Swiftships prepara futuras lanchas de desembarco para la Marina de los EE. UU.

Por Kelvin Wong, Singapur - Jane's International Defense Review - Traducción Desarrollo y Defensa

Una representación del diseño de LCU 1700 propuesto por Swiftships. Fuente: Swiftships

Swiftships con sede en Louisiana recibió un contrato de precio fijo por USD18 millones por el Comando de Sistemas del Mar Naval (NAVSEA) de la Marina de Estados Unidos para proporcionar el diseño detallado y la construcción de una nueva embarcación de desembarco Landing Craft del programa LCU 1700, la compañía lo anunció el 31 de marzo.

El esfuerzo de la LCU 1700, anteriormente conocido como Surface Connector (X) Replacement (Reemplazo de conexión de superficie (X)), requiere el reemplazo uno por uno de las 32 lanchas de desembarco LCU 1610 en servicio pero envejecidas. La planificación actual anticipa la adquisición comenzando en el año fiscal (FY) 2018, con construcción de la primera barcaza LCU 1700 que entrara en servicio en el año fiscal 2022.

Se espera que Swiftships diseñe y construya la primera nave LCU 1700 dentro de los 31 meses posteriores a la adjudicación del contrato, con opciones para la construcción de otras 31 embarcaciones para 2027. El valor acumulado del contrato debe tener la gama completa de opciones, como estudios técnicos y documentación; un paquete de datos técnicos; servicios intermedios de apoyo, ingeniería y servicios industriales y la capacitación, que tendrá un valor de USD429.4 millones.

"La LCU 1700 contará con una mejor potencia y compatibilidad mejorada para la sustentabilidad operativa a lo largo de la vida útil del buque", dijo Shehraze Shah, directora ejecutiva de Swiftships, a Jane's el 3 de abril. "Esto [equivale a] una mejor eficiencia del combustible con un mantenimiento reducido, lo que significa que requerirá menos combustible y personal para funcionar, los dos mayores costos en el ciclo de vida de un buque marino".

"[La primera] LCU 1700 se pronostica que se entregará en el primer trimestre del año fiscal 2021", agregó.

En términos de diseño, se espera que la LCU 1700 sea una derivada mejorada de la LCU 1610 con un casco de acero diseñado para proporcionar al menos 30 años de servicio, mientras se realizan repetidas fondeos en la playa sin daños estructurales.

La nueva fragata misilística de la Armada: ¿el buque de guerra más poderoso de todos los tiempos?

Por Kris Osborn - The Nationa Interest - Traducción Desarrollo y Defensa

La Armada prevé una nueva Fragata misilística guiada de misiones múltiples capaz de detectar objetivos enemigos desde grandes distancias, disparar armas de precisión de próxima generación, utilizar redes nuevas y tecnologías ISR, operar sistemas no tripulados y tener éxito contra enemigos técnicamente avanzados en aguas abiertas o "azules" de combate, según declaraciones de servicio.

El servicio naval está perfeccionando y analizando los conceptos de diseño, sensores y armas para la nueva nave, llamada FFG (X), a medida que pasa a una fase formal de Diseño Conceptual luego de adjudicar un contrato importante. Naval Sea Systems Command eligió recientemente a cinco constructores navales para avanzar en los diseños y tecnologías para el buque, otorgando acuerdos de desarrollo a General Dynamics Bath Iron Works, Austal USA, Huntington Ingalls, Marinette Marine Corporation y Lockheed Martin.

La Armada espera que las nuevas armas y sensores permitan al barco destruir ataques de pequeños buques, apoyar grupos de ataque de portaaviones, llevar a cabo operaciones desagregadas, atacar a los enemigos con un misil mas alla del horizonte e involucrarse en superficies de guerra avanzadas y antisubmarinas que el servicio especifique.

La Marina espera agilizar el desarrollo para adjudicar un contrato de producción en 2020 y, finalmente, desplegar el nuevo barco a principios o mediados de la década de 2020. Por esta razón, se les solicitó a los licitantes que presentaran diseños que ya habían sido "demostrados en el mar" y que ya estaban emparejados con un astillero para una producción rápida.

Las declaraciones de la Armada y los funcionarios del servicio parecen enfatizar en gran medida las redes de sensores, la integración de armas y la tecnología de focalización a medida que navega en esta próxima fase de desarrollo. "El combatiente de superficie pequeña FFG (X) expandirá el sensor de las fuerza azul y la influencia del arma para proporcionar así una mayor información a la imagen táctica general de la flota y desafiará los esfuerzos adversos de Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento y Rastreo (ISR & T).

El lenguaje del "sensor de fuerza azul" se explica como parte integral del concepto de operaciones marítimas distribuidas de la Marina que, como lo demuestra su nombre, busca habilitar una flota de ataque más dispersa y en red adecuada para operaciones desagregadas según sea necesario. Además, por extensión, se necesitarán sensores de mayor alcance para identificar a los atacantes enemigos que ahora están equipados con armas de precisión de largo alcance y habilitar el comando y el control a lo largo de vastas extensiones de aguas abiertas y áreas de patrulla costera.

La visión de la Armada para el barco especifica esto más, diciendo que "FFG (X) podrá establecer una red local de sensores usando sensores pasivos a bordo, aviones embarcados y sistemas elevados / anclados y vehículos no tripulados para reunir información y luego actuar como una puerta de enlace a la red táctica de la flota utilizando sistemas y redes de comunicaciones resistentes ".

En esta línea, la Solicitud de propuesta de FFG (X) de la Marina identifica la necesidad de una tecnología de sensores en red llamada Capacidad de interacción cooperativa (CEC). CEC es un aspecto integral de las principales tecnologías emergentes de defensa de buques destinadas a "netear" sensores y tecnologías de radar para identificar y destruir mejor las amenazas inminentes, como los misiles antibuque, dron, "CEC es un sistema de redes de sensores que mejora significativamente la fuerza de batalla la capacidad de guerra antiaérea mediante la extracción y distribución de información derivada del sensor de manera que el superconjunto de estos datos esté disponible para todas las unidades CEC participantes ", dijo una declaración de Raytheon.

