Evasión al impuesto a los combustibles: Cristóbal López ya debe $ 10.000 millones

Por Lucía Salinas (Clarin.com) - Se trata de los $ 8.000 millones que evadió del impuesto a los combustibles a lo que se agrega $ 2.000 millones por intereses. Si se le concede la moratoria, se le condonarían los intereses al empresario K. 

Cristóbal López y una deuda con la AFIP que no se detiene. Foto: Emmanuel Fernández

La cifra se incrementa mes a mes. En la actualidad la deuda que Cristóbal López mantiene con la AFIP a través de su empresa Oil Combustibles, ya supera los $ 10.000 millones, por los intereses aplicados. Se trata del dinero correspondiente al Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC) que el empresario K nunca pagó al ente recaudador. Utilizó los $ 8.000 millones (cifra inicial) para financiar al Grupo Indalo. El Gobierno espera que la justicia declare nula la convocatoria de acreedores “y evitar que ingrese a la moratoria de la que tiene reserva”, señaló una fuente oficial. Quieren recuperar el dinero, y que López “sea procesado por defraudación impositiva”.

Oil Combustibles la empresa de Cristóbal López que mantiene una deuda millonaria con la AFIP. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Cristóbal López enfrenta al menos 13 denuncias iniciadas por la AFIP donde le reclaman 589 millones de pesos. Retención indebidas de aportes previsionales, apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social en empresas de medios de comunicación, son parte de las acusaciones que recaen sobre más de 30 empresas del Grupo Indalo. El Estado tiene como objetivo recuperar el dinero de las deudas impositivas que generó el empresario kirchnerista.

En el laberinto de causas, embargos y denuncias, la meta principal de la AFIP es que López pague la deuda que mantiene por no pagar el ITC durante el gobierno de Cristina Kirchner. La cifra al inicio de la causa penal, por defraudación a la administración pública, fue de $ 8.000 millones, pero ya supera los $ 10.000 millones, señalaron desde la AFIP.

López y su socio Fabián de Sousa utilizaron entre 2008 y 2015 la "refinanciación de planes de pago de AFIP 100% a 120 meses", según los documentos del Grupo, donde reconocen que para "capitalizar el beneficio deben cubrirse los desfasajes financieros con aportes de capital".

El dueño de Indalo eligió no pagar a la AFIP y financiar su holding. Por ejemplo: en un semestre en 2015, Oil transfirió $ 74 millones a siete firmas para sueldos. En 2016, en dos meses, la petrolera giró $ 124 millones a dos sociedades para gastos corrientes. Compraron bonos por más de $ 524 millones para adquirir la aseguradora Providencia. 

La Cámara Federal aún debe decidir si la denuncia por los $ 8.000 millones seguirá en el fuero ordinario, donde la tuvo el juez Julián Ercolini y se declaró incompetente, o si quedará radicada en el fuero penal económico, la deuda de Oil sólo se incrementó.

Con el correr de los meses, según señalaron desde la AFIP, se aplicaron intereses y punitorios y hoy López debe más de $ 10.000 millones al Estado. La cifra continuará incrementándose, "los intereses corren todos los meses", indicaron desde el Gobierno donde sostienen que López, "debe ser procesado por defraudación y pagar la deuda completa a la fecha".

La AFIP hizo una presentación para que la justicia declare nulo el concurso de acreedores de la petrolera, un trámite que inició el empresario en Comodoro Rivadavia y quedó finalmente, radicado en Capital Federal. Si esto ocurre, evitarán que Oil Combustibles ingrese a la moratoria fiscal. La Corte Suprema aceptó analizar el concurso.

El empresario K hizo una reserva de la moratoria y un ingreso en suspenso por $ 500.000, pero si la causa pasa al fuero penal económico y se acepta el concurso de acreedores, López podrá ingresar los $ 8.000 millones al régimen de pago. “Encontró una ventana”, repiten en la Casa Rosada y buscan impedir que se allane el camino al empresario K.

En paralelo, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial busca determinar si “el estado de cesación de pagos de Oil Combustibles fue simulado o, en su caso, creado artificial y dolosamente”.

Son las variables que permitirán que el Estado le cobre a López más de $ 10.000 millones por la deuda de Oil. En caso contrario, el dueño de Indalo podrá incluir a su empresa en la moratoria y sólo pagará en 60 cuotas (con una entrega que prevé de $ 6.500 millones después de vender activos de la petrolera), los $ 8.000 ya que el régimen fiscal condona los intereses.

El Gobierno mudará el Ministerio de Justicia al predio de la ex ESMA

Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION

Garavano reveló a LA NACION que ya lo conversó con Carlotto, que no puso objeciones; el traslado se hará en dos años; allí funcionó el principal centro clandestino de detención durante la dictadura

El Gobierno mudará el ministerio de Justicia al predio de la ex ESMA.

El Gobierno avanza con un proyecto para mudar el Ministerio de Justicia de la Nación al Espacio Memoria y Derechos Humanos, el predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura.

Las gestiones están avanzadas. Ya están listos los croquis y el ministerio tiene asignado el que será su lugar, el "edificio 11", hoy desocupado, según informó a LA NACION el ministro de Justicia, Germán Garavano. Se mudarán unas 350 personas y la idea es que todo el traslado se haya concretado en dos años.

Los diálogos con referentes de los organismos de derechos humanos empezaron hace meses. Una de las interlocutoras fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que ayer dijo a LA NACION que las entidades no se oponen al traslado.

La relación de los organismos con el macrismo es tensa y su aval es clave para concretar la mudanza, porque el gobierno del Espacio Memoria y Derechos Humanos está en manos de un ente tripartito, formado por un representante de la Nación, uno de la ciudad de Buenos Aires y otro designado por un directorio de organismos de derechos humanos. "La dirección será en toda oportunidad conjunta", dice la ley respecto del funcionamiento del ente público.

En los próximos días, se presentará el croquis del proyecto al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, para su aprobación. Una vez que esté aceptado, se iniciará el trámite para contratar las obras.

Las oficinas que piensa mudar el gobierno de Macri están hoy en el edificio de Sarmiento 329. Incluyen la Unidad Ministro y la Secretaría de Justicia, es decir que el número uno y el número dos del ministerio trabajarían desde la ex ESMA.

Hoy ya funciona en este predio, emplazado en Avenida del Libertador 8151, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, hace meses que Garavano se instala allí varias veces por semana. "Aspiramos a una puesta en valor de todo el predio -dijo el ministro Garavano a LA NACION, en respuesta al porqué de la mudanza-. Tiene que ver con jerarquizar."

Según el ministro, "es frecuente que se olvide" que su cartera es de Derechos Humanos y no sólo de Justicia, y su idea es "devolver ese equilibrio".

Sin reparos

"Hace bastante que lo venimos conversando -relató Estela de Carlotto a LA NACION-. Aunque tengamos diferencias, en esto no tendríamos oposición porque es el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Lo que no toleraríamos es que pusieran otros espacios que no tengan nada que ver."

Según Carlotto, las obras en la ex ESMA podrían ser positivas porque hace tiempo que están pidiendo refacciones eléctricas y de cañerías de cloacas, y hay lugares que se inundan. "Hay edificios que siguen estando deteriorados. Lo que perfeccione el funcionamiento general va a ser bueno", dijo.

