El Estado se investiga a sí mismo: abrieron 4500 sumarios a funcionarios

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Son denuncias internas iniciadas en los últimos tres años; los motivos van desde actos de corrupción hasta mala conducta; las fuerzas armadas y de seguridad encabezan la lista.

Son expedientes discretos. También incómodos, porque indagan sobre la tropa propia. En los últimos tres años el Gobierno reportó casi 4500 sumarios internos contra empleados estatales y funcionarios por cuestiones disciplinarias o sospechas de corrupción. Así surge de los datos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal que se encarga de investigar irregularidades y delitos en el seno del Poder Ejecutivo.

El número de actuaciones creció año tras año de manera exponencial, no necesariamente porque se cometieron más faltas, sino porque una serie de normas obligaron a sincerar las pesquisas que se abren contra los agentes públicos. Mientras en 2015, último año del kirchnerismo, fueron informados 707 sumarios, en 2016 esa cifra ascendió a 1612, y en 2017, a 2165.

El salto en sumarios internos reportados se debió, en buena parte, a que en 2016 el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas fueron obligadas a comunicar las actuaciones abiertas contra sus uniformados. A pesar que estaban obligadas por un decreto de 1999, esas dos áreas no sacaban a la luz sus pesquisas internas. "El cambio de gestión también abrió un período de revisión de la estructura heredada, que hizo crecer la cantidad de investigaciones a los agentes de los ministerios", explicaron a LA NACION desde la PIA, conducida por Sergio Rodríguez. Su fiscalía puede presentarse como parte acusadora y solicitar sanciones, ademas de iniciar de oficio investigaciones preliminares o intervenir en caso de que, además de la pesquisa administrativa, se abra una investigación penal en Comodoro Py. Actualmente interviene en 84 casos sensibles.

De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, una de las áreas donde más crecieron los reportes de sumarios internos fue el Ministerio de Defensa, que mediante una resolución intimó a todas las Fuerzas Armadas a sacar a la luz todas las investigaciones internas por corrupción o incumplimiento de deberes. En 2016, el Estado Mayor Conjunto le informó a la PIA cuatro sumarios administrativos, mientras que este año esa cifra ascendió a 100 expedientes. El Ejército pasó de 91 sumarios en 2016 a unos 350 en 2017. La Armada saltó de 175 a 451, un 160% más. La única excepción fue la Fuerza Aérea, que pasó de 70 informes en 2016 a 18 reportes por actuaciones disciplinarias en 2017.

Aun así, no todos los sumarios son reportados con la celeridad que exige la ley. Los 40 sumarios que abrió la Armada para deslindar responsabilidades por el extravío del submarino no fueron informados en tiempo y forma al Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio de Seguridad también sinceró los números en los últimos dos años y comenzó a dejar a la luz la cantidad de investigaciones internas que se abren por faltas y delitos en las fuerzas. La Policía Federal, que había informado 490 sumarios el año pasado, este año comunicó 972, mientras que la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó 14 sumarios en 2016 y otros 46 en 2017.

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron los motivos más frecuentes que dan origen a las investigaciones y sanciones. De acuerdo con la resolución ministerial 984/17, la Dirección de Investigaciones Internas del ministerio, encabezada por Carlos Manfroni, puede intervenir con una investigación especial en los sumarios que se abren por corrupción o en casos de gravedad institucional. Esa dependencia puede entonces requerir pruebas y reforzar la investigación que realiza el sumariante.

Según las estadísticas a las que accedió LA NACION, entre otras carátulas, un 10% de los casos que llegan a la Dirección de Investigaciones Internas del ministerio se deben a "complicidad del uniformado con el narcotráfico"; un 20%, por el cobro de servicio adicional no prestado (horas extras no trabajadas); un 10% por "enriquecimiento ilícito", cuando se descubre que un miembro de la fuerza tiene bienes no declarados o injustificados, y un 15%, por sobornos. Actualmente están en curso unas 300 investigaciones por estos motivos.

Así y todo, algunos casos sensibles al ministerio se mantienen en estricta reserva. La PIA debió elevar una queja cuando no pudo intervenir en los sumarios, en su origen sigilosos, que se abrieron contra los gendarmes que participaron del operativo en el Pu Lof mapuche el día que desapareció Santiago Maldonado. Tampoco fue notificada en tiempo y forma por las investigaciones abiertas contra los prefectos que filtraron las fotos del ex vicepresidente Amado Boudou esposado, cuando fue detenido en su casa.

Ranking

De acuerdo con datos de la PIA, por fuera de Defensa y Seguridad, de enero de 2015 hacia acá la dependencia con más reportes de sumarios internos fue la AFIP, con 203 expedientes. Según informaron a LA NACION desde el organismo recaudador, las causales van desde irregularidades en casos de contrabando y faltantes de mercadería en depósitos de la Aduana hasta faltas en inspecciones por evasión fiscal.

El ranking continúa con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 157 comunicaciones de sumarios, la Anses (142) y el Ministerio de Salud (134) y la Dirección Nacional de Vialidad (116). Los motivos pueden ser desde una irregularidad en la compra de un insumo hasta mala conducta.

Muchos de los casos que originaron sumarios internos contra agentes públicos y funcionarios tuvieron su correlato en causas penales. Entre los casos graves figuran una investigación al programa federal de viviendas del kirchnerismo, las contrataciones del yacimiento carbonífero de Río Turbio, el Plan Qunita, la falta de pagos de impuestos de Oil Combustibles de Cristóbal López o incluso la investigación abierta al segundo de Ricardo Echegaray en la AFIP, Resnick Brenner, por la facilidad de pagos otorgada a Ciccone.

En el caso de Cambiemos, entre los sumarios internos relevantes aparecen los vinculados al caso del Correo Argentino, la filtración de datos del blanqueo de capitales que partió de la AFIP, el caso de la compra de garrafas en el Ministerio de Energía y el caso que investiga responsabilidades por el avión que cayó en el Delta.

Los instructores de sumarios deben emitir dos informes por cada uno de los expedientes abiertos: una primera conclusión sobre la base de la evidencia que surja de la investigación y un dictamen final con una resolución, que puede ser un apercibimiento, una suspensión, la cesantía total o la exoneración.

Ranking por organismo

1 - Policía Federal: Es la entidad con más sumarios, 1391 en total

2 - Armada: Suma 626 casos desde enero de 2016

3 - Ejército: Acumuló 205 casos de mal comportamiento

4 - Afip: El ente recaudador computa 203 denuncias

5 - Inta: 157 sumarios internos desde 2015

Submarino ARA San Juan: la zona de búsqueda, un "cementerio" de barcos olvidados

Por Sebastián Lozano - Clarin.com

Para los expertos está relacionado con la pesca ilegal. 

La corbeta Robinson, vista desde Comodoro Rivadavia

En los 25 días que lleva desaparecido el ARA San Juan, los buques que participan del inmenso y costoso operativo internacional de búsqueda lograron detectar siete "indicios" en el fondo del océano. Estas pistas, que en un principio generaron ilusiones de poder hallar al submarino y a sus 44 tripulantes, por ahora se quedaron en eso: ilusiones.

Ya fueron descartados cinco de ellos, cuatro de los cuales eran pesqueros hundidos. No sería sorpresa que los dos restantes también lo sean. Es que el área rastrillada, un extenso sector de 40 kilómetros cuadrados con profundidades de entre 200 y 1000 metros, es un verdadero cementerio de barcos olvidados que expone el problema de la pesca ilegal en el Mar Argentino.

"Las imágenes no se corresponden con el submarino San Juan. Tenemos un video (de un objeto) a 940 metros, el cual según los rusos es una formación rocosa con incrustaciones", dijo ayer por la mañana Enrique Balbi, vocero de la Armada, en referencia a uno de los dos indicios que investigó en las últimas horas el sumergible Panther Plus. El otro, según aclararon desde el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, se correspondía con un barco de arrastre hundido a 833 metros.

Estos dos hallazgos se sumaron a otros tres que ya habían sido verificados días atrás. El 1 de diciembre encontraron a 200 metros un pesquero chino hundido en 2000 por su propia dotación y a 170 metros un buque potero dedicado a la pesca de calamar, probablemente ilegal por no figurar en ningún registro. El contacto a 477 con un "objeto cilíndrico" de unos 62 metros de largo detectado por el buque de investigación argentino Angelescu había encendido las alarmas por tener medidas muy similares al ARA San Juan, pero finalmente se determinó que la hélice no se correspondía con la del submarino. Era otro pesquero.

