Agresión a Macri: graves denuncias de un juez

Por Darío Palavecino - LA NACION
El magistrado a cargo de la causa dijo que "hay un plan sistemático de desestabilización".


MAR DEL PLATA.- El juez federal Alfredo López, a cargo de la causa por las agresiones contra el presidente Mauricio Macri ocurridas el último viernes en esta ciudad, denunció que la fiscal federal Laura Mazzaferri no sólo se negó a recibir el informe de lo acontecido aportado por autoridades de las fuerzas de seguridad, sino que ahora "obstaculiza la investigación antes de que se produzcan las pruebas y haya imputados". De esta forma, el magistrado advirtió: "Si el Gobierno no toma cartas en el asunto para hacerles juicio político a los integrantes de Justicia Legítima, le van a hacer la vida imposible", dijo con relación a jueces y fiscales que han hecho público su apoyo al gobierno kirchnerista. 

El juez federal Alfredo López denunció a la fiscal Laura Massaferri obstaculiza la investigación
"Así como hubo un plan sistemático de saqueo del Estado, ahora hay un plan sistemático de desestabilización, y eso es complicado", dijo López a LA NACION.

Mientras aguarda por peritajes e información sobre lo acontecido en el barrio Belisario Roldán, donde el jefe del Estado y colaboradores, entre ellos la gobernadora María Eugenia Vidal, fueron blanco de agresiones verbales y -en el caso de los primeros- ataques con piedras cuando partían en vehículos oficiales, López admite que nunca antes había visto hechos de esta magnitud y gravedad institucional.

Aseguró que si no le pegaron y lastimaron a Macri "no fue por falta de voluntad" de los que lo querían agredir. "Fue porque se pudo disparar, porque si no la cosa iba a cada vez peor", insistió.

Al frente del Juzgado Federal N°4, López considera que en las próximas 24 horas ya tendrá elementos como para trabajar en la identificación de los protagonistas del ataque, responsabilidades y eventuales imputaciones.

Apuntó fuerte contra la fiscal federal y contrastó su comportamiento con el del fiscal Juan Pablo Lódola, dependiente del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que inició una investigación de oficio. "No me extraña, me extrañaría que actúen bien", dijo en referencia a Mazzaferri, a quien identifica como parte de Justicia Legítima.

Dos causas contra Moreno

-El juez Claudio Bonadio avanzó en dos causas contra el ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno, ya que decidió elevar a juicio oral el caso del cotillón contra el Grupo Clarín y anuló el dictamen de un fiscal que cerraba un expediente donde se lo involucra por hostigamiento.
Se trata de causas en las que el ex funcionario fue procesado por distintos aspectos de la embestida kirchnerista contra Clarín.

-Por un lado, Bonadio decidió elevar a juicio a Moreno y a funcionarios del Mercado Central por incitación a la violenta colectiva y malversación de caudales públicos por comprar por 180.000 pesos y distribuir cotillón con la leyenda "Clarín Miente", pagado por el Estado.

-El juez además anuló un dictamen del fiscal Juan Pedro Zoni, que buscaba sobreseer a Alejandro Vanoli, ex del Banco Central en otro caso ligado a Clarín.

Allanan a un eslabón clave de la obra pública

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Casanello ordenó un procedimiento contra Gentili, de Vialidad

El juez federal Sebastián Casanello avanzó otro paso para desentrañar cómo operó la obra pública durante la última década. Para eso, allanó la casa que un histórico funcionario de carrera de Vialidad Nacional tiene en un exclusivo country de la zona norte, donde secuestró dinero, documentación oficial y autos de lujo.

Casanello ordenó el allanamiento anteanoche a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien solicitó dar los primeros pasos para investigar a Gustavo Gentili, un veterano empleado de Vialidad que durante años lideró el Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), desde donde favoreció al empresario Cristóbal López.

El allanamiento se concentró en la casa que Gentili y su esposa, Laura Andino -quien también ocupó un cargo público como interventora de Autopistas del Sol (Ausol) durante el kirchnerismo-, en el San Jorge Village, un country tradicional en Los Polvorines, sobre la ruta 197.

La investigación comenzó a partir de un anónimo que recibió otro fiscal, Guillermo Marijuan, quien tomó ese texto como una denuncia y la envió a sorteo, que determinó que recayera en Casanello y Delgado.

Sólo horas después, agentes de la Policía Federal de la unidad antilavado (UIF) secuestraron $ 25.000, cajas de documentación de Vialidad, Ausol y el Occovi en la casa de Gentili. También, termosellados vacíos de billetes del Banco Central (BCRA), según supo LA NACION.

Los encargados del operativo también se toparon con cajas de documentos identificados con el membrete "Bonadio" o "Juicio Bonadio", en alusión al juez federal, material que será analizado. El allanamiento concluyó con el secuestro adicional de una computadora y dos automóviles que usaba la pareja, que durante los últimos años mantuvo un alto nivel de gastos.

A los 60 años, Gentili es padre de 11 hijos -siete de ellos con Andino (39)- y trabaja desde 1992 para Vialidad, mientras que desde 2010 asumió al frente del Occovi, el órgano que lideró uno de los recaudadores de las campañas kirchneristas, Claudio Uberti, hasta su caída por el "caso Antonini".

Gentili y Andino envían a sus hijos al St George's College North y a universidades privadas, lo que combinan con viajes lujosos, una lapicera Mont Blanc de oro macizo con rubíes que según la propia Andino costó $ 250.000, o diamantes para su hija de 3 años. También, seis empleadas de limpieza, tres niñeras y "personal trainer".

Gentili también aparece vinculado a la sociedad Rocma Equities Corp., de las Islas Vírgenes Británicas, según surge de la investigación de los Panamá Papers, y domicilio adicional en el Royal Trust Bank de Ginebra, Suiza. La pareja comenzó además a moverse en autos con chofer de Vialidad o del Occovi. Entre ellos, Walter Celi, el ex conductor de Uberti que en agosto de 2007 trasladó al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson la madrugada del decomiso de 800.000 dólares.

Gentili y Andino se mueven, además, en camionetas BMW -dominios IHD 423 y MWN 066-, y en un Audi A4 -chapa ILC 573- que hasta mayo manejaba Jorge Pinto, uno de los socios de Consular, una consultora de presencia recurrente en los contratos de obra pública y los negocios con Venezuela. Los vínculos entre Consular y la pareja son más profundos: Andino trabajó para esa consultora al mismo tiempo que lo hizo entre 2010 y 2015 para Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Como funcionarios, en tanto, Gentili y Andino presionaron juntos a Ausol, la concesionaria de capitales españoles Abertis, que terminó por demandar a la Argentina ante los tribunales del Ciadi en diciembre pasado. Esa presión sobre Ausol contrastó con la conducta que Gentili y Andino mostraron ante Aecsa, la concesionaria de Cristóbal López, que retuvo $ 250 millones del Estado por el cobro de los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, lo que le valió a López una denuncia penal de las nuevas autoridades en marzo pasado.

Para Gentili, el allanamiento implicó su segundo traspié en horas. El fiscal Gerardo Pollicita había pedido su indagatoria junto con otros 34 funcionarios y empresarios liderados por Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Los acusó de presunta estafa al Estado con los contratos de Vialidad.

El Gobierno denuncia a De Vido por un fraude de US$ 130 millones

Por Maia Jastreblansky - LA NACION
La Oficina Anticorrupción prepara una demanda por la supuesta entrega irregular de subsidios a una refinería de Neuquén, que hoy está quebrada

Meses antes de la estatización de YPF, Julio De Vido viajó a Plaza Huincul, polo petrolero en el corazón de Neuquén, para inaugurar la planta de Refinería Neuquina SA (Renasa).

El ex ministro recorrió las instalaciones y sonrió para el célebre corte de cinta. Por videoconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner festejó la "estratégica" nueva línea de producción de combustibles.

El gobierno había ayudado a la empresa con un subsidio de US$ 130 millones. Tamaña inversión, tiempo después, quedó en la nada: la empresa se declaró insolvente y ahora el gobierno de Mauricio Macri prepara una denuncia por posible fraude.

La Oficina Anticorrupción (OA) elaboró una denuncia penal por presuntas irregularidades en el programa conocido como Refino Plus, que se desarrolló desde fines de 2008. Lo hizo en base a un duro informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alertó por posibles anomalías en la entrega de incentivos millonarios de manera "discrecional" a la firma Más Energía, controlante de Renasa y de Petrolera Argentina SA.

Así, en días en los que la oposición reclama interpelar al actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, y hay duros cuestionamientos por las tarifas, el Gobierno apuntará contra De Vido, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex subsecretario del área Roberto Barata y otros cuatro ex funcionarios kirchneristas, y pedirá que sean investigados.

Refino Plus fue lanzado en noviembre de 2008, con el objetivo de incentivar la producción nacional de combustibles.

El gobierno kirchnerista le entregaba a las empresas créditos fiscales aplicables al pago de derechos de exportación de hidrocarburos. Es decir, pagarés que permitían a las refinerías deducir impuestos ante la Aduana. Los papeles eran, a su vez, "transferibles" en el mercado, o sea, factibles de ser convertidos en dinero.

Al programa adhirieron casi todas las grandes petroleras y otras refinerías más pequeñas. En el caso del grupo Más Energía, la OA indicó que Renasa y Petrolera Argentina SA (PASA) recibieron incentivos por un total de US$ 130 millones que "no debieron otorgarse o se otorgaron de manera irregular, en términos que implicaría la comisión de graves hipótesis delictivas".

Los casos

En el caso de Renasa, la firma solicitó su adhesión al programa Refino Plus en diciembre de 2008, a quince días del lanzamiento del plan. A cambio de los incentivos, la empresa se comprometía a la construcción de una planta de producción de naftas de alto octanaje y prometía, a partir de ello, la producción de 430.000 metros cúbicos de combustible por año. Es decir, una participación del 7,5% de la producción nacional.

En un principio, la Secretaría de Energía convino en otorgarle incentivos por US$ 53 millones, pero Renasa pidió un aumento por considerar que lograría niveles de producción significativos. Tras algunos trámites se reconvino la entrega de créditos por $ 124 millones, un 230% más de lo pautado inicialmente.