En el marco de los diálogos para concretar el traslado, el Ministerio de Justicia anunció que se harán los trabajos eléctricos y de cañerías, y ofreció instalar un comedor y un auditorio para usos múltiples.

El ministro de Justicia, Germán Garavano. Foto: Archivo / Daniel Jayo

En el Gobierno sostienen, además, que el edificio de Sarmiento del ministerio no es funcional y que la mudanza permitirá liberar otros inmuebles que hoy se alquilan. Las dependencias que ocupan esos edificios pasarán a la sede de Sarmiento y el cálculo oficial es que así se ahorrarán más de $ 30 millones anuales.

En paralelo, como otra prueba de su voluntad de visibilizar el Espacio, Garavano dijo a LA NACION que están apoyando el proyecto para que la Unesco declare Patrimonio de la Humanidad el museo del Sitio de Memoria, tal como hizo con otros lugares emblemáticos como el campo de concentración de Auschwitz y Robben Island, en Sudáfrica.

El edificio donde pretende instalarse el ministerio está desocupado y, según relató Garavano, un informe que encargó el Gobierno sostuvo que allí no se cometieron delitos de lesa humanidad y que no tiene valor histórico. Además, esperarán que eso sea ratificado por una conformidad judicial del juez federal Sergio Torres, instructor de la megacausa por los crímenes de la ESMA.

El Espacio Memoria y Derechos Humanos se estableció en 2004 donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y tortura de la región. El cálculo, según los datos oficiales, es que en la ESMA fueron desaparecidas alrededor de 5000 personas. Hoy, los objetivos del lugar son la "preservación de la memoria" y la "promoción y defensa de los derechos humanos desde distintas perspectivas y modalidades". 

Foto: Estela de Carlotto.

Funcionan dentro del predio un conjunto de instituciones, además del Sitio de Memoria, que está ubicado en el ex Casino de Oficiales, complejo habitacional de las altas jerarquías de la Marina donde se ubicó la base operativa de la represión. Están también el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un centro de promoción de la cultura y los derechos humanos con cine, música, teatro, fotografía y talleres; la Casa por la Identidad y otros espacios de distintas organizaciones de derechos humanos; el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos auspiciado por la Unesco, y señales de televisión públicas, como el Canal Encuentro y Pakapaka.

Abuelas de plaza de mayo - "Aunque tengamos diferencias, no hay oposición. Es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos"

Allanaron la joyería Simonetta Orsini, cercana al poder

Por Iván Ruiz - LA NACION

La AFIP acusa a la empresa por el ingreso ilegal de 400 relojes de lujo al país

Allanaron la joyería Simonetta Orsini, cercana al poder. Foto: Archivo 

Simonetta Orsini, la joyería más frecuentada por políticos, jueces y empresarios, fue allanada ayer por una causa en la que se investiga contrabando y evasión fiscal en la adquisición de joyas. Los funcionarios secuestraron 400 relojes, algunos con valores superiores a US$ 100.000, como Cartier, Piguet y Breguet, entre otras marcas. Ninguna de esas joyas habrían ingresado oficialmente al país.

La AFIP denunció que Simonetta Orsini incurrió en una maniobra de contrabando en la importación de relojes. El mecanismo se realizaba -sostiene el organismo- en el Puerto de Buenos Aires, donde llegaban las joyas. Primero, los relojes de alta gama quedaban en una zona aduanera "en tránsito", pero después ingresaban al país sin pagar los tributos correspondientes. Esos mismos relojes eran ofrecidos, por ejemplo, en el coqueto local de la esquina de Posadas y Cerrito.

Desde su creación, Simonetta Orsini operó con dos socios: Myriam "Mimí" Kohen -esposa del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra- y Martín de Leeuw, condenado en Estados Unidos por lavar millones de dólares de carteles colombianos del narcotráfico.

Kohen aseguró el año pasado a LA NACION que ya no integra la sociedad, pero todavía frecuenta el lugar. En los registros de la Anses, además, aparece actualmente como empleada de Simonetta Orsini. Su marido, cercano al ex funcionario Carlos Zannini, fue uno de los empresarios más beneficiados durante el kirchnerismo. Los últimos contratos que se adjudicó Electroingeniería SA con el anterior gobierno fueron las represas de Santa Cruz.

Los allanamientos, ordenados por el juez penal tributario Diego Amarante, se prolongaron ayer más de lo previsto por los funcionarios judiciales. Mientras intentaban secuestrar toda la información digital sobre los negocios de la joyería, los técnicos se sorprendieron cuando los servidores de la empresa fueron desconectados de manera remota. Los procedimientos, finalmente, se prolongaron durante cuatro horas.

Los diez allanamientos se extendieron, también, a las firmas PS Group SA y Dajij SA, ambas del mismo rubro, por la misma metodología para contrabandear relojes de alta gama. Los procedimientos se extendieron también a cuatro locales en Recoleta, otro en el shopping Patio Bullrich, una oficina administrativa y un estudio jurídico-contable.

"Círculo rojo"

En la esquina de Posadas y Cerrito se levanta el local de Simonetta Orsini más concurrido por el "círculo rojo". Allí, por ejemplo, el ex juez Norberto Oyarbide compró su anillo Bulgari de brillantes. Él mismo decía en su entorno que el anillo costaba US$ 250.000, aunque cuando el Consejo de la Magistratura lo investigó dijo que, en realidad, los joyeros se lo habían prestado.

Oyarbide no era el único personaje que lo frecuentaba. También pasaban desde Julio De Vido y Amado Boudou hasta Sebastián Forza -una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez- y el valijero Leonardo Fariña, entre otros, según reveló LA NACION en septiembre de 2016, de acuerdo con información que consta en los registros contables de la firma. Estos documentos también revelaron una millonaria facturación de la joyería, con compras de hasta US$ 1,5 millones por un reloj de primera línea.

La sospecha por una supuesta relación espuria con la Aduana también se remonta al año pasado. De esos registros internos de Simonetta Orsini también se desprende un contacto catalogado como "Ale Adu", que podría ser identificado como Alejandro Aduana. "Eso es falso", dijo De Leeuw, el dueño de la joyería, cuando fue consultado por contrabando LA NACION. Esos registros también evidenciaron un stock enorme de relojes comprados a Suiza, aunque sin constancia en los documentos sobre su importación.

El Learjet de Báez lo usará el Ministerio de Seguridad (II)

(La Nación) - El juez federal Sebastián Casanello les dio un nuevo destino a dos aviones que les secuestró a la firma Top Air, sospechada de pertenecer al empresario Lázaro Báez.

Uno es un Learjet valuado en más de 500.000 dólares, que el juez entregó ayer al Ministerio de Seguridad. El otro es un Rockwell Commander, tasado en 212.000 dólares, que pasará a manos de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, un ente autárquico que interviene en todos los accidentes e incidentes aeronáuticos, tanto de aviones comerciales de pasajeros como aviones escuela, explicaron fuentes judiciales.

El objetivo -explicó Casanello- es adelantar aunque sea provisoriamente la finalidad pública, social y reparadora de un eventual decomiso, para el que habría que esperar al final del proceso. Otra finalidad, también, es conservar el bien. Por eso, el ministerio lo tendrá a su disposición para los fines que decida pero deberá asegurarlo.

El juez Casanello tomó esta medida en el marco del expediente en el que se investiga a Báez por presunto lavado de dinero y por el cual el empresario está preso desde hace un año y tres meses.