"No sorprende que aparezcan tantos barcos hundidos. En la zona del Mar Argentino que va de Puerto Madryn hacia el sur está uno de los caladeros (zona marítima donde los pescadores tiran sus redes por la abundancia de peces) más grandes del mundo", le explicó a Clarín Fernando Morales, perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina.

De acuerdo a los estándares fijados por la Organización Marítima Internacional, estos barcos son libres de hacer lo que quieran por fuera de las 200 millas. El problema, aclara Morales, es que "los pesqueros siguen a los cardúmenes" y los peces se van moviendo dentro y fuera de la zona económica exclusiva argentina por las corrientes marinas. Por eso allí, en el límite que marca esa línea imaginaria de 200 millas, una flota de pesqueros ilegales espera el momento justo para cruzar ilegalmente. En total, se estima que son más de 450 embarcaciones las que cada año realizan estas maniobras, lo que les permiten llevarse más de medio millón de toneladas de pescados y moluscos. La gran mayoría es de origen chino, aunque también hay japoneses, taiwaneses y españoles.

"​Cuando ven que se aproxima una flota de la Armada o de Prefectura, vuelven a escapar del otro lado. Así operan hace décadas", agrega Morales. Si bien los buques son rápidos y mantienen un aceitado sistema de comunicación entre sí para alertarse unos a otros ante la posibilidad de que los atrapen, algunos no logran huir a tiempo. Es ahí cuando, antes de entregarse, perder la cargar y tener que pagar costosas multas, prefieren hundir la embarcación: "Siempre se mueven en flota. Después de abrir la válvula tienen dos horas para pasar a otro barco. No hay riesgo para la tripulación. Salvan la carga y después muchos hasta cobran el seguro. La mayoría de estos barcos no cumplen con las normas de seguridad, por lo que Prefectura tampoco les dejaría volver a salir a navegar. No les queda otra".

Aunque parte de los hundimientos en el Atlántico Sur tengan que ver con esta metodología, muchas otras embarcaciones terminan en el fondo por no poder soportar las inclemencias del océano. Según Horacio Tobías, ex jefe de Inmersión del ARA San Juan, el Mar Argentino "es muy bravo": "Hay olas muy altas y muchos días seguidos de tormenta. Esto diezma a la tripulación. Pero si el barco se queda sin propulsión, el oleaje lo puede dar vuelta".

Justamente, en su viaje de Ushuaia a Mar del Plata, el ARA San Juan estaba patrullando la zona económica exclusiva argentina. "De detectar algún barco ilegal, se lo filma y se le toman imágenes con el periscopio. Son como fotomultas. A veces se llaman aviones o barcos para capturarlo", indica Tobías, mientras aguarda la verificación de los dos indicios restantes.

Obús autopropulsado HMMWV / HAWKEYE 105 mm

(Army Guide) - Traducción Desarrollo y Defensa (Modificado)
El AM General HMMWV / Hawkeye Howitzer System incorpora avances en protección, carga útil, suspensiones y mantenimiento del ciclo de vida a un precio asequible para cumplir con los requisitos expedicionarios únicos de los clientes globales.


Es un ejemplo de la evolución constante del HMMWV en función de los comentarios de los clientes, las experiencias en el campo de batalla y la innovación en este innovador sistema de vehículos.

Características principales:

-El sistema de armamento móvil de 105 mm (MWS) es el obús autopropulsado más liviano y más maniobrable del mundo en la actualidad.
-La tecnología Hybrid Soft Recoil permite emparejar el arma con AM General HMMWV
-Ligero a menos de 2,400 lbs. (1.100 kg)
-Dispara 360 grados
-Alcance directo del fuego es cámara digital conjuntamente con el control de fuego digital
-La mayor parte del mantenimiento se puede realizar a nivel de unidad
-Trabajo de azimut y elevación controlada electrónicamente con control de fuego digital
-Potencial de crecimiento para todas las funciones, incluido un cañón de calibre más largo
-Costos de mantenimiento reducidos debido a un diseño eficiente.

Diferencia de pasos con el método anteriormente en uso, sin duda es veloz y práctico...

El Ejército de Tierra ruso acaba de modernizar sus gigantes morteros de 240 milímetros

 Por Robert Beckhusen - WIB -  Traducción Desarrollo y Defensa

Hubo una época en la que el mortero 2C4 Tulip lanzaba proyectiles nucleares de dos kilotones.

Las Fuerzas Terrestres Rusas acaban de recibir el primer lote de morteros autopropulsados 2C4 Tulip de 240 milímetros modernizados. La modernización de estas armas de la década de 1960 incluye enlace de datos, equipos de comunicaciones y sistema de control de fuegos nuevos. Con el tiempo Rusia pretende modernizar todos los vehículos ─500─ que tiene almacenados. «Con esta profunda modernización se instalan equipos de control y comunicaciones modernos en los vehículos de combate», se puede leer en una declaración del Ministerio de Defensa ruso. «Antes de ser entregados a las unidades, se revisaron todos los ejemplares bajo la supervisión de oficiales militares».

Aunque en el pasado el 2C4 tuvo una misión nuclear, constituye principalmente un arma de apoyo de infantería. «Tuvo una misión nuclear, pero en realidad es un mortero pesado para destruir posiciones fijas», decía Mike Kofman, un científico investigador del Center for Naval Analyses [Centro de Análisis Navales] especializado en cuestiones militares rusas. «Su principal ventaja es que puede introducir en combate un proyectil de mortero de muy alto explosivo desde un ángulo de ataque claramente ventajoso».

Mortero autopropulsado 2C4 Tulip. Foto de Wikimedia En la cabecera, foto de Vitaly V. Kuzmin

Modernizar un arma ya existente resulta mucho más barato que fabricar un vehículo totalmente nuevo para realizar el mismo cometido. «Rusia está modernizando estos morteros pesados ​​y probablemente sacándolos de la reserva para ponerlos en servicio activo», decía Vasily Kashin, principal investigador del Center for Comprehensive European and International Studies [Centro de Estudios Integrales Europeos e Internacionales] de la Higher School of Economics [Escuela Superior de Economía] de Moscú, al medio The National Interest.

«Se trata de un arma muy potente y efectiva que puede disparar municiones guiadas ─ya las utilizó en el pasado─. Creo que ya no tenemos munición nuclear para mortero».

Kofman duda de que actualmente haya municiones guiadas disponibles para el 2C4. «En la década de 1980 se invirtió en el desarrollo de municiones guiadas para estos morteros», decía Kofman. «Soy escéptico en cuanto a que queden reservas de PGM (Precision Guided Munitions [municiones guiadas de precisión]) para este sistema de mortero».

Aunque puede que tras el colapso de la URSS hayan disminuido las reservas de PGM para el mortero 2C4, de 240 milímetros  el nuevo sistema de control de fuego de estos vehículos les permitirá utilizar una munición más nueva y mejor.

Mortero autopropulsado 2C4 Tulip desplegado en posición de tiro. Foto de Wikimedia

«Lo cual le proporcionará una mayor precisión a más largo alcance, y esto lo convierte en uno de los sistemas de artillería de campaña más potentes ─aunque con un alcance relativamente corto─».

Aunque el mortero autopropulsado 2C4 se desarrolló inicialmente como arma con capacidad nuclear, resulta muy poco probable que el Kremlin vuelva a utilizar tal capacidad alguna vez. En la era moderna existen formas mucho mejores de lanzar un arma nuclear que no estaban disponibles en la década de 1960 cuando se desarrolló el Tulip.

«Dudo que quede alguna cabeza nuclear asignada operativamente a este sistema, o que la dotación aún tenga entrenamiento para lanzar armas nucleares», decía Kofman. «Recordemos que en realidad esta fue una creación de las décadas de 1960 y 70 cuando todo era nuclear». Como señalaba Kofman, la capacidad nuclear requería algo más que la capacidad física para lanzar un arma nuclear. «Para realizar una misión nuclear has de disponer del mando y control, el entrenamiento, etc. que te permita llevar a cabo un lanzamiento nuclear» , decía Kofman.

