La Matanza ya es la quinta “provincia” del país y crece como botín electoral

Por Leonardo Mindez - Diario Clarín
Según el censo 2010, viven allí casi 1.800.000 personas. Superó a Mendoza y Tucumán.

Cristina Kirchner volverá a pisar La Matanza esta tarde. Inaugurará una nueva red de agua potable y visitará la planta de Mercedes-Benz en su 60° aniversario. La Presidenta no es la única dirigente política que vuelve una y otra vez a La Matanza, ese mundo dentro del conurbano . Lo hicieron los principales nombres de la oposición durante el último año. Sabían que necesitaban hacer pie en ese bastión del peronismo para tener chances a nivel nacional. No lo lograron. Cristina obtuvo allí el 65% de los votos.

“Después de Santa Cruz, La Matanza es el distrito en el que más fondos para obras volcó el Gobierno nacional. Hicieron muchas, y en un contexto de crecimiento económico, se hace difícil competir”, argumenta ante Clarín el candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista, Jorge Ceballos.

El censo 2011 confirmó que La Matanza no para de crecer . Si fuese una provincia, ya sería la quinta del país por su cantidad de habitantes (casi 1.800.000 personas) y le corresponderían 11 bancas en las Cámara baja. Sin embargo, apenas cuatro de los diputados nacionales actuales (Luis Cigogna, Gustavo Dutto, Juan Carlos Sluga y Julio Ledesma, todos kirchneristas) son matanceros. Y ese número puede reducirse desde diciembre .

Los sociólogos aseguran que en su territorio de 325 km2 se da una reproducción a escala de la demografía nacional . Una pequeña clase acomodada en los chalets de Ramos Mejía, la clase media que se distribuye entre Lomas del Mirador, San Justo y Villa Luzuriaga y cientos de miles de pobres la pelean como pueden en entre Virrey del Pino, Laferrere y González Catán. Para el Néstor Kirchner que se lanzó a la aventura presidencial en 2003, fue clave el apoyo de Alberto Balestrini, el cacique que había tomado la posta de Alberto Pierri en el peronismo matancero.

La oposición coincide en que es “una locura” que La Matanza siga siendo un único distrito. El diputado provincial de la Coalición Cívica, Walter Martello, presentó el año pasado el último proyecto para dividirlo en cuatro. Sin aval del PJ, la iniciativa naufragó en comisión, al igual que otras anteriores. “En La Matanza se encuentran algunos de los bolsones de pobreza estructural más importantes de la Provincia. Pero como define una elección y genera dirigentes de peso en el PJ, se niegan al debate”, se lamenta Martello.

Con Balestrini convaleciente por un accidente cerebrovascular, la batalla por la sucesión en el PJ de La Matanza quedó abierta . Durante la campaña, el empresario de la carne Ricardo Bruzzese, impulsado por Mario Ishii y con aval de la Casa Rosada, denunció que sus militantes fueron atacados a tiros por partidarios del intendente Fernando Espinoza. Dirigentes sociales y de otros partidos viven denunciado la violencia que padecen sus dirigentes barriales.

De la mano de Cristina, Espinoza arrasó en las primarias. En la municipalidad alegan que la gente sigue llegando de todo el país porque allí crece la actividad económica más rápido que en otros distritos. Y que está avanzada la descentralización en cinco “minimunicipios”. “Este gobierno está cerca de la gente”, aseguran cerca de Espinoza.

Monitorean las calles para medir el nivel de ruido

Por Einat Rozenwasser - Diario Clarín
La Ciudad instaló 20 torres de medición en distintos puntos y 12 de ellas ya detectan valores que superan lo tolerable para el oído humano. El plan es colocar 41 aparatos y hacer un mapa del ruido.

El problema se remonta nada más y nada menos que a la Antigua Roma. Para ser rigurosos habría que decir que es inherente a la Humanidad y a las características de su sistema auditivo. El dato histórico viene a cuento porque, al parecer, Julio César fue el primero en tomar medidas al respecto cuando reguló la circulación de ciertos carruajes por las calles céntricas del Imperio debido al golpeteo que producían las ruedas sobre el adoquinado.

La civilización sumó motores, sirenas, música (¡y estéreos con subwoofer reforzado para bajos poderosos!), excavadoras y amoladoras, caños de escape y ruido, mucho pero mucho ruido. Tanto, que hoy es uno de los problemas principales a solucionar en las grandes metrópolis, que en general sobrepasan ampliamente los niveles de ruido tolerables . Tras la sanción de la Ley 1540 de Control de Contaminación Acústica, en la Ciudad se avanza con la instalación de 41 torres de monitoreo inteligente que servirán para elaborar un mapa de ruidos y así poder tomar medidas que mejoren la situación.

Desde la Agencia de Control Ambiental informan que ya instalaron la mitad, hay 12 que están midiendo y el resto en calibración. Y las que están instaladas arrojan sus primeros y contundentes datos : mientras que la Organización Mundial de la Salud fija en 65 a 70 decibeles (dB) el máximo tolerable para la vida cotidiana, en Santa Fe y Callao se registra un promedio de 77,7 decibeles de día y 73,8 de noche ; en José María Moreno y Rosario el rango es de 76,6 a 72,7 ; en Rivadavia y Medrano, 76,2 y 72,2 ; y en Viamonte y Suipacha, de 75,3 a 70,7 .

“El objetivo es que la información que se obtenga permita activar procedimientos de control para prevenir o combatir situaciones puntuales, y diseñar políticas que permitan tomar decisiones sobre, por ejemplo, cambios en el tránsito, como sucedió con los contracarriles de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón”, apuntan desde la Agencia. Ocurre que allí, con las dobles mano y el vuelco de los colectivos a las avenidas, al redistribuir la circulación, la calle Marcelo T. de Alvear, entre Esmeralda y Pueyrredón, registró una reducción de entre 5,2 y 7,2 decibeles . Del otro lado de Santa Fe, sobre las calles Arenales y Juncal, con menos transporte público, la reducción fue entre 0,3 y 3 decibeles. Pero el ruido no se trasladó en igual medida a Santa Fe: el ancho de la avenida favoreció el balance general del ruido ambiental y la suba que se registró fue de entre 0,4 y 1,6 decibeles.

Un estudio reciente de Gaes Centros Auditivos consigna que el 94,2 % de los porteños considera que vive en un lugar ruidoso y el 35% considera que el ruido al que está expuesto afecta su estado de ánimo entre bastante y mucho. Y para el 83,7% el tránsito es el problema más importante. “El tránsito y las obras en construcción que no respetan horarios de descanso o fines de semana encabezan la lista de las consultas. También se acercan mucho los que viven en los alrededores de la Autopista 25 de Mayo, los que están cerca de las vías del ferrocarril y de Aeroparque. Y hay quejas por recitales, boliches que no tienen aislamiento suficiente y funcionan hasta altas horas de la madrugada y, en menor escala, colegios y gimnasios”, enumera Silvia Cabeza, al frente de la Asociación Civil Oír Mejor.

“El problema es que como no es algo tangible, la gente no se da cuenta, se acostumbra ”, advierte Tamara Potaz, especialista en acústica ambiental y arquitectónica. La pérdida de audición es un proceso gradual y no afecta a todos de la misma manera. “En el oído interno tenemos las células auditivas, cuando esas células son dañadas por la exposición a altos niveles sonoros van muriendo y no se regeneran . Y lo que sucede es que la gente consulta cuando ya es tarde”, explica Potaz. Además del daño que se produce en el sistema auditivo, la exposición constante a ruidos fuertes aumenta considerablemente el nivel de estrés y puede desarrollar hipertensión y cardiopatías . Y el problema se potencia si el ruido es nocturno e impide el buen descanso . La Organización Mundial de la Salud considera que la deficiencia auditiva es el riesgo ocupacional irreversible más frecuente y estima en 120 millones la cantidad de personas con problemas auditivos. El primer síntoma es la interferencia en el habla y también perjudica el rendimiento de los procesos cognitivos .

“Ejercer una conducción vehicular responsable es la clave para disminuir, además de los accidentes, la contaminación sonora y del aire. Manejar con un ritmo moderado respecto de las frenadas o aceleraciones reduce los ruidos y las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y la utilización de la bocina debe ser limitada para advertir una situación potencialmente peligrosa a otros conductores o peatones y siempre que no sea posible la utilización de otro tipo de señal”, advierte Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.

Por esta razón, como ocurre en otras ciudades avanzadas del mundo, desde 2009 en la Ciudad incluyen contenidos de conducción ecológica en los cursos de instrucción de manejo necesarios para obtener o renovar el registro. Y tratan de intensificar controles diarios a colectivos y camiones para que no excedan los niveles de ruido permitidos. “La idea es controlar cada unidad dos veces por año”, apuntan.

La Foto: T90 MBT‏

Colaboración de nuestro amigo Jorge Lucio

Ametralladora MG 51 (Suiza)

Colaboración de nuestro amigo Jorge Lucio:
Alrededor de 1942 el ejército suizo inició una competición para que una nueva ametralladora del servicio reemplace a la "pesada" MG 11 y a la "liviana" LMG 25, adoptada en 1911 y 1925 respectivamente. Tres participantes entablaron la competición - la gubernamental Waffenfabrik Berna y las fábricas SIG e Hispano-Suiza.

La Waffenfabrik Berna basó su desarrollo en el muy acertado MG 42 alemán. Los primeros prototipos emergieron adentro alrededor 1944, y se parecían a la MG 42, aunque la forma del receptor y del extremo fuera algo diferente. El diseño final, que apareció en 1950, era en su mayoría similar a la MG-42, aunque muchas piezas fueran producidas labradas a máquina en vez de estampado, y el sistema de inmovilización fue cambiado del rodillo a la inmovilización de la aleta. El arma resultante era más pesada que la original alemana, y de hecho mucho más finamente acabada. En ciertos respectos era un "Rolex" de las ametralladoras.