Se trata del mismo juez que le entregó al Ministerio de Seguridad el yate que la Justicia le había secuestrado al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime en una causa por enriquecimiento ilícito.

Para tomar estas decisiones, Casanello invocó las convenciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, y de decomiso de activos.

Humm ...un poco "lenteja este muchacho"...

Fadea K: advierten desvíos de fondos por $300 millones y la Justicia espera datos de AFIP para imputar a exfuncionarios

Por José Busaniche - Perfil.com

La investigación que inició la fiscal López de Filoñuk ya tiene cuatro cuerpos. Una ex presidente de la empresa señala desvíos millonarios de fondos.

FAdeA fue objeto de años de administración kirchnerista durante los cuáles las deudas se acumularon pero los aviones no se fabricaban. Foto:Cedoc Perfil 

En marzo de 2016 la fiscal federal Graciela López de Filoñuk inició una investigación de oficio tras algunas declaraciones de la entonces presidenta de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), Cristina Salzwedel que alertó sobre el alarmante cuadro de situación en que había quedado la fábrica tras las administraciones kirchneristas. Una auditoría señalaba un déficit de $1400 millones para el año 2015, un plantel sobredimensionado para la realidad productiva de la compañía y había fuertes sospechas de desvíos de partidas presupuestarias. 

Casi un año y medio después de los primeros requerimientos de información la investigación de la fiscal López de Filoñuk avanzó y ya cuenta con cuatro cuerpos, aunque aún aguarda información sensible que se pidió a la AFIP para tener un cuadro de situación completo antes de avanzar con posibles imputaciones contra los ex funcionarios que dirigieron la fábrica durante la administración k. El foco está puesto en el período que se inicia con la reestatización de la empresa, en 2009, hasta la finalización de la etapa k, en diciembre de 2015. Además de los informes de AFIP la Justicia cuenta con documentos de auditorías que iniciaron las autoridades de Cambiemos que presidieron la empresa, balances, contratos y las actas de directorio del período investigado. “Yo le he pedido mucha información a la AFIP, desde abril del año pasado. Me han enviado información pero el último envío fue de diciembre del año pasado. Me falta lo último para realizar un pronunciamiento”, señaló López de Filoñuk a PERFIL CORDOBA. 

En la mira. Las presidencias de Raúl Argañaraz (2010-2013) y de Matías Savoca (2013-2015) son las que están en la mira de la Justicia y en particular del primero de ellos, una gestión de la que surgen las mayores inconsistencias e irregularidades en el manejo de la empresa que tiene su sede sobre la avenida Fuerza Aérea, según advierten varias fuentes. Además de la investigación que lleva adelante López de Filoñuk, Raúl Argañaraz también está siendo investigado por el juez Ercolini en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. En paralelo, el Ministerio de Defensa de la Nación presentó información a la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso sobre el estado de situación en que quedó la fábrica cordobesa y los posibles actos de corrupción alrededor de su funcionamiento. 

“A Argañaraz se le perdieron $300 millones”. Cuando la administración de FAdeA cambió de color político una de las primeras personas en denunciar las irregularidades que se advertían fue Cristina Salzwedel, dirigente radical riojana y del riñón del por entonces ministro de Defensa Julio Martínez. 

En diálogo con este medio la ex funcionaria (dejó la presidencia el año pasado en manos del actual titular de la empresa, Ércole Felippa) señaló que “la por parte de las administraciones de FAdeA fue la de Argañaraz. Si uno revisaba los contratos, los antecedentes, era claramente desde ahí que arrancaba el desmanejo desproporcionado, de una manera ilógica. Yo creo que hubo corrupción. Una planta que se sobredimensionó de tal manera, con 1600 empleados, y que no fabricaba aviones en serie. 

A Argañaraz se le perdieron $300 millones. Él recibió distintas partidas a lo largo de su gestión y hubo $300 millones que no estaban plasmados en repuestos, en pagos, ni en ningún lado. Fondos del Ministerio de Defensa. Ese faltante se detectó por una auditoría de Fabricaciones Militares. Asume Savoca y nadie dijo nada, hicieron la vista gorda. No es poquito, no son 1500 pesos, se perdieron $300 millones. Se desviaron $300 millones y nadie sabe a dónde. Espero que la Justicia avance porque FAdeA fue uno de los principales nichos de corrupción en Córdoba y usada como caja política del kirchnerismo”. 

Salzwedel también señaló que había fondos que eran inconsistentes y no tenían relación con el trabajo específico que se debería realizar en  la fábrica de aviones. Un ejemplo fueron las partidas que llegaban para la realización de obras y plazas en el marco de programas de Responsabilidad Social Empresaria, pero inconsistentes mirando los números y la realidad de la planta. “Encontramos un programa de RSE que era bastante difícil explicar, de cuadrar los montos destinados a eso con las compras hechas”, contó. 

Auditoría reveladora. La auditoria que encaró el año pasado la gestión de Salzwedel a Deloitte detalla, entre otros aspectos, que mientras el número de ingenieros pasó de 201 en 2010 a 269 en 2015, la cantidad de aviones producidos por la fábrica en ese lapso de tiempo se mantuvo constante: 0. Ese mismo trabajo da cuenta de que la empresa pasó de perder $150 millones en 2013 a $212 en 2014 y luego $1498 millones al final de 2015, aunque desde la empresa las autoridades actuales creen que ese “salto” se explica porque en los años previos se dibujaron los balances y se fue ocultando la pérdida, que finalmente apareció acumulada en el último año del Gobierno de Cristina Fernández. 

Quisieron comprar 80 helicópteros. La compra de un helicóptero a la empresa China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) es una novela en sí misma de la que se conocen algunos capítulos, pero otros no. El año pasado trascendió que esa compra se hizo de forma directa, que el helicóptero no vuela y que como los manuales estaban en chino tuvieron que traer a una joven china para que oficie de traductora. La joven tradujo, los operarios montaron el helicóptero y luego la ciudadana china formó pareja en Córdoba, tuvo un hijo e incluso le dieron un puesto en la FAdeA K. Hasta ahí el dato de color. Lo más complicado era que, según distintas fuentes que reprodujeron la maniobra, el entonces presidente de la empresa Raúl Argañaraz viajó a China con intención de comprar decenas de helicópteros, en el marco de un negocio atado a un curioso contrato: “Argañaraz viajó a China y quiso comprar dos helicópteros. Cuando él vuelve con el contrato el directorio no se lo aprobó. Le aprobó uno sólo. Compró un helicóptero como si hubiera comprado un par de zapatos”, contó Salzwedel. “El helicóptero costó entre US$5 y US$6 millones porque venía con un paquete de transferencia de tecnología. Pero no puede usarse. Puede volar en el espacio aéreo de FAdeA, pero no está homologado, no está certificado. Y el problema es que en el contrato con la empresa china había una clausula que disparaba la compra de otros 80 helicópteros si a ese helicóptero se lo homologaba”, detalló una fuente de FAdeA. Hoy el helicóptero está guardado en un hangar, parcialmente desmontado. 