Según consta en el informe de la Sigen al que accedió LA NACION, un punto llamativo es que a Renasa "se le habría otorgado la totalidad del incentivo de manera adelantada, en clara violación a lo dispuesto por la normativa vigente". El decreto que creaba el programa estipulaba que "el 50% del incentivo total se entregaría trimestralmente en función al avance de los proyectos y el 50% restante durante el primer año de producción".

Según señaló la OA, la empresa tampoco habría producido, ni de manera cercana, los niveles comprometidos. Es que, según datos públicos de la ex Secretaría de Energía, durante el período que la refinería estuvo en funcionamiento (de agosto de 2012 a junio de 2014) la producción total fue de 97.000 metros cúbicos. Es decir, sólo un 12% de la producción acordada.

En el caso de Petrolera Argentina SA, la otra firma del grupo Más Energía, la Secretaría de Energía pautó en entregarle créditos fiscales por US$ 5,7 millones. También se habrían otorgado en su totalidad y no en partes, como indicaba la ley.

Consultado por LA NACION, el presidente de Más Energía, Miguel Schvartzbaum, cuestionó "el súbito cambio de las reglas del juego" en el mercado de hidrocarburos a partir del año 2013. "Teníamos la capacidad instalada, pero el ex gobierno permitió la importación de combustibles libres de impuestos, lo que hizo que nuestra producción no encontrara mercado. Desde 2014 se importaron más de 600.000 metros cúbicos de nafta exenta de gravámenes, eso hizo que las grandes petroleras importaran, en lugar de comprar a la industria nacional", indicó el empresario.

A sólo ocho años de haber recibido US$ 130 millones del Estado, Renasa se declaró insolvente, despidió empleados y hoy está en concurso de acreedores.

Desde el entorno de De Vido, consultados por este medio, señalaron: "El problema de Renasa fue que YPF les rompió un contrato y eso complicó sus números". Además buscaron eximir de responsabilidades al ex ministro y apuntaron a Cameron: "Los certificados de crédito fiscal eran responsabilidad del secretario de Energía, el ministro no firmaba".

Los voceros de De Vido aseguraron que el programa de incentivos "fue exitoso porque aumentó la refinación de crudo local". Durante el último año de gestión de Cristina Kirchner, el sector energético devoró sumas significativas de fondos públicos y en el caso de los planes Petróleo Plus (dado de baja en julio último) y Refino Plus debieron sumarse al presupuesto $ 7325 millones para cumplir los compromisos.

Otros tiempos

Foto: Archivo
3/10/2011: Julio De Vido (a la izquierda) viajó a la inuguración de la refinadora de Renesa, presenció el corte de cinta y realizó una videoconferencia con Cristina Kirchner para celebrar la noticia. Lo hizo acompañado por el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag (segundo a la izquierda). El presidente de la empresa, Miguel Schvartzbaum (último a la derecha), hoy apunta contra el ex gobierno por el "cambio en las reglas del juego" a partir de la importación de hidrocarburos sin impuestos, lo que llevó a su firma a declararse insolvente.

A la espera del caso Aranguren

La OA debe resolver si el ministro de Energía, Juan José Aranguren, incurre en incompatibilidades por tener $ 16 millones en acciones de Shell. Consultados por LA NACION, fuentes de la OA señalaron que el dictamen ya está listo, pero que resta la revisión del área jurídica del Ministerio de Justicia.

Investigan compras de la campaña antártica

Por Diego Cabot - LA NACION
Hallaron sobreprecios del 254% en los alimentos; lo llaman el "Chocolinasgate".

Frente del domicilio informado por Rinorm; los vecinos dicen que no hay actividad. Foto: LA NACION.
Comprar un paquete de galletitas Chocolinas en la Antártida podría resultar muy caro, pero comprarlas en el Mercado Central para llevarlas después al continente blanco, también.

Se lo conoce como el "Chocolinasgate", pero es una investigación más amplia, por la adquisición de los víveres para la campaña antártica del verano pasado, en la que se habrían pagado sobreprecios de $ 52 millones, equivalentes al 254%. Entre los precios que se aceptaron está el que le dio nombre al caso. El año pasado se convalidó un precio de $ 37,20 por cada uno de los 2900 paquetes de galletitas de chocolate de esa marca. Hoy se consiguen a $ 17,15 por unidad en el portal digital de un supermercado. Éste es sólo uno de los centenares de rubros sobrefacturados en los alimentos destinados a abastecer a la misión de argentinos en la Antártida, una investigación que está en pleno desarrollo.

El asunto es sencillo. En 2015, el Estado Mayor Conjunto compró al Mercado Central alimentos para ser enviados al continente blanco por $ 85 millones. Hasta ahí no muchas sorpresas, ya que era parte de un acuerdo firmado con la Secretaría de Comercio Interior en 2010 para la provisión militar.

Sin embargo, en marzo de este año, algún curioso que tenía que firmar el millonario pago tomó cada uno de los productos y miró el precio unitario que ofrecía un supermercado mayorista. La sorpresa ante la diferencia derivó en una auditoría que comparó los valores de compra con los que estaban vigentes en abril de 2016. El resultado fue que los mismos productos y en similares cantidades podían adquirirse en un comercio minorista -cinco meses después- por $ 33,1 millones y no por 85 millones, como se había contratado. De una simple compulsa se comprobó que el precio total pagado fue 254% superior al que informaba un supermercado minorista en su portal.

El procedimiento está expuesto en una causa que ya está en los escritorios de la Oficina Anticorrupción y que seguirá el camino judicial. "Cuando nos hicimos cargo del mercado recibimos informes de nuestra auditoría interna, que nos mostraban a las claras que en la campaña antártica 2015/2016 había una manifiesta sobrefacturación de más de 250%", dijo Fabián Miguelez, presidente de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires desde enero.

Foto: Ministerio de Defensa
El caso empezó el 5 de noviembre de 2010, cuando se firmó el Convenio Marco de Aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas. Llevó el número 112/10 y lo firmaron los ministerios de Economía y Defensa, la Secretaría de Comercio Interior y la Corporación Mercado Central. En este marco se envió el convenio interadministrativo para la campaña del verano 2015/2016, desglosado en ocho acuerdos diferenciados en virtud de la mercadería incluida en cada uno.

Lo que siguió fue un pedido de cotización desde las Fuerzas Armadas al Mercado Central. "La Corporación presentó ante el Estado Mayor una cotización de precios para los productos requeridos en cada convenio, aparentemente acordada con quien resultara el proveedor de los mismos", dice la auditoría.

La contratación ingresó en el circuito administrativo, y en el Ministerio de Defensa se aprobaron las órdenes de compra. El 98,5% del pedido se lo quedaron una sociedad, Rinorm SRL, y una persona física, María Alejandra García Gelmini. El restante 1,5%, Patagonia Sunrise. La lupa se posó en la porción mayoritaria. "No figura ninguna documentación relacionada con el proceso de selección del proveedor ni informe de adjudicación del contrato de suministro que permita evaluar si se cumplieron los controles internos previstos", dice una nota interna firmada por uno de los abogados del Mercado Central y que está en la Oficina Anticorrupción. En teoría, en el mercado concentrador se debía hacer una compulsa de precios entre los vendedores en el predio. Pero nada de eso sucedió.

Según los datos aportados por LNData, Rinorm es una sociedad conformada por dos socios: Ricardo Morales y Norma Gelmini, de ahí su nombre. La empresa se constituyó en 2008 con un capital de $ 10.000, suscripto en un 90% por Gelmini. La otra adjudicataria es María Alejandra García Gelmini, con el mismo apellido que la socia mayoritaria de la empresa. Rinorm y García Gelmini no sólo vendieron Chocolinas con un 216% de sobreprecio. La botella de agua sin gas de litro y medio la cobraron a $ 29 y seis meses después costaba $ 12. Fueron 28.440 botellas 242% más caras que las que se conseguían por unidad en un comercio minorista.

También se compraron 26.400 latas de Coca-Cola a $ 27,70, mientras que un semestre después, y con una devaluación de por medio, en el supermercado costaban $ 9,90. Por la manzana desecada, en envases de cinco kilogramos, se pagó 536% más que lo que se consigue en la góndola. La lata de arvejas presentó una sobrevaloración de 249%, y la de tomates, que se conseguía al momento de la auditoría a $ 13,30, se terminó por pagar $ 39,20 por cada una de las 2950 que se embalaron rumbo a la Antártida (+294%). Con el dulce de leche hubo más cuidado: consolidó un precio por kilo de $ 117,20 (se compraron 542 kilos), un 205% más que lo que costaba en el mercado.

El primer lugar se lo llevó la mortadela. Según constataron los auditores, los 1115 kilos que se compraron en pieza entera se pagaron a razón de $ 545 cada uno, lo que dio un total de $ 608.232. Seis meses después se constató que esa cantidad se conseguía en el mercado a $ 52.966.

Las salchichas no se quedaron atrás. Cada uno de los 5260 paquetes de seis unidades tuvo un valor de $ 59,60. Hoy, en un supermercado minorista, se consigue un paquete por alrededor de $ 25.

LA NACION envió correos electrónicos a Rinorm y a García Gelmini y no tuvo respuesta. En el lugar que la sociedad tiene informado como sede, tanto en el Mercado Central como en la Inspección General de Justicia -Ancaste 3399, del barrio porteño de Pompeya-, hay una persiana cerrada, que según los vecinos no tiene movimiento desde hace mucho tiempo. Nadie respondió cuando este cronista golpeó y esperó más de 30 minutos la salida de algún responsable de un jugoso contrato por $ 85 millones.

Morales sí respondió el teléfono. Sólo se le escuchó reclamar una y otra vez que se le confiara quién había proporcionado su número. "Todo está en manos de abogados", se limitó a decir, aun antes de que se le comentara el motivo de la llamada.

Rinorm facturó al Mercado Central $ 79.155.749,36 por seis de las ocho órdenes de compra, mientras que García Gelmini facturó $ 3.587.580,65 por una. La restante es de Patagonia Sunrise. Con estas facturas en la mano, el mercado concentrador facturó al Estado Mayor Conjunto $ 84,1 millones, dinero que entró en las cuentas de la corporación, según los registros del Banco Provincia.

