(Infobae.com) - El organismo hizo presentaciones judiciales por apropiación indebida de tributos, un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión. Cuáles son los equipos involucrados
Crédito: Adrián Escandar
Las irregularidades en el fútbol argentino siguen siendo noticia. Primero se conoció el hallazgo de más de dos millones de dólares que la AFA había desviado de los fondos que el Estado le otorga por el Fútbol para Todos, y ahora la AFIP dio a conocer una serie de denuncias que realizó contra la entidad de la calle Viamonte y varios clubes de Primera por una deuda millonaria.
El organismo recaudador aseguró que la AFA y los equipos de la máxima categoría del fútbol local deben en su conjunto $330 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias no depositados al fisco. La deuda contraída por las distintas entidades es al cierre del año 2015.
En un comunicado, la AFIP sostuvo que 137 millones de pesos corresponden a apropiación indebida de tributos, es decir, retenciones que realizaron los clubes en el Impuesto a las Ganancias sobre jugadores de los planteles profesionales pero que nunca fueron ingresadas al fisco.
El organismo que encabeza Alberto Abad ya denunció ante la Justicia a Independiente, San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata por deudas contraídas hasta el año 2013.
Por otro lado, la AFIP solicitará a la Justicia el embargo de bienes con el objetivo de cobrar las sumas adeudadas. "La responsabilidad penal podría alcanzar a los presidentes y miembros de comisión directiva de los distintos clubes de Primera División, que en ejercicio de sus facultades, se habrían apropiado ilegítimamente de sumas pertenecientes al Fisco Nacional", advirtió el ente recaudador en un comunicado.
El delito en cuestión es el de apropiación indebida de tributos, para el que la ley prevé penas de prisión de hasta seis años. Las denuncias realizadas por funcionarios de la AFIP quedaron radicadas en la jurisdicción federal de Buenos Aires, Quilmes y La Plata.
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viernes, 29 de abril de 2016
Todavía faltan bicis públicas, pese a que se recuperaron 98 robadas
Por Nicolás Munafó - LA NACION
Los usuarios del sistema de alquiler gratuito se quejan por la escasez de vehículos, que es evidente; el gobierno porteño refuerza las medidas de seguridad para evitar más hurtos
Conseguir una bici pública suele ser difícil. Foto: Archivo / Soledad Aznarez
El faltante de rodados en el sistema público de alquiler de bicicletas de la ciudad sigue siendo notorio en las distintas estaciones. A fines de noviembre de 2015, el gobierno porteño inició un plan para mejorar el servicio y duplicar la cantidad de vehículos, aunque todavía no se ven los resultados. Lo positivo por estos días fue la recuperación de 98 bicicletas de la flota que habían sido sustraídas en los últimos meses.
Los rodados pertenecientes a Ecobici fueron hallados durante operativos realizados por la Policía Metropolitana en distintos puntos de la Capital. Además, en la plaza Roberto Arlt, en el centro porteño, se desactivó un pequeño desarmadero. Voceros de la Secretaría de Transporte local informaron a LA NACION que las bicicletas públicas son fáciles de detectar.
"Las Ecobici tienen un cuadro único. Es decir que por más que las pinten de otro color, son fácilmente identificables. También, cuentan con un número de serie", informaron. Y agregaron: "Los rodados que se recuperan van un tiempo al taller y, después de los arreglos, son repuestos a disposición de los usuarios".
En algunos casos, la recuperación de las bicis fue posible gracias a los vecinos, que hicieron la denuncia al ver rodados amarillos fuera del sistema. "En las últimas semanas, notamos un compromiso muy fuerte de los vecinos para denunciar las bicis robadas", confiaron desde la Secretaría de Transporte y sostuvieron que continúan trabajando para mejorar la seguridad en las estaciones manuales.
"En varias postas ya están funcionando las cámaras de seguridad, que seguimos instalando junto con las alarmas y los refuerzos en los anclajes de las estaciones y en los pinos [la pieza que encaja en el anclaje] de las bicis. Las cámaras se monitorean desde el centro de Ecobici y cuando se detecta a una persona tratando de llevarse una bici, se activa la alarma de manera remota", explicaron.
A fines de 2015, se habían retirado para ser refaccionadas unas 350 bicicletas, la mitad de las 700 que había disponibles en el sistema. Para estos meses, se esperaba que esos rodados ya estuvieran funcionando nuevamente y además se agregaran otros 0 km para llegar a 1200. Pero los plazos se fueron dilatando, la escasez continúa y los usuarios del servicio sigue mostrando su malestar.
Si uno ingresa en la página web de Ecobici (http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici/sistemaecobici), de las 67 estaciones existentes, muy pocas figuran en color verde, el que marca que existe disponibilidad.
En el perfil de Facebook del sistema, Florencia Lupo se quejó: "Discúlpenme, ¡pero los paradores no tienen ni una sola bicicleta! Ya hice el reclamo al 147 y nada. Sinceramente le sacan las ganas a la gente de andar en bici; anteriormente, cuando no eran disponibles las 24 horas, había por doquier y ahora brillan por su ausencia".
También expresó su malestar Jorge Fernández: "Los que usábamos Ecobici nos preguntamos por qué desaparecieron las bicis amarillas. Era un buen sistema, una lástima ver las estaciones abandonadas y ningún ciclista utilizando el sistema. ¿Cuándo van a restablecer el servicio?".
Voceros de la Secretaría de Transporte informaron que "la normalización del servicio se está haciendo de manera paulatina. Ya estamos inyectando bicis a la flota, pero de a poco. Así vamos monitoreando y evaluando cómo funcionan las cámaras, las alarmas, los pinos y los anclajes nuevos. Los 20 días de lluvia retrasaron la instalación de cámaras y alarmas, pero estamos avanzando".
La idea del gobierno porteño es llegar a 3000 bicicletas y 200 puestos para satisfacer a los 300.000 usuarios.
Los usuarios del sistema de alquiler gratuito se quejan por la escasez de vehículos, que es evidente; el gobierno porteño refuerza las medidas de seguridad para evitar más hurtos
Conseguir una bici pública suele ser difícil. Foto: Archivo / Soledad Aznarez
El faltante de rodados en el sistema público de alquiler de bicicletas de la ciudad sigue siendo notorio en las distintas estaciones. A fines de noviembre de 2015, el gobierno porteño inició un plan para mejorar el servicio y duplicar la cantidad de vehículos, aunque todavía no se ven los resultados. Lo positivo por estos días fue la recuperación de 98 bicicletas de la flota que habían sido sustraídas en los últimos meses.
Los rodados pertenecientes a Ecobici fueron hallados durante operativos realizados por la Policía Metropolitana en distintos puntos de la Capital. Además, en la plaza Roberto Arlt, en el centro porteño, se desactivó un pequeño desarmadero. Voceros de la Secretaría de Transporte local informaron a LA NACION que las bicicletas públicas son fáciles de detectar.
"Las Ecobici tienen un cuadro único. Es decir que por más que las pinten de otro color, son fácilmente identificables. También, cuentan con un número de serie", informaron. Y agregaron: "Los rodados que se recuperan van un tiempo al taller y, después de los arreglos, son repuestos a disposición de los usuarios".
En algunos casos, la recuperación de las bicis fue posible gracias a los vecinos, que hicieron la denuncia al ver rodados amarillos fuera del sistema. "En las últimas semanas, notamos un compromiso muy fuerte de los vecinos para denunciar las bicis robadas", confiaron desde la Secretaría de Transporte y sostuvieron que continúan trabajando para mejorar la seguridad en las estaciones manuales.
"En varias postas ya están funcionando las cámaras de seguridad, que seguimos instalando junto con las alarmas y los refuerzos en los anclajes de las estaciones y en los pinos [la pieza que encaja en el anclaje] de las bicis. Las cámaras se monitorean desde el centro de Ecobici y cuando se detecta a una persona tratando de llevarse una bici, se activa la alarma de manera remota", explicaron.
A fines de 2015, se habían retirado para ser refaccionadas unas 350 bicicletas, la mitad de las 700 que había disponibles en el sistema. Para estos meses, se esperaba que esos rodados ya estuvieran funcionando nuevamente y además se agregaran otros 0 km para llegar a 1200. Pero los plazos se fueron dilatando, la escasez continúa y los usuarios del servicio sigue mostrando su malestar.
Si uno ingresa en la página web de Ecobici (http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici/sistemaecobici), de las 67 estaciones existentes, muy pocas figuran en color verde, el que marca que existe disponibilidad.
En el perfil de Facebook del sistema, Florencia Lupo se quejó: "Discúlpenme, ¡pero los paradores no tienen ni una sola bicicleta! Ya hice el reclamo al 147 y nada. Sinceramente le sacan las ganas a la gente de andar en bici; anteriormente, cuando no eran disponibles las 24 horas, había por doquier y ahora brillan por su ausencia".
También expresó su malestar Jorge Fernández: "Los que usábamos Ecobici nos preguntamos por qué desaparecieron las bicis amarillas. Era un buen sistema, una lástima ver las estaciones abandonadas y ningún ciclista utilizando el sistema. ¿Cuándo van a restablecer el servicio?".
Voceros de la Secretaría de Transporte informaron que "la normalización del servicio se está haciendo de manera paulatina. Ya estamos inyectando bicis a la flota, pero de a poco. Así vamos monitoreando y evaluando cómo funcionan las cámaras, las alarmas, los pinos y los anclajes nuevos. Los 20 días de lluvia retrasaron la instalación de cámaras y alarmas, pero estamos avanzando".
La idea del gobierno porteño es llegar a 3000 bicicletas y 200 puestos para satisfacer a los 300.000 usuarios.
Debaten la creación de un polo textil
(La Nación) - Tres propuestas de La Alameda y un proyecto del gobierno avanzan contra el trabajo esclavo
Tres proyectos de ley fueron presentados esta semana en la Legislatura porteña con un eje en común: la lucha contra el trabajo esclavo y la reducción a la servidumbre. Las propuestas, elaboradas por la fundación La Alameda y Bien Común, se relacionan con la certificación de la cadena de producción de las marcas de indumentaria, la auditoría de los proveedores del Estado y la creación de un polo textil con la reutilización de las maquinarias incautadas en talleres de confección clandestinos.
El proyecto sobre la auditoría de marcas comprende todas las fases de producción y las bocas de expendio radicadas en la ciudad vinculadas a la industria textil. Entre los objetivos plantea "promover las relaciones dignas de trabajo que garanticen las condiciones de higiene, seguridad, salud y laborales correspondientes".
Si se aprobara, la Ciudad debería suscribirse al Programa Nacional de Compromiso Social Compartido del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que audita toda la cadena de valor de las marcas de la indumentaria y genera una certificación. Las empresas deberán someterse a una auditoría de marcas y, si no lo hacen, recibirán multas económicas.
El segundo de los proyectos establece que todas las áreas de gobierno que adquieran materiales, mercaderías y productos de origen nacional deberán exigir que hayan sido producidos por trabajadores inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral. En el caso de productos de origen extranjero, según lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo.
La creación de un polo textil coincide con un proyecto que está elaborando el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño. Se trata del Centro de Confeccionistas, un emprendimiento público y privado que se desarrollaría en un predio de cuatro hectáreas del sur de la ciudad. Allí, las empresas textiles recibirían un espacio de entre 300 y 1200 metros cuadrados para instalar sus talleres textiles con la posibilidad de acceder a créditos bancarios. La intención es que cada marca concentre allí el 20% de su producción y, de esa forma, se garantizaría que no recurran a talleres ilegales. En una primera etapa, se generarían al menos 1200 puestos de trabajo.
Tres proyectos de ley fueron presentados esta semana en la Legislatura porteña con un eje en común: la lucha contra el trabajo esclavo y la reducción a la servidumbre. Las propuestas, elaboradas por la fundación La Alameda y Bien Común, se relacionan con la certificación de la cadena de producción de las marcas de indumentaria, la auditoría de los proveedores del Estado y la creación de un polo textil con la reutilización de las maquinarias incautadas en talleres de confección clandestinos.
El proyecto sobre la auditoría de marcas comprende todas las fases de producción y las bocas de expendio radicadas en la ciudad vinculadas a la industria textil. Entre los objetivos plantea "promover las relaciones dignas de trabajo que garanticen las condiciones de higiene, seguridad, salud y laborales correspondientes".
Si se aprobara, la Ciudad debería suscribirse al Programa Nacional de Compromiso Social Compartido del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que audita toda la cadena de valor de las marcas de la indumentaria y genera una certificación. Las empresas deberán someterse a una auditoría de marcas y, si no lo hacen, recibirán multas económicas.
El segundo de los proyectos establece que todas las áreas de gobierno que adquieran materiales, mercaderías y productos de origen nacional deberán exigir que hayan sido producidos por trabajadores inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral. En el caso de productos de origen extranjero, según lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo.
La creación de un polo textil coincide con un proyecto que está elaborando el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño. Se trata del Centro de Confeccionistas, un emprendimiento público y privado que se desarrollaría en un predio de cuatro hectáreas del sur de la ciudad. Allí, las empresas textiles recibirían un espacio de entre 300 y 1200 metros cuadrados para instalar sus talleres textiles con la posibilidad de acceder a créditos bancarios. La intención es que cada marca concentre allí el 20% de su producción y, de esa forma, se garantizaría que no recurran a talleres ilegales. En una primera etapa, se generarían al menos 1200 puestos de trabajo.
Detectaron 162 talleres ilegales en sólo 118 manzanas
Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION
Estaban en Floresta, Villa Santa Rita y Flores; en este barrio, dos niños murieron en un local hace un año
Un año después, sigue tapiado el taller de Flores donde murieron Rodrigo y Rolando Mur Menchaca por un incendio. Foto: Ricardo Pristupluk
Rolando y Rodrigo Mur tenían 7 y 10 años cuando se convirtieron en los mártires de la lucha contra el trabajo esclavo. Hace un año no pudieron escapar del incendio del sótano de Flores donde vivían con su familia que, además, trabajaba en el taller textil clandestino que allí funcionaba. La tragedia se podría haber evitado si se hubieran atendido las alertas de los vecinos que, meses antes, habían denunciado las irregularidades del inmueble.
Aunque tarde, la reacción llegó. A partir de entonces se realizaron 518 inspecciones en inmuebles en el polígono de 118 manzanas delimitado por las avenidas Nazca, Juan B. Justo, Segurola y Rivadavia, muy cerca de Páez 2796, donde se desató el fuego. Se sospechaba que en esas propiedades funcionaban talleres de costura sin autorización. El resultado arrojó que el 90% de los talleres controlados (162 de 182) eran ilegales y presentaban numerosas y graves faltas de seguridad e higiene; había además trabajadores no registrados. A causa de los operativos se iniciaron 35 causas judiciales en los casos que mostraban indicios de delitos como trata de persona, reducción a la servidumbre y trabajo forzoso o infantil.
Los datos surgen de un informe que elaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), al que tuvo acceso LA NACION, y que será difundido la semana próxima. Se basó en las inspecciones realizadas desde mayo de 2015 hasta este mes por la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social, la Dirección General de Protección del Trabajo de la ciudad; la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico porteña, y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Conclusiones
"El resultado de este análisis se comunicará a los poderes Ejecutivo porteño y nacional, a las áreas que tienen competencia en la fiscalización del trabajo", adelantó a LA NACION el responsable de la Protex, Marcelo Colombo. "Es urgente e indispensable corregir el circuito que no les permite a los inspectores cumplir con el rol de policía", agregó.
La reflexión deriva del hecho de que, durante esos 518 operativos, el número de obstrucciones a la inspección fue más alto que la cantidad de talleres clandestinos hallados. En 173 casos, los ocupantes de los domicilios se resistieron a que el lugar fuera controlado, lo que representa el 33,4% del total, mientras que los talleres ilegales descubiertos fueron el 31,3%. En tanto, en 54 viviendas los inspectores observaron indicios de posible funcionamiento de un taller, lo que elevaría el número de espacios fuera de la ley.
"Lo que preocupa es un problema operativo de la autoridad para poder cumplir con el rol que le confiere la ley", indica el documento. Esta consideración refleja una situación común en los controles a la que se enfrentan los inspectores de Seguridad Social y de Trabajo, que muchas veces chocan con la negativa de los ocupantes del inmueble para realizar la fiscalización.
Sin embargo, entre las facultades conferidas por la ley 265/99, los agentes pueden "entrar libremente y sin notificación previa a cualquier hora en todo establecimiento" de la ciudad y requerir el auxilio de la fuerza pública, denunció la Protex. "Señalamos que sortear este inconveniente es imprescindible en pos de garantizar el cumplimiento del rol de policía de trabajo de los inspectores de la Dirección de Protección del Trabajo", resalta el documento.
