La deuda pública ya está en US$ 320.934 millones

Por Ismael Bermúdez - Clarin.com

El endeudamiento trepa por la emisión de bonos y letras para financiar el déficit fiscal. En dos años de Macri, creció US$ 80.269 millones.

El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, expuso en la Comisión Bicameral del Senado. Fotos Alfredo Martinez

En 2017, la deuda pública interna y externa, en pesos y moneda extranjera, aumentó en US$ 45.488 millones: subió de US$ 275.446 millones a U$S 320.934 millones, incluyendo la deuda no presentada a los canjes, según informó el Ministerio de Finanzas.

Esta deuda pública nacional no incluye lo que adeudan las provincias. Tampoco la deuda del Banco Central en LEBAC y otros en pesos y moneda extranjera y lo que aún se adeuda del cupón PBI.

En 2016, la deuda pública aumentó en US$ 34.781 millones. Así en los dos últimos años la deuda pública aumentó en US$ 80.269 millones.

De este total, la deuda intra sector público – como con el Banco Central, ANSeS y otros organismos- aumentó en U$S 16.933 millones y con los organismos internacionales, como BID o Banco Mundial, y con el sector privado, en diversos instrumentos financieros como Bonos y Letras, en U$S 63.336 millones.

El Informe de Finanzas detalla que del total adeudado a fin del año pasado, por acreedor, US$ 154.666 millones - - 48,2% - es deuda con otros organismos públicos. Y con los organismos financieros y el sector privado suma el 51,8% restante o US$ 166.268 millones.

Si la comparación se extiende a fines de 2005, luego del primer canje de deuda, cuando sumaba US$ 154.270 millones, el endeudamiento público más que se duplicó: creció en US$ 166.664 millones. De ese incremento, US$ 86.395 millones se gestó durante los últimos 10 años de la gestión kirchnerista y US$ 80.269 millones en los dos primeros años de la Presidencia de Mauricio Macri.

El Gobierno cerró el Inder

Por Francisco Jueguen - La Nación  (Extractado) - El instituto reasegurador se disolvió en 1992, pero seguía con presupuesto

Hoy, luego de 25 años de decretada su disolución, el Gobierno logró cerrar el Inder. Se trata de la liquidación más larga de la historia, con 19 liquidadores en su haber desde 1992. El instituto estatal que monopolizó el mercado del reaseguro desde 1952 (cuando reemplazó al Instituto Mixto de Reaseguros) dejará de existir, y según datos de Hacienda generará un ahorro al Estado de $60 millones anuales.

Fue con el decreto N° 171/1992 que se declaró la disolución del Inder, pero solo luego de la resolución N° 743 del 19 de diciembre pasado, dictada por el Ministerio de Hacienda, el instituto cerrará sus puertas. "Había que esperar 90 días para que quedara firme. El Gobierno no hizo olas para que no apareciera ningún trasnochado", explicó a LA NACION el abogado Juan Pablo Chevallier-Boutell, especialista del estudio Beccar Varela.

Con su cierre, el Inder transferirá al Tesoro $500 millones en liquidez, actualmente colocados en plazos fijos y bonos soberanos. El edificio que ocupó durante años se reciclará para dar lugar al nuevo Tribunal Fiscal de la Nación, contaron cerca de Nicolás Dujovne.

"Después de 25 años terminamos una de las liquidaciones más largas en la historia del país", afirmó a este medio Fernando Jasnis, subsecretario de administración y normalización patrimonial sobre el ente considerado "buen pagador, pero mal cobrador". El costo de mantener la estructura durante 25 años fue de US$150 millones. Félix Biet fue el último liquidador desde julio de 2017 hasta el 21 de marzo de este año. El Inder tuvo 500 empleados, afirman en el Gobierno. Esa plantilla se fue reduciendo con retiros voluntarios. Cuando se cerró había 54 personas haciendo tareas administrativas, de liquidación de siniestros, legal y tesorería. Hoy quedan solo 17 atendiendo lo remanente: cobranzas del exterior, administración de los juicios y peritajes, y depuración contable.

Por la suba del gas, cancelarán juicios contra el Estado por US$3400 millones

Pablo Fernández Blanco  - La Nación

Las empresas distribuidoras, entre otras concesionarias, habían iniciado demandas ante el Ciadi por la violación de contratos; en la renegociación con el Gobierno se comprometieron a desactivarlas.

Los periódicos aumentos en los servicios públicos que aplicó desde su llegada al poder el presidente Mauricio Macri, quizás una de sus decisiones más antipáticas para la población, arrojará en los próximos tres meses algunas buenas noticias para la Casa Rosada.