Motores sin aviones y servicios inflados. Otro ejemplo del desmanejo de la empresa lo certifican las compras excesivas de insumos, piezas y partes que no se ajustaban a un programa productivo en marcha. Un caso concreto fueron los 22 motores comprados a la empresa Honeywell que fueron encontrados embalados en cajas y que debían montarse en aviones Pampa, pese a que no se produjeron aviones. “Nos encontramos con 22 motores Pampa de US$ 1,8 millones cada uno. No había necesidad de comprar 22, no se necesitaba eso en el marco de la actividad que tenía la empresa, esas compras no se justificaban. Uno de los problemas que tuvimos es que no se habían terminado de pagar, había una deuda de US$ 2,7 millones y encima había una orden de compra de otros 6 motores más que la empresa proveedora quería mandar”, graficó un directivo actual de la planta. 

Además de esas compras sobredimensionadas otro aspecto que genera dudas son los costos por los servicios que distintas empresas cobraban a FAdeA. La actual gestión relicitó todos los servicios y dos años después bajaron los precios hasta un 40% para servicios como catering, seguridad o limpieza. 

Contratos bajo análisis, compras sobredimensionadas y deudas impagas. De los informes y auditorías internas se desprenden algunos casos emblemáticos que dan cuenta del desmanejo que se ejecutó en FAdeA durante los años de las administraciones kirchneristas. Algunos ejemplos de contratos observados: 

-Helicóptero Z 11 Catic de China. Durante la presidencia de Argañaraz se compraron dos helicópteros con intención de un nuevo plan productivo para FAdeA. El directorio aprobó sólo uno. La compra generó un gasto de US$ 5 millones. Actualmente no se usa y no está homologado. Una cláusula en el contrato de esa compra activaba la adquisición de otros 80 helicópteros. 

-Aviones GROB: FAdeA compró directamente 10 unidades (nunca fue autorizada por el Directorio) cuyo destino es el entrenamiento de los pilotos de la Escuela de Aviación Militar. El contrato fue de 21,7 millones de euros (quien no pagó nada por el servicio y tampoco hubo contrato). Sólo funcionan 7 aviones.

-22 Motores para aviones Pampa. Se encontraron embalados en cajas 22 motores para aviones Pampa. Pero durante las gestiones k no se fabricaron unidades de ese modelo. Cada motor costó US$1,8 millones. Había otra orden de compra por otros 6 motores que fue desactivada por la actual gestión de la empresa. 

-Software de VATES. Se analizó un contrato con la empresa cordobesa VATES para el desarrollo de un software para Control y Planeamiento de Producción. Un informe detalla que “No se encontraron documentos que detallen el riesgo que se corría en el Proyecto de KC-390 si no se encargaba el desarrollo de este software a medida”. 

Un pedido de secreto en Washington y varios nombres comprometidos

Por Nicolás Wiñazki - Clarin

Odebrecht. La Justicia de EE.UU mencionó ante los jueces argentinos a Ben(Aysa); el ex vice ministro Feletti;  Sánchez Caballero (Iecsa) y a Jorge “Corcho Rodríguez

El primero en hablar fue un afroamericano, importante subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, según sus siglas en inglés). Fue seco, pero firme y claro: la información que se obtuviera en el curso de la reunión que acababa de empezar debía ser manejada en forma confidencial.

Explicitó que la documentación sobre las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina, que las autoridades judiciales estadounidenses intercambiarían con los jueces, fiscales y funcionarios de nuestro país que estaban allí presentes, no tenía que filtrarse. Mucho menos tolerable, remarcó, sería que se intentara usar a esos datos para buscar un posible rédito en la política local. Todos asintieron.

Todos, entre los que se cuentan también a los anfitriones, eran muchas personas. Alrededor de veinte. Lo saben los cuadros diplomáticos, los agentes de Inteligencia: un secreto empieza dejar de serlo cuando se lo cuenta frente a tantos testigos.

Clarín pudo reconstruir parte de la reunión sobre el caso Odebrecht que se realizó el martes 11 en el Robert Francis Kennedy Building, sede del poderoso DOJ, un edificio que se levanta con la potencia de una mole griega en Washington. Algunos de los nombres de la causa Odebrecht mencionados en ese encuentro coinciden como imputados o personas bajo sospecha en las causas judiciales sobre la constructora brasileña que ya se iniciaron en la Argentina. Otros, no. 

Clarín pudo reconstruir, en base a fuentes que conocen la trastienda de las pesquisas norteamericanas sobre el caso, que los nombres mencionados el martes 11 en la reunión que reconstruye en parte esta nota fueron, los del el ex titular de Aguas Argentinas (AYSA), Carlos Ben; el del ex asesor de Odebrecht en Buenos Aires, Jorge “Corcho” Rodríguez; el del ex titular de Nación Fideicomisos y ex viceministro de Economía, Roberto Feletti; y del ex gerente general de la constructora IECSA, Javier Sánchez Caballero.

La empresa IECSA perteneció a la familia Macri e hizo negocios con Odebrecht financiados con fondos públicos durante la gestión de los Kirchner. El presidente Mauricio Macri asegura que en ese momento él ya no tenía acciones de la compañía, que su primo, Ángelo Calcaterra, terminó vendiendo.

El primer mensaje que los funcionarios norteamericanos les transmitieron a las autoridades argentinas fue una buena noticia para la Casa Rosada. Uno de los miembros del DOJ les aseguró a sus visitantes, casi como si fuera un comunicado oficial, que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, está en los Estados Unidos desvinculado de las causas Odebrecht. Su nombre no figura en los documentos de los investigadores. Arribas había sido denunciado por un financista brasileño, vinculado a Odebrecht, de haber cobrado supuestos fondos ilegales desde Brasil. Fue sobreseído rápidamente en los tribunales.

Los funcionarios norteamericanos fueron tan enfáticos en despegar a Arribas de este caso, que dos de los fiscales presentes que habían insistido con ese tema se pusieron incómodos. Fueron el fiscal Franco Picardi. Y Sergio Rodríguez, titular de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas. Los dos son afines a la agrupación K del Poder Judicial, llamada “Justicia Legítima”.

La comitiva argentina que fue recibida por el DOJ la integraban, entre otros, los jueces federales Daniel Rafecas, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Casanello y sus secretarios. Y funcionarios de la Oficina Anticorrupción, de Laura Alonso.

La reunión fue organizada por integrantes del Ministerio de Justicia. Y por el de Seguridad. Tras la reunión, hay ex funcionarios K más comprometidos que antes en las causas Odebrecht que se tramitan la Argentina.

El ex titular de Nación Fideicomisos, Roberto Feletti, por ejemplo, ya tiene un pedido de indagatoria realizado por el fiscal Federico Delgado en un dictamen rotundo relativo a cómo fue que Odebrecht, gracias a ventajas notables que le dio el Estado, construyó una planta potabilizadora de agua que tenía un presupuesto primario de $ 2.293.323.243,33. Pero que creció a $ 5.150.390.531,94.

Feletti desmintió las acusaciones en su contra. En Washington desconfían de él. En el mismo caso, también Delgado pidió la indagatoria del ex titular de AYSA, el organismo la empresa que conducía Carlos Ben.

El juez Ramos investiga el posible pago de coimas que, según el relato de “arrepentidos” juzgados por Brasil, tuvieron como destinatarios al entorno del ex ministro K Julio De Vido, hoy diputado. Esos pagos estarían vinculadas a la venta de la empresa Transener a Electroingeniería. En Washington hay material de ello.

