Macri aceptó la convocatoria de Cristina para "articular" el trabajo de la dos policias

Luego de la polémica por el entrenamiento antiterrorista de los policías metropolitanos, el jefe de Gabinete porteño, Horario Rodríguez Larreta, dijo que confía en la convocatoria de Cristina de Kirchner para "articular" el trabajo de esa fuerza con la Policía Federal. "Creo en las palabras de la presidenta, siempre soy optimista, por más es cierto que nunca hubo mucha voluntad por parte de ellos, pero creo su convocatoria", dijo el funcionario de Mauricio Macri.

"La denuncia que hizo el canciller (Héctor Timerman) es muy poco seria, y salimos a responderle porque el tema es serio. Habló de que mandábamos a capacitar a nuestros policías en cursos de torturas, un verdadero disparate. La Federal va exactamente al mismo curso. No se la podíamos dejar pasar porque es un tema demasiado serio", dijo Larreta en declaraciones radiales y reiteró que a esos entrenamientos que se dictan en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador asisten uniformados de otras fuerzas de seguridad, como Prefectura o Gendarmería. "Es un disparate que Timerman haga una denuncia así, a la ligera", completó.

Foto crédito Ambito.com (2008)
La polémica comenzó cuando Timerman cuestionó que los efectivos de la Metropolitana fueran enviados al Caribe a un programa de antiterrorismo, cuando esa fuerza no tiene competencia para investigar delitos referidos a esa temática. El curso del que participaran se denomina "programa de desarrollo gerencial para Fuerzas de Seguridad y Policiales" y finalizará el 4 de marzo. Entre las temáticas a abordar figura el narcotráfico, terrorismo, narco-terrorismo y contrabando transnacional.

Para el jefe de la diplomacia son "cursos de torturas" donde se aprenden "técnicas golpistas". En respuesta, Larreta y el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, pidieron su renuncia. Horas más tarde, Cristina de Kirchner evitó polemizar con los funcionarios de Macri y desde en el Club Albariño instruyó a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, a "articular" con el gobierno local y Policía Federal "las jurisdicciones y competencias que han sido perfectamente delimitadas".

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, defendió el envío de sus efectivos de la Policía Bonaerense al curso y advirtió que en esa polémica hubo "un error de enfoque de alguien", en referencia a Timerman. "El año pasado fueron (al curso) la Policía Federal, la Metropolitana, la Prefectura, la Policía de Córdoba, de Chile, de la provincia de Buenos Aires, Uruguay, Paraguay y Brasil", indicó. El funcionario sciolista explicó que la ILEA "es una academia internacional exclusivamente para las policías" y reveló que la embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, "en forma personal, invitó a unas personas para que hicieran el curso".

"Es el segundo año que se hace, que tiene módulos de liderazgo, de relación de la justicia con el delito globalizado, tecnología, gerenciamiento en caso de crisis", explicó Casal, y precisó que el Gobierno bonaerense, el año pasado envió a un efectivo del Grupo "Halcón", el cuerpo de elite y de operaciones especiales de la policía provincial.

Este viernes por la mañana, Larreta celebró esa decisión. "Me pareció una buena declaración, siempre vamos a estar dispuestos a trabajar en forma conjunta", expresó, y se mostró confiado que "en el día de hoy, o más tardar el lunes tengamos algún contacto para avanzar rápido en articular con lo que la Presidenta anunció". "Es un buen momento para avanzar en el plan de infraestructura y viviendas. Todo lo que suponga un trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires es bueno", continuó.

Además, aseguró que el gobierno porteño va a proponer "coordinar el trabajo en la calle entre la Federal y la Metropolitana, que en 10 barrios ya están juntos y se da, se articula bien", afirmó, aunque remarcó que la gestión macrista "nunca va a abandonar" su insistencia por lograr el traspaso de la Policía Federal a la ciudad, que "no quiere decir que no estemos dispuestos a trabajar con ellos", concluyó.

Fuente: Ambito.com

Licitan la construcción del gasoducto que traera gas desde Bolivia

Cristina de Kirchner encabezó pasadas 12:00 en la Casa de Gobierno el acto de apertura de los sobres de la licitación para la construcción del gasoducto, que posibilitará traer el fluido desde Bolivia.

Se trata de una obra fundamental que llevará gas natural a esa zona del país, la única de la Argentina que aún no cuenta con la provisión de ese combustible, que abarca las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. Se prevé que se construirá en dos etapas, con una estructura de financiamiento y licitación por tramos.

"Cuando él (Néstor Kirchner) llegó al gobierno en 2003 tenía reservas de gas por nueve años, y ahora tenemos reservas por 20 años, y recordó que había cinco provincia donde no llegaba la red de gas", afirmó, y agregó que con esa inauguración está haciendo "honor a los sueños" del expresidente porque "fue uno de los que soñó con esta empresa que estamos construyendo hoy". "Estoy segura que transformá la vida y las economías de esas provincias", agregó, antes de pedir que se cumplan las fechas de ejecución de los ganadores de la licitación para cumplir con esta "deuda histórica".
Link de interes: http://proyectopragmalia.blogspot.com/2009/06/63-construccion-del-gasoducto-del.html
 
Fuente: Ambito.com

La tecnología cambia Parque Patricios

Pablo Tomino - LA NACION
Ya se instalaron 30 empresas del sector y otras 40 comprometieron su arribo; creció el valor de las propiedades, pero falta seguridad

Foto LA NACION / Emiliano Lasalvia

Con el impulso del distrito tecnológico porteño, Parque Patricios está cambiando su cara: ya hay 30 empresas funcionando allí, mientras que otras 40 comprometieron su arribo al polígono de 200 hectáreas comprendido por las avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, y las calles Alberti, Manuel García y la avenida Amancio Alcorta.

Varias calles de esta zona, antes destruidas, fueron asfaltadas; las veredas, reparadas, y algunas nuevas luminarias y cámaras de seguridad comenzaron verse en puntos estratégicos del barrio. Sin embargo, la inseguridad en la zona es una realidad que preocupa: se ven pocos policías en el distrito tecnológico y el propio parque Patricios, hoy cercado por las obras del subte de la línea H y la remodelación de ese espacio verde, es todavía un reducto de vendedores y consumidores de drogas.

Desde el lanzamiento del distrito tecnológico, creado por ley en diciembre de 2008, se generaron allí más de 5700 puestos de trabajo con el arribo de empresas tentadas con ofertas de exenciones impositivas, facilidades de acceso a créditos del Banco Ciudad para la construcción, rebajas en los precios de los alquileres y planes de vivienda para los empleados. De hecho, a las firmas que arribaron les implicó una reducción en sus erogaciones en concepto de alquileres e impuestos del 60 por ciento (ver aparte).

"Estamos muy contentos con la confianza que ha puesto el sector privado en el proyecto de distrito tecnológico, que hoy es una realidad que ya cuenta con 70 empresas. Nuestra perspectiva para 2011 es que se instalen más de 130 empresas de los distintos sectores de la tecnología de la información y servicios", dijo Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico de la ciudad.

La Nacion recorrió la zona y advirtió que las malas condiciones que presentaban las veredas de las calles Uspallata, Lagos, Monteagudo, Iguazú, Ancaste, Los Patos, Lavardén, Famatina y Bordeau, entre otras, mejoraron mucho.

Según los funcionarios porteños, en 2010 se colocaron 187 nuevas luminarias, se reemplazaron las luces colgantes y se construyeron 6000 m2 de veredas. En cuanto al arbolado, se plantaron 300 ejemplares y se quitaron añosos árboles en 25 manzanas. De todas maneras, la zona sur de Parque Patricios sigue siendo una cuenta pendiente, ya que el asfalto de las calles está muy deteriorado por el paso de los camiones en territorio de grandes galpones y depósitos.