El análisis actual ya no se restringe a la idea de basar libremente el "diseño del casco" en el LCS, como ocurría anteriormente. Los diseños para el barco ya no contemplan simplemente una variante más "sobrevivible" de un LCS. Los análisis previos de requisitos de FFG (X) realizados por un Equipo de Evaluación de Requisitos de la Fragata Marina examinaron la viabilidad de hacer que la nave fuera aún más letal y sobreviviente que lo que habían pedido los planes anteriores.

Los planes existentes para la Fragata han considerado configuraciones de "blindaje espacial", un método para segmentar y fortalecer la estructura de la nave en segmentos específicos para permitir que la nave continúe las operaciones en caso de que un área sea dañada por un ataque enemigo. Los debates sobre las tecnologías "Fragata" han incluido planes para un helicóptero MH-60R, drones Fire Scout y tecnologías de defensa de barcos como SeaRAM.

La Marina ya planea que la nueva Fragata se integre con las tecnologías de guerra de superficie antisubmarina, incluyendo el sonar, un misil sobre el horizonte y armas de superficie a superficie, que podrían incluir un cañón de 30 mm y misiles más cercanos, como el HELLFIRE.

Los planes de la Armada para el FFG (X) también requieren tecnología avanzada de guerra electrónica junto con sistemas de sonda de profundidad variable y livianos.

Algunos de los misiles trans horizonte que ahora está considerando la Marina incluyen el misil Naval Strike de Kongsberg-Raytheon y el misil antibuque de largo alcance (LRASM) fabricado por Lockheed y el brazo de investigación del Pentágono, DARPA. El nuevo barco también puede tener siete botes inflables rígidos de 11 metros para combates cortos o misiones expedicionarias, como visitar, buscar y abordar otros buques.es y aviones enemigos.

Además, los desarrolladores de la Armada explican que la nave se configurará en lo que se llama un modo "modular", lo que significa que será diseñada para aceptar e integrar nuevas tecnologías y armas a medida que surjan. Ciertamente parece realista que una fragata nueva, sea incluso más sobreviviente, y que pueda ser diseñada con una capacidad adicional para generar energía eléctrica a bordo, de modo que pueda acomodar armas láser más fuertes a medida que estén disponibles.

El Concepto de Operaciones Marítimas Distribuidas de la Armada se basa en la estrategia de "letalidad distribuida" de la Marina, ampliamente debatida. Este enfoque estratégico, en desarrollo desde hace varios años, enfatiza la necesidad de armar más a fondo la flota con armas ofensivas y defensivas y dispersar las fuerzas según sea necesario para responder a las amenazas emergentes de rápido crecimiento.

Parte de la lógica para retroceder hacia la capacidad de combate abierta o de "agua azul" contra los competidores cercanos hizo hincapié durante la Guerra Fría. Si bien la capacidad estratégica y táctica nunca desapareció, se enfatizó menos durante los últimos 10 años de guerras terrestres en las que la Armada se centró en la lucha contra el terrorismo, la piratería y cosas como Visitas, Busqueda y Rescate. Estas misiones son, por supuesto, aún importantes, sin embargo, la Marina busca aumentar sustancialmente su "letalidad" ofensiva con el fin de disuadir o ser eficaz contra los adversarios emergentes de alta tecnología.

Tener armas de largo alcance o de más allá del horizonte y de lanzamiento aéreo es también bastante relevante para la parte "distribuida" de la estrategia que exige que la flota tenga la capacidad de dispersarse según sea necesario. Tener la capacidad de dispersarse y llevar a cabo operaciones desagregadas hace que las fuerzas navales sean menos vulnerables a la potencia de fuego del enemigo mientras. Al mismo tiempo, tener una capacidad de ataque de precisión de largo alcance permitirá a la Armada mantener a los posibles enemigos en riesgo o atacar si es necesario, al mismo tiempo que se mantiene una distancia de seguridad más segura frente al fuego enemigo entrante.

Por la suba del gas, cancelarán juicios contra el Estado por US$3400 millones

Pablo Fernández Blanco  - La Nación

Las empresas distribuidoras, entre otras concesionarias, habían iniciado demandas ante el Ciadi por la violación de contratos; en la renegociación con el Gobierno se comprometieron a desactivarlas.

Los periódicos aumentos en los servicios públicos que aplicó desde su llegada al poder el presidente Mauricio Macri, quizás una de sus decisiones más antipáticas para la población, arrojará en los próximos tres meses algunas buenas noticias para la Casa Rosada.

Aranguren, al anunciar el último aumento de tarifas de gas 

Fuente: Archivo

Sucede que en el marco de la renegociación tarifaria integral (RTI) que llevó adelante la administración nacional con las empresas para normalizar el sector tras años de congelamiento en sus ingresos, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y su equipo introdujeron un ítem de especial importancia desde la mirada oficial: a cambio de la reestructuración de tarifas, las empresas se comprometen a la cancelación de varios juicios que hace años radicaron contra el país en el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial encargado de dirimir las diferencias entre compañías y Estados) o en otros tribunales internacionales.

Tal desistimiento se producirá en los próximos 90 días, en línea con los compromisos que firmó el sector privado con el Gobierno. Según las cuentas de Energía, los litigios que tachara la Argentina en las próximas semanas suman unos 3400 millones de dólares.

La historia que culminará en poco tiempo más es una de las estelas que aún quedan de la crisis de 2001/2002. Tras la devaluación y el congelamiento y la pesificación de las tarifas de servicios públicos, las compañías acudieron en tropel al Ciadi para litigar contra la Argentina.

Su reclamo se basó no solo en la ruptura de las "reglas de juego", un término cuyo empleo creció de manera exponencial en aquellos años, igual que el reclamo por mayor "seguridad jurídica", sino también en que en la década del 90, el país había firmado acuerdos de protección recíproca de inversiones con otras naciones. Esa fue la fórmula que promocionaron el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, para atraer inversores. Pero también abrió la puerta para que empresas radicadas en Estados Unidos, España e Italia, solo para poner ejemplos conocidos, tuvieran por contrato la posibilidad de reclamar fuera del país ante un conflicto.

Tras la crisis de 2001, la Argentina se ubicó en el segundo puesto entre los países más demandados ante ese tribunal, solo después de Venezuela.

