Manipulan el padrón con cambios de domicilios falsos

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Un juez electoral anuló 3000 trámites en pequeñas localidades de Santiago del Estero, al detectar que la mitad eran ficticios

Manipulan el padrón con cambios de domicilios falsos. Foto: Archivo 

Las "mudanzas" iban a poblar, de un día para el otro, a pequeñas localidades del interior de Santiago del Estero. Pero los traslados quedaron truncos, porque la justicia electoral sospechó y corroboró que los movimientos buscaban trucar el padrón electoral de algunas comunas, con el objetivo de inclinar el resultado de los futuros comicios municipales.

El juez Guillermo Molinari, con competencia electoral en Santiago del Estero, requirió una medida cautelar para que 3000 cambios de domicilio en múltiples localidades de la provincia fueran revertidos tras detectar que casi la mitad de los casos no eran reales. La sospecha es que pudo haber existido una maniobra clientelar para modificar el desarrollo de las elecciones locales.

"Con el fin de evitar que en aquellos circuitos electorales en donde se eligen comisionados municipales e intendentes el resultado de los comicios no refleje la voluntad genuina de quienes residen en esas comunidades, se impone una medida cautelar provisoria hasta tanto concluya el proceso comicial", redactó el magistrado de Santiago del Estero en uno de sus oficios.

Según explicaron en la Cámara Nacional Electoral, supervisora del proceso, cuando en Santiago del Estero se publicó el padrón provisional, "algunos partidos políticos denunciaron el crecimiento desmedido del número de electores de algunas comunas". Eso motivó a ordenar un operativo a la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional, para que efectúe constataciones de los domicilios.

El escuadrón de la Gendarmería verificó en su recorrido que muchas de las personas que se habían mudado de localidad, en realidad no vivían en el lugar indicado. Por ejemplo, en algunas casas se registró que había múltiples residentes con distintos apellidos, sin que se tratara de un mismo núcleo familiar.

"El primer operativo motivó una avalancha de denuncias, casi 150, que dejaron bajo observación a 3000 cambios de domicilio", explicaron fuentes de la Cámara Nacional Electoral a LA NACION. La Gendarmería hizo un muestreo de casos y encontró nuevas irregularidades.

"Dado que no estaban ni los recursos ni el tiempo para verificar los cientos de denuncias, el juez electoral decidió suspender los casi 3000 cambios de domicilio sospechados, porque podrían haber trastocado el resultado de los comicios municipales", agregaron.

En el circuito de Los Romanos (Robles), los cambios de domicilio denunciados alcanzaban al 10% del padrón, mientras que en Tapso (Choya) esa cifra trepaba al 11,8%. En Santa Catalina (Guayasán) los casos denunciados alcanzaban al 3,7% de los electores y en Lavalle (también en Guayasán), al 2,3 por ciento.

"Podría tratarse de maniobras tendientes a modificar la base electoral de esas pequeñas comunidades que eligen a sus autoridades. Si bien no tendrá incidencia a nivel nacional, si pueden influir en el ámbito local", manifestó Molinari.

Una fiscalización rigurosa

La Cámara Nacional Electoral viene dando batalla a este tipo de maniobras. La acordada 57 dictada por el tribunal electoral este año promovió la fiscalización de los domicilios declarados por los electores, a partir de denuncias ante casos sospechosos. "La certeza y la exactitud de los registros de electores representan una de las más relevantes garantías con que cuenta el cuerpo electoral", manifestaron en su escrito los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via.

No es la primera vez que se detecta este tipo de maniobras. Ya en 2006 se tomaron medidas por movimientos de personas sospechados en nueve localidades de San Luis y en 2011 fue el turno de tres comunas de La Pampa.

En las presidenciales de 2015 se registraron situaciones anómalas en las localidades bonaerenses de General Guido y Monte Hermoso y en Lago Posadas, en Santa Cruz.

Razones de la medida cautelar

3000 Cambios de domicilio - Quedaron en observación luego de que se produjeron más de un centenar de denuncias

Padrones - Cuando se publicó el padrón provisional en Santiago del Estero, muchos partidos denunciaron un crecimiento desmedido de los electores en ciertas comunas

Falta de tiempo - Como no se llegaría a revisar todos los casos antes de las elecciones, se decidió congelar los cambios de domicilio hasta después de los comicios

Antecedentes - Situaciones similares se dieron también en San Luis (2006) y La Pampa (2011)

La Justicia desestimó casi la mitad de las denuncias contra el gobierno de Macri

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

La Casa Rosada atribuye a maniobras de la oposición la sucesión de causas penales contra funcionarios y celebra que en un año y medio se haya descartado un alto porcentaje.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri. Foto: DyN / Archivo

Lo debaten en reuniones reservadas, lo analizan en planillas de Excel y lo dejan trascender a la opinión pública. Los altos funcionarios del Gobierno están convencidos de la existencia de un grupo opositor que busca complicar la marcha de la gestión mediante la radicación de denuncias penales. Y se jactan de que la Justicia, en tan sólo un año y medio, ya desestimó varias acciones o dictó sobreseimientos en casos sensibles.

Según un análisis elaborado por la Casa Rosada, que LA NACION estudió y cotejó con fuentes judiciales, sobre un total de 39 denuncias sensibles que recibieron el Presidente y sus ministros, 17 fueron desestimadas, archivadas o sobreseídas. Es decir, el 43% de esos expedientes dejaron de ser una preocupación para los asesores y los abogados de los funcionarios.

Los números son una foto de lo que ocurrió en los juzgados de primera instancia, pero no la película completa, ya que pueden existir fallos en distintos sentidos en la Cámara Federal o en Casación.

Además de mirar con recelo a los denunciantes, el Gobierno también pone el ojo en el trabajo de los fiscales, que tienen la tarea de impulsar las pesquisas. "Ellos deben investigar, pero a veces parece que le hacen el juego a la oposición e imputan porque sí... parece un cambalache", se quejó días atrás un alto funcionario que asesora a Macri en materia judicial.

El blanco de los mayores recelos del oficialismo es la procuradora general Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales y promotora de Justicia Legítima.

Causas contra funcionarios

Algunas de las causas que tuvieron un resultado favorable para el Gobierno fueron de alta sensibilidad política.

El primer caso que complicó a Macri fue el de los Panamá Papers, en el que se investigaron las sociedades offshore de la familia del Presidente. Tras requerir una serie de testimoniales y librar exhortos, en abril, el juez Sebastián Casanello entendió que no existían elementos para sospechar de maniobras de lavado de dinero. Decidió derivar una parte de la causa al fuero ordinario y otra, al penal económico. Si bien el caso aún no se cerró, la noticia fue un importante alivio para el oficialismo.

También en abril de este año el Gobierno recibió otras dos buenas noticias desde los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Ariel Lijo sobreseyó a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa iniciada por bienes que tenía en su casa y que fueron robados. El juez Rodolfo Canicoba Corral, en tanto, a 80 días de radicada la denuncia, dictó el sobreseimiento del jefe de los espías, Gustavo Arribas, investigado por recibir transferencias de un valijero condenado en el Lava Jato.

