La multimillonaria red de contratos con universidades que manejaba Julio De Vido

Por: Federico Fahsbender ffahsbender@infobae.com
Fue un esquema que operó casi sin control y que involucraba a centros de estudios para producir, entre otras cosas, series de ficción. El nuevo gobierno frenó todo. El fiscal Marijuán investiga el dinero. Alicia Kirchner, también involucrada


Foto: La presidente Cristina Kirchner, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido y  secretario General de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro Crédito: DyN

La expresión "hablen con Julio" no fue solo una de las frases internas más paradigmáticas del kirchnerismo: nunca un ministro en casi 35 años de democracia acumuló tanto poder real como el arquitecto De Vido. Como cabeza de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, De Vido supo administrar la que fue probablemente la mayor caja del Estado Nacional durante doce años.

Solo para 2014, por ejemplo, el Ministerio de Planificación contó con más de 23 mil millones de pesos de acuerdo al Presupuesto aprobado por el Congreso, casi la mitad de la plata nacional para obra pública. Distribuir esa caja, por otra parte, no era fácil. Para hacerlo, De Vido contó con "diagonales" perfectamente amparadas por la ley. Durante años, Planificación utilizó el esquema de convenios-marco con universidades públicas, aliadas en retórica y operativa al poder K, que mediante decretos firmados por Cristina Kirchner como el 893/12 o el 1023/01 permitía contrataciones directas bajo el paraguas de los pactos ministeriales. Una ventana ideal para, acaso, favorecer amigos y partidarios.

Esto creó un nuevo frente de tormenta en Comodoro Py. Las primeras revelaciones de Infobae llevaron al fiscal Marijuán a iniciar una investigación preliminar sobre el flujo de dinero a facultades estatales. Marijuán busca saber sobre la existencia de una administración fraudulenta y una defraudación al Estado en el manejo de fondos públicos. Intentará determinar si hubo desvíos ilícitos por obras inexistentes, subejecutadas o sobrevaluadas e irá tras los destinos exactos de los fondos. De todo este esquema, quedó un rastro de papeles. De Vido siguió alimentándolo casi hasta el final.

El 30 de octubre del año pasado, cuando la llegada del macrismo al poder era una hipótesis secundaria, el expediente 718 de la Universidad Nacional de José C. Paz al que accedió Infobae marcó un nuevo convenio entre la institución y la cartera de Planificación, a través de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Universitaria.

Pero el dinero del convenio mismo no vendría de Planificación, sino de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, hoy presidida por el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. No sorprende la mención: con la CAF, De Vido había sostenido una relación fluida durante años. "Edificio Aulario y Comedor Universitario" era el fin del proyecto, no en su comienzo sino en su "Etapa II", con una "Comisión Evaluadora que intervendrá en el mismo", dice el expediente de la UNPAZ. El monto: "$49,8 millones de pesos", siendo "el tope para las cotizaciones de los oferentes". El documento cuenta con la firma del rector de la UNPAZ, el abogado Federico Gastón Thea.

Señalado como el cerebro jurídico de Axel Kiciloff mientras era jefe del Ministerio de Economía, Thea, secretario de Legal y Técnica de la cartera, fue parte de las misiones para negociar con los fondos buitres. Llegó a la UNPAZ al frente de una lista kirchnerista: ganó el cargo según medios de la localidad bonaerense con el 90% de los votos. Le agradeció en su discurso al caudillo local Mario Ishii, identificado con los liderazgos cíclicos del peronismo oficialista. El edificio de la UNPAZ hoy lleva su nombre. Este medio buscó saber qué pasó con los $49,8 millones de pesos de Planificación, quién respondió a la licitación, qué montos fueron asignados. No hubo ninguna respuesta tras contactar a Thea mediante su secretaria privada en la Universidad.

Este no es el único caso; la norma suele ir más allá de meramente hacer edificios. El expediente interno de Planificación 127708/2014 pidió a la Universidad de San Martín, designada como co-contratante, "efectuar un proyecto de desarrollo de stands incluyendo contenido a exponer y recursos a utilizar para los espacios ocupados por los organismos vinculados al Ministerio" en Tecnópolis bajo la modalidad de "contratación directa con universidades nacionales" para "divulgar la labor" de la cartera a cargo de De Vido. Se designaron cuatro cuotas paulatinas "contra la presentación de la factura correspondiente". En total, 30 millones de pesos.

Otros 214 millones salieron de Planificación para financiar al Centro Cultural Kirchner con la Universidad de Tres de Febrero como virtual válvula contable tras un convenio de 22 cláusulas rubricado a fines de 2014. Por su parte en el convenio, se pactó que la UNTREF percibiera en concepto de "gastos administrativos" el 10 por ciento de todo el dinero involucrado: $21,4 millones de pesos, lo que formó para la institución liderada por Aníbal Jozami y el vicerrector Martín Kaufmann una caja mayor a la asignada por el Presupuesto Nacional.

Todos juegan

No fue el único Ministerio que inyectó fondos en la UNTREF. La cartera de Alicia Kirchner también aportó con fuerza en el año final del gobierno del Frente para la Victoria. Un convenio suscripto en julio de 2015 entre la UNTREF y Desarrollo Social pactó una transferencia de fondos por $31 millones de pesos para diversas actividades como el Plan Progresar: la Universidad se quedaría con un 5%, de acuerdo al expediente interno 1062/15, que expresamente marca que la UNTREF deberá presentar "una rendición de cuentas" ante la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional de la cartera del Ministerio.

Otro convenio con Desarrollo Social con fecha del 24 de febrero del año pasado marcó otros $31,5 millones con otros $1,5 millones al tesoro de la UNTREF para "fomentar experiencias de desarrollo juvenil". Los actores kirchneristas también tuvieron su lugar. SAGAI, con Pablo Echarri como protesorero, fue incluida en un convenio junto a Argentores y la Sociedad Argentina de Actores. Esto figura en una adenda que consta en los registros de la Universidad para un convenio del 28 de junio de 2015 entre Desarrollo Social y la UNTREF por el plan "Argentina Creativa", que indica más de $36 millones de pesos, sin aclarar honorarios para la Universidad.

Hoy, todo esto está frenado. Los diversos problemas del ex superministro De Vido en Comodoro Py no ocurren en un vacío. Una fuente en una de las universidades más beneficiadas por el esquema de convenios asegura: "Ya no se pica una factura de ministerio más". El decreto 336, firmado en febrero de este año por Mauricio Macri, congeló los convenios entre el Estado y las universidades nacionales, incluso las privadas "cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016", un requerimiento que debía hacerse expresamente ante el Jefe de Gabinete. El DNU ordenó crear un "Registro de Convenios" en el Ministerio de Educación y la intervención del Ministerio de Modernización en los convenios que sigan en pie.

El jefe de la cartera, Andrés Ibarra, ya había anunciado antes de la publicación del DNU que se anularían "los convenios injustificados", algo que muchos criticaron como una máscara administrativa para justificar despidos administrativos.

Hoy, el problema son precisamente la última capa de los convenios: los contratos. Una alta fuente en Modernización revela que hay 13 mil contratos identificados hasta el momento dentro de convenios, de un promedio de 20 mil pesos cada uno. Tres mil de ellos ya fueron dados de baja. "Los convenios servían para tercerizar el trabajo de los ministerios, entre otras cosas. En los contratos veías gente que cobraba y no iba a trabajar, gente que cobraba por ser militante, que hay un número significativo, o duplicación de tareas. Es una caja negra de la que nos vamos enterando cosas nuevas cada día. Planificación, sí, es lo más grande", apunta la fuente.

De vuelta a Tecnópolis, una contratación directa de Planificación, de acuerdo al expediente 16204/2015 del Ministerio con la Universidad Nacional de La Matanza como co-contratante apuntó a "un Plan Operativo de Comunicación Visual" para las áreas que ocupaba el MinPlan en la feria. El pedido de cotización debía ser definido por la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio, el área más crítica en la cartera conducida por De Vido de todo este esquema de convenios.

El pequeño Hollywood kirchnerista

La Universidad de San Martín, tiene su parte, con una gran porción de la creación de contenido audiovisual. El expediente 309814/2015 comisiona a la UNSAM tres proyectos al menos ambiciosos: dos series animadas de cuarenta capítulos cada una, de trece minutos cada uno y una película de ochenta minutos. La Unidad Operativa era el lugar para presentar la propuesta técnico-económica, mediante la modalidad de "compra abierta".

El blog Eliminando Variables ya había revelado el expediente 308987/2015 para crear con la UNSAM una novela de sesenta capítulos de 48 minutos, llamada "La Fuerza del Amor" así como "Bruna Pereyra", otra telenovela de épica kirchnerista en trece capítulo de 52 minutos, la historia de una mujer desde 2003 hasta 2015 que contempla "los distintos avances en derechos sociales, infraestructura y calidad de vida" e incluso tres temporadas de otra serie, "Donde la palabra calla", de contenido inspiracional para adultos en crisis.

El expediente 44156/2015 licitó a la UNSAM para tres series: un policial, un drama y una comedia. No termina ahí: otro expediente con siete proyectos incluyó series infantiles e históricas, más una serie de microdocumentales dedicados a glorificar las obras de Planificación como la represa Néstor Kirchner en Santa Cruz y, previsiblemente, el CCK mismo. También, una serie "de aventuras" de ocho capítulos sobre la primera colonia que existió en las Islas Malvinas entre 1829 y 1833, con la idea de rodar "una historia entretenida para toda la familia". La presentación de cotización cerraba el 25 de abril del 2015.

Ahora ¿quién supervisaba todo? ¿Quién se encargaba de controlarlo desde el Estado? El poder fáctico podía blindar a De Vido, pero las universidades podían ser un nexo más permeable. Las auditorías de la AGN en la UNTREF, por ejemplo, fueron algo escasas. El decreto 336 establece que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, para que realice "una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal" contratadas en los últimos cuatro meses del kirchnerismo.

Martín Kaufmann, vicerrector de la UNTREF, sostuvo en un encuentro con Infobae que el control lo realizaba "la SIGEN, que audita a las universidades, así como los mismos organismos que nos contratan". Kaufmann siguió: "Tenemos un representante de la SIGEN en la Universidad que controla los convenios". Sin embargo, ante repetidas consultas ante la SIGEN para corroborar qué controles se realizaban en la Universidad de Tres de Febrero así como en otras facultades alineadas con el oficialismo, la Sindicatura no ofreció ninguna respuesta.
(investigación realizada con la colaboración de Andrés Ballesteros)

Energías verdes: el viento se puso de moda y el negocio de los recursos renovables atrae cada vez a más inversores

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Con el impulso de una nueva legislación que obliga a los grandes usuarios a cubrir parte de la demanda con fuentes alternativas, se espera que lleguen a la Argentina proyectos por más de US$ 5000 millones


Foto:Javier Joaquín

Doris Capurro pidió dos veces té de frutos rojos el 10 de marzo en la confitería del hotel Alvear para amenizar la tarde, dominada por reuniones de trabajo. Una de ellas fue con ejecutivos de Siemens, la empresa alemana que, entre otras cosas, fabrica aerogeneradores. En términos más sencillos y menos técnicos: molinos de viento capaces de producir grandes cantidades de electricidad. Días antes se había juntado con sus competidores de la norteamericana GE y pasó febrero en Washington, Houston y Nueva York sondeando alternativas de financiamiento para proyectos eólicos con fondos de inversión y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hasta fines de 2015 Capurro fue la vicepresidenta de Asuntos Institucionales de YPF. Cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner, pero también al macrismo (fue una de las mentoras políticas del jefe de Gabinete, Marcos Peña), la consultora le presentó tres veces en cuatro años al comité de dirección de la petrolera su intención de invertir en energía eólica. Se la rechazaron. Una vez afuera, Capurro buscó revancha de inmediato: armó Luft Energía, la compañía con la que espera participar en proyectos de inversión, que considera en términos personales como su deuda pendiente. "Creé una compañía que tiene como objetivo ayudar a emprendimientos que no prosperaron por falta de financiamiento -explica Capurro-. No iniciativas de cero, sino ready to build. Somos una incubadora, un hub de negocios renovables."