Aunque pasaron 17 años, aún hay 13 juicios pendientes de resolución en el Ciadi. Entre los demandantes están la española Abertis (concesionaria de autopistas), la italiana Impregilo (obras públicas), una subsidiaria de la norteamericana Exxon, Suez (la operadora francesa del servicio de aguas, exdueña de Aguas Argentinas), Camuzzi (distribuidora de gas italiana) y la generadora de energía AES, de origen norteamericano.

La Casa Rosada sigue el tema de cerca por varios motivos. En un contexto de déficit fiscal, cualquier erogación por encima de lo previsto -como el pago de juicios perdidos- tiene como destino final ensanchar el rojo del Estado.

El propio presidente se hizo eco de esa situación en julio pasado, cuando se conoció un fallo contra el país por la estatización de Aerolíneas Argentinas. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas, el país fue condenado a pagar US$320 millones más intereses", señaló el Presidente, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Sensiblemente molesto, agregó: "Nos llega esta condena en el mejor momento de la historia de Aerolíneas y los vuelos comerciales, con récord total de pasajeros transportados".

La cancelación de juicios contra el país es otro paso más para atraer a los inversores internacionales, uno de los objetivos sobresalientes del Gobierno para fortalecer la marcha de la economía. Sucede que las empresas internacionales miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi al momento de definir sus inversiones.

La disminución de los perjuicios contingentes (así se define entre los abogados del Estado el riesgo de perder un juicio y estar obligado a pagarlo) es uno de los objetivos que se fijó el Gobierno en los últimos meses. Según una investigación que hizo LA NACION, hasta diciembre pasado el Estado enfrentaba 2.240.000 juicios en tribunales federales y en instancias internacionales, que sumaban posibles daños por más de US$37.000 millones.

El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representaba un 60% más que el déficit fiscal de 2017. Y era casi cuatro veces más que los US$9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.

La lista de demandas ante el CIADI aún pendientes

Metlife - La firma demandó al Estado argentino luego de la estatización de las antiguas AFJP. El juicio comenzó en 2008 y la firma se basó en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre EE.UU. y la Argentina

Abertis Infraestructura - En 2015 presentó una demanda de arbitraje contra el país ante el Ciadi por un conflicto relativo a los peajes de autopistas

Salini Impregilo - La empresa italiana presentó una demanda ante el Ciadi en septiembre de 2015, invocando la violación del Tratado Bilateral de Inversiones Argentina-Italia de 1990

Casinos Austria

La firma que tiene las concesiones del juego en la provincia de Salta demandó a la Argentina y a esa provincia ante el Ciadi por US$150 millones

Teinver SA - Por Aerolíneas y Austral, Teinver, Transportes de Cercanías SA y Autobuses Urbanos del Sur SA, inició una causa contra la Argentina en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones entre el país y España

Hochtief - La constructora alemana era la encargada de la obra Puente del Litoral e inició una demanda contra el país en el Ciadi

Mobil Exploration - La petrolera tiene una demanda iniciada en 2004 por cambios en las reglas que afectaron sus áreas en Neuquén y en Salta

Unisys Corporation - Tras la pesificación y por la falta de pago, la firma tiene una demanda en el Ciadi. Tenía un contrato para mantener y renovar la red informática del Poder Judicial

Suez - Tenía una demanda contra el país en el Ciadi por la pesificación de las tarifas y la nacionalización de Aguas Argentinas

Gas Natural SDG - La firma española tiene un juicio contra la Argentina. Está suspendido, pero no levantado

Camuzzi International - Tiene juicios contra el país por el congelamiento tarifario

AES Corporation - La empresa de origen estadounidense también había decidido suspender su juicio contra la Argentina

La remoción de buques no sumó interesados

Por Roberto Garrone - Revista Puerto.com.ar

En Mar del Plata el Consorcio Portuario impulsó la iniciativa para retirar 11 pesqueros inactivos y liberar 100 metros de muelle de un área operativa. En Prefectura no recibieron ningún proyecto de desguace.

Hasta la semana pasada en la Prefectura Naval Mar del Plata no habían recibido ningún plan de desguace por parte de los armadores cuyos barcos inactivos obstruyen el área operativa en las secciones Cuarta y Quinta del puerto local. El Consorcio Portuario había desplegado un incentivo para estos armadores a mediados del mes de febrero. Tenían 30 días para presentar el plan de desguace y se les condonaría la deuda que acumularon las embarcaciones en este tiempo en que mantuvieron ocupada la línea de amarre.

Entre la nómina de barcos figuran los pesqueros “María Luisa I”, “San Pablo”, “Wiron IV” y “Mellino II” de Luis Caputo, el mismo armador del Repunte, que naufragó el 17 de junio del año pasado. También están el “Ribazón Dorine” y el “Mar Azul”, de José Moscuzza; en tanto el “Mister Big” es de la canadiense Wanchese, que opera sobre la vieira. El grupo lo conforman además los poteros “Chiarpesca”, el 58, 57, 902 y 903. A estos últimos dos ya los están desguazando en la Base Naval.

Los armadores debían presentar no solo el plan de desguace el mes pasado sino que tenían que comprometerse a remover la embarcación del espejo interior del puerto antes de 2019. “Hasta ahora no hemos recibido ninguno”, reconoció Raúl Rodríguez. El Prefecto Mayor es el jefe de Prefectura Mar del Plata, la dependencia que debe aprobar el plan de desguace antes de comenzar con las tareas, que deben tener un responsable técnico.

El Consorcio anunció el proyecto de liberación de más metros lineales de muelle a fines del año pasado, el cual tendría “costo cero” para el Estado. La condonación propuesta para los armadores dueños de la chatarra flotante implicaba que la administración portuaria deje de cobrar más de 6 millones de pesos de deuda. “Era un monto incobrable”, aclaró Martín Merlini en declaraciones a FM Brisas sobre su decisión de condonarla, avalada por el Directorio, aunque se desconoce todavía si tiene el aval del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

“Para que el Directorio condone una deuda debería demostrarse un beneficio superior. Aquí no lo vemos porque es deber del propietario del buque desguazarlo o darle un destino final. Se termina beneficiando a quien promovió el abandono”, aseguró un especialista en la administración, consultado por REVISTA PUERTO.

