Por Fernando Gutierrez - iProfesional.com
El plan "sintonía fina" quedó atrás y arrancó una nueva etapa. El Ejecutivo no duda en arremeter contra el sector privado, aunque esto espante a inversores y a empresas que quieran poner plata y generar empleo. Pese a ello, Cristina "va para adelante" y apuesta "a vivir con lo nuestro". ¿Cómo sigue?
Ha sido una constante de la gestión de Cristina Kirchner: cada vez que en el país se generó la expectativa sobre la posible revisión de una medida polémica, económica o política, la Presidenta no sólo no concretó el cambio esperado sino que, por el contrario, dio señales de profundizar el camino.
La última confirmación fue la reciente cancelación del Boden 2012, el evento que le permitió al Gobierno declarar un nuevo paso en la "independencia económica". Se había generado cierta expectativa respecto de si, ahora que las arcas estatales ingresan en una etapa más desahogada en cuanto a obligaciones financieras, podría darse algún "afloje" en el cepo cambiario.
Lejos de ocurrir tal flexibilización, surgieron más y más medidas de endurecimiento. Por ejemplo, la del achique en el plazo de entrega de los billetes verdes, o la que confirma que no habrá dólares para quienes viajen a países limítrofes o a lugares donde la moneda que circula no sea la estadounidense. Y el tema cambiario dista de ser un caso aislado. Porque Cristina se ocupó de ratificar que lo que continuará vigente será una
decidida política de intervención estatal.
Tanto que, contestándole a una queja del presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, que planteó el riesgo de caer en "la asfixia de los controles", la Presidenta dejó bien en claro cuál es la tónica de la economía que viene: "Siempre hay regulación. Cuando no regulás, también estás regulando, regulás en contra de los pobres". Así, justificó la profundización de los controles argumentando que la intervención en los mercados tiene como objetivo poner "un cachito de la riqueza en la rueda de la redistribución".
Por lo pronto, algunos analistas políticos remarcan que difícilmente el pedido de Gabbi encuentre receptividad en el Gobierno. Y también destacan que -dentro de ciertos límites- no se percibe en la opinión pública un gran rechazo a la injerencia estatal en algunos sectores.
"Parecería que la gente se encuentra más proclive a ver con buenos ojos cualquier avance intervencionista", afirma Luis Costa, director del área de opinión pública en la consultora Ipsos.
"Nuestros sondeos son concluyentes respecto de que la idea de un Estado presente es bien vista por toda la sociedad. La verdad es que un empresario reclamándole al Gobierno por los controles excesivos y pidiendo que se lo deje trabajar con libertad es como un hincha de River hablándole a los de Boca", grafica Costa.
"Siempre se puede intervenir un poco más", dispara Gabriel Caamaño Gómez en el informe de la Consultora Ledesma, aludiendo a posibles nuevas medidas en el plano cambiario. El analista recuerda que en la segunda mitad del año siempre disminuye la oferta de dólares, lo cual pone al Gobierno en un estado de mayor necesidad de divisas. "Las autoridades lo saben y por eso ultiman detalles respecto del los mecanismos formales e, incluso, ya comienzan también a perfeccionar los informales", agrega, en alusión a ciertos "rumores específicamente dirigidos" sobre mayores gravámenes a los productores sojeros.
Lo cierto es que, para los analistas, las palabras "sintonía fina" que fueran tan pronunciadas tras la asunción de Cristina simplemente formaron parte de un "relato" que ya terminó. Y no precisamente para dar paso a una etapa de "afloje" en los controles e injerencia estatal. "Lo que estamos viendo es una nueva etapa, que deja atrás a la ‘sintonía fina'. La sociedad hasta se había acostumbrado a los controles de Guillermo Moreno. Pero cuando aparece Axel Kicillof manejando la economía y hablando de pesificar, ahí la cuestión se complica", afirma Gustavo Lazzari, economista de la Fundación Libertad y Progreso.