Las más de 500 inspecciones también apuntaban a determinar la cantidad de empleados de los talleres clandestinos. En el 58% de los casos se encontraron trabajadores, en su mayoría extranjeros, que no contaban con documentos y que no sabían cuánto dinero recibían por su labor. Estas situaciones derivaron en la apertura de causas judiciales.
El drama de los talleres no cesa. Según datos de La Alameda, el 78% de las prendas fabricadas en el país se realiza en establecimientos clandestinos. Lo admite la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).
Otros resultados de la inspección - Reunir los datos demandó varios meses
99 clausuras - Tras las 518 inspecciones que se realizaron en distintos inmuebles, casi un centenar de talleres fueron cerrados. Otros 63 no tenían anomalías graves
10 Causas - Son las que fueron denunciadas a la justicia federal, del total de 35 investigaciones iniciadas en forma preliminar por la Protex por presuntos delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre
63 Talleres - En el 39% de los talleres clandestinos detectados los inspectores hallaron al menos una empresa de indumentaria vinculada con la explotación comercial de la ropa producida allí. Se trata de, por lo menos, 63 casos
Estaban en Floresta, Villa Santa Rita y Flores; en este barrio, dos niños murieron en un local hace un año
Un año después, sigue tapiado el taller de Flores donde murieron Rodrigo y Rolando Mur Menchaca por un incendio. Foto: Ricardo Pristupluk
Rolando y Rodrigo Mur tenían 7 y 10 años cuando se convirtieron en los mártires de la lucha contra el trabajo esclavo. Hace un año no pudieron escapar del incendio del sótano de Flores donde vivían con su familia que, además, trabajaba en el taller textil clandestino que allí funcionaba. La tragedia se podría haber evitado si se hubieran atendido las alertas de los vecinos que, meses antes, habían denunciado las irregularidades del inmueble.
Aunque tarde, la reacción llegó. A partir de entonces se realizaron 518 inspecciones en inmuebles en el polígono de 118 manzanas delimitado por las avenidas Nazca, Juan B. Justo, Segurola y Rivadavia, muy cerca de Páez 2796, donde se desató el fuego. Se sospechaba que en esas propiedades funcionaban talleres de costura sin autorización. El resultado arrojó que el 90% de los talleres controlados (162 de 182) eran ilegales y presentaban numerosas y graves faltas de seguridad e higiene; había además trabajadores no registrados. A causa de los operativos se iniciaron 35 causas judiciales en los casos que mostraban indicios de delitos como trata de persona, reducción a la servidumbre y trabajo forzoso o infantil.
Los datos surgen de un informe que elaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), al que tuvo acceso LA NACION, y que será difundido la semana próxima. Se basó en las inspecciones realizadas desde mayo de 2015 hasta este mes por la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social, la Dirección General de Protección del Trabajo de la ciudad; la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico porteña, y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Conclusiones
"El resultado de este análisis se comunicará a los poderes Ejecutivo porteño y nacional, a las áreas que tienen competencia en la fiscalización del trabajo", adelantó a LA NACION el responsable de la Protex, Marcelo Colombo. "Es urgente e indispensable corregir el circuito que no les permite a los inspectores cumplir con el rol de policía", agregó.
La reflexión deriva del hecho de que, durante esos 518 operativos, el número de obstrucciones a la inspección fue más alto que la cantidad de talleres clandestinos hallados. En 173 casos, los ocupantes de los domicilios se resistieron a que el lugar fuera controlado, lo que representa el 33,4% del total, mientras que los talleres ilegales descubiertos fueron el 31,3%. En tanto, en 54 viviendas los inspectores observaron indicios de posible funcionamiento de un taller, lo que elevaría el número de espacios fuera de la ley.
"Lo que preocupa es un problema operativo de la autoridad para poder cumplir con el rol que le confiere la ley", indica el documento. Esta consideración refleja una situación común en los controles a la que se enfrentan los inspectores de Seguridad Social y de Trabajo, que muchas veces chocan con la negativa de los ocupantes del inmueble para realizar la fiscalización.
Sin embargo, entre las facultades conferidas por la ley 265/99, los agentes pueden "entrar libremente y sin notificación previa a cualquier hora en todo establecimiento" de la ciudad y requerir el auxilio de la fuerza pública, denunció la Protex. "Señalamos que sortear este inconveniente es imprescindible en pos de garantizar el cumplimiento del rol de policía de trabajo de los inspectores de la Dirección de Protección del Trabajo", resalta el documento.
Las más de 500 inspecciones también apuntaban a determinar la cantidad de empleados de los talleres clandestinos. En el 58% de los casos se encontraron trabajadores, en su mayoría extranjeros, que no contaban con documentos y que no sabían cuánto dinero recibían por su labor. Estas situaciones derivaron en la apertura de causas judiciales.
El drama de los talleres no cesa. Según datos de La Alameda, el 78% de las prendas fabricadas en el país se realiza en establecimientos clandestinos. Lo admite la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).
Otros resultados de la inspección - Reunir los datos demandó varios meses
99 clausuras - Tras las 518 inspecciones que se realizaron en distintos inmuebles, casi un centenar de talleres fueron cerrados. Otros 63 no tenían anomalías graves
10 Causas - Son las que fueron denunciadas a la justicia federal, del total de 35 investigaciones iniciadas en forma preliminar por la Protex por presuntos delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre
63 Talleres - En el 39% de los talleres clandestinos detectados los inspectores hallaron al menos una empresa de indumentaria vinculada con la explotación comercial de la ropa producida allí. Se trata de, por lo menos, 63 casos
Revelan un esquema de protección de la AFIP en Río Gallegos
Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Las nuevas autoridades informaron a la Justicia que le ocultaron datos sobre los Báez
La Regional Río Gallegos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debió investigar desde 2013 al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín. Pero bajo las órdenes de la cuñada de Máximo Kirchner y actual senadora nacional, Virginia García, eso no ocurrió. Y ahora las nuevas autoridades de la AFIP ordenaron pasar esas investigaciones a otra regional, lejos de Santa Cruz.
El traslado de las investigaciones sobre los Báez también alcanza a la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones. En ese caso, porque también se detectó que tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires los sabuesos no avanzaron a fondo, incluyeron "manifestaciones falaces" en sus informes o, incluso, ocultaron datos incriminatorios a la Justicia.
Ambas decisiones constan en tres informes que la AFIP envió ayer al juez federal Sebastián Casanello, quien busca determinar si Austral Construcciones operó con facturas truchas por montos multimillonarias -en especial las provenientes de Bahía Blanca- como parte de sus maniobras de presunto lavado.
Esos tres informes también exponen cómo funcionó la AFIP, en la práctica, durante la gestión de Ricardo Echegaray -hoy al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN)- y del entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Rubén Toninelli. Ambos se encuentran ahora bajo la lupa judicial en varias causas sobre Báez y Cristóbal López. "En los casos de las inspecciones a Báez, Lázaro, y Báez, Martín, los casos se habían iniciado en 2013 en la Dirección Regional Río Gallegos. En los casi tres años transcurridos desde el inicio de las inspecciones el avance verificado fue virtualmente nulo", alertó el primer informe.
Firmado por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, ese primer informe también detalla cómo desde la AFIP le retacearon información al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, mientras intentaba investigar
"Pese a que el Dr. López Biscayart habría ordenado la fiscalización de la firma Austral Construcciones, lo único que se habría hecho es la compulsa de sus acreedores con la base de facturación apócrifa, no realizándose una verdadera fiscalización profunda sobre la realidad de las operaciones comerciales que declara la empresa como crédito fiscal", indicó.
Las omisiones de los sabuesos de la AFIP abarcaron múltiples áreas de negocios de Báez que reveló la nacion durante los últimos años. Entre otros, la operatoria comercial con los hoteles de la familia Kirchner, la facturación trucha emitida por varias sociedades de Bahía Blanca.
Los movimientos de fondos bajo sospecha en esa ciudad bonaerense se centraron en tres sociedades: Calvento, Grupo Penta y Constructora Patagónica, según expusieron en el segundo informe el supervisor, Carlos Blanco, y la inspectora Silvia Huici, que fueron desplazados de sus puestos en Bahía Blanca mientras investigaban.
"Resumiendo -indicaron Blanco y Huici-. se cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las facturas «usina» detectadas (disolución de la Dirección Regional), se evitó solicitar información a Austral Construcciones, reteniendo el requerimiento del investigador (jefatura de Norberto Filipini), se calificó rápidamente a Calvento SA como contribuyente apócrifo (escasas operaciones) y se mantuvo como contribuyente normal a Grupo Penta, con una más que evidente actitud de justificación de las presuntas operaciones realizadas con Austral Construcciones."
Según remarcó Mecikovsky, el ocultamiento desde la AFIP también alcanzó a los $ 13,4 millones que Grupo Penta le facturó a Austral Construcciones. "No hay constancias de que esto le haya sido informado al doctor Javier López Biscayart."
La protección a Báez también abarcó el ingreso en los balances de Austral Construcciones de $ 254 millones provenientes de Belice, tras una supuesta operación con sociedades inactivas en Curazao. Esos fondos, que equivalieron a unos US$ 56,3 millones, ingresaron a la constructora tras un supuesto fallido proyecto en Belice. Pero para las nuevas autoridades de la AFIP, eso quedó en duda. "La Dirección Regional Microcentro se limitó a verificar el reflejo bancario del ingreso del dinero, sin validar la existencia real del origen", precisó el nuevo reporte.
Adiós a Río Gallegos
La inacción de los sabuesos fue aún más elocuente ante otra empresa de Báez, Austral Agro, que adquirió varios inmuebles rurales, y frente a Terrafari SA, una de las sociedades sospechadas de proveer de facturas truchas a Báez. En ambos casos, "nunca" se las fiscalizó.
Ante ese cuadro, Mecikovsky -que podría ser citado a declarar por la Justicia para aportar más información- comunicó además varias decisiones que adoptaron los nuevos titulares de la AFIP, Alberto Abad, y DGI, Horacio Castagnola: "Se ha dispuesto la reinspección de Austral Construcciones, el inicio de la inspección de Austral Agro, el cambio de titularidad de las inspecciones de Martín y Lázaro Báez [que estaban en Río Gallegos], todos ellos [a partir de ahora] en la órbita de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y a cargo de la Dirección Regional Mar del Plata".
El traslado de las investigaciones sobre los Báez y sus empresas lejos de Río Gallegos podría ser, sin embargo, el primer paso de una reforma más drástica. Podría incluir la eliminación de esa regional creada por Echegaray -y controlada durante años por la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, hoy senadora nacional-, y su reducción a agencia, como operó hasta entonces.
Sin adelantar esa eventual reforma, Mecikovsky sí les comunicó algo más al juez Casanello y al fiscal federal Guillermo Marijuan. Les informó que esperan "la conclusión final de las inspecciones a fines de 2016".
Las nuevas autoridades informaron a la Justicia que le ocultaron datos sobre los Báez
La Regional Río Gallegos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debió investigar desde 2013 al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín. Pero bajo las órdenes de la cuñada de Máximo Kirchner y actual senadora nacional, Virginia García, eso no ocurrió. Y ahora las nuevas autoridades de la AFIP ordenaron pasar esas investigaciones a otra regional, lejos de Santa Cruz.
El traslado de las investigaciones sobre los Báez también alcanza a la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones. En ese caso, porque también se detectó que tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires los sabuesos no avanzaron a fondo, incluyeron "manifestaciones falaces" en sus informes o, incluso, ocultaron datos incriminatorios a la Justicia.
Ambas decisiones constan en tres informes que la AFIP envió ayer al juez federal Sebastián Casanello, quien busca determinar si Austral Construcciones operó con facturas truchas por montos multimillonarias -en especial las provenientes de Bahía Blanca- como parte de sus maniobras de presunto lavado.
Esos tres informes también exponen cómo funcionó la AFIP, en la práctica, durante la gestión de Ricardo Echegaray -hoy al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN)- y del entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Rubén Toninelli. Ambos se encuentran ahora bajo la lupa judicial en varias causas sobre Báez y Cristóbal López. "En los casos de las inspecciones a Báez, Lázaro, y Báez, Martín, los casos se habían iniciado en 2013 en la Dirección Regional Río Gallegos. En los casi tres años transcurridos desde el inicio de las inspecciones el avance verificado fue virtualmente nulo", alertó el primer informe.
Firmado por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, ese primer informe también detalla cómo desde la AFIP le retacearon información al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, mientras intentaba investigar
"Pese a que el Dr. López Biscayart habría ordenado la fiscalización de la firma Austral Construcciones, lo único que se habría hecho es la compulsa de sus acreedores con la base de facturación apócrifa, no realizándose una verdadera fiscalización profunda sobre la realidad de las operaciones comerciales que declara la empresa como crédito fiscal", indicó.
Las omisiones de los sabuesos de la AFIP abarcaron múltiples áreas de negocios de Báez que reveló la nacion durante los últimos años. Entre otros, la operatoria comercial con los hoteles de la familia Kirchner, la facturación trucha emitida por varias sociedades de Bahía Blanca.
Los movimientos de fondos bajo sospecha en esa ciudad bonaerense se centraron en tres sociedades: Calvento, Grupo Penta y Constructora Patagónica, según expusieron en el segundo informe el supervisor, Carlos Blanco, y la inspectora Silvia Huici, que fueron desplazados de sus puestos en Bahía Blanca mientras investigaban.
"Resumiendo -indicaron Blanco y Huici-. se cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las facturas «usina» detectadas (disolución de la Dirección Regional), se evitó solicitar información a Austral Construcciones, reteniendo el requerimiento del investigador (jefatura de Norberto Filipini), se calificó rápidamente a Calvento SA como contribuyente apócrifo (escasas operaciones) y se mantuvo como contribuyente normal a Grupo Penta, con una más que evidente actitud de justificación de las presuntas operaciones realizadas con Austral Construcciones."
Según remarcó Mecikovsky, el ocultamiento desde la AFIP también alcanzó a los $ 13,4 millones que Grupo Penta le facturó a Austral Construcciones. "No hay constancias de que esto le haya sido informado al doctor Javier López Biscayart."
La protección a Báez también abarcó el ingreso en los balances de Austral Construcciones de $ 254 millones provenientes de Belice, tras una supuesta operación con sociedades inactivas en Curazao. Esos fondos, que equivalieron a unos US$ 56,3 millones, ingresaron a la constructora tras un supuesto fallido proyecto en Belice. Pero para las nuevas autoridades de la AFIP, eso quedó en duda. "La Dirección Regional Microcentro se limitó a verificar el reflejo bancario del ingreso del dinero, sin validar la existencia real del origen", precisó el nuevo reporte.
Adiós a Río Gallegos
La inacción de los sabuesos fue aún más elocuente ante otra empresa de Báez, Austral Agro, que adquirió varios inmuebles rurales, y frente a Terrafari SA, una de las sociedades sospechadas de proveer de facturas truchas a Báez. En ambos casos, "nunca" se las fiscalizó.
Ante ese cuadro, Mecikovsky -que podría ser citado a declarar por la Justicia para aportar más información- comunicó además varias decisiones que adoptaron los nuevos titulares de la AFIP, Alberto Abad, y DGI, Horacio Castagnola: "Se ha dispuesto la reinspección de Austral Construcciones, el inicio de la inspección de Austral Agro, el cambio de titularidad de las inspecciones de Martín y Lázaro Báez [que estaban en Río Gallegos], todos ellos [a partir de ahora] en la órbita de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y a cargo de la Dirección Regional Mar del Plata".
El traslado de las investigaciones sobre los Báez y sus empresas lejos de Río Gallegos podría ser, sin embargo, el primer paso de una reforma más drástica. Podría incluir la eliminación de esa regional creada por Echegaray -y controlada durante años por la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, hoy senadora nacional-, y su reducción a agencia, como operó hasta entonces.
Sin adelantar esa eventual reforma, Mecikovsky sí les comunicó algo más al juez Casanello y al fiscal federal Guillermo Marijuan. Les informó que esperan "la conclusión final de las inspecciones a fines de 2016".
Presentan pruebas de un circuito privilegiado para pagarle a Báez
Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El titular de Vialidad denunció a De Vido por supuesta defraudación; es por usar un sistema de pagos anticipados en beneficio del empresario
El empresario kirchnerista Lázaro Báez. Foto: Archivo
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo encargado de financiar rutas nacionales, le enviaba todos los meses al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas con empresas constructoras. Quien daba la orden era José López, entonces secretario de Obras Públicas. La nómina correspondiente a enero del año pasado llevaba en el margen derecho un mensaje manuscrito: "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]". En el sexto lugar de esa lista figura Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, que según documentos que vio LA NACION tenía para cobrar ese mes $ 60 millones.
Aunque "los 10 primeros" de la nómina encierran otros nombres, como el de Iecsa -la compañía de Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri -, la prioridad de pago hacia las compañías de Báez se repite en la mayoría de los documentos en los que se liquidaban las deudas de Vialidad.