Como tal, el Tulip ya no es una plataforma de armas nucleares, pero supone una reincoporación muy capaz para las Fuerzas Terrestres Rusas.

La verdadera razón de Rusia quiere nuevos misiles y armas hipersónicas

Por Dave Majumdar - The National Interest - Tradución Desarrollo y Defensa

Rusia está comenzando a alejarse de sus armas nucleares no estratégicas y comienza a operar nuevas armas guiadas de precisión de largo alcance como el misil de crucero Kalibr. Eventualmente, los rusos esperan usar armas hipersónicas de largo alcance para la disuasión convencional.

"Debido al ímpetu adquirido en las armas de alta precisión y la investigación actual en misiles hipersónicos, la parte principal de las tareas de disuasión estratégica puede ser la transferencia de la esfera nuclear a la no nuclear", dijo el jefe del estado mayor general de Rusia, Valery Gerasimov en la sesión de la junta del 7 de noviembre en el Ministerio de Defensa .

Según lo predicho por muchos analistas que se concentran en el ejército ruso, el Kremlin se está alejando de sus armas nucleares a medida que mejoran sus capacidades de ataque convencional de largo alcance. "Las fuerzas de disuasión no nucleares han ganado un gran impulso", dijo Gerasimov.

"En los últimos cinco años, las Fuerzas Armadas han logrado avances en armas de gran precisión y largo alcance. Se están suministrando los sistemas de misiles Iskander-M, buques de guerra submarinos y de superficie con los sistemas de misiles Kalibr. El avión de largo alcance se está modernizando para operar el nuevo misil de crucero Kh-101 ".

Durante la década de 1990 y principios de 2000, especialmente después de la intervención de la OTAN en Kosovo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia desarrolló una doctrina en la que usaría armas nucleares primero para "desescalar" un conflicto. La estrategia fue adoptada en 2000, aunque según la Agencia Central de Inteligencia, la doctrina se originó en 1997. La idea era que la amenaza de una represalia nuclear defensiva limitada contra incluso un agresor convencional forzaría a esa fuerza atacante a retroceder.

"La estrategia de desescalada de Rusia proporciona en su lugar infligir 'daños a medida', definido como 'daño [que es] subjetivamente inaceptable para el oponente [y] excede los beneficios que el agresor espera obtener como resultado del uso de la fuerza militar, ''escribió Nikolai Sokov en el Boletín del científico atómico en 2014. "La eficacia de los daños amenazantes a medida asume una asimetría en las apuestas de un conflicto".

Mientras que la estrategia de desescalamiento de Rusia no se hizo ampliamente conocida en Occidente hasta la publicación de la Doctrina Militar 2010 del Kremlin , ese documento en realidad aumentó el umbral de Moscú para el uso de armas nucleares. "Mientras que el documento de 2000 permitió su uso 'en situaciones críticas para la seguridad nacional' de Rusia, en la edición de 2010 los limitó a situaciones en las que 'la propia existencia del estado está bajo amenaza'", escribió Sokov.

Sin embargo, Rusia solo tenía la intención de utilizar la doctrina de la desescalada hasta que pudiera reconstruir sus fuerzas convencionales y desarrollar armas guiadas de precisión de largo alcance, como señaló la CIA en su informe, que data del año 2000. De hecho, como señaló Sokov,  en Rusia la doctrina militar del 2000 " se caracterizó por el uso limitado de armas nucleares como una medida provisional en la que se puede confiar hasta que Rusia pueda desarrollar una capacidad de ataque convencional más moderna".

Los rusos parecen haber comenzado a alejarse de su dependencia de las armas nucleares ya en 2013, donde los ejercicios de Zapad de ese año no contaron con esas armas. "Esto sugiere que Moscú ha ganado más confianza en sus capacidades convencionales", escribió Sokov. "A medida que estas capacidades continúen mejorando, es probable que Rusia dependa menos de sus armas nucleares ".

Se ha demostrado que Sokov es correcto, como lo demuestra el discurso de Gerasimov. El ejército ruso se está alejando de su dependencia de las armas nucleares, lo cual solo puede ser algo bueno.

La planta de tratamiento de Punta Lara ya recibe a los primeros camiones de basura

Por Fabián Debesa - Clarin.com

Cuando funcione a pleno, permitirá recuperar el 63% de los residuos urbanos de La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y Brandsen.

La nueva planta del CEAMSE en Ensenada recibió las primeras 30 toneladas de basura. Cuando funcione a pleno recibirá hasta 900 toneladas por día. (Mauricio Nievas)

Parecía que la escena nunca llegaría: pero un día, los camiones repletos de restos urbanos recogidos en las calles de La Plata comenzaron a depositar las bolsas en una nueva planta de tratamiento que reemplazará y determinará el cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara.

Fue necesaria una inversión de $ 300 millones, 11 años de litigio y peleas en la Justicia y varias propuestas fallidas o desechadas. Al final de ese extenso recorrido, en el inmenso galpón que contiene al sistema de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) los operarios de la CEAMSE comenzaron el proceso de disposición de las primeras 30 toneladas de basura.

La planta recibirá hasta un máximo de 900 toneladas por día de residuos domiciliarios. Son los que produce la capital bonaerense y las ciudades de la región. Y son las que ahora van a parar al relleno que está a pocos metros de la flamante TMB, en el camino que une el centro de La Plata con el balneario de Punta Lara, en el partido de Ensenada.

En la planta se separarán los materiales reciclables de la fracción orgánica. (Mauricio Nievas)

Las autoridades de CEAMSE explicaron que en tres meses la planta estará a pleno. Por ahora se incorporarán entre 30 y 40 toneladas por semana, para ajustar detalles de funcionamiento de los equipos. El contenido de los volquetes atraviesa por un proceso mecánico de separación, que permite la extracción de los materiales reciclables factibles de ser reinsertados en el circuito productivo y por otro lado, queda la fracción orgánica. Este segmento orgánico será destinado a un tratamiento biológico de descomposición aeróbica que permitirá la obtención de material bioestabilizado y eventualmente compost.

Luego de esta etapa, con los residuos materiales con elevado poder calorífico se prevé la elaboración de combustible derivado de residuos (CDR), que puede ser utilizado por la industria a fin de sustituir el uso de combustibles fósiles.

En el estadio final, los residuos que no hayan podido ser utilizados (básicamente materiales inertes), serán enfardados envueltos con film para la recuperación de canteras. “Con esta tecnología se recupera el 63% de los restos urbanos. La generación de basura es un problema en el que el Estado debe aportar una solución. Esta planta es un salto de calidad en el tratamiento de la basura”, explicó el presidente del CEAMSE, Gustavo Coria.

La planta recibirá residuos generados en La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y Brandsen. (Mauricio Nievas)

La Región Capital se convertirá en la primera a nivel nacional que realiza el tratamiento del 100 % de los restos hogareños y urbanos. Esto permitirá clausurar el relleno a cielo abierto que funcionó por casi medio siglo. A mediados de la década pasada, un planteo judicial de una ONG derivó en el pedido de cierre del complejo. El caso llegó a la Corte Suprema y los jueces avanzaron en un plan que se demoró, porque no encontraban sitios para instalar la planta de reciclado. Al final en intendente de Ensenada aceptó y ahora se inauguró.

En la capital bonaerense habrá un nuevo régimen de recolección. El Concejo Deliberante aprobó un proyecto del pliego para el servicio que el intendente Julio Garro se propone aplicar en julio del año que viene. El sistema divide a la ciudad en dos zonas para la recolección y el barrido e incorpora contenedores. También extiende a todo el partido el sistema de la “bolsa verde”.

La apertura de esta planta permitirá cerrar el relleno sanitario de Ensenada. (Mauricio Nievas)

Según el diagrama propuesto, el servicio -hoy a cargo de Esur- podrá ser prestado por una o más empresas. Y el contrato será por ocho años con posibilidad de prórroga.

Ocho toneladas de marihuana fueron incautadas en una semana

(La Nación) - Las fuerzas federales concretaron varios procedimientos en Misiones durante los últimos días y se alcanzaría un récord anual de decomisos en esa provincia.