La mercadería se pagó y se envió al Sur. Seguramente los curtidos ciudadanos que pernoctan en los campamentos de la Antártida no tendrán conciencia de que consumen los alimentos más caros que se hayan pagado en la Argentina del último año.

De Vido, salpicado por otro escándalo en una obra millonaria

(Clarin.com) - Es el gasoducto del Noroeste. Una empresa con contactos con el ex ministro cobró pero abandonó la construcción. Lo reveló el programa de Lanata.


La construcción más grande del país, planeada para llevar gas desde Bolivia a tres millones y medio de argentinos, el gasoducto del noreste, no funcionará por tiempo indeterminado. Su inauguración es imposible de determinar en un cronograma oficial.

La ex presidenta Cristina Kirchner y su ministro de Planificación, Julio De Vido, prometieron que estaría finalizado a fines de este año. No. Parte de las seis etapas de la construcción que irán desde Salta a Santa Fe están en plena ejecución. Pero basta con ir a la zona crucial del gasoducto para comprobar que todo el gasto que se está ejecutando más adelante no tiene, por ahora, ningún sentido. Ya el primer caño de la mega-obra, por el que debería iniciarse el traspaso del gas boliviano hacia nuestro país, está inutilizable. El escenario es similar, con diferencias variables, si se recorren los otros 236 kilómetros de la primera etapa de la obra.

La firma que se adjudicó esa obra por $ 1.280 millones se llama Servicios Vertúa. La firma se fue del lugar aduciendo que tenía problemas de seguridad y hasta denunció sabotajes de lugareños. Antes de abandonar el gasoducto en Salta, Vertúa cobró $ 733 millones: eso incluía adelantos de obra y también trabajos que nunca realizó. Así lo reveló ayer el programa de Jorge Lanata, Periodismo Para Todos.

El dueño de Servicios Vertúa es Raúl Vertúa. Tenía y tiene contactos con De Vido, y con uno de sus principales operadores, José María Olazagasti. Incluso trabaja en sociedad en dos obras más con la constructora JCR, de la familia Relats, socia de la familia Kirchner en un negocio hotelero. JCR es investigada en la causa Hotesur.

Vertúa construye mediante una Unión Transitoria de Empresas otro tramo del gasoducto que pasa por Formosa. Por ahora es en vano: si no logra que el gas circule por sus construcciones que empiezan en la frontera con Bolivia y pasan por Salta, los caños que ahora instalan en Formosa, no sirven para nada. La compañía dejó sus obradores en Salta en diciembre pasado, cuando finalizó la gestión K.

La versión de la compañía es que que las protestas de aborígenes, sabotajes y piquetes de lugareños le hicieron imposible seguir adelante con su trabajo. Una de esas protestas terminó con un manifestante muerto y un policía quemado.

Los $ 733 millones que cobraron llegaron a la empresa antes de que se vaya del lugar. Según el actual Gobierno, Servicios Vertúa reclama ahora $ 539 millones de “días de improductividad” para volver a Salta. Mientras, sus obras inconclusas se van arruinando.

Un dato llamativo. El 11 de diciembre, días después de que la empresa constructora dejara Salta, Raúl Vertúa inauguró el mayor emprendimiento inmobiliario de la Argentina, llamado Villarobles. Se trata de un barrio cerrado de lujo ubicado en Pinamar. Es más grande que Nordelta, por ejemplo. Y fue planeado, y así se venden sus lotes, como un lugar único por su geografía y servicios: cancha de golf, marinas para yates y hasta con una pista para aviones privados.

Mientras tanto, en los dos obradores de Servicios Vertúa en el Gasoducto del Noreste nadie construye nada, y sólo dos personas cuidan materiales de costo millonario.

La situación es dramática teniendo en cuenta los 1.500 kilómetros que completarían el gasoducto. Ocurre que el mismísimo primer caño de la obra, el que uniría el gas boliviano con el argentino, está tapado completamente por arena, como otras decenas de estos tubos fabricados por la metalúrgica Techint: cada uno tiene un costo de 8 mil dólares. PPT difundió testimonios e imágenes que indican que Servicios Vertúa los dejó en plena selva salteña, desmalezada con máquinas y por hombres a mano para hacer las obras, como si estuvieran bien instalados. Algunos tubos están dentro de zanjas, como se hace en las obras de este tipo, pero quedaron sin los cuidados necesarios, denunciaron a PPT ex trabajadores de Servicios Vertúa: “Fijate, este caño dice ‘no revestir, hacer prueba de tinta’. Eso significa que se detectó una fisura y recomiendan hacerle una prueba para repararlo”, dijo a PPT Osvaldo Núñez, un chofer de los soldadores de los caños de Servicios Vertúa que trabajaron en el lugar hasta diciembre pasado.

Hoy, los ex empleados de la empresa siguen reclamando para que se retome la obra y ellos tengan de nuevo trabajo. Algunos cortaron la 9 de Julio para que se conozca el problema a nivel nacional. La obra está a cargo de la estatal Enarsa.

Hace pocos años, en una reunión en la que estuvo presente Cristina Kirchner, el entonces ministro De Vido presentó a Raúl Vertúa con el secretario general adjunto del sindicato privado del petróleo y del gas de Salta y Jujuy, Alberto Britos. El funcionario le habló al gremialista así: “Che salteño, vení, te presentó a Vertúa, con el que van a trabajar en el gasoducto. ¿Trátenlo bien, eh?”. w

De Vido y ex funcionarios de Vialidad, imputados en una causa por rutas "calamitosas"

Por Maia Jastreblansky - LA NACIONJ
Avanza una investigación por irregularidades tras detectarse graves fallas en tres vías nacionales; piden informes a los organismos de control


De Vido, cada vez más complicado en la Justicia. Foto: Archivo

La luz de alerta por el estado calamitoso de muchas rutas argentinas está encendida hace años. Recién ahora, algunas de las investigaciones están yendo a fondo. Una nueva causa penal complica al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a dos de sus ex subordinados: el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Gustavo Gentili. Los tres quedaron imputados días atrás por presunta violación de los deberes de funcionario público luego de que se detectaran peligrosas fallas en las rutas nacionales N° 8, N° 35 y N° 36 durante su gestión.

La causa tuvo origen en Córdoba, en el año 2012. El por entonces legislador socialista Roberto Birri denunció las pésimas condiciones detectadas en esas vías, sobre todo en los tramos de su provincia. Advirtió que se trataba de verdaderas "rutas de la muerte": desde que su esposa falleció en un accidente en la ruta N° 36 venía contabilizando múltiples siniestros.

La investigación quedó en manos de la fiscalía federal N° 3 de Córdoba, que, tras indagar en los contratos que había otorgado la DNV, entendió que la causa debía remitirse a Comodoro Py. El expediente recayó en la fiscalía de Federico Delgado, quien días atrás confirmó las imputaciones de De Vido y sus ex colaboradores. Pidió una serie de medidas al juez Marcelo Martínez de Giorgi y solicitó informes a organismos de control.

El expediente, al que accedió LA NACION, exhibe una lista de irregularidades. Informes de la Policía Caminera de Córdoba advirtieron en varios tramos de las rutas nacionales la existencia de "agrietamientos y baches", "ausencia de banquinas", "señalización despintada" y hasta "presencia de animales en las vías". El fiscal Delgado señaló que, al menos entre 2008 y 2012, se registró un "estado calamitoso" de los caminos, "ocasionando inclusive accidentes mortales".

Respecto de la ruta N° 35, el fiscal le pidió a la Sigen que revise una serie de contrataciones que Planificación otorgó a distintas empresas, algunas viejas conocidas del kirchnerismo. Entre otras, una concesión otorgada a Epelco SA y Austral Construcciones SA, dos de las firmas del emporio de Lázaro Báez que se "asociaron" para el proyecto.

Respecto de la ruta nacional N° 36, "se verificó que el 79% de los tramos concesionados por el Estado nacional estaba en mal estado". La investigación pone su foco en la empresa Corredor Cordobés SA, que ganó los contratos de concesión por el peaje, la construcción, y el mantenimiento de esa vía.

El ex titular del Occovi había informado al comienzo de la investigación que "esa concesión no incluía obras mayores, que se otorgaron a Helport SA". Se trata de una importante proveedora de obra pública dirigida por Eduardo Eurnekian y Juan Manuel Collazo y que tuvo a su cargo la nueva terminal del aeropuerto de Ezeiza.

Una curiosidad: Corredor Cordobés SA tiene el mismo domicilio fiscal que Helport, también está presidida por Collazo y tiene entre sus socios a Corporación América SA, de Eurnekian.

Factores externos

Consultados por LA NACION, desde la firma explicaron que la concesión cayó "de mutuo acuerdo con el Estado nacional" en 2013. En ese entonces, Planificación le había transferido la concesión a la provincia de Córdoba. Según consta en la causa, la empresa había reconocido que afrontó "diversos factores externos por la grave crisis financiera, que impactaron directamente en el normal desarrollo de la concesión".

Sobre la ruta N° 8, que recorre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, la investigación pide profundizar la pesquisa sobre las obras que estuvieron a cargo de Corredor Central. La firma fue fundada en 2010 también con el único propósito de explotar el contrato de concesión otorgado por Vialidad Nacional. El fiscal solicitó que la AGN remita todos los informes vinculados a este contrato, mientras que le pidió a la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín, que controle la "legalidad de la adjudicación" del convenio.

En forma paralela, el juez federal Julián Ercolini investiga la denuncia que radicó la nueva gestión de Vialidad, sobre procesos licitatorios espurios, sobreprecios y circuitos de pagos de excepción.

Venía como una donación, pero era un millonario contrabando

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
En lugar de material hospitalario, la Aduana encontró en un contenedor equipos electrónicos valuados en $ 7.500.000


Algunos de los valiosos equipos secuestrados en Zárate. Foto: Prensa Aduana

El embarque estaba declarado como una "donación". Supuestamente se trataba de equipamiento electromecánico hospitalario, artículos eléctricos y herramientas manuales que habían sido enviadas desde los Estados Unidos. Pero cuando los inspectores aduaneros de la terminal Zárate, a orillas del río Paraná, abrieron los contenedores, se encontraron con un contrabando de modernas pantallas de TV, computadoras, tablets, equipos profesionales de filmación, consolas musicales e incluso drones. El material secuestrado está valuado en $ 7.500.000.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Dirección General de Aduanas, organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La presunta operación de contrabando comenzó a descubrirse el jueves pasado y todavía no se terminó de contabilizar todo el material. Cuando los inspectores aduaneros terminen con el inventario, el valor de la mercadería secuestrada podría ser muy superior a lo estimado hasta el momento.