La prioridad de pago a las firmas del empresario patagónico es la base de una demanda penal que Javier Iguacel, actual titular de la DNV, presentó el martes en la Justicia y quedó a cargo del juez Julián Ercolini. La denuncia sugiere que Báez, López y el ex ministro de Planificación Julio De Vido montaron una organización para defraudar al Estado. Y reclama que se investigue la eventual comisión de varios delitos.
Entre ellos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.
Se trata del paso más importante que dio el gobierno de Mauricio Macri para avanzar en el terreno judicial contra el dueño de Austral Construcciones. "Advertimos que podríamos estar en presencia de una maniobra delictual cuyo objeto final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos, diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenado hacia tal fin. Esta denuncia tiene por objeto iniciar el proceso para desentrañar y llegar a individualizar a todos y a sus principales responsables", plantea el texto presentado por la DNV, al que accedió LA NACION.
Iguacel se presentará hoy ante Ercolini en Comodoro Py para ratificar la denuncia, que va acompañada por pruebas, muchas de ellas recolectadas a partir de una auditoría que hizo Vialidad.
El documento que se presentó a la Justicia sostiene que Obras Públicas indicaba de manera habitual qué empresas debían cobrar y en qué proporción, hasta agotar la cuota presupuestaria del período. La comunicación se efectuaba a través de correos electrónicos dirigidos a DNV, que disponía los pagos indicados y los giraba a Economía.
Para concretar esas maniobras se estableció un circuito de pago de excepción, distinto del proceso ordinario. Austral Construcciones y las restantes empresas del grupo obtuvieron del anterior administrador de Vialidad, Nelson Periotti, el visto bueno para el pago anticipado de certificaciones de obra, algo que está contemplado en un acuerdo firmado por Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de la DNV. Ese convenio acompaña la denuncia.
Sobre esa base la Jefatura de Liquidaciones del organismo, a cargo de Claudia Bellofatto, remitía notas a la comisión permanente de actualización y consolidación de deuda indicando e individualizando los expedientes y las fechas que debían cancelarse anticipadamente.
Las empresas de Báez, no sólo Austral, sino también Kank y Costilla, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4% de toda la provincia. Y si bien las compañías del empresario incumplieron los plazos, nada de eso se trasladó a la administración kirchnerista, que les pagó con una demora promedio en torno de los 60 días (otras empresas tenían una espera cercana a los 260 días).
En paralelo, el kirchnerismo favoreció la realización de obras en Santa Cruz. Hasta enero de este año se habían adjudicado trabajos por $ 21.269 millones, 4,2 veces más que en Chubut, casi 2 veces más que en Río Negro y 15 veces por encima de lo que recibió La Pampa, todas provincias con más población.
Según un relevamiento de LA NACION, tan sólo en la primera década de gobierno el kirchnerismo destinó $ 63.400,71 millones al tendido y la reparación de rutas a través de la DNV, uno de los presupuestos más jugosos del país.
Santa Cruz fue la más beneficiada: se llevó cerca de $ 6885 millones, casi el 11% de lo disponible. La siguió Buenos Aires, el distrito económico más importante, con menos del 10%. Según el censo de 2010, la provincia de Buenos Aires tiene 15,6 millones de personas, que recibieron, cada una, $ 73,80 para rutas en 2013. Los patagónicos obtuvieron $ 3261,78, es decir, 44 veces más.
Antes de tiempo
Los beneficios de las compañías de Báez por encima de sus competidoras se profundizaron a medida que se acercaba el fin del mandato de Cristina Kirchner. Aunque el sector de la construcción reclama retrasos de meses en los pagos, registros de la DNV indican que al 20 de noviembre del año pasado las empresas de Báez habían cobrado certificados de obra por adelantado, que vencían el 4 de enero de este año.
Sobre la base de esa información, la denuncia de Iguacel sostiene que el gobierno anterior "estableció un sistema donde no sólo se priorizó y se garantizaron pagos de certificaciones sobre las restantes empresas contratadas por la DNV, sino que se estableció un circuito de pagos irregular y de excepción, el cual permitió a las empresas del grupo reseñado cobrar los certificados de obra en plazos aún menores que los establecidos contractualmente y de manera altamente beneficiosa, respecto de las demás empresas contratistas".
Iguacel también denunció ayer en declaraciones a Radio Continental sobreprecios en las obras viales. "Se iniciaba una obra por un monto de $ 150 millones y, después, se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con $ 150, $ 200 millones terminaban costando $ 3000", sostuvo.
El circuito de los pagos por adelantado - Los funcionarios kirchneristas beneficiaban a las empresas de Lázaro Báez. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia en la que acusa a la administración kirchnerista de defraudar al Estado, entre otras cosas, por favorecer los pagos para las empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El patagónico se quedó con cerca del 80% de las obras viales de Santa Cruz
José López - Ex secretario de Obras Públicas - Respondía en el organigrama a Julio De Vido, pero tenía juego propio por su cercanía a Néstor Kirchner. Es uno de los principales engranajes dentro del circuito de pagos privilegiados que beneficiaron a Austral Construcciones y a otras compañías de Lázaro Báez.
Julio De Vido - Ex ministro de Planificación - Aunque su nombre no aparece de manera directa en la denuncia que presentó la DNV, sí está mencionado su ministerio. Eso se debe a que tanto obras públicas como el organismo encargado de licitar y financiar las rutas estaban dentro de su órbitra.
Guillermo Periotti - Ex titular de la DNV - Fue el jefe del organismo (Vialidad) encargado de licitar y pagar obras viales en todo el país, por lo que manejó uno de los mayores presupuestos de la Nación. Lo acusan de promover un circuito de pagos a favor de Lázaro Báez y en detrimento de otras firmas.
Lázaro Báez - Dueño de Austral construcciones - Autral Construcciones y Kank y Costilla, dos compañías del empresario, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4 % de todas las rutas que se hicieron en Santa Cruz. Una auditoría del Gobierno indica que cobraban a 60 días, un plazo mucho más corto que el de otras firmas.
El titular de Vialidad denunció a De Vido por supuesta defraudación; es por usar un sistema de pagos anticipados en beneficio del empresario
El empresario kirchnerista Lázaro Báez. Foto: Archivo
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo encargado de financiar rutas nacionales, le enviaba todos los meses al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas con empresas constructoras. Quien daba la orden era José López, entonces secretario de Obras Públicas. La nómina correspondiente a enero del año pasado llevaba en el margen derecho un mensaje manuscrito: "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]". En el sexto lugar de esa lista figura Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, que según documentos que vio LA NACION tenía para cobrar ese mes $ 60 millones.
Aunque "los 10 primeros" de la nómina encierran otros nombres, como el de Iecsa -la compañía de Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri -, la prioridad de pago hacia las compañías de Báez se repite en la mayoría de los documentos en los que se liquidaban las deudas de Vialidad.
La prioridad de pago a las firmas del empresario patagónico es la base de una demanda penal que Javier Iguacel, actual titular de la DNV, presentó el martes en la Justicia y quedó a cargo del juez Julián Ercolini. La denuncia sugiere que Báez, López y el ex ministro de Planificación Julio De Vido montaron una organización para defraudar al Estado. Y reclama que se investigue la eventual comisión de varios delitos.
Entre ellos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.
Se trata del paso más importante que dio el gobierno de Mauricio Macri para avanzar en el terreno judicial contra el dueño de Austral Construcciones. "Advertimos que podríamos estar en presencia de una maniobra delictual cuyo objeto final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos, diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenado hacia tal fin. Esta denuncia tiene por objeto iniciar el proceso para desentrañar y llegar a individualizar a todos y a sus principales responsables", plantea el texto presentado por la DNV, al que accedió LA NACION.
Iguacel se presentará hoy ante Ercolini en Comodoro Py para ratificar la denuncia, que va acompañada por pruebas, muchas de ellas recolectadas a partir de una auditoría que hizo Vialidad.
El documento que se presentó a la Justicia sostiene que Obras Públicas indicaba de manera habitual qué empresas debían cobrar y en qué proporción, hasta agotar la cuota presupuestaria del período. La comunicación se efectuaba a través de correos electrónicos dirigidos a DNV, que disponía los pagos indicados y los giraba a Economía.
Para concretar esas maniobras se estableció un circuito de pago de excepción, distinto del proceso ordinario. Austral Construcciones y las restantes empresas del grupo obtuvieron del anterior administrador de Vialidad, Nelson Periotti, el visto bueno para el pago anticipado de certificaciones de obra, algo que está contemplado en un acuerdo firmado por Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de la DNV. Ese convenio acompaña la denuncia.
Sobre esa base la Jefatura de Liquidaciones del organismo, a cargo de Claudia Bellofatto, remitía notas a la comisión permanente de actualización y consolidación de deuda indicando e individualizando los expedientes y las fechas que debían cancelarse anticipadamente.
Las empresas de Báez, no sólo Austral, sino también Kank y Costilla, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4% de toda la provincia. Y si bien las compañías del empresario incumplieron los plazos, nada de eso se trasladó a la administración kirchnerista, que les pagó con una demora promedio en torno de los 60 días (otras empresas tenían una espera cercana a los 260 días).
En paralelo, el kirchnerismo favoreció la realización de obras en Santa Cruz. Hasta enero de este año se habían adjudicado trabajos por $ 21.269 millones, 4,2 veces más que en Chubut, casi 2 veces más que en Río Negro y 15 veces por encima de lo que recibió La Pampa, todas provincias con más población.
Según un relevamiento de LA NACION, tan sólo en la primera década de gobierno el kirchnerismo destinó $ 63.400,71 millones al tendido y la reparación de rutas a través de la DNV, uno de los presupuestos más jugosos del país.
Santa Cruz fue la más beneficiada: se llevó cerca de $ 6885 millones, casi el 11% de lo disponible. La siguió Buenos Aires, el distrito económico más importante, con menos del 10%. Según el censo de 2010, la provincia de Buenos Aires tiene 15,6 millones de personas, que recibieron, cada una, $ 73,80 para rutas en 2013. Los patagónicos obtuvieron $ 3261,78, es decir, 44 veces más.
Antes de tiempo
Los beneficios de las compañías de Báez por encima de sus competidoras se profundizaron a medida que se acercaba el fin del mandato de Cristina Kirchner. Aunque el sector de la construcción reclama retrasos de meses en los pagos, registros de la DNV indican que al 20 de noviembre del año pasado las empresas de Báez habían cobrado certificados de obra por adelantado, que vencían el 4 de enero de este año.
Sobre la base de esa información, la denuncia de Iguacel sostiene que el gobierno anterior "estableció un sistema donde no sólo se priorizó y se garantizaron pagos de certificaciones sobre las restantes empresas contratadas por la DNV, sino que se estableció un circuito de pagos irregular y de excepción, el cual permitió a las empresas del grupo reseñado cobrar los certificados de obra en plazos aún menores que los establecidos contractualmente y de manera altamente beneficiosa, respecto de las demás empresas contratistas".
Iguacel también denunció ayer en declaraciones a Radio Continental sobreprecios en las obras viales. "Se iniciaba una obra por un monto de $ 150 millones y, después, se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con $ 150, $ 200 millones terminaban costando $ 3000", sostuvo.
El circuito de los pagos por adelantado - Los funcionarios kirchneristas beneficiaban a las empresas de Lázaro Báez. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia en la que acusa a la administración kirchnerista de defraudar al Estado, entre otras cosas, por favorecer los pagos para las empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El patagónico se quedó con cerca del 80% de las obras viales de Santa Cruz
José López - Ex secretario de Obras Públicas - Respondía en el organigrama a Julio De Vido, pero tenía juego propio por su cercanía a Néstor Kirchner. Es uno de los principales engranajes dentro del circuito de pagos privilegiados que beneficiaron a Austral Construcciones y a otras compañías de Lázaro Báez.
Julio De Vido - Ex ministro de Planificación - Aunque su nombre no aparece de manera directa en la denuncia que presentó la DNV, sí está mencionado su ministerio. Eso se debe a que tanto obras públicas como el organismo encargado de licitar y financiar las rutas estaban dentro de su órbitra.
Guillermo Periotti - Ex titular de la DNV - Fue el jefe del organismo (Vialidad) encargado de licitar y pagar obras viales en todo el país, por lo que manejó uno de los mayores presupuestos de la Nación. Lo acusan de promover un circuito de pagos a favor de Lázaro Báez y en detrimento de otras firmas.
Lázaro Báez - Dueño de Austral construcciones - Autral Construcciones y Kank y Costilla, dos compañías del empresario, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4 % de todas las rutas que se hicieron en Santa Cruz. Una auditoría del Gobierno indica que cobraban a 60 días, un plazo mucho más corto que el de otras firmas.
ARS avanza en un acuerdo para la fabricación y financiación de embarcaciones para la defensa
El presidente de Astillero Río Santiago, Dr. Ernesto Gaspari, mantuvo una nueva reunión de trabajo con representantes de la empresa China Poly Technologies, con el objetivo de ocupar la totalidad de la capacidad instalada en el mayor astillero del país.
Durante el encuentro se hizo presente el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Ing Jorge Elustondo, demostrando el apoyo de la provincia de Buenos Aires en esta nueva etapa, que busca posicionar al Astillero Río Santiago, en un rol estratégico al frente de la industria naval y metalmecánica.
En ese sentido y como resultado de las negociaciones, el titular del ARS, acordó avanzar en la elaboración de un convenio de cooperación para la fabricación de embarcaciones militares y financiamiento para actualización tecnológica en la planta naval de Ensenada.
Las negociaciones continuarán en los próximos días, para elevar dicho acuerdo a la refrenda de los ministerios intervinientes, Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires y de Defensa a nivel nacional.
FUENTE: https://www.facebook.com/ARSoficial/?fref=photo
Agregado: También, Poly fabrica dos productos muy interesantes para Argentina aplicables a un sistema de defensa movil.
Durante el encuentro se hizo presente el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Ing Jorge Elustondo, demostrando el apoyo de la provincia de Buenos Aires en esta nueva etapa, que busca posicionar al Astillero Río Santiago, en un rol estratégico al frente de la industria naval y metalmecánica.
En ese sentido y como resultado de las negociaciones, el titular del ARS, acordó avanzar en la elaboración de un convenio de cooperación para la fabricación de embarcaciones militares y financiamiento para actualización tecnológica en la planta naval de Ensenada.
Las negociaciones continuarán en los próximos días, para elevar dicho acuerdo a la refrenda de los ministerios intervinientes, Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires y de Defensa a nivel nacional.
FUENTE: https://www.facebook.com/ARSoficial/?fref=photo
Agregado: También, Poly fabrica dos productos muy interesantes para Argentina aplicables a un sistema de defensa movil.
jueves, 28 de abril de 2016
Argentina estudia comprar a Rusia un nuevo lote de helicópteros Mi-171
MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de la República de Argentina examina comprar a Rusia un nuevo lote de helicópteros Mi-171, comunicó este miércoles el viceministro de Defensa argentino, Ángel Pablo Tello.
Actualmente la Fuerza Aérea argentina dispone de dos helicópteros del tipo Mi-171, utilizados por el Ministerio de Defensa en expediciones antárticas. "Sí, Argentina estudia comprar a Rusia nuevos helicópteros", comentó Tello a RIA Nóvosti. Los detalles del posible acuerdo no se revelan.
El viceministro también aseguró que la cooperación militar con Rusia irá fortaleciéndose tras el cambio del poder en Argentina.
El ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Argentina en diciembre pasado fue Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, crítico de la expresidenta Cristina Fernández. Durante una conversación telefónica sostenida con el presidente ruso, Vladímir Putin, Macri declaró que considera la cooperación con Rusia de importancia estratégica
Según aseguró Tello, las relaciones ruso-argentinas en materia militar serán tan buenas como antes, se mantendrá la cooperación entre los ministerios de Defensa y que "incluso esta cooperación se ampliará". El viceministro de Defensa argentino asiste a la V Conferencia Internacional de Seguridad que se celebra entre hoy y mañana en Moscú.
Actualmente la Fuerza Aérea argentina dispone de dos helicópteros del tipo Mi-171, utilizados por el Ministerio de Defensa en expediciones antárticas. "Sí, Argentina estudia comprar a Rusia nuevos helicópteros", comentó Tello a RIA Nóvosti. Los detalles del posible acuerdo no se revelan.
El viceministro también aseguró que la cooperación militar con Rusia irá fortaleciéndose tras el cambio del poder en Argentina.
El ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Argentina en diciembre pasado fue Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, crítico de la expresidenta Cristina Fernández. Durante una conversación telefónica sostenida con el presidente ruso, Vladímir Putin, Macri declaró que considera la cooperación con Rusia de importancia estratégica
Según aseguró Tello, las relaciones ruso-argentinas en materia militar serán tan buenas como antes, se mantendrá la cooperación entre los ministerios de Defensa y que "incluso esta cooperación se ampliará". El viceministro de Defensa argentino asiste a la V Conferencia Internacional de Seguridad que se celebra entre hoy y mañana en Moscú.