Otras causas contra altos funcionarios de Cambiemos que terminaron en sobreseimiento fueron el caso contra el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por la presunta compra de máquinas de votación sin que existiera la ley de la boleta electrónica (una adquisición que no se verificó); la compra de dólar futuro que efectuaron, entre otros, los funcionarios José Torello, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y un expediente por presunta "incitación a extorsiones" para el traspaso de la empresa OCA.

Con otras nueve denuncias, la investigación no prosperó y las acciones fueron desestimadas o archivadas, como la radicada por la firma de un memorándum con Qatar, que contemplaría la utilización de fondos de la Anses, y la presentación por las negociaciones entre el Gobierno y Odebrecht.

Un dato que inquieta a la Casa Rosada es que la persona más denunciada del Gabinete es el propio Mauricio Macri. El presidente acumula 17 causas en lo que lleva de su gestión. Luego de la investigación por los Panamá Papers fue imputado por el decreto que revivió los pagos por el soterramiento del Sarmiento (donde estaba involucrada Iecsa), el tarifazo de gas y la designación de los jueces de la Corte, entre otras denuncias.

"No se puede imputar al jefe del Estado tan livianamente, no es serio. Se pueden investigar los hechos sin necesidad de imputar de antemano la investidura presidencial", se quejan en Casa Rosada.

Del mismo modo que durante la gestión anterior varios dirigentes de la oposición radicaron múltiples denuncias de corrupción contra el kirchnerismo, la gestión de Cambiemos también tiene sus "denunciantes frecuentes". El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade radicó cinco denuncias de alto voltaje político contra el oficialismo, como el caso Avianca o la denuncia por la compra de gas a Chile. Otras tres acciones fueron iniciadas por grupos de diputados del FPV.

En otros casos, las denuncias fueron impulsadas por abogados que mostraron afinidad al gobierno anterior, como Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, ambos ligados a los movimientos de derechos humanos.

Casos en alerta

La tranquilidad del Gobierno en los tribunales contrasta con el panorama oscuro que viven algunos de los funcionarios del gobierno anterior, que en las próximas semanas podrían vivir fallos adversos. Pero el kirchnerismo también gozó de años mozos en Comodoro Py en el pasado reciente. En el transcurso de esa gestión, por ejemplo, los Kirchner fueron sobreseídos por enriquecimiento ilícito en 2009, el caso Skanska fue herido de muerte y Julio De Vido permaneció ileso en múltiples investigaciones.

Cuando el kirchnerismo bajó al llano, la Justicia aceleró el pulso de los casos de corrupción.

El actual gobierno, de todos modos, también mantiene cierto estado de alerta. Casos como los de Avianca, la emisión del bono a cien años y el del Correo Argentino hoy tienen a los abogados que defienden a los ministros deambulando por los tribunales.

Procesados por encubrimiento: ofrecían a la venta un proyector robado del cine Gaumont

Por Omar Lavieri - Infobae.com

El aparato fue hallado y devuelto al cine.

Sebastián Casanello es juez federal desde octubre de 2012. Se lo conoce porque tiene a su cargo –entre otros causas– la denominada "Ruta del dinero K", y es uno de los magistrados que hace dos semanas estuvo en Washington reunido con autoridades judiciales estadounidenses por el Caso Odebrecht.

Pero como sucede con todos los jueces federales, por su juzgado pasan también casos menos rimbombantes, como el del robo de un proyector NEC modelo PX750 que estaba en el depósito del Cine Gaumont. Es que cuando hay un robo en una dependencia del Estado nacional, interviene un juez federal.

En agosto de 2015 el área de Patrimonio del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) se descubrió que faltaba un proyector y una lona para cubrirlo que debían estar guardados el Gaumont. En 2016 se hizo la denuncia que le tocó a Casanello. Allí se decía también que un proyector y una lona similares a las que desaparecieron se ofrecían en la web Mercado Libre. Casanello ordenó que investigara la Policía Federal.

Los policías se mostraron interesados en la compra y fueron a buscarlo. El proyector estaba en venta en un local de artículos electrónicos de la avenida Eva Perón al 600 en Guernica, provincia de Buenos Aires. El juez ordenó el allanamiento del local donde fue hallado el proyector que fue devuelto al INCAA.

Cuando se realizó el operativo los policías se encontraron con A.P., un hombre que estaba a cargo del local quien fue imputado en el caso. Pero A.P. dijo que su cuñado, L.R. le había dado el proyector a cambio de $ 35.000 en mercadería para abrir un local. No sabía que era robado y no sabía a quién se lo había comprado su cuñado.

L.R. quedó imputado y declaró en indagatoria ante Casanello. Allí relató que un hombre fue hasta su negocio y le ofreció el proyector. Pelearon el precio. El vendedor pedía 30.000 y L.R. ofreció 25.000 en dos pagos. El primero fue de 20.000 y quedaron en que los 5.000 restantes se pagarían contra entrega de factura. El vendedor no volvió jamás. Y por supuesto, L.R. no tiene cómo contactarlo. Luego de eso, L.R. se lo vendió a A.P. a cambio de mercadería.

En su descargo ante Casanello, L.R. exculpó a A.P. Dijo que él había comprado de buena fe el proyector y que su cuñado no sabía nada acerca del modo en que lo había adquirido.

En el procesamiento, Casanello aclara que ni L.R. ni A.P. fueron los que robaron el proyector del cine Gaumont. No hay manera de ligarlos con aquel delito. Sin embargo fueron procesados, sin prisión preventiva, por el delito de encubrimiento que está tipificado en el artículo 277 del Código Penal. Ese artículo establece que: "Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado… Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito" (inciso C).

El juez les impuso a los procesados $ 100.000 de embargo.

Evasión al impuesto a los combustibles: Cristóbal López ya debe $ 10.000 millones

Por Lucía Salinas (Clarin.com) - Se trata de los $ 8.000 millones que evadió del impuesto a los combustibles a lo que se agrega $ 2.000 millones por intereses. Si se le concede la moratoria, se le condonarían los intereses al empresario K. 

Cristóbal López y una deuda con la AFIP que no se detiene. Foto: Emmanuel Fernández

La cifra se incrementa mes a mes. En la actualidad la deuda que Cristóbal López mantiene con la AFIP a través de su empresa Oil Combustibles, ya supera los $ 10.000 millones, por los intereses aplicados. Se trata del dinero correspondiente al Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC) que el empresario K nunca pagó al ente recaudador. Utilizó los $ 8.000 millones (cifra inicial) para financiar al Grupo Indalo. El Gobierno espera que la justicia declare nula la convocatoria de acreedores “y evitar que ingrese a la moratoria de la que tiene reserva”, señaló una fuente oficial. Quieren recuperar el dinero, y que López “sea procesado por defraudación impositiva”.

Oil Combustibles la empresa de Cristóbal López que mantiene una deuda millonaria con la AFIP. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Cristóbal López enfrenta al menos 13 denuncias iniciadas por la AFIP donde le reclaman 589 millones de pesos. Retención indebidas de aportes previsionales, apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social en empresas de medios de comunicación, son parte de las acusaciones que recaen sobre más de 30 empresas del Grupo Indalo. El Estado tiene como objetivo recuperar el dinero de las deudas impositivas que generó el empresario kirchnerista.