Hasta hace poco la MG 51 sirvió como ametralladora primaria de la infantería y vehículos para el ejército suizo, aunque ahora se esté reemplazando gradualmente en servicio por el ligero y menos costoso, de menor alcance que la ametralladora FN Minimi de 5,56mm belga.

La MG 51 es un arma alimentada a cinta con una culata única que opera por retroceso corto, enfriado por aire y solamente automática. El cañón de arma de fuego se puede cambiar rápidamente si se requiere; el procedimiento del cambio del cañón de arma de fuego es similar a la del MG 42, con el cerrojo de inmovilización situado en el derecho de la camisa, que se abre para ofrecer una ventana del repuesto del cañón de arma de fuego.

El sistema de alimentación de cinturón es también similar al MG 42, con la alimentación de un solo cuerpo del cartucho que utiliza cinturones de acero de bolsillo abierto (tipo de pasaje) y un tirón de dos etapas del cinturón (en la entrada y el movimiento de cerrado de cerrojo). La alimentación es del lado izquierdo. Para el disparo móvil emplea cintas de 50 proyectiles que se pueden cargar en los contenedores de tambor.

Las miras estándar son del tipo abierto, pero la mira telescópica o visor nocturno se puede ajustar al cañón en caso de necesidad. Posee un bípode que se pliega; para las misiones de fuego de alcance continuo o largo se ofrece un trípode universal. La producción inicial tenía pistoletes y culatas de madera; las más modernas incorporan placas de polímero.

Especificaciones:
Calibre 7,5x55 GP11

Peso 16 kilogramos (con el bipode) + 26 kilogramos (trípode)
Largo total 1270 milímetros
Largo del cañón 563 milímetros
Alimentación por cinta
Cadencia de fuego 1000 dpm
Fuente: http://www.fdra.blogspot.com/2011/07/ametralladoras-mg-51-suiza.html (Modificado)

El desendeudamiento que más cuesta

Por Néstor O. Scibona - LA NACION (nscibona@speedy.com.ar.)

Para el gobierno de Cristina Kirchner, todos son logros en materia socioeconómica. Para la dispersa oposición, casi todas son pálidas. La divergencia no sólo se explica por el cristal político con que se mire, sino también con respecto al punto de partida: la mayoría de los indicadores sociales muestra una innegable mejora frente a la crisis de 2001/2002; pero la recuperación no alcanza a revertir la decadencia de las últimas décadas, especialmente en el segmento de ingresos más bajos. En otras palabras, todo lo que se hizo es poco frente a lo que falta hacer. Y la vuelta de la inflación complica el panorama, al ensanchar la brecha entre ricos y pobres.

No sólo eso. El camuflaje oficial de las estadísticas inflacionarias dificulta los diagnósticos cuantitativos al subestimar el universo de personas con problemas. Para el Indec, 9,9% (o sea 1 de cada 10) vive por debajo de la línea de pobreza y 2,5% son indigentes; pero estos niveles surgen de los cuestionados costos de las canastas básicas de consumo que elabora el organismo. Si se las midiera según los valores de las consultoras privadas, multadas por Guillermo Moreno, el número de pobres e indigentes más que se duplica: la diferencia involucra a no menos de 4,5 millones de habitantes.

La politización del Indec volvió a quedar en evidencia días atrás cuando su directora, Ana María Edwin, presentó los resultados del Censo Nacional de 2010. Aunque en teoría se trata de un organismo del Estado y no del Gobierno, la funcionaria atribuyó a la política oficial, por ejemplo, que el número de viviendas haya crecido más (14,7%) que la población total (10,6%) en los últimos 10 años. Esto representa una leve mejora de un punto porcentual (de 33 a 34%) en la relación entre ambas, pero no tiene en cuenta las condiciones de hábitat.

Según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el 8,1% del total de hogares hay situaciones de hacinamiento, proporción que se eleva a 19% en el segmento de ingresos más bajos y a 22% en villas o asentamientos precarios. El ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo considera que en esta realidad reside el principal problema social de la pobreza extrema y le otorga máxima prioridad para resolverlo. "El hacinamiento lleva a chicos y jóvenes a la calle, a tomar contacto con el paco como factor de pertenencia, a endeudarse para conseguirlo y a delinquir para pagarlo", diagnostica.
Precisamente, los datos del Barómetro de la Deuda Social (de la Argentina y de la Infancia), difundidos en el último mes por la UCA, permiten trazar un panorama cualitativo de la brecha de desigualdad existente en la sociedad argentina. Y que puede sintetizarse en que distintos derechos (a la vivienda, a condiciones de vida adecuadas, a un trabajo decente, a la alimentación y la salud, a la educación de calidad, a la seguridad y protección a la niñez) no son "para todos".

Ahora que se ingresa en el tramo final de la campaña electoral bien vale consignarlos, porque implica el "desendeudamiento" más costoso de resolver y requiere de políticas de Estado articuladas antes que medidas sueltas:
- Las viviendas precarias o inapropiadas (techos, pisos y paredes) equivalen al 12,2% del total; al 27,4% en el estrato social más bajo, y al 50,6% en villas o asentamientos.
- A pesar de los avances de los últimos años, el 18,7% de los hogares del conurbano bonaerense tiene déficit en el acceso a agua corriente por red y el 26,1% no tiene suministro. Para redes cloacales esas proporciones se elevan a 55,3 y 66,5 por ciento.
- El déficit de acceso a gas natural por redes alcanza a 32,4% en el conurbano bonaerense, a 56% en el segmento de ingresos más bajos, y a 90,4% en villas.
- En 11,8% de los hogares urbanos (13,7% de la población total) la tenencia de la vivienda es irregular, frente a 70,8% de propietarios y 17,4% de inquilinos. En villas o asentamientos, esas proporciones se ubican en 51,8%, 42,1% y 6,1%, respectivamente.
- La mitad de los hogares (50,1%) registra déficit de vigilancia y patrullaje policial. En los sectores más pobres se eleva a 65% y en villas a 76,7 por ciento.
- En casi un tercio (30,5%), al menos un miembro de la familia sufrió un hecho de delincuencia en el último año, con mayor proporción en sectores medios (34%) o altos (36 por ciento).
- En 16,7% de los hogares existen basurales cerca de las viviendas (46% en villas), e industrias contaminantes en 11,7 por ciento.
- Un 43% de los trabajadores mayores de 18 años tiene empleo decente (con cobertura previsional y de salud), mientras que otro 35,5% lo tiene en negro. En el segmento de ingresos más bajos esas proporciones son de 13 y 44%, y la tasa de desempleo trepa a 22 por ciento.
- El 40% de la población mayor de 18 años y el 52,5% del estrato muy bajo (que se eleva a 64% en las villas) se atiende en el sistema público de salud. En el sector medio bajo se reduce a 25,2% y en el medio alto a 8,8 por ciento.
- Un 33% de la población declara no contar con gente que le ayude a resolver problemas; 60% no dispone de tiempo de ocio (sin trabajar, estudiar o realizar tareas domésticas) y 47% no realiza ejercicios físicos.

Niñez y trabajo infantil
- Los niños y adolescentes urbanos bajo la línea de pobreza alcanzaban en 2010 al 23,4% del total (según la canasta básica oficial) y al 42% (según una CBT alternativa).
- Una proporción de 14,4% de los niños hasta 17 años (que se eleva a 29% en el estrato más bajo) con frecuencia no tiene lo suficiente para comer. En 2010, un 23,8% accedió a algún tipo de alimentación gratuita en comedores escolares o sociales.
- Casi la mitad (43,5%) no dispone de cobertura de salud (obra social, mutual, prepaga) y 16,5% no cuenta con un hospital o centro público de salud a menos de 10 cuadras de distancia.
- Dos de cada diez (22,2%) tienen necesidades básicas insatisfechas, pero en las villas esa proporción se eleva a 87,2 por ciento.
- En 15% de los casos tienen déficit de ropa de abrigo y calzado adecuado y provienen de hogares con problemas para afrontar gastos fijos (34%) o corrientes (44 por ciento).
- En 2010, el 80% de niños y adolescentes urbanos contaba con cobertura de salario familiar (36,8%), Asignación Universal por Hijo (AUH) y pensiones no contributivas (28,3 por ciento).
- La cobertura de la AUH alcanza al 51% de los que viven en urbanizaciones informales, al 56,5% del estrato más bajo y al 69% de la población indigente. Pero el 20% de este segmento (250.000 casos) no tiene cobertura alguna (debido a la falta de DNI o problemas de tenencia).
- Un 42% de los niños de 3 a 4 años no asisten a jardines de infantes; no les suelen contar cuentos, y en un 16% de los casos no festejaron su último cumpleaños. En 14,6% comparten cama o colchón para dormir.
- En los chicos de 5 a 13 años subió a 6,7% la propensión al trabajo no doméstico (era de 3,4% en 2007) como medio de supervivencia familiar y en el segmento de 14 a 17 años bajó a 19,8% (frente a 23,5% hace cuatro años).
- En los adolescentes que trabajan y estudian, la propensión a repetir de año supera 40% en los estratos más bajos.
- Si bien la AUH tiene un efecto de contención, no resuelve los problemas de pobreza estructural ni de exclusión social.

Soja: El incalculable efecto derrame

El efecto derrame de la soja sobre la economía argentina ha sido palpable en estos últimos años. Según datos de Aacrea, hay unos $ 24.160 millones, entre gastos directos, de cosecha y de comercialización, a los que deben sumársele todos los gastos indirectos asociados al negocio.

Según Aacrea, toda la cosecha argentina, de la cual la soja se lleva más del 60%, requiere de $ 9295 millones en fletes (ya que se necesitan 3,1 millones de viajes en camión para transportar los 95 millones de toneladas de granos), por lo menos 4000 millones en estructura (lo que incluye los gastos necesarios para mantener un establecimiento par producir), 2069 millones en administración (entre honorarios de personal, asesores contables, entre otros), 8426 millones en personal y 12.687 millones en arrendamientos de campos.

