Editorial I del diario La Nación
El avance del narcotráfico, el aislamiento del mundo, los escándalos de corrupción y el deterioro económico signaron nuestros últimos 365 días
El año que hoy concluye deja un sabor más que amargo para los argentinos. En el balance no puede obviarse que de muy poco han servido las terribles lecciones de otros tiempos no muy lejanos: nuestros gobernantes siguen tropezando con las mismas piedras del pasado y han puesto al país, una vez más, al borde del precipicio.
2014 podría sintetizarse como el año en que los argentinos volvimos a convivir con la palabra default. También, como el año en que tomamos conciencia de que el narcotráfico, ese enemigo que hasta no hace mucho parecía reservado a México o Colombia, ya está entre nosotros.
Ha sido el año en que los escándalos de corrupción llegaron al corazón mismo de la Casa de Gobierno, no sólo por las múltiples causas judiciales que comprometen al vicepresidente Amado Boudou, sino también por los oscuros negocios hoteleros que han tenido como protagonista a la propia familia presidencial.
Como una derivación de los problemas judiciales que mantienen los más importantes funcionarios del gobierno nacional, para no hablar de otros casos que involucran a representantes del oficialismo de menor jerarquía, los últimos meses han sido testigos de la embestida final del Poder Ejecutivo contra la Justicia y también contra los medios de comunicación que han procurado alejarse del cada vez más inverosímil relato oficial.
Si bien, como lo venimos sosteniendo desde esta columna editorial, el kirchnerismo se ha preocupado siempre por la construcción de un proyecto de poder antes que por la edificación de un proyecto de país, pocas veces como en 2014 hubo tantas evidencias de los intentos de este grupo político de colonizar el Poder Judicial para consolidar un estado de impunidad. Desde el propósito de convertir al Ministerio Público Fiscal, con Alejandra Gils Carbó a la cabeza, en un apéndice de la fracción gobernante, pasando por la persecución de fiscales independientes como José María Campagnoli, hasta la promoción de jueces subrogantes sin mayor experiencia, pero alineados con el oficialismo, sirven para ilustrar esa triste realidad, que da cuenta del nulo interés en que se respete el principio de división de poderes.
Se suma a todo esto la desacertada reforma del Código Procesal Penal, con la cual se desaprovechó la oportunidad de incorporar figuras modernas que hubieran sido útiles para la investigación y el esclarecimiento de delitos complejos.
El avance sin tregua del narcotráfico sobre el territorio argentino se ha producido tras años de pasividad e indiferencia de las autoridades argentinas, cuando no de actitudes cómplices en distintas estructuras del Estado, como acaba de denunciarlo el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano.
La gravedad social del problema de la droga se ha visto desatendida durante demasiado tiempo en que, por la indolencia oficial, estuvo acéfala la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), aunque la designación del sacerdote Juan Carlos Molina al frente de este organismo no ofrece garantía alguna de un combate frontal y efectivo ante este flagelo.
Entretanto, frente a la falta de una política de Estado, las fronteras siguen siendo un colador y el espacio aéreo argentino una invitación para los narcotraficantes, al tiempo que se ha multiplicado un fenómeno hasta no hace mucho desconocido entre nosotros, como el de las bandas de sicarios, junto al crecimiento de los crímenes y de graves amenazas a periodistas que investigan o difunden estos hechos.
Pese a la propaganda oficial, 2014 ha sido uno de los peores años para la economía argentina, a tal punto que los indicadores comienzan a presentar peligrosas semejanzas con crisis como las de 1975 o 1989. De la mano de un gasto público tan creciente como improductivo, se ha agravado el déficit fiscal, que ya ni siquiera puede ser disimulado con artificios tales como los fondos de la Anses o las supuestas utilidades de un Banco Central que, tras la expulsión de Juan Carlos Fábrega y la llegada de Alejandro Vanoli, se ha terminado de transformar en otra suerte de secretaría del Poder Ejecutivo, alejada de la autonomía que debería conservar para preservar el valor de la moneda nacional.
La inflación siguió creciendo velozmente, en virtud de una emisión monetaria descontrolada y de un exacerbado intervencionismo estatal que no hace más que desalentar la inversión productiva y la oferta de bienes y servicios. Hay que remontarse a 1991 para encontrar un nivel inflacionario mayor al actual, que ronda el 40 por ciento y, como es bien sabido, golpea principalmente a los sectores más desprotegidos: aquellos que destinan la mayor parte de su ingreso a los artículos de primera necesidad.
Simultáneamente, la Argentina se encuentra técnicamente en recesión y el temor a perder el trabajo ha pasado a convertirse, después de mucho tiempo, en una de las principales inquietudes de la población. Mientras las empresas y los trabajadores hacen el ajuste, en función de un gobierno que se abstiene de corregir la cada vez más fuerte presión impositiva, el Estado sigue aumentando su número de empleados, casi siempre al servicio de una militancia política rentada.
Las relaciones internacionales siguieron mostrando a la Argentina de espaldas al mundo y la hostilidad frente a los tribunales a los que el país se sometió oportunamente aumentó innecesariamente la tensión y volvió a colocar al país en situación de cesación de pagos. Las reacciones infantiles de la Presidenta y la propagación de la consigna "Patria o buitres" en nada ayudó a nuestra reinserción en el mercado financiero internacional. En los últimos años, se desaprovechó la posibilidad de obtener financiamiento a tasas bajísimas, como lo hicieron todos nuestros países vecinos, y en 2015, frente a perspectivas globales mucho menos favorables, la Argentina sufrirá las consecuencias.
Se impone, claro está, una normalización de las relaciones con el mundo. Pero ni siquiera un acuerdo con los holdouts servirá para volver a poner a la Argentina en la senda del crecimiento, si no se recupera la confianza sobre la base de la restauración del Estado de Derecho, de un respeto irrestricto por la división de poderes y de la seguridad jurídica..