Respecto a Sánchez Caballero, el ex gerente de IECSA también está investigado en Argentina por su rol en los contratos por el soterramiento del Sarmiento.

Las fuentes consultadas coincidieron, todas, en que uno de los nombres más mencionados en la reunión de Washington fue el de “Corcho” Rodríguez. El juez Daniel Rafecas, por ejemplo, investiga la construcción de gasoductos que realizó Odebrecht y se habría interesado en Rodríguez. Y, sobre todo, en Feletti y su papel en “Nación Fideicomisos”.

Jorge Rodríguez desmintió haber sido “valijero” de Odebrecht. Dice que solo fue su asesor. En Washington no piensan igual.

La información sobre los supuestos “coimeados” por Odebrecht, recolectada por el Departamento de Justicia, es concreta y precisa. Buena parte de la misma se considera probada como cierta por la Justicia norteamericana. La Argentina no conoce todos los datos sobre el caso que están bajo resguardo de los investigadores de los Estados Unidos.

Río Turbio: Planificación gastó $ 300 millones en un "tren fantasma"

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Según una auditoría, el proyecto turístico, que jamás funcionó, estuvo plagado de irregularidades graves

Foto: Archivo / Soledad Aznarez

El Ministerio de Planificación gastó más de $ 296 millones entre 2014 y 2015 en la fallida restauración del tren turístico de 22 kilómetros que jamás funcionó entre Río Gallegos y una estancia privada, pero que acumuló todo tipo de irregularidades administrativas y posibles delitos, según surge de una auditoría que ordenaron las nuevas autoridades del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

Esa auditoría, que ya se entregó a la Justicia, expuso que no hay registros de cómo y en qué se gastaron decenas de millones de pesos, falta documentación presupuestaria y contable, y varios documentos que sí se recuperaron se encuentran antedatados, posdatados o fueron fechados en días feriados, como el 1 de enero o el 1 de mayo. También detectaron pagos millonarios sin firmas autorizadas o que se autorizaron con un simple e-mail. Conclusión: esas contrataciones serían nulas.

El malgasto de fondos públicos también abarcó sobreprecios del 48 al 79% en ciertos rubros, como así también implicó gastar $ 14,3 millones en una inhallable "campaña comunicacional" de "promoción" nacional e internacional del "tren histórico Eva Perón", y casi $ 1,1 millón más en su "inauguración", 15 días antes de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Alicia Kirchner compitió por la gobernación de la provincia de Santa Cruz.

La entonces candidata participó en ese acto, que incluyó para las fotos una locomotora a vapor que se encontraba "reparada", pero "sin terminar", según la auditoría. Detectaron que estaban "inconclusos los sistemas de lubricación, de frenos, de alimentación de carbón y eléctrico", pero que aun así se montó sobre un tendido ferroviario que tampoco estaba terminado.

Redactada por un ex integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Horacio Pernasetti, y el consultor Miguel Arancio Guzmán -quien este año asumió una subgerencia en YRCT-, la auditoría se completó en julio de 2016. Desde entonces, algunos extractos salieron a la luz, pero nunca se expuso el cuadro completo de los cientos de millones de pesos que se destinaron al "convenio marco Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, Material Rodante e Infraestructura Complementario".

Ese "convenio marco", firmado en julio de 2014 por el subsecretario Roberto Baratta, considerado la mano derecha de Julio de Vido, derivó en la firma de 71 "convenios específicos" con tres puntales: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), su Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y el satélite de esta, la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (FFRSC). De ese modo se presupuestaron $ 707,3 millones, de los que se llegaron a facturar casi $ 300 millones. Y ese dinero es el que terminó bajo sospecha.

Esa misma operatoria entre el ministerio, YCRT, la universidad y diversas empresas, pero ampliada a todo el espectro de Río Turbio, dominó las noticias durante los últimos diez días, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria, el desafuero y la detención de De Vido, lo que rechazó el juez federal Sergio Rodríguez. Para De Vido, las acusaciones por Río Turbio son un invento, "una suerte de confabulación mediática y política impulsada por Mauricio Macri, Elisa Carrió y Germán Garavano", dijo.

Por lo pronto, la auditoría sobre el tren expuso múltiples falencias: "En YCRT no se encontraron planos del proyecto completo del Tren Histórico Eva Perón, ni de su recorrido, no existen datos sobre el grado de avance de las obras, ni un detalle de las ejecuciones", según consta en la copia íntegra de ese informe que obtuvo LA NACION. Pernasetti y Arancio Guzmán alertaron, en particular, sobre varios ejes:

Se destinaron cerca de $ 200 millones a "construcciones de terraplenes, durmientes, colocación de rieles, construcción de un andén y remodelación de una estancia, todas realizadas en una propiedad privada sin la existencia de actos administrativos o expropiaciones o convenios de uso del suelo con los titulares de la estancia KilliK Aike", una propiedad privada.

Casi todos los convenios "se firmaron sin respetar el presupuesto de la obra y sin superar la suma de $ 13.600.000" porque ese era el máximo que el interventor de YCRT podía autorizar en forma directa. Cuando un presupuesto superaba esa cifra, abundaron, se dividía en cuantos convenios fuera necesario para que cada uno de ellos quedara por debajo de ese monto límite.

Se firmaron dos convenios para una "promoción y campaña comunicacional" nacional e internacional por un total de $ 14,3 millones, pero "no hay informes ni constancias de productos entregados por lo que no está claro cómo se cumplió o que bienes y/o productos generó por el pago efectuado".

Todos los gastos vinculados al "tren histórico" se hicieron sin informes de imputación presupuestaria, ni dictámenes de las áreas administrativas o legales. ¿Cómo se autorizaban entonces esos gastos? "Se hacía de forma informal mediante correo electrónico", que enviaba personal del ministerio con la participación de Baratta, desde Buenos Aires.

Por el contrario, remarcaron los auditores, el equipo responsable del sector "vías y obras" de YCRT radicados en Río Gallegos, "que tenía competencia directa sobre el complejo ferroviario Río Turbio a Punta Loyola, nunca fue consultado ni tuvo participación en el diseño, planificación o ejecución de la obra".

Múltiples facturas se pagaron con la firma de personas que no estaban autorizadas para ordenar esos pagos, "sin firmar", con rúbricas que "no se pudo identificar", entre otras irregularidades.

Así, estimaron Pernasetti y Arancio Guzmán, "surge con claridad que se usó un contrato de supuesta cooperación técnica entre YCRT, el Ministerio de Planificación y la FRSC - UTN a través de la (Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz), para eludir las normas de contratación de bienes y servicios vigentes para los entes de la administración pública, incluyendo la propia UTN".

¿Quiénes participaron en la operatoria sospechada? Baratta y otro funcionario del Ministerio de Planificación, Jaime Álvarez, los responsables de la UTN, su regional santacruceña, la fundación vinculada a esa regional y varios jerárquicos de YCRT. Entre ellos, su entonces interventor, Atanacio Pérez Osuna, el coordinador general, Miguel Larregina, su esposa y responsable de la delegación Buenos Aires, Marta Pérez, y el gerente de explotación, Fernando Lisse.

Para Pernasetti y Arancio Guzmán lo ocurrido en Río Turbio bajo la órbita De Vido fue "un accionar, ilegítimo y arbitrario que amerita la realización no solo de sumarios administrativos para deslindar responsabilidades, sino también la promoción de denuncias a los fines de investigar la posible existencia de delitos".