China revela detalles de su misterioso acorazado
(Sputnik Mundo) - La revista china “Shipborne Weapons” reveló detalles del misterioso nuevo buque militar de China, actualmente conocido como Type 055.
La falta de información al respecto del "acorazado" es comprensible, puesto que el mismo sigue en proceso de desarrollo. El Pentágono estima que el barco podría entrar en fase de construcción a principios de 2016, pero esto no ha sido confirmado por el gobierno chino.
Mientras tanto, "Shipborne Weapons" publicó dibujos detallados y características técnicas del nuevo buque. De acuerdo con la publicación, el Type 055 medirá 175 metros de eslora y 21 metros de manga. El barco podrá alcanzar una velocidad de unos 60 kilómetros por hora (32 nudos).
La embarcación estará equipada con cuatro nuevos tipos de misiles: un misil de defensa aérea, un misil antisubmarino de alcance medio, un misil de defensa aérea de largo alcance y un misil antibuque supersónico de largo alcance. La nave contará también con misiles de crucero de ataque de tierra de largo alcance y un interceptor de misiles basado en mar. Además de eso, los radares de antenas en fase del buque incluirán antenas de banda X y banda S, lo que dejará a la embarcación al mismo nivel de los mejores barcos de defensa aérea de los Estados Unidos, informó la revista.
Según la publicación, estos nuevos "acorazados" chinos podrán desempeñar un papel clave en el equilibrio naval de la región Asia-Pacífico.
La falta de información al respecto del "acorazado" es comprensible, puesto que el mismo sigue en proceso de desarrollo. El Pentágono estima que el barco podría entrar en fase de construcción a principios de 2016, pero esto no ha sido confirmado por el gobierno chino.
Mientras tanto, "Shipborne Weapons" publicó dibujos detallados y características técnicas del nuevo buque. De acuerdo con la publicación, el Type 055 medirá 175 metros de eslora y 21 metros de manga. El barco podrá alcanzar una velocidad de unos 60 kilómetros por hora (32 nudos).
La embarcación estará equipada con cuatro nuevos tipos de misiles: un misil de defensa aérea, un misil antisubmarino de alcance medio, un misil de defensa aérea de largo alcance y un misil antibuque supersónico de largo alcance. La nave contará también con misiles de crucero de ataque de tierra de largo alcance y un interceptor de misiles basado en mar. Además de eso, los radares de antenas en fase del buque incluirán antenas de banda X y banda S, lo que dejará a la embarcación al mismo nivel de los mejores barcos de defensa aérea de los Estados Unidos, informó la revista.
Según la publicación, estos nuevos "acorazados" chinos podrán desempeñar un papel clave en el equilibrio naval de la región Asia-Pacífico.
Millonaria carrera de USA, China y Rusia por el misil hipersónico
Por Urgente24 (Extractado)
Los nuevos misiles, sugiere la información publicada el 13 de abril, alcanzan velocidades de entre 5 y 10 Mach, lo que los hace prácticamente indetectables por los radares enemigos. Los ingenieros de varias compañías estadounidenses que desarrollan estas armas todavía están trabajando en tecnologías del control en vuelo y maniobras de evasión.
Millonaria carrera de USA, China y Rusia por el misil hipersónicoMisil Hipersónico, en este caso la versión rusa.
En septiembre 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente chino, Xi Jinping, intercambiaron unas palabras de amistad durante una cena de Estado que el mandatario estadounidense organizó para agasajar a su colega asiático. “Propongo un brindis por la amistad entre los pueblos chino y estadounidense, por la prosperidad y la felicidad de ambos pueblos, por la salud del Presidente y la Sra. Obama, y de todos los presentes”, pronunció Jinping. Similares deseos tuvo el presidente Obama, quien elevó su pedido de que los pueblos chino y estadounidense puedan trabajar juntos, cooperando, en paz y amistad. A continuación, Xi y Obama chocaron sus copas en un brindis.
Sin embargo, nunca está demás ser precavido. Es que según la revista de relaciones internacionales estadounidense, Foreign Policy, China y USA están a la cabeza de una nueva carrera armamentista que asemeja mucho a la que mantuvieran durante la Guerra Fría, USA y Rusia, las dos potencias del entonces mundo bipolar. Esta vez, la carrera estaría siendo protagonizada por USA, el país con el mayor presupuesto en Defensa del mundo (US$ 569.000 millones en 2015, según datos de Euro News), y China, que es el 2do., con un gasto muy inferior, de US$ 191.000 millones. Pero también está en la competencia Rusia, que está en un 4to. puesto en presupuestos en Defensa en el mundo, con US$ 53.000 millones.
La paz nuclear bajo amenaza
“Estados Unidos, Rusia y China están ahora tras una nueva generación de armas nucleares más pequeñas y menos destructivas. Los avances amenazan con revivir la carrera armamentista de la era de la Guerra Fría y romper el balance de fuerzas destructivas entre las naciones que ha mantenido la paz nuclear desde hace más de medio siglo”, se leyó en el periódico estadounidense The New York Times. “Es, en buena medida, la vieja dinámica desarrollándose en una forma nueva, con Rusia en declive, China en ascenso, y Estados Unidos en la incertidumbre, compitiendo por el liderazgo.”
China y USA están trabajando contrarreloj para llegar primero al misil hipersónico, que serían capaces de dirigirse a su objetivo a velocidades alrededor de 10 veces superiores a la velocidad del sonido, algo que los volvería indetectables por las defensas antimisiles.
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, según sus siglas en inglés) ha gastado mucho dinero ya en proyectos de aviones y armas hipersónicas capaces de viajar a velocidades antes impensadas, según el International Business Times.
Mientras tanto Rusia, según información de medios rusos recogida por el propio Times, está desarrollando un dron subacuático que lanza una nube de contaminación radioactiva desde una explosión subacuática que haría a las ciudades inhabitables.
Para James M. Acton, un analista senior del Carnegie Endowment for International Peace, estamos siendo testigos de las primeras escenas de una carrera armamentista.
El Pentágono está desarrollando armas cibernéticas y otro material bélico para neutralizar sistemas electrónicos de misiles enemigos antes de ser lanzados en el marco de una nueva iniciativa de defensa de alta tecnología, comunicaron al Congreso altos funcionarios del Departamento de Defensa en una información recogida por el portal informativo The Washington Free Beacon.
Se prevé que los sistemas de defensa antimisiles no cinéticos –o sea, los que no destruyen por impacto directo– contrarresten los misiles que superen los mecanismos existentes. Se les denomina defensa de prelanzamiento.
En tanto, un exitoso lanzamiento de un misil balístico desde el sistema Iskander-M ha sido efectuado en el polígono de pruebas de Kapústin Yar, cerca de Astracán, Rusia, informa la agencia TASS.
El sistema de misiles tácticos Iskander-M integra cuatro tipos de misiles aerobalísticos y un misil de crucero. El Iskander-M fue concebido para lanzar ataques de precisión contra objetivos terrestres como centros de mando, grandes concentraciones de tropas, armas de fuego, centros de defensa aérea y de misiles, aviones y helicópteros en tierra. El misil es muy difícil de localizar e imposible de derribar.
El portal Free Beacon, citando una fuente del Pentágono informó que Beijing probó un misil balístico intercontinental DF-41 de largo alcance capaz de transportar entre 6 y 10 ojivas nucleares a una distancia de más de 10.000 kilómetros.
China probó con éxito el desarrollo de un misil balístico intercontinental capaz de transportar cabezas nucleares y alcanzar cualquier parte de USA en 30 minutos. La prueba misilística fue registrada por los sistemas de localización por satélite de USA. Sin embargo, la fuente no especifica dónde se produjo el lanzamiento. El nuevo misil chino representa una amenaza estratégica importante para Washington DC ya que tiene un alcance mayor que otros misiles balísticos intercontinentales.
¿Cuál es el arma estrella en esta nueva carrera armamentista? El misil hipersónico de planeo, también conocido como WU-14 y como DZ-FZ. Un intento norteamericano de probar esta nueva tecnología literalmente explotó en 2014, destaca Foreign Policy, pero el trabajo continúa. Los chinos han probado su versión 6 veces con un poco más de éxito, según informes.
El DZ-FZ sería casi imposible de detener con los sistemas de defensa antimisiles existentes. Su gran velocidad lo vuelve “prácticamente indetectable por los radares enemigos”, según indica el portal Russia Today. “A principios de 2014 hice un episodio titulado ‘¿Es China una amenaza nuclear?’” rememora el estadounidense Chris Chappell, presentador de “China Uncensored”, un show de YouTube. En ese momento la respuesta había sido no. “Bueno, luego de un año y medio de probar armas, ¡resulta que la respuesta ahora es sí!”, asegura Chappell. El programa es de junio de 2015, cuando China había llevado a cabo la cuarta prueba en 18 meses del misil hipersónico WU-14.
Curiosamente, esta prueba había tenido lugar justo antes de las conversaciones oficiales entre el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, y su homólogo chino, el general Fan Changlong. Esto también sucedió en coincidencia con el enojo chino por el intento de USA de intervenir en su expansión territorial en el Mar Meridional de China. Washington acusa a Beijing de tener intenciones nucleares para sus DZ-FZ.
Rusia comenzó las pruebas de su misil Zircon, capaz de alcanzar al menos la velocidad 5 Mach y que posiblemente llegue a los 10 Mach. La meta rusa es concretar en 2019 la nueva generación de defensas capaces de lidiar con todo tipo de ataques aéreos, incluyendo las que rebasen cinco veces la velocidad del sonido (mil 715 metros por segundo, m/s) o hipersónicos.
De acuerdo a Sputnik, los misiles crucero hipersónicos Zircon cuyos ensayos han comenzado a alcanzar una velocidad de 5 a 6 mach (mil 715 m/s a dos mil 058 m/s, o 6.1 kilómetros por segundo a 7.4 km/s). La escasa información sobre esta nueva arma apunta a que el crucero Pedro el Grande podría ser equipado hacia 2022 con estos misiles, ya que podrán ser lanzados desde mar y tierra.
El Zircon, con 250 millas de alcance, más que duplicará la velocidad de los actuales misiles antibarcos rusos. El Onyx desarrolla 2.6 Mach mientras el Kalibr -usado en Siria- apenas alcanza 0.9 Mach, aunque alcanza su objetivo a 2.9 Mach.
La doctrina de “mutua destrucción asegurada”
Durante la Guerra Fría, prevaleció la doctrina de la “mutua destrucción asegurada”, que prevenía a los países de atacarse mutuamente porque sabían que cualquier ataque resultaría en una represalia masiva y en la aniquilación de todos los participantes de la contienda. Pero con la “miniaturización” de las armas, esta lógica podría quedar obsoleta. La precisión y “daño controlado” de estas nuevas armas, pueden volverlas más “tentadoras de usar”, explica el NYT.
De momento, el Ejército de Estados Unidos tiene previsto usar estos misiles con cargas convencionales en lugar de nucleares, en medio de una intensa carrera armamentista con China y Rusia, sostiene un artículo del portal británico Internacional Business Times. Pero el riesgo es que la aparición de estos misiles desencadene la producción y desarrollo de nuevas armas nucleares por parte de Rusia y China.
Los adversarios miran lo que USA planea gastar en su programa de revitalización nuclear –estimado en hasta US$ 1.000 millones en 3 décadas- y lo usan para hacer lobby en pos de su propio armamento sofisticado, explica el New York Times.
Rusia y China tienen sus propias preocupaciones respecto de la capacidad estadounidense de lanzar armas nucleares que podrían atacar objetivos a distancias más largas, en menos tiempo que los misiles balísticos convencionales, y que se mueven a tal velocidad que los actuales antimisiles y aviones de combate no podrían interceptarlos, según indica el portal Defense One.
¿Cómo funciona el misil hipersónico de planeo?
El misil hipersónico de planeo puede ser cargado con distintos tipos de armas o ninguna, ya que la gran velocidad a la que viaja, hace que el impacto mismo del misil sobre su objetivo pueda actuar como una bomba (a pesar de que el misil no contenga explosivos). Es lanzado al espacio a través de un cohete que le da impulso. Asciende hasta el espacio y luego descenderá, guiado por controles aerodinámicos. Una vez que está en el espacio exterior, el misil hipersónico se libera del que le sirvió de propulsión y regresa atravesando la atmósfera a 12.000 kilómetros por hora, alrededor de 10 veces la velocidad del sonido, por lo que puede tocar el suelo en menos de 60 segundos, describe Chappell.
El DZ-FZ puede maniobrar de manera errática gracias a sus dotes de planeador; se dirige a su meta sin un recorrido predecible, lo que lo vuelve un vehículo casi imposible de detectar para las defensas antimisiles. “Durante más de medio siglo, los misiles balísticos han provisto la capacidad de lanzar los armamentos por encima de la atmósfera y atacar cualquier punto en el globo en minutos”, explica Mark Gubrud, en el Boletín de Científicos Atómicos.
“El concepto de los misiles hipersónicos, que se abrirían camino a través de la atmósfera en una fracción de la velocidad a la que lo hacen los misiles balísticos, ha estado dando vueltas desde hace tiempo, pero factores estresantes como las altas temperaturas y los efectos corrosivos del vuelo hipersónico, han frustrado los esfuerzos por desarrollar armas prácticas.”
Los misiles balísticos son más simples, más baratos y más rápidos que los misiles hipersónicos, pero los misiles hipersónicos podrían atacar barcos, antenas de comunicación y radares, búnkeres de almacenamiento de armas y de comando, lanzadoras de misiles y otros bienes estratégicos de guerra, a una velocidad tal, que no existe hoy defensa alguna contra ellos.
Los nuevos misiles, sugiere la información publicada el 13 de abril, alcanzan velocidades de entre 5 y 10 Mach, lo que los hace prácticamente indetectables por los radares enemigos. Los ingenieros de varias compañías estadounidenses que desarrollan estas armas todavía están trabajando en tecnologías del control en vuelo y maniobras de evasión.
Millonaria carrera de USA, China y Rusia por el misil hipersónicoMisil Hipersónico, en este caso la versión rusa.
En septiembre 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente chino, Xi Jinping, intercambiaron unas palabras de amistad durante una cena de Estado que el mandatario estadounidense organizó para agasajar a su colega asiático. “Propongo un brindis por la amistad entre los pueblos chino y estadounidense, por la prosperidad y la felicidad de ambos pueblos, por la salud del Presidente y la Sra. Obama, y de todos los presentes”, pronunció Jinping. Similares deseos tuvo el presidente Obama, quien elevó su pedido de que los pueblos chino y estadounidense puedan trabajar juntos, cooperando, en paz y amistad. A continuación, Xi y Obama chocaron sus copas en un brindis.
Sin embargo, nunca está demás ser precavido. Es que según la revista de relaciones internacionales estadounidense, Foreign Policy, China y USA están a la cabeza de una nueva carrera armamentista que asemeja mucho a la que mantuvieran durante la Guerra Fría, USA y Rusia, las dos potencias del entonces mundo bipolar. Esta vez, la carrera estaría siendo protagonizada por USA, el país con el mayor presupuesto en Defensa del mundo (US$ 569.000 millones en 2015, según datos de Euro News), y China, que es el 2do., con un gasto muy inferior, de US$ 191.000 millones. Pero también está en la competencia Rusia, que está en un 4to. puesto en presupuestos en Defensa en el mundo, con US$ 53.000 millones.
La paz nuclear bajo amenaza
“Estados Unidos, Rusia y China están ahora tras una nueva generación de armas nucleares más pequeñas y menos destructivas. Los avances amenazan con revivir la carrera armamentista de la era de la Guerra Fría y romper el balance de fuerzas destructivas entre las naciones que ha mantenido la paz nuclear desde hace más de medio siglo”, se leyó en el periódico estadounidense The New York Times. “Es, en buena medida, la vieja dinámica desarrollándose en una forma nueva, con Rusia en declive, China en ascenso, y Estados Unidos en la incertidumbre, compitiendo por el liderazgo.”
China y USA están trabajando contrarreloj para llegar primero al misil hipersónico, que serían capaces de dirigirse a su objetivo a velocidades alrededor de 10 veces superiores a la velocidad del sonido, algo que los volvería indetectables por las defensas antimisiles.
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, según sus siglas en inglés) ha gastado mucho dinero ya en proyectos de aviones y armas hipersónicas capaces de viajar a velocidades antes impensadas, según el International Business Times.
Mientras tanto Rusia, según información de medios rusos recogida por el propio Times, está desarrollando un dron subacuático que lanza una nube de contaminación radioactiva desde una explosión subacuática que haría a las ciudades inhabitables.