A partir de varios operativos especiales y controles de ruta, las fuerzas federales incautaron durante la última semana más de ocho toneladas de marihuana en Misiones. Se trata de una cifra importante de decomisos, más si se toma en cuenta que entre enero y noviembre pasado se había registrado el secuestro de 90 toneladas de marihuana en todo el país. En ese período, las capturas de marihuana en Misiones combinadas con los decomisos en Corrientes sumaron 63 de esas 90 toneladas incautadas en la Argentina. Con esos datos cobran mayor relevancia los procedimientos realizados en los últimos días en Misiones.

Uno de esos operativos fue concretado por el Escuadrón 50 Posadas, de la Gendarmería, cuyos efectivos interceptaron un vehículo de transporte Ford 700. Al verificarse la carga, los gendarmes descubrieron un embarque de 3091 kilogramos de marihuana.

Una patrulla de Gendarmería incautó 3091 kilos de marihuana en Posadas. Foto: Gentileza.

Una similar cantidad de cannabis había sido decomisada pocos días antes en las cercanías de la localidad misionera de Candelaria, donde una investigación de la Gendarmería permitió la captura de un cargamento de droga y el arresto de 15 sospechosos. Esa organización criminal escondía la droga en despachos de madera con destino a Buenos Aires. La pesquisa fue iniciada tras el decomiso en Buenos Aires durante 2016 de un camión con 2500 kilogramos de marihuana. Los investigadores estiman que todo el clan narco fue detenido en los allanamientos realizados en los últimos días en Misiones.

En tanto, el Escuadrón Eldorado consiguió la captura de 972 kilogramos de marihuana en la localidad de Colonia Victoria. Una patrulla de gendarmes detectó la sospechosa presencia de una camioneta Chevrolet S10 en un sendero poco transitado. El conductor abandonó el vehículo al visualizar al personal de Gendarmería y dejó en ese lugar la carga de marihuana que estaba dispuesta en la caja de la camioneta y amontonada, incluso, dentro de la cabina.

En una camioneta también fue encontrado un embarque de 740 kilogramos de marihuana, decomisado por una patrulla de la Prefectura a la vera del río Paraná, cerca de la localidad de Puerto Libertad.

"Este histórico decomiso de droga fue posible por la vocación y el profesionalismo de las fuerzas federales, que patrullan todos días la zona de frontera para prevenir los delitos complejos y luchar contra el narcotráfico", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a los casos de recientes incautaciones de marihuana en Misiones.

Golpes importantes

Durante este año se concretaron al menor tres procedimientos en localidades misioneras que representaron capturas superiores a las cuatro toneladas de drogas. Ese fue el peso, por ejemplo, de uno de los cargamentos detectados en Posadas, mientras que en la zona de Campo Grande se concretó el decomiso de un embarque de 4512 kilogramos de cannabis.

El cargamento más importante de marihuana secuestrado en Misiones durante este año por las fuerzas federales fue registrado con un peso de 6060 kilogramos, en un operativo realizado en la ciudad de Oberá.

Sin embargo, el mayor decomiso de marihuana en Misiones fue conseguido el mes pasado por la policía de esa provincia. Más de ocho toneladas de marihuana fueron incautadas en un procedimiento llevado adelante por cien agentes antidrogas que lograron el arresto de un clan familiar que manejaba la circulación de la marihuana en la localidad de Montecarlo.

Estudian opciones para reducir los litigios

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Habrá un nuevo estatuto para los abogados del Estado; fuerte depuración.

El Gobierno busca reaccionar a la "bola de nieve" que crece año a año por las demandas judiciales contra el Estado y que constituye una contingencia multimillonaria para las arcas estatales. De acuerdo con el Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), en la última década se acumularon unos 100.000 procesos por año, un número que despertó la alerta y activó una depuración.

El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, realizó auditorías para conocer la real dimensión del conflicto y determinó que el sistema tiene problemas endémicos.

La primera medida que dispuso para reducir la litigiosidad fue depurar aquellos juicios que estaban en condiciones de cerrarse, ya sea porque estuvieron paralizados por varios años y debían prescribir, o porque estaban archivados o caducos. Según fuentes oficiales, en el segundo semestre de este año, se "limpiaron" unos 13.000 expedientes por mes debido a este concepto.

Otra de las medidas que impulsa la Procuración del Tesoro (PTN) es modificar los procedimientos en las carteras litigiosas. El Gobierno tiene 132 servicios jurídicos repartidos en las dependencias públicas, mientras que el Cuerpo de Abogados del Estado, que depende de la PTN, cuenta con más de 3500 abogados, repartidos en todo el país. A pesar de ese plantel, muchas veces en las provincias tercerizaron los servicios con estudios y letrados privados que movieron los expedientes respondiendo a intereses particulares .

"Los abogados podían quedar enredados en favores políticos e impulsar los expedientes al infinito, para garantizar sus honorarios. Eso atenta contra las cuentas públicas", dijo a LA NACION un funcionario que sigue de cerca el conflicto. Una de las medidas que prevé el Gobierno para desincentivar los juicios es, justamente, evitar la tercerización de las defensas. Toda contratación de estudios externos deberá estar debidamente justificada.

Un gasto significativo para la administración pública son los honorarios de los abogados que representan a la Argentina en los estrados internacionales. De acuerdo con información pública a la que accedió este medio, hay 16 estudios jurídicos contratados en el exterior, encabezados por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, de Nueva York, que recibió US$ 168,85 millones por la disputa contra los acreedores de la deuda en default.

El Gobierno también busca la manera de evitar que los propios abogados del Estado puedan recibir honorarios por fuera de su sueldo como empleados públicos. La PTN anunció que reimplantará una Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado y elaborará un nuevo estatuto, más estricto, que alcance a todos los letrados oficiales.

Otra de las medidas en marcha es la creación de un Observatorio de la Litigiosidad, que detecte a tiempo potenciales procesos económicamente ruinosos para el Estado. En ese camino, el reciente pacto fiscal con las provincias fue un paliativo ante el rojo que representa la deuda potencial por procesos judiciales pendientes.

Uno de los puntos del acuerdo implicó que todas las provincias (menos San Luis) accedan a desistir de los juicios contra el gobierno nacional. Eso redujo la contingencia en $ 340.000 millones en el caso de las provincias, más los $ 400.000 millones que reclamaba María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.

El Estado también estudia alternativas para anticiparse a futuros juicios, detectando tendencias problemáticas, como el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa. Esos conceptos no se contabilizan para el cálculo de la futura jubilación ni de una eventual indemnización en caso de despido y conducen a una derrota casi segura en un estrado.

Las demandas internacionales, el tramo más costoso

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Son 19 juicios en el Ciadi, la ICC y la justicia de Nueva York por US$ 6200 millones; las estatizaciones de Aerolíneas e YPF, las más graves.

Pocas veces el presidente Mauricio Macri mostró su enojo en público de manera tan clara como en la noche del 22 de julio pasado. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior [la gestión de Cristina Kirchner ] tuvo con Aerolíneas [Argentinas], el país fue condenado a pagar US$ 320 millones más intereses", escribió en la red social Twitter. El mensaje fue repetido más de 15.000 veces.

Poco tiempo antes, el Ciadi -un organismo del Banco Mundial encargado de dirimir pleitos entre Estados y empresas privadas- había obligado a la Argentina a pagar esa cifra por la estatización de la línea aérea de bandera al Grupo Marsans, cuyos principales directivos fueron condenados por la justicia española, en medio de un escándalo para el mundo privado. El mes pasado, el país pidió la anulación del laudo.

El encono de Macri fue la reacción visible de una preocupación que persigue al Gobierno desde el primer día de su llegada a la Casa Rosada: la herencia que dejó el kirchnerismo tiene en sus capítulos internacionales 19 demandas contra el país por US$ 6200 millones en tribunales externos como el propio Ciadi, la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la justicia de Nueva York, que le trae a la Argentina malos recuerdos recientes tras la derrota millonaria frente a los fondos buitre, y que integran una deuda total por juicios para el Estado por US$ 37.000 millones. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Desde la mirada del Gobierno, es un entuerto de difícil resolución. La administración de Macri sabe que debe pagar las sentencias dictadas por esos organismos. De lo contrario perdería credibilidad frente a los inversores internacionales, algo con lo que convivieron Néstor y Cristina Kirchner, pero resulta imposible para el modelo económico actual, que busca generar confianza en el mundo de manera que facilite la llegada de inversiones.