"Si la soja es la mitad de la cosecha de la Argentina, hay un impacto sobre la economía relevante", apunta Eduardo Fracchia, del IAE. "Diría que hay varios sectores sensibles a la soja: el comercio exterior, las cuentas públicas, la economía del interior, y no sólo la Pampa Húmeda, sino también hay otras zonas donde fue ganando terreno, como el NOA; el transporte, la logística o la industria alimenticia", agrega.

Si bien es cierto que el campo no suele ser intensivo en mano de obra -más aun después de la fuerte incorporación de tecnología en los últimos años-, un documento de los economistas Juan Llach y Marcela Harriague para la Fundación Producir Conservando estima que uno de cada tres argentinos con empleos directos e indirectos trabaja con actividades relacionadas con la agroindustria.

En la industria automotriz, el impacto campo es indudable. En Toyota, por caso, reconocen que hoy tienen hasta tres meses de demora para la entrega de sus pick-up Hilux, las más vendidas del mercado, y que valen desde $ 124.000 a 225.600; lo mismo para sus SW4, cuyo precio alcanza los 251.500 pesos. El principal mercado para estas camionetas, señala Daniel Afione, gerente general de asuntos corporativos de Toyota Argentina, "es el campo y los agronegocios".

Del mismo modo, José Rozados, director del sitio especializado Reporte Inmobiliario, destaca que, en el sector inmobiliario, aquellas plazas en donde el agro pisa fuerte, como Rosario o Córdoba, son las que evidenciaron mayor repunte de precios. El metro cuadrado de un edificio premium aumentó en los últimos cuatro años 77% en Rosario y 96% en Córdoba, contra el 65,7 y 53,4% de barrios porteños como Palermo y Puerto Madero, respectivamente. "Hay una correlación directa entre el sector inmobiliario y la soja. Y esta es una verdad asumida por todos los desarrolladores", subraya Rozados.

Fuente: Diario La Nación

Para la Justicia Electoral también "es necesaria la boleta única"

El camarista Alberto Dalla Vía propuso reformas para las elecciones, como la eliminación de las listas sábanas y que sea la Justicia la que controle los comicios

El juez de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, que tuvo una participación decisiva como autoridad última de las primarias, publicó una columna de opinión en el diario Clarín , en la que propone una serie de reformas integrales de los procesos de votación y advierte a la oposición sobre un uso "con excesiva ligereza de la palabra fraude".

En la columna, el magistrado, que también es profesor de Derecho Constitucional de la UBA, afirma que "es necesario implementar la boleta única, liberando al votante de la dependencia de las sábanas de papel. Así votan los argentinos residentes en el exterior y los privados de su libertad, así votó en las elecciones provinciales de Córdoba y Santa Fe y así se vota en la mayoría de los países de Amércia latina".

La voz del juez electoral es una de las más destacadas en materia electoral, pero revista también la importancia de aquel que está llamado por la actual legislación de ser la autoridad en el control de los procesos de elecciones que se realizan en la Argentina. Junto al pedido para que se aplique la boleta única, Dalla Vía pone especial énfasis en que la normativa debería sacar al Gobierno el control de las elecciones, porque "no resulta estructuralmente adecuado en un país donde el partido del gobierno de turno -cualquiera sea su signo político- participa en las elecciones".

De todos modos, el juez de la Cámara Electoral también lanzó cuestionamientos que apuntan principalmente a lo realizado por la oposición en las últimas primarias. "Se ha pretendido que las reglas de juego se acomoden sobre la marcha y se ha utilizado la palabra fraude con excesiva ligereza y sin que existan pruebas convincentes que corroboren cualquier tergiversación de los resultados", consignó el magistrado...

Fuente: Diario La Nación

Vías exclusivas: 15 horas menos de viaje

Por Angeles Castro - LA NACION (.Twitter: @AngiCas)

Foto: El contracarril de la avenida Pueyrredón agilizó los viajes desde Once hacia el Bajo; en sentido contrario, el tránsito sigue siendo denso. (Foto: Ignacio Colo)

Una persona que se traslada en colectivo una vez al día, de lunes a viernes, de punta a punta de los carriles preferenciales existentes en siete avenidas de la Capital se ahorra, en promedio, 15 horas de viaje por año, en comparación a lo que tardaba cuando el transporte público no tenía prioridad de paso.

Así surge de datos aportados por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito porteña, que monitorea la variación de los tiempos de viaje mediante dispositivos GPS instalados en las unidades de las líneas 109, 12, 110, 71, 118 y 152, algunas de las que circulan por las avenidas con vías exclusivas para transporte público.

Se trata de Córdoba, entre Reconquista y Medrano; Entre Ríos y Callao, entre San Juan y Marcelo T. de Alvear; Las Heras, entre Coronel Díaz y Callao; Triunvirato, entre 14 de Julio y Olazábal; Juan de Garay, entre Combate de los Pozos y Lima; Pueyrredón y Jujuy, entre Av. del Libertador y Belgrano; Santa Fe, entre Borges y Esmeralda, y Diagonal Norte, entre Rivadavia y Sarmiento.

Actualmente, las autoridades locales evalúan ampliar esta red de carriles preferenciales a la avenida Corrientes y otras que atraviesan el centro de la ciudad. La larga duración de los traslados en colectivos -a raíz de un tránsito complicado por el permanente aumento del parque automotor, los piquetes y los pasos a nivel y, en algunos casos, por la escasa flota de las empresas- es sólo uno de los trastornos padecidos al movilizarse por la Capital, a los que el gobierno porteño intenta moderar mediante distintas medidas. Unos y otras serán reflejados por LA NACION en próximas ediciones.

En una recorrida, LA NACION pudo comprobar que los trayectos por los carriles preferenciales, que funcionan de lunes a viernes, de 8 a 20, no resultan tan tediosos como antes. No obstante, como se da prioridad a los viajes en un determinado sentido, el pasajero disfruta de los avances en un tramo, pero no en el contrario. De todos modos, constituye un cambio que la mayoría reconoce positivamente, porque las diferencias son notorias respecto de otras avenidas -como Corrientes o el corredor del Bajo- en las que no hay vías con prioridad para colectivos y taxis ocupados (los vacíos son admitidos fuera de las horas pico).

Esa mayoría se explica porque, según revelan datos oficiales, el 70 por ciento de quienes se trasladan por la Capital lo hace en transporte público. Los usuarios más favorecidos por la medida, según el informe del gobierno porteño, son los que viajan por los contracarriles de Pueyrredón y Santa Fe, que se ahorran en promedio 30 horas por año, cuando se trasladan una vez por día durante los cinco días hábiles, por ejemplo, para trabajar o estudiar.

Los datos de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito -que conduce Guillermo Dietrich- sostienen que, antes de la instrumentación de los carriles sobre esas avenidas, cuando los colectivos circulaban por calles interiores, las unidades demoraban una media de siete minutos más en las arterias paralelas a Pueyrredón (bajó de 24 a 17 minutos) y un promedio de ocho minutos más en las paralelas a Santa Fe (de 30 a 22 minutos).

LA NACION tardó bastante más del promedio en recorrer el contracarril de Santa Fe en una unidad de la línea 152: debió destinar 35 minutos desde Suipacha hasta Plaza Italia un miércoles en hora pico de la tarde. Sólo entre Pueyrredón y Plaza Italia la duración fue de 16 minutos, mientras que en el subte D ambos puntos se unen en siete minutos; el transporte subterráneo no debe sortear los escollos de la superficie. De regreso por el espacio acotado que le quedó a Santa Fe en dirección al centro, el traslado alcanzó 24 minutos fuera de la hora pico.

En el caso de Pueyrredón-Jujuy, el viaje fue contradictoriamente más prolongado fuera de la hora pico, que dentro de ella: LA NACION tardó 17 minutos desde Belgrano hasta Libertador entre las 19 y las 20, a bordo de la línea 62, mientras que empleó 24 minutos entre las 15 y las 16 en la misma empresa. En cambio, este diario demoró menos del promedio oficializado al transitar en la línea 140 por los carriles exclusivos de Córdoba fuera de la hora pico.

La ganancia, gracias a las vías preferenciales, se reduce a ocho horas menos por año en los carriles exclusivos de Las Heras, Triunvirato y Juan de Garay, entre otras cosas, por tratarse de tramos menos extensos.

El subsecretario Dietrich explicó que, más allá de dar prioridad al transporte público y obtener así una reducción de los tiempos, los contracarriles de Pueyrredón-Jujuy, Santa Fe y Triunvirato redundaron en una mejora de la calidad de vida de los frentistas de las calles adyacentes, que ya no soportan los ruidos y los gases emitidos por colectivos en esas arterias angostas. El funcionario reveló que las vías preferenciales serán extendidas y que se analiza cómo hacerlo. Entre las posibilidades figuran carriles exclusivos sobre Corrientes hacia el Bajo y medidas similares en otras avenidas que cruzan el centro.

La tierra no es una mercancía

La tierra es un recurso estratégico no renovable, cada vez más escaso. El proyecto de ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales debe ser entendido dentro del contexto geopolítico mundial y regional, donde la presencia masiva de capitales financieros especulativos de diversos orígenes puede mermar a mediano y largo plazo las capacidades resolutivas de la Argentina o, por lo menos, condicionarlas.

Desde hace años asistimos a una carrera por la ocupación y el dominio económico de los espacios y de los territorios ricos en recursos naturales, y las capacidades productivas de nuestra tierra son muy consideradas por los capitales extranjeros.

El mundo llegó este año a los 7000 millones de habitantes con la misma dotación de tierras y aguas, en un contexto de crisis financiera del Occidente atlántico y fuerte crecimiento económico de casi toda Asia oriental, motorizado por China y la India.

