Editorial del diario La Nación
La Justicia debe fallar sobre un amañado reclamo de unos US$ 140 millones por un empresario a partir de un indemostrable delito de lesa humanidad
En 2008, cuando el entonces ministro de Economía Carlos Fernández firmó una resolución de rechazo del pago de 140 millones de dólares a la financiera Inversai, de Eduardo Saiegh, tenía fresco el escándalo que había involucrado a su predecesora Felisa Miceli, dos años antes, por haber aprobado un pago similar al llamado Grupo Greco, de lo que debió luego retractarse cuando los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales la denunciaron en el Congreso.
En ambos casos, quienes reclamaban los pagos habían sido dueños de bancos liquidados en 1981 por insolvencia debida a "autopréstamos" (el Banco de los Andes, en el caso de los Greco, y el Banco Latinoamericano, en el caso de Saiegh).
Los ex propietarios de ambas entidades demandaron al Estado nacional por daños y perjuicios y encontraron tierra fértil para amañar acuerdos transaccionales en la Procuración del Tesoro. Quien fue titular de ese organismo, Osvaldo Guglielmino, aceptó negociar y acordó compensaciones, que debían ser aprobadas por el Ministerio de Economía. Las dos propuestas fueron rechazadas, como se ha visto.
Saiegh, al advertir que su exitosa gestión con Guglielmino era frustrada por Fernández, diseñó una nueva estrategia para forzar "políticamente" el pago de los casi logrados 140 millones de dólares. El juicio contra el Estado nacional se arrastra desde 1984 en el Juzgado Comercial N° 3 de esta capital y, por sus méritos, no tendría posibilidad de ganar. Con el asesoramiento del abogado Rafael Resnick Brenner, procesado por negociaciones incompatibles en la causa Ciccone, convirtió la liquidación de su banco ocurrida en 1981 en una fuente retroactiva de crímenes de lesa humanidad ignorados hasta 2009.
El abogado y el banquero se montaron con impudicia en las dolorosas historias de Benjamín Neuman y Osvaldo Sivak, quienes fueron secuestrados y asesinados por la misma banda policial en 1982 y 1985, respectivamente.
Contrariando las investigaciones de esos casos, el abogado y el banquero informan ahora que aquella banda no comenzó su secuencia de crímenes en 1982, sino dos años antes, en 1980, con el propio Saiegh. Y que él mismo escuchó que sus captores habían marcado a Sivak como próxima víctima, aunque optó por no advertirles a éste y su familia acerca del riesgo que corrían. Cuando los asesinos de Sivak cayeron, en 1987, y confesaron sus delitos, ninguno mencionó a Eduardo Saiegh.
Saiegh atribuye su amnesia treintañal a un insólito "pacto de silencio" con los policías que, con instrucciones de las más altas esferas del Banco Central y la complicidad del ex juez Emilio García Méndez, lo habrían detenido y torturado en 1980 para que entregase su banco. Pero compró su libertad gracias a un acuerdo de pagos con un jefe policial encapuchado, pagos efectuados en diez amables encuentros a la hora del té en la confitería Jockey Club de Sarmiento y Cerrito.
Según su particular relato, para preservar a su familia, nunca denunció esos hechos ni intentó proteger a la familia Sivak. Sostiene que solamente contó su secreto a Ernesto Sabato, ex presidente de la Conadep. En forma inexplicable, el escritor también lo habría silenciado hasta su muerte. No quedaron registros en la Conadep, ni médicos que recordasen los tormentos, ni secuelas de las torturas, ni historias clínicas, ni registros hospitalarios, ni fotos de sus lesiones, ni declaraciones notariales, ni ninguna carta post mórtem del escritor. Ni siquiera los tickets de la confitería Jockey Club. Ningún rastro de nada: sólo la inverosímil narración de Saiegh y el testimonio elusivo de parientes y amigos. Más la invalorable connivencia de la Secretaría de Derechos Humanos.
