.000 millones de pesos del impuesto al combustible.

Se abrió una causa judicial en la que López, Fabián de Sousa y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, fueron procesados. Los empresarios están presos. Paralelamente hubo un expediente por la situación patrimonial de la empresa.

El juez Cosentino calificó hoy la causa como un "peculiar proceso universal que por su complejidad y trascendencia ha motivado diversas reacciones en variados ámbitos de la sociedad", y sostuvo que tras el "fracaso del denominado proceso de salvataje" se impone la quiebra.

"No hay dudas, una mera revisión de la causa en suma a las medidas adoptadas y cumplidas ante tan drástico escenario no permiten otra salida, mal que pese, que proseguir con el cauce previsto dentro del ordenamiento concursal", señaló el magistrado, que junto con la quiebra tomó otras medidas.

Una de ellas fue en pos de preservar el patrimonio de la empresa, los puestos de trabajo y el medio ambiente. Para eso, el juez dispuso que los interesados en adquirir la empresa pueden presentar sus propuestas.

"Se abre un período de 72 hs. a partir de la notificación por nota de la presente a fin de que potenciales inversores privados interesados en la eventual adquisición de la empresa en marcha, presenten sus propuestas en autos en sobre cerrado y debidamente individualizado para su correcta identificación, o lo hagan de considerarlo pertinente, a los interventores designados en la causa", explicó Cosentino. También dispuso siete condiciones que deben tener las empresas que se presenten.

Ante la quiebra, el juez además citó al juzgado para el 19 de septiembre a López, De Sousa y los actuales administradores de la empresa, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Esto es "a fin de brindar las explicaciones que le serán requeridas en pos de determinar la composición del activo de la quebrada".

A Rosner y a Dellatorre se les prohibió la salida del país y se los inhibió como integrantes del directorio de la empresa. Sobre Oil Combustibles se dispuso mantener la inhibición general de bienes, ordenar el cierre de todas las cuentas bancarias que si tienen saldos deben ser puestos a disposición del juzgado y extendió por 60 días el trabajo de los interventores judiciales.

La Cámara de Casación confirmó la constitucionalidad de la Ley de Migraciones en casos de expulsión de extranjeros

(Infobae.com) - La Sala IV de ese tribunal rechazó un recurso que pretendía la inconstitucionalidad de un artículo en un caso de narcotráfico.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la constitucionalidad de las condiciones que la legislación argentina establece para la expulsión de extranjeros en situación irregular en el país y que estén condenados a prisión. Lo hizo en un caso de narcotráfico.

En abril de 2017, Marcelino Guilliano Morris fue sometido a un juicio abreviado y condenado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 a cuatro años y seis meses de prisión como "autor del delito de contrabando, en grado de tentativa, agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a la comercialización".

Su defensa presentó un recurso para pedir la inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley de Migraciones en cuanto exige que se cumpla la mitad de la pena para que el condenado acceda a la expulsión anticipada del país. Los sucesivos abogados defensores alegaron que el requisito es incompatible con la finalidad de reinserción social de la pena. Explicaron, entre otras cosas, que la mitad de la pena es el momento en que la sanción comienza a tener efectos resocializadores

Es constitucional

El caso llegó a la Cámara de Casación, donde la sala IV rechazó el planteo. En un fallo firmado por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, el tribunal consideró que la norma cuestionada es constitucional.

En su voto, el juez Borinsky sostuvo que la defensa "no logró demostrar que la decisión política del órgano legislativo plasmada en la norma, sea violatoria de algún derecho o principio fundamental positivizado y garantizado por la Constitución Nacional".

A su vez, tanto Borinsky como el juez Hornos en sus votos coincidieron en que la resocialización no es la única finalidad de la pena. "Cuestiones de prevención general y retributivas que también integran la teleología punitiva", explicaron. El Gemignani adhirió a sus argumentos.

De esta manera, el Tribunal -por unanimidad– ratificó la validez constitucional de la Ley de Migraciones en cuanto regula las condiciones de expulsión de los extranjeros que se encuentren cumpliendo penas privativas de la libertad.