En los libros de la Secretaría de Tierra y Vivienda del municipio de Florencio Varela hay
más de 25 mil personas anotadas para una adjudicación.
Y
los complejos permanecen inertes a consecuencia de la falta o el desvío
de fondos, el cálculo político o la desidia, expuestos al deterioro,
mientras miles de quienes aspiran a un techo viven en la emergencia.
El
Barrio Las Margaritas está ubicado en el km 31,5 de la ruta 36. Sobre
un predio de 32 hectáreas se construyeron 742 casas con fondos de la
Nación. La obra se inició en 2006 y
la constructora la paralizó en 2010 por falta de pago.
Sobre avenida Thevenez, en 2005 se inició la construcción de 300 viviendas del
Barrio Villa del Plata.
Un sector se entregó, pero el otro quedó paralizado a poco de terminar. Lo mismo sucede en el
Barrio San Jorge
, detrás de la cancha de Defensa y Justicia, también en Florencio
Varela. De las viviendas proyectadas en 32 manzanas, fueron entregadas
11. El resto, más de 800 casas, quedaron detenidas desde 2007 por la
falta de pago o incumplimiento de contrato de constructoras y
cooperativas, y
se fueron deteriorando por robos o temporales ,
que dejaron en evidencia su precaria calidad. El tesoro nacional giró al
municipio 158 mil pesos por la construcción de cada vivienda.
En
ese barrio, como en otros del municipio, las viviendas concedidas
tienen apenas un certificado de adjudicación, que le otorga al
“propietario” una situación dominial inestable.
El
recorrido de la Ruta 3
, en La Matanza, fue pensado como un polo de construcción de viviendas
con fondos federales para paliar el déficit habitacional del municipio.
Siete barrios, 3010 casas
. Fue parte del primer Plan Federal presentado por Néstor Kirchner en
2005. Uno de los barrios, “Roberto Arlt”, sobre el km 46, está detenido
desde 2007.
Hay 588 familias que esperan las viviendas .
“Venimos
esperando desde hace 5 años. La municipalidad dice que Nación no le
giró los fondos y que la constructora no respetaba el contrato.
Nosotros no tenemos que escuchar las explicaciones del Estado. El Estado nos tiene que escuchar a nosotros” , dice
Susana Khem
, que tiene decenas de mudanzas en su vida a la espera de una
propiedad. Se anotó en Tierra y Urbanismo del municipio y resultó
adjudicada en 2008 cuando las obras ya estaban detenidas. “No nos
dieron nada por escrito, apenas una carta que el Instituto Provincial
de Vivienda no la acredita como “adjudicataria”. Pago un alquiler de
1.600 pesos por mes y nos dijeron que debemos pagar 300 cuotas de 200
pesos cuando ingresemos a la casa. Lo aceptamos. ¿
Pero por qué tengo que esperar 10 años para que me entreguen la casa?”, se pregunta.
Khem
organizó a los adjudicatarios que se movilizan desde 2009 frente a la
municipalidad. El intendente Fernando Espinoza jamás los recibió. “Vamos
a tener que tomar el barrio y terminar las obras nosotros, que es lo
que reclamamos. Si te dormís, perdés.
El Estado juega a que te canses” , dice.
Algo similar sucedió en el caso del
barrio “Areco”, del km 35. Fue
entregado luego de una usurpación. Los adjudicatarios debieron hacerse
cargo de lo que faltaba. Fue entregado sin asfalto, con problemas en la
planta depuradora.
La Gendarmería tenía que llevar el agua.
El barrio “Padre Mugica”, en el km 45, 343 viviendas, está frenado. Del
“Rodolfo Walsh”, 300 casas fueron entregadas y 300 están a la espera.
La Matanza espera. “
El conurbano ha sido un territorio
devastado desde los años ‘60
. En 2008 hicimos un estudio sobre cuánto dinero habría que disponer
para que funcionara con estándares normales, de una punta a la otra, con
agua, cloaca, parques, colegios, viviendas...” -indica el arquitecto
Jorge Moscato, profesor de UBA.-. El número era alto. “Nos dio 16 mil millones de dólares. El Estado no los tiene. Sólo puede promover
obra básica y soluciones intermedias”
Moscato considera que durante el kirchnerismo las viviendas fueron construidas en
terrenos poco favorables, con alto costo para enlazarlos con la infraestructura urbana. “La elección del terreno
depende de los municipios
-dice- y es fruto de un montón de negocios. Cuando se construye fuera
del tejido urbano, se terminan armando “mamarrachos” urbanos. Más allá
de la mala elección de los suelos -se eligen los más económicos y
terminan resultando más caros; y de las casas que arquitectónicamente
son elementales u horribles-, el standart de construcción es alto. En
los ‘90 se entregaban casas sin piso y sin artefactos.