Aranguren, al anunciar el último aumento de tarifas de gas 

Fuente: Archivo

Sucede que en el marco de la renegociación tarifaria integral (RTI) que llevó adelante la administración nacional con las empresas para normalizar el sector tras años de congelamiento en sus ingresos, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y su equipo introdujeron un ítem de especial importancia desde la mirada oficial: a cambio de la reestructuración de tarifas, las empresas se comprometen a la cancelación de varios juicios que hace años radicaron contra el país en el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial encargado de dirimir las diferencias entre compañías y Estados) o en otros tribunales internacionales.

Tal desistimiento se producirá en los próximos 90 días, en línea con los compromisos que firmó el sector privado con el Gobierno. Según las cuentas de Energía, los litigios que tachara la Argentina en las próximas semanas suman unos 3400 millones de dólares.

La historia que culminará en poco tiempo más es una de las estelas que aún quedan de la crisis de 2001/2002. Tras la devaluación y el congelamiento y la pesificación de las tarifas de servicios públicos, las compañías acudieron en tropel al Ciadi para litigar contra la Argentina.

Su reclamo se basó no solo en la ruptura de las "reglas de juego", un término cuyo empleo creció de manera exponencial en aquellos años, igual que el reclamo por mayor "seguridad jurídica", sino también en que en la década del 90, el país había firmado acuerdos de protección recíproca de inversiones con otras naciones. Esa fue la fórmula que promocionaron el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, para atraer inversores. Pero también abrió la puerta para que empresas radicadas en Estados Unidos, España e Italia, solo para poner ejemplos conocidos, tuvieran por contrato la posibilidad de reclamar fuera del país ante un conflicto.

Tras la crisis de 2001, la Argentina se ubicó en el segundo puesto entre los países más demandados ante ese tribunal, solo después de Venezuela.

Aunque pasaron 17 años, aún hay 13 juicios pendientes de resolución en el Ciadi. Entre los demandantes están la española Abertis (concesionaria de autopistas), la italiana Impregilo (obras públicas), una subsidiaria de la norteamericana Exxon, Suez (la operadora francesa del servicio de aguas, exdueña de Aguas Argentinas), Camuzzi (distribuidora de gas italiana) y la generadora de energía AES, de origen norteamericano.

La Casa Rosada sigue el tema de cerca por varios motivos. En un contexto de déficit fiscal, cualquier erogación por encima de lo previsto -como el pago de juicios perdidos- tiene como destino final ensanchar el rojo del Estado.

El propio presidente se hizo eco de esa situación en julio pasado, cuando se conoció un fallo contra el país por la estatización de Aerolíneas Argentinas. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas, el país fue condenado a pagar US$320 millones más intereses", señaló el Presidente, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Sensiblemente molesto, agregó: "Nos llega esta condena en el mejor momento de la historia de Aerolíneas y los vuelos comerciales, con récord total de pasajeros transportados".

La cancelación de juicios contra el país es otro paso más para atraer a los inversores internacionales, uno de los objetivos sobresalientes del Gobierno para fortalecer la marcha de la economía. Sucede que las empresas internacionales miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi al momento de definir sus inversiones.

La disminución de los perjuicios contingentes (así se define entre los abogados del Estado el riesgo de perder un juicio y estar obligado a pagarlo) es uno de los objetivos que se fijó el Gobierno en los últimos meses. Según una investigación que hizo LA NACION, hasta diciembre pasado el Estado enfrentaba 2.240.000 juicios en tribunales federales y en instancias internacionales, que sumaban posibles daños por más de US$37.000 millones.

El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representaba un 60% más que el déficit fiscal de 2017. Y era casi cuatro veces más que los US$9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.

La lista de demandas ante el CIADI aún pendientes

Metlife - La firma demandó al Estado argentino luego de la estatización de las antiguas AFJP. El juicio comenzó en 2008 y la firma se basó en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre EE.UU. y la Argentina

Abertis Infraestructura - En 2015 presentó una demanda de arbitraje contra el país ante el Ciadi por un conflicto relativo a los peajes de autopistas

Salini Impregilo - La empresa italiana presentó una demanda ante el Ciadi en septiembre de 2015, invocando la violación del Tratado Bilateral de Inversiones Argentina-Italia de 1990

Casinos Austria

La firma que tiene las concesiones del juego en la provincia de Salta demandó a la Argentina y a esa provincia ante el Ciadi por US$150 millones

Teinver SA - Por Aerolíneas y Austral, Teinver, Transportes de Cercanías SA y Autobuses Urbanos del Sur SA, inició una causa contra la Argentina en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones entre el país y España

Hochtief - La constructora alemana era la encargada de la obra Puente del Litoral e inició una demanda contra el país en el Ciadi

Mobil Exploration - La petrolera tiene una demanda iniciada en 2004 por cambios en las reglas que afectaron sus áreas en Neuquén y en Salta