Merlini, que a dos años de haber asumido como autoridad portuaria ha venido sosteniendo que el principal problema del puerto es la falta de espacio, ve al menos demorado su proyecto liberador de áreas operativas.

La apatía de Moscuzza y Caputo por remover su chatarra se suma a la original decisión de amarrar a la draga 259 C Mendoza y ocupar con 116 metros los 270 recuperados del muelle de la Terminal de Cruceros. La draga del Estado también forma parte de este ambicioso plan de Merlini para retirar barcos inactivos de áreas que puede ocupar la flota operativa. La embarcación pertenece a la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables. Ellos deberían afrontar los costos de su desguace. Lejos del “costo cero” para el Estado.

La Fuerza Aérea de Brasil contará con aviones de transporte Embraer KC-390

Por María Cervantes (N + 1) - La Fuerza Aérea de Brasil contará con nuevos aviones de transporte KC-390, desarrollados por Embraer. Según Defense Aerospace, estas aeronaves participarán en pruebas de certificación, tras las cuales los militares tomarán la decisión de ponerlas en servicio. A medida que se desarrollan, las aeronaves militares deben someterse a una serie de pruebas, incluidas las verificaciones finales de certificación, de acuerdo con los requisitos de las autoridades de aviación civil, y con los requisitos actuales del Ministerio de Defensa.

Como parte de los vuelos de certificación, la Fuerza Aérea de Brasil revisará la capacidad del KC-390 para reabastecerse en el aire, transportar y descargar carga. Además, los militares evaluarán la fiabilidad de los sistemas de autodefensa a bordo. Durante las pruebas de reabastecimiento de combustible en el aire, el KC-390 bombeará combustible a otras aeronaves, y se abastecerá de combustible de la propia aeronave de reabastecimiento de combustible.

El avión de transporte militar KC-390 ha sido desarrollado por Brasil desde 2007 con la participación de República Checa, Portugal, Colombia y Argentina. El diseño preliminar de KC-390 se completó en 2012. En octubre de 2014, se lanzó el primer prototipo en la fábrica de Embraer en Gavião -Peixoto, estado de São Paulo. El primer vuelo del avión tuvo lugar en febrero de 2015.

El KC-390 tiene una longitud de 33,4 metros, una altura de 11,4 metros y una envergadura de 33,9 metros. El peso máximo de despegue de la aeronave es de 81 toneladas. El aparato está diseñado para el transporte de mercancías o combustible con un peso de hasta 26 toneladas. El avión es capaz de alcanzar velocidades de hasta 850 kilómetros por hora y vuelos de hasta 5.000 kilómetros.

La Fuerza Aérea de Brasil planea poner el nuevo avión en servicio antes de fin de año. El KC-390 es el avión más pesado desarrollado por Embraer. 

De la industria nuclear a los cereales

Por Fernando Krakowiak - Página 12

PIAP está parada desde mayo debido a recortes presupuestarios y a la falta de avances en la construcción de la cuarta central atómica. A raíz de ello, el subsecretario de Energía Nuclear reconoció que estudian reflotar un viejo proyecto para que la planta produzca urea.

El miércoles pasado PIAP no tenía todavía los fondos para abonar los próximos salarios. 

El futuro de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de la localidad neuquina de Arroyito continúa siendo un interrogante. La firma estatal interrumpió su producción en mayo del año pasado debido a una parada técnica e inicialmente se había prometido que arrancaría en agosto, pero eso no ocurrió porque siguen sin firmarse los contratos con China para avanzar con Atucha III y porque la demanda de agua pesada por parte de las otras tres centrales está interrumpida en un contexto de desfinanciamiento generalizado del sector nuclear. En marzo los trabajadores de PIAP cobraron su sueldo en cuotas y el miércoles pasado la empresa todavía no tenía los fondos para abonar los próximos salarios. En este contexto, el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, sorprendió al anunciar que el gobierno está evaluando reflotar un viejo proyecto para que la planta produzca fertilizantes para el campo.

PIAP es controlada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), una sociedad entre la provincia de Neuquén (51 por ciento) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (49 por ciento). Allí se produce el agua pesada que modera y refrigera la reacción nuclear en centrales atómicas que utilizan uranio natural. 

El jefe de gabinete Marcos Peña, aseguró el miércoles 14 de marzo en el Congreso que “no es cierto que el Estado Nacional haya desistido de hacer aportes, ya que a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica está tramitando los fondos para que la planta afronte sus gastos hasta que Nucleoeléctrica vuelva a comprar (agua pesada), lo que se estima ocurrirá durante el primer semestre 2018”. Sin embargo, en marzo el dinero apareció por goteo y hasta el miércoles pasado no habían llegado las partidas para pagar los próximos sueldos.

La empresa produjo el año pasado un stock de 23 toneladas de agua pesada que se los podría vender a la estatal Nucleoeléctrica, la firma encargada de operar las tres centrales nucleares, y así salir de esta delicada situación al menos por unos meses. El problema es que Nucleoeléctrica no cuenta actualmente con recursos suficientes para pagar esa producción porque también le recortaron los fondos y tuvo sus tarifas congeladas hasta comienzos de marzo. Mientras la incertidumbre continúa, Gadano aseguró al diario Río Negro el 23 de marzo que se está evaluando darle un “uso dual” a la planta al destinarla también a la producción de fertilizantes.

Los intentos de Neuquén para industrializar el gas a través de una planta de fertilizantes se remontan hasta 1966 cuando, por gestión del director de YPF doctor Oscar Albrieu, representante por Neuquén, se firmó un convenio con el presidente del directorio de YPF, Facundo Suárez, para realizar un estudio de factibilidad acerca del aprovechamiento del gas venteado. Entonces se determinó que el proyecto era factible porque entonces se quemaban o venteaban unos tres millones de metros cúbicos de gas por día en distintos pozos del yacimiento Plaza Huincul. Sin embargo, el golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Illia frustró la iniciativa.

El plan se reflotó a fines de la década del 70 de la mano del descubrimiento del megayacimiento gasífero Loma La Lata. En 1983 se constituyó una sociedad entre YPF y Neuquén para establecer una fábrica de fertilizantes nitrogenados que se denominó Fertineu, al borde de la Ruta N° 22 en el ingreso a Plaza Huincul. El presidente Raúl Alfonsín incluso llegó a respaldar la iniciativa durante una visita al municipio de Neuquén cuando les gritó “Ahora Fertineu” a un grupo de trabajadores que agitaban una bandera con esa leyenda, pero el proyecto no se concretó.  