Para James M. Acton, un analista senior del Carnegie Endowment for International Peace, estamos siendo testigos de las primeras escenas de una carrera armamentista.
El Pentágono está desarrollando armas cibernéticas y otro material bélico para neutralizar sistemas electrónicos de misiles enemigos antes de ser lanzados en el marco de una nueva iniciativa de defensa de alta tecnología, comunicaron al Congreso altos funcionarios del Departamento de Defensa en una información recogida por el portal informativo The Washington Free Beacon.
Se prevé que los sistemas de defensa antimisiles no cinéticos –o sea, los que no destruyen por impacto directo– contrarresten los misiles que superen los mecanismos existentes. Se les denomina defensa de prelanzamiento.
En tanto, un exitoso lanzamiento de un misil balístico desde el sistema Iskander-M ha sido efectuado en el polígono de pruebas de Kapústin Yar, cerca de Astracán, Rusia, informa la agencia TASS.
China probó con éxito el desarrollo de un misil balístico intercontinental capaz de transportar cabezas nucleares y alcanzar cualquier parte de USA en 30 minutos. La prueba misilística fue registrada por los sistemas de localización por satélite de USA. Sin embargo, la fuente no especifica dónde se produjo el lanzamiento. El nuevo misil chino representa una amenaza estratégica importante para Washington DC ya que tiene un alcance mayor que otros misiles balísticos intercontinentales.
El DZ-FZ sería casi imposible de detener con los sistemas de defensa antimisiles existentes. Su gran velocidad lo vuelve “prácticamente indetectable por los radares enemigos”, según indica el portal Russia Today. “A principios de 2014 hice un episodio titulado ‘¿Es China una amenaza nuclear?’” rememora el estadounidense Chris Chappell, presentador de “China Uncensored”, un show de YouTube. En ese momento la respuesta había sido no. “Bueno, luego de un año y medio de probar armas, ¡resulta que la respuesta ahora es sí!”, asegura Chappell. El programa es de junio de 2015, cuando China había llevado a cabo la cuarta prueba en 18 meses del misil hipersónico WU-14.
Curiosamente, esta prueba había tenido lugar justo antes de las conversaciones oficiales entre el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, y su homólogo chino, el general Fan Changlong. Esto también sucedió en coincidencia con el enojo chino por el intento de USA de intervenir en su expansión territorial en el Mar Meridional de China. Washington acusa a Beijing de tener intenciones nucleares para sus DZ-FZ.
Rusia comenzó las pruebas de su misil Zircon, capaz de alcanzar al menos la velocidad 5 Mach y que posiblemente llegue a los 10 Mach. La meta rusa es concretar en 2019 la nueva generación de defensas capaces de lidiar con todo tipo de ataques aéreos, incluyendo las que rebasen cinco veces la velocidad del sonido (mil 715 metros por segundo, m/s) o hipersónicos.
De acuerdo a Sputnik, los misiles crucero hipersónicos Zircon cuyos ensayos han comenzado a alcanzar una velocidad de 5 a 6 mach (mil 715 m/s a dos mil 058 m/s, o 6.1 kilómetros por segundo a 7.4 km/s). La escasa información sobre esta nueva arma apunta a que el crucero Pedro el Grande podría ser equipado hacia 2022 con estos misiles, ya que podrán ser lanzados desde mar y tierra.
El Zircon, con 250 millas de alcance, más que duplicará la velocidad de los actuales misiles antibarcos rusos. El Onyx desarrolla 2.6 Mach mientras el Kalibr -usado en Siria- apenas alcanza 0.9 Mach, aunque alcanza su objetivo a 2.9 Mach.
La doctrina de “mutua destrucción asegurada”
Durante la Guerra Fría, prevaleció la doctrina de la “mutua destrucción asegurada”, que prevenía a los países de atacarse mutuamente porque sabían que cualquier ataque resultaría en una represalia masiva y en la aniquilación de todos los participantes de la contienda. Pero con la “miniaturización” de las armas, esta lógica podría quedar obsoleta. La precisión y “daño controlado” de estas nuevas armas, pueden volverlas más “tentadoras de usar”, explica el NYT.
De momento, el Ejército de Estados Unidos tiene previsto usar estos misiles con cargas convencionales en lugar de nucleares, en medio de una intensa carrera armamentista con China y Rusia, sostiene un artículo del portal británico Internacional Business Times. Pero el riesgo es que la aparición de estos misiles desencadene la producción y desarrollo de nuevas armas nucleares por parte de Rusia y China.
Los adversarios miran lo que USA planea gastar en su programa de revitalización nuclear –estimado en hasta US$ 1.000 millones en 3 décadas- y lo usan para hacer lobby en pos de su propio armamento sofisticado, explica el New York Times.
Rusia y China tienen sus propias preocupaciones respecto de la capacidad estadounidense de lanzar armas nucleares que podrían atacar objetivos a distancias más largas, en menos tiempo que los misiles balísticos convencionales, y que se mueven a tal velocidad que los actuales antimisiles y aviones de combate no podrían interceptarlos, según indica el portal Defense One.
¿Cómo funciona el misil hipersónico de planeo?
El misil hipersónico de planeo puede ser cargado con distintos tipos de armas o ninguna, ya que la gran velocidad a la que viaja, hace que el impacto mismo del misil sobre su objetivo pueda actuar como una bomba (a pesar de que el misil no contenga explosivos). Es lanzado al espacio a través de un cohete que le da impulso. Asciende hasta el espacio y luego descenderá, guiado por controles aerodinámicos. Una vez que está en el espacio exterior, el misil hipersónico se libera del que le sirvió de propulsión y regresa atravesando la atmósfera a 12.000 kilómetros por hora, alrededor de 10 veces la velocidad del sonido, por lo que puede tocar el suelo en menos de 60 segundos, describe Chappell.
El DZ-FZ puede maniobrar de manera errática gracias a sus dotes de planeador; se dirige a su meta sin un recorrido predecible, lo que lo vuelve un vehículo casi imposible de detectar para las defensas antimisiles. “Durante más de medio siglo, los misiles balísticos han provisto la capacidad de lanzar los armamentos por encima de la atmósfera y atacar cualquier punto en el globo en minutos”, explica Mark Gubrud, en el Boletín de Científicos Atómicos.
“El concepto de los misiles hipersónicos, que se abrirían camino a través de la atmósfera en una fracción de la velocidad a la que lo hacen los misiles balísticos, ha estado dando vueltas desde hace tiempo, pero factores estresantes como las altas temperaturas y los efectos corrosivos del vuelo hipersónico, han frustrado los esfuerzos por desarrollar armas prácticas.”
Los misiles balísticos son más simples, más baratos y más rápidos que los misiles hipersónicos, pero los misiles hipersónicos podrían atacar barcos, antenas de comunicación y radares, búnkeres de almacenamiento de armas y de comando, lanzadoras de misiles y otros bienes estratégicos de guerra, a una velocidad tal, que no existe hoy defensa alguna contra ellos.
Millonaria garantía del Banco Mundial para energías renovables
(Clarin) - Una apuesta para reactivar la economía
La garantía es para que los proyectos tengan baja tasa y la energía sea muy barata.
Entrevista a Sebastian Kind subsecretario de energias renovables del ministerio de Minería y Energía de La Nación.
Foto Lucía Merle
El Gobierno está trabajando con el Banco Mundial en una garantía de mil millones de dólares Triple A para conseguir uno de los niveles de precio más bajos del mundo para los proyectos de energía renovables, que se empezarán a licitarse en el segundo trimestre.
“Estamos blindando el programa renovable y lo estamos sacando del riesgo argentino”, indicó a Clarín Sebastián Kind, el subsecretario del área. Aunque aún no se decidió el volumen de proyectos y el mix de tecnologías de generación que se subastarán en la primera ronda, las condiciones estarán publicadas en las próximas semanas. Las expectativas son enormes, ya que hay inversiones calculadas por 5 mil millones de dólares para llegar hasta 3 gigavatios de capacidad instalada para finesde 2018.
En los últimos años, Argentina había quedado prácticamente excluida del mercado de generación limpia por los altos costos de financiamiento, mientras todos los países vecinos comenzaron a acceder a esta tecnología a precios que ya compiten con las energías fósiles. Para el Gobierno, el desarrollo del sector es una de los pilares más importantes para la reactivación económica, ya que es muy intensivo en la utilización de mano de obra.
Según Kind, “el mundo entero estará en la Argentina” en las próximas subastas, ya que -en su visión- nuestro país es hoy “un hervidero de oportunidades”. El ministerio de Energía está trabajando en la letra chica sobre cómo se instrumentarán las adjudicaciones de los proyectos, un combo en el que se evaluará el financiamiento externo que traigan los oferentes, la cantidad de componentes nacionales que propongan integrar y la velocidad en la que hagan los parques.
--¿Cómo será la primera licitación?
Se va a dividir por cuotas para que las tecnologías no compitan entre si. Eólica, solar, biomasa, minihidro, entre otras. El Estado no va a poner los precios. El precio los pone el mercado, en función de la variable que tengan los proyectos. Estamos blindando el programa renovable, y lo estamos sacando del riesgo Argentino, más allá de la salida del default. Trabajamos con el banco Mundial para conformar una garantía multilateral triple A que nos respalde el eventual incumplimiento del contratante, Cammesa o el que la autoridad de aplicación determine. Instrumentando esto, estamos jugando en primera división.
--Y eso sería....
Perú , por ejemplo, abrió licitación a 37 el megavatio hora para eólica, 48 el megavatio hora para la solar fotovoltaica; México por el orden de 40 dólares para solar. Estábamos pagando de 110 dólares para arriba, todo. Doscientos dólares y pico la solar.
--¿Qué otras cosas hacen falta?
Contratos en dólares, plazos de 20 años, respaldo de potencia, asegurar capacidad de despacho.
--¿Y en la primera ronda licitatoria se va a poder jugar en primera?
Sí. ¿Por qué no?
--¿Con los precios de la región?
Los precios no los pone el Estado, los pone el mercado en función de las características de cada una de las variables. ¿Vamos a tener los precios que tiene la región? Lo veremos.
--¿Cuánta inversión va a llegar?
El primer objetivo del 8 por ciento. Esto es del orden de 2 y 3 gigavatios, dependiendo del factor de capacidad del mix de tecnologías. Y en plata, hay que ver cómo se hace ese mix. Pero será de 5 mil millones de dólares.
--¿Este año habrá proyectos en pie?
No, de ningún modo. Se licita en mayo, se abren ofertas a equis días luego, se adjudican los contratos, se firman los contratos de compra y venta de energía. A partir de ahí, 12 meses, 18 meses.
--¿Es posible pensar 100 por ciento de generación limpia?
La potencia renovable al ser intermitente, requiere de potencia firme en la medida que vos no tengas almacenamiento masivo de energía. Y eso necesita firmeza. Un 20 por ciento (que es la meta que se plantea la ley 27.191 para 2025), no perturba condiciones de tensión y frecuencia, que es lo que hace que se pueda estar tranquilo de incorporar. Si vas a poner 50 por ciento de energía renovable en la matriz, si no estás asociado a un mercado que te haga de respaldo, no se puede.
--¿Y se puede pensar en una red regional?
Por su puesto. Con Chile, con Uruguay la tenemos. De hecho, estamos en transacciones comerciales con los dos mercados. Hay cierta interconexión pero con capacidades limitadas. Se podría armar una red regional donde todos ganen.
--¿Dónde estarán los primeros proyectos?
Por todo el país. Todas las regiones tienen sus bondades y ciertas capacidades para poder despachar energía. Esto que el único punto es el Sur de nuestro país para generar energía, no es cierto. Tenemos un país que no se puede creer.
--¿Qué pasó con la resolución 108, que se suspendió y que tenía pre adjudicados algunos proyectos? ¿Por qué tanto revuelo?
Porque hay mucho interés de seguir cobrando precios fuera de mercado. La resolución 108 tenía contratos en dólares para la energía solar de 240 dólares, cuando en la región se comercializa por 40, 50, 60, 80. ¿Por qué teníamos que pagar 240 dólares? Porque nos financiábamos a dos dígitos. Y porque teníamos un horizonte totalmente distinto al que tenemos ahora. Todos los que estaban bajo la resolución 108 están invitados a participar. Pero el Gobierno Nacional no va a firmar contratos directos con nadie. La reglamentación de la ley 27191 lo pone muy clarito: procesos públicos y competitivos. Quien no esté dispuesto a competir, no es bienvenido.
--¿Qué pasa con la energía distribuida?
Estamos empujando desde el poder Ejecutivo una ley nacional de generación distribuida. Hoy hay 9 proyectos presentados en el Congreso. Vamos a tomar el modelo que mejor entendamos para apoyar. Vamos a dar el debate que haya que dar, como lo hemos hecho con la 27191, que salió por unanimidad. Es inminente el tema.
--¿La primera licitación será seguida por otras licitaciones?
La primera licitación no va a tener el volumen completo del objetivo. La respuesta es sí. ¿Cuándo? No lo tenemos todavía definido. Ni lo vamos a saber, ni lo vamos a definir hoy ni mañana, porque necesitamos avanzar. Vamos por las piedras: paso a paso. Vamos a sacar la primera licitación, modesta, bien estructurada, con un set de garantías. Con mucha confianza. Veremos cómo reacciona al mercado.
La garantía es para que los proyectos tengan baja tasa y la energía sea muy barata.
Entrevista a Sebastian Kind subsecretario de energias renovables del ministerio de Minería y Energía de La Nación.
Foto Lucía Merle
El Gobierno está trabajando con el Banco Mundial en una garantía de mil millones de dólares Triple A para conseguir uno de los niveles de precio más bajos del mundo para los proyectos de energía renovables, que se empezarán a licitarse en el segundo trimestre.
“Estamos blindando el programa renovable y lo estamos sacando del riesgo argentino”, indicó a Clarín Sebastián Kind, el subsecretario del área. Aunque aún no se decidió el volumen de proyectos y el mix de tecnologías de generación que se subastarán en la primera ronda, las condiciones estarán publicadas en las próximas semanas. Las expectativas son enormes, ya que hay inversiones calculadas por 5 mil millones de dólares para llegar hasta 3 gigavatios de capacidad instalada para finesde 2018.
En los últimos años, Argentina había quedado prácticamente excluida del mercado de generación limpia por los altos costos de financiamiento, mientras todos los países vecinos comenzaron a acceder a esta tecnología a precios que ya compiten con las energías fósiles. Para el Gobierno, el desarrollo del sector es una de los pilares más importantes para la reactivación económica, ya que es muy intensivo en la utilización de mano de obra.
Según Kind, “el mundo entero estará en la Argentina” en las próximas subastas, ya que -en su visión- nuestro país es hoy “un hervidero de oportunidades”. El ministerio de Energía está trabajando en la letra chica sobre cómo se instrumentarán las adjudicaciones de los proyectos, un combo en el que se evaluará el financiamiento externo que traigan los oferentes, la cantidad de componentes nacionales que propongan integrar y la velocidad en la que hagan los parques.
--¿Cómo será la primera licitación?
Se va a dividir por cuotas para que las tecnologías no compitan entre si. Eólica, solar, biomasa, minihidro, entre otras. El Estado no va a poner los precios. El precio los pone el mercado, en función de la variable que tengan los proyectos. Estamos blindando el programa renovable, y lo estamos sacando del riesgo Argentino, más allá de la salida del default. Trabajamos con el banco Mundial para conformar una garantía multilateral triple A que nos respalde el eventual incumplimiento del contratante, Cammesa o el que la autoridad de aplicación determine. Instrumentando esto, estamos jugando en primera división.
--Y eso sería....
Perú , por ejemplo, abrió licitación a 37 el megavatio hora para eólica, 48 el megavatio hora para la solar fotovoltaica; México por el orden de 40 dólares para solar. Estábamos pagando de 110 dólares para arriba, todo. Doscientos dólares y pico la solar.
--¿Qué otras cosas hacen falta?
Contratos en dólares, plazos de 20 años, respaldo de potencia, asegurar capacidad de despacho.
--¿Y en la primera ronda licitatoria se va a poder jugar en primera?
Sí. ¿Por qué no?
--¿Con los precios de la región?
Los precios no los pone el Estado, los pone el mercado en función de las características de cada una de las variables. ¿Vamos a tener los precios que tiene la región? Lo veremos.
--¿Cuánta inversión va a llegar?
El primer objetivo del 8 por ciento. Esto es del orden de 2 y 3 gigavatios, dependiendo del factor de capacidad del mix de tecnologías. Y en plata, hay que ver cómo se hace ese mix. Pero será de 5 mil millones de dólares.
--¿Este año habrá proyectos en pie?
