Por Antonio Rossi - La Politica Online
Tal como anticipó LPO, el crédito para las usinas recién fue liberado ahora y no antes como había anunciado el Gobierno. Ingresaron US$ 287 millones al fideicomiso de la obra.
Veinte horas después de que el oficialismo lograra convertir en ley en la Cámara de Diputados el polémico y resistido convenio de integración económica y de inversiones con China, el gobierno de Xi Jinping y el banco oriental ICBC procedieron a destrabar el primer desembolso del crédito destinado a la megaobra de las represas santacruceñas.
Tal como anticipó LPO y pese a los tres anuncios presidenciales que en las últimas semanas lo habían dado por hecho, el ingreso de los fondos chinos para el proyecto hidroeléctrico patagónico venía acumulando una significativa demora que recién pudo superarse en las primeras horas del jueves.
Si bien para los funcionarios de Economía la tardanza en la acreditación del préstamo fue por la parálisis administrativa y financiera que se registró en la última quincena en Beijing por los festejos del nuevo “Año de la Cabra’’, para los que conocen la forma de moverse de los chinos el motivo de la demora habría estado en el hecho de que los funcionarios y los banqueros asiáticos ‘’hicieron tiempo’’ hasta estar seguros de que Argentina iba a aprobar el marco legal de la ‘’alianza estratégica integral’’ que beneficia ampliamente a las empresas de la potencia asiática.
Más allá de las conjeturas sobre las razones del atraso de la asistencia crediticia, lo cierto es que el fideicomiso armado para pagar las obras de la represas ya tiene acreditado la primera partida de US$ 287 millones.
Según el proyecto ejecutivo de la obra que fue adjudicada al consorcio integrado por el grupo chino Gezhouba y la local Electroingeniería, el monto inicial del fideicomiso se destinará a los trabajos iniciales de caminos, obradores y puentes que están previstos en Santa Cruz y al pago del anticipo a los fabricantes chinos que suministrarán el equipamiento de las usinas.
Para poder acceder al primer desembolso del crédito, la administración kirchnerista tuvo que girarle a la Corporación de Exportaciones y Créditos de Seguros de China (Sinosure) US$ 193 millones correspondientes a los gastos operativos, comisiones y la póliza parcial del préstamo por US$ 4.714 millones que el ICBC otorgó para la construcción de las usinas. A eso se sumó otro giro de US$ 25 millones de un seguro complementario de la asistencia crediticia que cubrieron las empresas adjudicatarias de la obra (US$ 17 millones) y el Estado argentino (US$ 8 millones).
Tras haber sido adjudicado en el segundo semestre de 2013, el emblemático emprendimiento de las históricas centrales Condor Cliff y La Barrancosa -que fueron rebautizadas por el Gobierno con los nombres de “Néstor Kirchner y Jorge Cepernic” –logró encarrilarse durante la visita oficial que realizara en julio de 2014 a Buenos Aires el presidente de China, Xi Jimping.
El crédito fue otorgado a 15 de años de plazo, con un período de gracia de 5 años y medio (el tiempo de construcción de las represas) y una tasa de interés anual del orden del 7,5%. Según los datos oficiales, el 76% del crédito será remitido a la Argentina en concepto de certificaciones de obras y el 24% restante permanecerá en cuentas orientales que actuarán como agentes de pago de los proveedores de maquinarias y otros bienes de capital.
Cuando estén terminadas, las usinas aportarán 1.740 MW de capacidad de generación al sistema eléctrico nacional que representa algo más del 7% de la demanda máxima actual.
Por exigencia de China, la administración kirchnerista tuvo que aprobar por decreto la la denominada “prórroga de jurisdicción”, por la cual aceptó dirimir cualquier controversia bajo la legislación inglesa y el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de Francia.
Si se cumplen los plazos en juego, a mediados de este año y en plena campaña electoral, el consorcio adjudicatario deberá convocar a una “audiencia pública” para exponer y defender el “Estudio Integral del Impacto Ambiental” de la obra.
Paralelamente, el gobierno provincial de Daniel Peralta tiene que poner en marcha el proceso de expropiación y liberación de 47.000 hectáreas en las tierras aledañas al río Santa Cruz. Este ‘’trámite’’ no estará exento de polémicas: el dueño de algo más del 20% de las tierras a expropiar es nada menos que el empresario K. y socio de la familia presidencial, Lázaro Báez.