En el laberinto de causas, embargos y denuncias, la meta principal de la AFIP es que López pague la deuda que mantiene por no pagar el ITC durante el gobierno de Cristina Kirchner. La cifra al inicio de la causa penal, por defraudación a la administración pública, fue de $ 8.000 millones, pero ya supera los $ 10.000 millones, señalaron desde la AFIP.

López y su socio Fabián de Sousa utilizaron entre 2008 y 2015 la "refinanciación de planes de pago de AFIP 100% a 120 meses", según los documentos del Grupo, donde reconocen que para "capitalizar el beneficio deben cubrirse los desfasajes financieros con aportes de capital".

El dueño de Indalo eligió no pagar a la AFIP y financiar su holding. Por ejemplo: en un semestre en 2015, Oil transfirió $ 74 millones a siete firmas para sueldos. En 2016, en dos meses, la petrolera giró $ 124 millones a dos sociedades para gastos corrientes. Compraron bonos por más de $ 524 millones para adquirir la aseguradora Providencia. 

La Cámara Federal aún debe decidir si la denuncia por los $ 8.000 millones seguirá en el fuero ordinario, donde la tuvo el juez Julián Ercolini y se declaró incompetente, o si quedará radicada en el fuero penal económico, la deuda de Oil sólo se incrementó.

Con el correr de los meses, según señalaron desde la AFIP, se aplicaron intereses y punitorios y hoy López debe más de $ 10.000 millones al Estado. La cifra continuará incrementándose, "los intereses corren todos los meses", indicaron desde el Gobierno donde sostienen que López, "debe ser procesado por defraudación y pagar la deuda completa a la fecha".

La AFIP hizo una presentación para que la justicia declare nulo el concurso de acreedores de la petrolera, un trámite que inició el empresario en Comodoro Rivadavia y quedó finalmente, radicado en Capital Federal. Si esto ocurre, evitarán que Oil Combustibles ingrese a la moratoria fiscal. La Corte Suprema aceptó analizar el concurso.

El empresario K hizo una reserva de la moratoria y un ingreso en suspenso por $ 500.000, pero si la causa pasa al fuero penal económico y se acepta el concurso de acreedores, López podrá ingresar los $ 8.000 millones al régimen de pago. “Encontró una ventana”, repiten en la Casa Rosada y buscan impedir que se allane el camino al empresario K.

En paralelo, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial busca determinar si “el estado de cesación de pagos de Oil Combustibles fue simulado o, en su caso, creado artificial y dolosamente”.

Son las variables que permitirán que el Estado le cobre a López más de $ 10.000 millones por la deuda de Oil. En caso contrario, el dueño de Indalo podrá incluir a su empresa en la moratoria y sólo pagará en 60 cuotas (con una entrega que prevé de $ 6.500 millones después de vender activos de la petrolera), los $ 8.000 ya que el régimen fiscal condona los intereses.

El Gobierno mudará el Ministerio de Justicia al predio de la ex ESMA

Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION

Garavano reveló a LA NACION que ya lo conversó con Carlotto, que no puso objeciones; el traslado se hará en dos años; allí funcionó el principal centro clandestino de detención durante la dictadura

El Gobierno mudará el ministerio de Justicia al predio de la ex ESMA.

El Gobierno avanza con un proyecto para mudar el Ministerio de Justicia de la Nación al Espacio Memoria y Derechos Humanos, el predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura.

Las gestiones están avanzadas. Ya están listos los croquis y el ministerio tiene asignado el que será su lugar, el "edificio 11", hoy desocupado, según informó a LA NACION el ministro de Justicia, Germán Garavano. Se mudarán unas 350 personas y la idea es que todo el traslado se haya concretado en dos años.

Los diálogos con referentes de los organismos de derechos humanos empezaron hace meses. Una de las interlocutoras fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que ayer dijo a LA NACION que las entidades no se oponen al traslado.

La relación de los organismos con el macrismo es tensa y su aval es clave para concretar la mudanza, porque el gobierno del Espacio Memoria y Derechos Humanos está en manos de un ente tripartito, formado por un representante de la Nación, uno de la ciudad de Buenos Aires y otro designado por un directorio de organismos de derechos humanos. "La dirección será en toda oportunidad conjunta", dice la ley respecto del funcionamiento del ente público.

En los próximos días, se presentará el croquis del proyecto al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, para su aprobación. Una vez que esté aceptado, se iniciará el trámite para contratar las obras.

Las oficinas que piensa mudar el gobierno de Macri están hoy en el edificio de Sarmiento 329. Incluyen la Unidad Ministro y la Secretaría de Justicia, es decir que el número uno y el número dos del ministerio trabajarían desde la ex ESMA.

Hoy ya funciona en este predio, emplazado en Avenida del Libertador 8151, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, hace meses que Garavano se instala allí varias veces por semana. "Aspiramos a una puesta en valor de todo el predio -dijo el ministro Garavano a LA NACION, en respuesta al porqué de la mudanza-. Tiene que ver con jerarquizar."

Según el ministro, "es frecuente que se olvide" que su cartera es de Derechos Humanos y no sólo de Justicia, y su idea es "devolver ese equilibrio".

Sin reparos

"Hace bastante que lo venimos conversando -relató Estela de Carlotto a LA NACION-. Aunque tengamos diferencias, en esto no tendríamos oposición porque es el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Lo que no toleraríamos es que pusieran otros espacios que no tengan nada que ver."

Según Carlotto, las obras en la ex ESMA podrían ser positivas porque hace tiempo que están pidiendo refacciones eléctricas y de cañerías de cloacas, y hay lugares que se inundan. "Hay edificios que siguen estando deteriorados. Lo que perfeccione el funcionamiento general va a ser bueno", dijo.

En el marco de los diálogos para concretar el traslado, el Ministerio de Justicia anunció que se harán los trabajos eléctricos y de cañerías, y ofreció instalar un comedor y un auditorio para usos múltiples.

El ministro de Justicia, Germán Garavano. Foto: Archivo / Daniel Jayo

En el Gobierno sostienen, además, que el edificio de Sarmiento del ministerio no es funcional y que la mudanza permitirá liberar otros inmuebles que hoy se alquilan. Las dependencias que ocupan esos edificios pasarán a la sede de Sarmiento y el cálculo oficial es que así se ahorrarán más de $ 30 millones anuales.

En paralelo, como otra prueba de su voluntad de visibilizar el Espacio, Garavano dijo a LA NACION que están apoyando el proyecto para que la Unesco declare Patrimonio de la Humanidad el museo del Sitio de Memoria, tal como hizo con otros lugares emblemáticos como el campo de concentración de Auschwitz y Robben Island, en Sudáfrica.

El edificio donde pretende instalarse el ministerio está desocupado y, según relató Garavano, un informe que encargó el Gobierno sostuvo que allí no se cometieron delitos de lesa humanidad y que no tiene valor histórico. Además, esperarán que eso sea ratificado por una conformidad judicial del juez federal Sergio Torres, instructor de la megacausa por los crímenes de la ESMA.

El Espacio Memoria y Derechos Humanos se estableció en 2004 donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y tortura de la región. El cálculo, según los datos oficiales, es que en la ESMA fueron desaparecidas alrededor de 5000 personas. Hoy, los objetivos del lugar son la "preservación de la memoria" y la "promoción y defensa de los derechos humanos desde distintas perspectivas y modalidades". 

