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Editorial I del diario La Nación
El desorbitado presupuesto para Inteligencia del Ejército evidencia la falta de control republicano en el uso de fondos públicos para actividades prohibidas
La Argentina es un país que, afortunadamente, no se encuentra en situación de guerra ni padece la amenaza de ningún grave conflicto con otra nación. Por eso, llama poderosamente la atención el tan injustificado como exorbitante aumento presupuestario, de un 156 por ciento, con el que el Gobierno beneficia desde 2010 a la Dirección General de Inteligencia del Ejército (DIE). Al igual que los servicios similares de la Fuerza Aérea y de la Marina, la DIE tiene expresamente prohibido realizar labores de espionaje interior, según lo establece la ley nacional de inteligencia.
¿A qué obedece, entonces, este a todas luces desmesurado incremento presupuestario, cuando en el mismo lapso a la Secretaría de Inteligencia (SI), ex SIDE, se le otorgó un aumento del 34 por ciento? A diferencia de la prohibición que fija para los servicios de espionaje de las Fuerzas Armadas, aquella ley ordena a la SI realizar investigaciones como auxiliar de la Justicia para afrontar serias amenazas a la seguridad de la ciudadanía, como las que representan el narcotráfico (en constante crecimiento); el terrorismo internacional; el lavado de dinero y otras variantes del crimen organizado.
En 2010, año en que el presupuesto de Inteligencia del Ejército comenzó su sorprendente crecimiento, el actual jefe de esa fuerza, general César Milani, era subjefe de la fuerza y ejercía simultáneamente la Dirección de Inteligencia de Ejército, cargo que siguió ejerciendo también durante los primeros meses como jefe del Estado Mayor del Ejército, especialidad en la cual realizó su carrera castrense. Aquel año, el presupuesto para dicha área fue de 168,2 millones de pesos, y en el corriente año es de 431 millones, mientras que el de la SI pasó de 514,7 millones en 2010 a 689,3 millones en la actualidad, con un crecimiento del 33,93 por ciento.
Las sumas de la DIE resultan aún más llamativas si se las contrapone con las de las áreas de inteligencia de las fuerzas policiales que dependen del Ministerio de Seguridad, pues en el corriente año a la inteligencia de la Policía Federal se le asignaron 203,8 millones de pesos; a la de Gendarmería 244,7 millones; a la de Prefectura Naval 76,4 millones, y a la de Policía de Seguridad Aeroportuaria 45,3 millones. Como informó la nacion a partir de datos del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos, a la Dirección de Inteligencia Criminal de ese ministerio se le asignaron solamente 41 millones de pesos. Diez veces menos que a la DIE.
Además, las partidas de la DIE respecto de las del Ejército tienen la particularidad de que la imputación de los gastos puede modificarse arbitrariamente sin caer en el delito de malversación. De allí que se pueda aumentar, por ejemplo, el presupuesto para gastos de personal para luego ejecutar las partidas con un fin distinto, aprovechando que la registración administrativa de la actividad de empleados encubiertos es incomprobable, derivando así los fondos sin ningún tipo de control y rendición de cuentas.
¿Por qué los organismos de Inteligencia de las fuerzas policiales y de seguridad que combaten el delito cuentan con un presupuesto sensiblemente menor al de la DIE, que se encuentra impedida por la ley de efectuar inteligencia interna?
El diputado Julio Martínez (UCR La Rioja), quien cuestionó esta grave anomalía presupuestaria, sostuvo: "Usan la inteligencia militar para hacer inteligencia interna a todos los opositores y también a los oficialistas para saber cuándo los pueden traicionar". El legislador agregó que, en su calidad de integrante de la Comisión de Defensa de Diputados, pidió informes sobre el empleo de los cuantiosos fondos de la DIE. No recibió respuesta. En este contexto, no debería llamar la atención que, en los últimos años, las compras de equipamiento tengan un capítulo significativo en el rubro denominado "material de guerra electrónica". Este tipo de equipos está destinado a penetrar, escuchar o interferir las comunicaciones del eventual enemigo, ampliando notoriamente su capacidad de monitorear a quienes no compartan el ideario oficialista.
El kirchnerismo ha desnaturalizado las funciones de la inteligencia estatal para aprovecharse de ellas con fines político-partidarios, como hizo en un comienzo con la SIDE, hasta que errores en los pronósticos electorales de esa secretaría hicieron que la Presidenta privilegiara a la DIE del general Milani. Recordemos que Milani dejó formalmente el manejo directo de la inteligencia del Ejército recién meses después de asumir el cargo, pero que modificó la estructura orgánica institucional para que el jefe nominal del área pasara a depender de él en forma inmediata.
Dos grandes deudas arrastran nuestros principales servicios de Inteligencia: su falta de eficacia en lo que hace a su labor específica y su puesta al servicio de las necesidades político-partidarias de algunos gobiernos después de recuperada la democracia, aunque en ninguna administración esta gravísima anomalía se había acentuado tanto como en la actual. A la primera deuda debemos la imposibilidad de haber evitado los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994, y la impotencia para contribuir con elementos de peso y valor judicial al esclarecimiento de ambos ataques.
La falta de un efectivo control sobre los servicios de espionaje es también en parte consecuencia del fracaso de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, integrada por siete senadores y otros tantos diputados. Se creó en 2001 como único órgano para el control y supervisión de esos servicios, pero desde 2009 no se ?reúne. En vez de cumplir con la función que estipula la ley, se mimetizó con el mundo del espionaje y, en lugar de controlar a los servicios, corre el peligro de incurrir en sus mismos vicios, pues se ha negado a informar qué hace y en qué emplea su millonario presupuesto.
Como hemos dicho en esta columna, no puede haber sectores del Estado, menos aún del área de Inteligencia, que se encuentren más allá de la ley, de los controles y de la rendición de cuentas, porque se convierten en enormes agujeros negros que muchas veces son aprovechados para realizar tareas sucias y contrarias a un régimen democrático. Esta peligrosísima descripción, propia de un Estado policíaco, se aplica a cada vez más dependencias del Estado.
Asistimos a otro gravísimo y lamentable ejemplo de debilitamiento institucional: al servicio de la facción gobernante, los organismos sin control se convierten en otra temible amenaza para los derechos y las libertades ciudadanas..
Humm, por lo que observo, nuestras FF.AA. estan en estado de indefección...No entiendo esta nota.
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