Capurro no es la única que busca hacer negocios con el viento. El cambio de gobierno, los cortes de energía, la venia del ministro de Energía Juan José Aranguren a la inversión en generación y la promesa de un acuerdo con los holdouts reavivó el interés contenido de emprendedores que desde hace años intentan cerrar sin éxito proyectos para generar electricidad con aerogeneradores. Más aún tras la reglamentación de la ley de energías renovables que implementó la administración de Mauricio Macri el 30 de marzo.

Es comprensible. En los papeles, el país tenía algunos de los mejores vientos del mundo, pero tras la reglamentación se sumó otro factor imprescindible para hacer negocios: ahora hay compradores.

La prueba patente de ese cambio es la irrupción de Dow en el segmento. La empresa norteamericana es la química y petroquímica más grande del mundo. En el país produce polietileno, para lo cual le resulta fundamental tener gas y electricidad.

En marzo firmó un memorando de entendimiento con Invap, una compañía de la provincia de Río Negro dedicada al diseño y la construcción de sistemas tecnológicos complejos, para desarrollar el parque eólico en la provincia. La inversión proyectada es de US$ 123 millones.


Foto:Javier Joaquín

Gastón Remy, presidente de Dow Región Sur de América Latina, le explicó a LA NACION los motivos de esa apuesta. "Una pata de nuestra estrategia de negocios indica que la matriz energética local se tiene que diversificar. Invap nos vino a ver con un proyecto desarrollado con la necesidad de un socio. Todavía estamos negociando, pero nuestro aporte será convertirnos en comprador de la energía que genere el proyecto y ayudar en la búsqueda de financiamiento con organismos multilaterales de crédito", enumera el ejecutivo. Algo similar había hecho con YPF, con la que cerró una sociedad para producir gas en El Orejano.

Dow está dispuesta a incorporar socios al proyecto. Según Remy, después del anuncio cinco compañías locales importantes lo llamaron para sumarse. Es el resultado de la entrada en vigor de la nueva ley: en 2017 los grandes usuarios de energía deberán cubrir un 8% de su demanda eléctrica con fuentes renovables.

Invap saltó a la fama cuando le vendió un reactor nuclear a Australia en el año 2000. La historia era perfecta: una compañía científica de un país en vías de desarrollo le ganó la pulseada a los líderes globales para instalar tecnología en el Primer Mundo en el medio de la crisis argentina. Desde mucho antes, a principios de los 80, la empresa había iniciado el estudio de los vientos en algunas zonas del país, una tarea de menos marketing. Sus gerentes creen que hoy están en un momento inigualable. "Creo que hay un contexto en el que las cosas que hasta ahora nos aparecían como dificultosas se muestran más favorables. Por un lado, la ley crea un mercado concreto. Y si la situación financiera mejora, bajará el costo de esta energía", se entusiasma Guillermo Salvatierra, Business Developer de Invap. "Antes, los pocos inversores aparecían con una percepción de riesgo muy alta que suponía una tasa altísima, que lleva a una tarifa cara que a veces no es viable", resumió.

Dow e Invap estudian invertir en Cerro Policía hasta 65 megavatios (MW). Según Salvatierra, el potencial de esa zona supera los 300 MW, por lo que le abre la puerta a desembolsos por US$ 800 millones.

Los colonizadores del sector también están expectantes. Impsa, el gigante tecnológico-metalúrgico de la familia Pescarmona, pasó zozobras el año pasado. Los problemas financieros le costaron algunos de sus negocios: dejará Brasil, donde instaló más de 300 aerogeneradores, y los accionistas cederán una parte de la empresa local a los acreedores. Pese a eso, está más activa que antes debido a los proyectos relacionados con las energías renovables. "La planta de Mendoza está llena. Estamos terminando cuatro generadores de vapor para la central nuclear Embalse, avanzamos con la producción de turbinas hidroeléctricas para Venezuela y estamos fabricando los generadores eólicos para el proyecto Arauco IV, una iniciativa de La Rioja", enumera el nuevo CEO de la empresa, Juan Carlos Fernández.

Impsa fue pionera en inversiones eólicas (tienen unos 55 equipos instalados en el país), considera que mejoraron los tiempos para las compañías con esa clase de intereses y espera sumarse a la brisa. Por eso construyó una nueva planta de energía eólica en Mendoza, para hacer equipamientos y sistemas. La empresa puede producir 150 aerogeneradores por año de 2 MW cada uno. Hoy está produciendo 26 unidades, con un diámetro de pala de 100 metros. "Vamos a ver que empresas extranjeras se van a instalar en el país. Esto es positivo, por más que tengamos más competidores", anticipa Fernández, quien fue testigo del mismo proceso en Brasil.

La firma Genneia -que cuenta entre sus accionistas al banquero Jorge Brito y a Fintech, el fondo de inversíón de David Martínez, nuevo dueño de Telecom- tiene el Parque Eólico Rawson, el más grande de la Argentina. Cuenta con 43 aerogeneradores y produce la electricidad suficiente para abastecer a 100.000 hogares. En el marco de la visita del presidente de Estados Unidos Barack Obama, la Cámara de Comercio de ese país en la Argentina organizó una reunión de empresarios. Allí, Walter Lanosa, gerente general de la firma, sostuvo que la compañía tiene un compromiso de instalar 220 MW adicionales en Puerto Madryn y más de 500 MW en otras provincias. "Estamos hablando de inversiones comprometidas por US$ 450 millones y de un potencial de inversión de otros US$ 1000 millones", completó.

La nueva reglamentación no sólo creó un mercado, sino que dotó de recursos a la oferta. En su último viaje a Estados Unidos junto al presidente Mauricio Macri, Aranguren sostuvo que espera atraer inversión en energías renovables por US$ 5000 millones en los próximos tres años, para instalar 3000 MW. Para algunos especialistas, esa cifra suena inalcanzable en ese período.

Además creó un fondo de $ 12.000 millones para hacer proyectos. Una parte del financiamiento lo pondrán los usuarios del servicio eléctrico, que lo pagarán en sus facturas.

Las energías renovables también despiertan críticas. Aunque pocos lo dicen en voz alta, entre los más molestos están los barones de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes la molestia por los aumentos en las tarifas de luz se les suma al hecho de tener que obtener el 8% de su suministro de fuentes más caras. Un trabajo hecho el año pasado por Alberto Calsiano, el especialista de la UIA en temas energéticos, echa luz sobre su posición. "El costo de la generación con energías renovables se debería distribuir entre toda la demanda", sostiene. .

Tampoco está claro qué pasará con quienes tienen proyectos en marcha bajo la legislación anterior.

Casi todos coinciden en que las promesas actuales de la energía eólica saldrán a la cancha el mes próximo, cuando el Gobierno lance la primera subasta pública de renovables con las nuevas reglas de juego. Sólo allí se verá cuáles son las ambiciones que puede abrigar el sector en el futuro energético local.

Impulso oficial - El gobierno nacional acaba de crear un fondo de $ 12.000 millones para proyectos de energía renovable

Renovación y cambio - Los jugadores que ya piensan en verde

Gastón Remy - Presidente de Dow - La multinacional del rubro petroquímico se asoció con la empresa estatal Invap para desarrollar un parque eólico en Río Negro, con una inversión de US$ 123 millones.

Juan Carlos Fernández - Ceo de Impsa - La empresa de la familia Pescarmona ya superó sus problemas financieros y avanza con nuevos proyectos en Mendoza, La Rioja y Córdoba.

Doris Capurro - Presidenta de Luft energía - Después de dejar YPF, creó su propia empresa para financiar proyectos de recursos renovables, apuntando principalmente a la energía eólica.

Walter Lanosa - Gerente general de Genneia - La firma, dueña del parque eólico más grande del país (en Rawson), tiene en marcha un programa de inversiones por US$ 450 millones.

Avanzan los planes para liquidar parte de la flota presidencial

Por Diego Cabot - LA NACION
El Tango 01 espera en un hangar en El Palomar, y el T-04 fue dado de baja

El avión presidencial Tango 01.Foto:Archivo

Mientras el presidente Mauricio Macri vuela en líneas regulares, en varios expedientes administrativos avanza la venta de los aviones que formaban la flota presidencial.

Ya se han tomado varias decisiones. El Tango 01 se venderá, y en su reemplazo el Gobierno comprará un avión pequeño, con mucha autonomía, pero con apenas un puñado de plazas. "No más de 20 lugares, más eficiente y con posibilidades de aterrizar en todo el país", dijo una fuente que trabaja en el asunto.

Una auditoría que aún no está terminada ya tiene algunos números. El costo del arreglo del T-01, principal avión de la flota, llega a alrededor de 15 millones de dólares. Nadie está dispuesto a poner ese dinero para reflotar un avión que no puede aterrizar en la mayoría de los aeropuertos del país y que, además, tiene una autonomía de vuelo de sólo siete horas.

Además, sólo para operarlo se necesitan 14 personas arriba del avión. Claro que esa tripulación debería estar prácticamente duplicada por las vacaciones y los descansos obligatorios. Aquellas épocas en las que el presidente se movía con una amplia comitiva parece que no volverán. O al menos no irán en el mismo avión.

Ya está tomada la decisión de la venta del T-01. El Boeing 757-200 espera su hora en El Palomar. Claro que las expectativas de recaudación no son demasiadas. "El destino es carguero o ejecutivo. Como carguero, no vale nada el único activo que tiene, que es toda la parte de residencia presidencial. Si es ejecutivo, el difícil, habría que encontrarle la novia", dice una fuente que trabaja en la liquidación. Sea cual fuere el comprador, estiman que el precio está entre dos y tres millones de dólares.

Los pasos burocráticos para la compulsa de precios no son fáciles. Cada día que pasa la aeronave está más cerca de un nuevo vencimiento para volar. Es decir, la espera cuesta plata. Si bien la aeronave, que fue fabricada en 1992, está completa, no está en condiciones de despegar; necesita un arreglo mínimo como para llegar a un taller. Así será el final de la que fue la aeronave más importante de un presidente de América latina.