En la misma línea, el politólogo Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía, tampoco manifiesta dudas sobre la motivación del kirchnerismo: "Este es un Gobierno que todo el tiempo reafirma su principio de preeminencia de lo político por sobre el funcionamiento de los mercados y, por lo tanto, la expectativa es que el afán regulatorio se profundice".
La lista de Cristina
Un repaso al listado de normas intervencionistas -sólo contando las medidas más recientes- da fe de que el "modelo k" ahora es "a todo o nada" y ya no tiene margen para dar marcha atrás. Vale decir, el Ejecutivo redobló la apuesta -a base de regulaciones e intervenciones- aunque ello pueda costarle muy caro en cuanto a alejar a inversores y a grandes firmas que son las que pueden poner plata y generar empleo.
"El Gobierno parece estar más jugado a la idea de 'vivir con lo nuestro' que en querer modificar su esencia. Y esto se nota, por ejemplo, en que ni siquiera muestra interés en amigarse con los mercados de crédito y en la intervención total que acaba de hacer en el sector energético", señala un reconocido industrial que prefirió el off the record.
Por lo pronto el Ejecutivo no dudó en pisar el acelerador a fondo y avanzar en cuestiones tales como:
1. Nueva regulación del mercado petrolero y gasífero, que en los hechos reduce a las empresas del sector a meras contratistas del Estado. Así, este último podrá fijar precios, cantidades y márgenes de rentabilidad, como revocar concesiones por encima de la autoridad provincial.
2.
Reforzó la presión a empresas para que suspendan remesas al exterior, reduzcan el reparto de utilidades y las "invitó" a reinvertir forzosamente. El hecho de que no puedan remitir parte de sus ganancias a sus casas matrices, o no puedan comprar dólares, hace sumamente difícil que una firma con presencia internacional desembarque en el país. Aun así, el Ejecutivo no da señales de querer revertir esta situación.
3.
Avanzó en la pesificación compulsiva, que dejó al sector inmobiliario sumido en la peor crisis de la última década. Se estima que este año habrá incluso menos escrituraciones que en 2002. Por el lado de la construcción, voces como la de Armando Pepe señalan que la ejecución de nuevas obras cayó a su mínima expresión y que a fin de año unos 300.000 trabajadores se habrán quedado sin empleo. Pese a esto, no hay flexibilización en la compra de divisas a quienes busquen adquirir una propiedad.
4.
Impuso a los bancos la obligación de prestar a las Pyme a tasas reales negativas, es decir, inferiores a la inflación real. Los críticos de esta medida alegan que el problema no es tanto de oferta sino de falta de suficiente demanda, producto de la incertidumbre. No hay incentivos para tomar créditos pero el Ejecutivo redobla la apuesta. Además, el subsidio a la tasa será pagado con mayor costo en la financiación al consumo.
5.
Avanzó en nuevo plan para financiar viviendas con plata de la Anses a tasas subsidiadas. Esa caja destinada a los jubilados sigue llenándose de deuda pública y ya está compuesta en un 60% por títulos del Estado. Para peor, se deteriora rápidamente. El costo fiscal será de $70.000 millones, según estima el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
6.
Renovada presión del Banco Central sobre el mercado de los depósitos, topeando la tasa de interés para plazos fijos mayoristas (Badlar) que, a su vez, reduce el tipo de interés sobre las colocaciones de particulares. "Al empeñarse en mantenerlas por el piso, con un dólar informal en alza, el Gobierno arriesga quebrar la demanda de pesos", afirma Luciano Cohan, de Elypsis.
7.
Avance sobre el sector eléctrico, en donde muchas firmas están en situación de default o con estatizaciones forzadas en puerta, ya que no pueden pagarle a sus proveedores. Aún así, el Gobierno mantiene congeladas las tarifas y cada vez interviene más en la toma de decisiones de las empresas.
