Por Natasa Loizou y Carlos de la Vega
El ímpetu de algunos funcionarios permitió
revitalizar el área de Defensa. Fortalecer la “estatalidad” del sector
es hoy una condición necesaria para potenciar la innovación tecnológica
Desde 2005 se ha iniciado un proceso de reforma estructural en el
ámbito de la defensa nacional. El comienzo de este proceso se centró en
la consolidación del sistema de conducción política de la defensa y en
la formulación de una serie de políticas que establecieran las bases del
planeamiento estratégico militar contemporáneo. De este modo a partir
de la primera Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) –por
Decreto PEN N° 1.714/2009–, entre otras cosas, se superó el concepto
anacrónico de planeamiento por
hipótesis de conflicto, introduciéndose un nuevo paradigma en este campo denominado
planeamiento por capacidades.
El nuevo criterio de planificación ya no se basa en la preparación
del sistema de defensa teniendo en mente un enemigo potencial
específico. Ahora la regla para identificar qué capacidades debería
poseer el sistema de defensa para responder a un ataque exterior es la
previsión de cualquier tipo de agresión que el país pueda llegar a
sufrir según el estado de avance de las técnicas militares y el contexto
geopolítico regional y mundial.
Por supuesto que un objetivo tan exigente es una meta programática a
perseguir y no se pretende que sea alcanzado en forma inmediata. En
relación al equipamiento necesario a incorporar para poder dotarse de
las capacidades pertinentes, esta perspectiva prioriza los desarrollos
nacionales, aunque no deja de contemplar la inevitable adquisición de
productos foráneos. Con este fin, a través de la Directiva sobre
Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas (DOFFAA), se fijan
como criterios los aportes que de ellos pudieran derivarse en términos
de transferencias tecnológicas, nuevos desarrollos nacionales o
adiestramiento operativo simulado. Dicha priorización en la
incorporación de material, articulada con lo establecido en la DPDN,
consolida la potestad del Ministerio de Defensa para fortalecer,
coordinar y profundizar el sistema de ciencia, tecnología y producción
para la defensa (SCyTpD).
Este proceso generó una serie de acciones concretas destinadas al
desarrollo de nuevas capacidades y al rescate de algunos componentes
fundamentales para el sostenimiento y modernización del sistema de
defensa. Muchos de dichos elementos habían sufrido el proceso de
desguace del Estado y privatización llevada a cabo por la gestión
menemista.
La revalorización del conocimiento
En 2007, la creación en el seno del Ministerio de Defensa de la
Subsecretaría de Innovación Científica y Tecnológica –luego renombrada
como Subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
(SsICyDT)– fue una de las transformaciones que permitió la recuperación y
reestructuración de la gestión y control de los organismos, programas y
proyectos de ciencia y tecnología de la jurisdicción defensa. Los
objetivos fundamentales de estas reformas fueron la consolidación del
SCyTpD y, a partir de ello, la integración al sistema
científico-tecnológico nacional y la vinculación con el sector privado.
En función de los objetivos y las políticas de defensa nacional y de
acuerdo con un proyecto nacional de desarrollo económico y productivo,
también se propone la articulación con los países de la región.
Uno de los principales logros de estas acciones fue el reordenamiento
de la producción científica y tecnológica de la jurisdicción a partir
de una conducción política civil, en donde algunos centros de I+D, como
el CITEDEF, quedaron directamente en la órbita del Ministerio de
Defensa. Asimismo, se establecieron mecanismos de direccionamiento de
las actividades de aquéllos otros que continuaron dentro de las Fuerzas
Armadas. Para una mejor coordinación de todos ellos y sus actividades,
se creó el Consejo Científico-Tecnológico para la Defensa (COCITDEF) con
el propósito de conformar un órgano asesor del Ministerio en asuntos
científico-tecnológicos de carácter estratégico. Con representación de
todos los organismos de ciencia y tecnología de la jurisdicción, se
estableció que su autoridad máxima sea el Secretario de Planeamiento.