Una vez que la maquinaria burocrática termine el expediente que permite vender un bien del Estado, el procedimiento será firmar una orden a los grandes operadores mundiales de aviación para que lo coticen y lo ofrezcan.

El Tango 02 (T-02), un Fokker F28 Fellowship incorporado entre 1999 y 2000, cada vez vuela menos. Por ahora tiene unos meses de vida, ya que tiene los repuestos necesarios como para alguna revisión más. El otro gemelo, el Tango 03 (T-03), será el más observado de todos: transitará su vejez en un museo.

El último avión que depende de Presidencia es el Tango 04 (T-04). Esta aeronave, un Boeing 757-500 con 23 años de uso, fue comprada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2014 a Aerolíneas Argentinas a cambio de varios millones de dólares. Pero el avión, que también está en la base aérea de El Palomar, está sin turbinas. Sucede que la compra fue realizada cuando ya las turbinas eran defectuosas. Se optó por un leasing de motores y así se mantuvo hasta que se decidió dar de baja la aeronave. Ahora es sólo fuselaje.

El Tango 10 (T-10), un Lear Jet 60 con capacidad para 10 pasajeros que depende de la Fuerza Aérea, es el único que se mantiene en operación. Célebre por ser correo de los diarios de Buenos Aires a El Calafate y taxi de la ex familia presidencial, el jet es, por ahora, el medio de traslado que utiliza el Presidente cuando va al interior.

Una escuadra en problemas

Tango 01 - Es un Boeing 757-200; la decisión es venderlo, pero esperan recaudar poco

Tango 02 - El Fokker F28 Fellowship vuela poco, pero tiene algunos meses de utilidad

Tango 03 - El Otro Fokker F28 de Presidencia está en revisión y sería enviado a un museo

Tango 04 - El Boeing 757-500 comprado en 2014 por Cristina hoy es sólo fuselaje

Las demoledoras derivaciones del fin del pacto de silencio

Por Carlos Pagni - LA NACION
Exigencias purificadoras de una opinión pública saturada por la corrupción. Ajuste económico que se vuelve más intolerable ante la desviación de los impuestos. Combate internacional contra el terrorismo que obliga a reforzar el control de fondos negros. Chispazos del incendio brasileño. Estos factores de mediano y largo plazo explican el desmoronamiento del inframundo kirchnerista.

Pero el bosque no debe tapar el árbol. Otra vez la historia está demostrando que un gran proceso colectivo puede desencadenarse por la irrupción de un drama individual. Leonardo Fariña cayó preso hace dos años por evasión impositiva, un delito que no suele castigarse con la cárcel.


Desde entonces no ve a su hijo porque no quiere que el pequeño lo vea tras las rejas. Su padre, que padece de enfisema pulmonar, no puede visitarlo más que una vez al mes. Desde fines de 2014, Fariña envió varios mensajes a los funcionarios kirchneristas para conseguir la libertad. Supone que el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata lo confinó como represalia por haber "roto los códigos" en su entrevista con Jorge Lanata.

Sobre ese juzgado influye Julián Álvarez, el ex secretario de Justicia y dirigente de La Cámpora. Despechado, en febrero del año pasado Fariña comenzó a escribir, con microscópica letra de imprenta, una larga confesión. Le sobraban el tiempo y la memoria. Enumeró matrículas de aviones, estancias, cuentas bancarias, sociedades comerciales y, sobre todo, un extenso entramado de funcionarios, socios, testaferros, financistas, contadores y escribanos. No olvidó ni a las amantes. Cubrió 85 páginas y, cuando cambió el gobierno, decidió hablar. Sobre todo por venganza. Esas 85 hojas manuscritas pueden ser el explosivo que derrumbe la monumental arquitectura de poder que, hasta hace apenas cuatro meses, controló Cristina Kirchner. Nada nuevo. En 1983, por ejemplo, el siciliano Tommaso Buscetta, después que querer suicidarse y no lograrlo, se declaró "pentito". Buscetta guió a los jueces Falcone y Borsellino en un proceso que, al cabo de 10 años, llevó a la cárcel a más de 350 jefes de la mafia. Como Buscetta, Fariña rompió el pacto de silencio.

Al juez Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan se les cayó la mandíbula. Durante doce horas escucharon cómo el excéntrico "Leo" describía los sistemas que ideó Néstor Kirchner para amasar una fortuna con recursos del Estado.
Fariña citó a Lázaro Báez para explicar que "Néstor puso a Graciela Ocaña en el PAMI y a Sergio Acevedo en la SIDE para dar a entender que no se robaría más". Pero la "caja" pasó, bajo la rectoría de Julio De Vido, al Ministerio de Planificación. Allí De Vido impuso un régimen de adelantos financieros que se convertirían en el primer retorno que debían ofrendar los adjudicatarios de las obras. El fraude, declaró, sólo era posible con abultados sobreprecios. 


Fariña se cansó de dar nombres. Mencionó a los subordinados de De Vido, desde José López, de Obras Públicas, hasta Ricardo Jaime, de Transporte. Pero también a empresarios como el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien fue el primer empleador que tuvo De Vido cuando llegó a Santa Cruz como joven arquitecto. De Vido, investigado por enriquecimiento ilícito, se ha convertido en, para decirlo con una metáfora del oficio, una rotonda gigantesca: conduce al negocio de la obra pública; al de la importación de gas; a la compra de material ferroviario, y a la tragedia de Once. Marijuan lo imputó. Ya no alcanzarán, quizás, los buenos oficios de Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, para protegerlo en la justicia federal.

Según Fariña, los trabajos se adjudicaban a dedo. Pero aparecían desfases financieros por los adelantos que había que devolver. Para resolverlos se habría creado un fideicomiso en el Banco Nación, bajo la mirada de Juan Carlos Fábrega. "Muchas veces se contabilizaban fondos por obras que ni siquiera habían sido licitadas", explicó el arrepentido. En el centro de esa urdimbre estaba Báez con Austral Construcciones, quien solía ganar los concursos asociado a Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri, titular de Iecsa, la empresa fundada por Franco Macri.

Esa forma de capturar recursos públicos estalló en Chaco. Por eso el juez allanó el sábado Sucesión de Adelmo Biancalani, que tiene como accionista al ex senador kirchnerista Fabio Biancalani. Según Fariña, la empresa es de Báez. El inconveniente es que no realizó los trabajos que se le adjudicaron. Las andanzas litoraleñas de Báez terminaron, de acuerdo con el arrepentido, en la compra a precio vil de un avión de la aerolínea estatal Aero Chaco. Jorge Capitanich nunca denunció estas defraudaciones a sus comprovincianos. Al contrario: es de los pocos peronistas que condenaron al logorreico "Leo". Los rivales de Capitanich dicen que en estas horas debe estar rompiendo documentos con la misma resolución con la que supo romper diarios.

Fariña explicó ante Casanello y Marijuan la segunda fase del sistema montado por Kirchner a través de Báez: el lavado de los fondos acumulados en la obra pública. Si en la primera parte de su relato se basó en lo que escuchó a Báez, ahora demostró tener más protagonismo. Fariña contó que, al principio, la fortuna de Kirchner y Báez fue canalizada por Ernesto Clarens, a través de Invernes, a la que decodificó como Inversiones Néstor. Y proporcionó un dato clave: el vicepresidente de Invernes era César Andrés, el contador de Báez. Igual que el escribano de Báez, Leandro Albornoz, es el de Cristina Kirchner. Cuando lo allanaron, Albornoz declaró que estaba preocupado. No hacía falta.

Como la acumulación en bóvedas arruinaba los billetes, Fariña multiplicó las transferencias financieras. Mencionó a Provalor, de los Rabinovich, que fue allanada anteanoche. Y dio precisiones sobre una "cueva" que, según dijo, administraban el secretario preferido de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa, con el barrabrava Marcelo Mallo, de Hinchadas Unidas Argentinas. Pero entre Ulloa y Báez hubo problemas. Fariña contó que Ulloa y Mallo se pusieron a especular con granos, como si fueran Buffett y Soros. Y perdieron los "ahorros" de Lázaro. También mencionó por lo menos dos cuentas del banco suizo Lombard Odier, a las que Báez giraba fondos: Andrómeda y Messier 51. Son nombres de galaxias.

El arrepentido informó que, según le contó Báez, la embajada de EE.UU. informó a la señora de Kirchner que Báez estaba lavando montañas de dinero. Despejar la duda podría mejorar la comprensión de la política exterior del kirchnerismo. La charla con Báez habría sido en noviembre de 2010. Semanas más tarde, ella pactó con Irán. Y envió a Héctor Timerman a incautar la carga de un avión militar norteamericano. Pero ¿habrá sido esa embajada la que avisó a la ex presidenta sobre las andanzas de quien sería su testaferro? ¿O ella utilizó ante Báez esa fuente como coartada?

Cristina Kirchner se enfureció con Báez en una reunión secreta. Báez negó las acusaciones. Meses después, alguien informó a la entonces presidenta, con muchas precisiones, que Báez había mentido. A partir de allí la relación entre ella y su presunto testaferro se enfrió. Báez comenzó a perder licitaciones. Al perspicaz Marijuan, dicen en su fiscalía, le quedó la impresión de que quien alertó a la Casa Rosada fue Fariña. Él no lo reveló.

Fariña dio también la versión de Lázaro sobre esa ruptura. Fallecido Kirchner, la viuda y Máximo le habrían exigido todo el dinero acumulado. Pero él se negó a dárselo. "Lázaro cree que fue socio de Néstor, no un testaferro", explicó el arrepentido. Y refirió un caso similar: durante un veraneo en Punta del Este con su entonces novia Karina Jelinek, Sebastián Eskenazi le confesó, dolorido, que también estaba siendo presionado por Cristina y Máximo Kirchner para que entregara toda su participación en YPF. Eskenazi, ¿el Báez del petróleo?

Casanello y Marijuan escucharon un ejemplo de Fariña para fortalecer la versión de Báez: "Nosotros le llevábamos negocios a Néstor. Una vez le ofrecimos quedarse con la mitad de Telecom. Él nos contestó: «Si hubieran llegado hace una semana, lo hacíamos. Pero ya cerré con los Werthein»". Fariña niega haberse quedado con dinero de Báez. La relación se rompió, según él, porque el contador Daniel Pérez Gadín, ansioso por monopolizar el negocio financiero, comenzó a malquistarlo con Báez con acusaciones en su contra. Agregó que Pérez Gadín y su otro yo, el abogado Jorge Chueco, eran cada vez más hostiles. La mención de Chueco es interesante: puede llevar a Carlos Zannini y, desde allí, a la OEA.

Fariña completó la descripción del entorno de Báez refiriéndose a su esposa, Norma, tan celosa que ni siquiera permitía a su marido mirar "Bailando por un sueño". Explicó que en la vida de Báez hay otra Norma, una cincuentona de infalible bronceado caribeño que asistía al constructor en sus oficinas de la calle Carabelas: la secretaria.

Ese microcosmos está en descomposición. La fisura se inauguró en marzo cuando los abogados Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo, coordinados por un cerebro oculto, renunciaron a la defensa de Báez. Tal vez los reemplace Fernando Burlando, gracias a su amistad con Miguel Pires. Este representante de jugadores guarda los secretos de los negocios futbolísticos de Báez y Máximo Kirchner. O debería guardarlos. La indiscreción comienza a ser un riesgo. A propósito: ¿cuántos colaboradores de Fariña conservaron documentación para protegerse?