En la década del 90 la iniciativa resurgió una vez más, ya vinculada a la planta PIAP, cuando el proyecto de Atucha II estaba paralizado y el horizonte de la empresa era incierto. Era una manera de aprovechar las dos líneas de producción de amoniaco, de 80 toneladas por hora cada una, y los compresores centrífugos de alta presión con los que cuenta la planta. Incluso se iniciaron conversaciones con la canadiense Cominco Fertilizers, quien se había mostrado interesada en invertir, pero el entonces gobernador neuquino Jorge Sobisch propuso instalar la planta en Cutral Có para solucionar el problema social que habían provocado los despidos de YPF. A Cominco Fertilizers, luego denominada Agrium, esa propuesta no le cerraba porque montar una planta nueva en Cutral Có era más costoso que aprovechar la infraestructura de PIAP y la negociación fracasó ya durante la gobernación de Felipe Sapag, dando lugar a las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul en 1996. Finalmente los canadienses instalaron Profertil cerca del puerto de Bahía Blanca.   

Pese a ello, la demanda de fertilizantes siguió creciendo y el proyecto de una planta en Neuquén continuó en carpeta. En diciembre de 2010, cuando la construcción de Atucha II estaba cerca de finalizar, ENSI le encargó un estudio de factibilidad a la danesa Haldor Topsøe, líder mundial de catalizadores para la producción de urea, para comenzar a producir fertilizantes. La solicitud contemplaba que se evaluaran tres opciones para producir un millón de toneladas anuales de urea: 

1) Montar una planta nueva separada de PIAP, 

2) Montar una planta nueva integrada a PIAP sin dejar de producir agua pesada, 

3) Montar una planta nueva integrada a PIAP dejando de producir agua pesada. 

El estudio de factibilidad se terminó realizando en 2013 y de allí surgió que montar una planta de producción de fertilizantes separada de PIAP tendría un costo de 680 millones de euros, mientras que si se la integraba a PIAP ese valor se reducía a 525 millones, un 25 por ciento menos. 

Ese estudio es el que reflotó el gobierno ahora para avanzar con el plan de producción de fertilizantes, aprovechando también la creciente producción de gas que se prevé que aporte Vaca Muerta. El gas es el insumo clave. A través de un proceso catalítico se obtiene dióxido de carbono e hidrógeno. El hidrógeno se mezcla con nitrógeno y se obtiene el amoníaco que luego se mezcla con el dióxido de carbono para obtener urea, la cual se destina a la producción agrícola de cereales. A su vez, el agua pesada se obtendría del gas al pasar el hidrógeno por las unidades de extracción de deuterio que tiene PIAP, aunque Gadano dejó trascender también que la producción de agua pesada tiene los días contados. “Cuando se termine de proveer lo que necesita Nucleoeléctrica, se acabó la PIAP porque no hay más demanda”, aseguró al diario Río Negro. 

Desde PIAP, en cambio, toman distancia de los dichos del subsecretario de Energía Nuclear. “No habría más demanda si piensa que no se va a producir más energía con las tres centrales nucleares que tenemos ni construir una cuarta central. Todos los años es necesario recambiar el uno por ciento del agua pesada que se utiliza en cada central. Si además se construye Atucha III, estaríamos hablando de unas 20 toneladas por año. En las paradas de mantenimiento siempre se pierde agua pesada lo que demandaría otras 15 toneladas anuales. Además, se pueden exportar pequeñas cantidades al mercado internacional. Al año pueden sumar otras 15 toneladas. Esa demanda de 50 toneladas anuales no justifica la existencia de la planta en producción permanente, pero tampoco sería muy sustentable desarmarla”, afirmó a PáginaI12 Marcelo Garro, secretario gremial de la seccional Arroyito de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean). 

fkrakowiak@pagina12.com.ar

Submarino San Juan: sigue la crisis en la Armada y se fueron dos almirantes más

Por Daniel Santoro - Clarin.com

El Gobierno retrasa su decisión sobre un sumario interno clave que mantiene en vilo la pelea en la fuerza.

Familiares ex combatientes son recibidos por Mauricio Macri en la quinta presidencial Olivos. Al lado el ministro Aguad foto MARCELO CARROLL

El Gobierno retrasa una definición sobre un polémico sumario interno que ya provocó la suspensión o retiro de siete almirantes de la Armada por la crisis que provocó la desaparición del submarino San Juan. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, tenía previsto decidir a principios de marzo si anulaba o ratificaba el sumario que abrió el ex jefe de la Armada, almirante (RE) Marcelo Srur pero, hasta ayer, “no había decisión tomada”, afirmó un vocero del Gobierno. En este sumario, Srur responsabilizó a los comandantes de Adiestramiento y Alistamiento Naval, almirante Luis López Mazzeo y de submarinos, capitán Claudio Villamide, de “arriesgar la tropa” y “negligencia” por haber permitido partir al San Juan que, según su criterio, “no estaba en condiciones de navegar” y los suspendió a principios de diciembre. Pero unos días después, el 14 de diciembre, Aguad echó a Srur porque, al principio de la crisis, había afirmado al presidente Mauricio Macri que el San Juan “estaba en condiciones de navegar”.

La semana pasada, la comisión investigadora del Congreso citó a declarar para el 17 de abril a Aguad, mientras un sector de los familiares le abrió una causa penal, medidas que seguramente tienen que ver con el retraso de la decisión clave. Mientras tanto, dos nuevos documentos reservados de la Armada muestran que el submarino San Juan “tenía operativos los dos periscopios”, el de observación y el del ataque, en contra de lo que sostiene el polémico sumario de Srur. En un parte diario López Mazzeo o informó a Srur y al ministerio de Defensa el 20 de octubre pasado que un periscopio “estaba en reparaciones por diez días”. El periscopio fue cambiado unos días después y el submarino volvió a navegar. Mientras tanto, fuentes judiciales llamaron la atención porque Srur hizo poner a un defensor militar como oficialmente sumariante para el documento que mantiene “caliente” la interna de la Armada. En otro documento “confidencial” del 29 de noviembre del año pasado, unos días antes del sumario, se decidió incorporar al capitán de fragata auditor Gabriel Piscicelli como oficial instructor del sumario que llevó a la suspensión de aquellos dos altos oficiales de la fuerza.