Hasta el momento, la estrategia del Gobierno fue pagar las sentencias, pero discutir al máximo los montos, que suelen fijarse en la etapa final de los litigios. Un ejemplo: pese al reclamo de US$ 157 millones de la alemana Hochtief por la concesión denominada Puentes del Litoral, a fines del año pasado el Ciadi obligó al país a pagar US$ 13,41 millones. El procurador del Tesoro de aquel momento, Carlos Balbín, lo vivió como un gran triunfo.

Un listado oficial de la Jefatura de Gabinete muestra que cinco de esos conflictos están en el Ciadi. Además de la querella por Aerolíneas, hay un reclamo de Abertis (una de las dueñas de Ausol) y la aseguradora Metlife. El Gobierno considera que se trata de casos cruciales, cuya representación no conviene delegar en estudios jurídicos. Por eso quedaron a cargo del Cuerpo de Abogados del Estado, que maneja la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Otros dos juicios en la justicia de Nueva York tienen inquieto al Gobierno. Se trata de demandas por la estatización de la petrolera YPF, en abril de 2012. Uno de los demandantes es el fondo Burford Capital, una especie de megabufete de abogados que compró la quiebra de algunas de las empresas con las que la familia Eskenazi organizó su ingreso en la compañía, a partir de 2008. Burford es quien patrocinó la demanda por Aerolíneas. El último pedido del Estado fue trasladar el pleito a tribunales locales.

Un reclamo similar planteó el fondo Eton Park, que tenía acciones en la petrolera bajo control estatal. Esa entidad mastica enojo contra el país desde que quedó afuera de la compra de la transportadora eléctrica Transener. La participación que pretendía quedó para la firma cordobesa Electroingenería, cercana al kirchnerismo, luego de que el entonces ministro de Planificación Julio De Vido vetara el ingreso de los extranjeros. En ambos casos, el estudio Skadden, Arps, Meagher & Flom Son tiene la defensa.

El Estado enfrenta juicios por un total de US$ 37.000 millones

Por Maia Jastreblansky, Pablo Fernández Blanco, María Belén Álvarez Echazú - LA NACION

El cálculo fue realizado por la Procuración del Tesoro nacional, en base a 2,2 millones de demandas activas; el monto representa un 61% más que el déficit fiscal previsto por el Gobierno para este año.

El procurador Saravia Frías, el día de su jura. Foto: Archivo.

Es, quizás, el capítulo más silencioso de la herencia recibida y una amenaza millonaria contra las cuentas públicas que acapara toda la atención del Gobierno. El Estado enfrenta 2.240.000 juicios en tribunales federales en instancias internacionales, que suman una contingencia potencial superior a los US$ 37.000 millones, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representa un 61% más que el déficit fiscal estimado para este año, un rojo por el cual Mauricio Macri movilizó a todos los ministerios para reducir gastos. Y es casi cuatro veces más que los US$ 9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.

Los procesos en contra del Estado incluyen desde causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre países y empresas.

El daño para el país se denomina "contingente", debido a que es imposible anticipar el resultado de un litigio. Se trata, sí, de estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Una parte de las demandas deriva de prácticas cuestionables del propio Estado. Entre ellas, el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación. Este es un riesgo latente de multiplicación de demandas.

En el lenguaje de los abogados, el hecho de que sea un daño contingente hace referencia a una previsión sin cifras del todo definidas. De todas maneras se trata de un pronóstico hecho por expertos de la manera más exacta posible, que ya fue presentado al Presidente.

La acumulación de demandas contra el Estado es en parte producto del accionar público a lo largo de décadas y de desprolijidades heredadas que permitieron que los expedientes se prolonguen sin orden lógico. Para ponerle un freno a esa rueda, la Procuración del Tesoro nacional dispuso este año realizar un relevamiento de expedientes, porque estaban desactualizados los sistemas donde los distintos servicios jurídicos ministeriales los asientan.

Después de varios meses de trabajo llegó a un diagnóstico de situación que considera realista. A partir de allí comenzó a depurar causas y a elaborar medidas correctivas. Fue una carrera contra el tiempo: mientras se sumaban unas 4000 nuevas demandas contra el Estado, la Procuración limpiaba a razón de 13.000 casos cada 30 días.

Según la respuesta a un pedido de información pública hecho por LA NACION a la Procuración, dentro de los miles de juicios que involucran al Estado hay 743 que revisten una especial preocupación para el Gobierno. Se trata de 119 casos "de relevancia económica" y otras 571 causas de "relevancia institucional". A esos se suman otros 53 casos que combinan ambas etiquetas.

Las cifras surgen de la base del Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), donde se cargan los procesos de todas las dependencias públicas, menos los de la Anses y los de la AFIP, dos grandes "bolsas" de expedientes que llevan un monitoreo propio.

Las fuentes oficiales confirmaron que los procesos "complejos", en rigor, podrían ascender a más de 1400. En paralelo, hay al menos 19 demandas en tribunales internacionales por unos US$ 6200 millones.

El ministerio que acumula más juicios "calientes" es el de Energía, hoy a cargo de Juan José Aranguren, con 308 procesos. Entre ellos, 194 amparos pedidos en 2016 por defensorías del pueblo, municipalidades y entidades sin fines de lucro producto del aumento de las tarifas eléctricas.

Otros tres expedientes, por ejemplo, son demandas por daños y perjuicios radicadas durante el kirchnerismo por Alcalis de la Patagonia, la productora de carbonato de sodio del Grupo Indalo, de Cristóbal López, por más de $ 155 millones.

El segundo puesto del ranking lo tiene Justicia. Allí recayeron, entre otras, las acciones impulsadas por Alejandro Fargosi contra los miembros del Consejo de la Magistratura sin título de abogado y el amparo del ex diputado Manuel Garrido para declarar la nulidad de los nombramientos de 57 conjueces durante el kirchnerismo.

En la tabla de organismos con más juicios complejos siguen el Banco Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Policía Federal, cuyos conflictos incluyen disputas con barrabravas e incluso los procesos contra los custodios del fallecido fiscal Alberto Nisman.

De estas demandas relevantes, 230 expedientes tienen un reclamo económico estimado, en pesos o en dólares. El más alto, y quizás el más extraño, lo constituye una demanda de una ONG paraguaya por US$ 150.000 millones en concepto de indemnización por los efectos del Tratado de la Triple Alianza, de 1865.

En el podio también se ubican dos iniciados por AFJP tras la creación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (tras la estatización de los fondos de pensiones), por más de US$ 90 millones cada uno, y un reclamo de La Pampa para obtener el pago del saldo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Muchos juicios tienen décadas. Uno de los litigios de mayor relevancia económica es el que inició Juan Claudio Chavanne, accionista del Banco de Hurlingham, quien reclama una reparación de US$ 25 millones al Banco Central por actas dictadas por la Junta Militar durante la última dictadura.

Dentro de las demandas en pesos, el podio de los juicios está encabezado por el reclamo de Córdoba por los descuentos sobre fondos de la coparticipación por $ 3.300 millones. Es posible que ese pleito se desestime por el acuerdo que alcanzó el Gobierno con las provincias.

Le siguen una causa por indemnización por daños y perjuicios de TBA (la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento, que estuvo involucrada en la tragedia de Once y a la que se le dictó la quiebra) y en tercer lugar la contrademanda del Correo Argentino al Estado, una empresa de la familia Macri.

Este medio también consultó al Ministerio de Hacienda por los pagos realizados por juicios. En los últimos 10 años, desde la primera presidencia de Cristina Kirchner hasta el presente, se desembolsaron unos $ 10.800 millones para saldar deudas derivadas de litigios.

De ese monto, $ 6.026 millones obedecieron a erogaciones del Servicio de Deuda Pública, mientras que $ 1.300 millones, aproximadamente, fueron pagos de la Policía Federal Argentina, que acumula muchas deudas con efectivos retirados que reclaman que se incluyan distintos conceptos de sus salarios a su jubilación. Una situación similar ocurre con las Fuerzas Armadas, que en la última década debieron pagar más de $ 500 millones por ese concepto.

Con la colaboración de Romina Colman y LN Data

SR-71: ¿Por qué es el avión más rápido del mundo esta en un museo?