Más allá de la crónica policial, todavía es imposible determinar las derivaciones de la catarsis del financista de Báez. Tal vez perfeccione el sistema de protección de testigos. El caso de Fariña es paradójico: una vez que se declaró "arrepentido", sus condiciones carcelarias empeoraron. El tribunal platense lo redujo a una celda hospitalaria de cuatro metros cuadrados.

Otra posibilidad es que la hiperactividad de Casanello y Marijuan alivie, al menos por un tiempo, la presión sobre el fuero federal. Y establezca una implacable simetría: mientras recibía a Fariña, Casanello allanó una aseguradora contratada por el Ministerio de Transporte, que tendría vinculaciones con los Macri. Varios jueces festejan que a "Leo" se le soltara la lengua. Algunos apuestan a que Marijuan sea promovido a la Procuración General. Por ahora son sólo fantasías: de retirarse Alejandra Gils Carbó, el sucesor más probable es Alberto García Lema.

El escándalo desatado por Fariña modifica también la organización de la política. Termina con la periodización que postularon los kirchneristas que se enemistaron con la ex presidenta, con Alberto Fernández a la cabeza: hubo una edad de oro nestoriana, que se degradó cuando el legado pasó a ser administrado por la viuda.

Esa presentación terminó de malograrse. Báez está construyendo un segundo mausoleo para Néstor. El primero guarda sus restos materiales. El segundo, montado sobre expedientes judiciales, encierra el mito. Q.e.p.d.

Sagem ofreció equipar a sus aviones C-130 Hércules con bombas de precisión

Recientemente, la empresa Sagem  (Francia ofreció a la Fuerza Aérea Francesa equipar a sus aviones de transporte C-130 Hércules con la capacidad de lanzamiento de armamento de precisión. Esta se basa en Ia instalación de un rack de fijación de armas denominado SSA-110 Gerfaut, desarrollado por la empresa AA/ROK que ocupa el lugar de uno de los depósitos de combustible externos.

Con esta configuración, un Hércules podría portar en cada ala cuatro bombas de precisión AASM
(Armement Air-Sol Modulaire) conocida como Hammer que incorporan diferentes sistemas de guiado al haber sido concebida como un sistema modular. En esta configuración, la munición AASM tendría un alcance de 30 kilómetros lanzada desde 25.000 pies.

La conversión no afecta a la estructura del avión ni reduce la capacidad de carga de este, puede ser realizada en pocas horas y convierte al Hércules algo similar a un bombardero que puede permanecer durante un largo tiempo sobre una zona de operaciones. Esta propuesta sería una solución de emergencia para implementar operaciones rápidas de estabilización lo que ahorraría momentaneamente el empleo de aviones de combate. Aún, no hay ningún requerimiento para efectuar esta conversión.

El Gripen brasileño emplearía bombas guiadas SPICE

Rafael espera comenzar a integrar sus armamentos a los futuros cazas Saab Gripen de la FAB, por lo que se firmaría el contrato proximamente, según se anuncio en la última  edición de FIDAE.

Las bombas guiadas SPICE 2000, SPICE 1000 y SPICE 250 (Smart Precise Impact Cost Effective) se comenzarían a integrarse durante este año. 

Los pods Litening, RecceLite y Skyshield ya se integraron.

Saab firmó en el 2015 un contrato para la integración de diverso armamento por 245 millones de dólares con el gobierno de Brasil. Además, están bajo el mismo contrato la incorporación del misil A-Darter de Denel-AVIBRAS-Mectron, y el IRIS-T de Diehl BGT Defence ).

Procesaron a Mussi

(LPO) - El juez Bonadio procesó al ex secretario de Ambiente por el presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a tareas de saneamiento del Riachuelo para la construcción de un espacio en Tecnópolis.


El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, en una causa que investiga el presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a tareas de saneamiento del Riachuelo para la construcción de un espacio en Tecnópolis para la Acumar.

Mussi era el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), integrado por distintos organismos y autoridades nacionales y comunales con el fin de cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó sanear la cuenca Matanza Riachuelo.

Según la denuncia, el dinero se habría desviado entre 2012 y 2013 para construir el espacio de la muestra que ocupó el Acumar y se calcula en 21 millones de pesos, confirmaron fuentes judiciales.

La construcción fue encomendada a la Universidad de Tres de Febrero, pero esta tercerizó los trabajos y cobró una comisión, según la causa.

Mussi, actual diputado bonaerense por el FPV,  quedó procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública" al igual que el rector de esa casa de estudios, Aníbal Jozami.

Vidal hace equilibrio frente al abismo

Por Julio Blanck - Clarin.com

Del casi millón y medio de compatriotas que cayeron bajo el nivel de pobreza en el primer trimestre del año, según la confiable medición del Observatorio Social de la UCA, se calcula que más de medio millón vive en el Gran Buenos Aires.

Cuando a María Eugenia Vidal se le pregunta sobre el futuro cercano, ella dice que las medidas que está tomando Mauricio Macri van en la dirección correcta y que la recuperación de la economía se verá antes de fin de año. Pero antes, advierte, “hay que cruzar el bache”. Confía en que la penuria agravada en los bolsillos sea transitoria. Pero enseguida remarca que su principal tarea hoy es “ayudar a la gente a cruzar ese bache”. Ese énfasis en atender la situación social, las necesidades de los más desprotegidos, no siempre se encuentra, o se trasluce, en los cuadros técnicos, de origen gerencial, que ocupan áreas sensibles del Gobierno nacional.

En su discurso, el día que asumió, Vidal dijo que se encontraba con “una provincia quebrada”. Poco después, al defender su primer Presupuesto, argumentó en favor del pedido de autorización para endeudarse diciendo que “la Provincia tiene una enorme deuda social con su gente y queremos cambiarla por deuda financiera”. Difícil sacarla de esa línea argumental.

El viernes último la nueva administración de IOMA, la obra social provincial con 2 millones de afiliados, denunció ante la Justicia estafas en el organismo por 1.500 millones de pesos. Encontraron sobreprecios, facturación adulterada y desvío de prestaciones. El titular de IOMA sostuvo que semejante maniobra “no pudo realizarse sin cobertura política en los planos más altos” de la gestión anterior. Pero la revelación de hechos de corrupción durante la gestión de Daniel Scioli no está en el centro de la estrategia de Vidal.

Su propósito es enfrentar y liquidar esas prácticas sin hacer demasiado aspaviento. De entrada avisó –por los canales adecuados– que ella no estaba dispuesta a recibir valijas ni tributos negros del juego, la Policía, las cárceles o los proveedores de IOMA. Pretende que su ejemplo se instale en todos los niveles de la administración provincial y cuanto menos en los 66 municipios que gobierna la alianza oficialista Cambiemos. Al parecer, no todos esos intendentes estarían sintonizando adecuadamente la orden. En cualquier momento podría saltar una liebre.

Una historia aparte es la Bonaerense. Con 92.000 efectivos, la Policía provincial es un ejército de problemas sin solución de fondo a la vista. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, echó el viernes al jefe y al subjefe de la Departamental La Plata. Otros tres subalternos habían caído una semana antes, cuando gracias a una denuncia interna se habían secuestrado en esas oficinas 36 sobres con un total de 153.700 pesos. Según la Justicia, era la recaudación ilegal diaria de comisarías platenses destinada a las jefaturas. Se ve que los muchachos venían muy confiados: en algunos sobres estaba el nombre de quien lo remitía y, en otros, el tipo de delito que al ser apañado permitía esa recaudación. 

Vidal y Ritondo están lanzando una nueva reforma policial. A la gobernadora le preocupa que la gente confíe en que esta vez va en serio. Sabe que esa confianza es muy difícil de ganar. Empiezan por lo elemental: mejoraron el sueldo de los policías –hasta 31% en los niveles más bajos– y están equipándolos con chalecos antibala que efectivamente paren las balas. Apuestan a mejorar profundamente la formación de los nuevos cuadros. Pero ver los resultados, si se alcanzan, puede tardar diez años, hasta que se renueven todas las actuales jerarquías. ¿Quién tiene tanto tiempo?

Mientras tanto la Bonaerense es un dolor de cabeza cotidiano. Ritondo ya cesanteó a casi 750 policías, despacito y sin ruido, por inconductas de todo tipo. Al ministro ya le pasó y no es raro que se repita: un lunes llegó a su despacho y se encontró con tres sumarios levantados durante el fin de semana en el que había policías en actividad involucrados en otros tantos robos en el Gran Buenos Aires, dos de ellos con asesinato incluido.

Frente a ese abismo ante el que está obligada a hacer equilibrio, Vidal tiene una ventaja comparativa única: es la dirigente política con mejor imagen en el país. Lo dicen todas las encuestas conocidas. Y en la Provincia arrasa. Los intendentes peronistas, que necesitan asociarse a ella en esta etapa de gestión, se espantan ante la sola posibilidad de aparecer enfrentándola, y han cuestionado muy duro, internamente, a quienes se le pusieron de punta. Pero sin plata, la imagen del que gobierna puede disolverse demasiado rápido. 

Al llegar a la gobernación en diciembre Vidal encontró que en la caja que dejó Scioli sólo había 180 millones de pesos. Eso permitía pagar apenas el 10% de los sueldos de los 600.000 empleados que tiene la Provincia. Ni hablar de los aguinaldos. Macri le prestó plata esa vez, y otra, y otra. Sirvió para salir del primer apuro. Fueron adelantos de fondos de coparticipación que la Provincia asegura que ya está devolviendo, porque pudo generar sus propios recursos.

Cuando el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, terminó de calcular la deuda que había heredado, el número le dio 60.000 millones de pesos. El déficit fiscal del año pasado fue de 22.000 millones. “Es manejable”, dice Lacunza, que fue gerente general del Banco Central durante la primera presidencia de Cristina y viene de trabajar con el hoy ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el Banco Ciudad.

Pero la Provincia no puede aumentar impuestos. La presión tributaria ya es altísima y subirla sería intolerable. Tampoco puede, por razones sociales, reducir sensiblemente su planta de empleados. Buscan achicar costos recortando estructuras políticas, que sobreabundaban hasta el escándalo. Eso puede tener impacto en la opinión pública, sobre todo si se comunica adecuadamente, pero mueve apenas el amperímetro de las cuentas.

El agujero negro estructural requiere de 40.000 millones anuales extra para ser suturado. El gobierno de Vidal dice que esa plata está, sólo que no se la dan. Es la suma que recauda lo que fue el Fondo del Conurbano, una martingala que hace 25 años Duhalde le puso como condición a Menem para aceptar ser gobernador. El problema, dicen en La Plata, es que esos fondos –que en el origen eran un millón de pesos/dólares diarios– quedaron congelados, brutalmente desactualizados. Y todo el excedente se repartió desde entonces entre las restantes provincias. Ese excedente es hoy más del 90% de esos fondos, que se constituyen con una porción de la recaudación total del impuesto a las Ganancias. A la Provincia le queda poco y nada.

