Por Sol Amaya - LA NACION
El taller de panadería funciona en una de las unidades del complejo penitenciario.
Un grupo de presos que trabaja en la panadería del complejo penitenciario de Florencio Varela hará pan para distribuir en escuelas públicas de la zona. Desde el Ministerio de Justicia bonaerense indicaron a LA NACION que se está trabajando en un convenio como el que ya funciona en la Unidad Penitenciaria N°5 de Mercedes.
LA NACION visitó el penal y habló con los presos que trabajan en la panadería. En el lugar también funcionan otros talleres de capacitación laboral, como el de herrería y el de mecánica. Además, un grupo de presos de esa cárcel trabajó en la modificación de una silla de ruedas para personas con problemas de obesidad, para ser utilizada en un hospital público.
Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP 2015), de los 72.000 presos del país, un 45% estaba desocupado al momento de ingresar a prisión, mientras que el 52% no tenía profesión ni oficio.
En tanto, alrededor del 40% de los presos de todo el país realiza algún tipo de trabajo remunerado dentro de las cárceles.
La Ley 24.660 (de Ejecución de la pena privativa de la libertad) establece que las personas detenidas en las cárceles argentinas tienen derecho al trabajo remunerado. La normativa determina que el trabajo "no se impondrá como castigo, no será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado, propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales y procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre y deberá ser remunerado".
La ley dispone que "si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate".
El salario tiene a su vez una serie de retenciones. Una de ellas es para el fondo de reserva, que es de un 30% de su sueldo mensual. Este fondo debe ser depositado en una institución bancaria oficial y le será entregado al interno a su egreso por agotamiento de pena, libertad condicional o asistida. En los casos en que el detenido fallece, el fondo de reserva debe pasar a mano de sus herederos.
En tanto, la ley vigente dispone, entre otros descuentos, la retención de un 25 % para costear los gastos que el preso cause en el establecimiento, pero la Corte Suprema de Justicia consideró inconstitucional ese descuento en un fallo en el que sostuvo que "pesa sobre el Estado el deber de custodia de todas las personas que están sometidas a detención preventiva o condena".
La mayoría de los detenidos utiliza el salario para pasarle dinero a sus familiares fuera de prisión. Muchas de las personas que están presas son jefes o jefas de hogares y esta remuneración tal vez sea la única que percibe su familia.