Fuentes oficiales informaron a LA NACION que una vez finalizada la contabilidad de la mercadería secuestrada, la Dirección General de Aduanas, dirigida por Juan José Gómez Centurión, hará la denuncia penal en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que durante la feria judicial está siendo subrogado por su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

"Al realizar la verificación se pudo constatar la existencia de mercadería sin declarar que viola el régimen de donación. Surgió además, la existencia, prima facie, de una operación de contrabando documental y físico", explicaron fuentes aduaneras.

Según los informantes, entre el material secuestrado había televisores de pantalla curva de 65 pulgada; otros de 75 pulgadas, de tecnología Android TV; aparatos Samsung Smart TV de 46 pulgadas; computadoras All in One HP Pavillion, PC All in One, iMac de Apple, discos rígidos de 6 Tera byte, memorias expandibles de 1 Terabyte Samsung, placas de video de Intel, dos drones profesionales con filmación, tablets y telefonía celular de alta gama, como ser iPhone 4 y iPhone 6, y iPod. Había, además, una consola de sonido digital y una filmadora de cine.

"También se descubrieron medicamentos varios, material descartable, jeringas y otros elementos para cirugía, todos vencidos, de origen en los Estados Unidos, con destino a hospitales y clínicas de las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos. La tecnología médica y el equipamiento electromecánico hospitalario habían sido descartados por obsoletos", agregaron las fuentes consultadas.

Los partidos de Campana y de Zárate son zonas calientes del contrabando de mercaderías y estupefacientes. En diciembre pasado, por orden del juez González Charvay, se secuestró una carga de mercadería por un valor de 37.000.000 de pesos.

Además, en febrero pasado, el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de San Martín condenó a un ex comisario de la policía bonaerense, un cantor de tangos y dos empresarios por el tráfico de 1200 kilos de cocaína que iba ocultos en un embarque de pulpa de pera. La mercadería había salido del puerto de Zárate y sólo fue descubierta en Lisboa, en Portugal.

Investigan a un financista de los K que depositó $ 3.500 millones

Por Daniel Santoro - Clarin.com
Se llama Hernán Arcioni, que dirigió Money Market y está investigado en Skanska y Fútbol Para Todos.


Un financista vinculado al kirchnerismo, investigado en el caso Skanska, en Fútbol para Todos (FPT) y por evasión impositiva, cambió cheques e hizo depósitos bancarios dudosos por más de 3.500 millones de pesos solo entre el 2008 y el 2010. Se trata de Hernán Arcioni, quien fue presidente de la financiera Money Market y estuvo vinculado a la agropecuaria fantasma Junín Cereales, entre otras firmas.

Money Market está siendo investigada en una causa caratulada “Futuros y Tendencias S.A.” en el juzgado penal económico de Javier López Biscayart, quien delegó la investigación en el fiscal Germán Bincaz por evasiones multimillonarias del impuesto al cheque, entre otras maniobras. Esta causa “está en plena actividad pero va lenta porque hay miles de cheques y es muy compleja”, comentó una fuente judicial a Clarín.

En un reporte de operación sospechosa de la Unidad de Información Financiera (UIF), según fuentes judiciales consultadas por este diario, se investigó a la agropecuaria Junín Cereales SA que dirigía Rufino Magín Díaz, un socio de Arcioni en Money Market y otras financieras. El ROS revela que Junín Cereales, a pesar de no estar inscripta en el registro de exportadores agropecuarios y no haber podido ser localizada en su domicilio fiscal, contabilizó depósitos bancarios por 3.554.448.441 pesos entre el 2008 y 2010. Junín gozaba de una reducción del impuesto al cheque y, en realidad, se dedicaba al descuento de cheques y valores negociables. Luego se sumaron ROS de los bancos Paribas, Nación, Francés y HSBC. Para la UIF esta operatoria tenía como objetivo, una vez cambiados los cheques por efectivo cerrar una maniobra de “lavado de dinero”. La AFIP considera que, por lo menos, se habrían evadido 29 millones de pesos en el impuesto al cheque.

Durante un allanamiento a oficinas del Ente Regulador del Gas (Enargas) en el 2007 “se secuestró una agenda electrónica con el número de teléfono de Arcioni”. El presidente del Enargas en ese momento era Fulvio Madaro, quien dependía del ex ministro de Planificación y actual diputado por el Frente para la Victoria, Julio De Vido. Ahora es uno de los imputados en la causa Skanska. También se encontraron dos cheques de una metalúrgica y una cooperativa con pocos antecedentes por $ 71.757 y $265.676 que había sido cambiados por efectivo y con endosos irregulares que podría ser parte de la ruta del dinero de Skanska.

La semana pasada el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Madaro, de De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros, al juez federal Sebastián Casanello en la causa Skanska. Otra fuente judicial dijo que “no se descarta” volver a imputar a Arcioni en este caso.

El kirchnerismo había logrado archivar la causa Skanska, pero una decisión de la Corte del año pasado la reabrió. Stornelli consideró que tiene valor probatorio un audio que cuenta cómo se repartió al menos una parte de ese posible soborno: 3 por ciento para Madaro, y un 2 por ciento para Nación Fideicomisos, cuyo gerente era Néstor Ulloa.

Paralelamente, Junín Cereales está siendo investigada por la jueza federal María Servini en la causa del Fútbol para Todos (FPT). Junín Cereales cambió, a través de su cuenta en el Banco Nación, cientos de cheques que el gobierno de Cristina Kirchner le dio a los clubes de fútbol como, por ejemplo, Arsenal, Quilmes, Godoy Cruz y Colón de Santa Fe por millones de pesos. Servini investiga si del plan FpT se desviaron fondos públicos a funcionarios o dirigentes del fútbol.

En la causa llamó la atención el rol del Banco Nación en el cambio de los cheques. Una fuente del mercado explicó que hay tantos cheques que pasaron por ese banco del Estado porque las cooperativas amigas de los K tenían como respaldo créditos del Bicentenario a una tasa anual del 9 por ciento, mientras que le cobraban el 70 por ciento a los clubes. Otras empresas bajo la lupa de Servini son “Influo S.A., Corretajes del Sur, Karam Propiedades, Cooperativa Cuenca del Salado, Mutual del Agro, Jorge Giri, Préstamos S.A., Mutual de la Asociación de Abogados de 9 de Julio, Unicred Cooperativa, Invercoorp Cooperativa de crédito para consumo y vivienda y Orión cooperativa de crédito y vivienda limitada”.

Cuando en diciembre Carlos Melconian asumió la presidencia del Nación aumentó los controles sobre lavado y Junín Cereales, entre otras agropecuarias y cooperativa truchas, cerraron sus cuentas.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), que dirige Marcelo Collomb, inició 52 sumarios o inspecciones sobre cooperativas o mutuales para retirarle la personería si se comprueba que se usaron para evadir impuestos en vez de servir a objetivos sociales, revelaron fuentes judiciales.

Descubren 22 obras más adjudicadas a Lázaro Báez

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Todas fueron cobradas, pero se terminó el 40%.


El gobierno de Cristina Kirchner favoreció por fuera de las obras viales, con 22 obras provinciales a Lázaro Báez por una suma de $ 750 millones. Las licitaciones, una vez más, quedaron exclusivamente en manos del empresario K a través de sus empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla. Se trata de trabajos urbanos, y se desarrollaron en las provincias de Chubut y Santa Cruz, según consta en un informe de la Casa Rosada.

Aunque todas fueron cobradas, sólo nueve de ellas se concluyeron. El dinero ingresó a las empresas de Báez y con creces: fueron $758.381.793,07. El método de pago fue a través de “transferencias como asistencias financieras a provincias y municipios”, según el informe del actual gobierno. Con este mecanismo de pago, el gobierno de Cristina Kirchner favoreció a Báez, que de Vialidad Nacional recibió $21.600 millones por obras que sólo concluyó en un 50%, según la auditoría de Vialidad Nacional que motivó una denuncia penal.

Los trabajos urbanos que financió la gestión kirchnerista incluyen siete contratos en el “lugar en el mundo” de la ex Presidenta. Uno de ellos fueron 400 cuadras de pavimento que se licitaron por $79 millones y se terminaron pagando, aunque la obra no se finalizó, $82 millones. Sobre este contrato en 2009 se firmó y aprobó una redeterminación de obra de $21,7 millones. En 2014 se firmó otra modificación sobre el contrato original por $32 millones. La obra se encuentra paralizada y estuvo a cargo de Austral Construcciones.

En El Calafate se usó el mismo mecanismo de redeterminación de obras, es decir modificar el valor inicial incorporando obras adicionales que no se contemplaron en el plan original sobre el paseo costero bautizado “Presidente Néstor Kirchner”. El valor inicial de esta obra fue de $192.700.00 y se licitó antes que Néstor Kirchner deje la Presidencia y continuó bajo la gestión de Cristina con una modificación del contrato original donde se incorporaron obras adicionales por $ 24.534.074. En 2013 hubo una redeterminación del contrato por $93.615.903 y en 2014 otra por $ 1.227.213. La obra no se concluyó.

En Trelew, en Chubut, se destinaron sumas millonarias para la pavimentación de 400 cuadras. El proceso se inició en 2006 por $93.450.327 y en cuestión de meses se pagaron $107.947.594. Esta licitación en manos de Austral sólo finalizó su primera etapa. Entre 2009 y 2011 se aplicaron redeterminaciones de precio por más de $40 millones y la obra quedó inconclusa.

El listado de la obra incluye un club deportivo en Río Turbio por $3 millones sin concluir. Entre las que se finalizaron está: el paseo costero de Puerto San Julián por $ 11 millones, 400 cuadras de pavimento en Río Gallegos por $46 millones, un gimnasio escolar por $ 3 millones y la pavimentación de 350 cuadras en Comodoro Rivadavia (Chubut) por cien millones de pesos.