Las presiones de la demanda mundial de alimentos deben ser encuadradas en un contexto geográfico tal como lo describe la FAO, en donde asistimos a un proceso de degradación de tierras, derivada de las actividades humanas del orden del 18 por ciento. Por ejemplo, desde 1945 hasta la fecha, Europa perdió el 23 por ciento de sus tierras cultivables (1/4 del patrimonio del suelo en medio siglo).

También la FAO viene alertando desde hace 10 años sobre la gran contradicción entre la demanda de alimentos y la oferta de suelo cultivable, fenómeno que se está acelerando en las últimas décadas y que empieza a traducirse en la demanda de alimentos y en la presión de los países desarrollados sobre los emergentes para controlar los precios.

La tierra es un recurso estratégico no renovable cada vez más escaso. La tierra no es una mercancía, es parte de nuestra identidad como pueblo, es de los hombres y mujeres que desde los pueblos originarios, los criollos y los inmigrantes se vinculan con ella de una manera mucho más profunda que la mera acción instrumental de su manejo.

Con este proyecto de ley se tiende a subsanar la falta de adecuados controles catastrales no sólo a nivel nacional, sino provincial y municipal, y estamos protegiendo más de 200 millones de hectáreas argentinas, asegurando que el 80 por ciento de la tierra apta para la producción de alimentos y servicios ambientales quede en manos de los argentinos.

Las decisiones nacionales sobre la titularidad, posesión y uso de las tierras rurales se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado, con jerarquía constitucional, a nuestra Carta Magna (artículo 75, inciso 22) luego de la reforma constitucional del año 1994.

Nuestro proyecto limita la propiedad y posesión de las tierras rurales en manos de extranjeros siguiendo al derecho comparado y teniendo en cuenta los diversos proyectos sobre la materia presentados en el Honorable Congreso Nacional, y teniendo en cuenta legislaciones de países tales como Brasil, Estados Unidos, México y Canadá, entre otras.

Hoy asistimos, por el crecimiento sostenido de la población mundial, a la demanda de más alimentos. La oferta de tierra es cada vez más restringida. Queremos que la posesión y la propiedad queden en manos de los argentinos. De no alcanzar un acuerdo con este proyecto de ley, seríamos dirigentes que no defienden lo que es propio. Sería el colmo del colonialismo, un colonialismo intelectual que le haría muy mal al país. Defender la tierra de los argentinos nunca puede ser considerado inconstitucional.

Entre otros aspectos el proyecto de ley propone:
- Limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros a un 20 por ciento de los territorios nacional; este porcentaje se replica en las provincias y municipios.
- Del total de las tierras en manos de extranjeros, no podrá haber más de un 30 por ciento en manos de una misma nacionalidad.
- Limitar la posibilidad de compra a 1000 hectáreas a extranjeros por persona física o jurídica.
- No tienen prevista retroactividad, por lo que no vulnera derechos adquiridos con anterioridad.

Fuente: Diario La Nación (Campo)

Descubren más lazos entre Occidente y el antiguo régimen libio

La CIA y el MI6 colaboraron con Khadafy, igual que Berlín; Blair ayudó a un hijo del dictador
Los documentos hallados en Libia sobre los vínculos entre los gobiernos occidentales y el régimen de Muammar Khadafy salpican no sólo a la CIA y a los servicios secretos de Gran Bretaña, sino también al espionaje alemán, al propio ex premier británico Tony Blair y a China, según revelaron ayer varios diarios del mundo.

Los documentos fueron hallados por los investigadores de la ONG Human Rights Watch y por periodistas tanto en instalaciones de los servicios secretos de Khadafy como en la abandonada embajada británica en Trípoli, después de que los rebeldes tomaron la capital libia.

Según The New York Times, la CIA envió a varios sospechosos de terrorismo a Libia para ser interrogados, mientras que el MI6 (los servicios secretos británicos en el exterior) chequeó números de teléfono de disidentes libios a solicitud de Trípoli.

Las relaciones del clan Khadafy en Occidente habrían llegado también a las puertas de Downing Street. Según el dominical británico The Sunday Times, Blair ayudó en su doctorado a Saif al-Islam, uno de los hijos del dictador. Entre los documentos hallados en Trípoli, hay una carta de Blair a Saif que data de 2007 y en la que le muestra su disposición a ayudarlo a escribir su doctorado. Saif, que aspiraba a suceder a su padre en el poder, estudió en la prestigiosa London School of Economics. La misiva de Blair se dirige al "ingeniero Saif", al que le transmite algunas sugerencias para ayudarlo en sus estudios. El ex premier laborista lideró los esfuerzos internacionales desde 2004 para devolver a Khadafy a la escena internacional tras años de aislamiento.

El diario Daily Mail afirma también haber visto documentos que demostrarían que Libia sometió a Gran Bretaña a una enorme presión para lograr la liberación de Abdel Bassin al-Megrahi, el único condenado por los atentados de Lockerbie contra un avión de pasajeros norteamericano que dejó 270 muertos en 1988. Al-Megrahi fue indultado hace dos años por motivos de salud. Según los documentos hallados, el régimen libio amenazó a Londres "con terribles consecuencias" para las relaciones bilaterales si no se procedía a la extradición del terrorista.

Además, la prensa británica vinculó con el régimen del rais a los servicios de inteligencia británicos, que habrían acordado en 2003 el intercambio de información sobre medio centenar de libios residentes en Gran Bretaña y que, según Trípoli, suponían una amenaza para el régimen de Khadafy. Tras conocerse estas revelaciones, el canciller británico, William Hague, dijo ayer a la cadena Sky News: "No tengo conocimiento de lo que pasaba entonces [?] Además, nosotros [el gobierno británico] no hacemos comentarios sobre aspectos de inteligencia", subrayó Hague.

The New York Times también consignó ayer que empresas de armamento chinas, ligadas al Estado, habían negociado con Trípoli en julio pasado la venta de lanzamisiles, cohetes y municiones por 200 millones de dólares, en una abierta violación del embargo impuesto por la ONU. Los documentos fueron hallados por el periodista Graeme Smith, de The Globe and Mail, de Canadá.

Alemania es otra de las potencias que se vieron salpicadas por el escándalo de los papeles secretos de Trípoli. Según el Bild, Berlín recibió información del régimen libio relacionada con la estrategia antiterrorista. "Se trataba de informaciones vinculadas con la lucha antiterrorista que podían interesar a la seguridad de Alemania", declaró al diario Bernd Schmidbauer, responsable de la coordinación de los servicios secretos en la cancillería alemana entre 1991 y 1998. "Los servicios secretos libios tenían acceso a fuentes a las que los servicios alemanes no tenían; gracias a sus informaciones pudimos defendernos contra las amenazas terroristas", dijo Schmidbauer, aunque precisó que Alemania no cooperó estrechamente con el régimen libio. "Nunca cruzamos esa línea", agregó. El gobierno de Angela Merkel no quiso pronunciarse sobre esa cooperación con el régimen de Khadafy.

Sobre la relación de la CIA con Khadafy, un vocero de la agencia de inteligencia norteamericana no quiso confirmar los vínculos, pero precisó que no debe sorprender que los servicios secretos de Estados Unidos intenten cooperar con gobiernos extranjeros en su lucha contra el terrorismo internacional. Según The Wall Street Journal, los lazos con Libia crecieron durante el segundo mandato de George W. Bush (2005-2009), cuando varios sospechosos de terrorismo fueron enviados a Libia, donde se permitía la tortura durante los interrogatorios.

Fuentes: Agencias AFP, DPA y EFE

Estudian crear una fuerza para investigar secuestros

Por Daniel Gallo - LA NACION

La ministra Garré propone un mando unificado para combatir en todo el país los delitos complejos
Los cuestionamientos a la investigación del secuestro de Candela Rodríguez, que estuvo más de una semana raptada sin que 2000 policías bonaerenses abocados a su búsqueda tuvieran una pista firme sobre su paradero, aceleró en el gobierno nacional la elaboración de un plan para crear un organismo federal que investigue delitos complejos.

Según pudo saber La Nacion, la ministra de Seguridad, Nilda Garré , tiene desde hace días sobre su escritorio una propuesta de reingeniería de las fuerzas federales que apunta a crear un cuerpo de investigadores al estilo del FBI norteamericano, que se ocupe de delitos como los secuestros extorsivos , el narcotráfico y la trata de personas. Este cuerpo federal, analizan en el Ministerio de Seguridad, unificará bajo un comando central las direcciones de investigaciones complejas de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura Naval.

La idea de crear un cuerpo especial de investigaciones ya había sido analizada durante los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner, cuando el entonces ministro Gustavo Béliz elaboró una propuesta que, finalmente, no prosperó al dejar el funcionario su cargo. Ahora, los asesores de la ministra Garré creen que se trata de la que sería una de las herramientas más eficaces contra el crimen organizado. "Es necesaria una reforma en el sistema de investigación de delitos complejos, un área en la que hoy cuesta incluso cruzar datos básicos entre diferentes sectores", comentó un funcionario que está al tanto de la situación de seguridad nacional.

Aquellos que conocen internamente de las investigaciones federales afirman que la falla central está en las formas de obtención de datos y análisis. Reconocen que en la mayoría de los casos se depende de una red de contactos, de delatores, "buchones". Esa manera artesanal de investigar provoca dos problemas que son analizados en el Ministerio de Seguridad. Por un lado, forma una dependencia de las voces del hampa que no sirven en todos los casos, y, por otra parte, conforma una serie de irregulares lealtades entre policías y delincuentes, que, en muchas ocasiones, deriva en el armado de bandas mixtas.

La propuesta escuchada por Garré implica no sólo una variante en la dependencia orgánica de los recursos humanos, que pasarían a depender de un control unificado con mando a cargo de funcionarios, sino también una preparación diferente, más cercana a la especialización que reciben las tropas especiales (los grupos de asalto, como el GEOF de la Policía Federal) que la formación corriente en investigaciones.