La denuncia del abogado y el banquero fue ignorada por el fiscal Carlos Rívolo, quien se negó a impulsar la acción penal ante el juez federal Daniel Rafecas por considerar que el relato carecía de seriedad. Pero la "justicia legítima" actuó de inmediato en favor de Saiegh, y ambos, Rafecas y Rívolo, fueron apartados.
Todos los organismos del Estado recibieron la orden de apoyar el reclamo del aspirante a los 140 millones de dólares. La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante y también se alinearon tras Saiegh el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procelac, ahora procesado por prevaricato; el entonces titular de la UIF, José Sbatella, ahora procesado por violación de secreto; el entonces presidente de la Comisión de Valores, Alejandro Vanoli, ahora procesado por abuso de autoridad, y el entonces director del Banco Central Pedro Biscay, hoy procesado en la causa por el dólar futuro. También pusieron sus medios de prensa al servicio de Saiegh beneficiarios de la pauta oficial, como el grupo Szpolski y Página 12, además de 6,7,8 en el canal oficial.
Tanta simpatía logró Saiegh en "justicia legítima" que tiene custodia domiciliaria de la Prefectura Naval desde 2009 en su departamento de Recoleta, durante las 24 horas, a pesar de que no hay fuerzas de seguridad disponibles para proteger escuelas u hospitales. Sin embargo, el ex banquero nunca logró convencer a las organizaciones civiles de derechos humanos, que, con toda perspicacia, prefirieron no mancharse con la proximidad del personaje: ya bastaba con la experiencia de Sergio Schoklender para compartir sueños y soñar pesadillas.
El nuevo fiscal, Eduardo Taiano, impulsó la causa ante el nuevo juez, Norberto Oyarbide. Ante la desilusión de Saiegh, hasta el maleable ex juez consideró que el relato era falso y rechazó la denuncia, imponiéndole las costas. Nuevamente, la "justicia legítima" actuó en favor de Saiegh y Oyarbide fue recusado y apartado. La Cámara Federal no se atrevió a revocar ese fallo contundente, pero, ante la presión política, ordenó una investigación más profunda, que conduce la jueza María Romilda Servini.
Entretanto, el juicio ordinario contra el Estado nacional se encuentra listo para sentencia, pero la decisión está en suspenso hasta que se conozca el resultado de la causa de lesa humanidad. El tribunal se encuentra dubitativo, ante la señal de apoyo al financista por parte del mismo Estado nacional, aun durante la gestión de Cambiemos.
Tan confiado se encuentra Saiegh con la perspectiva de un resultado favorable que -tomando como modelo a Julio De Vido ya ha constituido un Fideicomiso Latinoamericano de Inversión y Desarrollo (Flides) al que destinará 100 millones de dólares del total que cobre del Tesoro público.
Según el prospecto en Internet (que quizá desaparezca luego de esta nota), el apoyo obtenido de la Secretaría de Derechos Humanos equivaldría a un reconocimiento oficial de su reclamo, por más que el Banco Central haya probado que el Banco Latinoamericano fue vaciado con "autopréstamos" a más de 40 empresas insolventes del grupo Inversai.
Advirtiendo que debe aprovechar cuanto antes el valiosísimo respaldo oficial, Saiegh ha acelerado el trámite para concretar el cobro. Y así pretende interrumpir la investigación que conduce la magistrada Servini, para impedir las pruebas que demuestran su fraude y evitar un nuevo rechazo a su pretensión.
Y con el incansable padrinazgo de aquella secretaría y la simpatía de los pilares de "justicia legítima" en Comodoro Py (Eduardo Freiler, Javier de Luca y Alejandro Slokar), ha logrado apartar a integrantes de la Cámara Federal (como el digno Eduardo Farah) y que se desconozcan sus fallos, en su embestida final por una sentencia ideológica para hacerse de los 140 millones de dólares a costa del fisco. Colocando cien en el fideicomiso y el resto en su bolsillo.
La lucha por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina no puede ser malversada para vaciar las arcas públicas a favor de financistas que confunden en su provecho la dignidad humana con la tasa de interés. Es responsabilidad de las autoridades del Estado separar la paja del trigo y poner en evidencia a quienes usan los pañuelos blancos para intentar "blanquear" intereses espurios.
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