No, de ningún modo. Se licita en mayo, se abren ofertas a equis días luego, se adjudican los contratos, se firman los contratos de compra y venta de energía. A partir de ahí, 12 meses, 18 meses.
--¿Es posible pensar 100 por ciento de generación limpia?
La potencia renovable al ser intermitente, requiere de potencia firme en la medida que vos no tengas almacenamiento masivo de energía. Y eso necesita firmeza. Un 20 por ciento (que es la meta que se plantea la ley 27.191 para 2025), no perturba condiciones de tensión y frecuencia, que es lo que hace que se pueda estar tranquilo de incorporar. Si vas a poner 50 por ciento de energía renovable en la matriz, si no estás asociado a un mercado que te haga de respaldo, no se puede.
--¿Y se puede pensar en una red regional?
Por su puesto. Con Chile, con Uruguay la tenemos. De hecho, estamos en transacciones comerciales con los dos mercados. Hay cierta interconexión pero con capacidades limitadas. Se podría armar una red regional donde todos ganen.
--¿Dónde estarán los primeros proyectos?
Por todo el país. Todas las regiones tienen sus bondades y ciertas capacidades para poder despachar energía. Esto que el único punto es el Sur de nuestro país para generar energía, no es cierto. Tenemos un país que no se puede creer.
--¿Qué pasó con la resolución 108, que se suspendió y que tenía pre adjudicados algunos proyectos? ¿Por qué tanto revuelo?
Porque hay mucho interés de seguir cobrando precios fuera de mercado. La resolución 108 tenía contratos en dólares para la energía solar de 240 dólares, cuando en la región se comercializa por 40, 50, 60, 80. ¿Por qué teníamos que pagar 240 dólares? Porque nos financiábamos a dos dígitos. Y porque teníamos un horizonte totalmente distinto al que tenemos ahora. Todos los que estaban bajo la resolución 108 están invitados a participar. Pero el Gobierno Nacional no va a firmar contratos directos con nadie. La reglamentación de la ley 27191 lo pone muy clarito: procesos públicos y competitivos. Quien no esté dispuesto a competir, no es bienvenido.
--¿Qué pasa con la energía distribuida?
Estamos empujando desde el poder Ejecutivo una ley nacional de generación distribuida. Hoy hay 9 proyectos presentados en el Congreso. Vamos a tomar el modelo que mejor entendamos para apoyar. Vamos a dar el debate que haya que dar, como lo hemos hecho con la 27191, que salió por unanimidad. Es inminente el tema.
--¿La primera licitación será seguida por otras licitaciones?
La primera licitación no va a tener el volumen completo del objetivo. La respuesta es sí. ¿Cuándo? No lo tenemos todavía definido. Ni lo vamos a saber, ni lo vamos a definir hoy ni mañana, porque necesitamos avanzar. Vamos por las piedras: paso a paso. Vamos a sacar la primera licitación, modesta, bien estructurada, con un set de garantías. Con mucha confianza. Veremos cómo reacciona al mercado.
Argentina y Rusia: relación entre "dos necesitados"
Por Sebastián Vigliero - Clarin
La “asociación estratégica integral entre la República Argentina y la Federación de Rusia auspicia una plataforma de complementación de cara al futuro para los dos países, que no se debería dejar de mirarse.
Ambos países, además de compartir fuertes intereses en el campo de la seguridad y la economía –tienen posiciones comunes en el Grupo de los 20 y en Organización de Naciones Unidas (ONU)-, son “dos necesitados” cuyas economías enfrentan el dilema de permanecer dependientes del ciclo de precios de los commodities –granos e hidrocarburos- sino también de convertirse en plataformas productivas modernas y altamente intensivas. Una combinación que pocos países se podrían dar el lujo de soslayar.
Hoy el comercio argentino-ruso se sitúa en alrededor de unos u$s 1.800 millones e involucra en su mayoría productos primarios. El crónico déficit comercial argentino desde 2011 se explica por la magnitud de las exportaciones rusas -70% de la balanza comercial-, constituidas en su gran mayoría por fertilizantes minerales y combustible diesel y por las pocas y concentradas ventas argentinas -frutas, carnes, legumbre y bebidas-. Nuestro país no es para Rusia un socio comercial de envergadura, como sí lo son los mercados en Europa, Asia y sus vecinos inmediatos.
Lejos de quedarse en la lógica del tradicional esquema de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), tanto Argentina como Rusia se muestran como economías con importantes recursos naturales –de por sí escasos y muy demandados en el mundo- que buscan desarrollarse sustentablemente. El problema es su primitiva matriz industrial y la falta de inversiones.
¿Cómo pueden complementarse? Argentina se ofrece hoy al mundo como una potencial base de operaciones industrial necesitada de inversiones millonarias, de transferencia tecnológica, infraestructura, y de conocimiento.
Las sanciones internacionales impuestas a Rusia por parte de Europa y Estados Unidos son una formidable oportunidad para la industria de agroalimentaria nacional en el mercado ruso. Por su parte, el Kremlin, además de la necesidad de modernizar su economía y sus instituciones, tiene intereses concretos en los sectores de hidrocarburos telecomunicaciones, de energía atómica, hidroelectricidad, industria ferroviaria, militar y de transporte, entre las más representativas.
No siendo suficiente ello faltaría creatividad para combinar sinergias de recursos naturales y erigir industrias intermedias altamente intensivas que permitan insertarse en las cadenas de producción internacional.
Ello redundaría no sólo en beneficio de los dos países sino que sería un comienzo para lanzar una estrategia transnacional argentino-rusa y replicarla en América Latina y en la Unión Económica Euroasiática-Asia Central-, haciéndolo extensivo a otras regiones. Algo que podría servir para acortar distancias y acrecentar lazos de dos países que buscan crecimiento sustentable en el tiempo.
Sin dudas, un desafío interesante para la Argentina y Rusia que, pese a la distancia y al disímil tamaño de sus economías, piensan muy parecido sus estrategias de salida que las condicionan en la economía internacional.
Sebastián Vigliero es profesor del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE
La “asociación estratégica integral entre la República Argentina y la Federación de Rusia auspicia una plataforma de complementación de cara al futuro para los dos países, que no se debería dejar de mirarse.
Ambos países, además de compartir fuertes intereses en el campo de la seguridad y la economía –tienen posiciones comunes en el Grupo de los 20 y en Organización de Naciones Unidas (ONU)-, son “dos necesitados” cuyas economías enfrentan el dilema de permanecer dependientes del ciclo de precios de los commodities –granos e hidrocarburos- sino también de convertirse en plataformas productivas modernas y altamente intensivas. Una combinación que pocos países se podrían dar el lujo de soslayar.
Hoy el comercio argentino-ruso se sitúa en alrededor de unos u$s 1.800 millones e involucra en su mayoría productos primarios. El crónico déficit comercial argentino desde 2011 se explica por la magnitud de las exportaciones rusas -70% de la balanza comercial-, constituidas en su gran mayoría por fertilizantes minerales y combustible diesel y por las pocas y concentradas ventas argentinas -frutas, carnes, legumbre y bebidas-. Nuestro país no es para Rusia un socio comercial de envergadura, como sí lo son los mercados en Europa, Asia y sus vecinos inmediatos.
Lejos de quedarse en la lógica del tradicional esquema de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), tanto Argentina como Rusia se muestran como economías con importantes recursos naturales –de por sí escasos y muy demandados en el mundo- que buscan desarrollarse sustentablemente. El problema es su primitiva matriz industrial y la falta de inversiones.
¿Cómo pueden complementarse? Argentina se ofrece hoy al mundo como una potencial base de operaciones industrial necesitada de inversiones millonarias, de transferencia tecnológica, infraestructura, y de conocimiento.
Las sanciones internacionales impuestas a Rusia por parte de Europa y Estados Unidos son una formidable oportunidad para la industria de agroalimentaria nacional en el mercado ruso. Por su parte, el Kremlin, además de la necesidad de modernizar su economía y sus instituciones, tiene intereses concretos en los sectores de hidrocarburos telecomunicaciones, de energía atómica, hidroelectricidad, industria ferroviaria, militar y de transporte, entre las más representativas.
No siendo suficiente ello faltaría creatividad para combinar sinergias de recursos naturales y erigir industrias intermedias altamente intensivas que permitan insertarse en las cadenas de producción internacional.
Ello redundaría no sólo en beneficio de los dos países sino que sería un comienzo para lanzar una estrategia transnacional argentino-rusa y replicarla en América Latina y en la Unión Económica Euroasiática-Asia Central-, haciéndolo extensivo a otras regiones. Algo que podría servir para acortar distancias y acrecentar lazos de dos países que buscan crecimiento sustentable en el tiempo.
Sin dudas, un desafío interesante para la Argentina y Rusia que, pese a la distancia y al disímil tamaño de sus economías, piensan muy parecido sus estrategias de salida que las condicionan en la economía internacional.
Sebastián Vigliero es profesor del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE
Velódromo: tras 23 años de abandono, harán un parque para deportes y recreación
Por Pablo Novillo - Clarin.com - El proyecto en marcha en Palermo incluye un “skate park”, canchas de hockey sobre césped, patín y de básquet, circuitos aeróbicos y verdes.
Maqueta de cómo quedará la obra terminada.
Fue una estructura portentosa, con capacidad para 15.000 espectadores, con una pista de primer nivel internacional. Pero como tantas otras cosas en la Ciudad, cayó en el olvido, el abandono y la ruina. Ya irrecuperable, el año pasado fue parcialmente demolida. Y hoy busca una nueva razón de ser. El Gobierno porteño convertirá lo que queda del viejo Velódromo Municipal en un parque público con pistas de skate, canchas de hockey y básquet, circuitos aeróbicos y zonas verdes. Así, el terreno, ubicado en la avenida Belisario Roldán, entre Figueroa Alcorta y las vías del ferrocarril Mitre, quedará integrado al resto de los bosques de Palermo y podrá volver a ser aprovechado, tras más de dos décadas de decadencia.
Las obras comenzarán el mes que viene. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público firmó ayer un convenio con la marca de zapatillas Vans, que construirá y mantendrá un skate park en la vieja pista en desuso. Será un circuito profesional y apto para competencias internacionales, al que se podrá acceder gratuitamente. También habrá otra pista para principiantes.
En tanto, la Ciudad firmará convenios de padrinazgo para el resto de las instalaciones, entre las que habrá una cancha de hockey sobre césped y otra sobre patines, una cancha de cemento para jugar al básquet, una pista para hacer pruebas acrobáticas con bicicletas y un circuito aeróbico con postas para ejercicios. Además, el Ministerio construirá senderos peatonales, una red vial con circulación restringida y estacionamientos, canteros y zonas verdes, más una nueva instalación de bombas para desagotar la pista en caso de lluvias.
Por otra parte, debajo de la nueva estructura de la hoya de skate habrá lugar para oficinas, que podrían ser aprovechadas en el marco de los Juegos Olímpicos para la Juventud que se desarrollarán en 2018. También habrá bancos, cestos, bicicleteros, iluminación y otros elementos de mobiliario urbano. La idea es no agregar más cemento del existente sino recuperar esos espacios y agregar vegetación.
Este nuevo parque verde y recreativo, que ocupará las cinco hectáreas del predio, tendrá tres accesos, uno por Belisario Roldán y dos desde Figueroa Alcorta. “A través de esta obra vamos a transformar el espacio con áreas de esparcimiento para que los vecinos de todas las edades puedan aprovecharlo. El skate park será un espacio seguro para los jóvenes y sus familias”, aseguró el ministro de Espacio Público, Eduardo Macchiavelli.
El Velódromo estuvo abandonado durante los últimos 23 años, al punto tal que un informe técnico del Centro Argentino de Ingenieros demostró que sus tribunas corrían riesgo de derrumbe. La pista estaba inutilizable, y hasta habían crecido árboles donde antes corrían los ciclistas. Hubo numerosas iniciativas, desde privatizarlo hasta convertirlo en un estadio de tenis o un lugar para recitales, pero ninguno prosperó. Así, se fue convirtiendo en un lugar oscuro, sucio e inseguro.
Como era más caro restaurarlo que tirarlo abajo, en 2013 la Legislatura porteña tuvo que autorizar que lo desmantelaran, ya que hasta ese momento no se lo podía tocar porque era Monumento Histórico. El lunes 3 de agosto del año pasado comenzó la demolición, que demoró cerca de tres meses y costó unos $ 6,5 millones.
Maqueta de cómo quedará la obra terminada.
Fue una estructura portentosa, con capacidad para 15.000 espectadores, con una pista de primer nivel internacional. Pero como tantas otras cosas en la Ciudad, cayó en el olvido, el abandono y la ruina. Ya irrecuperable, el año pasado fue parcialmente demolida. Y hoy busca una nueva razón de ser. El Gobierno porteño convertirá lo que queda del viejo Velódromo Municipal en un parque público con pistas de skate, canchas de hockey y básquet, circuitos aeróbicos y zonas verdes. Así, el terreno, ubicado en la avenida Belisario Roldán, entre Figueroa Alcorta y las vías del ferrocarril Mitre, quedará integrado al resto de los bosques de Palermo y podrá volver a ser aprovechado, tras más de dos décadas de decadencia.
Las obras comenzarán el mes que viene. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público firmó ayer un convenio con la marca de zapatillas Vans, que construirá y mantendrá un skate park en la vieja pista en desuso. Será un circuito profesional y apto para competencias internacionales, al que se podrá acceder gratuitamente. También habrá otra pista para principiantes.
En tanto, la Ciudad firmará convenios de padrinazgo para el resto de las instalaciones, entre las que habrá una cancha de hockey sobre césped y otra sobre patines, una cancha de cemento para jugar al básquet, una pista para hacer pruebas acrobáticas con bicicletas y un circuito aeróbico con postas para ejercicios. Además, el Ministerio construirá senderos peatonales, una red vial con circulación restringida y estacionamientos, canteros y zonas verdes, más una nueva instalación de bombas para desagotar la pista en caso de lluvias.
Por otra parte, debajo de la nueva estructura de la hoya de skate habrá lugar para oficinas, que podrían ser aprovechadas en el marco de los Juegos Olímpicos para la Juventud que se desarrollarán en 2018. También habrá bancos, cestos, bicicleteros, iluminación y otros elementos de mobiliario urbano. La idea es no agregar más cemento del existente sino recuperar esos espacios y agregar vegetación.
Este nuevo parque verde y recreativo, que ocupará las cinco hectáreas del predio, tendrá tres accesos, uno por Belisario Roldán y dos desde Figueroa Alcorta. “A través de esta obra vamos a transformar el espacio con áreas de esparcimiento para que los vecinos de todas las edades puedan aprovecharlo. El skate park será un espacio seguro para los jóvenes y sus familias”, aseguró el ministro de Espacio Público, Eduardo Macchiavelli.
El Velódromo estuvo abandonado durante los últimos 23 años, al punto tal que un informe técnico del Centro Argentino de Ingenieros demostró que sus tribunas corrían riesgo de derrumbe. La pista estaba inutilizable, y hasta habían crecido árboles donde antes corrían los ciclistas. Hubo numerosas iniciativas, desde privatizarlo hasta convertirlo en un estadio de tenis o un lugar para recitales, pero ninguno prosperó. Así, se fue convirtiendo en un lugar oscuro, sucio e inseguro.
Como era más caro restaurarlo que tirarlo abajo, en 2013 la Legislatura porteña tuvo que autorizar que lo desmantelaran, ya que hasta ese momento no se lo podía tocar porque era Monumento Histórico. El lunes 3 de agosto del año pasado comenzó la demolición, que demoró cerca de tres meses y costó unos $ 6,5 millones.
Inadmisibles demoras en la causa de Lázaro Báez
(La Nación) - Despierta sospechas la indolencia manifestada por el juez Casanello antes de adoptar elementales medidas para el avance de la investigación.
Los televidentes poco informados que asisten a los shows televisivos con los allanamientos a las múltiples propiedades santacruceñas del seudoempresario Lázaro Báez, así como asistieron antes a su captura y al patético periplo y posterior apresamiento de su abogado Jorge Chueco, quizá tengan la impresión de una Justicia implacable en la persecución de los sospechosos de alto vuelo y la obtención de las pruebas necesarias para procesarlos.
Por desgracia, no es así. Asistimos a medidas elementales que deberían haberse adoptado hace mucho tiempo y que no se instrumentaron probablemente para beneficiar, no sólo a Lázaro Báez, quien dista de ser un personaje con peso propio, sino a la familia Kirchner, pues Báez habría oficiado de testaferro del ex presidente Néstor Kirchner.
No en vano el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa contra Báez por lavado de dinero, se ha ganado apodos basados en su indolencia y extrema lentitud para instruir este importante expediente. Una lentitud tan extrema que podría rayar en la complicidad.