Unisys Corporation - Tras la pesificación y por la falta de pago, la firma tiene una demanda en el Ciadi. Tenía un contrato para mantener y renovar la red informática del Poder Judicial

Suez - Tenía una demanda contra el país en el Ciadi por la pesificación de las tarifas y la nacionalización de Aguas Argentinas

Gas Natural SDG - La firma española tiene un juicio contra la Argentina. Está suspendido, pero no levantado

Camuzzi International - Tiene juicios contra el país por el congelamiento tarifario

AES Corporation - La empresa de origen estadounidense también había decidido suspender su juicio contra la Argentina

Por decreto, el Presidente Macri oficializó el plan de retiros voluntarios en el Estado

(Clarin.com) - Contempla un monto de seis sueldos y hasta 24 más en cuotas para quienes tengan 10 años de antigüedad.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri oficializó hoy el plan de retiros voluntarios para achicar la planta del Estado en el Poder Ejecutivo, ministerios y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social como el PAMI, ANSES, AFIP, Senasa, INTA e INTI, entre otros.

El régimen de retiros voluntarios para el personal de toda la Administración Nacional contempla hasta 6 sueldos al momento del retiro y hasta 24 cuotas mensuales posteriores para quienes tengan más de 10 años de antigüedad, todas equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social.

De cerca de 208.000 agentes públicos, se estima que podrían acogerse al retiro unos 80.000, y podrían sumarse entre 3000 y 5000 empleados públicos.

Las condiciones de los empleados para acogerse al retiro voluntario serán: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficientes para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las jurisdicciones previstas.

Quedan excluidos del plan los efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, los miembros de la AFI, docentes, profesionales de la salud o del Servicio Exterior y científicos. También aquellos procesados por delitos en perjuicio de la administración o o quienes estén sometidos a sumario administrativo que pudiera derivar en una cesantía.

El Gobierno paga la deuda del 2002 por la cárcel de Ezeiza mediante la emisión de un bono

El Poder Ejecutivo ratificó el acuerdo que el gobierno de Cristina Kirchner había alcanzado con el consorcio de empresas encabezado por Techint, en noviembre de 2011, cerrando así otro problema

que generó la salida de la convertibilidad en el 2001, lo que permitirá saldar la deuda que mantiene con una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integran las empresas Techint, Impregilo e Iglys por la construcción del penal de Ezeiza mediante el  Decreto 249/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial

El 18 de noviembre de 2011 la administración de la entonces presidenta Cristina Kirchner y el consorcio de empresas alcanzaron el entendimiento contractual que hoy fue ratificado. En el acuerdo la UTE reconoce la pesificación del canon impago y la aplicación a su respecto del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). El período que se encontraba pendiente de pago va desde el 5 de enero de 2002 al 2 de diciembre de 2014.

El Gobierno remató terrenos del Estado por US$442 millones en dos años

Por Esteban Lafuente  - La Nación

Departamentos que alojaron a los servicios de inteligencia, hectáreas de campo del Ejército, terrenos ferroviarios y baldíos donde funcionaban canchas de fútbol 5 o estacionamientos. Son algunos de los inmuebles estatales que forman parte del listado de bienes subastados por el Gobierno en los últimos dos años, y por los que el fisco recaudó más de US$442 millones.

Los fondos surgen de subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete que se encarga de inventariar y poner a la venta terrenos o inmuebles considerados prescindibles, en un calendario que continuará este año.

Con US$180,7 millones, la venta de terrenos ferroviarios en Catalinas Norte, en Retiro, fue la principal fuente de ingresos. El año pasado, se vendieron cuatro parcelas de este espacio de 91337 metros cuadrados delimitado por las avenidas Madero, Córdoba, Antártida Argentina y San Martín, y sus compradores fueron Consultatio, de Eduardo Costantini -pagó US$ 140,3 millones por tres parcelas- y TGLT, que compró la restante por US$40,7 millones.

Costantini fue protagonista en otra subasta de la AABE. El creador de Nordelta compró por US$20 millones un terreno en Monserrat, frente a Puerto Madero, que pertenecía a Aysa.

Las ventas de la AABE en los últimos dos años se concentraron en terrenos ubicados en su mayoría en Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, la AABE subastó tres predios en La Matanza, Vicente López y Lobos, por los que recaudó US$639.000.

La única concretada en Córdoba, mientras tanto, resultó la segunda entre las de mayor volumen. Se trata de la venta de campos en la localidad de Unión, que pertenecían al Ejército Argentino, y por la cual se recaudaron US$80 millones. La subasta de las parcelas en las que se subdividió el Establecimiento General Paz, ubicado en el sudeste provincial se concretó en dos instancias -9 de noviembre y 13 de diciembre- en la Sociedad Rural de Bell Ville.

