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| Horacio Cardo |
A menudo se comentan deficiencias en los hospitales públicos: edificios en estado de abandono, falta de insumos esenciales, matafuegos ausentes e insuficiente personal nocturno. Se atribuyen estas carencias a escaso presupuesto, desinterés de los funcionarios, mal uso de los recursos y problemas administrativos.
Pocas veces se aborda el fondo del problema. Aceptamos que un 60% de los habitantes tenga algún tipo de cobertura y que el 40% restante sea atendido en servicios estatales, implícitamente destinados a ciudadanos de segunda: es un signo de desamparo. Los empleados de esos hospitales, que por ser estatales cuentan con su Obra Social, para su propia atención eligen servicios privados. Lo mismo ocurre con las Obras Sociales sindicales. La calidad humana y administrativa de los hospitales públicos suele ser deficiente, aunque la calidad de la atención sea de mayor jerarquía.
El país cuenta con 3.323 nosocomios con internación (excluyendo geriátricos); 1.312 son públicos y 2.011 privados. Las camas suman 134.330 (3,1 c/1000 habitantes): 73.731 (54,9%) son estatales y 60.599 (45,1%) privadas. Los públicos promedian 56,2 camas por institución y los privados 30,1, incluyendo sanatorios pequeños de infraestructura precaria. Aunque predominan las camas estatales, se estima que las privadas concentran las 2/3 partes del movimiento económico. Casi todos dependen de las 24 jurisdicciones provinciales. Existen otros hospitales nacionales, pero no dependen de Salud (FF.AA. y de Seguridad, universitarios).
Las normas administrativas son las de oficinas públicas. Los sueldos del personal insumen del 80 al 90 % del gasto. Sólo funcionan a pleno durante la mañana y los médicos suelen no cumplir los horarios asignados. Aunque facturen sus servicios a Obras Sociales y prepagas, lo recaudado nunca excede el 5 o el 10% del gasto total.
Salvo excepciones, en los hospitales los consultorios no programan turnos previos: los pacientes hacen cola desde la madrugada para ser atendidos de 8 a 12 hs. Los servicios de diagnóstico programan sus turnos (Laboratorio, Imágenes y otros). En las salas, los médicos se concentran durante la mañana; los eventos que ocurran por la tarde quedarán a cargo de los médicos de guardia o los residentes. Las estadísticas computan como emergencias problemas no urgentes: por la tarde la Guardia es todo el hospital.
Según un estudio regional del Banco Mundial (2007):
a) la mayoría de los hospitales dependen del Estado; unos pocos autogestionados tienen personería jurídica y directorio;
b) sus decisiones son muy limitadas, pero los autogestionados pueden decidir respecto a ingresos, inversiones, oferta asistencial y procedimientos;
c) la competencia es nula en los financiados por presupuesto y mínima en los otros por servicios a usuarios privados, y
d) los fondos no ejecutados se cancelan en el 1er caso y los retienen en el 2do.
En Argentina identificaron dos modelos de gobierno: 1) presupuestarios, que dependen de las autoridades sanitarias con normas administrativas estatales, carecen de personería jurídica, no tienen autonomía para aplicar su presupuesto, ni designar o despedir personal; 2) autónomos, cuyas decisiones residen en parte en las autoridades. El primer modelo es el de casi todos los hospitales provinciales y municipales. El segundo corresponde a los SAMIC de la Ley 17.102/67: Garrahan, El Cruce y departamentales de Misiones. Concluyeron que los hospitales latinoamericanos evolucionan de modelos netamente presupuestarios a administraciones descentralizadas. A diferencia de Argentina, este proceso es orientado por las autoridades en Colombia, México y algunos Estados de Brasil.
La tendencia mundial es administrarlos como empresas públicas de servicios, con autarquía administrativa, personería jurídica, un directorio que representa a la comunidad y entes responsables, estatuto y escalafón propios, y fondos disponibles por presupuesto. Se fiscalizan cotejando el plan de inversiones del ejercicio con el presupuesto ejecutado. Los recursos estatales se asignan con criterios de premios y castigos según resultados. La gestión es similar en públicos y privados, con o sin fines de lucro: difieren en la propiedad patrimonial.
Nuestros servicios que dedican sus mayores esfuerzos a atender a la población sin cobertura podrían facturar sus prestaciones al Estado, recaudando recursos mediante seguros públicos de cada provincia. Los usuarios de servicios públicos o privados contarían así con un único carnet, para facturar al asegurador correspondiente. Las provincias que los sostienen pagando sueldos, insumos y mantenimiento (la oferta), podrían dedicarse a abonar las facturas de los usuarios (la demanda). Los problemas sanitarios no predominan en la agenda política, salvo en las epidemias. Los políticos prefieren cortar la cinta de nuevos hospitales, antes que mantener bien los existentes.
Hugo E. Arce es médico sanitarista. Miembro del Grupo PAIS