Por Dave Majumdar - The National Interest - Traducción Desarrollo y Defensa

Capaz de navegar a velocidades superiores a Mach 3.2, el Lockheed SR-71 Blackbird fue el avión tripulado que más rápido volaba y que vió el servicio operativo. Pero a pesar de que su rendimiento nunca ha sido igualado, el SR-71 se retiró cuando la Guerra Fría llegaba a su fin.

El Blackbird fue inicialmente retirado en 1990, incluso antes de la caída de la Unión Soviética. Eventualmente, sin embargo, tres de los jets fueron reactivados por la Fuerza Aérea, por insistencia del Congreso, por un breve período entre 1995 y 1998. Mientras tanto, la NASA realizó misiones de investigación con el avión hasta 1999. Al final, el "Mirlo" fue retirado. sin un verdadero reemplazo. ¿Pero por qué?

En última instancia, mientras que el SR-71 ofrecía un rendimiento sin precedentes, fueron sus costos operativos los que condenaron al Blackbird a la jubilación anticipada. Además, la Fuerza Aérea de los EE. UU. tenía dudas sobre la capacidad de supervivencia de la aeronave frente a una nueva generación de defensas e interceptores soviéticos (y luego rusos), como el SA-10 Grumble (y otros avanzados S-300) y los MiG-31 Foxhounds. De hecho, la Fuerza Aérea se resistió activamente a los intentos del Congreso de revivir el programa durante la década de 1990 debido a esas mismas razones.

Como lo informó el Los Angeles Times en 1989, "La decisión de la Fuerza Aérea de retirar a los Blackbirds en 1990 se basa en varios factores. En testimonio del Congreso, el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general Larry D. Welch, identificó la mayor capacidad de supervivencia de los satélites de reconocimiento, la vulnerabilidad SR-71 al misil tierra-aire soviético SAM-5 y el costo de mantenimiento de la flota SR-71. El factor de costo es el más significativo para la Fuerza Aérea porque limita los gastos en otras áreas. El secretario de la Fuerza Aérea de la Administración Reagan, Edward C. Aldridge Jr., estimó que el dinero utilizado para operar la flota SR-71 podría operar y mantener dos alas tácticas de combate ".

De hecho, según algunas versiones, el SR-71 cuesta tanto como $ 200.000 por hora para operar cuando se contabilizaron todos sus gastos secundarios. Parte de ese costo provino del hecho de que era una pequeña flota especializada. Debido a la pequeña cantidad de aviones construidos, treinta y dos, y su diseño único, el SR-71 era un devorador del mantenimiento. También requirió un tren logístico especializado, particularmente para su combustible exótico, que costaba $ 18.000 por hora en dólares de 1989.

El combustible JP-7 del SR-71, que también debía transportarse a bordo de los petroleros KC-135Q para reabastecer el Blackbird, fue diseñado para ser un combustible seguro y de alto punto de inflamación que no se vaporizaría ni explotaría bajo condiciones extremas de calor y presión. Tenía tan poca volatilidad que supuestamente podría extinguirse un fósforo en un charco de JP-7. Pero eso también significaba que el combustible era difícil de encender usando los sistemas de convención, lo que significaba que Lockheed tenía que desarrollar un sistema de encendido químico basado en trietilobar para los motores del SR-71, lo que aumentaba la complejidad y los costos de mantenimiento del jet.

A medida que los presupuestos de la Fuerza Aérea disminuyeron hacia el final de la Guerra Fría, el servicio ya no pudo justificar el mantenimiento del costoso SR-71 en su inventario, especialmente cuando comenzaron a surgir nuevas amenazas. El servicio esperaba que una combinación de satélites y otros medios técnicos reemplazaran al venerable jet. 

Uno de esos nuevos sistemas fue el sigiloso drone de reconocimiento Lockheed Martin RQ-3 DarkStar , que fue cancelado en 1999. Pero mientras el RQ-3 fue cancelado, la Fuerza Aérea continuó desarrollando una capacidad de reconocimiento de espacio aéreo Nivel 3 de secreto, lo que resultó en la aparición del Lockheed Martin RQ-170 Sentinel y supuestamente del avión no tripulado Northrop Grumman RQ-180. 

Si el RQ-180 existe, efectivamente reemplaza cualquier brecha de capacidad creada por la ausencia del Blackbird SR-71.

Japón adquirirá misiles capaces de alcanzar Corea del Norte

(Hispantv) - Japón tiene previsto adquirir misiles de crucero y de mediano alcance lanzados desde el aire, capaces de atacar a Corea del Norte.

Un misil de crucero de alta precisión JASSM-ER, diseñado por la compañía estadounidense Lockheed Martin.

     

El ministro de Defensa japonés, Itsunori Onodera, no se ha referido a Corea del Norte cuando ha anunciado este viernes sobre la nueva adquisición de misiles, y ha afirmado que los nuevos misiles serían para defensa nacional.

“Tenemos planeando introducir el JSM (Joint Strike Missile) que se instalará en el F-35A (caza furtivo) como los misiles de lanzamiento a distancia que pueden dispararse más allá del alcance de las amenazas de los enemigos”, ha subrayado Onodera en una conferencia de prensa, según la agencia británica de noticias Reuters.

En este contexto, ha explicado que Tokio también va a equipar su flota de cazas tácticos F-15 con los misiles de crucero de alta precisión estadounidenses JASSM-ER, de tipo aire-tierra. Los misiles en cuestión son capaces de alcanzar objetivos a una distancia de unos 1000 kilómetros.

Tenemos planeando introducir el JSM (Joint Strike Missile) que se instalará en el F-35A (caza furtivo) como los misiles de lanzamiento a distancia que pueden dispararse más allá del alcance de las amenazas de los enemigos”, subraya el ministro de Defensa japonés, Itsunori Onodera. 

En plena tensión nuclear en la península coreana, EE.UU. venderá a Japón tres aviones de espionaje Global Hawk para que vigile los movimientos de Pyongyang.

Los misiles JSM, diseñados por la compañía noruega Kongsberg Aeroespacial y de Defensa (KDA por sus siglas en inglés) pueden alcanzar objetivos terrestres y barcos a una distancia de hasta 500 kilómetros.

Actualmente, Japón se adhiere a las restricciones sobre armas ofensivas y tiene en su arsenal misiles antiaéreos y antibuque con alcances de menos de 300 kilómetros.

Esta medida de Japón podría estar relacionada con el aumento de las tensiones en la península coreana, después de que Pyongyang probara el pasado 28 de noviembre un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) Hwasong-15 que cayó cerca del territorio japonés.

El pasado 4 de diciembre, el premier de Japón, Shinzo Abe, en declaraciones ante el Parlamento, calificó de “sin sentido” dialogar con Corea del Norte, y llamó a incrementar la presión a Pyongyang para que desista de su programa nuclear.

Brexit: Londres y Bruselas logran finalmente acordar su divorcio

Por Idafe Martín - Clarin.com

La Comisión Europea y el gobierno británico consensuaron los detalles del proceso que sacará a reino de la UE el 29 de marzo de 2019.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncke (2º der.), y el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier (der.), se reúnen con la primera ministra británica, Theresa May (2º izq.), y el ministro británico para la Salida de la Unión Europea, David Davis (izq.), en la Comisión Europea en Bruselas./EFE

534 días después de que los ciudadanos británicos votaran en referéndum sacar a su país de la Unión Europea (Brexit) y 249 días después de que su gobierno activara legalmente esa salida, Londres capituló.

La Comisión Europea y el gobierno británico anunciaron este viernes que acordaron los detalles del divorcio que deberá sacar al Reino Unido del bloque europeo el 29 de marzo de 2019. En el año largo que falta hasta esa fecha deberá acordarse la parte más complicada: un período transitorio de dos años, un acuerdo comercial y la futura relación.

El presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, que presentará el acuerdo a los otros 27 gobiernos del bloque para que le den su visto bueno en la cumbre europea de la próxima semana, dijo esta mañana que se ha perdido demasiado tiempo en la parte más fácil de la negociación: “romper es difícil, pero romper y construir una nueva relación es mucho más difícil”.

Esa relación futura, explicó el negociador europeo Michel Barnier, dadas las líneas rojas que mantiene Londres, no será más estrecha que la que logró un país como Canadá con el acuerdo comercial firmado el año pasado o la que podrían lograr los países de Mercosur con el acuerdo que se está negociando. Londres, aunque mantenga un discurso contrario, no tendrá ningún tipo de relación especial con los europeos.