8.
Reforzó las restricciones sobre el mercado cambiario y día a día surgen nuevas medidas. Ahora, es de esperar algún tipo de limitación en las compras con tarjetas que realizan los argentinos en el exterior. Acepta por esto pagar el rechazo de buena parte de la clase media.
Hay también otra nómina que incluye a las medidas "en carpeta". Particularmente, las dirigidas a aquellos sectores donde el mercado considera que podría incrementarse el intervencionismo, sobre la base de versiones, declaraciones informales o filtraciones de información.
Esta lista incluye:
• La pesificación compulsiva del mercado a futuro de materias primas agrícolas.
• Un nuevo marco (léase mayores impuestos y retenciones) para el sector minero.
• Mayores retenciones a la exportación de soja.
• La intervención obligatoria de un banco estatal en las operaciones inmobiliarias.
• La creación de un impuesto que equipare el costo de usar la tarjeta de crédito en el exterior al de comprar dólar "blue".
• La mayor limitación a la operatoria de compraventa de bonos conocida como "contado con liqui", entre otras.
Las expresiones de descontento se suman, porque le asignan a estas medidas un desestímulo a la inversión y, en definitiva, el agravamiento de los problemas que justamente se pretenden resolver. Pero, sobre todo, provoca la indignación de quienes ven un recorte de las libertades republicanas.
"Puede ser que el Gobierno considere que la independencia del Estado crezca luego de pagar el Boden 2012, pero definitivamente la de los ciudadanos decae. Cada vez nos controlan más", protesta el economista Tomás Bulat.
¿Qué tan apoyada es esta postura? No tanto como algunos creen. La encuesta de Artemio López, un experto en opinión pública cercano al oficialismo, afirma que el intervencionismo no ha mellado tanto la imagen de Cristina Kirchner o, al menos, ningún opositor ha podido capitalizar su descenso.
Las restricciones cambiarias son su medida menos apoyada, con sólo un 25% de respuestas favorables, aunque con un 34% de gente indiferente a este tema.
En cambio, la estatización de YPF registró un 72% de aprobación, y el plan de construcción de viviendas con fondos de Anses tuvo un 85% de apoyo.
También en los sondeos de Ipsos se refleja un estado de ánimo similar:
el 80% opina que los servicios públicos deben ser propiedad del Estado y funcionar bajo su administración. En los años '90, sólo el 20% de la población pensaba así. "Para entender lo que está ocurriendo ahora no hay que ver las medidas como decisiones unilaterales de la Presidenta, sino percibir que hay un clima de época favorable al estatismo", analiza Costa, de Ipsos.
"En definitiva, nunca los gobiernos hacen lo que quieren, sino lo que pueden, y es la opinión pública la que moldea las políticas. ¿Por qué la Presidenta debería preocuparse por sus medidas intervencionistas si los que se quejan representan una minoría?", apunta.
Claro que esto no implica un seguro contra las eventuales consecuencias negativas de estas políticas. De hecho, los índices de confianza del consumidor están en descenso continuo desde octubre del año pasado.
La duda, en todo caso, es si la ola intervencionista tiene una aspiración de permanencia o si, por el contrario, se trata de una estrategia pasajera para sortear un momento de enfriamiento de la economía.
A diferencia de lo sucedido en 2009, en donde se incrementó la injerencia estatal para luego morigerarse, esta vez todo indica que no será así.
Los analistas creen que ahora el intervencionismo no será fácil de revertir, ya que además del cierre comercial el Ejecutivo ha incursionado en áreas más sensibles, como la cambiaria y la regulación energética.
El síndrome ya es conocido. Como lo describe Berensztein, de Poliarquía:
"Cuando se llega a cierto nivel de intervencionismo, se empieza a hacer difícil dar marcha atrás, se genera una medida tras otra y la propia lógica de los hechos lleva necesariamente a avanzar y a profundizar el camino".