Paralelamente, se espera para fin de mes el informe de la comisión investigadora, que integra en forma ad honoren el capitán de navío retirado Jorge R. Bergallo (padre de una de las víctimas del San Juan) y los submarinistas Adolfo Trama y Alejandro Kelly. El mes pasado, en una conferencia que dio en la Universidad de Belgrano, Bergallo afirmó que el San Juan “tal vez no estaba como para ir a la guerra, pero para las misiones que debía desarrollar su seguridad no estaba amenazada”. Y la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, espera el informe de esa comisión investigadora antes de seguir avanzando en el caso del naufragio del San Juan.

La crisis del San Juan ya llevó la renuncia del ex jefe de la base de Mar del Plata contraalmirante Gabriel González, del jefe de la avión naval contraalmirante Gustavo Vignale, el jefe de la flota, contraalmirante Rafael Prieto y de la infantería de Marina contraalmirante Bernardo Noziglia. Ahora se sumaron a la salida los altos oficiales “Malcchiodi y Cisneros”. Y recientemente fueron pasados a retiro los “contralmirantes Arbizu y Larosa”. En definitiva, será difícil llegara a determinar la causa del naufragio si no se encuentran los restos del San Juan y ayer se retiró de la búsqueda el buque ruso

Gran Bretaña y la Argentina: avances y apuesta al diálogo por las Malvinas

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com

Con la llegada de Macri hubo cambios en la relación con los ingleses. Se avanzó sobre el ADN de los caídos y se negocia por los vuelos.

Mauricio Macri en Olivos con los familiares de los 90 soldados caídos en la guerra que fueron reconocidos en el cementerio de Darwin.

Uno de los primeros gestos que se recuerdan de Mauricio Macri tras asumir el poder fue aquel apretón de manos que se dio con el ex primer ministro David Cameron en uno de los intervalos del Foro Económico de Davos, en enero 2016. Esa señal fue un punto de inflexión si se tienen en cuenta los fuertes choques verbales que mantuvieron Cameron y Cristina Kirchner. La ex mandataria llevó adelante una política de confrontación hacia Londres y de dureza hacia las Malvinas, que generó un efecto fuertemente adverso, al tiempo que encabezó una campaña de reclamo internacional, que sí conservó los amigos de siempre, y el reconocimiento de los organismos internacionales de que existe una disputa de soberanía no resuelta.

Desde aquel encuentro Macri-Cameron se sucedieron otros gestos entre Argentina y el Reino Unido y que pueden resumirse en algunas de las palabras que Mauricio Macri pronunció ayer. "Seguiremos reclamando lo que creemos que es legítimo y nos pertenece, nuestra soberanía sobre las Islas", dijo el Presidente tras su encuentro con los familiares. Poco después, en una conferencia de prensa, el subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, Gustavo Zlauvinen, explicó el tono diplomático de la gestión actual. "Creemos, y consideramos que las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y los espacios circundantes son nuestros, pero todas las acciones que llevamos adelante son en un ambiente de diálogo maduro y pragmático", dijo.

Aquí radica el giro de 180 grados en la política sobre Malvinas de Cambiemos respecto a la anterior del kirchnerismo. Es su fortaleza y su debilidad. Este país cambia su enfoque sobre cómo abordar el la cuestión Malvinas según la administración de turno. Desde 1982, el Reino Unido siempre se comporta igual. De soberanía no se habla. Los isleños también se comportan siempre igual: los más duros no quieren vínculos con el continente, los más "blandos" aceptan una política de "buen vecino".

En este terreno apareció el comunicado conjunto de Argentina y Reino Unido de septiembre dude 2016. El Gobierno lo llama "hoja de ruta" ante los críticos más nacionalistas, pero el problema es que a veces lo pone en práctica como un acuerdo de hecho, y sin consensos.

El acercamiento bilateral político, económico, y cultural en el plano bilateral con el Reino Unido está funcionando acertadamente. Se avanzó en aspectos como el de la identificación de los caídos y se está avanzando en materia de vuelos y pesca en el archipiélago. El consejero de las islas Barry Elsy sembró recientemente algunas dudas sobre los alcances de las negociaciones. Dijo que para el apoyo británico a la Argentina para su entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el Gobierno de Macri había aceptado eliminar las sanciones (hidrocarburíferas) que datan de la época kirchnerista. Alguien debería explicarlo.

Los isleños son quienes vienen marcándole el pulso a Buenos Aires. Y por cierto, ¿a cambio de la política amigable de la Argentina, se le ha pedido a Londres que elimine un embargo de armas a la Argentina impuesto en 2012 o no lo ha pedido? Como esta hay muchas incógnitas que aún no tienen respuesta.

Por decreto, el Presidente Macri oficializó el plan de retiros voluntarios en el Estado

(Clarin.com) - Contempla un monto de seis sueldos y hasta 24 más en cuotas para quienes tengan 10 años de antigüedad.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri oficializó hoy el plan de retiros voluntarios para achicar la planta del Estado en el Poder Ejecutivo, ministerios y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social como el PAMI, ANSES, AFIP, Senasa, INTA e INTI, entre otros.

El régimen de retiros voluntarios para el personal de toda la Administración Nacional contempla hasta 6 sueldos al momento del retiro y hasta 24 cuotas mensuales posteriores para quienes tengan más de 10 años de antigüedad, todas equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social.

De cerca de 208.000 agentes públicos, se estima que podrían acogerse al retiro unos 80.000, y podrían sumarse entre 3000 y 5000 empleados públicos.

Las condiciones de los empleados para acogerse al retiro voluntario serán: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficientes para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las jurisdicciones previstas.

Quedan excluidos del plan los efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, los miembros de la AFI, docentes, profesionales de la salud o del Servicio Exterior y científicos. También aquellos procesados por delitos en perjuicio de la administración o o quienes estén sometidos a sumario administrativo que pudiera derivar en una cesantía.