El avión en el que viajó Lázaro Báez el día de su arresto será usado por la Policía Federal

(Infobae.com) - Podrá ser utilizado para el traslado de personal o detenidos

El avión privado que utilizó Lázaro Báez el día que fue detenido tras aterrizar en el aeropuerto de San Fernando en abril de 2016 será entregado a la Policía Federal. Se trata del Lear Jet 35 LV-BPL en el que el empresario viajó a Buenos Aires desde Santa Cruz. El propósito de esta entrega es la reutilización de bienes con fines sociales.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich se habían reunido con el juez federal Sebastián Casanello para tener la guarda de los aviones del empresario y luego avanzaron un poco más. De hecho, Casanello está de viaje y volverá a sus funciones en los próximos días, por lo que al llegar firmará esta iniciativa y se determinará así la fecha de entrega de la nave.

La Policía Federal usará el avión para el rápido traslado de su personal ante alguna alguna intervención urgente que ocurra en el país, como allanamientos, la búsqueda de prófugos o la ayuda ante alguna crisis que se produzca en alguna provincia, entre otras cuestiones. También si necesita para eventuales apresados en otras provincias y que la Justicia requiera su inmediata presencia. La aeronave, de esa manera, acelerará los operativos que lleve a cabo la fuerza que dirige el comisario general Néstor Roncaglia en el interior del país.

Báez podría perder también los demás aviones de empresa Top Air, los cuales también tendrían un fin social. En ese sentido, está la posibilidad de que que puedan ser otorgados tres de ellos a las otras fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria), aunque eso no se definió aún.

En mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el secuestro de las aeronaves ordenado por Casanello y le dio el permiso para tomar "todas las medidas de conservación y resguardo apropiadas", entre las cuales estaba la de "evaluar la posibilidad de disponer su utilización para un fin social".

La Oficina Anticorrupción pidió que De Vido vaya a juicio por la compra de trenes chatarra

Por Nicolás Pizzi - npizzi@infobae.com

La Oficina Anticorrupción destacó el rol del ex ministro de Planificación en la maniobra que le costó al Estado más de 100 millones de euros.

La Oficina Anticorrupción pidió este martes que el ex ministro de Planificación Julio De Vido vaya a juicio oral en la causa que investiga la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2007 y 2011, que motivó la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la OA destacó el rol de De Vido, jefe directo de Jaime, y el estado deplorable de los trenes adquiridos por más de 100 millones de euros.

"De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos y, también, omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte, que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos", dice el escrito.

El ex ministro de Planificación fue procesado por el juez Julián Ercolini hace un año por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como participe del cohecho, ya que Jaime y su testaferro Manuel Vázquez cobraron 2 millones de euros en coimas que se canalizaron a través de la empresa CAESA.

En ese fallo, Ercolini había destacado el rol del ex ministro y ahora candidato a senador Florencio Randazzo: "Fue el propio ministro (de Interior y Transporte) el que instruyó a las distintas dependencias para que entregara a la AGN toda la información disponible".

Foto: Ricardo Jaime

Ahora, en su rol de querellante, la Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de De Vido por la compra irregular a las empresas españolas EE, RENFE y FEVE (76.313.108 de euros), y a la empresa portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses (25.639.896 de euros).

"Se firmaron acuerdos, contratos y adendas entre el ministerio que dirigía De Vido y la Secretaría de Transporte de la Nación, que estaba a cargo de Ricardo Jaime, a través de los cuales el Estado nacional adquirió material rodante obsoleto con sobreprecio, en muchos casos en un estado inservible", manifestó el organismo que conduce Laura Alonso.

De Vido ingresó a la causa en una segunda tanda. Para entonces ya estaban procesados Jaime, Vázquez y Ricardo Testuri, un ex funcionario del área de Transporte que controló el material rodante.

Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y además no hubo controles cuando los trenes llegaron al país. En tanto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detectó que de las 46 unidades, 36 estaban fuera de servicio y 10 para desguace.

Los trenes chatarra

"El material se encontraba insuficientemente verificado, y lo realmente verificado en malas o pésimas condiciones cuando no en un estado total de destrucción que no calificaba siquiera para desguace", expresó la OA al solicitar que De Vido vaya a juicio.

En el mismo escrito, el organismo reclamó que también sea juzgado Carlos Castaño, ex funcionario de la CNRT, porque "colaboró con dicha maniobra realizando actos que hacían a su competencia como funcionario público, los cuales resultaron determinantes para la suscripción de los contratos, inspecciones e informes del material rodante en España y la República de Portugal de compraventa de material rodante ferroviario en cuestión".

Estados Unidos dio nombres por las coimas de Odebrecht en la Argentina

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Fiscales y jueces se reunieron en Washington con el Departamento de Justicia.

Una comisión de jueces y fiscales argentinos accedió en Estados Unidos a nombres de personas relacionadas con el pago de sobornos que realizó la empresa Odebrecht para quedarse con contratos de obras públicas en Buenos Aires.

Así lo revelaron a LA NACION fuentes al tanto de lo que ocurrió en una reunión cerrada entre los funcionarios judiciales argentinos y autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tuvo lugar ayer en Washington.

No trascendieron los nombres de las personas que se mencionaron durante ese encuentro con autoridades de la División Criminal de la Sección del Departamento de Justicia, que se encarga de perseguir las violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en castellano). Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en ese país, como Odebrecht.

Los funcionarios argentinos que ayer se reunieron en Washington con las autoridades norteamericanas son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Caasanello y Daniel Rafecas y los fiscales Sergio Rodríguez y Franco Picardi. También participó Ignacio Irigaray, alto funcionario de la Oficina Anticorrupción.

Ninguno de los presentes quiso revelar el contenido del encuentro cuando LA NACION los consultó. Sólo dijeron que rige una estricta confidencialidad impuesta por los norteamericanos para que fluya la colaboración.

No obstante, fuentes al tanto de lo conversado explicaron que los argentinos accedieron a datos de una base construida por los norteamericanos con las confesiones de Odebrecht y los documentos que aportó la constructora brasileña en el marco del acuerdo por el cual se le permitió seguir haciendo negocios a cambio de pagar una multa de 3500 millones de dólares.

Ahora, los argentinos podrán enviar exhortos a Washington para pedir oficialmente la información que oriente sus investigaciones y procesar a quienes pagaron coimas en la Argentina.

La reunión duró varias horas. La evaluación que realizaron fuentes al tanto del encuentro es que fue "bastante buena". Ésta es una vía informal para acceder al contenido de las bases de datos y luego pedir la información completa mediante exhortos.

Tras el encuentro, los norteamericanos y los argentinos se juraron confidencialidad. Y la mantuvieron a rajatabla a tal punto que no hubo ninguna declaración conjunta.

"Nuestros países desarrollan una importante y colaborativa relación en materia de investigaciones penales", dijo con hermetismo una fuente cercana al encuentro. "Fue una muy buena reunión de trabajo donde se fomentó la colaboración entre las autoridades de ambos países en materia de investigación de causas penales", agregó otra fuente. Los nombres se conocerán por vía oficial cuando lleguen por exhorto a Buenos Aires.