Foto: Estela de Carlotto.

Funcionan dentro del predio un conjunto de instituciones, además del Sitio de Memoria, que está ubicado en el ex Casino de Oficiales, complejo habitacional de las altas jerarquías de la Marina donde se ubicó la base operativa de la represión. Están también el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un centro de promoción de la cultura y los derechos humanos con cine, música, teatro, fotografía y talleres; la Casa por la Identidad y otros espacios de distintas organizaciones de derechos humanos; el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos auspiciado por la Unesco, y señales de televisión públicas, como el Canal Encuentro y Pakapaka.

Abuelas de plaza de mayo - "Aunque tengamos diferencias, no hay oposición. Es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos"

Allanaron la joyería Simonetta Orsini, cercana al poder

Por Iván Ruiz - LA NACION

La AFIP acusa a la empresa por el ingreso ilegal de 400 relojes de lujo al país

Allanaron la joyería Simonetta Orsini, cercana al poder. Foto: Archivo 

Simonetta Orsini, la joyería más frecuentada por políticos, jueces y empresarios, fue allanada ayer por una causa en la que se investiga contrabando y evasión fiscal en la adquisición de joyas. Los funcionarios secuestraron 400 relojes, algunos con valores superiores a US$ 100.000, como Cartier, Piguet y Breguet, entre otras marcas. Ninguna de esas joyas habrían ingresado oficialmente al país.

La AFIP denunció que Simonetta Orsini incurrió en una maniobra de contrabando en la importación de relojes. El mecanismo se realizaba -sostiene el organismo- en el Puerto de Buenos Aires, donde llegaban las joyas. Primero, los relojes de alta gama quedaban en una zona aduanera "en tránsito", pero después ingresaban al país sin pagar los tributos correspondientes. Esos mismos relojes eran ofrecidos, por ejemplo, en el coqueto local de la esquina de Posadas y Cerrito.

Desde su creación, Simonetta Orsini operó con dos socios: Myriam "Mimí" Kohen -esposa del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra- y Martín de Leeuw, condenado en Estados Unidos por lavar millones de dólares de carteles colombianos del narcotráfico.

Kohen aseguró el año pasado a LA NACION que ya no integra la sociedad, pero todavía frecuenta el lugar. En los registros de la Anses, además, aparece actualmente como empleada de Simonetta Orsini. Su marido, cercano al ex funcionario Carlos Zannini, fue uno de los empresarios más beneficiados durante el kirchnerismo. Los últimos contratos que se adjudicó Electroingeniería SA con el anterior gobierno fueron las represas de Santa Cruz.

Los allanamientos, ordenados por el juez penal tributario Diego Amarante, se prolongaron ayer más de lo previsto por los funcionarios judiciales. Mientras intentaban secuestrar toda la información digital sobre los negocios de la joyería, los técnicos se sorprendieron cuando los servidores de la empresa fueron desconectados de manera remota. Los procedimientos, finalmente, se prolongaron durante cuatro horas.

Los diez allanamientos se extendieron, también, a las firmas PS Group SA y Dajij SA, ambas del mismo rubro, por la misma metodología para contrabandear relojes de alta gama. Los procedimientos se extendieron también a cuatro locales en Recoleta, otro en el shopping Patio Bullrich, una oficina administrativa y un estudio jurídico-contable.

"Círculo rojo"

En la esquina de Posadas y Cerrito se levanta el local de Simonetta Orsini más concurrido por el "círculo rojo". Allí, por ejemplo, el ex juez Norberto Oyarbide compró su anillo Bulgari de brillantes. Él mismo decía en su entorno que el anillo costaba US$ 250.000, aunque cuando el Consejo de la Magistratura lo investigó dijo que, en realidad, los joyeros se lo habían prestado.

Oyarbide no era el único personaje que lo frecuentaba. También pasaban desde Julio De Vido y Amado Boudou hasta Sebastián Forza -una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez- y el valijero Leonardo Fariña, entre otros, según reveló LA NACION en septiembre de 2016, de acuerdo con información que consta en los registros contables de la firma. Estos documentos también revelaron una millonaria facturación de la joyería, con compras de hasta US$ 1,5 millones por un reloj de primera línea.

La sospecha por una supuesta relación espuria con la Aduana también se remonta al año pasado. De esos registros internos de Simonetta Orsini también se desprende un contacto catalogado como "Ale Adu", que podría ser identificado como Alejandro Aduana. "Eso es falso", dijo De Leeuw, el dueño de la joyería, cuando fue consultado por contrabando LA NACION. Esos registros también evidenciaron un stock enorme de relojes comprados a Suiza, aunque sin constancia en los documentos sobre su importación.

El Learjet de Báez lo usará el Ministerio de Seguridad (II)

(La Nación) - El juez federal Sebastián Casanello les dio un nuevo destino a dos aviones que les secuestró a la firma Top Air, sospechada de pertenecer al empresario Lázaro Báez.

Uno es un Learjet valuado en más de 500.000 dólares, que el juez entregó ayer al Ministerio de Seguridad. El otro es un Rockwell Commander, tasado en 212.000 dólares, que pasará a manos de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, un ente autárquico que interviene en todos los accidentes e incidentes aeronáuticos, tanto de aviones comerciales de pasajeros como aviones escuela, explicaron fuentes judiciales.

El objetivo -explicó Casanello- es adelantar aunque sea provisoriamente la finalidad pública, social y reparadora de un eventual decomiso, para el que habría que esperar al final del proceso. Otra finalidad, también, es conservar el bien. Por eso, el ministerio lo tendrá a su disposición para los fines que decida pero deberá asegurarlo.

El juez Casanello tomó esta medida en el marco del expediente en el que se investiga a Báez por presunto lavado de dinero y por el cual el empresario está preso desde hace un año y tres meses.

Se trata del mismo juez que le entregó al Ministerio de Seguridad el yate que la Justicia le había secuestrado al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime en una causa por enriquecimiento ilícito.

Para tomar estas decisiones, Casanello invocó las convenciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, y de decomiso de activos.

Humm ...un poco "lenteja este muchacho"...

Fadea K: advierten desvíos de fondos por $300 millones y la Justicia espera datos de AFIP para imputar a exfuncionarios

Por José Busaniche - Perfil.com

La investigación que inició la fiscal López de Filoñuk ya tiene cuatro cuerpos. Una ex presidente de la empresa señala desvíos millonarios de fondos.

FAdeA fue objeto de años de administración kirchnerista durante los cuáles las deudas se acumularon pero los aviones no se fabricaban. Foto:Cedoc Perfil 

En marzo de 2016 la fiscal federal Graciela López de Filoñuk inició una investigación de oficio tras algunas declaraciones de la entonces presidenta de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), Cristina Salzwedel que alertó sobre el alarmante cuadro de situación en que había quedado la fábrica tras las administraciones kirchneristas. Una auditoría señalaba un déficit de $1400 millones para el año 2015, un plantel sobredimensionado para la realidad productiva de la compañía y había fuertes sospechas de desvíos de partidas presupuestarias. 