Cuando se habla de discutir el reparto de la coparticipación, el gobierno de Vidal saca del subsuelo este tema y muestra los colmillos. La gobernadora ya lo planteó delante de todos los mandatarios provinciales, en una reunión que convocó Macri. Y Lacunza lo hizo, dos veces, ante sus colegas de todo el país en los encuentros organizados por el ministro Frigerio en la Casa Rosada.

Los demás distritos miran para otro lado cuando los bonaerenses patalean. Cada quien tiene sus bonitos entuertos por solucionar. Vidal se propone llegar a capturar el 25% del total de los fondos de coparticipación. Hoy la Provincia recibe el 18%, aunque genera el 37% de los impuestos que son coparticipables. La gobernadora confía en que la decisión política de Macri le allane el camino hacia ese objetivo, que es “la única manera de hacer viable” la Provincia. Pero tendrá que correr mucha agua antes de lograrlo.

El plan maestro de Vidal para el primer año de gestión es sencillo y tiene tres vigas maestras: seguridad, educación, salud. Mejorar el estado de hospitales, escuelas y caminos. Estar con la ayuda social encima de cada conflicto agudo que surja. Anticiparlo, si se puede. Y si consigue fondos suficientes iniciar obras de infraestructura hídrica, para un territorio que vive inundado. 

Tiene que lograr mejoras rápidas, concretas y visibles. Eso le permitirá llegar bien parada a la elección legislativa de 2017. Si a ella le va bien, a Macri le va bien. Macri lo sabe y por eso pone en la Provincia todo lo que tiene. Son los bonaerenses los que le dirán al país si el Presidente va por buen camino. Ganar la Provincia el año que viene despeja el camino a la reelección. Si es al revés, el horizonte del Gobierno se hará más corto y oscuro.

Van recién cuatro meses y para esa hipótesis faltan casi cuatro años. Los políticos, oficialistas u opositores, jamás dirían ahora que están pensando en eso. Pero piensan todo el tiempo en eso.

Amo a la ONU, pero así está fracasando lastimosamente

Por Anthony Banbury (Clarin.com)


Foto: Cascos Azules en la República del Congo. AP

He trabajado para Naciones Unidas la mayor parte de las tres últimas décadas. Fui encargado de derechos humanos en Haití en la década de 1990 e intervine en la ex Yugoslavia durante el genocidio de Srebrenica. Ayudé a dirigir la reacción ante el tsunami del Océano Índico y el terremoto haitiano, planifiqué la misión para eliminar el armamento químico sirio y más recientemente tuve a cargo la dirección de la misión contra el Ébola en África Occidental. Me importan fundamentalmente los principios con los cuales se ha concebido la ONU.

Y es por eso que he decidido irme. El mundo enfrenta una serie de crisis aterradoras, desde la amenaza del cambio climático hasta las zonas de generación de terrorismo en lugares como Siria, Irak y Somalia. Naciones Unidas tiene una ubicación excepcional para hacer frente a esos problemas y está haciendo un trabajo invalorable, como proteger civiles y proporcionar ayuda humanitaria en Sudán del Sur y en todas partes. Pero en cuanto a su misión general, debido a una mala gestión colosal, la ONU está fracasando. 

Hace seis años obtuve el cargo de subsecretario general de apoyo a las actividades en el terreno, con base en Nueva York. No me era extraño el papeleo administrativo pero carecía de preparación para la borrosa nube de advertencias orwellianas y la lógica de tipo Lewis Carroll que gobiernan el lugar. Si se los encerrara en un laboratorio, un equipo de genios del mal no podría diseñar una burocracia tan enloquecedoramente compleja, que requiriese tanto esfuerzo pero al final fuera incapaz de producir el resultado buscado. El sistema es un agujero negro en el que desaparecen incontables dólares de impuestos y aspiraciones humanas que nunca volverán a verse.

Durante la epidemia de Ébola, yo me desesperaba por conseguir gente calificada en la zona, no obstante lo cual me dijeron que una integrante de la plantilla que trabajaba en Sudán del Sur no podía viajar a nuestra sede central de Accra, la capital de Ghana, hasta que le otorgaran una nueva autorización médica. Combatíamos una enfermedad que mataba a muchos millares y se corría el riesgo de que quedara fuera de control y sin embargo perdíamos semanas esperando que a una colega sana le entregaran sus formularios procesados.

Con demasiada frecuencia, la única manera de apurar las cosas es romper las reglas. Es lo que hice en Accra cuando contraté a una antropóloga como colaboradora independiente. Resultó valer su peso en oro. La práctica de entierros sin medidas de seguridad sanitaria era la causa de aproximadamente la mitad de nuevos casos de Ébola en algunas áreas. Teníamos que comprender aquellas tradiciones antes de intentar persuadir a la gente de que las cambiara. Por lo que sé, ninguna misión de Naciones Unidas había tenido jamás antes un miembro antropólogo; poco después que me fui de la misión, a la nuestra la dejaron partir.

Los jefes de multimillonarias operaciones de paz, con responsabilidades enormes en la terminación de guerras, no pueden contratar a su personal más cercano ni desplazar de funciones críticas a integrantes deficientes. Esto es señal de lo perversamente retorcida que es la burocracia, al punto de considerarse más peligrosas las decisiones vinculadas con el personal que la responsabilidad de conducir una misión de la que depende el destino de un país. 

Uno de los resultados de esta disfunción es la mínima confiabilidad. En una gran misión de paz existe hoy un jefe de equipo manifiestamente incompetente. Muchas personas han tratado de librarse de él, pero a falta de un delito serio es virtualmente imposible despedir a alguien en Naciones Unidas. No tengo conocimiento de que en los últimos seis años se haya despedido a un solo integrante de actividades en el terreno internacional, ni siquiera sancionado por desempeño insatisfactorio. 

El segundo problema serio es que se toman demasiadas decisiones por conveniencia política. Las fuerzas de mantenimiento de paz a menudo deambulan pesadamente a lo largo de años sin metas claras ni planes de retirarse, desplazando gobiernos, desviando la atención de problemas socioeconómicos más profundos y costando miles de millones de dólares. Mi primera misión de mantenimiento de paz fue en Camboya en 1982. Nos fuimos antes de los dos años. Ahora es una excepción que una misión dure menos de diez.

Fijémonos en Haití: no ha habido un conflicto armado en más de una década y sin embargo permanece allí una fuerza de Naciones Unidas de más de 4.500 individuos. Mientras tanto estamos fallando en lo que debería ser nuestra tarea más importante: colaborar en la creación de instituciones democráticas y estables. Se han postergado las elecciones en medio de reclamos por fraude y el primer ministro interino ha dicho que “el país enfrenta serias dificultades sociales y económicas”. El dispositivo militar no hace la menor contribución para resolver estos problemas. 

Nuestro error más grave se da en Mali. A principios de 2013 Naciones Unidas decidió enviar allí 10.000 soldados y oficiales de policía en respuesta a la apropiación terrorista de zonas del norte. Inexplicablemente, enviamos una fuerza sin preparación previa en contraterrorismo y a la que se había dado instrucciones explícitas de no implicarse en eso. Más del 80% de los recursos de la fuerza se gasta en logística y autoprotección. Ya se ha matado a 56 personas del contingente de Naciones Unidas y es seguro que morirán más. En Malí, Naciones Unidas se hunde cada día más en su primera ciénaga. 

Pero la cuestión que más me ha preocupado es lo que Naciones Unidas hizo en la República Centroafricana. Cuando en 2014 recibimos de la Unión Africana la responsabilidad del mantenimiento de la paz allí, teníamos la opción de elegir qué tropas aceptar. Sin un debate apropiado y por cínicas razones políticas se decidió incluir soldados de la República Democrática del Congo y de la República del Congo, a pesar de los informes de serias violaciones de los derechos humanos perpetradas por estos soldados. Desde ese momento las tropas de esos países han estado involucradas en la persistente violación y abuso de personas -con frecuencia chicas jóvenes-, a pesar de que para evitarlos se envió allí a Naciones Unidas.

En 1988, mi primer trabajo en Naciones Unidas fue como oficial de derechos humanos en campos de refugiados a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, investigando violaciones y asesinatos de pobres y desvalidos. Nunca hubiera podido imaginarme que un día iba a tener que tratar con integrantes de mi propia organización que cometieran los mismos crímenes o, peor, altos funcionarios que los toleraran por cuestiones de cínica conveniencia. 

En vísperas de la elección de un nuevo secretario general este año, es esencial que los gobiernos, y especialmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, piensen con cuidado qué es lo que quieren de Naciones Unidas. La organización es una máquina de escribir Remington en un mundo de smartphones. Si la ONU va a hacer avanzar las causas por la paz, los derechos humanos, el desarrollo y el clima, necesita un conductor genuinamente decidido a reformar. El punto de partida debería ser la renovación de nuestro sistema de personal. El Secretario General Ban Ki-moon es un hombre de gran integridad y Naciones Unidas está llena de personas inteligentes, valientes y altruistas. Desgraciadamente, muchísimos otros carecen de la moral y la capacidad profesional para desempeñarse allí. Necesitamos que Naciones Unidas esté dirigida por personas para quienes “hacer lo correcto” sea lo normal y lo esperado. 

Copyright The New York Times, 2016. Traducción: Román García Azcárate.
Anthony Banbury fue subsecretario general de las Naciones Unidas para Apoyo de Actividades en el Terreno.

EE.UU. le avisó a Cristina que Báez estaba fugando capitales

Por Daniel Santoro (Clarin.com) - Esa versión la dio Fariña a la Justicia. Fue en la segunda presidencia. La ex presidenta se enojó con el empresario K.

Entre los cientos de datos a confirmar que Leonardo Fariña dio en su confesión al juez federal Sebastián Casanello hubo uno que mostró la preocupación internacional que había ocasionado estos enormes movimientos de plata negra. El ex valijero afirmó que aproximadamente a principios de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, “la Embajada de EE.UU. avisó extraoficialmente que Báez estaba fugando millones de dólares al exterior”. Entonces, Cristina, furiosa, convocó a Báez a una reunión de urgencia para quejarse amargamente y anunciarle que le iba a reducir la entrega de contratos de obra pública. Al salir, el dueño de Austral Construcciones le comentó al ex esposo de Karina Jelinek: –Muchachos a partir de ahora tenemos que ser más discretos.

El hecho narrado por Fariña en su declaración, según reveló a Clarín una fuente oficial, habla de la magnitud de la plata que se movía y de una de las etapas en que se dividió la ruta del dinero K desde el 2003 hasta el 2013.

Siempre de acuerdo a los dichos de Fariña y por pruebas que constan en la causa, después de la muerte de Néstor Kirchner el 27 de octubre del 2010, “Báez consideró que toda la plata que había acumulado con la obra pública gracias a Néstor ahora le pertenecía y decidió sacarla al exterior”.

Su indagatoria tiene una parte donde el fue operador o testado director de determinar maniobras y otras que escuchó que le contó Báez. El rol del ex valijero en estas maniobras comenzó después de la muerte de Néstor Kirchner.