Es un avance por el camino que abrió el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se entrevistó en Washington, el 6 del mes pasado, con el fiscal general Jeff Sessions y funcionarios del Departamento de Estado. Sobre todo considerando el fracaso de las conversaciones con Odebrecht para que se avenga a aportar información y las frustradas negociaciones con los fiscales brasileños para que faciliten las declaraciones de los ejecutivos que confesaron en Brasil haber pagado sobornos en la Argentina a través de intermediarios.

Jueces tras el pago de sobornos

Sebastián Ramos - Juez federal: Caso Transener - Investiga a De Vido por coimas por dirigir la venta de Transener a Electroingeniería

Sebastián Casanello - Juez federal:  Caso AYSA - Investiga sobreprecios y fraude en la construcción de una planta depuradora para AYSA

Marcelo Martínez de Giorgi - Juez federal: Caso Sarmiento - Investiga coimas de Odebrecht por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento

Daniel Rafecas - Juez federal: Caso gasoductos - Investiga el pago de sobornos por la ampliación de gasoductos hechos por Odebrecht

Bonadio procesó a De Vido por subsidios a colectivos y lo embargó en $ 1000 millones

Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION

El juez lo encontró responsable de una estafa al Estado de más de $ 600 millones en pagos sin control; tiene prohibido salir del país.

El juez federal Claudio Bonadio firmó ayer un nuevo procesamiento contra el ex ministro y diputado nacional Julio De Vido. Lo encontró responsable de un desvío de más de 600 millones de pesos en subsidios y ordenó un embargo sobre sus bienes de $ 1000 millones. Le prohibió, además, salir del país y lo obligó a presentarse en su juzgado el primer día hábil de cada mes.

Bonadio consideró probado que la Secretaría de Transporte, que dependía del Ministerio de Planificación Federal de De Vido, entregó "sistemáticamente", durante casi diez años, subsidios a empresas de colectivos por montos mucho más altos de lo que debían cobrar. Le pagó incluso $ 756.149 a una compañía que no movió un solo colectivo.

El viernes pasado, Comodoro Py le había dado a De Vido la primera buena noticia después de mucho tiempo. El juez Luis Rodríguez, en el caso Río Turbio, le hizo saber que no pediría su desafuero. Dijo que no tenía pruebas ni para indagarlo, en respuesta al pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero y detención. Eso le dio algo de aire a De Vido, pero el oficialismo anunció que igual buscará expulsarlo del Congreso. Este nuevo procesamiento será otro "cargo" que llevará a la reunión de la semana próxima.

Según el juez, De Vido y funcionarios que dependían de él "diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema" para defraudar al Estado y lograr que los responsables quedaran impunes.

Los subsidios se calculaban según los kilómetros recorridos por los colectivos, pero los funcionarios no controlaban cuántos eran efectivamente esos kilómetros. Se pagaba según lo que informaban las empresas beneficiadas en sus declaraciones juradas. Si alguna auditoría advertía que habían informado kilómetros de más, las compañías no tenían castigo. El Estado se limitaba a dejar de pagarles, a futuro, ese extra ilegal. 

"No se aplicaban sanciones ni se exigía la devolución de los subsidios recibidos en exceso. Las normativas no contemplaban estas opciones", afirmó Bonadio. Las auditorías, para colmo, no tenían reglas claras y se focalizaban en las líneas de colectivos que menos subsidios recibían.

"La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en 2014", detalló el juez. Eso fue así, según Bonadio, porque no hubo la más mínima voluntad de controlar. "La medición de los kilometrajes no era algo complicado ni que requiriera tecnología avanzada", escribió el juez.

"En el período del hecho investigado (2003/2014) ya existía el cuentakilómetros desde hacía muchos años y todos los vehículos automotores que se comercializaban en el país incluían uno", afirmó Bonadio.

De Vido fue ministro entre 2003 y 2015. Hasta 2012, la Secretaría de Transporte, que entregaba los subsidios, dependía de él. Además, los kilometrajes eran convalidados por la CNRT, organismo descentralizado que actuaba en la órbita del mismo ministerio. Junto con De Vido fueron procesados también los secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos (hoy diputado kirchnerista), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Bonadio los encontró responsables de un "perjuicio a las arcas del Estado" de unos 609.326.186 pesos.

"Abusando del cargo [De Vido] permitió que la defraudación pudiera concretarse y prolongarse en el tiempo", afirmó el juez, en línea con lo sostenido por el fiscal, que en este caso también es Stornelli.

En su defensa, De Vido declaró que él no había participado y jamás había firmado nada vinculado con estos subsidios. Que tampoco había dado órdenes y ni siquiera había delegado nada, porque los secretarios de Transporte actuaban "en ejercicio de funciones normativamente atribuidas por el Poder Ejecutivo".

Según el fallo de Bonadio, estos argumentos no lo eximen de responsabilidad. "Resulta insostenible la versión ofrecida en el descargo, en cuanto presenta al ministro como una mera figura decorativa, dedicada a la planificación y ajena a la concreción de los planes", dijo el juez. Destacó que las sumas eran demasiado altas y la maniobra duró demasiado tiempo como para que él no lo supiera. Agregó que todos los implicados habían sido nombrados por De Vido y que no se conocían entre sí. También responsabilizó al ex ministro de Planificación por la falta de controles.

En cuanto al embargo, se relaciona con el monto defraudado. Los 600 millones se estimaron con la colocación de los GPS en los vehículos. Se comparó el primer año con GPS con los anteriores, tomando iguales meses, recorridos y cantidad de colectivos. Todo con aviso a las empresas. Por eso, estimó el juez, lo detectado es sólo "la punta del iceberg", lo que las empresas no pudieron ocultar ni aun sabiendo que estaban siendo auditadas.

Radiografía judicial del ex ministro de Planificación

Julio De Vido, diputado nacional (FPV) 

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido. Foto: Archivo / Fabián Marelli / LA NACION

32 son las causas en trámite que enfrenta De Vido

Según el Observatorio de Corrupción del CIJ, se lo investiga por enriquecimiento ilícito, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, entre otros delitos

Política ferroviaria

La causa más resonante es la tragedia de Once, que dejó 52 muertos, a la que se le puede sumar la compra de locomotoras a España y Portugal, la renegociación de concesiones y subsidios a concesionarias

Patrimonio personal

Se lo investiga junto a su esposa, Alessandra Minicelli, por enriquecimiento ilícito. La omisión de varios bienes e ingresos que no coinciden en las declaraciones juradas presentadas son un punto clave

Obra pública

Ya está procesado por asociación ilícita en la causa por el direccionamiento de contratos viales a Lázaro Báez, a lo que se suman los casos Skanska y Sueños Compartidos, entre otros

Estados Unidos brindará datos a jueces y fiscales que investigan a Odebrecht

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Se reunirán el martes en Washington con funcionarios de la justicia local; tendrán acceso a documentos clave del caso.

Garavano acordó la cooperación de EE.UU. con el director del Consejo de Seguridad. Foto: Twitter

El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a poner a disposición de la justicia argentina una base de datos con la información que entregó Odebrecht sobre las coimas que pagó en la Argentina, las transferencias bancarias y los documentos internos de la empresa, dijeron a LA NACION altas fuentes del gobierno argentino y funcionarios judiciales.

El intercambio comenzará a concretarse mañana con el viaje que realizarán a Washington cuatro jueces federales y dos fiscales que investigan los sobornos que pagó el gigante brasileño para asegurarse la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo.