Y un punto que resultaría un golpe de impulso para incentivar a los investigadores: el pago de un salario superior del abonado a sus colegas de otras áreas. Más allá de tomar como punto de partida al personal que está formado en tareas de represión al delito complejo, una futura agencia federal de investigaciones apostaría a consolidar una separación de tareas entre aquellos que opten por prepararse como "sabuesos" y quienes prefieran dedicarse a la seguridad de proximidad, a la contención de ciudadanos contra el delito callejero.

Una separación de funciones de esas características ya se realizó en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), creada durante el gobierno de Néstor Kirchner. En esa fuerza se dividió la tarea de prevención del delito en sectores de inteligencia criminal y trabajo policial cotidiano. Con la idea de adiestrar al personal en una capacitación por competencias, la elección de un área específica de labores implica que el agente sostendrá toda su carrera dentro de ese rubro: el agente que es investigador no pasará a estar parado en puestos fijos de guardia y quien ocupe ese lugar no será transferido luego a investigaciones.

A diferencia del frustrado proyecto de Beliz durante el mandato de Néstor Kirchner, en esta ocasión las propuestas impulsadas por el ministerio de Garré cuentan con un respaldo en la Casa Rosada, lo que ya permitió radicales modificaciones en el área, como el ingreso de la Gendarmería y de la Prefectura en la ciudad de Buenos Aires.

Cuatro puntos básicos componen la estrategia de seguridad contra el delito complejo en la región metropolitana:
- la creación de la agencia federal de investigaciones;
- la introducción de 6000 efectivos de la Gendarmería en el conurbano;
- el reemplazo de la Policía Federal en las comisarías de la zona sur de la ciudad por personal de la Gendarmería y de la Prefectura,
- y el trabajo policial en forma de "pacificadores" dentro de las villas, como sucede en las favelas de Río de Janeiro.

En el Ministerio de Seguridad se afirma que esa presencia de diferentes uniformes en los barrios de la zona sur de la ciudad tiene que ver con el intento de desarticular núcleos duros de narcotraficantes. Esas bandas ya habían instalado un jardín de infantes y un par de comedores comunitarios en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. El inicio de un trabajo social a partir de la droga fue lo que disparó la alerta en el gobierno nacional y decidió una reforma de la seguridad porteña.

A fin de año, también se desplegará en los asentamientos de la zona sur de la ciudad un grupo de policías que trabajarán exclusivamente dentro de las villas, con una formación profesional diferente destinada a acercar al Estado a los habitantes de esos territorios.

Dentro de esas modificaciones de fondo en el trabajo policial, la creación del cuerpo especial de investigación es una de las propuestas que tiene más fuerza en los principales niveles de decisión del Ministerio de Seguridad. Al igual que el FBI norteamericano, actuaría por pedido de jueces federales y también al ser requeridos por gobernadores.

El caso de Candela Rodríguez expuso finalmente las fallas del sistema de seguridad. Miles de policías no pudieron encontrar con vida a la niña, sin importar los posibles vínculos de su familia con el delito. Por eso se apuntará ahora a profesionalizar las investigaciones.

LOS PLANES DE GARRÉ

Operativo Centinela - Gendarmería, en Bs. As.
Una de las primeras medidas dispuestas por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue el envío de 6000 gendarmes al conurbano bonaerense; se ideó ese plan para reforzar la seguridad callejera con operativos de saturación.

En villas de la ciudad - "Pacificadores"
El Ministerio de Seguridad prepara en estos días un cuerpo especial de policías federales que trabajarán dentro de los asentamientos marginales; será un cuerpo de "pacificadores", formados a semejanza de sus pares de Río de Janeiro.

Cinturón Sur - Cambios en zonas calientes
En julio último, se decidió reemplazar a los policías de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires por 2500 gendarmes y prefectos. Se puso el foco, en especial, en las villas 1-11- 14 y Zabaleta, por ser consideradas almacenes de drogas.

Nueva iniciativa - El FBI criollo
En el Ministerio de Seguridad se tiene un diagnóstico sobre las fallas en las investigaciones policiales que derivaron en una propuesta estudiada por Garré para formar una agencia federal de investigaciones de delitos complejos.

Biocombustible argentino permitirá fuertes disminuciones de dióxido de carbono a escala global

La Argentina es el segundo exportador mundial de biocombustibles, mientras que las energías renovables constituyen la industria con mayor crecimiento del mundo, con una tasa media del 64 por ciento para los últimos cinco años e inversiones estimadas para 2020, en 500 millones de dólares.

Para la región latinoamericana, el ritmo de crecimiento es abrumador: 145 por ciento anual en el mismo período, casi el triple. En ese escenario, la Argentina tiene una gran oportunidad, ya que posee las condiciones para producir y exportar la biomasa que demandará el mundo.

Para un aprovechamiento total de la biomasa con fines energéticos, el INTA propone un abordaje integral a partir de una visión compartida sobre metas sostenibles de producción y exportación para el sector agropecuario y agroindustrial. En los últimos años, los biocombustibles líquidos adquirieron una importancia creciente a escala global, con una particular participación en el sector del transporte.

La estimación actual de la contribución mundial es del 2 por ciento del consumo, con 10 por ciento de biodiesel y 90 por ciento de etanol. Esta difusión responde a factores económicos, ambientales y políticos, dado que su uso reduce los niveles de contaminación. En esta línea, el biodiesel de soja representa un ahorro de hasta el 82 por ciento de gases de efecto invernadero. Además, entre los beneficios obtenidos, se destaca que el uso de aceites vegetales para la elaboración de combustibles no altera el equilibrio de dióxido de carbono y no posee presencia de azufre.

Para el INTA, la generación y el uso del biodiesel argentino a escala mundial permitirán un ahorro anual en emisiones que oscilarían entre 3,8 y 4,1 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. "En términos del mercado de desarrollo limpio, si estimamos un valor actualizado de 17,03 dólares la tonelada, el ahorro equivaldría a entre 65 y 71 millones de dólares", se dijo.

La producción de biocombustibles en la Argentina está centrada en el bioetanol a partir de caña de azúcar y el biodiesel basado en el empleo de uno de los subproductos principales de la industrialización del grano de soja como son los aceites. "Para fines de 2011 se prevé una producción de 3.200.000 toneladas de biocombustible que dejará como saldo exportable unas 2 millones de toneladas. Lo restante será insumo para el mercado interno", señaló Jorge Hilbert, coordinador del Programa Nacional de Bioenergías del INTA.

Según la Secretaría de Energía de la Nación, el precio promedio de la tonelada de biocombustible para exportación ronda los 1.100 dólares. Hacia fines de 2011, este número arrojaría, según las estimaciones del INTA, de dos millones de toneladas exportables, un saldo de 2.200 millones de dólares.

Fuente: http://www.agromeat.com/12825/biocombustible-argentino-permitira-fuertes-disminuciones-de-dioxido-de-carbono-a-escala-global

Alianza en bioetanol

La empresa cordobesa Porta Hermanos y la sueca Alfa Laval cerraron una alianza estratégica para la construcción de plantas de bioetanol.
El convenio incluye la creación de una nueva sociedad que se encargará de la provisión "llave en mano" de establecimientos de gran tamaño elaboradores del combustible renovable. El bioetanol es un alcohol etílico de origen vegetal, que se obtiene por la fermentación de materias primas azucaradas, como puede ser el maíz o la caña de azúcar.

Fuente: La Nación

El Estado desplaza a la industria como mayor creador de empleos

Por Silvia Stang - LA NACION (Modificado)

La administración pública generó casi un cuarto de los puestos de trabajo en los últimos cinco años
Uno de cada cuatro empleos en blanco creados en los últimos cinco años corresponde a la administración pública. Así, el ámbito estatal ganó participación en el universo de las ocupaciones asalariadas en blanco; en contrapartida, se achicó la porción representativa de los puestos laborales de la industria. Mientras que en 2006 el empleo estatal representaba el 17,3% del total, este año el índice se ubica en el 18,6 por ciento. En la industria, la participación se redujo en el período del 17,5 al 15,8 por ciento.

La gestión pública fue el sector más dinámico a la hora de generar puestos de trabajo no sólo si la medición se hace según la contribución sobre el total de empleos creados, sino también si se observa la tasa de variación anual promedio de las dotaciones. Un informe del instituto Ieral, de Fundación Mediterránea, muestra que el empleo estatal avanzó a un ritmo del 6,2% como promedio anual entre el primer trimestre de 2006 e igual período de este año, y compartió así el primer lugar del ranking con los hoteles y restaurantes.

El índice más reducido se dio en las actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca), en las que cada año se generaron, en promedio, 2,4 empleos por cada 100 que ya existían. No se ubicó muy lejos la industria, donde se contrató nuevos empleados a un ritmo del 2,7% anual, según consigna el informe del Ieral, basado en datos del Ministerio de Economía, que, a su vez, los toma de las declaraciones que hacen los empleadores para pagar los aportes al sistema jubilatorio.

Según el análisis de los economistas del Ieral, el hecho de que los sectores transables como el agro y la industria hayan quedado en los lugares más bajos del ranking de la dinámica de creación de puestos tiene que ver con "la evolución que tuvieron los niveles de competitividad local en el mismo período". Es decir, se vincula con una caída de esa variable durante los últimos años, un tema sobre el que advierten desde hace un tiempo varios economistas, cuando ponen la mira en la baja tasa de inversión.

En cuanto a la contribución de cada actividad a la generación de puestos, los datos indican que el sector público concentró el 23,6% de los nuevos puestos, mientras que le siguieron el comercio (18,5%), las empresas de servicios a empresas e inmobiliarios (14,3%) y los servicios privados en general (12,3%). La industria, uno de los grandes sectores empleadores, aportó 9,6 puestos nuevos de cada 100 creados. Así, su dinámica resultó apenas algo mayor a un tercio de la que mostró el Estado.