El sistema, además, cuenta con un Programa de Investigación y
Desarrollo para la Defensa (PIDDEF), creado en 2008, cuyo fin es generar
y mejorar las capacidades operativas del sistema de defensa. El PIDDEF
funciona como un programa de fomento de I+D exclusivo para el sector,
mediante la financiación de proyectos de investigación y desarrollo en
diferentes áreas tecnológicas prioritarias, contribuyendo a elevar la
calidad científica y tecnológica de los organismos especializados y
educativos del sistema y apoyando la incorporación de nuevos recursos
humanos capacitados. Actualmente, el programa incluye cerca de 100
proyectos.
Otro de los pilares del sistema es el Régimen del Personal de
Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (RPIDFA). El mismo
existe desde 1973 y su finalidad es atraer y retener a técnicos y
profesionales con vocación para el estudio de las disciplinas
tecnológicas necesarias para la defensa. Dicho régimen es la base de la
carrera para científicos y tecnólogos del sector y abarca a todas las
instituciones específicas pertenecientes en la jurisdicción. El régimen
sufrió las medidas de ajuste asociadas a la reforma del Estado en la
década de 1990, lo que se vio reflejado en el congelamiento salarial y
la falta de incorporación de personal.
Frente a la amenaza de la propia continuidad del sistema, a partir de
2008, una gestión institucional muy comprometida logró destrabar la
situación, mejorar las condiciones salariales, abrir las vacantes y
revitalizar el sistema de categorización profesional interna.
Actualmente, el régimen cuenta con casi 800 investigadores y técnicos
distribuidos en todo el SCyTpD, aunque aún subsiste un muy alto promedio
de edad de sus integrantes. Considerando las limitaciones del RPIDFA
para atraer y retener en el SCyTpD a los jóvenes capacitados por el
PIDDEF se creó el Programa de Becas para la Defensa (PBDEF).
Adicionalmente, la gestión de la Subsecretaria consiguió avanzar en
la articulación con el sistema científico y tecnológico nacional. Un
logro histórico de este proceso fue la incorporación, a mediados de
2013, del SCyTpD al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
(CICYT), generando una dinámica de inclusión de los asuntos tecnológicos
de la defensa en la agenda nacional de I+D.
El programa más ambicioso que puso en marcha la ex-subsecretaria de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Mirta Iriondo, antes
de dejar el Ministerio de Defensa en octubre de 2012, es el Sistema
Aéreo Robótico Argentino (SARA). Un plan integral para desarrollar y
producir en la Argentina aviones no tripulados para vigilancia y control
Clase II (mediana envergadura y alcance) y Clase III (gran envergadura y
alcance), multipropósito y de diseño modular que puedan satisfacer los
requerimientos de las tres Fuerzas Armadas e, incluso, de las Fuerzas de
Seguridad. El SARA, a su vez, permitiría enormes avances con
tecnologías propias en guiado y control, propulsión de mediana y baja
potencia, sensores y comunicaciones.
El programa incluirá la
participación de una miríada de empresa e instituciones públicas y
privadas, bajo el gerenciamiento de la empresa INVAP, la única
organización nacional que puede hacerse cargo de un emprendimiento
tecnológicamente tan complejo. El contrato se encuentra actualmente
listo para la firma en el Ministerio de Defensa y ya tiene su previsión
de financiamiento incluida en el Presupuesto 2014 del Estado Nacional.
La dimensión productiva
Las transformaciones iniciadas en el Ministerio de Defensa no podían
obviar la recuperación de ciertas capacidades productivas estratégicas
del Estado. Uno de los hitos de esta nueva etapa fue el rescate, en
2007, de la quiebra del astillero TANDANOR (Talleres Navales Dársena
Norte) y su posterior fusión con el astillero “AL Storni” (antiguo
“Domecq García”) para dar origen a CINAR (Complejo Industrial Naval
Argentino), a los que se les encargó tareas complejas como la reparación
de media vida del submarino ARA “San Juan”, o la recuperación y
modernización del rompehielos ARA “AL Irizar”. Dos años más tarde, le
siguió la re-estatización de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San
Martín” (FAdeA) y la puesta en marcha de varios proyectos, como la
re-motorización y renovación de la aviónica de los IA-63
Pampa y la modernización del IA-58
Pucara.