Los viajeros son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi , Daniel Rafecas y Sebastián Casanello, y los fiscales federales Sergio Rodríguez y Franco Picardi. Los fiscales Federico Delgado y Gerardo Pollicita decidieron no viajar.

Ramos investiga el direccionamiento de la venta de Transener a Electroingeniería -cercana al kirchnerismo- en un caso donde un arrepentido dijo que Julio De Vido cobró sobornos. Martínez de Giorgi indaga el soterramiento del Sarmiento, donde dos mails hablan de un esquema de pago de coimas. Y Rafecas está abocado a los sobreprecios en la ampliación de dos gaseoductos y Casanello, obras de AySA.

La delegación judicial argentina visitará el martes a las 9.30 a funcionarios de la División Criminal de la Sección del Departamento de Justicia, que se encarga de perseguir las violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero, en castellano). Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en ese país, como Odebrecht. El jefe de la Unidad de FCPA es Daniel Kahn.

Como las reuniones se pactaron bajo la más estricta confidencialidad no se pudieron conocer otros detalles de la agenda oficial.

La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la fiscalía de Nueva York mediante el cual admitió haber pagado sobornos por 3500 millones de dólares en todo el mundo a cambio de pagar una multa para poder seguir haciendo negocios en los Estados Unidos y reducir o evitar sus condenas.

Esa información que entregó Odebrecht es la que aspiran a conocer los jueces y fiscales argentinos, luego de que se empantanaron -al menos por el momento- las posibilidades de un intercambio oficial con Brasil. No es probable que como resultado de este viaje traigan documentación bajo el brazo, pero al menos sí saber cómo fue clasificada la información de Odebrecht en esas bases de datos y cómo pedirla mediante exhortos.

Es decir que la reunión con los representantes de la oficina del fiscal general de los Estados Unidos permitirá precisar qué información hay para poder pedirla exactamente en futuros exhortos.

El viaje es el epílogo de las aproximaciones que realizó el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se entrevistó en Washington el 6 de junio pasado con el fiscal general Jeff Sessions y funcionarios del Departamento de Estado.

El camino abierto por el ministro será recorrido ahora por los interesados en los casos concretos que se reunirán con sus pares norteamericanos.

El Gobierno comenzó a explorar la variante norteamericana cuando advirtió que las condiciones que ponía Brasil para entregar información eran de imposible cumplimiento, pues las leyes en la Argentina no con templan la inmunidad de los corruptos a cambio de información .

Al mismo tiempo, el oficialismo desconfía de esa vía, que tiene más aceitadas comunicaciones con la Procuración General de la Nación, pues considera que Alejandra Gils Carbó puede utilizar los datos con fines políticos para perjudicarlos.

Tienen en cuenta, sobre todo, que en el contrato del soterramiento del Sarmiento, la socia local de Odebrecht era la empresa Iecsa, que en ese momento pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Intercambio de información.

• Cuatro jueces y dos fiscales federales que investigan los sobornos que Odebrecht pagó en la Argentina viajan hoy a Washington.
• El gobierno de Estados Unidos les dará acceso a una base de datos con la información entregada por la empresa a cambio de poder seguir operando en ese país.
• El viaje se concreta tras el fracaso, al menos hasta ahora, de un intercambio de información con la Justicia de Brasil

El silencio que aceitó el sistema ahora aparece amenazado

Por Diego Cabot - LA NACION

Los tiempos cambiaron para los dueños de los colectivos. Tanto que aquel mundo de 20 asientos bien podría llamarse ahora el mundo de 251 banquillos.

La noticia de que el juez federal Claudio Bonadio procesó a 251 empresarios del transporte de pasajeros urbano por irregularidades en la liquidación del subsidio al gasoil pegó fuerte en el sector. No es para menos, durante más de una década, el silencio de funcionarios, empresarios y gremios acompañó a cada colectivo que circuló por el área metropolitana. Y claro está, ahora temen que frente a un juez, algún díscolo termine por revelar la trama de dinero sin control con el que se lubricó un esquema que se basó en el boleto congelado y los subsidios discrecionales.

Fueron años de descontrol y los empresarios lo saben mejor que nadie. Todos los meses, desde 2002, los dueños de los colectivos recibían un millonario cheque sin el cual ni siquiera podían sacar los coches de los galpones. Ese fue el verdadero combustible del sector.

Dentro de ese pago, había dos conceptos. El primero, una compensación por el boleto congelado. Una fórmula a pedir de gestores oficiosos fue la base del cálculo. Pasajeros transportados, frecuencias, cantidad de empleados, antigüedad del parque y boletos vendidos fueron algunos de los números que se declaraban en una planilla y sobre la cual se calculaban los subsisios.

La otra parte de subsidio era para el gasoil. La Secretaría de Transporte, y ahora el ministerio, entrega a cada unidad una determinada cantidad de combustible a un precio lejano del que se paga en surtidor. El único documento que servía como pilar de esos cálculos era una declaración jurada del transportista. Nada más.

Aquella cadena de la felicidad no fue pareja. Muchas empresas que no tenían los mejores gestores o no estaban dispuestos a dejar el 20% de la recaudación en el camino no la pasaron bien. Más aún, tal fue la discrecionalidad que muchas veces, con la excusa de la falta de algún documento, la Secretaría de Transporte frenaba los pagos de los subsidios y esas compañías eran invitadas a ser gerenciadas por otras. Casualidades de la burocracia argentina, las gerenciadoras tenían mejores gestores que las otras y los subsidios se destrababan con llamativa rapidez. Alejandro Ramos, un opaco secretario de Transporte que llegó de la mano de los hermanos Alejandro y Agustín Rossi, bien podría aportar datos de aquella operatoria. Claro que también varios funcionarios actuales. La concentración de líneas de colectivos es un proceso que aún no ha parado.

Ese motor aceitado que hizo millonarios a funcionarios y empresarios está a punto de romperse. Todos los transportistas fueron obedientes a la hora de llevar mes tras mes la contribución que aportaban a la cámara que los agrupaba. No había otra forma de subsistir. Pero nadie puede asegurar ahora que alguno de aquellos peregrino obedientes no se quiebre, imputado y ante un juez federal.

La causa con la que Bonadio trajo a 251 empresarios al banquillo empezó en abril de 2014 después de una investigación publicada en de LA NACION. Entonces, se cruzaron los datos satelitales que surgían de las máquinas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) con los que las empresas de colectivos denunciaban todos los meses antes de pasar por ventanilla a cobrar las compensaciones. Previsible; surgieron fuertes inconsistencias que dejaron mal parados a unos cuantos grupos transportistas.

Sólo el primer mes en el que el entonces ministro de Transporte, Florencio Randazzo, y sus funcionarios usaron datos precisos y no declaraciones juradas, descubrieron que mensualmente se entregaban subsidios por 13 millones de metros cúbicos de gasoil cuyo consumo no se podía justificar con los recorridos. Sólo en el área metropolitana se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes. Dicho de otro modo, una irregularidad de un millón de pesos por día.

El ex ministro Julio De Vido no está ajeno a esta causa. Ya fue indagado por Bonadio. Como lo ha repetido en otras causas, endilgó las causas en sus dependientes. Nadie sabe a ciencia cierta cómo reaccionará un hombre asustado. Y justamente ahí radican los temores de los empresarios. Solo basta que uno se asuste.