Como los datos están tomados de las declaraciones juradas al sistema nacional de jubilaciones, el empleo público incluye la administración central y las jurisdicciones que tienen sus cajas previsionales transferidas a la Anses, como la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y La Rioja, por citar algunos casos. Provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en cambio, mantienen sus regímenes propios.

El trabajo del Ieral muestra, en rigor, que el comportamiento del empleo en los diferentes sectores no se dio de igual manera a lo largo de todo el período analizado. Por el contrario, el análisis indica que desde el primer trimestre de 2004 hasta los primeros meses de 2008, la industria, el comercio y el sector público (que en conjunto concentran a aproximadamente la mitad de los asalariados registrados) veían crecer el tamaño de sus dotaciones a un ritmo bastante parejo.

Pero a partir del período siguiente, las repercusiones de la crisis internacional impidieron la continuidad del crecimiento del empleo en las fábricas y en los comercios (la actividad privada tuvo, de hecho, una caída en los niveles de ocupación). Fue entonces cuando las trayectorias se separaron, porque en el Estado la curva del empleo siguió su camino ascendente. "Si bien se asemeja a una política anticíclica [el comportamiento estatal], si ese fue el objetivo parece problemático, dado que no se trata de un gasto público que pudiera luego amortiguarse en períodos de expansión", advierte el informe.

De todas formas, las empresas privadas retomaron luego las contrataciones de empleados (tendencia que volvió a revertirse a fines de 2009), pero en la industria esto ocurrió a un ritmo menor que el mostrado en los años previos.

En total, entre 2006 y este año se declararon 1,54 millones más de personas asalariadas, número que representa una variación positiva del 25,8% de punta a punta, con un crecimiento anual promedio del 4,7 por ciento (por debajo de la tasa del empleo público). La actividad económica, en ese período, se expandió un 39 por ciento...

Un programa con dudas y sospechas

Por Martín Dinatale - LA NACION
La noche del 28 de junio de 2009, cuando las elecciones legislativas le habían jugado en contra, en el piso 19 del hotel Intercontinental Néstor Kirchner golpeó el puño contra una pared y dijo: "Nos faltó más clientelismo". La anécdota fue contada por unos pocos funcionarios presentes y luego desmentida desde la cúspide del poder. Real o no, lo cierto es que, dos meses después, la presidenta Cristina Kirchner creaba por decreto el plan Argentina Trabaja.
Este programa social hoy cuenta con 154.000 beneficiarios que cobran 1200 pesos mensuales y comprende todos los vicios de la política clientelar destinada a cosechar votos: el manejo discrecional de fondos, el reparto desigual, la falta de transparencia en el control y la multiplicación de denuncias por irregularidades.

En una audiencia pública realizada con legisladores y ONG en el Congreso el 23 de marzo de 2010, se analizó en profundidad este plan sustentado en cooperativas. El Gobierno no explicó hasta ahora por qué los fondos de ese programa se concentran en el conurbano bonaerense.

A lo largo de esa audiencia pública, se destacaron tres aspectos bien identificados de este programa:
- Discriminación: "Los municipios opositores no sólo no fuimos invitados a participar del plan, sino que nos denegaron expresamente los pedidos de ingreso", sostuvo allí el intendente de Necochea, Daniel Molina (UCR).
- Adoctrinamiento: "En las capacitaciones se pasan videos de actos kirchneristas", sostuvo Guillermo Kane, del Polo Obrero.
- Caja: "Además de anotar a sus empleados, los intendentes se quedan con recursos ya presupuestados para tareas que ahora les encargan a las cooperativas", dijo Gustavo Ferragut, concejal de La Matanza.

En la audiencia, hubo muchos otros testimonios de la oposición, de referentes de ONG y de la Auditoría General de la Nación que denunciaron manejos oscuros del plan. De hecho, el control del programa que maneja Alicia Kirchner, cuñada de la Presidenta y ministra de Desarrollo Social, carece de control transparente por parte de la Sigen, ya que no se difunden las auditorías que se le hacen al plan.

Un informe que la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA presentó recientemente sostiene que las actuales cooperativas del plan Argentina Trabaja "encubren el asistencialismo y no crean empleos genuinos". El estudio compara este programa con planes sociales que tuvieron un papel protagónico en el pasado como el Plan Trabajar del menemismo o el Plan Jefes y Jefas de Hogar, instaurado por Eduardo Duhalde en 2002. "La principal diferencia está en que el plan Argentina Trabaja encubre el asistencialismo detrás de la figura de una cooperativa", señala el informe.

El 67% de los beneficiarios de este plan están concentrados en la provincia de Buenos Aires y, en mayor medida, en el conurbano. Desde Poder Ciudadano se elevaron al Gobierno infinidad de denuncias por el manejo discrecional de estos fondos, pero el Ministerio de Desarrollo Social sólo reconoció que hay 1500 denuncias registradas hasta julio de este año.

Tras la derrota electoral de 2009, la distribución concentrada de este programa en el conurbano bonaerense perseguía cierta lógica política. Se buscó reforzar el distrito electoral más grande del país donde el kirchnerismo perdió contra Francisco de Narváez. El informe de la Fundación Siena menciona una importante subejecución de fondos del plan Argentina Trabaja y alienta sospechas y dudas respecto de aquella lógica clientelar. Si fuera tan necesario girar fondos para crecer en votos en los comicios de octubre, ¿por qué no se gastó hasta ahora lo que corresponde al plan Argentina Trabaja? ¿Por qué desoír el mandato que quiso imponer Kirchner en 2009?

"No hacen falta planes porque el modelo de crecimiento funciona muy bien y los votos están", explicó un destacado funcionario de la Casa Rosada. Si así fuera, ¿por qué no transparentar, entonces, el plan Argentina Trabaja o girar partidas para agrupaciones que están fuera del reparto? No todo es lo que parece en el mundo K. Hay quienes sospechan que el desembolso de fondos que resta llegará en los días que faltan de campaña electoral, al calor de las necesidades ajenas y de la búsqueda de votos oficialistas...

Frenan fondos del plan de cooperativas

Por Mauricio Caminos - LA NACION
En lo que va del año sólo se ejecutó el 22,9% y no se amplió el listado de beneficiarios; denuncias por irregularidades en la distribución

Foto: Beneficiarios del plan Argentina Trabaja, el viernes último, en una plaza de San Justo, La Matanza. (Foto: Archivo / Miguel Acevedo Riu)
El Plan Argentina Trabaja , aquel programa social que la Casa Rosada lanzó luego de la derrota electoral de 2009 y que este año tenía la promesa de llegar a unos 250.000 beneficiarios en todo el país, comienza a mostrar signos de parálisis y cada vez carga con más denuncias de irregularidades sobre el manejo discrecional de los fondos o la incorporación de nuevos trabajadores.
Además, según datos oficiales del Ministerio de Economía, en el primer semestre de este año sólo se ejecutó el 22,9 por ciento de los fondos acreditados, cuando lo normal hubiera sido una inversión de aproximadamente la mitad de los 3.683.362 pesos que se iban a usar en todo 2011. Según datos oficiales, este programa cuenta hoy con 154.600 beneficiarios. Es decir, una cifra lejana a los objetivos originalmente impuestos.

Pese a que los trabajadores cobran regularmente 1200 pesos por mes por las actividades que realizan, las distintas organizaciones sociales que digitan las cooperativas reclaman el aumento de un monto que nunca se actualizó, a pesar de la inflación. La situación fue admitida por funcionarios nacionales y bonaerenses consultados por LA NACION, aunque negaron que existan irregularidades en la ejecución del plan.

Según una auditoría realizada por la Fundación Siena con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, sobre la base de información oficial publicada por la cartera de Economía, el Plan Argentina Trabaja tuvo durante el primer semestre una ejecución del 22,9% del total del crédito vigente para todo 2011. Para las 10 provincias donde está el programa Argentina Trabaja, durante enero y julio se invirtieron 843.369 pesos de los 3.683.362 pesos que tiene a disposición, detalla el trabajo dirigido por los investigadores Gisell Cogliandro y Ariel Melamud.

La primera consecuencia de esta subejecución es la parálisis de las obras, lo que a su vez se trasladó en la escasez de altas de nuevos trabajadores.
Las organizaciones sociales están en pie de guerra. Para el próximo miércoles, a las 11, se espera un corte en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para exigir el aumento en los beneficiados del plan y del salario que se cobra mensualmente. Ya había sucedido el 25 de agosto pasado, cuando militantes de Quebracho y la CTD-Aníbal Verón, entre otras organizaciones, cortaron nueve puntos del país. "Nosotros llamamos a este programa el Plan Votar, porque les dan lugar a las organizaciones cooptadas por el Gobierno para que vayan a aplaudir en los actos y a votar por ellos", expresó uno de los referentes del grupo MTR-CUBA, Oscar Kuperman, que esta semana encabezará la protesta en el microcentro. "Hace dos años presentamos 886 compañeros para ingresar a trabajar y sólo nos dieron 140 lugares. Desde el ministerio dicen que no hay posibilidad de extenderlo más", agregó.

Los grupos piqueteros admitieron que los sueldos se cobran con regularidad, pero se quejaron de que el monto nunca se actualizó. "Quedó muy desfasado el salario; 1200 pesos con la inflación que hay no alcanzan para nada", sostuvo Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, que también sumó críticas: "Queremos que el plan se extienda y que no sea tan acotado". También se apunta a la falta de materiales para realizar los trabajos que se asignan en el programa. "No nos dan ropa ni nada. En La Matanza, por ejemplo, tuvimos que comprar pintura para escuelas y jardines, cuando debería haber un fondo del ministerio para eso", contó el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete. Otras quejas similares mencionan la falta de herramientas para trabajar en las obras de las cooperativas.