Las que se hicieron en La Cava o en Santa Cruz son magníficas. Pero depende de cada provincia”, explica Moscato. Además de la calidad de la obra, otra de las controversias en vivienda social es
cuántas casas construyó el gobierno.
Según
la pagina web del Ministerio de Planificación, entre 2003 y junio de
2012 se alcanzaron 917.672 “soluciones habitacionales”, que implica el
mejoramiento de barrios
y convierte a casas deficitarias con servicios básicos cubiertos. Sin
embargo, fuentes de las cámaras de construcción y de la oposición
parlamentaria estiman que las viviendas construidas en casi diez años
alcanzan a 300.000. Cuando se entra en el detalle fino de las construcciones, entre lo que se dice y lo que se hace,
los números se van reduciendo.
Por ejemplo, Córdoba firmó dos convenios con la Nación en el año 2004 y 2005.
Según los números de Nación, se presupuestaron 31.040 viviendas de las cuales
se ejecutaron 23.176. Para la provincia, de las 24.950 planificadas
se ejecutaron 10.900.
Una diferencia amplia. Según Nación, se están ejecutando 7.800. Para la Provincia son sólo 1.100.
Si
se mira en detalle un caso testigo se entienden mejor tamañas
diferencias. Por ejemplo, el Plan Federal II anunció 16 mil viviendas.
8.000 por el giro de fondos tradicional y otras 8000, asignadas al
interior de Córdoba, por un bono de un fideicomiso avalado por el Anses.
De las primeras 8.000 se ejecutó menos de la mitad.
Córdoba, además, reclama 220 millones.
En la segunda etapa no hubo ni bono ni proyecto de construcción. Pero
todo número se incorpora a la web oficial y después se va viendo. “Lo
importante es tener un nivel de adjudicación alto, tener partidas
presupuestadas,
proyectar y después ver qué se hace y cómo . Nunca se sabe cuántas obras se pueden poner en marcha”, indica una
fuente ligada al Ministerio de Planificación.
Los
envíos de fondos son más fatigosos cuando se trasladan a provincias no
oficialistas, que deben terminar financiando parte de la obra para poder
ser entregadas.
Después se anotan para reclamarle la deuda a la Nación.
En
el caso de Zona Cero, en el noroeste de Rosario, proyecto del Plan
Federal II con 1.451 viviendas ya se entregó el 40%. Pero la provincia
reclama 160 millones por lo que se hizo y otros 100 millones para
concluir las obras. En el norte de la ciudad de Santa Fe el problema es más delicado.
El Plan Federal I dejó pendiente de conclusión a dos barrios
, que fueron usurpados. “Santa Rita”, con 180 casas y “Las Delicias,
con 84, quedaron paralizados por diferencias con la actualización de los
costos por la inflación con la constructora. Fueron ocupados por
integrantes de la Corriente Clasista y Combativa. El caso está en la
justicia y no hay sentencia firme para ejecutar el desalojo.
E
n Corrientes, el déficit habitacional se acentuó desde 2005, cuando el gobierno se provincial se distanció de la Nación. Los fondos empezaron a ralear. Aunque la
página web de Planificación marca 17.674 “soluciones habitacionales” los datos provinciales estiman que
no son más de 5 mil.
En los últimos 3 años el Instituto Provincial entregó 550 casas en la
capital, cuando hay 20 mil inscriptos a la espera de una vivienda
social.
Según la provincia, Nación le adeuda 400 millones.
“En los últimos seis años
a Tucumán le enviaron $1.700 millones,
a Chaco $900 millones y a Corrientes sólo 200 millones. La provincia
sólo tiene capacidad financiera para ejecutar solo 60 viviendas por
mes”, indica Bernardo Rodríguez, del Instituto de Viviendas de
Corrientes.
Hace tres meses 200 familias ocuparon un predio en la periferia de la ciudad. Hoy son más de 1700 según el censo que realizó la Justicia.
Entre las provincias oficialistas,
Misiones, Santiago del Estero y Formosa
son los que tienen los mejores índices de construcción, si se toman los
números de la web de Planificación. Aún así, en las provincias más
pobres las respuestas son paliativos. Pese a las 28.027 “soluciones
habitacionales” de Santiago del Estero y que se construyen “cinco mil
viviendas por año” hay otras 23.318 que están inscriptos en el Registro
de Demandantes.
Aún con los “mejores números”, la vivienda social es parte de la deuda interna .
Con
información de los corresponsales: Gustavo Molina (Córdoba), Lucas
Aranda (Rosario), Salvador Salles (Santa Fe), Luis Sosa (Corrientes) y
Julio Rodríguez (Santiago del Estero)