Esa actitud del juez se ha manifestado desde el comienzo y le ha valido fuertes recriminaciones por parte de su superior, la Sala II de la Cámara Federal, que hace más de un año lo instó a que indagara a Báez, al tiempo que le reprochó haber efectuado una investigación "parcial" y haber avanzado en forma despareja con los distintos imputados. En efecto, Casanello había procesado a Leonardo Fariña y Federico Elaskar, quienes ejecutaban parte de la ingeniería financiera para lavar el dinero de Báez. Sin embargo, el magistrado se paralizaba ante Báez. Claro, aún gobernaba Cristina Kirchner.
Cuando ella abandonó el poder y la televisión difundió el video con Martín Báez, hijo de Lázaro, y otros personajes dedicados a contar euros y dólares, y a apilar y guardar en bolsos fajos de esos billetes, Casanello no tuvo más remedio que ir por Báez. Poco después se le escapó Chueco, que si no logró suicidarse en Puerto Iguazú o tampoco logró fugarse más allá del Paraguay, fue porque no quiso. Chueco tendría que haber sido indagado antes. Ninguna vigilancia se ejercía sobre él.
También llama poderosamente la atención el hecho de que, habiendo procesado con prisión a Lázaro Báez, no haya hecho lo mismo con su hijo Martín, sobre quien pesan las mismas pruebas, además de la comprometedora filmación de "La Rosadita". Aquí es donde resurgen las suspicacias, pues tras la detención y la indagatoria de Báez padre, se ha publicado en reiteradas ocasiones que tanto él como su esposa habrían resuelto contar cuanto saben si Martín Báez va a parar a una celda.
Otro hecho que puso de manifiesto la extrema indolencia de Casanello se produjo días atrás. El miércoles de la semana pasada, la defensora de Fariña depositó en la Justicia un escrito de puño y letra de su defendido, en el que éste había anotado la lista de propiedades de Báez. Caía de maduro que los allanamientos a esas propiedades requerían una ejecución más que veloz, pues ya habían transcurrido varios días desde la indagatoria de Báez. Pero los días pasaban sin novedades al respecto. El lunes pasado, tanto LA NACION como Clarín se extrañaron ante tanta demora en la adopción de una medida elemental. Mientras tanto, la lista o parte de ella había tomado estado público el día anterior. El juez dispuso los allanamientos en la noche del lunes. Una vez más, pareció actuar a impulso del periodismo.
Cuando se confirmó la prisión de Báez, los camaristas de la Sala II volvieron a reprocharle negligencias a Casanello y lo urgieron a investigar dónde se encuentran escondidos los cuantiosos fondos que constituyen la fortuna de Báez y que provendrían de la sobrefacturación de obras públicas durante la gestión del kirchnerismo.
Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que para probar el delito de lavado de dinero, hay que determinar cuál fue el hecho ilícito que generó esos fondos que hubo que lavar. Se trata de un punto esencial que no debe soslayarse, a riesgo de que todo cuanto muestran las pantallas de televisión en estos días quede como mera espuma.
No puede tocarse el tema de la causa de Casanello sin mencionar la de Hotesur, a cargo del juez federal Daniel Rafecas. En ella se investiga el presunto lavado de dinero en hoteles de la familia Kirchner. Rafecas declaró la incompetencia en febrero pasado y el expediente corre el peligro de atomizarse en distintos sumarios. Afortunadamente, el fiscal de esa causa, Carlos Stornelli, se manifestó en contra de la decisión de Rafecas, e idéntica actitud adoptó el fiscal ante la Cámara Federal, Diego Velasco.
Causas como las de Casanello y Rafecas arrastran demasiados atrasos difíciles de explicar, que alimentan las sospechas de que el proceder de ciertos magistrados sigue siendo funcional a una mejora de la comprometida situación de la ex presidenta de la Nación en algunas de las investigaciones.
Colectivos más rápidos por la avenida San Martín (III)
Por Marina Mon - LA NACION
Se inauguró un corredor de 5,8 km entre la General Paz y Juan B. Justo; satisfacción entre los pasajeros
Debutaron los carriles centrales para transporte público. Foto: Santiago Filipuzzi
Satisfacción entre los pasajeros, algunas quejas de comerciantes y congestión sobre el puente de la avenida rodearon ayer la inauguración del Metrobus San Martín, que conecta las avenidas General Paz y Juan B. Justo a lo largo de casi 6 kilómetros por seis barrios de la Capital.
Las obras, que incluyen 12 estaciones, tuvieron un costo total de $ 140.000.000 y beneficiarán a las 70.000 personas que, se estima, utilizarán la traza cada día. El nuevo corredor atraviesa con carriles centrales Villa Devoto, Agronomía, Villa del Parque, Paternal, Villa General Mitre y Villa Crespo. Es el sexto habilitado en la ciudad y busca disminuir un 20% el tiempo de viaje de los usuarios, además de revalorizar las zonas de influencia.
Son 11 las líneas de colectivo que fueron incorporadas al Metrobus San Martín, que contacta varios puntos neurálgicos -las facultades de Agronomía y Veterinaria de la UBA, el hospital oncológico Roffo y el Club Comunicaciones- y también permite combinar con el Metrobus Juan B. Justo en la estación Pappo Napolitano.
Antes había sido inaugurado el paso bajo nivel de la avenida entre las calles Pareja y Asunción, que facilita el tránsito de los colectivos rápidos.
Los automovilistas sólo tienen ahora giros a la derecha, mientras que el transporte público dispone de giros a la izquierda en las calles Navarro, Chorroarín y Álvarez Jonte. Además, quedó prohibido el estacionamiento sobre la avenida; para compensar esta restricción se habilitó la posibilidad de estacionar sobre la izquierda en varias arterias del entorno.
La traza fue ayer inaugurada formalmente por el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez. Estaba prevista la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero no se concretó.
Según explicaron fuentes oficiales, el mandatario prefirió priorizar el lanzamiento del servicio a alentar, con su participación, la prolongación de tres protestas que obstruían el corredor por reclamos puntuales de la Paternal: la recuperación de la ex Liga Israelita, la reapertura del cine-teatro Taricco y la protección de los cartoneros que trabajaban en el barrio.
Ya inaugurado el nuevo circuito, LA NACION tardó 19 minutos para cubrir el trayecto desde General Paz a Juan B. Justo en auto; en el mismo sentido, demoró 23 minutos en colectivo. En el sentido inverso, el viaje demandó 24 minutos tanto en transporte particular como público.
El punto más complicado fue la intersección con la avenida Chorroarín, donde gran parte del tránsito que viene desde la Paternal intenta girar a la derecha. El puente que forma San Martín en ese tramo colapsa y provoca serias demoras en el tránsito. Además, los carriles destinados al Metrobus están apenas señalizados con una simple línea amarilla, lo que genera a veces confusión y otras veces favorece que automovilistas y motociclistas invadan el sector preferencial.
María Eugenia Rizzo vive en Villa Pueyrredón y trabaja en la Paternal. Para ella, el nuevo corredor significa un ahorro importante de tiempo: "Tardé varios minutos menos en llegar y noté que el ritmo era más fluido. Esto funcionó en otros barrios, ¿por qué acá no?", reflexionó. Similar postura tuvo Miguel Rivela, para quien "los siete minutos menos que tardó el colectivo hoy [por ayer], pueden convertirse en más cuando el sistema se ajuste".
Desde el lado de los comerciantes, las comentarios fueron menos positivos. Miguel atiende un café sobre San Martín casi esquina Juan B. Justo: "Que la gente espere el colectivo en el medio de la avenida y no sobre la vereda nos parte al medio. Van a bajar las ventas de todos los negocios", se quejó. Aníbal, vendedor de diarios en Agronomía, criticó que la traza dificulta el tránsito de los autos.
Se inauguró un corredor de 5,8 km entre la General Paz y Juan B. Justo; satisfacción entre los pasajeros
Debutaron los carriles centrales para transporte público. Foto: Santiago Filipuzzi
Satisfacción entre los pasajeros, algunas quejas de comerciantes y congestión sobre el puente de la avenida rodearon ayer la inauguración del Metrobus San Martín, que conecta las avenidas General Paz y Juan B. Justo a lo largo de casi 6 kilómetros por seis barrios de la Capital.
Las obras, que incluyen 12 estaciones, tuvieron un costo total de $ 140.000.000 y beneficiarán a las 70.000 personas que, se estima, utilizarán la traza cada día. El nuevo corredor atraviesa con carriles centrales Villa Devoto, Agronomía, Villa del Parque, Paternal, Villa General Mitre y Villa Crespo. Es el sexto habilitado en la ciudad y busca disminuir un 20% el tiempo de viaje de los usuarios, además de revalorizar las zonas de influencia.
Son 11 las líneas de colectivo que fueron incorporadas al Metrobus San Martín, que contacta varios puntos neurálgicos -las facultades de Agronomía y Veterinaria de la UBA, el hospital oncológico Roffo y el Club Comunicaciones- y también permite combinar con el Metrobus Juan B. Justo en la estación Pappo Napolitano.
Antes había sido inaugurado el paso bajo nivel de la avenida entre las calles Pareja y Asunción, que facilita el tránsito de los colectivos rápidos.
Los automovilistas sólo tienen ahora giros a la derecha, mientras que el transporte público dispone de giros a la izquierda en las calles Navarro, Chorroarín y Álvarez Jonte. Además, quedó prohibido el estacionamiento sobre la avenida; para compensar esta restricción se habilitó la posibilidad de estacionar sobre la izquierda en varias arterias del entorno.
La traza fue ayer inaugurada formalmente por el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez. Estaba prevista la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero no se concretó.
Según explicaron fuentes oficiales, el mandatario prefirió priorizar el lanzamiento del servicio a alentar, con su participación, la prolongación de tres protestas que obstruían el corredor por reclamos puntuales de la Paternal: la recuperación de la ex Liga Israelita, la reapertura del cine-teatro Taricco y la protección de los cartoneros que trabajaban en el barrio.
Ya inaugurado el nuevo circuito, LA NACION tardó 19 minutos para cubrir el trayecto desde General Paz a Juan B. Justo en auto; en el mismo sentido, demoró 23 minutos en colectivo. En el sentido inverso, el viaje demandó 24 minutos tanto en transporte particular como público.
El punto más complicado fue la intersección con la avenida Chorroarín, donde gran parte del tránsito que viene desde la Paternal intenta girar a la derecha. El puente que forma San Martín en ese tramo colapsa y provoca serias demoras en el tránsito. Además, los carriles destinados al Metrobus están apenas señalizados con una simple línea amarilla, lo que genera a veces confusión y otras veces favorece que automovilistas y motociclistas invadan el sector preferencial.
María Eugenia Rizzo vive en Villa Pueyrredón y trabaja en la Paternal. Para ella, el nuevo corredor significa un ahorro importante de tiempo: "Tardé varios minutos menos en llegar y noté que el ritmo era más fluido. Esto funcionó en otros barrios, ¿por qué acá no?", reflexionó. Similar postura tuvo Miguel Rivela, para quien "los siete minutos menos que tardó el colectivo hoy [por ayer], pueden convertirse en más cuando el sistema se ajuste".
Desde el lado de los comerciantes, las comentarios fueron menos positivos. Miguel atiende un café sobre San Martín casi esquina Juan B. Justo: "Que la gente espere el colectivo en el medio de la avenida y no sobre la vereda nos parte al medio. Van a bajar las ventas de todos los negocios", se quejó. Aníbal, vendedor de diarios en Agronomía, criticó que la traza dificulta el tránsito de los autos.
Fuertes acusaciones entre el gobierno de Córdoba y Techint por una red de gasoductos
Por Gabriela Origlia - LA NACION
Los caños provendrán de China; el grupo pide "defender el trabajo argentino"
CÓRDOBA.- La compra de caños a empresas chinas para la obra de los gasoductos troncales en esta provincia disparó un cruce de acusaciones entre el gobierno de Juan Schiaretti y el grupo Techint y la Unión Industrial Argentina. Los empresarios reclaman "proteger los puestos de trabajo argentinos" y los funcionarios acusan a la compañía de Paolo Rocca de hacer lobby para cerrar acuerdos que le permitan quedarse con el negocio.
La obra de los gasoductos fue adjudicada en febrero por un monto de 9000 millones de pesos; ganaron la brasileña Odebrecht (involucrada en su país en la operación Lava Jato) y las argentinas Iecsa y Electroingeniería, asociadas con las chinas CCCC y CPP, que proveerán el financiamiento llave en mano y las tuberías de acero, que aquí fabrica Tenaris, del grupo Techint.
La licitación se hizo en un solo bloque: las constructoras presentaron cotizaciones con los insumos incorporados. "A nosotros no nos invitaron; no integramos grupos. Las empresas que se presentaron eligen a quiénes pedir precios", dijo a LA NACION Javier Martínez Álvarez, director general de Tenaris en la Argentina.
El ministro de Servicios Públicos provincial, Fabián López, dijo que hasta ahora la empresa "nunca objetó ni impugnó nada; lo que no quiere es competir y que se pongan en evidencia los precios que viene manejando en el mercado local".
Martínez Álvarez le retrucó: "Estamos preparados para competir; el 70% de la producción de la planta de Campana se exporta. Ése es un aspecto que no está en duda. Lo que queremos es sensibilizar respecto de si la competencia debe ser con los chinos; difícilmente un sector de la industria nacional pueda sobrevivir a los precios chinos". Insistió en que China subsidia los precios, acumula denuncias por dumping (práctica desleal que consiste en vender por debajo del costo de producción para ganar mercados) y pidió que, más allá de la "necesidad de generar una agenda de competitividad" en el país, "se defienda el trabajo nacional, sobre todo en un contexto como el actual, que es durísimo".
A la pelea también se sumó la UIA, que le envió una carta a Schiaretti -con copia a los ministros nacionales Alfonso Prat-Gay y Francisco Cabrera- para plantearle su "profunda preocupación por la potencial destrucción del empleo que traerá la adjudicación del suministro de tuberías y accesorios de origen chino".
En su exposición, la central industrial repite los argumentos de Techint: que la industria nacional lleva cuatro años de recesión, con empleo estancado y caída de exportaciones; que China "incurre sistemáticamente en prácticas de precios predatorios y comercio desleal", y que el gasoducto cordobés "permitiría el mantenimiento de miles de puestos de trabajo y la reactivación de plantas" que están con esquemas de suspensiones.
La planta de Campana de Tenaris tiene 1000 empleados suspendidos con esquemas rotativos desde hace un año por el impacto de la crisis del petróleo, argumenta la empresa. Según Martínez Álvarez, la provisión de los caños a la obra cordobesa garantizaría tres meses de trabajo a un tercio de la capacidad instalada, como vienen actuando hasta ahora.
Para el ministro López está claro que Techint debe acordar con las empresas privadas que ganaron porque la adjudicación de los trabajos se hizo conforme "al marco legal vigente". Subrayó que en noviembre Tenaris cotizó la tonelada de acero entre 2400 y 2600 dólares y ahora ya tuvo conversaciones en las que cotizó a 1400. La modificación implica para la provincia un ahorro de US$ 52 millones en el volumen que requieren los gasoductos.
"No nos dejemos manejar por los lobbies -agregó López-. En la licitación anterior de los gasoductos los caños venían de Brasil y Techint no reclamó porque los vendía una subsidiaria suya." La obra se licitó por primera vez en 2008, pero terminó cayéndose porque la administración kirchnerista no le dio los avales a Córdoba para tomar financiamiento.
Números en discusión
9000 Millones de pesos - Es el monto total que demandará la obra, según la licitación adjudicada en febrero
2400 Dólares - Es el precio de la tonelada de acero que cotizó Tenaris como proveedor del consorcio ganador. Ahora lo habría bajado a 1400
Los caños provendrán de China; el grupo pide "defender el trabajo argentino"
CÓRDOBA.- La compra de caños a empresas chinas para la obra de los gasoductos troncales en esta provincia disparó un cruce de acusaciones entre el gobierno de Juan Schiaretti y el grupo Techint y la Unión Industrial Argentina. Los empresarios reclaman "proteger los puestos de trabajo argentinos" y los funcionarios acusan a la compañía de Paolo Rocca de hacer lobby para cerrar acuerdos que le permitan quedarse con el negocio.
La obra de los gasoductos fue adjudicada en febrero por un monto de 9000 millones de pesos; ganaron la brasileña Odebrecht (involucrada en su país en la operación Lava Jato) y las argentinas Iecsa y Electroingeniería, asociadas con las chinas CCCC y CPP, que proveerán el financiamiento llave en mano y las tuberías de acero, que aquí fabrica Tenaris, del grupo Techint.
La licitación se hizo en un solo bloque: las constructoras presentaron cotizaciones con los insumos incorporados. "A nosotros no nos invitaron; no integramos grupos. Las empresas que se presentaron eligen a quiénes pedir precios", dijo a LA NACION Javier Martínez Álvarez, director general de Tenaris en la Argentina.