No sólo las organizaciones antikirchneristas desnudaron algunas deficiencias del Plan Argentina Trabaja, sino que también lo hicieron grupos oficialistas -que aceptan tener en su órbita unos 30.000 planes en el conurbano bonaerense- como el movimiento Evita, de Emilio Pérsico, y el Frente Transversal, de Edgardo Depetri. "Creemos que tiene que haber un pago por productividad y no un salario encubierto [fijo de $ 1200]", afirmó un importante allegado a Pérsico a LA NACION, y agregó: "Para eso estamos haciendo una federación de cooperativas, para tener más independencia".

A su vez, Depetri, sostuvo que "no es fácil encontrar actividad para todos los anotados, aunque siguen cobrando lo mismo", y admitió: "Nunca se aumentaron los 1200 pesos, debería adaptarse un poco al sueldo básico", a las actualizaciones salariales que se realizaron en los trabajos formales de la actividad privada.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que dirige la cuñada de la Presidenta, Alicia Kirchner, el responsable de la unidad ejecutora de Ingreso Social con Trabajo, Aldo Marconetto, informó a LA NACION que en todo el país hay aproximadamente unos 154.600 beneficiarios, y reconoció que este año no hubo nuevos. "En estos días estamos haciendo reempadronamiento de beneficiarios y evaluando próximas medidas", dijo Marconetto, aunque no dio más precisiones, pese a que a principios de año se había prometido llegar a unas 250.000 personas.

A su vez, el secretario de Participación Ciudadana de Buenos Aires, Eduardo Ancona, que coordina el plan a nivel provincial, especificó que bajo su administración hay 32.000 beneficiarios. "Acá no se amplió, pero eso depende de Nación, al igual que el aumento de sueldos y el envío de fondos para materiales. Nosotros no tenemos ningún problema", subrayó...

Bolivia envía menos gas a la Argentina

Por Oliver Galak - LA NACION
A pesar de los anuncios oficiales, el ingreso del fluido desde ese país registró en el último mes uno de los niveles más bajos del año

Foto: Daniel Montamat, ex secretario de energía.
Pese a las promesas oficiales y las grandilocuentes expresiones sobre la integración energética con Bolivia, lo cierto es que ese país envía cada vez menos gas a la Argentina.

Las cifras de agosto son contundentes: en medio de un duro invierno y con el promocionado gasoducto internacional Juana Azurduy (GIJA) funcionando por primera vez a pleno durante un mes completo, las importaciones de gas boliviano registraron uno de los volúmenes más bajos del año, aunque el precio que pagó el Gobierno creció significativamente. Esa merma en el volumen de gas que envió Bolivia no fue reemplazada por producción local, sino por importaciones de gas natural licuado (GNL) aun más caro que el fluido que llega del Altiplano.

Según cifras de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las exportaciones de gas a la Argentina en agosto fueron de 7,16 millones de metros cúbicos diarios (mcd). Esa cifra es inferior a la registrada en los meses de febrero, marzo, mayo y julio, y prácticamente igual que el promedio de junio.

Pero además de la mayor demanda que había en agosto -cuando unas 300 industrias sufrieron varios días de cortes de gas- respecto de los meses previos, otro hecho justificaba la expectativa de un crecimiento en la disponibilidad de hidrocarburos bolivianos: el 30 de junio pasado, en un acto que se transmitió por cadena nacional y contó con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, la presidenta Cristina Kirchner inauguró el GIJA y prometió que desde ese mismo día llegarían por el nuevo ducto "7 millones y medio de metros cúbicos por día de gas". Al día siguiente, por ese caño pasó algo menos de un millón de mcd.

Durante los primeros días todavía se siguió usando en forma parcial el viejo gasoducto, hasta que desde el 12 de julio el GIJA comenzó a operar en forma plena. Julio terminó con un promedio de 7,62 millones de mcd de gas exportado a la Argentina. Todavía estaba por debajo del récord de febrero, pero al menos durante cuatro días seguidos los envíos superaron los 10 millones de mcd. Durante agosto, en cambio, sólo un día se superaron los 10 millones y el promedio quedó bien abajo (6% menos que en julio, mientras que a Brasil los envíos de Bolivia crecieron uno por ciento).

La inauguración del GIJA, para el cual se invirtieron 173 millones de pesos, debía servir en teoría para incrementar el volumen de importación de gas de Bolivia, además de otorgar mayor seguridad y flexibilidad, por tratarse de una construcción más moderna que el viejo caño Pocitos-Campo Durán. Según el acuerdo entre YPFB y la estatal argentina Enarsa, Bolivia debía mandar durante este invierno un promedio de entre 7,7 y 11,3 millones de mcd de gas. El mínimo saltará el año próximo a 11,6 millones y en 2013, a 13,5 millones, hasta llegar a los 27,7 millones en 2021. Para llegar a esos volúmenes era necesario construir el GIJA, aunque hasta ahora el proceso fue el inverso.

El ex secretario de Energía Daniel Montamat consideró que para cumplir con ese acuerdo Bolivia debería desarrollar nuevos yacimientos. "Bolivia tiene potencial, pero por los cambios en las reglas de juego la inversión privada se redujo al mínimo y la inversión de la empresa pública boliviana tiene problemas de cantidad y eficiencia", sostuvo.

Como consecuencia de esta situación, el peso de Bolivia en las importaciones de gas que realiza la Argentina cayó hasta el 24%, un piso que no se había tocado antes. En agosto, la Argentina importó 916,3 millones de metros cúbicos, de los cuales sólo 221,7 millones los aportó YPFB y el resto llegaron mediante las operaciones de regasificación de GNL. Con un detalle para tener en cuenta: mientras la Argentina paga desde julio 10,20 dólares el millón de BTU (un 34% más que a comienzos de año y un 300% más que a los productores locales de gas), importar GNL cuesta aún más caro, entre 12 y 15 dólares el millón de BTU.

Tanto en junio como en julio, por ejemplo, el gas boliviano representaba aún el 29% de las importaciones argentinas. En 2010, era el 56% del total. Así, mientras en agosto el volumen de gas que ingresó en el sistema nacional a través de las terminales de Bahía Blanca y Escobar creció 18% respecto de julio, los envíos bolivianos cayeron 6 por ciento.

El año pasado, el Estado argentino pagó unos 400 millones de dólares por el gas boliviano y otro tanto por las operaciones de GNL. Esa cifra equivale a lo que se desembolsó sólo en el primer semestre por el fluido que envía YPFB. Pero la mayor dependencia del GNL (más caro) y la suba de precios en el gas boliviano hacen cada vez más creíbles los pronósticos que vaticinan que la Argentina cerrará el año 2011 con un déficit en su balanza energética que podría ubicarse entre los 3000 y los 5000 millones de dólares.

DIXIT
"Bolivia tiene potencial, pero por los cambios en las reglas de juego la inversión privada se redujo al mínimo y la pública tiene problemas de eficiencia"
Daniel Montamat - Ex secretario de energía .

Subfusil TDI Kriss Super V (USA)

Colaboración de nuestro amigo Jorge Lucio:
El subfusil Kriss Super V fue desarrollado por Transformational Defense Industries (TDI). Su nombre proviene una espada o un cuchillo grande de Indonesia.

Se trata de un arma operada por retroceso tardío, que dispara fuego selectivo, con el obturador cerrado. La Kriss Super V es calibrada para la munición 0,45 ACP. También está disponible en .40 S & W. La Kriss Super V utiliza un sistema de operaciones patentado que reduce la subida de retroceso y el hociqueo. Se absorbe y vuelve a dirigir a la baja fuerza de retroceso, lo que mejora el control de armas en general.

Este subfusil Kriss Super V™ es operado por retroceso de gases retrasados, y es de de disparo selectivo. Dispara con cerrojo cerrado para realzar la exactitud del primer tiro. Sitúan al grupo de control de fuego sobre el cañón del arma de fuego. El cerrojo muy liviano se conecta con el peso verticalmente resbaladizo, que está situado dentro de una cubierta del polímero delante del pistolete del arma. Un almacenador intermedio hidráulico adicional probado de Enidine de las configuraciones el conjunto es empleado para disminuir más la cadencia de fuego a unos 200 tiros por minuto y bajar el peso de las piezas móviles. Al doblar y armar el percutor el mango se localiza en el izquierdo de la pistola, y no se mueve cuando se dispara el arma. Los controles de fuego incluyen el interruptor de selector ambidextro del modo de fuego, establecido sobre el centro de la cubierta superior del mecanismo del receptor/ gatillo, que ofrece el fuego automático completo, ráfaga de 2 disparos y fuego semiautomático, y un interruptor de seguro manual ambidextro separado, que se establece convenientemente apenas sobre el pistolete.

La alimentación es a partir de alimentadores de 13 rondas Glock Modelo 21, cargadores de 28 rondas está actualmente en desarrollo. El alimentador se inserta en una cubierta, situada delante del pistolete. El subfusil ametrallador Kriss Super V™ se ajusta con barandas Picatinny, uno sobre el receptor y otro dos abajo del cañón del arma y dos barandas adicionales se pueden instalar de cualquier lado del receptor más inferior, ofreciendo el espacio amplio del montaje para todos los accesorios necesarios, tales como módulos de puntería láser o linternas tácticas. La baranda superior puede aceptar una variedad de dispositivos de la vista, tales como miras abiertas o de punto rojo; una baranda más inferior se ajusta generalmente con el pistolete vertical. Una culata de polímero que se pliega se ofrece para un disparo más exacto.

Según el fabricante, Transformational Defense Industries, Inc. (TDI), un subsidiario americano de propiedad absoluta de la Gamma Industries (Suiza), el sistema de Super V™ también se puede utilizar para los subfusiles ametralladores en otros calibres (es decir 9mm Luger y .40SW). TDI está desarrollando las carabinas semiautomáticas con cañones de de arma de fuego de 16" (405 milímetros).