El informe oficial indica que el plazo estipulado por contrato es de 27 meses promedio, pero el tiempo que efectivamente tardó el Grupo Austral en la ejecución fue de 67 meses: un 250% más, cobrando sobreprecios del 50%.

Indagan a De Vido por la aerolínea que no voló

(La Nación) - También citaron a Jaime y a 25 ex funcionarios y empresarios; denuncia de fraude en Lafsa

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Foto: Archivo / Soledad Aznarez.

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, su ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y Nicolás Scioli, hermano de Daniel Scioli, fueron citados a prestar declaración indagatoria como sospechosos de un fraude de casi 37 millones de pesos en la creación y administración de la línea aérea estatal Lafsa, que nunca voló .

La decisión fue del juez federal Sergio Torres, quien acusó al actual diputado De Vido, a todos los que participaron de la dirección y administración de Lafsa y a empresarios contratistas que se beneficiaron con un "sinnúmero de maniobras defraudatorias" mediante "actos espurios" desplegados desde la creación de la línea aérea el 21 de mayo de 2003, según el juez.

Lafsa "sólo implicó erogaciones para la firma estatal", ya que "nunca alcanzó a operar ningún vuelo, ni a explotar ninguna ruta aérea ni a ejecutar ninguna otra actividad comercial de aerotransporte propia", advirtió Torres en su fallo al ordenar 25 declaraciones indagatorias.

En la investigación se estableció que el fraude contra el Estado fue de 21.314.147 pesos para pagar, entre otros ítems, salarios de "personal gerencial que careció de funciones reales y concretas" durante "más de seis años en los cuales Lafsa nunca poseyó un avión, ni operó un vuelo, ni cubrió una ruta ni vendió un solo pasaje", hasta que se disolvió, el 4 de noviembre de 2009.

Para el juez, la excusa de crear la línea aérea con fondos estatales para paliar la crisis ocupacional del sector, tras el cierre de LAPA y evitar la concentración, fue aprovechada "por todos quienes conformaron u ocuparon el directorio y las gerencias en connivencia con quienes dirigían y/o se desempeñaban en los organismos públicos designados como autoridad de aplicación".

"Desplegaron un sinnúmero de maniobras defraudatorias a través de la administración infiel con el afán de beneficiarse ellos mismos y o a terceros", dijo. También apuntó a la ya cerrada línea aérea Southern Winds, que se asoció con Lafsa.

"Existen sobrados elementos que dan cuenta de numerosos incumplimientos" de Southern Winds, cuyos ex directivos también fueron citados a indagatoria. "Encararon un negocio intencionalmente con el único fin de justificar parte de la actividad rentada de los directivos, gerentes y de algunos prestadores independientes contratados", dijo.

De Vido deberá presentarse el 26 de septiembre y será el último en el listado que abrirá el 2 de agosto, tras la feria judicial de invierno. El ex subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli fue citado para el 1° de septiembre; Nicolás Scioli, para el 12 de ese mes, y Jaime, preso, para el 22

Los indagados serán, además, José Alberto Bidart, Eduardo Baravalle, Hugo Luis Herrera, Guillermo Ballesteros, Pablo Castellano, Horacio Knobel, Néstor Délfor Monti, Alejandro Aldasoro, Liliana Bernacchi, Carlos Wehrendt, Jorge Traversa, David Salama, Oscar Aste, Ricardo Spera, Carlos Alberto Martínez, Hugo Cifala, José Luis Bacarezza, Laura Curra; y de Southern Winds, Juan José Maggio, Atilio Montero y Christian Maggio.

Revelan cómo era el fraude en Vialidad

Por Diego Cabot - LA NACION
Presentan una denuncia por asociación ilícita; funcionó desde 2006


Otros tiempos: José López, Julio de Vido y Néstor Kirchner. Foto: Archivo.

Funcionó una asociación ilícita cuyo eje era la obra pública. Los proyectos de construcción eran excusas para defraudar al Estado con procesos licitatorios espurios, sobreprecios escandalosos y circuitos de pagos de excepción. José López, ahora preso, fue uno de los ejecutores del plan, que estuvo vigente al menos desde 2006, y sus colaboradores fueron prolijamente colocados en el tablero por Néstor Kirchner y Julio De Vido, incluso con decretos de dudosa legitimidad. Cobraron sobreprecios de hasta 64% y en muchos casos ni siquiera completaron la obra.

Ésa es la conclusión a la que llegó la actual administración de Vialidad Nacional después de investigar cómo fueron los procesos para dotar de fondos al grupo Austral Construcciones. Se trata de una acusación concreta que ya está en el juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que investiga las irregularidades viales en Santa Cruz.

El esquema montado desde el vértice del poder ya no era sólo un plan para recibir comisiones por una obra, sino que se había convertido en un sistema que utilizaba el procedimiento de la obra pública para sacar dinero del Estado y derivarlo a empresas, en este caso, a Austral Construcciones.

La denuncia tiene nombres y apellidos. Según Javier Iguacel, actual administrador de Vialidad, aquella asociación ilícita la conformaban José López; el gerente y el subgerente de Obras, Jorge Gregorutti y Sandro Férgola, y el gerente de Administración, Sergio Passacantando, un ex empleado de la financiera de Néstor Kirchner, Invernes, que fue nombrado por decreto en 2006. Estos se suman a otros ex funcionarios ya denunciados, como el ex director de Vialidad durante el kirchnerismo, Nelson Periotti.

El organismo se convirtió desde el inicio de la anterior administración en un lugar sagrado para hombres de confianza de Néstor Kirchner. Colocó allí varios de sus alfiles, de los llamados pingüinos. En 2006 se dio uno de los casos que más sospechas levantaron. Mediante el decreto 1301/2007, fechado el 5 de octubre de 2007 y firmado por el entonces presidente, además de Alberto Fernández y De Vido, se nombró a Sergio Passacantando como Gerente de Administración.

Hasta ahí no hay demasiado nuevo. Sin embargo, el decreto que disponía un cargo en forma retroactiva desde el 12 de octubre de 2006, tenía una particularidad. Pese a que las vacantes para el ingreso en planta permanente en el sector público estaban prohibidas, Passacantando fue designado como personal de planta, al punto que estaba en su cargo hasta después de iniciada la nueva administración.

El gerente de Administración, personaje clave en la trama de la obra pública vial, era un viejo conocido: habría sido empleado hasta asumir en la firma Invernes SA.

Esta sociedad, que funcionaba en un domicilio en el mismo edificio que la sede porteña de Austral Construcciones, habría sido creada por Ernesto Clarens, un empresario dueño de hoteles en Buenos Aires, Bariloche, Corrientes y, además, inquilino del hotel de la familia Kirchner, Los Sauces. La sociedad, que dicen que debe su nombre a "inversiones Néstor", es una de las líneas de investigación que tiene el juez Sebastián Casanello en una de las causas por presunto lavado de dinero de Lázaro Báez. Desde esa empresa, y por decreto de Kirchner, Passacantando pasó a Vialidad en planta permanente.

La operatoria se explica en uno de los casos emblemáticos: el de la ruta provincial 9, en Santa Cruz. Todo empezó el 1° de diciembre de 2006, cuando Vialidad Provincial aprobó el pliego de licitación. Sin embargo, pese a ser ruta provincial, se firmó un acuerdo (el 27 de enero de 2007) para que sea el organismo nacional el que financie. Ambas administraciones acordaron, en el artículo 100 de aquel documento, "el estudio, proyecto y construcción de obras básicas y enripiado, ruta provincial 9 (...) con un presupuesto estimado de 238.248.064,24 pesos".

Dos días más tarde de firmado el convenio entre las dos Vialidad se abren las ofertas. Kant y Costilla ofreció $ 245.361.623,83 y Petersen, Thiele y Cruz, $ 242.754.420,92. Vale la pena quedarse en la oferta de Austral Construcciones: 238.248.064,42 pesos. El número encierra una de las pistas más importantes de la connivencia entre funcionarios y Báez. Es exáctamente igual, hasta con los mismos centavos, que el que habían colocado dos organismos públicos, uno provincial y otro nacional, como presupuesto para el proyecto licitado.

El proceso siguió. Ocho días después de firmado el acuerdo se adjudicó la obra a Austral. A los 52 días de adjudicado, ya se habían anticipado 90,16 millones de pesos (37,85%), cuando según el plan de trabajo presentado por Austral Construcciones se debió haber pagado 3,24 millones de pesos (1,36%). El plazo era de 36 meses y la obra aún está sin terminar.

Un ejemplo similar se da en la ruta nacional 3, con un sobreprecio de 64%, y la lista sigue. Es sólo una muestra de cómo la obra pública fue la materia prima de una supuesta asociación ilícita.

Un esquema para desviar millones

Kirchner y De Vido colocaron gente de confianza en Vialidad Nacional, donde funcionó un procedimiento que habría tenido como finalidad desviar dinero.

Aquí uno de los ejemplos: la ruta provincial 9, en Santa Cruz

• 01/12/2006: se aprueba el pliego por parte de la Administración de Vialidad de Santa Cruz
• 18/12/2006: llamado a licitación.
• 23/01/2007: se firma convenio entre el organismo de Santa Cruz con Vialidad Nacional para que el Estado financie la construcción de la ruta.
• Art. 10: Las obras del presente convenio son: Estudio, proyecto y construcción de obras básicas y Enripiado, Ruta Provincial 9 (...) con un presupuesto estimado de 238.248.064,24 pesos
• 29/01/2007: Apertura de ofertas.
• Kant y Costilla : $ 245.361.623,83 / 22,68% por encima del precio de referencia
• Petersen, Thiele y Cruz : $ 242.754.420,92 / 21,38% por encima.
• Austral Construcciones : $ 238.248.064,42 / 19,31% por encima
• 29/01/2007 : se descalifican las ofertas de Petersen y Kant y Costilla por estar 20% encima del presupuesto.
• 05/03/2007: adjudicación (ocho días después de la firma del financiamiento).
• 25/04/2007: DNV convalida el acuerdo.
• A los 52 días, se habían anticipado $ 90,16 millones (37,85%), cuando según el plan de trabajo de Austral Construcciones se debieron haber pagado 3,24 millones (1,36 por ciento).
• Plazo de finalización de la obra, 36 meses, es decir el 06 de marzo de 2010.
• La obra aún no ha sido terminada

La OA denunció sobreprecios en la compra de camionetas de parte de Agricultura en 2012

(Perfil.com) - La denuncia la iniciaron Manuel Garrido y Graciela Ocaña. Corresponde al período de Norberto Yauhar y apunta contra su subsecretario.


La Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, hizo una denuncia por administración fraudulenta por un presunto direccionamiento y sobreprecio en una compra de camionetas para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante 2012, cuando era dirigido por Norberto Yauhar

En el segundo llamado a licitación del el 7 de febrero de 2012 se adjudicó "la compra de las camionetas a la firma Guido Guidi  S.A., quien cotizó por cada una de las pick up Amarok la cifra de $179.532". El total de todas las camionetas ascendía a $10.771.920. La denuncia se origina a partir de la investigación de si existió “el direccionamiento de una contratación, al introducirse en el pliego de condiciones requisitos que únicamente podían ser cumplidos por uno de los fabricantes”.

Para ese segundo llamado, el Subsecretario de Agricultura Familiar solicitó la inclusión de una serie de especificaciones, según surge de su nota de fecha 22 de diciembre de 2011. En la licitación se presentaron tres empresas: Guido Guidi S.A., Igarreta S.A. y Automóviles San Jorge S.A.. La primera de ellas fue quien ofertó el precio más alto, pero el Subsecretario de Agricultura Familiar mediante nota del 3 de mayo de 2012 remitida a la Directora de Compras y Contrataciones, aseguró que lo que cotizó Guido Guidi "se ajustaba a lo requerido en el pliego de especificaciones técnicas", especificando aunque el valor era superior al informado por la SIGEN ($156.804,63 por unidad, y $9.408.277,80 el valor total por las 60 camionetas) "no incluyó el traslado de las unidades, los sensores de estacionamiento y el ploteo de las puertas delanteras".

La empresa Igarreta al ser notificada de la decisión expresó que Guido Guidi no había aportado "información técnica o aclaración del modelo cotizado". El Subsecretario de Agricultura Familiar expresó que el plazo de entrega ofrecido por Igarreta S.A. excedía lo que había sido requerido. Teniendo en cuenta la cifra especificada por la SIGEN se pagó un monto mayor de 22.727,47 pesos por cada camioneta.

La SIGEN también alertó que “en el pliego de bases y condiciones particulares se indican especificaciones técnicas que conducen a una marca determinada, si bien en el mercado existen opciones de bienes similares o sustitutos convenientes que cumplirían con el objetivo final que sustenta la necesidad de compra”. Es decir, se advierte sobre un posible direccionamiento en el pliego de bases y condiciones.

Para la OA “existen indicios suficientes para sospechar que existió un perjuicio para el Estado nacional producto de haberse pagado de más cuanto menos $1.363.642.20 por la adquisición de 60 camionetas Amarok con destino a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, superando en el monto antes citado el precio testigo fijado por la SIGEN”.

Sebastián Casanello busca darle un fin social a las propiedades que le incautaron a Lázaro Báez

(La Nación) - El juez federal quiere darle un lugar a las "comunidades más olvidadas del país"

Foto: Archivo / LA NACION / Horacio Córdoba

El juez Sebastián Casanello le giró hoy un escrito a dos reparticiones oficiales para que le busquen un fin social a las varias de las propiedades incautadas al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Así se desprende del escrito firmado por el juez, quien sostuvo que el Estado "debe pensar en herramientas para sanear el daño causado" y darle un "posible destino social" a las millonarias estancias que se encuentran individualizadas, tasadas y embargadas, ante la sospecha de que fueron fruto de dinero ilícito.

Fuentes judiciales señalaron que puso en conocimiento a la Secretaria de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior para garantizar el acceso a la vivienda y darle un lugar a las "comunidades más olvidadas del país". También al Programa Pro Huerta, del Ministerio de Desarrollo Social, que está destinado a familias vulnerables para que puedan acceder a una alimentación saludable.

Una de las casas de Lázaro Báez en Santa Cruz. Foto: LA NACION / Horacio Córdoba

A criterio del juzgado, existe la posibilidad de "aprovechar de modo inmediato" los bienes incautados para este fin social. Por ello les recomendó a los funcionarios de las dependencias estatales mencionadas que se comuniquen con el fiscal Guillermo Marijuan, quien tiene el listado de precios de los bienes relevados y en 15 días eleven al juzgado "una propuesta que especifique los destinos y programas que puedan implementarse sin demora sobre los bienes inmuebles que se encuentran ociosos", precisaron las fuentes consultadas.

Agencia DyN

José López anticipó pagos millonarios por obras que casi no tuvieron avances

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Los adelantos se detectaron en más de 30 contratos de la Dirección Nacional de Vialidad, que dependía del ex funcionario; los montos llegan a $ 1500 millones.

José Francisco López. Foto: Archivo / Fabián Marelli

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), uno de los organismos que dependían del ex secretario de Obras Públicas José López y también una de las mayores cajas del Estado, realizó en 2014 pagos a más de 30 proyectos viales muy por encima del avance físico que mostraron sus obras.

Los casos en que los pagos fueron mucho mayores que el adelanto de los proyectos recorren varias provincias. Hay ejemplos en Córdoba, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, Tierra del Fuego y Santa Cruz. En total, los 30 proyectos analizados que no registran un avance físico acorde con los fondos desembolsados por el Estado suman transferencias por 1479 millones de pesos.

Así surge de un análisis que hizo LA NACION data sobre la base de decenas de planillas que le envió el año pasado el gobierno de Cristina Kirchner al Congreso, compendiadas bajo la denominada Cuenta de Inversión. En los números revisados se descartaron las obras cuya construcción era superior al 80%, para quitar los casos en los que pudo haber habido un pago mayor del Estado para cancelar deudas atrasadas.

El desembolso anticipado de obras con escaso avance o que directamente no se hicieron es una de las principales irregularidades que detectó el gobierno de Mauricio Macri sobre la gestión anterior.

Por caso, una ruta hecha en la provincia de San Luis en los límites con Córdoba y Mendoza no muestra ningún tipo de avance, pero se le destinaron $ 74,54 millones en 2013 y otros $ 134,5 millones en 2014, hasta donde llegan los últimos datos disponibles.

En Córdoba, el denominado refuerzo de infraestructura en el corredor vial VIII no registró avances entre 2011 y 2014. Sin embargo, la contabilidad del Estado muestra que se transfirieron a esa tarea $ 23,9 millones en 2013 y poco más de $ 49 millones al año siguiente.

En La Pampa no se hizo ningún trabajo en el empalme de la ruta 10, pero se pagaron más de $ 5 millones, el 18% del costo total del proyecto. Otro tanto ocurrió en Formosa, donde se pusieron $ 2,14 millones para una mejora que no tuvo hasta 2014 avances.

En Santa Cruz, la provincia donde están puestas todas las miradas de la Justicia y de los auditores del Gobierno, un empalme de la ruta 40 con un presupuesto de $ 899 millones tuvo un avance de obra del 12%, pero las transferencias de fondos alcanzaron el 24% de los fondos previstos para esa tarea.

Hace dos semanas, el nuevo presidente de la DNV, Javier Iguacel, amplió en un escrito dirigido al juez Julián Ercolini la denuncia que había hecho contra López y otros funcionarios de esa cartera en abril pasado. Se comprometió a aportar pruebas y testigos que acreditan sobreprecios, adjudicaciones discrecionales y la emisión de "certificados y pagos de obra no ejecutada".

Allí se apuntan casos específicos que van en la misma dirección que sugieren los números analizados por LA NACION.

En la ruta 3, a la altura de Santa Cruz, se encontraron irregularidades y diferencias entre los montos por los que la obra fue contratada años atrás a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, hoy detenido, con las ofertas que recibió la DNV el mes pasado de otras empresas.

También en Santa Cruz, la licitación para la ampliación de la ruta 9 tuvo ofertas de Austral Construcciones, Kank y Costilla y Petersen. Las dos primeras pertenecen a Báez y la tercera, a la familia Eskenazi, los ex dueños de YPF que fueron desplazados de la compañía petrolera luego de la estatización de la empresa.

Una comisión de estudio y evaluación de la gestión kirchnerista descartó dos ofertas el mismo día de su creación y le dejó la obra servida en bandeja a Austral.

Dos semanas después de firmar el contrato, la compañía ganadora le pidió a la DNV un adelanto del 30% del valor total del contrato, algo que fue aprobado el mismo día de la solicitud. Cuarenta y ocho horas después, la empresa de Báez tenía la plata en su poder, algo muy inusual para una cartera que se caracterizaba por demorar los pagos a la mayor parte de las constructoras.

Foto: LA NACION

A la Justicia

En el mismo proyecto se certificaron, aprobaron y pagaron avances de obra que según los análisis técnicos de Vialidad no se hicieron. El Gobierno asegura que tiene un testigo que corroborará ante la Justicia esa irregularidad.

En Chaco, en tanto, la constructora Sucesión de Adelmo Biancalani, también de Báez, ganó un contrato del que luego cedió un 70 por ciento de la facturación a la firma Cemento a cambio de que ésta realizara la totalidad de la obra. Sobre la base de esa operación, la Dirección Nacional de Vialidad sostiene que el 30% del presupuesto, cifra que no figura en la ampliación de la demanda, puede ser considerado como el sobreprecio que pagó el Estado.

La DNV también tenía un circuito de pago privilegiado para ciertas empresas. Todos los meses le enviaba al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas. Quien daba la orden era José López, preso en la cárcel de Ezeiza desde hace tres semanas, luego de que la policía bonaerense lo detuvo en la noche en que, según un testigo, arrojó bolsos con unos 9 millones de dólares al interior de un monasterio en General Rodríguez.

Según fuentes oficiales, la firma Austral Construcciones solía estar en ese grupo privilegiado. LA NACION vio la lista de enero de 2015, en la que la firma de Báez ocupa el sexto lugar. La primera es Rovella Carranza, una compañía de origen puntano que está siendo analizada por la Justicia, seguida por JCR. En el octavo lugar aparece Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Del editor: qué significa. Las evidencias de manejos oscuros con los fondos públicos siguen saliendo a la luz; el efecto político impacta en un kirchnerismo en retirada.