Casi un año y medio después de los primeros requerimientos de información la investigación de la fiscal López de Filoñuk avanzó y ya cuenta con cuatro cuerpos, aunque aún aguarda información sensible que se pidió a la AFIP para tener un cuadro de situación completo antes de avanzar con posibles imputaciones contra los ex funcionarios que dirigieron la fábrica durante la administración k. El foco está puesto en el período que se inicia con la reestatización de la empresa, en 2009, hasta la finalización de la etapa k, en diciembre de 2015. Además de los informes de AFIP la Justicia cuenta con documentos de auditorías que iniciaron las autoridades de Cambiemos que presidieron la empresa, balances, contratos y las actas de directorio del período investigado. “Yo le he pedido mucha información a la AFIP, desde abril del año pasado. Me han enviado información pero el último envío fue de diciembre del año pasado. Me falta lo último para realizar un pronunciamiento”, señaló López de Filoñuk a PERFIL CORDOBA. 

En la mira. Las presidencias de Raúl Argañaraz (2010-2013) y de Matías Savoca (2013-2015) son las que están en la mira de la Justicia y en particular del primero de ellos, una gestión de la que surgen las mayores inconsistencias e irregularidades en el manejo de la empresa que tiene su sede sobre la avenida Fuerza Aérea, según advierten varias fuentes. Además de la investigación que lleva adelante López de Filoñuk, Raúl Argañaraz también está siendo investigado por el juez Ercolini en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. En paralelo, el Ministerio de Defensa de la Nación presentó información a la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso sobre el estado de situación en que quedó la fábrica cordobesa y los posibles actos de corrupción alrededor de su funcionamiento. 

“A Argañaraz se le perdieron $300 millones”. Cuando la administración de FAdeA cambió de color político una de las primeras personas en denunciar las irregularidades que se advertían fue Cristina Salzwedel, dirigente radical riojana y del riñón del por entonces ministro de Defensa Julio Martínez. 

En diálogo con este medio la ex funcionaria (dejó la presidencia el año pasado en manos del actual titular de la empresa, Ércole Felippa) señaló que “la por parte de las administraciones de FAdeA fue la de Argañaraz. Si uno revisaba los contratos, los antecedentes, era claramente desde ahí que arrancaba el desmanejo desproporcionado, de una manera ilógica. Yo creo que hubo corrupción. Una planta que se sobredimensionó de tal manera, con 1600 empleados, y que no fabricaba aviones en serie. 

A Argañaraz se le perdieron $300 millones. Él recibió distintas partidas a lo largo de su gestión y hubo $300 millones que no estaban plasmados en repuestos, en pagos, ni en ningún lado. Fondos del Ministerio de Defensa. Ese faltante se detectó por una auditoría de Fabricaciones Militares. Asume Savoca y nadie dijo nada, hicieron la vista gorda. No es poquito, no son 1500 pesos, se perdieron $300 millones. Se desviaron $300 millones y nadie sabe a dónde. Espero que la Justicia avance porque FAdeA fue uno de los principales nichos de corrupción en Córdoba y usada como caja política del kirchnerismo”. 

Salzwedel también señaló que había fondos que eran inconsistentes y no tenían relación con el trabajo específico que se debería realizar en  la fábrica de aviones. Un ejemplo fueron las partidas que llegaban para la realización de obras y plazas en el marco de programas de Responsabilidad Social Empresaria, pero inconsistentes mirando los números y la realidad de la planta. “Encontramos un programa de RSE que era bastante difícil explicar, de cuadrar los montos destinados a eso con las compras hechas”, contó. 

Auditoría reveladora. La auditoria que encaró el año pasado la gestión de Salzwedel a Deloitte detalla, entre otros aspectos, que mientras el número de ingenieros pasó de 201 en 2010 a 269 en 2015, la cantidad de aviones producidos por la fábrica en ese lapso de tiempo se mantuvo constante: 0. Ese mismo trabajo da cuenta de que la empresa pasó de perder $150 millones en 2013 a $212 en 2014 y luego $1498 millones al final de 2015, aunque desde la empresa las autoridades actuales creen que ese “salto” se explica porque en los años previos se dibujaron los balances y se fue ocultando la pérdida, que finalmente apareció acumulada en el último año del Gobierno de Cristina Fernández. 

Quisieron comprar 80 helicópteros. La compra de un helicóptero a la empresa China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) es una novela en sí misma de la que se conocen algunos capítulos, pero otros no. El año pasado trascendió que esa compra se hizo de forma directa, que el helicóptero no vuela y que como los manuales estaban en chino tuvieron que traer a una joven china para que oficie de traductora. La joven tradujo, los operarios montaron el helicóptero y luego la ciudadana china formó pareja en Córdoba, tuvo un hijo e incluso le dieron un puesto en la FAdeA K. Hasta ahí el dato de color. Lo más complicado era que, según distintas fuentes que reprodujeron la maniobra, el entonces presidente de la empresa Raúl Argañaraz viajó a China con intención de comprar decenas de helicópteros, en el marco de un negocio atado a un curioso contrato: “Argañaraz viajó a China y quiso comprar dos helicópteros. Cuando él vuelve con el contrato el directorio no se lo aprobó. Le aprobó uno sólo. Compró un helicóptero como si hubiera comprado un par de zapatos”, contó Salzwedel. “El helicóptero costó entre US$5 y US$6 millones porque venía con un paquete de transferencia de tecnología. Pero no puede usarse. Puede volar en el espacio aéreo de FAdeA, pero no está homologado, no está certificado. Y el problema es que en el contrato con la empresa china había una clausula que disparaba la compra de otros 80 helicópteros si a ese helicóptero se lo homologaba”, detalló una fuente de FAdeA. Hoy el helicóptero está guardado en un hangar, parcialmente desmontado. 

Motores sin aviones y servicios inflados. Otro ejemplo del desmanejo de la empresa lo certifican las compras excesivas de insumos, piezas y partes que no se ajustaban a un programa productivo en marcha. Un caso concreto fueron los 22 motores comprados a la empresa Honeywell que fueron encontrados embalados en cajas y que debían montarse en aviones Pampa, pese a que no se produjeron aviones. “Nos encontramos con 22 motores Pampa de US$ 1,8 millones cada uno. No había necesidad de comprar 22, no se necesitaba eso en el marco de la actividad que tenía la empresa, esas compras no se justificaban. Uno de los problemas que tuvimos es que no se habían terminado de pagar, había una deuda de US$ 2,7 millones y encima había una orden de compra de otros 6 motores más que la empresa proveedora quería mandar”, graficó un directivo actual de la planta. 

Además de esas compras sobredimensionadas otro aspecto que genera dudas son los costos por los servicios que distintas empresas cobraban a FAdeA. La actual gestión relicitó todos los servicios y dos años después bajaron los precios hasta un 40% para servicios como catering, seguridad o limpieza. 

Contratos bajo análisis, compras sobredimensionadas y deudas impagas. De los informes y auditorías internas se desprenden algunos casos emblemáticos que dan cuenta del desmanejo que se ejecutó en FAdeA durante los años de las administraciones kirchneristas. Algunos ejemplos de contratos observados: 

-Helicóptero Z 11 Catic de China. Durante la presidencia de Argañaraz se compraron dos helicópteros con intención de un nuevo plan productivo para FAdeA. El directorio aprobó sólo uno. La compra generó un gasto de US$ 5 millones. Actualmente no se usa y no está homologado. Una cláusula en el contrato de esa compra activaba la adquisición de otros 80 helicópteros. 