En cambio, la apuesta mayor para el barrio es el próximo desembarco de grandes empresas, como Telefónica, y el Banco Ciudad, que ya están en plena obra, y que despiertan el interés vecinal. "Si vienen las grandes empresas, el barrio tendrá otra vida. Pero acá hay que sacar a los chicos que fuman paco", dijo a La Nacion una vecina de la calle Monteagudo.

El Banco Ciudad invertirá 200 millones de pesos para trasladar allí su casa matriz, frente al parque Patricios, en una obra que estará a cargo del célebre arquitecto inglés Norman Foster. Mientras tanto, las pymes tecnológicas ya aportan nuevas fachadas y un aire juvenil a la zona comercial comprendida entre Catamarca, las avenidas Caseros, Sánchez de Loria, Brasil y Alberti.

"En 2011 prevemos un inversión en la zona de 30 millones de pesos en obras. Con las remodelaciones del parque Patricios terminadas y en perfecto estado, el advenimiento de nuevas empresas y las mejoras en el espacio público que ya comenzamos, sin duda nuestro distrito tecnológico va a estar a la altura de los mejores del mundo, y en un barrio que hasta hace poco era de los más relegados de Buenos Aires", dijo Cabrera.

De tomas maneras, la falta de presencia policial es muy notoria. Así lo reclaman, también, los vecinos, pese a que la ciudad afirma que instaló 18 cámaras de seguridad y que el mes próximo colocará otras 13. El gobierno porteño prevé que esto cambie desde junio próximo, cuando arribe al barrio la Policía Metropolitana, que cubrirá la comuna 4, que comprende, además, La Boca, Barracas y Nueva Pompeya.

El gobierno porteño había anunciado que antes de fin de año iba a licitar la construcción del Centro Metropolitano Tecnológico (CMT), y esto aún está pendiente. Allí, en tres manzanas y media comprendidas entre las calles Lavardén, Uspallata, Zavaleta, Chutro, Luna y Los Patos, la ciudad pretende poner en funcionamiento el amplio galpón que todavía ocupan los talleres en los que hasta hace no mucho se fabricaban, entre otras cosas, los juegos infantiles de las plazas de la ciudad. Hoy está ocupado por patrulleros de la Policía Metropolitana. La licitación, prometen en el gobierno de Mauricio Macri, se lanzaría este mes.

El CMT tendrá como función ofrecer a las empresas una amplia diversidad de servicios, desde centros de convenciones y de negocios hasta espacios de capacitación. Pero a juzgar por el poco grado de avance en las remodelaciones, es una apuesta a largo plazo. Mientras tanto, la primera etapa de la remodelación del parque Patricios, sobre Caseros y Almafuerte, está en marcha, pero las obras avanzan lentamente. Si bien el predio fue cercado en diciembre pasado, no se advirtió actividad en la zona ni se vieron maquinarias ni obreros trabajando cuando La Nacion recorrió el lugar. No obstante, el gobierno porteño anunció que terminarán las remodelaciones en los próximos cinco meses.

Fuente: Diario La Nación

Rosario: Tratamiento de residuos

La Secretaría de Ambiente anunció que llamará a licitación para la construcción de una planta de tratamiento de residuos domiciliarios en la ciudad de Rosario.

La planta, de moderno diseño, permitirá el tratamiento de 250 toneladas de residuos por día, lo que representa un 30 por ciento del total producido diariamente en esta ciudad santafecina. Su construcción demandará una inversión de $ 11 millones. La iniciativa también contempla un programa de desarrollo social para la reconversión laboral de aproximadamente 120 personas que actualmente desarrollan tareas de cirujeo.

Fuente: Diario La Nación

Los jubilados, obligados a litigar

El colapso de la justicia previsional tiene como contraparte el persistente incumplimiento de la Nación de las pautas liquidatorias de haberes válidas. Esta circunstancia es gravísima, ya que muestra al Estado empujando la litigiosidad judicial, con el único fin de dilatar el pago de los montos jubilatorios adecuados.

Actualmente, por cada juicio que concluye se inician cinco nuevos. Los juicios, dada las apelaciones de los abogados de la ANSeS, tienen una tramitación prolongada, originando un dispendio de los escasos recursos judiciales y además, impidiendo en muchos casos que el jubilado pueda acceder a su derecho, ya que es frecuente que ocurran decesos durante el desarrollo del pleito.

Actualmente hay unos 421 mil juicios previsionales en trámite, y se liquidan a razón de dos mil por mes, según lo ha reconocido el titular de la ANSeS semanas atrás. A este ritmo, y de no iniciarse nuevos juicios, el Estado terminaría de pagar las sentencias dentro de 17 años.

Esta situación absurda, generada por un Estado incumplidor, pone a la Justicia en una situación de colapso, le genera mayores costos a las arcas públicas por los intereses, honorarios y costas judiciales que se deben afrontar, y revela un ensañamiento humillante contra uno de los segmentos más vulnerables de la población, el conformado por los jubilados. Ante esto, es necesario que se implemente una solución general, que respete los principios fijados por la Corte y que deje de perjudicar a los trabajadores retirados.

El Estado, que incumple con el pago de los haberes jubilatorios debidos, genera una litigiosidad que pone a la Justicia al borde del colapso y que humilla a los trabajadores retirados.

Fuente: Editorial Diario Clarín

Cuando el Estado viola derechos

Por Roberto Gargarella, PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA, DI TELLA) - Diario Clarín

Es un error objetar la protesta que deriva en cortes de calles como si se tratara de un conflicto entre reclamantes y transeúntes. Parece imprescindible partir de un diagnóstico que ubique las responsabilidades mayores en los gobernantes.

De manera oportuna, en una nota publicada en esta sección el 26 de enero, Alicia Pierini –actual Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires– reabre un debate importante, relacionado con los límites de la protesta social y, más particularmente, con el derecho a cortar las calles en señal de protesta .

En su texto, la funcionaria plantea una serie de preguntas con las que abordar la cuestión. Todas ellas, según entiendo, están mal dirigidas, por lo que quisiera, en lo que sigue, repasarlas, aunque más no sea de modo breve. En primer lugar, ella sugiere que nos preguntemos si la protesta del caso es idónea para obtener o promover el fin alegado (i.e., un aumento de salarios o la reincorporación de los despedidos). Su respuesta es que no, porque lo que persiguen quienes cortan una calle es, sobre todo, hacerse escuchar, y no garantizar un derecho.

Por ello, concluye, los cortes no resultan métodos idóneos.

Ocurre, sin embargo, que su pregunta es por completo engañosa. En una mayoría de casos (e insisto, no en todos), el recurso a formas de protesta molestas para los demás no se debe a un ánimo agresivo por parte de quienes protestan , sino a su razonable certeza de que los medios institucionales disponibles para interpelar a los representantes, y recibir soluciones frente a legítimos reclamos, resultan totalmente ineptos para garantizar los derechos constitucionales agraviados . El punto de partida del análisis, entonces, no debe ser el que ella sugiere, sino la doble –y gravísima– falta que comúnmente comete el Estado: primero, al violar masivamente, por acción y por omisión, derechos constitucionales que tiene la obligación de asegurar. Segundo, al inutilizar o tornar directamente ridículos los instrumentos institucionales destinados el reproche cívico.
(¿Alguien puede creer que el Estado va a ejecutar los planes de vivienda que adeuda, o asegurar la educación digna que no asegura, luego de una petición vecinal o una reunión ciudadana con el representante del distrito?)