Casanello reabrió la causa Skanska

(La Nación) - Tuvo en cuenta una grabación que registró el pago de coimas


El juez federal Sebastián Casanello aceptó reabrir el caso Skanska, el primer caso de corrupción del kirchnerismo: le pidió a la Sala I de la Cámara Federal, que hace dos años había sobreseído a los funcionarios imputados, que analice nuevamente una grabación en la que se admite el pago de coimas para que resuelva, ahora, si cambia de decisión y avanza con los procesamientos.

El pedido había sido hecho por el fiscal Carlos Stornelli, quien planteó que hubo cosa juzgada írrita y reclamó que Casanello directamente anule la sentencia de la Cámara Federal.

El juez de primera instancia entendió que no puede dejar sin efecto el fallo del tribunal superior, pero sí reabrió el caso y le dijo a la cámara de apelaciones que vuelva a estudiarlo a la luz de las nuevas pruebas. La grabación en cuestión tuvo lugar entre el auditor Claudio Corizzo y Javier Azcárate, uno de los gerentes de Skanska. En ese audio, Azcárate admitió que hubo un 5% de "comisiones indebidas" para la construcción de dos gasoductos.

Por el caso Skanska habían sido procesados el ex titular del Enargas, Fulvio Madaro; el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa; y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron.

Fue la Sala I de la Cámara Federal, cercana al kirchnerismo, la que en 2011 dictó los sobreseimientos. Pero en abril último, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dio el puntapie inicial para reabrir la causa, porque consideró que aquella grabación, en la que el gerente confesaba al auditor el pago de sobornos, había sido válida. Ahora es el turno de la Cámara para decidir.

Procesan y embargan por $ 12.000 millones a ejecutivos por la "cueva" del BNP

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La Justicia determinó que la entidad facilitó la salida de 1000 millones de dólares; uno de sus clientes fue un ex funcionario de la AFIP


El banco BNP Paribas suma problemas en la Argentina. El juez Osvaldo Rappa procesó ayer a 20 ejecutivos de la entidad por operar una "cueva" financiera en el barrio porteño de Catalinas dedicada a la fuga de capitales y ordenó embargarlos por una cifra récord: más de $ 12.000 millones.

Rappa consideró que la "cueva" del BNP Paribas ayudó a cientos de clientes a canalizar al menos US$ 1000 millones hacia diversos paraísos fiscales entre marzo de 2006 y fines de 2008, por lo que procesó a sus ejecutivos por presunta asociación ilícita, evasión y lavado de activos. "No sólo se quebrantaron deliberadamente las obligaciones relativas a la identificación del cliente inmediato, los deberes de diligencia frente a transacciones inusuales o carentes de sentido económico aparente, el reporte voluntario de tales operaciones y la conservación de la información sobre las transacciones -remarcó el juez-, sino que se diseñó una compleja arquitectura financiera, que tenía por objeto borrar el rastro de la ruta del dinero no declarado."

El magistrado destacó el "aporte estratégico" de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) durante la gestión del fiscal Carlos Gonella para impulsar la investigación, que rastreó las operaciones de empresarios, sindicalistas, un juez y hasta un por un entonces alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Andrés Vázquez.

Los procesamientos y embargos alcanzan a la por entonces plana mayor de BNP en la Argentina, como así también a varios de sus ejecutivos. Entre ellos, Armand Augustin Abeillon, María Inés Armando, Michel Michael Basciano, Héctor Ignacio Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Christian Marie Francois Giraudon y Elba Guibernau.

El juez en lo Criminal de Instrucción N° 35 también procesó a Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith Ini, Carlos Long Sansberro y Pedro Antonio Maffeo, como así también a Daniel Omar Monaco, Alexis Quirot de Poligny, Osvaldo Daniel Rodríguez, Mariana Schuld, Santiago Tedin Uriburu, Adriana Terreni y Silvia Zyla.

Según reconstruyó la Procelac, el BNP Paribas había montado una oficina de Banca Privada Internacional que operaba de manera clandestina en el piso 25 de la torre de la avenida Leandro N. Alem 855, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí aconsejaba a sus clientes sobre cómo sacar millones de dólares del país con destino a cuentas en Curazao, Luxemburgo o Suiza.

La Procelac recordó que el BNP incluso desarrolló un manual "instructivo" de uso interno para sus empleados llamado "Productos Off-shore". Describía al "cliente off shore" como la persona física o jurídica que no desea declarar sus bienes.

Uno de esos clientes fue Vázquez, quien durante la gestión de Ricardo Echegaray se desempeñó como jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP. Desde allí ordenó el megaoperativo de 200 inspectores contra el Grupo Clarín en septiembre de 2009, al mismo tiempo que acumuló indicios de proteger al casino flotante de Cristóbal López y a varias empresas de Lázaro Báez. Para entonces, según reveló LA NACION en octubre de 2010, Vázquez ya había acumulado casi medio millón de dólares en dos cuentas bancarias secretas en el Caribe y en Europa, fondos que mantuvo por fuera de los controles formales y que no declaró ante la AFIP, es decir, ante el organismo para el cual trabaja.

"Tanto el personal directivo, como los empleados que prestaban servicios en esa oficina -explicó Rappa-, conformaban una asociación ilícita y sostuvieron la firme decisión de fugar divisas del país, propiciar y llevar adelante operaciones de cambio ilegales, operaciones financieras no autorizadas y lavado de dinero ilícito, brindando tanto el espacio físico para que dichas operaciones se desarrollasen, disponiendo de todos los recursos materiales, servicios y demás prestaciones necesarias para su funcionamiento."

Justificó Boudou la compra de 19 autos

(La Nación) - Presentó un escrito ante el juez y defendió el pago de $ 2,1 millones


El ex vicepresidente Amado Boudou volvió ayer a los tribunales de Comodoro Py a declarar en una nueva indagatoria; esta vez, acusado de la compra de autos "innecesarios" y con supuestos sobreprecios mientras era ministro de Economía.

Boudou se negó a declarar y se limitó a presentar un escrito. En ese documento dijo que "todos los vehículos que se adquirieron resultaban necesarios", que fue una compra "conveniente" y que se habían cumplido todos los requisitos de la ley. "La totalidad de los vehículos se encuentran aún hoy funcionando en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional", afirmó.

El juez que lo indagó, Sergio Torres, lo había citado porque sospecha que el Estado pagó por los autos más de lo que correspondía y que se trató de una subasta direccionada en favor de la empresa Guido Guidi. La audiencia fue muy breve. Boudou llegó cerca de las 9 y a las 10 ya se había retirado.


El expediente de la compra por la que fue indagado se inició con la resolución 347 del Ministerio de Economía, del 22 de diciembre de 2009, firmada por el entonces secretario legal y técnico de esa cartera, Benigno Vélez, quien autorizó el inicio de "gestiones tendientes a lograr la adquisición de una partida vehicular".

Los autos fueron 19. Todos Volkswagen, modelos Passat, Vento y Bora. La adquisición se hizo -de acuerdo con Torres- "mediante subasta privada direccionada a favor de la empresa Guido Guidi SA por la suma total de $ 2.301.227,25, la que finalmente se concretó por $ 2.131.400 sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso".

Ayer, Boudou sostuvo que la decisión fue el resultado de un estudio de las "áreas operativas intervinientes", que consideraron que esta compra era la mejor de las alternativas que habían evaluado. Tomó distancia, así, de la decisión.

El juez había dicho, en cambio, que sólo pudo haber sido él quien resolvió avanzar con esta operación. "La impronta otorgada al trámite de ese expediente, en cuanto a la urgencia y al tenor de las deficiencias detectadas, como los actores del mismo, pone claramente la decisión en cabeza de la máxima autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas", sostuvo Torres cuando lo citó a esta indagatoria. Ahora, el juez debe decidir si suma un nuevo procesamiento contra el ex vicepresidente Boudou.

Una triangulación que involucra a De Vido y al ex titular de Enarsa

Por Nicolás Balinotti - LA NACION
Suárez fue denunciado por desviar fondos que debían ser destinados a capacitar trabajadores


Tras meses de letargo, la causa judicial que involucra al gremialista Omar Enrique Suárez se reactivó y da la sensación de que podría avanzar a ritmo de machete.

Procesado por haber entorpecido vías navegables y extorsionar a empresarios, ahora lo investigan por fraude y encabezar una asociación ilícita. Detrás de esta nueva acusación, se distingue una maniobra para desviar fondos que incluye a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) y Exequiel Espinosa (ex titular de Enarsa).

Por un convenio entre el ministerio que encabezaba De Vido, Enarsa e YPF, a partir de 2008 la Argentina comenzó a importar gas licuado. Sirvió de excusa perfecta para que Suárez, líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), les reclame a las agencias marítimas un aporte por cada trabajador en concepto de "capacitación", con el argumento de que los tripulantes de los buques regasificadores debían manejar el idioma inglés.

Según la intervención judicial que desplazó en febrero a Suárez del SOMU, esas capacitaciones nunca se realizaron y las contribuciones patronales terminaron en las cuentas de la Fundación Azul, dependiente del sindicato, y la empresa San Jorge Marítima SA, en cuyo directorio está Suárez.

La triangulación habría sido así: el pago en vez de ir directamente al SOMU y de allí a la escuela de capacitación marítima Omar Rupp, ingresaba en un primer momento a la Fundación Azul y luego a la empresa San Jorge, de cuyo paquete accionario el gremio posee el 20%.

En 2011, el SOMU y Enarsa, representada por la firma Marítima Meridian, firmaron convenios en los que se aplicó este mecanismo de distribución.

El empresario Jorge Samarín, de Marítima Meridian SA, también sería citado a declarar. Los investigadores sospechan que actuó en tándem con Espinosa, el hombre de De Vido en Enarsa.

Gladys González, interventora del SOMU, rastrea por estos días la ruta del dinero en cuentas del Banco Nación y en los registros contables de la Fundación Azul y San Jorge Marítima.