-Aviones GROB: FAdeA compró directamente 10 unidades (nunca fue autorizada por el Directorio) cuyo destino es el entrenamiento de los pilotos de la Escuela de Aviación Militar. El contrato fue de 21,7 millones de euros (quien no pagó nada por el servicio y tampoco hubo contrato). Sólo funcionan 7 aviones.

-22 Motores para aviones Pampa. Se encontraron embalados en cajas 22 motores para aviones Pampa. Pero durante las gestiones k no se fabricaron unidades de ese modelo. Cada motor costó US$1,8 millones. Había otra orden de compra por otros 6 motores que fue desactivada por la actual gestión de la empresa. 

-Software de VATES. Se analizó un contrato con la empresa cordobesa VATES para el desarrollo de un software para Control y Planeamiento de Producción. Un informe detalla que “No se encontraron documentos que detallen el riesgo que se corría en el Proyecto de KC-390 si no se encargaba el desarrollo de este software a medida”. 

Un pedido de secreto en Washington y varios nombres comprometidos

Por Nicolás Wiñazki - Clarin

Odebrecht. La Justicia de EE.UU mencionó ante los jueces argentinos a Ben(Aysa); el ex vice ministro Feletti;  Sánchez Caballero (Iecsa) y a Jorge “Corcho Rodríguez

El primero en hablar fue un afroamericano, importante subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, según sus siglas en inglés). Fue seco, pero firme y claro: la información que se obtuviera en el curso de la reunión que acababa de empezar debía ser manejada en forma confidencial.

Explicitó que la documentación sobre las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina, que las autoridades judiciales estadounidenses intercambiarían con los jueces, fiscales y funcionarios de nuestro país que estaban allí presentes, no tenía que filtrarse. Mucho menos tolerable, remarcó, sería que se intentara usar a esos datos para buscar un posible rédito en la política local. Todos asintieron.

Todos, entre los que se cuentan también a los anfitriones, eran muchas personas. Alrededor de veinte. Lo saben los cuadros diplomáticos, los agentes de Inteligencia: un secreto empieza dejar de serlo cuando se lo cuenta frente a tantos testigos.

Clarín pudo reconstruir parte de la reunión sobre el caso Odebrecht que se realizó el martes 11 en el Robert Francis Kennedy Building, sede del poderoso DOJ, un edificio que se levanta con la potencia de una mole griega en Washington. Algunos de los nombres de la causa Odebrecht mencionados en ese encuentro coinciden como imputados o personas bajo sospecha en las causas judiciales sobre la constructora brasileña que ya se iniciaron en la Argentina. Otros, no. 

Clarín pudo reconstruir, en base a fuentes que conocen la trastienda de las pesquisas norteamericanas sobre el caso, que los nombres mencionados el martes 11 en la reunión que reconstruye en parte esta nota fueron, los del el ex titular de Aguas Argentinas (AYSA), Carlos Ben; el del ex asesor de Odebrecht en Buenos Aires, Jorge “Corcho” Rodríguez; el del ex titular de Nación Fideicomisos y ex viceministro de Economía, Roberto Feletti; y del ex gerente general de la constructora IECSA, Javier Sánchez Caballero.

La empresa IECSA perteneció a la familia Macri e hizo negocios con Odebrecht financiados con fondos públicos durante la gestión de los Kirchner. El presidente Mauricio Macri asegura que en ese momento él ya no tenía acciones de la compañía, que su primo, Ángelo Calcaterra, terminó vendiendo.

El primer mensaje que los funcionarios norteamericanos les transmitieron a las autoridades argentinas fue una buena noticia para la Casa Rosada. Uno de los miembros del DOJ les aseguró a sus visitantes, casi como si fuera un comunicado oficial, que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, está en los Estados Unidos desvinculado de las causas Odebrecht. Su nombre no figura en los documentos de los investigadores. Arribas había sido denunciado por un financista brasileño, vinculado a Odebrecht, de haber cobrado supuestos fondos ilegales desde Brasil. Fue sobreseído rápidamente en los tribunales.

Los funcionarios norteamericanos fueron tan enfáticos en despegar a Arribas de este caso, que dos de los fiscales presentes que habían insistido con ese tema se pusieron incómodos. Fueron el fiscal Franco Picardi. Y Sergio Rodríguez, titular de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas. Los dos son afines a la agrupación K del Poder Judicial, llamada “Justicia Legítima”.

La comitiva argentina que fue recibida por el DOJ la integraban, entre otros, los jueces federales Daniel Rafecas, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Casanello y sus secretarios. Y funcionarios de la Oficina Anticorrupción, de Laura Alonso.

La reunión fue organizada por integrantes del Ministerio de Justicia. Y por el de Seguridad. Tras la reunión, hay ex funcionarios K más comprometidos que antes en las causas Odebrecht que se tramitan la Argentina.

El ex titular de Nación Fideicomisos, Roberto Feletti, por ejemplo, ya tiene un pedido de indagatoria realizado por el fiscal Federico Delgado en un dictamen rotundo relativo a cómo fue que Odebrecht, gracias a ventajas notables que le dio el Estado, construyó una planta potabilizadora de agua que tenía un presupuesto primario de $ 2.293.323.243,33. Pero que creció a $ 5.150.390.531,94.

Feletti desmintió las acusaciones en su contra. En Washington desconfían de él. En el mismo caso, también Delgado pidió la indagatoria del ex titular de AYSA, el organismo la empresa que conducía Carlos Ben.

El juez Ramos investiga el posible pago de coimas que, según el relato de “arrepentidos” juzgados por Brasil, tuvieron como destinatarios al entorno del ex ministro K Julio De Vido, hoy diputado. Esos pagos estarían vinculadas a la venta de la empresa Transener a Electroingeniería. En Washington hay material de ello.

Respecto a Sánchez Caballero, el ex gerente de IECSA también está investigado en Argentina por su rol en los contratos por el soterramiento del Sarmiento.

Las fuentes consultadas coincidieron, todas, en que uno de los nombres más mencionados en la reunión de Washington fue el de “Corcho” Rodríguez. El juez Daniel Rafecas, por ejemplo, investiga la construcción de gasoductos que realizó Odebrecht y se habría interesado en Rodríguez. Y, sobre todo, en Feletti y su papel en “Nación Fideicomisos”.

Jorge Rodríguez desmintió haber sido “valijero” de Odebrecht. Dice que solo fue su asesor. En Washington no piensan igual.

La información sobre los supuestos “coimeados” por Odebrecht, recolectada por el Departamento de Justicia, es concreta y precisa. Buena parte de la misma se considera probada como cierta por la Justicia norteamericana. La Argentina no conoce todos los datos sobre el caso que están bajo resguardo de los investigadores de los Estados Unidos.