 Este comentario muestra que la ruta del dinero K tuvo tres etapas. Una desde que Kirchner llegó a la presidencia en el 2003 y hasta su muerte en el 2010. En ella actuó principalmente el dueño de Invernest, Ernesto Clarens (Ver página 12) y otros financistas que ahora se están investigando y que en los próximas días podrían sufrir alguna imputación concreta.  Desde la muerte de Néstor hasta junio del 2011, la plata se manejó a través de Fariña y SGI “La Rosadita de Federico Elaskar. Cuando Báez, luego del casamiento de Fariña con Jelinek, se da cuenta que le están robando plata, logra que su entorno, en junio del 2011, compre bajo presión “La Rosadita”. Fariña estimó que en ese lapso manejó casi 100 millones de dólares.  La otra etapa arrancó desde la salida de Elaskar hasta el programa de Jorge Lanata de abril del 2013. De este lapso, es el video que reveló Telenoche (noviembre del 2012) donde se ve cómo cuentan, por lo menos, 5 millones de dólares.

En general, la plata se traía en aviones o camionetas en efectivo desde Río Gallegos. En su indagatoria del viernes -Fariña que fue y vino con sus dichos varias veces- habló del uso de “camionetas” para traer la plata hasta la SGI en Buenos Aires.

El dinero provenía de los 650 millones de dólares en contratos de obra pública que le dieron Néstor y Cristina entre el 2012 o 2013, también había llegado por sobreprecios o incluso por sobornos.

Una vez que la plata llegaba a La Rosadita se podía hacer dos cosas. Una, buscar una financiera que hiciera una operación “back to back” -contó Fariña-, es decir entregar por ejemplo un millón de dólares cash para que se acrediten en una cuenta en el exterior luego de que la sucursal de esa cueva tenía un cliente que necesitaba efectivo en Buenos Aires. La otra era enviarla en aviones a un aeropuerto de Uruguay con pocos controles.  Dando cátedra de lavado, Fariña le contó al juez, al fiscal y a su abogada Giselle Robles que, por ejemplo, el banco suizo Lombard Odier “vende un combo completo con una empresa fantasma de un paraíso fiscal y cuenta bancaria. Al cliente le dan acciones al portador de la firma y un dispositivo digital llamado Token para poder operar la cuenta sin necesidad de firmar nada”.  Fariña fue testigo directo de esa segunda etapa de la ruta del dinero K. De las otras habló de oído.

Fariña reveló cómo funcionaba el sistema para "hacer caja"

Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION
Dijo que fue montado por Néstor Kirchner para recaudar dinero con la obra pública


Foto: Leonardo Fariña en Comodoro Py

Leonardo Fariña , el nuevo "arrepentido", declaró ante la Justicia que durante el gobierno de Néstor Kirchner funcionó un sistema de asignación de obras públicas a empresarios amigos destinado a "hacer caja".

Fariña trabajaba entonces para Lázaro Báez . Estos empresarios amigos, entre quienes estaba su jefe, facturaban sus obras con sobreprecios y acumulaban así fondos líquidos, dijo ayer Fariña en la causa por lavado de dinero, en la que está procesado. Al final del camino, buena parte de esos fondos mal habidos la "devolvían" y se destinaba a hacer proselitismo, afirmó.

Preso desde hace más de dos años, Fariña declaró el viernes ante el juez federalSebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan . En su larguísima indagatoria les dijo que esta vez sí contaría lo que sabía y les pidió protección. LA NACION reconstruyó la declaración con dos fuentes que tuvieron acceso a ella.

El relato estuvo lleno de detalles en lo que respecta a las supuestas maniobras de fuga de capitales de parte de Báez. Identificó cuentas, cuevas y operadores. Pero, además, Fariña habló de la obra pública como un gran instrumento del kirchnerismo para hacerse de dinero del Estado. Según él, todo lo montó Néstor Kirchner; Cristina Kirchner estaba al margen. En cuanto al dinero que pasaba por Báez y sus empresas, dijo Fariña, la ex presidenta sólo se enteró después de la muerte de su marido de que Báez fugaba fondos al exterior.

Fariña declaró que Cristina Kirchner lo mandó a llamar a Báez y le advirtió que supo por la embajada de Estados Unidos que él estaba haciendo transferencias internacionales de dinero negro. Siempre según su declaración, Báez lo negó ante ella, pero después le dijo a Fariña que debían tener más cuidado en sus operaciones.

Fariña insistió en que la relación de su jefe era con Néstor Kirchner, que era a él, a su "amigo", a quien Báez reconocía deberle su fortuna.

De acuerdo con el relato de Fariña, después de la muerte de Néstor, Cristina le sacó obras que el empresario tenía acordadas. La situación llegó a un punto de máxima tensión el día que ella citó a Báez a la quinta de Olivos y le informó que le iba a quitar la ruta atlántica. Todo esto Fariña dijo saberlo por lo que Báez le contaba a él. Fariña admitió que no presenció conversaciones. No obstante, identificó a funcionarios del kirchnerismo que, según él, habrían sido parte de esta maniobra para hacer caja.

Entre ellos, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; autoridades de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo de control donde se desempeñaba la mujer de De Vido, Alessandra Minnicelli; la AFIP, y el Banco Nación.

En este punto Fariña sí dio cuenta de una supuesta participación personal y directa: dijo que él se reunió con Juan Carlos Fábrega, entonces presidente del Banco Nación, por el fideicomiso que favoreció a Austral Construcciones. La intervención de Fariña en ese fideicomiso está acreditada con documentos que ya estaban en el expediente.

Fue luego de todas estas afirmaciones de Fariña que Marijuan amplió la lista de imputados en la causa. Cristina Kirchner, De Vido y Fábrega fueron algunos de los ex funcionarios a quienes el fiscal (que es quien fija el objeto de la causa) pidió que se investigara.

Fariña también mencionó presuntos acuerdos para que Báez se quedara con dos grandes obras: las represas Kirchner y Cepernic. Buena parte de lo que dijo Fariña ya estaba siendo investigada por otros jueces federales, como estas represas y el fideicomiso en el Banco Nación. Hay abierto, incluso, un expediente en el que está denunciado que el kirchnerismo asignaba obras públicas a empresarios amigos para sustraer fondos del Estado. Es la causa que inició Elisa Carrió y tiene el juez Julián Ercolini.

Báez, en la mira

La indagatoria de Fariña puede dividirse en dos grandes capítulos. Su exposición sobre la obra pública como vehículo para generar fondos líquidos en negro -con el dibujo de mayores costos y facturas falsas- y su declaración sobre Báez y la fuga de capitales. En este último, Fariña señaló empresas, dio nombres y aportó mucha información. Identificó al hombre que, según él, cambiaba los millones de pesos de las facturas falsas por euros y detalló con qué financieras de la City operaban. Habló, además, de nexos en el extranjero, que la Justicia está rastreando en paralelo con las medidas ordenadas ayer en distintos puntos del país.

Si bien Fariña nombró a mucha gente, casi toda su declaración apuntó contra Báez. Fariña aspiraba a declarar contra su antiguo jefe y ganarse así los favores que la ley prevé para los arrepentidos. Creía incluso que podría salir de prisión. Nada de eso va a pasar; al menos, nada por ahora. No sólo porque hoy no están corroborados sus dichos, sino también porque Fariña está preso en otra causa, la que se tramita en La Plata, en su contra, por evasión.

La causas abiertas contra la ex presidenta

(La Nación) - Cuatro son las investigaciones que involucran a Cristina

La Justicia avanza sobre Cristina Kirchner . Ya son cuatro las causas en las que la ex presidenta aparece imputada o con pesquisas en marcha.

Además, Cristina Kirchner fue sobreseída en tres expedientes, todos por presunto enriquecimiento ilícito: por el período 1995 a 2004 estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, quien la cerró; la segunda denuncia fue archivada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que investigó el presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner en los años 2005, 2006 y 2007. Y la otra la firmó el juez Norberto Oyarbide.

LAVADO DE DINERO
Ayer, la ex presidenta fue imputada por lavado de dinero. La decisión de involucrar a Cristina Kirchner la tomó el fiscal Guillermo Marijuan tras la declaración de Leonardo Fariña.
Acogido a la figura del "arrepentido", Fariña mencionó a Néstor y Cristina Kirchner, y vinculó a altos funcionarios del anterior gobierno en maniobras de sobreprecios de la obra pública y lavado de dinero.



DÓLAR FUTURO
El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro a un valor inferior al del mercado, con un alto costo económico para el Estado nacional. En el fallo, de tres hojas, el magistrado sostuvo que el Banco Central (BCRA) debió afrontar pérdidas millonarias por la medida, impulsada por el ex presidente de la entidad Alejandro Vanoli, quien declaró anteayer. La ex jefa del Estado deberá declarar el miércoles.
La causa comenzó a fines del año pasado por una denuncia que formularon los diputados Federico Pinedo y Mario Negri por el presunto delito de "defraudación contra la administración pública".

HOTESUR
En esta causa se investiga a la ex presidenta por lavado de dinero por el alquiler supuestamente ficticio de habitaciones de sus hoteles patagónicos a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La última novedad importante de la pesquisa es que el juez federal Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente, aceptó como parte querellante a la Oficina Anticorrupción (OA). Ahora, la Cámara Federal deberá resolver si la causa sigue en manos de Rafecas o pasa a Julián Ercolini. En este expediente también es investigado Máximo Kirchner.

LOS SAUCES
Se trata de la sociedad anónima que utilizó la familia Kirchner para realizar operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la compañía del empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido hace una semana.
La sociedad presenta contradicciones entre lo que declaró ante la AFIP y lo que dejó asentado en los documentos públicos del Registro de la Propiedad Inmueble. Estas inconsistencias fueron parte de una denuncia que presentó Margarita Stolbizer por "falsificación de documentos públicos".

Cuando el tiempo apremia, los que llevan medicinas y provisiones en Ruanda son los drones

Por John Markoff - The New York Times
Una iniciativa utiliza un sistema de vehículos aéreos no tripulados para abastecer a los centros de ayuda de uno de los países más pobres de África

El drone de Zipline logró desplegar su servicio de delivery de provisiones críticas en Ruanda, mientras en Estados Unidos se debate su regulación. Foto:Gentileza Zipline

HALF MOON BAY, California.- Desde un farallón sobre el Océano Pacífico, un sonido fuerte da señal del lanzamiento con una catapulta de un pequeño drone de ala fija diseñado para llevar provisiones médicas a lugares remotos, a más de 60 kilómetros.

Los drones son la creación de un pequeño grupo de ingenieros de una nueva firma de Silicon Valley llamada Zipline, que planea comenzar a operar un servicio con ellos para el gobierno de Ruanda en julio. La flota de aviones robot inicialmente cubrirá más de la mitad de la diminuta nación africana, creando una red altamente automatizada para transportar sangre y productos farmacéuticos a lugares remotos en horas en vez de semanas o meses.