La venta de terrenos estatales es una política impulsada por el Gobierno para financiar gastos. Es resistida por algunos sectores de la oposición y agrupaciones vecinales que ven allí un avance de negocios privados sobre espacios públicos. "Entendemos que es una crítica válida. Existe la discusión y me animo a darla", dijo a LA NACION Ramón Lanús, titular de la AABE. "Desde nuestro punto de vista, no estamos reventando activos. Estamos cambiando y transformando bienes por otros de diferente tipo", añadió el funcionario. Desde su perspectiva, la venta de estos terrenos permite el desarrollo de actividades económicas (construcción, desarrollo inmobiliario) en espacios que en muchos casos estaban abandonados, desocupados o sin edificar.

Según la normativa que creó el organismo -decreto 1382/2012, modificado por la ley 27.341-, el 70% de los fondos recaudados por la subasta de cada inmueble se destina a la jurisdicción bajo cuya órbita estaban los bienes vendidos, mientras que el 30% restante corresponde al Tesoro.

Casos como los terrenos de Catalinas Norte, a su vez, reciben un régimen especial. La venta de este espacio recibió el aval de la Legislatura porteña, y sus fondos son utilizados para financiar en parte el Paseo del Bajo, un corredor vial que conecte las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata.

Las subastas continuarán sin pausa en 2018. El listado de pendientes comienza el 5 de abril, con la parcela 2 de Catalinas Norte, un espacio de 3953 metros cuadrados que se venderá a un piso de US$23 millones, y se completará el 25 de ese mes con el remate de la parcela 3, que tiene 3188 metros cuadrados y por el que la AABE pide al menos US$ 25 millones.

El 19 de abril, además, se liquidará un terreno de 2103 metros cuadrados lindero a las vías del ferrocarril San Martín en Palermo. El espacio, ubicado sobre la avenida Santa Fe a metros de Juan B. Justo, alberga actualmente un estacionamiento, y fue tasado en US$14,5 millones. Ese mismo día, la AABE también buscará recaudar otros US$20 millones por un predio de 3471 metros cuadrados que pertenece al Ejército en Cañitas.

Más adelante, el organismo programará la venta de otros espacios que fueron dispuestos para su enajenación en la decisión administrativa 249/2018, firmada por el jefe de Gabinete Marcos Peña. Ese listado incluye un predio en Neuquén donde funciona el Complejo Penitenciario de Senillosa, tres departamentos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Capital Federal y terrenos del Ejército en Mendoza.

El Gobierno subastará cuatro terrenos premium con una base de u$s 82,5 millones

Cronista.com -  La Agencia de Administración de Bienes del Estado tienen en venta dos terrenos en Retiro y otros dos en Palermo. El más barato tiene un precio base de u$s 14,5 millones.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de las subastas públicas, pondrá a la venta en abril cuatro terrenos premium por una base total más de u$s 80 millones, dos en Retiro y otros dos en Palermo.

Según publica la AABE en su página web, la subasta más próxima de terrenos públicos se llevará a cabo el 5 de abril a las 13. Se trata de una propiedad en la zona de Catalinas Norte (Parcela 2), San Martín 1355 en el barrio porteño de Retiro, de 3954 metros cuadrados de superficie. Por un precio base de u$s 23 millones.

Habrá otra subasta el 26 del mismo mes, a las 13, también de un terreno en la zona de Catalinas Norte (Parcela 3), ubicado en Avenida Eduardo Madero 1255. La misma, que cuenta con una superficie de 3188 metros cuadrados, tiene un precio base de u$s 25 millones.

Esas dos parcelas Catalinas Norte II es un nuevo distrito que estará ubicado frente a las torres que llevan su nombre, próximo a la costa. Otras parcelas ya fueron subastadas (dos fueron compradas por Eduardo Costantini por un total de más de u$s 90 millones; allí planea levantar el complejo de oficinas más grande del país).

El jueves 19 de abril se harán las subastas de los otros dos terrenos ubicados en pleno barrio de Palermo. La primera, que será a partir de las 12, se trata de una importante fracción de tierra de 2103 metros cuadrado ubicado en pleno barrio de Palermo, Av. Santa Fe 4645. El precio base será de u$s 14,5 millones.

Terreno en Palermo, de 2.103 m2 

Desde las 13 de ese mismo día se subastará otra excelente fracción de terreno en Palermo, de 3471 metros cuadrados de superficie ubicado en Soldado de la Independencia 615, Ciudad de Buenos Aires. Con un precio base de u$s 20 millones. 

Terreno en Palermo, de 3471 metros cuadrados de superficie

Las cuatro subastas públicas se realizarán en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se encuentra ubicada en Av. Ramos Mejía 1302.