Río Turbio: Planificación gastó $ 300 millones en un "tren fantasma"

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Según una auditoría, el proyecto turístico, que jamás funcionó, estuvo plagado de irregularidades graves

Foto: Archivo / Soledad Aznarez

El Ministerio de Planificación gastó más de $ 296 millones entre 2014 y 2015 en la fallida restauración del tren turístico de 22 kilómetros que jamás funcionó entre Río Gallegos y una estancia privada, pero que acumuló todo tipo de irregularidades administrativas y posibles delitos, según surge de una auditoría que ordenaron las nuevas autoridades del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

Esa auditoría, que ya se entregó a la Justicia, expuso que no hay registros de cómo y en qué se gastaron decenas de millones de pesos, falta documentación presupuestaria y contable, y varios documentos que sí se recuperaron se encuentran antedatados, posdatados o fueron fechados en días feriados, como el 1 de enero o el 1 de mayo. También detectaron pagos millonarios sin firmas autorizadas o que se autorizaron con un simple e-mail. Conclusión: esas contrataciones serían nulas.

El malgasto de fondos públicos también abarcó sobreprecios del 48 al 79% en ciertos rubros, como así también implicó gastar $ 14,3 millones en una inhallable "campaña comunicacional" de "promoción" nacional e internacional del "tren histórico Eva Perón", y casi $ 1,1 millón más en su "inauguración", 15 días antes de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Alicia Kirchner compitió por la gobernación de la provincia de Santa Cruz.

La entonces candidata participó en ese acto, que incluyó para las fotos una locomotora a vapor que se encontraba "reparada", pero "sin terminar", según la auditoría. Detectaron que estaban "inconclusos los sistemas de lubricación, de frenos, de alimentación de carbón y eléctrico", pero que aun así se montó sobre un tendido ferroviario que tampoco estaba terminado.

Redactada por un ex integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Horacio Pernasetti, y el consultor Miguel Arancio Guzmán -quien este año asumió una subgerencia en YRCT-, la auditoría se completó en julio de 2016. Desde entonces, algunos extractos salieron a la luz, pero nunca se expuso el cuadro completo de los cientos de millones de pesos que se destinaron al "convenio marco Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, Material Rodante e Infraestructura Complementario".

Ese "convenio marco", firmado en julio de 2014 por el subsecretario Roberto Baratta, considerado la mano derecha de Julio de Vido, derivó en la firma de 71 "convenios específicos" con tres puntales: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), su Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y el satélite de esta, la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (FFRSC). De ese modo se presupuestaron $ 707,3 millones, de los que se llegaron a facturar casi $ 300 millones. Y ese dinero es el que terminó bajo sospecha.

Esa misma operatoria entre el ministerio, YCRT, la universidad y diversas empresas, pero ampliada a todo el espectro de Río Turbio, dominó las noticias durante los últimos diez días, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria, el desafuero y la detención de De Vido, lo que rechazó el juez federal Sergio Rodríguez. Para De Vido, las acusaciones por Río Turbio son un invento, "una suerte de confabulación mediática y política impulsada por Mauricio Macri, Elisa Carrió y Germán Garavano", dijo.

Por lo pronto, la auditoría sobre el tren expuso múltiples falencias: "En YCRT no se encontraron planos del proyecto completo del Tren Histórico Eva Perón, ni de su recorrido, no existen datos sobre el grado de avance de las obras, ni un detalle de las ejecuciones", según consta en la copia íntegra de ese informe que obtuvo LA NACION. Pernasetti y Arancio Guzmán alertaron, en particular, sobre varios ejes:

Se destinaron cerca de $ 200 millones a "construcciones de terraplenes, durmientes, colocación de rieles, construcción de un andén y remodelación de una estancia, todas realizadas en una propiedad privada sin la existencia de actos administrativos o expropiaciones o convenios de uso del suelo con los titulares de la estancia KilliK Aike", una propiedad privada.

Casi todos los convenios "se firmaron sin respetar el presupuesto de la obra y sin superar la suma de $ 13.600.000" porque ese era el máximo que el interventor de YCRT podía autorizar en forma directa. Cuando un presupuesto superaba esa cifra, abundaron, se dividía en cuantos convenios fuera necesario para que cada uno de ellos quedara por debajo de ese monto límite.

Se firmaron dos convenios para una "promoción y campaña comunicacional" nacional e internacional por un total de $ 14,3 millones, pero "no hay informes ni constancias de productos entregados por lo que no está claro cómo se cumplió o que bienes y/o productos generó por el pago efectuado".

Todos los gastos vinculados al "tren histórico" se hicieron sin informes de imputación presupuestaria, ni dictámenes de las áreas administrativas o legales. ¿Cómo se autorizaban entonces esos gastos? "Se hacía de forma informal mediante correo electrónico", que enviaba personal del ministerio con la participación de Baratta, desde Buenos Aires.

Por el contrario, remarcaron los auditores, el equipo responsable del sector "vías y obras" de YCRT radicados en Río Gallegos, "que tenía competencia directa sobre el complejo ferroviario Río Turbio a Punta Loyola, nunca fue consultado ni tuvo participación en el diseño, planificación o ejecución de la obra".

Múltiples facturas se pagaron con la firma de personas que no estaban autorizadas para ordenar esos pagos, "sin firmar", con rúbricas que "no se pudo identificar", entre otras irregularidades.

Así, estimaron Pernasetti y Arancio Guzmán, "surge con claridad que se usó un contrato de supuesta cooperación técnica entre YCRT, el Ministerio de Planificación y la FRSC - UTN a través de la (Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz), para eludir las normas de contratación de bienes y servicios vigentes para los entes de la administración pública, incluyendo la propia UTN".

¿Quiénes participaron en la operatoria sospechada? Baratta y otro funcionario del Ministerio de Planificación, Jaime Álvarez, los responsables de la UTN, su regional santacruceña, la fundación vinculada a esa regional y varios jerárquicos de YCRT. Entre ellos, su entonces interventor, Atanacio Pérez Osuna, el coordinador general, Miguel Larregina, su esposa y responsable de la delegación Buenos Aires, Marta Pérez, y el gerente de explotación, Fernando Lisse.

Para Pernasetti y Arancio Guzmán lo ocurrido en Río Turbio bajo la órbita De Vido fue "un accionar, ilegítimo y arbitrario que amerita la realización no solo de sumarios administrativos para deslindar responsabilidades, sino también la promoción de denuncias a los fines de investigar la posible existencia de delitos".

El avión en el que viajó Lázaro Báez el día de su arresto será usado por la Policía Federal

(Infobae.com) - Podrá ser utilizado para el traslado de personal o detenidos

El avión privado que utilizó Lázaro Báez el día que fue detenido tras aterrizar en el aeropuerto de San Fernando en abril de 2016 será entregado a la Policía Federal. Se trata del Lear Jet 35 LV-BPL en el que el empresario viajó a Buenos Aires desde Santa Cruz. El propósito de esta entrega es la reutilización de bienes con fines sociales.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich se habían reunido con el juez federal Sebastián Casanello para tener la guarda de los aviones del empresario y luego avanzaron un poco más. De hecho, Casanello está de viaje y volverá a sus funciones en los próximos días, por lo que al llegar firmará esta iniciativa y se determinará así la fecha de entrega de la nave.