Ruanda, uno de los países más pobres del mundo, se ubicó a nivel mundial en el lugar 170 por PBI en 2014 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y por tanto es llamativo que el país será el primero, dicen ejecutivos de la compañía, en establecer una red de entrega por drones comercial, ubicándose por delante de lugares como los Estados Unidos, donde ha habido muy aclamados sistemas de gigantes tecnológicos tales como Amazon y Google de entrega futuristas por drone, que prometen la entrega de paquetes en zonas urbanas y suburbanas.

"El concepto de puertos para drones es algo que una unidad muy pequeña encargada de la toma de decisiones en el país resolvió que se haría", dijo Michael Fairbanks, miembro el consejo asesor del presidente de Ruanda, Paul Kagame. "Esto llevó muy poco tiempo. Es algo de lo que Estados Unidos podría aprender".

Que Ruanda esté pronta a convertirse en la primera nación con un servicio de entrega por drones ilustra la naturaleza a menudo desigual de la adopción de nueva tecnología. En Estados Unidos los drones se han chocado con un muro de normas contradictorias. Pero en Ruanda, el plan maestro de desarrollo del país ha dado prioridad al uso de estas máquinas, primero para medicamentos y luego más ampliamente para el desarrollo económico.

"Ruanda tiene la visión de convertirse en un centro de tecnología para África oriental y de últimas todo el continente", dijo William Hetzler, fundador de Zipline, que tiene sede en la ciudad costera de Half Moon Bay, en California. "Proyectos como el nuestro encajan muy bien con esa estrategia".

El nuevo sistema de drones inicialmente podrá hacer 50 a 150 entregas diarias de sangre y medicamentos de emergencia a las 21 facilidades de transfusiones de Ruanda, mayormente en hospitales y clínicas en la mitad occidental del país. El sistema de drones se basa en una flota de 15 aeronaves pequeñas, cada una con motores gemelos eléctricos, una capacidad de carga de 1,58 kilos y una envergadura de 1,43 metros de las alas. La velocidad del sistema hace posible mantener una "cadena de frío" -esencialmente una cadena de entrega de temperatura controlada, necesaria para proveer sangre y vacunas- lo que a menudo no es practicable en países en desarrollo.

Los drones Zipline usarán receptores GPS para navegar y comunicarse vía la red celular de Ruanda. Podrán volar en malas condiciones meteorológicas, soportando vientos de hasta 45 kph.

Cuando lleguen a los hospitales no aterrizarán sino que dejarán caer sus pequeños paquetes de altitudes muy bajas. Las provisiones caerán a tierra sostenidas por simples paracaídas de papel. Los aviones regresarán entonces a una base donde se los preparará para una nueva misión cambiando la batería y reemplazando una tarjeta sim con un nuevo plan de vuelo.

"Esto es el nuevo rostro de la industria aero-espacial" dijo Jay Gundlach, presidente de Flight House Engineering, una firma consultora de aviación con sede en Oregon. "Las compañías establecidas de aeronaves sin piloto debieran aprender de la cultura ágil e innovadora de Zipline". Al igual que Zipline, otros intentan resolver el problema de la distribución autónoma de provisiones médicas. Pero muchos otros sistemas en desarrollo se basan en diseños de multicópteros o cuadricópteros que tienen menos alcance y menos capacidad e volar en distintas situaciones climáticas.

En Estados Unidos, una firma llamada Flirtey ha entregado provisiones médicas usando helicópteros con múltiples rotores como experimento en Virginia. Otra firma nueva de Silicon Valley, Matternet, está experimentando con el gobierno de Malawi y UNICEF para entregar pruebas de SIDA infantil por cuadricóptero. Google X, a rama de investigaciones avanzadas de Alphabet, ahora está desarrollando un sistema de despegue y aterrizaje vertical que sobrevolará y entregará paquetes utilizando cabrestantes.

Zipline inició sus actividades en 2014 cuando sus dos fundadores, Keller Rinaudo y Hetzler, visitaron a un joven trabajador de la salud en Dar es Salaam, Tanzania. El trabajador había creado un sistema de mensajes de textos que permitía a trabajadores hospitalarios solicitar urgentemente provisiones médicas en situaciones de vida o muerte.

Pero Rinaudo dijo que advirtió que lo que estaba viendo era una larga lista de condenas a muerte. Hoy en muchos lugares del mundo se intenta entregar provisiones médicas por moto o pickup por caminos que a menudo son intransitables.

El trabajador de salud pública "me mostró las bases de datos en la que aparecían las entradas cada vez que alguien enviaba un texto y tenía miles de nombres" dijo Rinaudo. "La mayoría eran infantes y no había respuesta. La cadena de provisión no tenía modo de responder".

Rinaudo y Hetzler se propusieron encontrar una alternativa por aire para automatizar la cadena de provisión. Conocieron a Keenan Wyrobek, un especialista en robots formado en Stanford que participó en el diseño del robot PR1, un robot móvil de uso general con brazos y más tarde el robot PR2 más avanzado, desarrollado por Willow Garage.

Los tres tecnólogos armaron un equipo de ingeniería con experiencia en la industria aeroespacial, atrayendo talento de Space X, Aurora Flight Sciences, Boeign y Lockheed Martin, así como de Stanford y Google. La nueva firma ha obtenido US$ 18 millones de inversores, incluyendo Sequoia Capital, GV (antes Google Ventures), SV Angel, Subtraction Capital, la universidad de Stanford e individuos, incluyendo Jerry Yang, uno de los fundadores de Yahoo, y Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft.

Hetzler dijo que al hacer que ingenieros con experiencia en productos electrónicos de consumo colaboraran estrechamente con gente experimentada con robots e ingenieros aeroespaciales, se pudo construir rápidamente un sistema altamente automatizado que sería operado por entre cinco y ocho empleados.

En febrero, Zipline firmó contrato con el gobierno de Ruanda para comenzar a operar el servicio de drones este verano boreal. Un pequeño equipo con cede en una ciudad cerca de la capital de Ruanda, Kigali, supervisará el servicio.

"Siempre pienso en Peter Thiel, el capitalista de riesgo que dijo 'nos prometieron autos voladores y solo nos dieron 140 caracteres (en referencia a Twitter)'" dice Paul Willard, ex ingeniero aerodinámico de Boeing, que ahora invierte en Zipline. "Esto se siente un poco más como autos voladores".

Itatí: la gran puerta de entrada de la marihuana en la Argentina

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Sitio clave del contrabando en Corrientes; las bandas captan a chicos, los "chajás", para alertarlos por si viene la policía

Los gendarmes, con armas largas, buscan a los ''maleteros'' y sus cargas en el monte. Foto:Mauro V. Rizzi

ITATÍ, Corrientes.- Es un secreto a voces. Todos en esta ciudad saben que de noche o de madrugada llegan a la costa, desde Paraguay por el río Paraná, miles de kilos de droga que si no son secuestrados por las fuerzas federales de seguridad terminan en Buenos Aires para abastecer el mercado interno o en Chile, donde se llegan a pagar 2000 dólares el kilo. La zona se convirtió en la puerta de ingreso de la marihuana en la Argentina.

La situación es alarmante, en esta ciudad de 6500 habitantes situada sobre la costa del río Paraná, en el norte de Corrientes. El rector de la basílica de Itatí, Omar Cadenini, calificó la actualidad del narcotráfico como "un cáncer".

Pero lo más preocupante es que las bandas de narcotraficantes comenzaron a captar adolescentes, a los que le pagan entre 200 y 300 pesos por día, para que hagan las veces de "vigilantes" y ante el ingreso de vehículos y personas desconocidas en Itatí den aviso. Este sistema de mensajes se lo conoce como "chajá", por la tradicional ave del nordeste argentino, cuyo graznido es muy fuerte cuando advierte algo extraño.

A veces agentes de seguridad infieles alertan a los narcos sobre los patrullajes de la Prefectura.

"A la gente le preocupa mucho esta realidad. Es una zona muy permeable al paso de grandes cargamentos de marihuana a pesar del trabajo de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional. Leemos noticias del importantes secuestros de droga, lo que significa que por la zona se trafica mucho más. Como todo cáncer, el tráfico de marihuana aquí comenzó siendo algo chico, pero se fue agrandando", dijo el sacerdote.

La cadena de valor sube a medida que se aleja de la frontera. En Itatí el kilo de marihuana cuesta unos $1500. En Corrientes, $ 3000 y en Buenos Aires, $ 9000, según estimaciones de fuentes oficiales.

El los últimos siete meses, el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, a cargo del juez Carlos Soto Dávila, secuestró en diferentes operativos nueve toneladas de marihuana. El 80 por ciento de esa droga ingresó por Itatí, según se explicó.

La cercanía con Paraguay, de costa a costa hay entre 2500 y 3000 metros, siempre hizo que Itatí fuera una zona caliente del contrabando. Pero la actividad delictiva mutó. Una década atrás el negocio de los delincuentes eran los cigarrillos, pero hoy las bandas se dedican al tráfico de marihuana. Primero eran pequeñas cantidades, pero en el tiempo pasaron a ser toneladas de droga. En los últimos siete meses se secuestraron nueve toneladas de marihuana

"Las bandas que se dedicaban al tráfico de marihuana manejan de memoria la navegación en el río. Además, la cultura del contrabando en Itatí es ancestral", afirmó a este enviado el juez federal Soto Dávila.

Aquí nada está librado al azar para los narcos. Además de conocer el río y las islas de memoria, hacen inteligencia sobre los controles que hacen prefectos y gendarmes y no mueven la droga a territorio argentino hasta no estar seguros de que tienen "vía libre". Los narcos se mueven por el Paraná en lanchas y embarcaciones con potentes motores de 200 HP de cilindrada. "Antes de salir del Paraguay con la droga, observan que las lanchas de la Prefectura no estén en la zona. Entonces, en cuestión de un minuto, se acercan a la costa argentina y comienzan a dejar la carga", dijo una fuente de la Prefectura Naval.

Una vez que la droga está en territorio argentino, comienzan a trabajar los "maleteros", que cargan sobre sus espaldas hasta 30 kg de droga para ocultarlos en el monte o llevarlos unos seis kilómetros hasta un lugar cercano a la ruta nacional 12.

Según fuentes de la Prefectura y la Gendarmería, el barrio Ibaraí, sobre la costa del Paraná, es uno de los puntos donde se arroja la droga desde las lanchas de los narcos. "Lamentablemente todas las organizaciones cuentan con la colaboración de un gendarme, un prefecto o integrantes de alguna fuerza policial infiel que les pasa información de los controles y de los vehículos sin identificación utilizados para hacer inteligencia", explicó una calificada fuente de la Gendarmería Nacional.

Después, en vehículos acondicionados especialmente para llevar la mayor cantidad de kilos, se saca la carga de Itatí hasta la ciudad de Corrientes, situada a una distancia de 62 kilómetros. "Las bandas pagan hasta 20.000 pesos por viaje por llevar la droga desde Itatí hasta Corrientes", explicó una fuente de la Prefectura Naval.

Salta: otro narcoescándalo con funcionarios procesados por tráfico de drogas

Clarin.com - Operativo "Gorila Blanco"
Trabajaban en el SENASA y cayeron cuando llevaban 120 kilos de cocaína hacia Tartagal. El jefe de la banda era conocido como “Maguila” y fue detenido en La Matanza. Se cree que el cargamento iba hacia España.