En el informe de 12 páginas que González le entregó en mano al juez Rodolfo Canicoba Corral, se sugiere investigar a De Vido, a Espinosa y a la subsecretaría de Vías Navegables.

"La defraudación no sólo se configuraría respecto de los afiliados y del sindicato, sino también respecto del Estado, que, en definitiva, terminaba pagando abultadas sumas de dinero por el sobreprecio que significaba esta contribución injustificada, dado que las empresas naturalmente trasladaban el costo al importador", considera la interventora.

¿Cuánto dinero se desvió? González no puede precisar hoy un monto. Sin embargo, según los registros contables de San Jorge Marítima, serían millones de dólares.

A modo de ejemplo: entre junio de 2010 y julio de 2012, en el marco de los acuerdos entre V. Ship Agency y Oceanway con el SOMU, ingresaron en concepto de "capacitación" unos US$ 5.000.000. Son apenas dos tratos con agencias privadas. Se firmaron muchísimos acuerdos más de este tipo.

"La llegada de los buques regasificadores se dio con el aval del «Caballo»", reconoce a LA NAION un ex funcionario de la Administración General de Puertos durante la gestión kirchnerista.

Entre otras irregularidades, la intervención detectó que dichas capacitaciones no eran necesarias o que ya eran abonadas, a precios mucho más bajos, por el propio gremio. Así consta en los balances contables del SOMU, en los que se detallan los fondos destinados a la escuela de capacitación Omar Rupp.

Además del desvío de fondos derivados de los presuntas capacitaciones, se encontraron "exorbitantes" sobreprecios en compras directas; utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos; multiplicidad y superposición de tareas y cargos, y la "ausencia total" de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios. Suárez no respondió anoche a las llamadas de LA NACION.

La intervención del SOMU se originó a partir de una serie de denuncias que activaron ocho opositores al "Caballo" que fueron expulsados del gremio. Ninguno de ellos fue aún reincorporado a la organización sindical.

Alejandro Giorgi, uno de los desplazados, denunció el año pasado en la Justicia el desvío de los fondos de las supuestas capacitaciones y también apuntó contra Enarsa.

Por entonces, Canicoba Corral no estaba decidido a darle impulso el expediente de Suárez, un aliado del kirchnerismo. Con el cambio de gobierno, el juez cambió ahora de actitud.

Aduana: ex funcionarios, en la mira por un contrabando millonario

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Unos 4500 contenedores quedaron retenidos y nadie los reclama; 400 están ya en proceso de remate, con mercaderías estimadas en $ 57 millones; en el Gobierno señalan a Echegaray, Michel y Santana


Echegaray y Michel, en 2014; en el Gobierno los señalan como sospechosos. Foto: Archivo

Como parte del combate de la corrupción y de la herencia recibida, el gobierno de Mauricio Macri quiere demostrar rápidos resultados en la lucha contra el contrabando. Desde diciembre pasado, el director general de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, frenó 4500 contenedores sospechosos de falsedad en la declaración del peso y de las mercaderías, hay 400 de ellos en proceso de remate y ya se subastó mercadería de todo tipo, estimada en 57 millones de pesos.

Los remates se hacen a través del Banco Ciudad y comprendieron productos textiles, computadoras, pendrives, antenas, televisores, teclados, equipos de música, máquinas de coser, vestimenta y hasta un velero.

Según pudo saber LA NACION, Gómez Centurión, un mayor retirado del Ejército y ex combatiente de Malvinas, puso en la mira de posibles maniobras de contrabando a los ex titulares de la AFIP Ricardo Echegaray, de la Aduana Guillermo Michel y al ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas Daniel Santana.

Como titular de la AFIP, Echegaray tenía bajo su órbita de control la Aduana. Ahora, el gobierno de Macri sospecha que con su connivencia se dejaban ingresar miles de contenedores por año con pesos mal declarados y mercaderías prohibidas que iban por el "canal verde", sin ser revisadas. Gómez Centurión las comenzó a enviar por el canal rojo, que implica una "verificación completa".

Así las cosas, los contenedores comenzaron a ser demorados sin que nadie los reclamara. Se acumularon unos 4500 al día de hoy.

Tal como informó LA NACION el 3 de marzo, Gómez Centurión clausuró entonces seis depósitos fiscales, dos de los cuales funcionaban en el Mercado Central, donde mandaba el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

El 31 de marzo, la Aduana presentó una denuncia ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que disparó una investigación a una organización liderada por los hermanos Miguel y Alejandro Paolantonio, sospechosa de haber llevado adelante una operación de contrabando a gran escala.

Hasta el 10 del actual, se subastaron mercaderías por 12 millones de pesos, pero la Aduana estima que en las próximas semanas se rematarán otros 23 millones y existe un remanente de 22 millones demorado en la megacausa del juez Aguinsky. En total, 57 millones.

En la mecánica aduanera, los importadores deben declarar el peso y el tipo de mercadería de los contenedores. Si se verifica una falsedad en ellos, los contenedores son demorados. Los dueños pueden rectificar el peso y pagar el gravamen. Pero si en 90 días no los reclaman ni los regresan al puerto de origen, ingresan en la categoría de "rezago" y en proceso de remate, siempre que sea mercadería permitida en el país.

Unos 400 contenedores entraron en esa instancia y están en pleno traslado a la Terminal 6 del Puerto de Buenos Aires.

Según cálculos de Gómez Centurión, el 82% de los contenedores ingresaban con sólo el 25% del peso disponible, lo que hizo pensar a la Aduana que los importadores mentían en el peso y la tipificación de mercadería, un sistema de aprobación del ingreso. Comenzó a enviarlos a "canal rojo".

Se los suele declarar con menos peso para bajar el gravamen y mentir en el contenido cuando es mercadería prohibida: se consignan, por ejemplo, flores de plástico o piedra pómez.

Siete años sin causas

Llamó la atención de la Aduana que desde hace siete años no existen sentencias por contrabando en el fuero penal económico: las denuncias flotaban en el nivel contravencional y nunca llegaban a causas judiciales. La denuncia de la Aduana ante el juez Aguinsky quebró esa inercia y desarticuló una importante red de contrabando. Se dispusieron más de 100 allanamientos.

En el caso de que sea mercadería prohibida, se la utiliza para un proceso de donaciones a entidades de bien público que hace Presidencia de la Nación.

Las mercaderías rematadas son textiles y, sobre todo, artículos electrónicos: reproductores MP3, cámaras de fotos, cámaras web, autoestéreos, filmadoras, tarjetas de memoria, juegos de parlantes, consolas de juegos, teclados para computadoras, anteojos de sol, mochilas, portafolios, teléfonos celulares y memorias de almacenamiento. También hubo antenas parabólicas, calculadoras, compresores, micrófonos, relojes, notebooks, repuestos de máquinas de coser, repuestos de autos, juguetes, rollos de tela, cubiertas, bicicletas, triciclos, radiadores, bobinas de papel, piedras semipreciosas, piedras duras, herramientas y hasta un velero Oceanis.

Sospechas de irregularidades en el comercio exterior, en números

4500 Contenedores - Son los que, desde diciembre, fueron frenados en la Aduana por sospechas de falsedad en el peso y en el tipo de mercadería que contenían

400 Depósitos - Son los que se remataron o se rematarán en las próximas semanas por ser contenidos con irregularidades. Son textiles, electrónicos, autopartes y juguetes, entre otros

57 Millones de pesos - Es el valor estimado de la mercadería que se envió a remate. Hasta el 10 de junio se recaudaron $ 12 millones

100 Allanamientos - Fueron los realizados en la causa que instruye el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y que también investiga a los hermanos Miguel y Alejandro Paolantonio por contrabando

Del editor: qué significa. Siguen saliendo a la luz datos que refuerzan las sospechas de corrupción en el kirchnerismo; el Gobierno no lo desaprovecha políticamente.

Imputan a Fellner por viviendas de la Tupac

Por Rosario Agostini - LA NACION
En la causa se investiga el pago de $ 1200 millones a la agrupación de Sala


SAN SALVADOR DE JUJUY.- El fiscal de Investigaciones N° 6, Gustavo Araya, imputó ayer al ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner por el delito de abuso de autoridad, falsedad ideológica y fraude a la administración pública en una causa en la que se investiga el pago de 1200 millones de pesos a la agrupación Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales. En la causa también está imputado el ex titular del Ministerio de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini.

La imputación se da en el marco de la investigación de la denominada "megacausa de los 1200 millones" por el pago de addendas y obras de viviendas sociales pagadas y certificadas pero que según la auditoría realizada por las actuales autoridades no habrían sido concluidas, en algunos casos, y en otros no estaría realizadas.

La investigación apunta a vincular a Fellner como máximo responsable de las acciones que desarrolló la Unidad Ejecutora Provincial, organismo que administraba los recursos que enviaba el Ministerio de Infraestructura de la Nación.

El fiscal también imputó a Milagro Sala por fraude a la administración pública, y al ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales de Jujuy Héctor Gustavo Carrizo.

Con esta imputación Fellner queda involucrado en la mayor causa por defraudación a la administración pública que investiga la justicia de Jujuy, ya que el monto de esa defraudación, según la denuncia presentada por el fiscal de Estado, Mariano Miranda, y el fiscal anticorrupción, Joaquín Millón, ascendería a los 700 millones de pesos.

También Fellner, en esta instancia, es por primera vez vinculado judicialmente a la figura de Milagro Sala, actualmente detenida por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública.

Los antecedentes

Entre los años 2004 y 2015, titulares la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, de la Unidad Ejecutora Provincial de de Jujuy y diversos municipios de la provincia suscribieron una serie de convenios específicos para la construcción de viviendas a ejecutarse en diferentes etapas, por medio de Cooperativas de Trabajo pertenecientes a la Organización Tupac Amaru, todo a cargo del Ministerio de Planificación.

Según los expedientes, además de las transferencias nacionales otorgadas a diversos municipios se otorgaron adicionales de pagos en circunstancias irregulares. Estas habrían sido concedidas meses después de que las tres etapas consideradas hayan sido informadas como terminadas o, en su defecto, certificados al 100%; pero no consta las tareas de verificación, auditorías técnicas y financieras para verificar el cumplimiento del plan de trabajo y cronograma de desembolsos.