La Policía Federal usará el avión para el rápido traslado de su personal ante alguna alguna intervención urgente que ocurra en el país, como allanamientos, la búsqueda de prófugos o la ayuda ante alguna crisis que se produzca en alguna provincia, entre otras cuestiones. También si necesita para eventuales apresados en otras provincias y que la Justicia requiera su inmediata presencia. La aeronave, de esa manera, acelerará los operativos que lleve a cabo la fuerza que dirige el comisario general Néstor Roncaglia en el interior del país.

Báez podría perder también los demás aviones de empresa Top Air, los cuales también tendrían un fin social. En ese sentido, está la posibilidad de que que puedan ser otorgados tres de ellos a las otras fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria), aunque eso no se definió aún.

En mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el secuestro de las aeronaves ordenado por Casanello y le dio el permiso para tomar "todas las medidas de conservación y resguardo apropiadas", entre las cuales estaba la de "evaluar la posibilidad de disponer su utilización para un fin social".

La Oficina Anticorrupción pidió que De Vido vaya a juicio por la compra de trenes chatarra

Por Nicolás Pizzi - npizzi@infobae.com

La Oficina Anticorrupción destacó el rol del ex ministro de Planificación en la maniobra que le costó al Estado más de 100 millones de euros.

La Oficina Anticorrupción pidió este martes que el ex ministro de Planificación Julio De Vido vaya a juicio oral en la causa que investiga la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2007 y 2011, que motivó la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la OA destacó el rol de De Vido, jefe directo de Jaime, y el estado deplorable de los trenes adquiridos por más de 100 millones de euros.

"De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos y, también, omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte, que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos", dice el escrito.

El ex ministro de Planificación fue procesado por el juez Julián Ercolini hace un año por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como participe del cohecho, ya que Jaime y su testaferro Manuel Vázquez cobraron 2 millones de euros en coimas que se canalizaron a través de la empresa CAESA.

En ese fallo, Ercolini había destacado el rol del ex ministro y ahora candidato a senador Florencio Randazzo: "Fue el propio ministro (de Interior y Transporte) el que instruyó a las distintas dependencias para que entregara a la AGN toda la información disponible".

Foto: Ricardo Jaime

Ahora, en su rol de querellante, la Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de De Vido por la compra irregular a las empresas españolas EE, RENFE y FEVE (76.313.108 de euros), y a la empresa portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses (25.639.896 de euros).

"Se firmaron acuerdos, contratos y adendas entre el ministerio que dirigía De Vido y la Secretaría de Transporte de la Nación, que estaba a cargo de Ricardo Jaime, a través de los cuales el Estado nacional adquirió material rodante obsoleto con sobreprecio, en muchos casos en un estado inservible", manifestó el organismo que conduce Laura Alonso.

De Vido ingresó a la causa en una segunda tanda. Para entonces ya estaban procesados Jaime, Vázquez y Ricardo Testuri, un ex funcionario del área de Transporte que controló el material rodante.

Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y además no hubo controles cuando los trenes llegaron al país. En tanto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detectó que de las 46 unidades, 36 estaban fuera de servicio y 10 para desguace.

Los trenes chatarra

"El material se encontraba insuficientemente verificado, y lo realmente verificado en malas o pésimas condiciones cuando no en un estado total de destrucción que no calificaba siquiera para desguace", expresó la OA al solicitar que De Vido vaya a juicio.

En el mismo escrito, el organismo reclamó que también sea juzgado Carlos Castaño, ex funcionario de la CNRT, porque "colaboró con dicha maniobra realizando actos que hacían a su competencia como funcionario público, los cuales resultaron determinantes para la suscripción de los contratos, inspecciones e informes del material rodante en España y la República de Portugal de compraventa de material rodante ferroviario en cuestión".

Estados Unidos dio nombres por las coimas de Odebrecht en la Argentina

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Fiscales y jueces se reunieron en Washington con el Departamento de Justicia.

Una comisión de jueces y fiscales argentinos accedió en Estados Unidos a nombres de personas relacionadas con el pago de sobornos que realizó la empresa Odebrecht para quedarse con contratos de obras públicas en Buenos Aires.

Así lo revelaron a LA NACION fuentes al tanto de lo que ocurrió en una reunión cerrada entre los funcionarios judiciales argentinos y autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tuvo lugar ayer en Washington.

No trascendieron los nombres de las personas que se mencionaron durante ese encuentro con autoridades de la División Criminal de la Sección del Departamento de Justicia, que se encarga de perseguir las violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en castellano). Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en ese país, como Odebrecht.

Los funcionarios argentinos que ayer se reunieron en Washington con las autoridades norteamericanas son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Caasanello y Daniel Rafecas y los fiscales Sergio Rodríguez y Franco Picardi. También participó Ignacio Irigaray, alto funcionario de la Oficina Anticorrupción.

Ninguno de los presentes quiso revelar el contenido del encuentro cuando LA NACION los consultó. Sólo dijeron que rige una estricta confidencialidad impuesta por los norteamericanos para que fluya la colaboración.

No obstante, fuentes al tanto de lo conversado explicaron que los argentinos accedieron a datos de una base construida por los norteamericanos con las confesiones de Odebrecht y los documentos que aportó la constructora brasileña en el marco del acuerdo por el cual se le permitió seguir haciendo negocios a cambio de pagar una multa de 3500 millones de dólares.

Ahora, los argentinos podrán enviar exhortos a Washington para pedir oficialmente la información que oriente sus investigaciones y procesar a quienes pagaron coimas en la Argentina.

La reunión duró varias horas. La evaluación que realizaron fuentes al tanto del encuentro es que fue "bastante buena". Ésta es una vía informal para acceder al contenido de las bases de datos y luego pedir la información completa mediante exhortos.

Tras el encuentro, los norteamericanos y los argentinos se juraron confidencialidad. Y la mantuvieron a rajatabla a tal punto que no hubo ninguna declaración conjunta.

"Nuestros países desarrollan una importante y colaborativa relación en materia de investigaciones penales", dijo con hermetismo una fuente cercana al encuentro. "Fue una muy buena reunión de trabajo donde se fomentó la colaboración entre las autoridades de ambos países en materia de investigación de causas penales", agregó otra fuente. Los nombres se conocerán por vía oficial cuando lleguen por exhorto a Buenos Aires.

Es un avance por el camino que abrió el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se entrevistó en Washington, el 6 del mes pasado, con el fiscal general Jeff Sessions y funcionarios del Departamento de Estado. Sobre todo considerando el fracaso de las conversaciones con Odebrecht para que se avenga a aportar información y las frustradas negociaciones con los fiscales brasileños para que faciliten las declaraciones de los ejecutivos que confesaron en Brasil haber pagado sobornos en la Argentina a través de intermediarios.

Jueces tras el pago de sobornos

Sebastián Ramos - Juez federal: Caso Transener - Investiga a De Vido por coimas por dirigir la venta de Transener a Electroingeniería

Sebastián Casanello - Juez federal:  Caso AYSA - Investiga sobreprecios y fraude en la construcción de una planta depuradora para AYSA

Marcelo Martínez de Giorgi - Juez federal: Caso Sarmiento - Investiga coimas de Odebrecht por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento

Daniel Rafecas - Juez federal: Caso gasoductos - Investiga el pago de sobornos por la ampliación de gasoductos hechos por Odebrecht