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Un trabajador en América Latina paga un quinto de su ingreso para estar en regla. Pero en Argentina, el Estado se queda con un tercio
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Argentina es el país de América Latina con mayor presión tributaria, una cifra que se mide comparando los ingresos fiscales con el Producto Interno Bruto (PIB) de un país.
En un informe publicado en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los organismos revelaron que la presión fiscal de Argentina lo pone a la par de las naciones más desarrolladas del mundo.
Mientras que los 34 países más ricos del planeta (miembros de la OCDE) tuvieron en 2010 una presión tributaria en promedio del 33,8%, en Argentina la cifra fue del 33,5%, informó BBC. Desde entonces, los impuestos han ido en aumento. El Fondo Monetario Internacional (FMI), estima que en 2012 los ingresos fiscales representarán el 38% del PIB argentino.
La cifra supera la presión fiscal calculada este año para el promedio de los países del G-7 (36,2%) y del G-20 (35,7%). También es más alta que la proyección para Estados Unidos (32%), el Reino Unido (37,2%), España (35,7%), Japón (31,1%) y Australia (33,6%), entre otros.
Para algunos esto es una buena noticia. "Como un desarrollado", festejó el diario Página 12, de tendencia oficialista, la noticia del informe de la Cepal y la OCDE.
Sin embargo, otros sostienen que los altos impuestos están ahogando a los argentinos y no se reflejan en mejoras en los servicios que brinda el Estado. "Argentina recauda como un país desarrollado pero tiene servicios públicos de país subdesarrollado", resumió el economista Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Cuestión de tiempo
Según Colina, la mayoría de los argentinos de clase media y alta contratan servicios privados de salud, educación, transporte y seguridad, debido a la mala calidad de los servicios públicos. "Un argentino que trabaja en blanco (de manera formal) debe destinar casi cuatro meses de su salario a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Pero a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados ese dinero no vuelve a la ciudadanía en la forma de servicios públicos", dijo a BBC Mundo.
Alfredo Zaiat, un economista que escribe para Página 12, coincide en que los servicios públicos en Argentina son deficientes. Pero sostiene que es necesario mantener los actuales niveles impositivos para mejorarlos. "La presión impositiva recién empezó a ser alta en Argentina en los últimos años. Los países desarrollados mantienen una presión impositiva elevada por décadas. A partir de ahí es donde hay un financiamiento constante del Estado para que pueda dar los servicios básicos y esenciales a la población", afirmó.
El informe de la Cepal y la OCDE muestra el desarrollo que tuvo la presión tributaria argentina en las últimas dos décadas. Entre 1990 y 2002 se mantuvo por debajo del 22%.
El crecimiento empezó a evidenciarse con la llegada al poder de Néstor Kirchner (2003-2007), cuando la presión subió del 23,4% al 27,4%. Pero las alzas más fuertes llegaron bajo el gobierno actual de Cristina Fernández de Kirchner: desde 2008 la presión se mantiene por encima del 30%.
Zaiat dijo a BBC Mundo que el gobierno ha usado la recaudación fiscal para "mejorar sustancialmente la infraestructura, por ejemplo en la expansión de la red de saneamiento y agua potable, y en la ampliación de la cobertura previsional, que es de las más altas de la región".
Sin embargo, los críticos del gobierno apuntan al mal estado de los servicios de transporte, en especial los trenes, y del servicio energético, que sufre constantes interrupciones. Además, cuestionan el nivel del sistema educativo argentino y el hecho de que el país esté peor posicionado en las evaluaciones internacionales que otras naciones con impuestos más bajos como Chile, que tiene una presión tributaria del 22%.
¿Progresivos o regresivos?
Más allá de la cantidad de impuestos y sus usos, también genera controversia el tipo de tributos que hay en Argentina. Mientras que los países desarrollados recaudan el grueso de sus ingresos a través de impuestos a las ganancias y a la propiedad -considerados progresivos- en Argentina la mayoría de los tributos gravan el proceso productivo.
Según Idesa, el mayor aporte al erario argentino lo hace el impuesto sobre el valor agregado (IVA), que representa un 24% de lo recaudado. Esa tasa, que en Argentina es del 21%, es un impuesto sobre el consumo que pagan tanto ricos como pobres. Otro 20% se recauda a través de los impuestos al salario: por cada empleado en blanco las empresas pagan cerca del 50% del sueldo en cargas sociales.
Varios dueños de pequeñas y medianas empresas (Pymes), que prefirieron no dar su nombre, dijeron a BBC Mundo que las altas cargas sociales los llevaron a contratar a empleados en negro (de manera informal) para poder subsistir económicamente.
En efecto, las cifras oficiales estiman que en Argentina uno de cada tres trabajadores se emplea de manera informal. También es muy común que parte del salario sea "no remunerativo", es decir, que no pague impuestos. Incluso las fuerzas de seguridad y funcionarios como la propia presidenta cobran parte de su salario con estos beneficios.
Según Colina, en la práctica esto significa que la alta presión tributaria recae sobre una porción minoritaria de la población, en especial los que trabajan en relación de dependencia.
El experto dijo a BBC Mundo que la recaudación se mantiene alta, a pesar de los efectos sobre los trabajadores, para costear el ascendente gasto público, que aumentó del 31% al 43% del PIB entre 2006 y 2012, y se mantiene cinco puntos por encima de los ingresos.
Presión sindical
El principal líder sindicalista del país, Hugo Moyano, cree que los trabajadores argentinos sufren un abuso por parte del fisco. Moyano, titular de una de las franjas de la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó en noviembre pasado a un paro nacional que paralizó a Buenos Aires para exigir, junto con otros sindicatos, que el gobierno baje los impuestos. El principal reclamo de los gremialistas es que las autoridades aumenten el piso a partir del cual los empleados empiezan a pagar el impuesto a las ganancias.
Históricamente ese gravamen lo pagaban solamente los trabajadores con ingresos más altos. Por ejemplo, hace diez años afectaba a aquellos que percibían cuatro veces el salario promedio. Pero los aumentos salariales concedidos en los últimos años para nivelar los ingresos con la inflación -considerada por la mayoría de los analistas privados en cerca del 25% anual, una de las más altas del mundo- llevó a que ahora todo aquel que gana un sueldo promedio ya tenga que pagar el impuesto a las ganancias.
Los sindicatos amenazaron con extender sus protestas en 2013 si el gobierno no reduce estos impuestos.
Por su parte, los principales bloques opositores en el Congreso también exigieron a la presidenta que convoque a sesiones extraordinarias del Parlamento para reformar el impuesto a las ganancias, un pedido que fue desestimado por la jefa de Estado.