TDI ha fabricado cuatro prototipos de los subfusiles ametralladores de Kriss Super V™, que exhibieron resultados muy prometedores durante pruebas. Los desarrolladores afirman que este subfusil genera un 60% menos de retroceso y disminuye en un 95% menos el hociqueo respecto a los diseños contemporáneos . La Kriss puede disparar aisladamente con una precisión adecuada. Este SMG tiene un alcance efectivo de unos 100 metros. El arma puede ser fácilmente desarmada sobre el terreno sólo con la remoción de dos botones.

Un selector de modo de fuego ambidiestro tiene una configuración semiautomática, ráfagas de dos disparos y fuego automático. Un interruptor de seguridad ambidiestro se encuentra por encima de la empuñadura de pistola. La maneta de apertura se encuentra en el lado izquierdo del receptor. Se dobla, cuando no esté en uso y no se mueve cuando el arma es disparada. El casquillo gastado es expelido por ventana de expulsión que está situado en el lado derecho.

Especificaciones:
Calibre .45 ACP
Peso (vacío) ~ 2 kg
Longitud 635 mm
Longitud (con culata plegada) 406 mm
Longitud del cañón 140 mm
Cadencia de fuego 800 a 1100 dpm
Velocidad de disparo desde 30 hasta 80 dpm
Capacidad del cargador 13 y 30 proyectiles
Alcance efectivo 100 m

Fuente: http://fdra.superforos.com/viewtopic.php?p=13966#13966

Madres: la obra más grande pasa a una empresa cercana al Gobierno

Por Nicolás Pizzi - Diario Clarín

La constructora Sentra S.A. es una de las más beneficiadas con la obra pública.
La obra más importante del proyecto Sueños Compartidos quedará en manos de la empresa Sentra SA, una de las constructoras preferidas del Gobierno, sin licitación previa. Aún no se firmó el contrato, pero ya circula un borrador entre las partes que dejó conforme al Gobierno porteño, según pudo saber Clarín . El traspaso de las obras de las Madres de Plaza de Mayo a los estados provinciales y municipales está en manos del secretario de Obras Públicas, José López. Muchas de ellas terminarán también en manos privadas.

En el barrio de Castañares está previsto que se construyan 780 viviendas, divididas en 13 consorcios de 60 departamentos. La obra arrancó en julio de 2008 y empleaba a unos 700 obreros hasta que estalló el escándalo y se fueron de la Fundación los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. A partir de ese momento, los obreros cortaron varias veces sobre la General Paz en reclamo de sueldos y aguinaldos impagos. Algunos de ellos serán recontratados. “Al resto los va a reubicar la Nación con cooperativas o bolsas de trabajo”, aseguró un miembro de la mesa de negociaciones.

En la Ciudad están atentos al contrato que deberán firmar con la Fundación y la empresa: no quieren heredar juicios de contratistas ni reclamos de los ex empleados.

Sentra SA, presidida desde 2004 por Carlos María Jaunarena, maneja obras importantes en todo el país pero concentra su energía en la provincia de Buenos Aires. Actualmente está presente en Avellaneda, Campana, Moreno y Junín. En esa última ciudad construye 191 viviendas desde 2006. La obra, en el barrio Capilla de Loreto, tuvo varias postergaciones por redeterminación de precios. Ahora, dicen que está a punto de terminar. “En los próximos dos meses van a entregar las últimas 23 casas”, dijeron fuentes del Municipio que gobierna el radical Mario Meoni. Son viviendas de 54 m2 que costaron alrededor de 80 mil pesos.

“Sentra es uno de los grandes “jugadores” en materia de obra pública en la Nación, habiendo sido beneficiada en varias licitaciones del Plan Federal de Vivienda en la Provincia, tanto en el Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios como en el Plurianual o Plan Federal de Viviendas II”, confirmó a Clarín la legisladora bonaerense de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin, una de las dos diputadas que hizo la primera denuncia contra Sergio Schoklender.
En muchas de esas licitaciones aparece asociada a otras dos empresas: Rowin SA y Kiwest SA. En la Ciudad, tiene algunas obras menores en los barrios de Nuñez y Caballito. “Son arreglos en terrenos recuperados cerca de las vías del tren”, confirmaron desde la Ciudad.

La empresa también hizo trabajos con el Instituto de la Vivienda (IVC), el organismo local a cargo de Castañares. Sin embargo, se hicieron consultas con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). “Ellos tienen obras en la Provincia con la empresa Sentra”, explicaron en el Gobierno porteño. Otro motivo es que al barrio Castañares, en Villa Lugano, irán a vivir personas que viven en asentamientos a orillas del Riachuelo, dentro del plan de relocalización que comanda el juez federal Luis Armella.

La obra de Castañares arrancó en julio de 2008 y ya está terminada en un 67%. Falta un sólo módulo, el resto son terminaciones. Por eso, la obligación de seguir utilizando los paneles que fabrican las Madres de Plaza de Mayo no sería un impedimento para llegar a un acuerdo. Según pudo confirmar Clarín , el Movimiento Evita se sumará al proyecto pero únicamente con tareas de “contención política y social sobre los trabajadores y su entorno social”.

En la obra de Los Piletones, la segunda en importancia dentro de la Ciudad, donde está previsto construir 432 viviendas, el esquema de traspaso sería similar. “La obra no está parada y por ahora sigue igual. La Fundación anticipó una propuesta de continuar las obras por si o por un tercero. Estamos analizando los detalles”, dijeron ayer en la Corporación del Sur.

En tres años, el Gobierno ya puso US$ 1.900 millones en Aerolíneas

Es desde que se sancionó la ley de rescate de la empresa, el 3 de septiembre de 2008. Fueron US$ 1,7 millón por día para solventar el déficit. El presidente de la línea aérea asegura que las cuentas estarán equilibradas el año próximo.

Hoy se cumplen tres años de que fuera aprobada la ley 26.412, que decretó el rescate de Aerolíneas Argentinas. Fue la norma que habilitó al Gobierno a hacer aportes de dinero en la compañía, en ese entonces aún privada. Desde ese momento, el fisco desembolsó US$ 1.900 millones para enjugar los déficits y algunas inversiones de la línea aérea. Son US$ 1,7 millón diarios.

La ley sancionada el 3 de setiembre de 2008 estableció que “el Poder Ejecutivo nacional podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas hasta el 31 de diciembre de 2008”.

Antes de que venciera ese plazo, el 17 de diciembre, el Congreso sancionó una segunda ley, esta ordenando la expropiación de la línea aérea. Ese trámite aún no se terminó de concretar, pero el Estado quedó habilitado a seguir aportando dinero para la empresa. Y lo hizo con fluidez . En el segundo semestre de 2008, el Gobierno desembolsó US$ 332 millones, según relevó ASAP, una asociación que sigue la evolución del gasto público. En 2009, los desembolsos fueron de US$ 612 millones. Y en 2010, US$ 575 millones.

“La mayor parte fueron para cubrir el déficit operativo de la empresa -analizan técnicos del sector-. Es que si bien Aerolíneas anunció la compra de 20 aviones de Embraer y la incorporación de 14 de Boeing, en la primera operación sólo pagó el 15% y el resto lo financió, y en la segunda compró 2 aviones y alquiló el resto. En total, habría invertido en aeronaves unos 195 millones de dólares . El resto son pérdidas”.

En 2011, la tendencia continuó. En el primer semestre, el aporte del fisco a la empresa fue US$ 380 millones. Y fuentes privadas estiman que Aerolíneas tendrá en el segundo semestre un rojo de otros US$ 340 millones , calculando el tráfico que está realizando y los costos que enfrenta.

Sin embargo, el presidente de la línea aérea asegura que en 2012 podrá revertir la situación. El miércoles, Mariano Recalde estuvo en Córdoba. Allí habló con el diario La Voz del Interior sobre el tema. Dijo que el déficit se iría reduciendo “paulatinamente” y que espera llegar a 2012 con la compañía “equilibrada” . No dio precisiones sobre el déficit operativo. “Lo vamos a tener a fin de año, esta actividad es muy estacional, hay temporadas altas y bajas. A fin de año vamos a tener el déficit perfectamente identificado cuando presentemos el balance de 2011”, señaló.

En mayo pasado, Recalde concurrió al Congreso a exponer sobre las cuentas de Aerolíneas. Entonces dijo que con el correr del presente año “seguirá reduciendo el déficit , pero no alcanzará a cumplir con la proyección realizada en el plan de negocios del 2009”. Aseguró entonces que la proyección del rojo para 2011 era hasta ese momento de US$ 200 millones, pero que por la suba del petróleo (“combustibles es el 40% del costo operativo”) había que agregar otros US$ 187 millones. Su vaticinio, sin embargo, se vio superado : esos montos ya fueron desembolsados sólo en el primer semestre, pese a que el ejecutivo entonces destacó que las ventas totales de pasajes aumentaron 45% entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2010.

En el sector privado señalan que la principal razón del fuerte déficit de Aerolíneas está en los conflictos gremiales. En principio, la empresa tiene alrededor de 160 empleados por avión, contra 100 de otras compañías de la región. Pero, además, la empresa enfrenta permanentes paros sindicales. El último fue el pasado jueves , cuando una protesta de los pilotos dejaron varados a 1.500 pasajeros por 36 horas en Ezeiza. “El impacto es fuerte, porque Aerolíneas por esa razón pierde sobre todo mercado internacional, el más rentable”, destacan en el sector.

El día anterior, en Córdoba, Recalde había dicho sobre la situación de la empresa: “El Estado está invirtiendo mucho dinero en poner en valor la compañía, pero eso no es pérdida ni déficit, es inversión en la recuperación de un servicio público que es fundamental para la Argentina”.

Fuente: Diario Clarín