El ministro de Servicios Públicos provincial, Fabián López, dijo que hasta ahora la empresa "nunca objetó ni impugnó nada; lo que no quiere es competir y que se pongan en evidencia los precios que viene manejando en el mercado local".
Martínez Álvarez le retrucó: "Estamos preparados para competir; el 70% de la producción de la planta de Campana se exporta. Ése es un aspecto que no está en duda. Lo que queremos es sensibilizar respecto de si la competencia debe ser con los chinos; difícilmente un sector de la industria nacional pueda sobrevivir a los precios chinos". Insistió en que China subsidia los precios, acumula denuncias por dumping (práctica desleal que consiste en vender por debajo del costo de producción para ganar mercados) y pidió que, más allá de la "necesidad de generar una agenda de competitividad" en el país, "se defienda el trabajo nacional, sobre todo en un contexto como el actual, que es durísimo".
A la pelea también se sumó la UIA, que le envió una carta a Schiaretti -con copia a los ministros nacionales Alfonso Prat-Gay y Francisco Cabrera- para plantearle su "profunda preocupación por la potencial destrucción del empleo que traerá la adjudicación del suministro de tuberías y accesorios de origen chino".
En su exposición, la central industrial repite los argumentos de Techint: que la industria nacional lleva cuatro años de recesión, con empleo estancado y caída de exportaciones; que China "incurre sistemáticamente en prácticas de precios predatorios y comercio desleal", y que el gasoducto cordobés "permitiría el mantenimiento de miles de puestos de trabajo y la reactivación de plantas" que están con esquemas de suspensiones.
La planta de Campana de Tenaris tiene 1000 empleados suspendidos con esquemas rotativos desde hace un año por el impacto de la crisis del petróleo, argumenta la empresa. Según Martínez Álvarez, la provisión de los caños a la obra cordobesa garantizaría tres meses de trabajo a un tercio de la capacidad instalada, como vienen actuando hasta ahora.
Para el ministro López está claro que Techint debe acordar con las empresas privadas que ganaron porque la adjudicación de los trabajos se hizo conforme "al marco legal vigente". Subrayó que en noviembre Tenaris cotizó la tonelada de acero entre 2400 y 2600 dólares y ahora ya tuvo conversaciones en las que cotizó a 1400. La modificación implica para la provincia un ahorro de US$ 52 millones en el volumen que requieren los gasoductos.
"No nos dejemos manejar por los lobbies -agregó López-. En la licitación anterior de los gasoductos los caños venían de Brasil y Techint no reclamó porque los vendía una subsidiaria suya." La obra se licitó por primera vez en 2008, pero terminó cayéndose porque la administración kirchnerista no le dio los avales a Córdoba para tomar financiamiento.
Números en discusión
9000 Millones de pesos - Es el monto total que demandará la obra, según la licitación adjudicada en febrero
2400 Dólares - Es el precio de la tonelada de acero que cotizó Tenaris como proveedor del consorcio ganador. Ahora lo habría bajado a 1400
Fallo millonario contra YPF
(La Nación) - La Cámara de Comercio Internacional (CCI) condenó a YPF a pagar más de US$ 500 millones a dos compañías clientes por la cancelación anticipada de dos contratos de exportación y transporte de gas. Así lo informó la petrolera a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio.
La CCI condenó a YPF a pagar a AES Uruguaiana Emprendimientos la suma de 184.525.848 dólares, por la resolución anticipada del contrato de exportación de gas en 2009. YPF también deberá pagar a Transportadora de Gas del Mercosur la suma de 319.067.022 dólares, por la resolución anticipada del contrato de transporte. "YPF interpondrá todos los recursos legales para defender sus intereses y los de sus accionistas por considerar nulo este laudo arbitral", expresó la firma, que hasta mañana preside Miguel Galuccio.
La CCI condenó a YPF a pagar a AES Uruguaiana Emprendimientos la suma de 184.525.848 dólares, por la resolución anticipada del contrato de exportación de gas en 2009. YPF también deberá pagar a Transportadora de Gas del Mercosur la suma de 319.067.022 dólares, por la resolución anticipada del contrato de transporte. "YPF interpondrá todos los recursos legales para defender sus intereses y los de sus accionistas por considerar nulo este laudo arbitral", expresó la firma, que hasta mañana preside Miguel Galuccio.
Imputan a Wado De Pedro por viáticos mal rendidos
(La Nación) - Un fiscal investiga si se adulteraron gastos por 330.000 dólares en viajes presidenciales
La Justicia impulsó una investigación para determinar quiénes se quedaron con 330.000 dólares en viáticos mal liquidados de viajes presidenciales que tuvieron lugar en el último semestre del año pasado. Por esa causa, el fiscal federal Ramiro González imputó ayer al ex secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro, porque era el responsable del área, y busca identificar a los funcionarios que intervinieron en la rendición de los gastos relacionados con los viajes.
El caso se inició luego de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que señalaba que en el segundo semestre de 2015 se abonaron mediante un fondo rotatorio especial casi $ 34 millones. Se analizó una muestra de esos gastos, equivalente al 35 % del total. Se descubrieron gastos con comprobantes falsos o adulterados por 201.903 dólares.
Además otros gastos se rendían sin detalle y se comprobó, además, que agentes del Estado alojados en hoteles facturados y abonados por la Secretaría General de la Presidencia rindieron el 100 % de esos viáticos, como si los hubieran pagado ellos. Tal es así que la Sigen aconsejó hacer una denuncia penal por falsificación de instrumento público.
La Cancillería obtuvo los gastos facturados por los viajes de Cristina Kirchner a Cuba y Estados Unidos, en septiembre de 2015. La Sigen entendió que existió un perjuicio fiscal de 134.965 dólares, más otros 200.000 dólares anteriores detectados en comprobantes apócrifos.
La Justicia impulsó una investigación para determinar quiénes se quedaron con 330.000 dólares en viáticos mal liquidados de viajes presidenciales que tuvieron lugar en el último semestre del año pasado. Por esa causa, el fiscal federal Ramiro González imputó ayer al ex secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro, porque era el responsable del área, y busca identificar a los funcionarios que intervinieron en la rendición de los gastos relacionados con los viajes.
El caso se inició luego de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que señalaba que en el segundo semestre de 2015 se abonaron mediante un fondo rotatorio especial casi $ 34 millones. Se analizó una muestra de esos gastos, equivalente al 35 % del total. Se descubrieron gastos con comprobantes falsos o adulterados por 201.903 dólares.
Además otros gastos se rendían sin detalle y se comprobó, además, que agentes del Estado alojados en hoteles facturados y abonados por la Secretaría General de la Presidencia rindieron el 100 % de esos viáticos, como si los hubieran pagado ellos. Tal es así que la Sigen aconsejó hacer una denuncia penal por falsificación de instrumento público.
La Cancillería obtuvo los gastos facturados por los viajes de Cristina Kirchner a Cuba y Estados Unidos, en septiembre de 2015. La Sigen entendió que existió un perjuicio fiscal de 134.965 dólares, más otros 200.000 dólares anteriores detectados en comprobantes apócrifos.
Indagarán a Jaime por una licitación irregular del tren bala
Por Hernán Cappiello - LA NACION
Es por el fallido proyecto del tren bala anunciado por Néstor Kirchner en 2006.
Ricardo Jaime, el primer preso del kirchnerismo por corrupción, que ya suma tres condenas y varios procesamientos -por delitos que van desde enriquecimiento ilícito hasta fraude- sumó ayer una nueva causa en su contra: el juez federal Luis Rodríguez lo citó a prestar declaración indagatoria como sospechoso por la irregular licitación del fallido proyecto del tren bala que iba a unir Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La obra iba a costar 1360 millones de dólares.
La cita de Jaime es para el 20 del mes próximo. Un día antes está citado su ex jefe de asesores Manuel Vázquez, también preso como testaferro del ex funcionario kirchnerista.
El juez investiga el proceso de licitación de la obra, que fue adjudicada al consorcio de empresas Veloxia, integrado por Alstom Transport SA, Iecsa SA, Grupo Isolux, Corsan SA y Emepa SA, informó el juzgado. Las firmas se iban a encargar de la ejecución de la obra de electrificación integral, la obra civil, la colocación de la infraestructura de vías, la señalización y comunicación y la provisión de material rodante para el servicio del tren de alta velocidad. Se investigan si hubo irregularidades en la adjudicación.
En 2008, la diputada Elisa Carrió denunció a Jaime por esta licitación y también al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, otro abonado por estas semanas en los tribunales de Comodoro Py.
Carrió cuestionaba la obra y presentó una denuncia penal, al igual que el abogado Ricardo Monner Sanz, quien sostuvo que se ocultaba el precio real del emprendimiento, que con los costos financieros ascendería a 13.000 millones de dólares. También reveló que la justicia de Suiza investigaba a la empresa Alstom AG de Baden, ante la sospecha de que se habían pagado sobornos, a través de empresas relacionadas, a funcionarios de países extranjeros. Según el parte del gobierno suizo, "esos pagos habrían sido llevados adelante por otras sociedades del grupo Alstom, en favor de funcionarios o responsables de varios países en casos de adjudicación de contratos".
En 2010 se conoció un intercambio de mails que revelaba que Vázquez había cobrado 500.000 dólares de Alstom Brasil por asesorías relacionadas con un proyecto ferroviario. Pero esos mails, secuestrados por la Justicia, luego fueron anulados como prueba por la Cámara Federal.
El proyecto fue anunciado el 26 de abril de 2006 por Néstor Kirchner. En 2008, Cristina Kirchner firmó el contrato. La obra iba a estar concluida en cuatro años, por 4000 millones de dólares, pero el proyecto quedó archivado en 2011.
Es por el fallido proyecto del tren bala anunciado por Néstor Kirchner en 2006.
Ricardo Jaime, el primer preso del kirchnerismo por corrupción, que ya suma tres condenas y varios procesamientos -por delitos que van desde enriquecimiento ilícito hasta fraude- sumó ayer una nueva causa en su contra: el juez federal Luis Rodríguez lo citó a prestar declaración indagatoria como sospechoso por la irregular licitación del fallido proyecto del tren bala que iba a unir Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La obra iba a costar 1360 millones de dólares.
La cita de Jaime es para el 20 del mes próximo. Un día antes está citado su ex jefe de asesores Manuel Vázquez, también preso como testaferro del ex funcionario kirchnerista.
El juez investiga el proceso de licitación de la obra, que fue adjudicada al consorcio de empresas Veloxia, integrado por Alstom Transport SA, Iecsa SA, Grupo Isolux, Corsan SA y Emepa SA, informó el juzgado. Las firmas se iban a encargar de la ejecución de la obra de electrificación integral, la obra civil, la colocación de la infraestructura de vías, la señalización y comunicación y la provisión de material rodante para el servicio del tren de alta velocidad. Se investigan si hubo irregularidades en la adjudicación.
En 2008, la diputada Elisa Carrió denunció a Jaime por esta licitación y también al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, otro abonado por estas semanas en los tribunales de Comodoro Py.
Carrió cuestionaba la obra y presentó una denuncia penal, al igual que el abogado Ricardo Monner Sanz, quien sostuvo que se ocultaba el precio real del emprendimiento, que con los costos financieros ascendería a 13.000 millones de dólares. También reveló que la justicia de Suiza investigaba a la empresa Alstom AG de Baden, ante la sospecha de que se habían pagado sobornos, a través de empresas relacionadas, a funcionarios de países extranjeros. Según el parte del gobierno suizo, "esos pagos habrían sido llevados adelante por otras sociedades del grupo Alstom, en favor de funcionarios o responsables de varios países en casos de adjudicación de contratos".
En 2010 se conoció un intercambio de mails que revelaba que Vázquez había cobrado 500.000 dólares de Alstom Brasil por asesorías relacionadas con un proyecto ferroviario. Pero esos mails, secuestrados por la Justicia, luego fueron anulados como prueba por la Cámara Federal.
El proyecto fue anunciado el 26 de abril de 2006 por Néstor Kirchner. En 2008, Cristina Kirchner firmó el contrato. La obra iba a estar concluida en cuatro años, por 4000 millones de dólares, pero el proyecto quedó archivado en 2011.
Macri lanza hoy un plan nacional de viviendas
Por Mariano Obarrio - LA NACION
Se propone construir 120.000 casas y crear 200.000 empleos
En su urgencia por dar respuesta a los reclamos sociales y a su promesa de crear empleo, el presidente Mauricio Macri anunciará hoy en Ezeiza un Plan Nacional de Vivienda, por el cual se propone construir 120.000 casas y crear 200.000 puestos de trabajo en el corto plazo. El programa prevé alcanzar un millón de viviendas en ocho años, como prometió en la campaña electoral.
Con la premisa de revertir el estancamiento económico, el Presidente lanzará mañana en Tucumán el Plan Nacional del Agua para expandir las redes de agua potable, cloacas y obras de prevención de inundaciones en el norte y en el conurbano. Macri quiere minimizar, así, los efectos de la marcha de mañana de las cinco centrales gremiales y de los intendentes peronistas por el Día del Trabajo, donde habrá reclamos por los ajustes de tarifas, la inflación y los despidos. También busca vaciar de contenido el proyecto de ley antidespidos que la oposición debate en el Congreso.
Intenta, además, mostrarse activo en la idea de poner en marcha la economía real, tras el acuerdo con los holdouts y la salida del cepo cambiario. El Presidente apuesta a que en el segundo semestre se concreten nuevas inversiones para revertir las consecuencias sociales del ajuste. Por ello diseñó una seguidilla de anuncios en las últimas semanas.
El anuncio de hoy será, a las 16.45, en Ezeiza, donde inaugurará complejos de viviendas. "Vamos a desarrollar 120.000 viviendas en todo el país a través de un sistema transparente para familias de menores ingresos", dijo un vocero a la nacion.
Según fuentes oficiales, las futuras viviendas se financiarán mediante los créditos hipotecarios indexados ajustables por la nueva Unidad de Vivienda (UVI), para los segmentos de mayores ingresos. También habrá financiamiento de la Anses con 175.000 créditos Procrear, pero sólo para los sectores medios bajos y no para segmentos medios altos.
Según fuentes de la Casa Rosada, el plan busca "dar respuesta al déficit habitacional que padecen 12 millones de argentinos" muchos de los cuales no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, cloacas, gas o electricidad. Sin embargo, los funcionarios cercanos al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, subrayaron que el programa prevé crear 200.000 puestos de trabajo en el corto plazo, que es el objetivo político real del Presidente.
Se propone construir 120.000 casas y crear 200.000 empleos
En su urgencia por dar respuesta a los reclamos sociales y a su promesa de crear empleo, el presidente Mauricio Macri anunciará hoy en Ezeiza un Plan Nacional de Vivienda, por el cual se propone construir 120.000 casas y crear 200.000 puestos de trabajo en el corto plazo. El programa prevé alcanzar un millón de viviendas en ocho años, como prometió en la campaña electoral.
Con la premisa de revertir el estancamiento económico, el Presidente lanzará mañana en Tucumán el Plan Nacional del Agua para expandir las redes de agua potable, cloacas y obras de prevención de inundaciones en el norte y en el conurbano. Macri quiere minimizar, así, los efectos de la marcha de mañana de las cinco centrales gremiales y de los intendentes peronistas por el Día del Trabajo, donde habrá reclamos por los ajustes de tarifas, la inflación y los despidos. También busca vaciar de contenido el proyecto de ley antidespidos que la oposición debate en el Congreso.
Intenta, además, mostrarse activo en la idea de poner en marcha la economía real, tras el acuerdo con los holdouts y la salida del cepo cambiario. El Presidente apuesta a que en el segundo semestre se concreten nuevas inversiones para revertir las consecuencias sociales del ajuste. Por ello diseñó una seguidilla de anuncios en las últimas semanas.
El anuncio de hoy será, a las 16.45, en Ezeiza, donde inaugurará complejos de viviendas. "Vamos a desarrollar 120.000 viviendas en todo el país a través de un sistema transparente para familias de menores ingresos", dijo un vocero a la nacion.
Según fuentes oficiales, las futuras viviendas se financiarán mediante los créditos hipotecarios indexados ajustables por la nueva Unidad de Vivienda (UVI), para los segmentos de mayores ingresos. También habrá financiamiento de la Anses con 175.000 créditos Procrear, pero sólo para los sectores medios bajos y no para segmentos medios altos.
Según fuentes de la Casa Rosada, el plan busca "dar respuesta al déficit habitacional que padecen 12 millones de argentinos" muchos de los cuales no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, cloacas, gas o electricidad. Sin embargo, los funcionarios cercanos al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, subrayaron que el programa prevé crear 200.000 puestos de trabajo en el corto plazo, que es el objetivo político real del Presidente.
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