El operativo antidroga fue bautizado “Gorila Blanco”, simplemente porque al líder de la organización –con base en Salvador Mazza (Salta)– se lo conocía con el apodo de “Maguila”. En total, unos 120 kilos de cocaína fueron secuestrados por Gendarmería en uno de los accesos de Tartagal, adonde la droga iba a ser “enfriada” para partir luego hacia su destino final en la provincia de Buenos Aires. De allí, se cree, iría rumbo a Europa.

Fue un nuevo caso de “narcopolítica”. Para tratar de eludir los controles en la ruta, la banda usó como transportistas a funcionarios locales. Colocaron un Fiat Idea repleto de droga (120 paquetes guardados en cuatro bolsas de arpillera colocadas en el baúl) en el medio de un convoy de vehículos en los que iban más integrantes de la organización.

El secuestro de la cocaína y la detención de gran parte de la organización se concretó el 27 de noviembre pasado, pero recién hace unos días trascendieron los detalles de la investigación. Fue cuando el juez federal 2 de Salta, Miguel Antonio Medina, resolvió procesar a los seis detenidos. Entre ellos, dos funcionarios del SENASA (Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria) de Salvador Mazza.

De acuerdo al planteo del fiscal Ricardo Toranzos, estos dos funcionarios –Faustino Irineo Urzagaste (35) y Martín Alejandro Toledo (38)– eran muy útiles para el jefe de la organización –identificado como Jorge Luis “Maguila” López Segade (49)– ya que eran conocidos en la zona. El capo confiaba en que eso los ayudaría a sortear los controles.

Al ser indagados, Toledo –jefe del SENASA de Salvador Mazza– negó cualquier relación con la droga y dijo que estaba en el auto en el que se secuestró la droga porque su compañero y subalterno, Urzagaste, lo había invitado a ir a Tartagal a pescar ese fin de semana.

En este punto, Urzagaste apoyó la versión de su jefe. Pero lo cierto es que en el vehículo había mucha cocaína pero ni una caña de pescar.

“Toledo no tenía conocimiento de la maniobra. Es mi jefe y, como le gusta pescar, lo invité a que me acompañara a Tartagal para ir al dique Itiyuro”, declaró Urzagaste. Y dio una curiosa version sobre cómo fue reclutado: “Refirió que en un partido de fútbol fue contactado por una persona de nacionalidad boliviana que dijo llamarse Juan Quispe, al que describió como de unos 35 o 40 años de edad, de baja estatura, morocho, cabello negro y contextura física normal”.

Más allá descripción –repleta de características muy usuales en la zona–, el imputado agregó que este hombre “le ofreció hacer un trabajo y que, si bien en un principio se negó, como tenía un hijo enfermo le pidió dinero prestado al nombrado y, como no podía devolvérselo, aceptó su proposición de llevar cocaína hasta Tartagal”.

El mismo 27 de noviembre en el que se secuestró la cocaína se detuvo a otros tres integrantes de la banda en la provincia de Salta. En cuanto a “Maguila”, el juez Medina ordenó el allanamiento de su casa en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga (La Matanza), donde fue detenido.

A la hora de los procesamientos, el juez decidió imponerles a todos los detenidos la prisión preventiva. El más complicado resultó López Segade, a quien consideró “responsable del delito de organización de tráfico de estupefacientes” y lo embargó en 500.000 pesos.

“Como López Segade tiene doble nacionalidad argentina/española, las sospechas son que él era el encargado de cobrar en España los envíos que mandaban y luego hacerse remitir el dinero a la Argentina con excusa de algún pago”, explicaron fuentes del caso a Clarín.

A los otros cinco detenidos, entre ellos los dos funcionarios del SENASA, los procesó por los delitos de “transporte de estupefacientes agravado”.

Recuperaron 10 millones de pesos de lo pagado por el Programa Qunita

Por: Omar Lavieri olavieri@infobae.com
El juez Claudio Bonadio ordenó embargos de las cuentas de los integrantes de las sociedades involucradas en la millonaria licitación


El Programa Qunita lanzado por el kirchnerismo tenía un costo de 1100 millones de pesos. Entres seis empresas se repartieron la venta al Estado de los 140.000 kits de asistencia para madres y bebés recién nacidos.

El plan del Ministerio de Salud fue creado en la última etapa del kirchnerismo para asistir a "todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)". Una iniciativa del Estado Nacional para "acompañar a las mamás durante el embarazo y luego del nacimiento de sus hijos, para garantizarles la mejor atención y las mismas oportunidades para nacer y crecer sanos".

El juez Claudio Bonadio procesó en febrero pasado al ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner Aníbal Fernández, a los dos últimos ministros de Salud de la Nación del anterior gobierno Daniel Gollán y Juan Manzur (hoy gobernador de Tucumán) y a quien fuera el segundo de Salud y militante de La Cámpora Nicolás Kreplak. A ellos los procesó por el modo en que se hizo la licitación que favoreció a empresas, una de ellas sin ningún antecedente que la avalara. La empresa Fasano se quedó con la porción más grande del contrato: 115.000 kits. Iba a cobrar una suma de 900 millones de pesos. Los integrantes de todas las empresas que participaron del negocios también fueron procesados.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, Bonadio decretó el embargo de todas las cuentas bancarias de las empresas, de los integrantes de las sociedades y también sus cajas de seguridad.

El embargo de dinero es hasta intentar hallar la cifra que pagó el Estado hasta que hace unos meses se suspendió el Programa Qunita, luego de un informe sobre las condiciones de seguridad de las cunas que integraban el kit.

Hasta entonces las empresas habían cobrado distintas sumas de dinero. Fasano había recibido 382 millones de pesos, Delta Obras y Proyectos 12,5 millones, Compañía Comercial Narciso 14 millones, Grupo Diela 11 millones, Dromotech 27 y Fibromad 22.

A partir de los embargos ordenados por Bonadio se han recuperado hasta ahora 10 millones de pesos. Aunque la operación para congelarles las cuentas a los empresarios recién comienza. Y, por ejemplo, no se ha contado aún lo hallado en las cajas de seguridad de los empresarios y sus asociados.

El procesamiento dictado por Bonadio es revisado por la Sala II de la Cámara Federal porteña que podría llegar a resolver si confirma o no lo decidido por el juez en las próximas semanas.

Vidal denunció a la gestión sciolista por un desfalco de $ 1500 millones

Por María José Lucesole - LA NACION
El gobierno bonaerense inició ocho denuncias penales por supuestas internaciones fraguadas y sobreprecios en la obra social provincial; rechazo de los funcionarios de Scioli


LA PLATA.- El gobierno de María Eugenia Vidal presentó ocho denuncias penales por supuestos actos de corrupción durante la gestión de Daniel Scioli que habrían afectado a la provincia en 1500 millones de pesos. Los casos, iniciados en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas a cargo de Jorge Paolini, se centran en el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y apuntan al pago de sobreprecios, estafas y prestaciones falsas.

Los documentos dan cuenta de sobreprecios en las compras de medicamentos, internaciones domiciliarias falsas -en algunos casos a nombre de personas muertas- y compras fraguadas de prótesis y aparatos. Incluyen, además, la adquisición irregular de computadoras, anomalías administrativas y negocios turbios con recursos de amparos.

Según el presidente de IOMA, Sergio Cassinotti, sin estos pagos irregulares se pudo haber ahorrado $ 380 millones por año. Es decir, el perjuicio superaría los $ 1500 millones en los últimos cuatro años. "Todo esto no se pudo hacer sin paraguas político. Hubo cobertura de los niveles más altos del gobierno anterior", dijo Cassinotti a LA NACION.

Las irregularidades más escandalosas corresponden a las internaciones domiciliaras fraguadas, que costaron $ 200 millones cada año.

Entre los casos señalados figura la empresa Clidomint, que pasó facturas por la internación de la María Delfina Gómez de Miguez entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Pero la mujer había fallecido el 29 de noviembre. Otro caso recurrente es el pago del IOMA de hasta $ 30.000 para tratamiento especiales a discapacitados, pero las familias de los pacientes recibían sólo $ 8000.

Sólo en la compra de medicamentos se pagaron sobreprecios por $ 36 millones cada año. En algunos, el Estado pagó más del 30% del valor del mercado. Por ejemplo, se pagó $ 151.000 por el producto Daklinza, cuando el valor fijado por la Anmat es de $ 124.000.

En ortopedia se registraron facturas fraguadas y sobreprecios de hasta el triple de su valor de mercado.

También se detectó el faltante de 103 computadoras que figuraba como recibidas e inventariadas en el patrimonio del IOMA.

La mayoría de estas irregularidades se registraron durante la gestión de Antonio La Scaleia, que asumió en 2010. Pero ni este funcionario ni Scioli fueron imputados ni procesados por el fiscal Paolini. Se trata del mismo fiscal que el año pasado, y en medio de la campaña, no apeló el sobreseimiento de Scioli en la causa por enriquecimiento ilícito, que fue resuelto sin peritaje contable.

Dos de las denuncias recién están en trámite para iniciar su carátula. El resto fueron remitidas a otras unidades de investigación. La denuncias salpican además a los representantes de los sindicatos de UPCN y Suteba en el directorio de IOMA.

Para La Scaleia, las denuncias no son más que "mentiras". El ex funcionario negó que durante su gestión hubiera existido una metodología tendiente a defraudar a la obra social. "Están mintiendo. Es un ataque del gobierno actual contra el gobierno anterior: una cosa es la gestión y otra es la política", destacó.

Según La Scaleia, durante su gestión IOMA trabajó con licitaciones públicas y con intervención de la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, todos organismos que estuvieron en manos de la oposición a Scioli. "Pudo pasar que una empresa privada intentara defraudar al Estado, como en el caso de las internaciones domiciliarias. Nosotros también lo denunciamos. Eso no significa de ninguna manera connivencia entre los privados y el IOMA", dijo.

"Nosotros dejamos una obra social funcionando, con superávit. Están mintiendo para atacar al ex gobernador", agregó. Scioli también fue consultado por LA NACION, pero derivó la consulta en La Scaleia.

Las acusaciones y los protagonistas - Los ejes de denuncias que ahora están en manos de la Justicia

Sergio Cassinotti - Presidente del IOMA - "Hubo cobertura de los niveles más altos del gobierno anterior. Las pruebas están ante la Justicia. Alguien tiene que ir preso"

Antonio La Scaleia - Ex Pte. del IOMA - "Nosotros dejamos una obra social funcionando, con superávit. Están mintiendo para atacar al ex gobernador Daniel Scioli"

Medicamentos caros - Se pagaron sobreprecios del 30% con respecto al valor que fija la Anmat. En total, se facturaron 36 millones de pesos de más por año, según la denuncia.

Internaciones fraguadas - Representarían 200 millones de pesos por año. Se facturaron internaciones de afiliados ya fallecidos y servicios a discapacitados que no los recibieron.

Prótesis y ortopedia - Se pagaron sobreprecios de hasta el triple del valor real."Nosotros dejamos una obra social funcionando, con superávit. Están mintiendo para atacar al ex gobernador Daniel Scioli"