La primera ministra británica Theresa May, que llegó a Bruselas de madrugada, dijo: “hemos hecho grandes esfuerzos en ambos lados y el acuerdo permite empezar a negociar la futura relación”. El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker dijo entonces las palabras mágicas: “recomendamos al Consejo Europeo (a los gobiernos) que acepte que hay progresos suficientes en la negociación para pasar a la siguiente fase”.

La primera ministrá británica, Theresa May, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tuks, fotografiados este viernes en Bruselas, Bélgica./ Dpa

Bruselas no cedió en nada. Londres terminó por aceptar todo ante el temor a que una ruptura sin acuerdo la privara del mercado al que van casi la mitad de las exportaciones y rompiera las relaciones, cuando su economía, una de las que menos crece en Europa, empieza a notar las consecuencias de la incertidumbre por su fuga de Europa. El no acuerdo hubiera llevado a situaciones disruptivas como que las aerolíneas británicas no pudieran volar a Europa o que las conexiones eléctricas bajo el Canal de la Mancha fueran desconectadas.

Qué se acordó

El gobierno británico pagará una factura de salida y garantizará que no habrá una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Las imposiciones europeas llegan hasta los detalles. Esa factura se pagará en euros.

Londres respetará todos los derechos que tienen actualmente los 3,2 millones de europeos residentes en el Reino Unido. Esos derechos estarán vigilados por el Tribunal de Justicia de la UE, que tendrá primacía sobre los tribunales británicos. Y los jueces británicos, contra la idea de Londres, podrán, durante ocho años a partir de marzo de 2019, elevar cuestiones judiciales al tribunal europeo.

El texto no garantiza a los 1,2 millones de ciudadanos británicos residentes en el resto de Europa que podrán seguir disfrutando de la libre circulación de personas por el continente. En principio tendrán que pedir permisos de residencia en el país en el que residan a fecha de marzo de 2019, pero tanto Bruselas como Londres se comprometieron a revisar ese apartado del acuerdo.

Por exigencia europea, Londres incluirá en su legislación las garantías a los ciudadanos europeos y deberá crear un organismo independiente del poder ejecutivo que vigilará que se cumplen los términos del divorcio.

Las concesiones británicas llegan a todos los aspectos. En el período transitorio que seguirá al ‘Brexit’, entre marzo de 2019 y marzo de 2021, el gobierno británico cumplirá todas las normas de la UE como si todavía fuera un Estado miembro del bloque y seguirá pagando su contribución a los presupuestos europeos. Todo eso sin tener ya ni voz ni voto en las decisiones europeas.

Hasta hace meses, miembros del gobierno de May dijeron que no pagarían ninguna factura de salida y, aunque el acuerdo de hoy no prevé el monto, sí establece una forma de cálculo que llevará esa factura, según fuentes de la Comisión Europea, a entre 40.000 y 45.000 millones de euros, más del doble de los 20.000 millones propuestos por May hace dos meses.

Además, se añadirán otros 20.000 millones, la contribución neta del Reino Unido a los presupuestos europeos en los dos años siguientes a la salida. La cifra total pasará así de los 60.000 millones de euros, la misma que había dado extraoficialmente la Comisión Europea hace casi un año.

Londres también había dicho que el ‘Brexit’ sería total, que no tenía intención de seguir siendo miembro del mercado común europeo y por lo tanto de aceptar toda su normativa. Pero el acuerdo abre la puerta a rectificar también esa intención.

La cuestión irlandesa

Asegura literalmente, en cuanto al compromiso de que no haya una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte, que “si el Reino Unido no puede encontrar soluciones específicas al asunto de Irlanda, mantendrá un completo alineamiento con las normas de la Unión Aduanera y el Merco Común que sostienen la cooperación entre el norte y el sur de Irlanda”.

La no frontera física en la isla de Irlanda fue el último obstáculo y en las negociaciones entraron también el primer ministro irlandés Leo Varadkar y Arlene Foster, líder del partido norirlandés DUP, unionista y sostén de la mayoría parlamentaria de May. Ambos dieron su visto bueno al acuerdo, que lleva al diablo metido en los detalles porque nadie sabe, ni en Londres, ni en Dublin, ni en Belfast ni en Bruselas cómo se podrá gestionar una frontera sin frontera ni controles a personas ni trámites aduaneros.

Esa parte del acuerdo era una de las prioridades europeas y una línea roja para el gobierno irlandés, que tenía el apoyo del resto de los gobiernos europeos. La creación de una frontera terrestre tradicional hubiera amenazado los ‘Acuerdos del Viernes Santo’ de 1998, los que acabaron con el terrorismo en Irlanda del Norte tras décadas de violencia y más de 3.500 muertos.

El acuerdo en Bruselas evitará el restablecimiento de una frontera estricta en la isla, clave para sus economías, y los ciudadanos norirlandeses seguirán teniendo derecho a la nacionalidad irlandesa y comunitaria, como establece el acuerdo de paz.

Eurnekian manejaría también el aeropuerto de El Palomar

(Clarin.com) - Transporte sacaría un decreto en los próximos días. Desde allí saldrán las "low cost".

Obras de ampliación y remodelación en la Base Aérea de El Palomar para la llegada de las aerolíneas low cost.

El Gobierno le daría a Eduardo Eurnekian el manejo del aeropuerto de El Palomar para que sume a la concesión de Aeropuertos Argentina 2000. Es la terminal aérea que está renovando el Ministerio de Transporte de la Nación para que desde allí empiecen a operar desde enero las aerolíneas low cost. La terminal se transformará en una base de usos mixtos para vuelos civiles y militares.

El Gobierno ya empezó a reacondicionar hangares, ampliar la plataforma y en principio utilizarán parte de las instalaciones que fueron usadas en 2010 cuando El Palomar tomó algunos vuelos de Aeroparque, que había cerrado por obras de remodelación.

Según publicó la agencia Bloomberg, la administración de Mauricio Macri estaría por publicar un decreto esta semana incorporando a El Palomar al sistema nacional de aeropuertos, cuya concesión está en manos de Corporación América, de Eurnekian. El ministerio de Transporte confirmó el plan para que el empresario opere el aeropuerto, aunque no especificaron fechas.

Hace unos días, Transporte decidió que el Gobierno no iba a ejercer la opción de una rescisión temprana de la concesión de los 33 aeropuertos y la garantizó a Eurnekian la operación de las terminales hasta 2028.

¿Cómo nos afectan los conflictos?

Por Rosendo Fraga - Clarin.com

"Tendencias Globales” es un informe que realiza el Consejo Nacional de Inteligencia (CIN) de los EE.UU. definiendo el mundo como será dieciocho años más adelante, presentando este año el de 2035. El organismo define la visión de largo plazo sobre la cual los servicios de inteligencia, y en alguna medida la Administración en su conjunto, definen sus estrategias. Se presenta coincidiendo con el cambio de Administración y el reciente es el sexto.

Presenta como síntesis del futuro: los ricos están envejeciendo, los pobres no; la economía mundial está cambiando y el débil crecimiento persistirá en el corto plazo; la tecnología está acelerando el progreso, pero está causando conflictos y discontinuidades; ideas e identidades están impulsando una ola de conflictos de exclusión, dentro y fuera de los estados; gobernar es y será más difícil; la naturaleza del conflicto está cambiando, a los estados les será cada vez más difícil dar prosperidad y seguridad a sus sociedades y los temas de cambio climático, medio ambiente y salud requerirán mayor atención.

En la visión del CIN, “entre los estados, el momento unipolar de la posguerra ha pasado y las reglas post-1945 basadas en el orden internacional pueden desvanecerse también”.

Define una serie de tendencias que “transforman el paisaje global”. Sostiene que convergerán a una velocidad sin precedentes en los próximos veinte años, aumentarán número y complejidad de cuestiones, como ataques cibernéticos, terrorismo y condiciones climáticas extremas.