Probablemente, el avance más significativo de todo este período haya
sido el desarrollo, producción e instalación de radares secundarios
monopulso y primarios banda L, a cargo de INVAP. Esta iniciativa fue
posible gracias a la creación, durante la gestión de Néstor Kirchner,
del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), que
no sólo sentó las bases para la tan anhelada radarización del país,
sino que fijó la prioridad de hacerlo con diseño y tecnologías
nacionales. Este programa también pasó por la gestión de la SsICyDT y,
entre otras cosas, incorporó nuevos retos, como la incursión en la
tecnología de los radares móviles, a través de la modernización –también
a cargo de INVAP– de los viejos radares Westinghouse AN-TPS-43/W-430
banda S de la Fuerza Aérea Argentina, cuyo prototipo acaba de ser
terminado y ya se encuentra en fase de ensayos.
Continuidad y renovación
Como suele ocurrir en el Estado, muchas de las transformaciones
mencionadas estuvieron asociadas a la inteligencia, el ímpetu y el
compromiso de algunos funcionarios específicos, si bien todavía no
terminan de cristalizar en formas institucionales perennes. La gran
impulsora de estos cambios fue Nilda Garré, mientras duró su gestión al
frente de la cartera de Defensa. Para ello, contó inicialmente con los
aportes de Andrés Carrasco, primer subsecretario de Innovación
Científica y Tecnológica, y luego, entre el 2010 y el 2012, de Mirta
Iriondo, que ya venía desde 2007 como directora General de Producción
Industrial y de Servicios para la Defensa. Irondo llevaría a todo el
sistema a un nivel de actividad y profesionalismo nunca antes visto. Al
retirarse, en el ministerio decayó fuertemente el apoyo a los logros
obtenidos. Con el propósito de recuperar la senda que ya se había
trazado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó, el 31 de
mayo de 2013, mediante el Decreto N° 636, otra profunda modificación en
la orgánica del Ministerio de Defensa. Entre otras iniciativas,
sustituyó la Secretaría de Planeamiento por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Producción para la Defensa y la SsICyDT por la
Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa.
Entre los ejes que se pretenden retomar, está el desarrollo de
conocimientos, tecnologías y producciones para la defensa que,
simultáneamente al resguardo de la soberanía nacional, contribuyan aún
en tiempos de paz al fortalecimiento y desarrollo del país, brindando
también oportunidades para la profundización de la integración regional.
Ello demanda, a su vez, una mayor consolidación del SCyTpD, que debería
apostar a una articulación y coordinación más intensa con el sistema
nacional de ciencia y tecnología, el sector universitario y el
productivo e industrial.
Esas acciones son importantes para fortalecer la “estatalidad” del
sector, permitiendo la generación de diferentes programas nacionales
integrales a partir de una visión agregada e intersectorial. En ese
sentido, una fluida interacción entre el sector público y privado, entre
organismos a nivel nacional, sub-nacional y local, y con entidades de
la sociedad civil especializados en la materia, así como con los socios
estratégicos de argentina en la región, se revela fundamental para
incorporar más, mejores y diversas capacidades, perspectivas y opiniones
que permitan cumplir con dos ambiciosas metas, impuestas como
obligaciones inclaudicables, ya previsto por el preámbulo de la
Constitución Nacional, “
proveer a la defensa común” y “
promover el bienestar general”.
Fuente: http://www.unsam.edu.ar/tss/dimensiones-tecnologicas-de-la-politica-de-defensa/
en
el programa en un momento crucial, lo que le garantiza una
significativa participación en el desarrollo conjunto de la tecnología y
la asimilación de nuevas técnicas. Akaer, certificada con la norma ISO
27001 que asegura estrictas normas de seguridad en, por ejemplo, el
control de accesos –común con la de los bancos y otras instituciones
financieras–, recibirá tecnología sensible de acceso muy limitado.