En segundo lugar, quien fuera Subsecretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Carlos Menem sugiere que nos preguntemos si el instrumento elegido –un corte de calles– es “el único medio disponible” en manos de quienes protestan; y también, si no existen formas de protesta menos lesivas que la utilizada. La primera de estas dos preguntas resulta más bien absurda: todo dilema angustioso nos habla de al menos dos cursos de acción posibles. Se trata, entonces, de una nueva pregunta formulada por la autora para direccionar a su gusto la respuesta, razón por la cual no tiene sentido contestarla.

La segunda pregunta, en cambio, es más interesante, pero en todo caso igualmente inaceptable. Por dar un ejemplo: un grupo de obreros de la construcción, en huelga frente a condiciones de trabajo abusivas, tiene numerosas alternativas a su alcance, menos lesivas para los intereses del patrón. Entre varios cursos de acción posible, ellos pueden redactar un manuscrito de protesta y aun abandonar su empleo. Pero no son estas preguntas decentes para hacer frente a quienes son objeto de abuso reiterado . Las preguntas, otra vez, se las debemos formular, primero, al empleador o al Estado que ofende : ¿cómo es que ustedes permiten o respaldan, sistemáticamente, violaciones de derechos semejantes? El artículo, en cambio, aparece escrito para negar o desplazar la responsabilidad esencial, primera, y gravísima, que es de los últimos, y no de quienes se quejan frente a ellos .

Finalmente, la funcionaria presenta un interrogante más importante, referido a los derechos de terceros. La cuestión es si el daño que ocasionan quienes protestan sobre los derechos de terceros es proporcional a la dimensión de su reclamo. Esta pregunta es fundamental, porque muy habitualmente las protestas acarrean molestias que todos queremos evitar.

Es necesario, sin dudas, pensar alternativas que permitan acomodar los derechos de todos . Sin embargo, no hay que aceptar la trampa que la última pregunta encierra. Es tendencioso presentar el conflicto como uno entre pobres manifestantes y pobres transeúntes -maniobra que nos exige una toma de posición siempre injusta.

El conflicto central en juego es el que origina el Estado, cuando insiste en violar los derechos de los cuales es garante.

En definitiva, le damos la bienvenida al debate sobre la protesta, pero sin aceptar planteos distorsivos, ni olvidarnos de que, habitualmente, y contra lo que sostiene la funcionaria, los “reclamantes” no “desatan el conflicto”, sino que lo padecen , a partir de las ofensas y omisiones de los gobernantes.

La necesidad de reciclar la basura

Una de las principales causas del aumento de la cantidad de basura que produce la Ciudad de Buenos Aires es la débil conciencia institucional y ciudadana acerca de la relevancia del reciclado de residuos.

Mientras en Londres, por tomar un ejemplo, se recicla un tercio de la basura domiciliaria, en Buenos Aires se estima que no se llega al 10%. La diferencia básica se debe a que en un caso es obligatorio separar los tipos de basura y en el otro no. La carencia de campañas de concientización y también de sanciones hace que sea mínima la práctica del reciclado, la cual queda básicamente en manos de cartoneros.

Además, la necesidad de reducir la cantidad de basura se advierte por la saturación de los rellenos sanitarios bonaerenses y la ausencia de alternativas como plantas de tratamiento de desechos. Este serio problema demanda un trabajo coordinado de la Ciudad y las autoridades bonaerenses, a fin hallar alternativas sustentables, priorizando el reciclado.

La saturación de los rellenos sanitarios bonaerenses, más el aumento de la cantidad de basura producida en la Ciudad, obligan a impulsar el reciclado de los desechos domiciliarios.
 
Fuente: Diario Clarín

El conurbano, en crisis estructural

Para revertir el gravísimo deterioro de las condiciones de vida de una enorme proporción de la población del Gran Buenos Aires se requiere articular un modelo de desarrollo consistente, que oriente la ocupación del territorio de manera racional, revirtiendo la actual concentración demográfica en una reducida área espacial que, de seguir la actual tendencia, enfrentará problemas aún más severos en un futuro mediato.

En un país de baja densidad poblacional, el conurbano se mantiene como el principal espacio de recepción de la migración interna y externa. En esta zona se concentra alrededor del 40% de los pobres del país, vale decir casi cuatro millones de personas y se registra la mayor falta de acceso a servicios básicos. Las carencias de viviendas, cloacas, agua corriente de red son proporcionales a las deficitarias prestaciones de los servicios de seguridad, educación y salud, principalmente en las villas y asentamientos.

Por su parte, buena parte de la política asistencial es manipulada de manera clientelar, sirviendo más para consolidar las deficiencias que para construir presupuestos sustentables para el desarrollo individual, familiar y colectivo.

Este contexto de pobreza urbana altamente concentrado en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires también registra las tasas de desocupación juveniles más altas de todas las regiones del país, ya que en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, el 15% de los varones de menos de 29 años no tiene trabajo; y entre las mujeres la tasa llega al 21,2%, según cifras del INDEC. Además, se estima que más del 40% de los trabajadores del conurbano no está registrado en las empresas. Por su parte, la situación de los menores es delicadísima, ya que la pobreza o indigencia de sus hogares, sumada a la ausencia de contención institucional, los arroja a la droga, la anomia y la violencia.

Ante esto, es imprescindible articular, consensuar e implementar un plan nacional de desarrollo demográfico, territorial y productivo sustentable, sin dejar de revertir en lo inmediato el actual abandono institucional que deja a una enorme masa poblacional al margen de derechos básicos. Muy poblado y con elevadísimos niveles de pobreza y deficiencias institucionales y de vivienda, el Gran Buenos Aires demanda respuestas urgentes y un plan de desarrollo sustentable.

Fuente: Editorial Diario Clarín

La mayor fabricante de tela de jean de Brasil producirá en el país

Llegó a un acuerdo que contempla una inversión de 40 millones de dólares.
El control brasileño sobre el mercado argentino de tela para jean (denim), que hoy es de al menos el 75%, promete ampliarse. Y la que dará el paso es Vicunha Textil, la principal firma del rubro en el país vecino.

La compañía, que ya está en el país pero a través de la importación, acaba de cerrar un acuerdo con un grupo sanjuanino que tiene tres plantas. Vicunha comenzará a producir tejidos en esas fábricas, pero además firmó una opción de compra por esos establecimientos, que podrá ejercer hasta el 30 de junio. Hasta entonces, dijeron en la empresa, los brasileños harán una auditoría. Si los números de la compañía local los convencen, prometen desembolsar US$ 40 millones. Ese monto abarca el precio de la compra de las instalaciones más inversiones para modernizar y aumentar la producción actual de las plantas y sumar una hilandería.

Las textiles que Vicunha está comprando son Tintorería Ullum, Tejeduría Galicia y Tejeduría Panamá. Según deducen en el mercado, el principal atractivo de estas firmas –que están ubicadas lejos de las materias primas y de los centros de consumo y requieren inversión– es que cuentan con beneficios impositivos gracias a la promoción industrial. Sin embargo, en Brastex, la filial local de Vicunha, relativizaron las ventajas y dijeron que aún falta que se instrumente la prórroga de la promoción, que se decidió el año pasado con un decreto.

Hace tiempo que Vicunha quería tener una pata productiva en la Argentina. Es más, fue una de las interesadas en comprar Alpargatas, que finalmente terminó en manos de su rival San Pablo Alpargatas, del grupo Camargo Correa. Justamente esa es la líder del mercado local de denim, en conjunto con Tavex-Santista (ex Grafa), también brasileña. El tercer lugar estaría peleado entre Santana y Vicunha, que hasta ahora trabajaba con importaciones. Solo a partir del quinto puesto empiezan a aparecer firmas argentinas, como Fibraltex, Flandria e Iberoamericana.

“Las plantas que adquirimos están produciendo 300.000 metros por mes. En abril, pasaríamos a 500.000 y, si hacemos uso de la opción, podríamos llegar a 2 millones mensuales en dos años y 400 puestos de trabajo directos”, dice Pablo Jedwabny, director de operaciones de Vicunha en la Argentina. El mercado total de denim ronda los 55 millones anuales. “También queremos crecer en gabardina, donde somos más chicos”, agrega el directivo de Vicuhna, cuyas ventas en la Argentina alcanzan los US$ 40 millones. El grupo facturó más de US$ 600 millones en los primeros nueve meses de 2010.

Fuente: Diario Clarín

Colectivos: apenas en el 12% funciona el boleto electrónico

Por Damián Kantor - Diario Clarín
Se cumplen dos años del lanzamiento del SUBE Si bien hay máquinas instaladas en casi todos los micros, sólo están operativas en 2.000 de los 17.000 colectivos de Capital y el GBA. La Nación y los transportistas se acusan mutuamente por las demoras.

En medio de fuertes cruces entre el Gobierno y las empresas de transporte, la instrumentación del SUBE (Sistema Unico de Boleto Electrónico) avanza a paso de tortuga y hoy sólo está operativo en 2.000 de los 17.000 colectivos que circulan por el área metropolitana, esto es el 12% del parque total. El SUBE fue lanzado el 4 de febrero de 2009 por Cristina Kirchner, cuando anunció que estaría funcionando a pleno en 90 días , pero hasta ayer abarcaba apenas a 28 de las 340 líneas de colectivos. Sobre las demoras, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, reconoció a Clarín que hubo dificultades de índole tecnológica y también resistencias de los transportistas y evitó pronunciarse sobre la finalización del proyecto. “Es muy difícil ponerle una fecha, pero vamos a implementarlo”, dijo, sin dar más precisiones.

El boleto electrónico nació a las apuradas para dar respuesta a los reclamos de la gente por la falta de monedas. Tras varios anuncios y promesas fallidas, casi dos años después, el sistema anexó, según fuentes oficiales, a las líneas 5, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 26, 28, 39, 47, 50, 61, 62, 80, 86, 88, 101, 102, 107, 129, 132, 150, 151, 168, 193, 194, 195, aunque este diario comprobó que en varias no funciona . También coexiste con la red Monedero del subte y los trenes Urquiza y Belgrano Norte, montada años atrás. Se desprende, entonces, que para hablar de un sistema de boleto electrónico unificado para colectivos, trenes y subtes resta una enormidad .

En principio, el boleto electrónico supone dos beneficios concretos: para los usuarios, la facilidad de contar con una tarjeta prepaga para abonar los viajes; para el Estado, un mayor control sobre la enormidad de subsidios que se destinan al transporte. Schiavi reconoce que en los atrasos hay cierta responsabilidad del Gobierno, pero recalca la intención de los transportistas de entorpecer la implementación. “Estamos tocando intereses y hay resistencias, creo que por temor. Pero que todo el mundo se haga cargo ”, dijo.

Tal como se suponía, el cronograma oficial del armado del boleto electrónico era muy optimista, lo que provocó numerosos derrapes en los anuncios oficiales. El plan consiste en unificar en un solo centro de cómputos el procesamiento de más de 11 millones boletos diarios. Y además, registrar las cargas de los usuarios, descargar el monto de cada viaje y pagar en el día, vía clearing electrónico, los pasajes consumidos a las empresas de transporte. De los 90 días iniciales para armar un sistema así, se pasó a 90 días hábiles, después meses y hasta el propio Schiavi anunció que estaría listo en julio pasado y por último, que a fin de año habría 10.000 colectivos incorporados. La realidad, ya se sabe, es otra.
Ante las evidencias y entre otras cosas, Schiavi señaló dificultades de orden tecnológico. “En la instalación del back office (el centro de cómputos) hubo problemas con la compatibilidad de equipos”, enumeró. Se refirió así a la compra de las primeras 10.000 lectoras de tarjetas , que ya fueron instaladas en los colectivos pero que en su mayoría aún no funcionan. La licitación la ganó una UTE conformada por Metronec (del grupo Roggio), Indra y Siemens. Carlos Abril, ejecutivo de Siemens, deslindó responsabilidades. “Fuimos trabajando de acuerdo con las autorizaciones que nos fueron dando y ya hay 2000 colectivos funcionando”, se disculpó.

En sintonía con el Gobierno, los proveedores culpan a los transportistas por no haber cumplido con los plazos establecidos en las licitaciones. Las empresas no tardaron en responder. “A pesar de que el SUBE no es el sistema más correcto, las empresas estamos poniendo todo para que funcione”, puntualizó Daniel Millaci, titular de la CEAP (Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros), y añadió: “Las demoras son evidentes, pero no estamos poniendo piedras en el camino ”. Millaci sostiene que alertaron al Gobierno sobre algunas fallas de seguridad (prometieron resolverlos) y sobre la colocación de las lectoras en los parabrisas de los colectivos, “algo que es ilegal”. José Troilo, de la Asociación Civil de Transporte Público, opinó que las demoras son “algo natural para un sistema tan complejo”, y prometió que “en los próximos meses se verán avances”.

Al tanto de los reparos, Schiavi advirtió que hubo intimaciones para apurar el SUBE. “Estamos estudiando una reglamentación. Si verificamos trabas a su implementación vamos a aplicar la máxima dureza, que podría llegar a la no distribución de subsidios”, recalcó el funcionario.

Colectivos: Los funcionarios y empresarios, entre promesas incumplidas

En agosto de 2010, en menos de 13 horas dos mujeres murieron atropelladas por colectivos en Capital. Pocos días antes, un interno de la línea 15 había atropellado a una familia, matando a un nene de 5 años, en Scalabrini Ortiz y Honduras. Tras estos episodios, tanto el Gobierno nacional como el porteño salieron a prometer medidas para disminuir la cantidad de accidentes con colectivos involucrados. Hasta ahora, poco se hizo.

Después de varias reuniones entre funcionarios nacionales y de la Ciudad y empresarios y sindicalistas del transporte público, hubo al menos un avance. La CNRT le remitió a la Ciudad la lista de 22.000 choferes habilitados para manejar colectivos en Capital. Esta información es importante, porque el 70% tiene registros de otras jurisdicciones, lo que dificulta los controles o aplicarles multas. Sin embargo, todavía no se instalaron los GPS en los 9.800 colectivos que circulan por la Ciudad, tal como prometió el ministro del Interior, Florencio Randazzo . Estos sistemas permitirían controlar desde una central la velocidad a la que circulan los colectivos.

Tampoco se cumplió lo prometido por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que anunció que enviarían un proyecto a la Legislatura para bajar a 40 km/h el tope de velocidad de los colectivos en avenidas , aunque el mes pasado propusieron bajar todas las velocidades en la Ciudad. Además, la Ciudad empezó a retenerle el registro a los colectiveros por exceso de velocidad o violación de luz roja, y los obligan a pagar la multa para recuperar su licencia.

Funte: Diario Clarín

La inflación dibujada: ahora el Gobierno busca culpables afuera

Por Daniel Fernández Canedo - Diario Clarín
En Foco

Cuando en enero de 2007 Néstor Kirchner dispuso un desembarco silencioso sobre los datos del INDEC, el problema era la suba de la lechuga y la cuota de las prepagas. Aquel mes, los estudios privados esperaban una inflación de 2% y la estadística oficial dio el 1,1 por ciento.

Fue el arranque del proceso para institucionalizar dos mediciones de aumento de precios que, en un principio, siguieron la regla del 50%. Si un mes los privados estimaban 1,5%, para el INDEC resultaría de 0,7 o 0,8%. Esa norma nunca escrita, obviamente, lo que intentaba era aquietar las expectativas de una inflación que por aquellos tiempos lucía bastante controlada.

Por otra parte, y simultáneamente, la manipulación del índice de precios minorista buscó reducir el pago de intereses de los bonos argentinos que estaban atados a la inflación. El Gobierno, convencido de que por esa vía se podría ahorrar unos buenos pesos (aunque él mismo había emitido una gran cantidad de esos títulos en 2005), optó por el camino “heterodoxo” de truchar los índices para pagar menos intereses.

Uno de los resultados, más allá del ahorro en materia de pesos, fue el aumento de la desconfianza. Fue a raíz de esa desconfianza que la inflación, medida de acuerdo a los relevamientos de los consultores privados, ganó peso y credibilidad. En algunos casos, más por el descrédito oficial que por la profesionalidad de las encuestas de las consultoras. Antes de la “intervención”, el índice del costo de vida era el resultado de relevar 115.000 precios en 8.000 comercios.

Ningún privado está en condiciones de un relevamiento de esa magnitud, pero eso no implica que encuestas más reducidas pero sin manipulación puedan acercarse más a la realidad que las oficiales. En última instancia, las consultoras hacen estudios para sus clientes, a los que deberán informar sobre la forma de confeccionarlos. Son contratos entre privados.

El ministro Amado Boudou dijo por radio, avalando el apriete de Guillermo Moreno a las consultoras, que dichos cálculos contribuyen a generar expectativas y que eso podría devenir en la toma de malas decisiones. En realidad, el ministro que, sin reírse, aseguró que la inflación de este año será de sólo un dígito, pareció sostener la idea de que sobre la estadística oficial lo mejor es no hablar. El sindicalismo aliado al Gobierno no cree en los índices oficiales y habla de aumentos salariales del 30% o más.

La Presidenta, por primera vez, se mostró preocupada por el tema de los reclamos salariales en tiempos de inflación alta y pidió responsabilidad. En un año electoral, donde la carrera política despunta y todos los sectores buscan sacar ventaja, el Gobierno insiste en decir que no tiene responsabilidad y que toda la culpa es de los empresarios.  Los empresarios tienen responsabilidad, pero el Gobierno también.

Con un aumento del gasto público que supera el 30%; con los agregados monetarios creciendo 30%; los salarios, seguramente, más de 25%, no hace falta saber mucha economía para concluir que difícilmente la inflación anual pueda ser de 9%. La visión oficial prioriza que el dólar está quieto en torno a los 4 pesos, y las tarifas domiciliarias de los servicios no se mueven desde hace años. Resultan factores que pueden ayudar a anclar algunos precios .

Así, tal vez, la inflación de este año no resulte ni del 9 ni del 30%, pero el Gobierno rompió el termómetro y los índices oficiales no son un argumento lo suficientemente contundente para aquietar las expectativas. En un sentido, y salvo dos o tres excepciones, los cálculos de las consultores privadas hablan de una inflación alta pero sin riesgo de espiralización. 

Pero el cambio de ritmo en las subas de precios se hace evidente cuando se mira con un poco de perspectiva. A comienzos del año pasado, la economía venía con una suba del dólar de 10% a lo largo de 2009 y con la inflación algunas décimas por encima del 15%. En aquel momento, empresarios y sindicalistas se empezaban a medir para definir aumentos salariales de 17 o 18% pero la realidad fue otra. Arrancaron los docentes bonaerenses con un aumento de 23,5% y después, la embestida del sindicalismo y la ansiedad oficialista para acelerar la reactivación desembocaron en negociaciones salariales con subas de hasta 35% y más .

Un problema ahora es aquietar las aguas cuando, al calor del año electoral, muchos sectores creen que es el momento de pedir mucho para lograr bastante. El Gobierno que ahora pide responsabilidad a los que reclaman aumentos por la elevada inflación es el mismo que inventó la máquina que fabrica índices increíbles

Según un censo espacial, hay 54 planetas que podrían tener vida

El dato surge de las observaciones del telescopio Kepler , que captó 1.235 mundos fuera del Sistema Solar. Además, identificó un sistema similar al nuestro, con un sol y seis planetas.

La NASA anunció ayer los resultados de un “censo cósmico”: los datos que recolectó el teslecopio espacial Kepler, encargado de identificar planetas ubicados fuera de nuestro Sistema Solar. La sorpresa es que habría 1.235 y, entre ellos, 54 serían candidatos a poseer alguna forma de vida. “Esos 54 planetas parecen estar dentro de la gama que podría albergar vida, es decir, no son demasiado calientes ni demasiado fríos ”, dijo el director científico del proyecto, William Borucki.

Hasta ahora, sólo dos planetas fuera de nuestro Sistema Solar parecían tener esas característas, aunque con muchas dudas. “Tener ahora este número significa que tenemos una cantidad enorme, inconcebible. Es notable ver esta cifra porque hasta ahora era cero”, se entusiasmó Borucki. Antes de este anuncio, sólo se sabía que había 519 planetas extrasolares y dos posibles candidatos a ser como la Tierra. Ahora el panorama es diferente. El próximo paso es estudiar a los 54 candidatos y verificar si tienen las condiciones básicas para permitir vida, como tamaño, composición, temperatura y distancia de su estrella.

Otros aspectos más avanzados para analizar si pueden tener vida, como condiciones atmosféricas específicas y presencia de agua y carbono, requieren la utilización de telescopios que todavía no fueron inventados. Además, el hecho de que un planeta reúna las condiciones requeridas no significa necesariamente que tenga vida. Marte es un buen ejemplo. Cuando se menciona “alguna forma de vida posible”, se hace referencia a un tipo de vida no necesariamente inteligente: podría ser una bacteria, moho o tal vez algo muy diferente a lo que se conoce como vida en la Tierra.

Jack Lissauser, astrónomo de la Universidad de California, transmitió su optimismo sobre cómo están aumentando las posibilidades de hallar un mundo como el nuestro. “Antes teníamos sólo 519 planetas extrasolares para analizar, ahora el telescopio nos muestra que esa cifra se podría triplicar”.

El optimismo es entendible porque pese a que Kepler todavía no halló un planeta del tamaño de la Tierra, todo indica que “apunta a la dirección correcta” , comentó el astrónomo Jonathan Fortney, de la Universidad de California, un investigador de la misión Kepler.
Debra Fischer, experta en exoplanetas de la Universidad de Yale y que no participa del proyecto, dijo que la nueva información “nos da una base mucho más firme para hallar mundos propicios para la vida”. Otro motivo para la “esperanza” es el hallazgo –comunicado en el marco de los resultados de este censo cósmico–, de seis planetas que orbitan alrededor de una estrella similar al Sol (bautizada como Kepler-11). Cinco de ellos son similares a nuestro planeta: poseen una masa que oscila entre 2,3 y 13,5 veces la de la Tierra; el restante está más alejado de su estrella y es gigante.

El objetivo de la misión Kepler, lanzada en 1999, es recoger datos y pruebas de cuerpos que orbiten alrededor de estrellas con temperaturas que podrían hacer posible la existencia de agua líquida y, por lo tanto, de vida. Con los datos del Kepler, astrónomos de la Universidad de California de Santa Cruz (UCSC) analizaron la dinámica orbital de este sistema planetario. Lo calificaron como “sorprendente” . Los resultados de esta investigación aparecerán publicados en la revista Nature.

Fuente: Diario Clarín

Teatro Colón: sigue la incertidumbre sobre el inicio de la temporada

Por Pablo Novillo - Pnovillo@clarin.com
La pelea entre el Gobierno porteño y los trabajadores del teatro Colón sumó ayer un nuevo capítulo. El gremio ATE salió a criticar fuertemente a Mauricio Macri, e insistió con que no es seguro que vaya a comenzar la temporada de la sala .

Desde que el Teatro fue reabierto, el 24 de mayo del año pasado, varias funciones tuvieron que ser suspendidas por conflictos gremiales, principalmente por reclamos salariales. De hecho, algunos trabajadores ocuparon el escenario e impidieron que comenzaran los espectáculos .

Esto llevó al Gobierno de Macri a tomar una decisión polémica: sumarió a 25 trabajadores, entre ellos a ocho delegados gremiales, a quienes por un lado suspendió y por el otro accionó judicialmente . La Ciudad presentó una demanda por la cual les reclama $ 11.000.000 por los daños provocados por las suspensiones de las funciones, y otros $ 44.000.000 en concepto de “daños futuros y potenciales” . Es que los trabajadores siguen poniendo en duda que la temporada vaya a comenzar .

Además, hace dos semanas el director del Colón, Pedro Pablo García Caffi, anunció que habían alcanzado un acuerdo con el otro gremio que nuclea a los trabajadores del Teatro, SUTECBA. Con ellos acordaron un incremento salarial del 37% que incluye pagos por presentismo y productividad. Este gremio está afiliado a la CGT pero tiene buenas relaciones con la administración macrista, mientras que ATE forma parte de la CTA y tiene históricamente una posición más enfrentada tanto con Moyano como con el Gobierno porteño.

Por el acuerdo con SUTECBA, García Caffi anunció que “la temporada del Colón comenzará el 29 de marzo, y desde el 2 se comenzarán a vender los abonos”. Pero los trabajadores desconocen lo que dice el Gobierno. La cúpula de ATE Capital convocó ayer a la tarde a una conferencia de prensa, en la que aseguraron que el Gobierno porteño es “totalitario” y que “desprecia los derechos y garantías constitucionales”, como el derecho a huelga.

En un comunicado, firmado por el secretario general Rodolfo Arrechea, afirman que la Justicia Nacional del Trabajo declaró ilegal las sanciones a los ocho delegados y ordenó reinstalarlos, pero el Gobierno lo desoyó. Además, denunciaron que la Ciudad no les pagó el sueldo de enero a los trabajadores en conflicto. El sindicato convocó además a una asamblea el 16 de febrero, en la cual los trabajadores del teatro decidirán si la temporada arranca o no.

El cartel que seguirá apagado

No es una obra pública, pero fue un caso más de las resoluciones judiciales que frustraron los planes del Gobierno de Mauricio Macri. El cartel de led más grande de Sudamérica, con 567 m2, se instaló con una publicidad de Coca Cola frente al Obelisco, en lo que el Gobierno presentó como el primer paso para convertir la zona en una especie de Times Square porteño, que recuerde al área más luminosa de Nueva York.

Sin embargo, el cartel estuvo prendido un par de semanas y en junio se apagó por orden del juez Andrés Gallardo, a pedido de los legisladores opositores Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y Martín Hourest, quienes denunciaron que el cartel podía encandilar a los automovilistas y provocar accidentes.

Fuente: Diario Clarín

General Paz: lleva parada un año la obra de ensanche

Por Romina Smith - Diario Clarín
Arrancó en enero de 2009 y tenía un plazo de dos años, pero quedó paralizada tres meses después. Hoy la situación es crítica por el mayor caudal de vehículos en los accesos que afectan a la avenida. Está colapsada porque el tránsito creció 45%

Lo saben todos los que la usan a diario. Los que circulan por alguno de sus tramos, o los que no tienen otra salida que recorrer sus 24 kilómetros de punta a punta, bordeando la Ciudad desde el Riachuelo hasta el Río de la Plata, todos los días. Circular por la avenida General Paz es un sufrimiento . Y todo indica que lo seguirá siendo: desde 2006 hasta la fecha, el tránsito en esa avenida se incrementó más de un 45% , y esa cifra seguirá en ascenso.

Cada día, ya pasan por ahí unos 150 mil vehículos, que en horas pico sólo pueden avanzar a paso de hombre. Los usuarios que lo padecen siguen esperando el ensanche prometido en 2009 por Nación, que significó aumentos de hasta el 112% en los peajes de los accesos Norte y Oeste, pero que jamás llegó. Hoy, la avenida General Paz está igual de angosta que hace ocho años y no hay proyecto oficial que prevea cambiar eso.

Este panorama se nota aún más en las estadísticas: según datos oficiales, la cantidad de pasajeros que usa el transporte público para ingresar a la Ciudad bajó casi un 7% durante los primeros cuatro meses del año. Es decir, que muchos prefieren usar su propio auto en vez de viajar en trenes o colectivos: en la ex línea Mitre del ferrocarril, por ejemplo, la cantidad de usuarios bajó un 9,9%, mientras que el número de vehículos que llegan a la Ciudad por la Panamericana creció un 4,7%. Y en el Oeste se da un caso similar: mientras que en la ex Sarmiento se perdió el 8,4% de usuarios, en el Acceso Oeste la cantidad de vehículos subió un 4,4%. Ese aumento de autos particulares también se da en todos los accesos a la Ciudad y afectan a la avenida General Paz, sobre todo en horas pico, con grandes congestiones y cuellos de botella, que hacen que viajar sea un martirio.

Consciente de eso, el Gobierno nacional impulsó, en 2005, un completo plan de obras en la avenida que está en jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad y es administrada por Autopistas del Sol (Ausol). Es un proyecto ambicioso, que incluye la construcción de un cuarto carril, en principio del lado de Provincia, además de una nueva rama de ingreso a la calzada principal a la altura del puente de la estación Miguelete, la construcción de nuevos puentes y el ensanche de otros once ya existentes, la demolición y el reemplazo de cinco puentes tipo arco permitirían elevar la altura de paso, y la construcción de un tercer carril en el tramo entre el Acceso Norte y la avenida Lugones, sobre la calzada de vehículos pesados que circulan en dirección al Río de la Plata.

Pero el proyecto padeció sus propias demoras y finalmente quedó parado, pese a que en 2008 el Gobierno había llegado a un acuerdo con la concesionaria Ausol, que maneja los accesos Norte y Oeste para realizar las obras, y parecía que todo iba a fluir. La idea era terminarlas en dos años, y se previó una inversión de $ 340 millones. En el arranque, el 6 enero de 2009, el ministro de Planificación, Julio De Vido, prometió “inversión genuina por parte de las empresas” y hasta dio via libre a un aumento en los peajes de los accesos Norte y Oeste (en algunos casos y horarios llegó a ser mayor al 100%), que terminaría siendo utilizado para financiar los trabajos.

Sin embargo, todo duró muy poco: las nuevas tarifas quedaron vigentes, pero varias demoras a nivel administrativo y otros tantos cruces entre Nación y Ausol -que debía llevar adelante los trabajos- terminaron por frenar la remodelación a sólo tres meses del inicio. Como consecuencia, los primeros días de abril de 2009 Ausol paralizó la obra y hasta acusó a Planificación por no haber creado un fondo para el dinero. Desde el Ministerio respondieron que eso no justificaba la suspensión de los trabajos. Lo único que se hizo fue la bajada de acceso a la altura de la estación Miguelete.

Esa pelea volvió a frenar todas las intenciones para darle más carriles a la General Paz, pero ni el Gobierno nacional ni Ausol pagaron la cuenta. Fuentes de la empresa confiaron ayer que “tras cerrarse con éxito el reperfilamiento de la deuda de Autopistas del Sol, el Gobierno está en condiciones de retomar el tema pendiente”. Pero nadie habla de fechas.

Continúan frenadas por la Justicia 18 obras públicas en la ciudad

Por Daniel Gutman - Diario Clarín
Necesarias y polémicas al mismo tiempo, están detenidas por medidas cautelares tomadas por jueces que pertenecen al fuero Contencioso Administrativo, criticados por el Gobierno porteño. Los fallos surgieron de denuncias de los vecinos

La Ciudad de Buenos Aires enfrenta la paralización de una cantidad de obras públicas por órdenes judiciales, en un fenómeno que era impensable hace no muchos años y que mezcla niveles de participación ciudadana con aprovechamiento político de expedientes judiciales.

Los disparadores de las resoluciones judiciales son generalmente acciones de amparo presentadas por vecinos. Tienen éxito, según dicen los damnificados, porque el Gobierno de la Ciudad falla en sus mecanismos de consulta , antes de emprender obras. Entre los 15 pasos bajo nivel en calles de distintos barrios, el estacionamiento subterráneo en Parque Las Heras, el CGPC de la plaza de Boedo y el edificio del Banco Ciudad en Parque Patricios suman 18 obras públicas detenidas. Todas por medidas cautelares que pueden ser levantadas, ya que sólo las frenan y no las paran definitivamente.

El estacionamiento del Parque Las Heras es uno de los ejemplos. Organizaciones vecinales iniciaron una movilización para impedir que se les afectara el espacio verde, cuando más de la mitad de la plaza se había convertido en un obrador. Según los vecinos, no se les dio participación previa. Finalmente consiguieron una medida cautelar que paralizó la obra, con el argumento de que no se tuvo en cuenta el efecto sobre el patrimonio arqueológico que existe en el lugar, en el que funcionó una cárcel de larga historia.

“Sin duda que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires han tomado más conciencia de su derecho a que no les afecten el barrio. Por otro lado, muchas veces los funcionarios tienen un gran desprecio por los procedimientos legales, que no tendrían si trabajaran para empresas privadas y por eso llegan las medidas judiciales que paran obras que son necesarias, pero que no pueden hacerse de cualquier manera ”, dijo uno de los jueces del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad.

En este contexto, la administración de Mauricio Macri tiene una relación por momentos tirante con los jueces porteños, de la misma manera que la tuvo en su momento la de Aníbal Ibarra. Los dos gobiernos han acusado más de una vez a los jueces de manejar los expedientes con intereses políticos por sobre los criterios judiciales. 
Quince pasos bajo nivel planeados para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad en los cruces ferroviarios también están detenidos por órdenes judiciales. En estos casos son reclamos de vecinos de barrios que sienten amenazada la tranquilidad de su medio ambiente, porque muchos de los “sapitos” se diseñaron sobre calles en las que ni siquiera hay barreras.

El artículo 30 de la Constitución de la Ciudad establece “la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública”. Esas audiencias públicas, en algunos casos, se hicieron una vez que las obras ya estaban iniciadas y los vecinos sostienen que sus críticas no fueron tenidas en cuenta.

Otro caso da en Boedo. El Gobierno de la Ciudad ya inauguró parcialmente un espacio verde muy reclamado por los vecinos, en Sánchez de Loria y Carlos Calvo. Sin embargo, recientemente llamó a una licitación para construir en el predio la sede de un CGPC. La Justicia atendió el reclamo de los vecinos y paró la obra, con el argumento de que la ley destina el terreno íntegramente a una plaza.

La construcción del nuevo edificio del Banco Ciudad, en Parque Patricios, también se judicializó, a partir de la diputada de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, quien logró una medida judicial para frenar. Pero pudo seguir adelante porque había peligro de derrumbe si se interrumpía.

Más plata de la ANSeS a Economía

El Gobierno volvió a financiarse con la ANSeS. Esta vez renovó una Letra de US$ 240 millones que vencía ayer, ampliándola en U$S 18 millones, según la Disposición N° 1 de Hacienda.

La nueva Letra, por U$S 258 millones, se suma a la suscripta días atrás por otros U$S 631,6 millones. Con ese dinero, la ANSeS podría más que duplicar los fondos previstos para pagar las sentencias de este año, cuando la litigiosidad del sistema alcanzó el récord de 450.000 juicios.

No es la primera vez que el Gobierno recurre al sistema jubilatorio para financiarse porque, además, de las Letras, la ANSeS tiene colocados en papeles del Estado –entre bonos y Letras–unos $ 100.000 millones de los 170.000 millones que maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Ese fondo se constituyó con los excedentes del sistema y con los fondos que absorbió con la eliminación de las AFJP.

Tampoco la ANSeS es el único organismo al que el Tesoro recurre para financiar el pago de los vencimientos de la deuda pública. Por ejemplo, durante 2010, entre otros organismos, el Tesoro colocó Letras por valor de $ 2.130 millones en el PAMI y $ 1.512 millones más U$S 52 millones en el Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Empresas.

También el Banco Central es otro gran financista del Estado a través del permanente uso de las reservas para cancelar los vencimientos de la deuda. Y de los giros que le transfiere a la Tesorería por utilidades ganadas, que no son reales ya que se originan por valuaciones contables.

“El 82% móvil, insostenible” (???)
El titular de la ANSeS, Diego Bossio, advirtió que no se puede pagar el 82%, como sostiene la oposición.
“Ya hemos vivido situaciones donde los sistemas de seguridad social han quebrado, han desfinanciado al Estado y han provocado situaciones de endeudamiento insostenibles”, dijo Bossio, quien pidió “responsabilidad y prudencia” a la oposición que insiste con impulsar la ley del 82% móvil, vetada por el Gobierno.

Comentario:
¿Pobre de aquel que tenga que levantar las deudas que esta genrando este gobierno...? Vamos a necesitar de la ecuación: gran presidente + experto economista + ayuda del Dios Soja.

Mentiras verdaderas: la ley de Abastecimiento

Por Roberto Dvoskin, Profesor Universidad De San Andres - Diario Clarín

Cual si fueran las reglas que rigen los ciclos económicos, el Gobierno, a través de su Secretaria de Comercio Interior, vuelve a amenazar con la muy controvertida Ley de Abastecimiento (20680). No es este el lugar de discutir si la ley es buena o mala, de por sí categorías equivocadas, sino los alcances de la misma y si su aplicación en este momento de la economía argentina es útil o tiene razón de ser.

En primer lugar es interesante comprender el espíritu de la Ley, el momento histórico en que fue promulgada (año 1974). Y en segundo lugar, determinar si ese espíritu de la Ley se mantiene cuando la aplican o amenazan con su aplicación. La Ley de Abastecimiento (que no es una Ley de Precios ) es necesaria como instrumento del Estado cuando situaciones de extrema gravedad sobrevuelan a una sociedad.

Un ejemplo concreto y obvio podría ser una guerra, otro una gravísima crisis económica institucional como diciembre del 2001, que obliga a una rápida participación del Estado a fin que ningún sector social especule. Pongamos el ejemplo de un atentado terrorista con decenas de heridos; no es posible que laboratorios medicinales, droguerías y farmacias puedan especular ocultando productos o subiendo los precios. En esos casos el Estado tiene la obligación (no sólo el derecho que le otorgaría la Ley) de actuar en consecuencia e impedir que dicho grupo económico obtenga beneficios extraordinarios de la tragedia. Ese es a mí entender el espíritu de la Ley.

Si, en cambio, la ley se convierte en un instrumento de política económica para bajar la tasa de inflación, en el mejor de los casos estamos utilizando una escopeta Itaca para matar a un pajarito y en el peor de lo casos, el gobierno se convierte en no creíble. La amenaza de la Secretaría de Comercio (actual organismo de aplicación de la ley) de la utilizar la ley de abastecimiento para que empresas o grupo de empresas bajen sus precios es, al menos, suponer que el país está atravesando una grave crisis económica o que un cataclismo haya ocurrido sin que nos hayamos enterado.

La aplicación de un instrumento de tanto poder como la Ley de Abastecimiento para anomalías del mercado, algunas injustificadas, deben ser corregidas por instrumentos adecuados como la ley de Defensa de la Competencia o Defensa del Consumidor.

Tan grave como no usar el instrumento correcto es utilizarlo sólo como mecanismo de amenaza. El Estado se maneja con actos administrativos (como los jueces con sus fallos) y no con expresiones, gritos o amenazas.

Estoy convencido de la necesidad de políticas activas por parte del Estado, creo que los marcos regulatorios son instrumentos adecuados para una sociedad institucionalizada. Y que es fundamental respetar el espíritu de la ley. La ley de abastecimiento fue pensada para resolver problemas graves ante situaciones críticas, no como mecanismo para luchar ( ineficientemente ) contra la inflación.

La Policía Metropolitana y la academia policial cuestionada por el Canciller Timerman

El macrismo salió con todo a responderle a Héctor Timerman: el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió la renuncia del canciller , y calificó sus acusaciones sobre la capacitación de la policía Metropolitana como “ payasadas ”. Y el ministro de Justicia Guillermo Montenegro habló de “esquizofrenia” en el discurso del canciller.

“Señora Presidenta, por favor, pídale la renuncia a Timerman porque no está en condiciones profesionales ni anímicas de ejercer el cargo que ocupa ”, dijo Rodríguez Larreta ayer. Y calificó de “patético” el cuestionamiento, ya que al mismo curso “fueron enviados dos policías federales, tras una resolución de la ministra Nilda Garré”, así como integrantes de la policía bonaerense, y con anterioridad miembros de la Gendarmería y la Prefectura.

Timerman había declarado que el Gobierno porteño envió policías de la Metropolitana a capacitarse en “técnicas golpistas” y “cursos de tortura” , en “una escuela de El Salvador, sucesora de la Escuela de las Américas (que entrenaba militares), que está financiada por Estados Unidos”. Así hizo referencia a la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), en la que participan como alumnos policías, jueces y fiscales de diferentes países del mundo, capacitándose en el combate al lavado de dinero, al tráfico de drogas y al terrorismo, entre otros temas.

El propio canciller respondió con ironía al pedido de dimisión, en declaraciones a la agencia DyN , al afirmar que, por el contrario, si los funcionarios macristas hubieran pedido “que me ratifiquen” en el cargo, entonces “renuncio”.

Rodríguez Larreta argumentó en conferencia de prensa que la acusación del jefe de la diplomacia argentina a los cursos de contraterrorismo que se dicta con auspicio norteamericano “va a generar problemas internacionales con Estados Unidos y otros países de la región como Brasil y Chile”, que también enviaron a policías para los cursos de capacitación. “Esperemos, que una vez por todas la Presidenta de la Nación se de cuenta de que este señor está generando un problema, no solo con Estados Unidos, sino con muchos países del mundo que envían sus fuerzas a capacitarse (a ILEA)”, dijo el funcionario porteño.

Montenegro, a su turno, también fue duro: “la denuncia es parte de la esquizofrenia de Timerman -dijo-. No tiene ni la información de su propio gobierno. Timerman de seguridad mucho no sabe y trata de confundir a la gente. Esto en absoluto tiene que ver con la dictadura”, manifestó.

Según el ministro, en El Salvador se están capacitando cuatro oficiales, de quienes no quiso dar nombres, aunque se filtró información detallando los cuatro argentinos: dos de la Policía Federal (Subcomisario Cecilia Murphi y Principal Daniel Crudo), uno de la Bonaerense (Principal Oscar Alarcón) y otro de la Metropolitana (Cabo Inspector Pablo Subiza).

La ministra de Seguridad Nilda Garré, desmintió esta información: “la Policía Federal no hizo ningún curso de este tipo” , aseguró. Y agregó que “la Policía Metropolitana no tiene ninguna atribución que se pueda vincular al terrorismo. Es algo absolutamente fuera de lugar”. “No se comprende cuáles pueden haber sido los objetivos para que una policía ciudadana, que tiene atribuciones claramente de orden público, muy acotadas, tenga que ir a entrenarse”, concluyó Garré.

También se sumó a la polémica el diputado porteño Aníbal Ibarra, al comparar: “Esto es como si mandaran a los miembros de la Metropolitana a especializarse en pilotear aviones de combate o en el cuidado de las fronteras”(????). Montenegro explicó que en la Ciudad hubo episodios terroristas por lo que la fuerza de seguridad debe tener una capacitación especial. También aclaró que ya hubo procedimientos de la Metropolitana sobre narcotráfico, dando como ejemplo un caso en la villa 31 el año pasado.

En la edición 2011 del curso sobre seguridad y terrorismo dictado por ILEA para Sudamérica participan ocho policías de Perú, ocho de Brasil, ocho de Chile y cuatro de Argentina, según informó una fuente cercana al jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco.

La International Law Enforcement Academy (ILEA) en El Salvador, adonde viajarían a capacitarse policías argentinos, fue creada por Bill Clinton en 1995. El canciller Héctor Timerman la equiparó a la a la tristemente célebre Escuela de las Américas, donde se formaron golpistas de todo el continente.

Sin embargo, desde la página de Internet de ILEA se asegura que su objetivo es “ apoyar la construcción de la institucionalidad de la justicia penal y fortalecer las relaciones en la comunidad del cumplimiento de la ley en la región”. La capacitación, agregan, se centra en “los crímenes transnacionales, derechos humanos y el estado de derecho, con énfasis en el tráfico de drogas, trata de personas, terrorismo, lavado de dinero y otros crímenes financieros”.

La academia se estableció en varios países tras convenios bilaterales entre el gobierno de los EE.UU. El primero fue Hungría. Desde 2005, instalada en El Salvador, entrenó a 15 argentinos, y a otros 93 en su sede de Lima. Unos 2.172 alumnos sudamericanos en total. El programa publicado en su Sitio Web incluye cursos anti-pandillas, de investigaciones post-explosión y de precursores químicos, entre otros.

La Escuela de las Américas, en cambio, fue un centro de entrenamiento militar en Panamá, en el que el Ejército de los EE.UU. adiestró a represores latinoamericanos en métodos de tortura y asesinato desde los 60. En ella se graduaron, entre otros, Leopoldo Galtieri, Roberto Viola y el ex dictador panameño Manuel Noriega.

Las sospechas nacieron en EE.UU. El organismo de derechos humanos School of Americas Watch (SOAW) había denunciado que la ILEA era una “escuela de asesinos”. Lo hizo en 2005 a través de su Sitio Web, en el que su fundador, el reverendo Roy Bourgeois, aseguró que esta academia significa “un retroceso en términos democráticos” y “un camino para seguir controlando a Latinoamérica”. Otra denunciante fue la organización estadounidense Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), que acusó en 2007 a la ILEA de falta de transparencia y pidió al Congreso de los EE.UU. que le cortara el financiamiento.

Fuente: Diario Clarín