Se fue el último buque internacional que buscaba al submarino ARA San Juan

(Perfil.com) - Por orden de Vladimir Putin, la embarcación rusa Yantar abandonó la búsqueda de la nave argentina, desaparecida hace cuatro meses con 44 tripulantes a bordo.

Foto:Marcelo Aballay 

El buque oceanográfico ruso "Yantar" dio por concluida su participación en la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre del año pasado, y abandonó la zona de rastrillaje subacuático. La noticia fue comunicada por la Armada a los familiares de los 44 tripulantes junto con el parte diario entregado en la Base Naval marplatense este lunes.

La nave era la última embarcación internacional que aún formaba parte de los operativos de búsqueda, a los que se había sumado en la última semana de noviembre. En el operativo solo queda navegando una nave argentina, el ARA Islas Argentinas.

Según consignó Todo Noticias, el encargado de darles la noticia fue el jefe de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel Atis. Según el cónsul honorario de la Federación Rusa, Jorge Kuznetzov, la decisión de retirar el buque fue del gobierno de Vladimir Putin, aunque no detalló los motivos.

Con la partida del barco de la Federación Rusa, de 108 metros de largo y 17 de ancho, también se deja de contar con su vehículo operado remotamente (ROV) de exploración subacuática.

"Es una locura. En verdad lo veníamos previendo, ya en diciembre lo dijimos. Si se retiran los rusos estamos al horno. El Presidente tiene que agilizar los trámites, quedó demostrado que la recompensa que ofrece el Gobierno a nadie le interesa, porque no se presentó ni una sola compañía", aseveró Claudio Sandoval, tío de uno de los submarinistas.

El "Yantar" tiene previsto cargar combustible en las próximas horas en Montevideo y luego completará su reabastecimiento en Buenos Aires, pero ya no regresará al área de rastrillaje donde se sigue buscando al submarino desaparecido con 44 tripulantes a bordo.

Confirman que mudarán Hacienda y Rentas a la antigua cárcel de Caseros

Por Claudio Corsalini - Perfil.com

Como adelantó PERFIL en su edición del domingo pasado, que el Ejecutivo porteño busca desprenderse de dos de sus edificios más emblemáticos: Bolívar 1, la ex Jefatura de Gobierno, y el Edificio de La Prensa, sede actual del Ministerio de Cultura.

Tras las obras en la ex prisión, Bolívar 1 y el edificio de la AGIP quedarán vacíos y podrán ser vendidos. DESTINO. Tras las obras en la ex prisión, Bolívar 1 y el edificio de la AGIP quedarán vacíos y podrán ser vendidos. Foto:cuarterolo 

Luego de que PERFIL anticipara, en su edición del domingo pasado, que el Ejecutivo porteño tenía intenciones de desprenderse de dos de sus edificios más emblemáticos –Bolívar 1, la ex Jefatura de Gobierno, y el Edificio de La Prensa, sede actual del Ministerio de Cultura–, esta semana el gobierno confirmó la relocalización del Ministerio de Hacienda, que hoy funciona en Bolívar 1, y de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) al predio que ocupaba la vieja cárcel de Caseros, en Parque Patricios.

El dato fue confirmado el jueves pasado por el vicejefe de la Ciudad, Diego Santilli, y la decisión se enmarca en la política de impulsar el desarrollo de la zona sur de la Capital Federal a partir de la instalación de la comuna en ese lugar. “El Ministerio de Hacienda va a estar situado en lo que era la cárcel de Caseros. Hoy el 60% o 70% del gobierno porteño está en el sur de la ciudad”, aseguró el vicejefe porteño en declaraciones a Radio Mitre.

Actualmente, la cartera que dirige Martín Mura ocupa buena parte de la ex sede comunal porteña. Un sector del antiguo edificio, en especial el ala que da sobre Diagonal Norte, todavía es utilizado para la realización de diferentes actos protocolares de la Ciudad.

En tanto, la futura ubicación del Ministerio de Cultura aún no fue confirmada. Si bien en algún momento se barajó la posibilidad de que se instalara en el predio del ex Padelai, la iniciativa fue descartada de plano ya que allí funcionará la sede de la Comuna 1.

Otros usos. Además de Hacienda, en el predio de la ex cárcel de Caseros, ubicado sobre esa avenida entre Pasco y Pichincha, también se mudarán las oficinas y reparticiones públicas que se encuentran actualmente en el inmueble comunal de Viamonte 900, entre Suipacha y Esmeralda, el ex edificio de Rentas, que será vendido. Esa operación inmobiliaria fue aprobada por la Legislatura en la última sesión de 2017, y –tal como había adelantado PERFIL– con lo que se recaude por esa venta se pagará la compra del edificio de la actual Jefatura de Gobierno.

Mientras se terminan de dirimir estas cuestiones inherentes a la Ciudad, en otro sector de la manzana donde se encontraba la cárcel nueva –sobre la calle 15 de Noviembre– se erigirá el futuro Archivo General de la Nación.  El proyecto consta de un edificio principal de siete plantas, al que luego se sumarán dos edificios de similares características con áreas de servicios, un auditorio, cafetería, salón de exposiciones, depósitos y hasta una plaza seca.

La propuesta ganadora de la licitación nacional fue la que presentó el estudio de arquitectura platense Deschamps-Estremera-Gavernet. En total se ocuparán unos 35.000 m2 y demandará una inversión final para el Ejecutivo porteño de casi $ 230 millones.

Homenaje a nuestros soldados que combatieron el Malvinas

En este nuevo 2 de abril, nuestro respeto...

Recordando al avión de patrulla y transporte Sukhoi S-80PT (Rusia)

El S-80PT, una versión de patrulla y transporte del avión Sukhoi S-80, empleado por el Servicio de Guardia fronteriza de la Federación Rusa, para situaciones de emergencias, siendo capaz de realizar misiones durante 24 horas patrullando fronteras marinas y terrestres hasta por 6-9 horas. Además, esta versión es capaz de dar apoyo a las tropas con lanzamiento de material, tropas y carga, inspección de ductos, control de la deriva de hielo y misiones de búsqueda y rescate.

La versión de patrulla y transporte del avión S-80 está equipada con un sistema Strizh de la empresa  Leninets que incluye un radar multifuncional que se instala en el cuerpo delantero y un equipo de imágenes infrarrojas. El complejo Strizh permite la adquisición de objetivos tipo barco a distancias de hasta 220 km y la ubicación de un hombre a bordo de una balsa salvavidas inflable a distancias de hasta 1.5-2 km. A través de grupos especiales de interceptación de canales de radio, unidades de combate o equipos de rescate pueden ser guiados a los objetivos de aire, mar o tierra ubicados. 

La disposición a bordo de los equipos Strizh permite el empleo del espacio interior para tras funciones tacticas como el transporte de hasta de 20 paracaidistas. Asimismo, el S-80PT está capacitado para instalar una cañón en un contenedor ubicada debajo del fuselaje y puede armarse mediante 4 pilones con misiles guiados 'aire-a-superficie' y 'aire-aire'

Especificaciones:
Diseño AOOT "OKB Sukhoi"
Tipo S-80PT
Año 2000
Función patrullero y transporte
Tripulación 2
Paracaidistas 20
Envergadura 23,16 m
Longitud 17,85 m
Altura total 5,58 m
Área del ala 44 m2
Peso máximo de despegue 12500 Kg
Carga máxima 3000 Kg
Peso del combustible 2350 litr
Motores 2 turboejes GE CT-9B con 1870 HP
Velocidad de crucero  510 km/h
Alcance con 1560 kg de carga  2475 Km
Alcance en Ferry 2890 Km
Autonomía 10-12 horas
Altitud máxima 8000 m
Altitud de crucero 6000 m
Carrera de despegue 555 m
Aterrizaje (con frenado e inverso de la hélice) 280 m

El Gobierno argentino examina la posibilidad recibir por parte de China un carguero de gran porte para la Armada.

Por Roberto Lopes - Poder Naval

El Gobierno argentino examina la posibilidad de que, a cambio de la liberación de las obras de dos centrales hidroeléctricas en el Río Santa Cruz, situado en la Provincia del mismo nombre, reciba por donación para su Marina un carguero de gran porte, apto para ser incorporado como buque logístico al Comando Anfibio y Logístico (ex Comando de Transportes Navales).

La embarcación sería cedida por la compañía china China Gezhouba Group Corporation, que aguarda la autorización de la Casa Rosada (sede del Ejecutivo Argentino) para iniciar las obras en el río Santa Cruz, líder de la tercera cuenca hidrográfica argentina.

Por la propuesta hecha a la Administración Mauricio Macri, el carguero servirá, por el período de siete años, al transporte de los materiales necesarios para la construcción de las usinas. Al finalizar ese período pasará inmediatamente a la Fuerza Naval. Las primeras informaciones no identificaron la embarcación objetivo de las tratativas. Los rumores que circulan entre los militares argentinos hablan que ella tendría protecciones en el casco para actuar en aguas de la Antártida, estaría equipada con dos grúas, y plenamente habilitada a actuar en misiones de apoyo, llevando contenedores militares, vehículos y carga general (inclusive combustible).

Actualmente, el Comando Anfibio y Logístico posee tres anticuados cargueros de las clases Costa Sur, de poco menos de 11.000 toneladas, construidos a finales de la década de 1970. El barco ofrecido por los chinos desplazaría más de 15.000 toneladas. La donación ayudaría a modernizar el componente de transporte de la Armada Argentina, pero los jefes navales tienen muchos otros sectores con los que preocuparse.

Fuente: http://www.naval.com.br

Guerra de Malvinas: admiten que hubo planes del Reino Unido para atacar el continente

(Perfil.com) - Un veterano británico reconoció que "sin ninguna duda" estaban en "riesgo" quienes se desempeñaron en bases militares de la Patagonia durante el conflicto.

Guerra de las Malvinas 1982 Guerra de las Malvinas 1982 Foto:Cedoc 

Un veterano británico de la guerra de Malvinas reconoció la existencia de planes durante 1982 por parte del Reino Unido para llevar adelante incursiones armadas en el continente, en zonas del litoral marítimo patagónico.

Se trata de Edward Denmark, integrante del 12° Regimiento Real de Artillería Antiaérea de la Task Force, quien se contactó a través de una carta con el ex miembro de la Fuerza Aérea Sur Julio Herrera Vidal y le aseguró que "sin ninguna duda" estaban en "riesgo" quienes se desempeñaron en bases militares de la Patagonia durante el litigio.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Herrera Vidal explicó que "eran seis las bases en el sur argentino: "Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande desde donde salieron los golpes que demolieron a la marina británica" durante la guerra, todas ellas en el ámbito del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

Según trascendió, Denmark planearía junto con un grupo de ex colegas británicos elevar un petitorio al Parlamento de su país para que intervenga ante el Gobierno argentino, con el fin de reconocer como ex combatientes y veteranos de Malvinas a todos los soldados que cumplieron órdenes de guerra en bases militares patagónicas, incluyendo a Tierra del Fuergo, durante la contienda de 1982.

El objetivo sería lograr que ese cuerpo legislativo interceda ante el Gobierno argentino para que todos los soldados que cumplieron órdenes de guerra en el continente sean reconocidos formalmente como veteranos de Malvinas: "Porque dice que es una injusticia lo que están haciendo con nosotros", señaló el argentino, sobre los planes del británico.

"Se está desclasificando todo y gracias a Dios se va a hacer justicia. Hubo muchos ataques en el continente. De hecho, el 23 de mayo de 1982 a las 19:00 entramos en combate aéreo con un avión que no se identificó. Fue en la base aérea militar Santa Cruz, ubicada al sur de (Puerto) San Julián", sostuvo Herrera Vidal.

Respecto de la misiva enviada por Denmark, reveló: "Me mandó una carta certificada por un escribano de Liverpool. Cuando la fui a buscar al correo me tomé un día más y lo hice con un escribano público que protocolarizó todo. Luego la mandé a una traductora pública de La Plata y de ahí la envié" al Colegio Público de Traductores e Intérpretes, a los efectos de proceder con su legalización.

En esa carta, el británico admite que existieron incursiones armadas británicas en el continente durante la guerra de Malvinas, como sostienen desde hace años los integrantes de la Asociación Civil Campamento TOAS Plaza de Mayo: "Todos nosotros operamos en áreas consideradas de riesgo de combate", enfatizó al respecto Tulio Fraboschi, presidente de ese organismo.