Dos pistolas que debían estar en la sala de resguardo de pruebas de los tribunales estaban en un contenedor en la esquina del edificio; se investiga si fue fruto de la negligencia o de un robo
Las dos pistolas, una 9 milímetros y una .22, sobresalían entre la basura y otros restos dentro del contenedor ubicado en Ituzaingó y Acassuso, en la esquina de los tribunales de San Isidro. El hecho, grave en sí mismo, se puede convertir en un escándalo: esas armas debían estar bajo resguardo judicial, en la sala de custodia de efectos; alguien las sacó de allí por motivos que ahora son objeto de una investigación. Todos los funcionarios policiales y judiciales que trabajan en el lugar son, ahora, objeto de investigación.
Según informaron fuentes judiciales y policiales, esas armas debían estar en "la jaula", el depósito de efectos que funciona en uno de los subsuelos del edificio. Hasta ahora los investigadores siguen tres hipótesis: que se haya tratado de un acto de negligencia cometido por alguno de los empleados que trabajan allí y que debían realizar una limpieza ordenada por la Suprema Corte; que hubiera sido fruto de un robo tipo hormiga con el objetivo de poner en manos criminales esas armas cuyo faltante nadie advertiría hasta que se hiciera un inventario, y la presunta connivencia entre algún empleado del edificio y el o los acusados en las causas penales por las que habían sido secuestradas esas pistolas.
La Justicia aún no pudo establecer cómo fue que esas armas fueron trasladadas desde el depósito del subsuelo hasta el contenedor de la esquina. El fiscal a cargo de la investigación, Matías López Vidal, comenzó a interrogar al personal que trabaja en el depósito y a los funcionarios judiciales que tienen la responsabilidad de los efectos guardados en la "jaula".
Fuentes de la investigación indicaron que se trata de dos pistolas, una Browning 9 mm, número de serie 1123509, y una Leslie calibre .22 con número de serie 231234.
Además del peligro procesal -que las armas cayeran en manos de delincuentes o de los acusados que pudieran tener interés en hacer desaparecer pruebas comprometedoras-, hubo riesgo de una potencial tragedia: la Browning estaba cargada con dos proyectiles intactos.
Al revisar el contenedor, la policía -que intervino tras un llamado anónimo al 911- halló 12 vainas de proyectiles calibre 9 mm y dos cartuchos de escopeta 12/70. Pero había más cosas que no debían haber estado en el contenedor de basura sino el depósito del subsuelo de los Tribunales de San Isidro. Entre las armas, las vainas y los cartuchos, los policías encontraron 50 chapas patente de vehículos afectados a causas penales. Tres de los rodados a los que correspondían esos números de patentes tenían, todavía, pedido de secuestro activo. Esas patentes pertenecen a automóviles modelos 1989, 1992 y 1994.
Según fuentes judiciales, en el momento del hallazgo de las armas entre la basura, el máximo responsable del edificio de los Tribunales de San Isidro era el juez Ernesto García Maañón, que como presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías de dicho departamento judicial tiene a su cargo la superintendencia del edificio.
A partir del hallazgo de las armas y de los otros efectos que debían estar en custodia judicial, fuera de la "jaula", el juez García Maañón realizó la denuncia para esa irregularidad sea investigada.
En los Tribunales de San Isidro se indicó que el recinto de la "jaula" fue escenario de una limpieza en los últimos días para adecuar la instalación a las normas de funcionamiento exigidas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) bonaerense.
Por tal motivo, los investigadores no descartaban la posibilidad de que algún empleado hubiera arrojado a la basura las pistolas -que supuestamente nadie reclamaría- con el objetivo de cumplir con la resolución del máximo tribunal bonaerense. Sin embargo, el exiguo número de armas debilita esa teoría.
Modificaciones
Entre el 21 de septiembre y el 21 de noviembre, los inspectores de las subsecretarías de Control de Gestión y Control Disciplinario de la SCJ realizaron una serie de observaciones a los responsables de cada departamento judicial del conurbano con el objeto de adecuar la gestión interna a las normas reglamentarias vigentes sobre archivos, efectos, registros, asistencia, sistemas informáticos y visitas carcelarias, entre otras cuestiones administrativas.
La medida se encuadró en un plan integral impulsado desde la presidencia de la SCJ para controlar el servicio de Justicia y mejorar el funcionamiento de los tribunales.
Al revisar el edificio de Ituzaingó 340, los inspectores recomendaron al responsable de la Cámara que reorganizara los espacios usados para archivar expedientes y efectos para su reutilización, la limpieza del material en desuso y la disposición final de los efectos. En ninguna de esas resoluciones figuraba que esa limpieza incluyera la posibilidad de arrojar esos efectos a la basura. Los procedimientos para descartar los elementos que no se utilizarán figuran en distintas resoluciones que se comunican a cada departamento judicial. En cuanto a armas, se debe cumplir con la ley 25.938, que establece que se deben enviar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar), para que proceda a su registro y destrucción, con el fin de evitar su reingreso al mercado ilegal.
Contrabando de 23.000 municiones
Foto: Prensa Gendarmería
Unas 23.000 municiones de distinto calibre, una pistola de guerra austríaca calibre 9 mm y tres cargadores que estaban ocultos en un doble fondo de un vehículo fueron secuestrados durante un control vehicular realizado por la Gendarmería en el kilómetro 1606 de la ruta nacional N° 12, en Misiones. El conductor del vehículo fue detenido. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 13 de Iguazú, quienes detuvieron la marcha de un VW Suran con patente brasileña cuyo conductor, en un primer momento, quiso evadir el control. Los gendarmes advirtieron anormalidades en el piso del vehículo y, al revisarlo, descubrieron la carga ilegal.