Los cambios tecnológicos tensionarán el trabajo, el bienestar y la estabilidad social. Dichas tendencias son: 

a) Los países ricos, están envejeciendo, los pobres no. 

b) Los patrones laborales y de bienestar van a cambiar drásticamente, tanto en los países de rápido envejecimiento, como en los crónicamente jóvenes, donde los conflictos serán mayores. 

c) La urbanización aumentará y para 2050 dos tercios de la población vivirán en ciudades. La gente en edad de trabajar crecerá más en África y Asia Meridional y especialmente en la India y bajará en Europa y China. 

d) Aumentará el movimiento de las poblaciones y seguirá siendo alto durante las próximas dos décadas. Hoy los migrantes internacionales son 244 millones y los desplazados 65. 

e) Aumentará el porcentaje de hombres sobre la población, incrementándose el aborto selectivo. Esta tendencia se destaca en India, China y Asia Oriental. 

f) La economía global está cambiando; países desarrollados y en desarrollo serán presionados para identificar nuevos servicios, sectores y ocupaciones para reemplazar los que sustituye la industria automatizada y otras tecnologías. 

g) Desde 1990, la pobreza extrema ha bajado del 35 al 10%, pero salir de la pobreza aumenta expectativas y ansiedades sobre el futuro 

h) Las clases medias seguirán siendo castigadas, con salarios estancados en EE.UU. y Europa, para aumentar la rentabilidad y la competitividad.

Sostiene que “las crisis financieras, la erosión de la clase media y la mayor conciencia pública de la desigualdad de ingresos han alimentado el sentimiento en Occidente de que los costos de la liberalización del comercio superan los beneficios”.

Agrega que la tecnología complica las perspectivas de largo plazo, disminuyendo la población en edad de trabajar y al mismo tiempo, habrá que lidiar con la disminución de puestos de trabajo. La automatización, la inteligencia artificial y otras innovaciones amenazan la existencia de vastas franjas de trabajo, incluyendo en la fabricación de alta tecnología y los trabajadores de “cuello blanco”. Cada vez será más difícil aumentar la productividad en los países ricos y se desvanecen los efectos “post-1945” que la impulsaron, el crecimiento demográfico, la mejora de la eficiencia y la inversión. Por el estancamiento salarial, los recursos fiscales basados en el ingreso personal crecerán menos que la economía.

Un mundo interconectado continuará aumentando, y no reduciendo, las diferencias sobre ideas e identidades. Considera que el populismo aumentará en las próximas dos décadas si se mantienen las actuales tendencias demográficas, económicas y de gobernabilidad. Aumentará también la tendencia a los conflictos de exclusión por identidades nacionales y religiosas, a medida que la interacción entre tecnología y cultura se acelere.

Los líderes políticos recurrirán cada vez más a la identidad para movilizar partidarios y consolidar el poder político. Se seguirán erosionando las tradiciones de diversidad y tolerancia asociadas a EE.UU. y Europa, amenazando el atractivo de sus ideales. China y Rusia tratarán de afianzar su control autoritario, usando para ello el nacionalismo y la supuesta amenaza de Occidente, impulsando también conflictos de identidad y tensiones entre etnias y comunidades en África, Oriente Medio y Asia del Sur.

La “Paradoja del Progreso” es el título del documento, que finaliza planteando que para enfrentar estos desafíos, los países deberán invertir en infraestructura, conocimiento y relaciones que les permitan manejar los impactos ya sean económicos, ambientales, sociales o cibernéticos. En el caso concreto de Argentina, los conflictos por la “identidad” que se mencionan, ya tienen una manifestación con el problema mapuche. La necesidad de invertir en conocimiento, implica que no sólo puede dejarse librado a los emprendedores resolverlo, sino que implica por parte del Estado reforzar su rol en áreas donde nuestro país tiene ventaja en la región, como es la tecnología nuclear y satelital. Invertir en infraestructura, implica un plan de largo plazo, dando prioridad a la articulación Atlántico-Pacífico y las vías transversales a lo largo de América del Sur.

La inversión en relaciones, implica una renovada visión hacia los países medianos, donde se están dando grandes transformaciones y la Argentina tiene un amplio campo de posibilidades. Se debe asumir también que el espacio, el mar y los polos, serán áreas de creciente conflicto geopolítico y esto es relevante para los intereses argentinos de largo plazo.

Rosendo Fraga es presidente del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

En un fallo histórico, la Corte ordenó que vuelva a correr el río Atuel en La Pampa

Por Gustavo Laurnagaray - Clarin.com

Es un conflicto entre esa provincia y Mendoza. Dicen que las represas le quitaron caudal y se dañó el ecosistema.

Los Nihuiles, la represa que se construyó en 1947 en Mendoza habría “secado” el río en La Pampa. Foto: Los Andes

La Corte Suprema ordenó a la provincia de Mendoza fijar, junto a La Pampa, un caudal de agua en el río Atuel que recomponga el ecosistema en el noroeste pampeano. Ese caudal debe estar establecido en un plazo de 30 días. Además las dos provincias, junto a la Nación, deben diseñar un plan de obras en otros 120 días.

El fallo responde a un histórico reclamo de La Pampa por el corte del río Atuel, que comenzó hace más de un siglo, en la década de 1910 cuando las obras de particulares y las represas le quitaron caudal al río. Pero el golpe de gracia llegó en 1947 con la construcción de la represa Los Nihuiles en el sur de Mendoza. Allí el corte fue total y provocó un éxodo del 40% de los pobladores de Santa Isabel y Algarrogo del Aguila a otras ciudades pampeanas como General Acha y Santa Rosa y hacia el sur mendocino. La desertificación completó el desplobamiento en las décadas siguientes. En 1905 el censo nacional estableció que Santa Isabel (en el noroeste pampeano) tenía 3.000 habitantes y Alvear (sur de Mendoza), 3.200. En 2010, Santa Isabel seguía con 3.000 habitantes y Alvear llegó a los 52.000 pobladores.

En La Pampa el fallo fue recibido con algarabía: se trata de una lucha histórica de organizaciones sociales y ambientales a las que se sumaron los gobiernos pampeanos desde el año 2014. “Nuestro oeste ha sido condenado a lo largo de tantos años por Mendoza y un Estado Nacional ausente”, dijo el gobernador pampeano Carlos Verna. “Hoy, luego de años de lucha, podemos decir que los pampeanos dimos un paso adelante para recuperar la cuenca del Atuel, río que nos fue robado”, afirmó.

En Mendoza el fallo se vivió como una derrota, a pesar que la Corte no accedió al pedido de La Pampa de un resarcirmiento económico por el daño ambiental provocado por el corte del río. “Es un fallo muy favorable a La Pampa, aunque también es cierto que no da todo lo que pidió la provincia”, admitió Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú, entidad pampeana que desde los años ’60 reclama por el río Atuel.

“Nuestro oeste ha sido condenado a lo largo de tantos años por Mendoza y un Estado Nacional ausente”, dijo el gobernador pampeano Carlos Verna.

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo pidió una reunión con Verna junto al ministerio del Interior Rogelio Frigerio para avanzar en el mandato de la Corte. El mendocino dijo que “a través de un diálogo fructífero en el marco del federalismo de concertación, es posible avanzar en encontrar soluciones al conflicto que involucra a nuestras provincias”.

La Corte, en su voto mayoritario, dijo que el actual juicio es diferente que el de 1987, que declaró la interprovincialidad del río Atuel. “El conflicto involucra ahora cuestiones de mayor alcance y derechos de incidencia colectiva incorporada en la reforma de la Constitución Nacional producida en el año 1994”, afirmó. Y agrega: “en efecto, el ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible. Esta calificación cambia sustancialmente el enfoque del problema, cuya solución no solo debe atender a las pretensiones de los estados provinciales, ya que los afectados son múltiples y comprende una amplia región.

”En otro párrafo dice que “además, este conflicto se refiere al uso del agua que es un micro bien ambiental y que, por lo tanto, también presenta los caracteres de derecho de incidencia colectiva, uso común e indivisible”. El máximo tribunal señala que la oferta de agua ha disminuido y que la demanda aumentó. “La solución de este conflicto, por otra parte, es cada vez más frecuente en el mundo actual y lo será en el futuro, requiere conductas que exceden tanto los intereses personales, como los provinciales. También hay que tener en cuenta que la cantidad de agua debe ser destinada a la conservación del ecosistema interprovincial, para que mantenga su sustentabilidad. Asimismo, se debe considerar el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente”.

El fallo de la Corte lleva los votos positivos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz.