Con fuerte apoyo político, la Fuerza Aérea Argentina reabrió la base aérea "Chamical"

Por Fernando Morales - Infobae.com

Las obras fueron iniciadas durante la gestión del hoy senador Julio Martínez, quien en declaraciones a medios locales marcó el decidido apoyo del actual gobierno a la actividad de las FFAA

A media mañana del pasado 15 de junio, la localidad riojana de Chamical vio concretado un viejo anhelo no solo de las autoridades aeronáuticas sino de toda la provincia. En concordancia con la celebración del 50° aniversario de la creación de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la FAA, se presentaron las obras de rehabilitación de la pista del aeródromo militar, puesta en valor de calles internas y hangares, inauguración de un centro asistencial y mejora de instalaciones varias.

Asimismo la instalación militar CELPA I será la base de pruebas del ambicioso plan de puesta en marcha de los primeros vehículos aéreos no tripulados (UAV) de diseño, desarrollo y tecnología mayoritariamente nacional.

Tanto el Gobernador provincial Sergio Casas, como el Senador Julio Martínez, se mostraron de acuerdo en fomentar el desarrollo provincial a través de emprendimientos civiles y militares, coincidiendo en remarcar el apoyo de la gestión de Mauricio Macri a la provincia. Vale destacar que además de la lógica presencia de autoridades militares, una amplia gama de dirigentes políticos locales también presentes, señalaron a Infobae que más allá de los objetivos militares del proyecto, la reactivación de la base, implica un soplo de aire fresco para la actividad de la pequeña localidad riojana.

Tecnología para la defensa y la seguridad

Según detallo a Infobae el Comodoro Horacio Larrosa, la Fuerza Aérea desarrolló dos tipos diferentes de sistemas de armas (tal la denominación militar de las distintas aeronaves) bajo la denominación de Aucán y Vigna. Son drones equipados con tecnología de última generación, con distintos sistemas de captura de imágenes como así también sensores térmicos que los tornan ideales para tareas de reconocimiento del terreno que sobrevuelan, detección de naves siniestradas y control general de espacio aéreo.

Los modelos más pequeños son propulsados por baterías (tal como los drones comerciales) y tienen una autonomía de media hora. Pero la línea de modelos en producción alcanza a aeronaves autónomas de hasta 150 kilos equipados con motores de combustión interna de dos tiempos, los que permiten una autonomía de varias horas con una velocidad promedio de hasta 120 nudos (podrán cubrir enormes porciones del espacio aéreo nacional).

Si bien el desarrollo de estos aparatos posibilitará en un futuro dotarlos con sistemas de armas, en esta etapa la intención es la contribución al plan nacional SAR (búsqueda y rescate) y la recolección de imágenes para colaborar con las fuerzas de seguridad y para la vigilancia general del espacio aéreo nacional.

En dialogo con Infobae, varios oficiales de las FFAA señalaron que aún no se les ha informado de ninguna medida de fondo que apunte al cambio de la legislación vigente en materia de empleo de las fuerzas militares en tareas concretas de seguridad interior (excepto el apoyo técnico o logístico antes señalado), no obstante, y en cumplimiento precisamente de esas tareas periféricas, prevén el despliegue de unos 4000 cuadros de personal subalterno de las 3 fuerzas hacia el norte del país en los próximos días.

El Gobierno buscará sacarle a la Armada la conducción de los rescates en el mar

Por Andrés Klipphan - Infobae.com

Mediante un proyecto de ley, el oficialismo intentará dejarlo en manos de Prefectura. ¿Disputa entre los ministerios de Defensa y Seguridad?

Un proyecto de ley que ya ingresó a la Cámara de Diputados propone sacarle a la Armada el comando de las operaciones de Búsqueda y Rescate (SAR por las siglas en inglés de Search and Rescue) y pasarlo a manos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

De aprobarse, la modificación sería sustancial, ya que, de la órbita del ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, recaería en el de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.

La iniciativa se produce en dos momentos claves.

El primero, y quizás el más importante, es político y también económico. Fuentes gubernamentales le aseguraron a Infobae que se está elaborando un proyecto -que llevará tiempo- para que la Armada y Prefectura no compartan las mismas tareas, como por ejemplo el combate contra la pesca ilegal que hoy por hoy deberían realizar ambas.

Para la Casa Rosada, este hecho hace que se "dupliquen esfuerzos y presupuesto". En la práctica la mayor presencia de efectivos y recursos, por ejemplo en la denominada "milla 201" corre por cuenta de Prefectura. Sin embargo, la Armada de la República Argentina (ARA) lo reconoce como una actividad propia.

De hecho, el submarino ARA San Juan tenía como una de sus misiones el "control del mar", esto era fotografiar y filmar pesqueros extranjeros que depredan la Zona Económica Exclusiva Argentina, aunque nunca una de esas delicadas tareas derivó en una denuncia judicial.

Como sea, la idea del gobierno de Mauricio Macri sería que en el mar "exista una sola armada como ocurre en los países de la región"; y esto es la Marina, y que Prefectura Naval Argentina (PNA), "se retire cada vez más a la costa, es decir patrullando los ríos y profundizando los controles contra el narcotráfico" que ingresa a nuestro país con fuerza utilizando la Hidrovía Paraná-Paraguay, y los cursos de agua fronterizos en el norte de nuestro país.

De hecho, el ministerio de Seguridad de la Nación ya adquirió cuatro lanchas rápidas de producción israelí, modelo Shaldag, para la Prefectura Naval Argentina, que serán utilizadas por esa fuerza policial en zonas fronterizas calientes, y que forman parte de un ambicioso plan de protección de fronteras.

Como se ve, cuando de agua se trata, tanto Defensa como Seguridad, intentan ocupar los mayores espacios y preponderancia. El proyecto de gobierno es darle a la Armada tareas específicas propias en momentos en que, por fortuna, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto con fuerza navales extranjeras.

Si bien desde Gobierno entienden que detrás del proyecto parlamentario que intenta pasar de la Armada a la Prefectura el comando de la Búsqueda y Salvamento, "está la Prefectura", Infobae pudo saber -aunque públicamente se negará- que la iniciativa de los diputados nacionales del Bloque Propuesta Republicana Héctor Antonio Stefani y Antonio José Carambia, contaría con el visto bueno de la ministra Bullrich.

De seguir su curso parlamentario y ser aprobado, la Prefectura no solo tendrá la "actividad operativa como lo viene realizando desde 1981, sino que será la autoridad de aplicación del convenio internacional SAR". Es decir que tendrá la conducción y coordinación plena de los casos de búsqueda y rescate, pasando a ser, así, la Agencia Nacional SAR, según el proyecto al que accedió Infobae.

El segundo momento en que ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados, esto es el 8 de junio pasado, son los siete meses que se cumplieron de la desaparición del ARA San Juan, y del mayor despliegue de un operativo SAR que se produjo en el mar argentino para hallar al submarino y sus 44 tripulantes.

El impactante despliegue contó con la participación de las mayores fuerzas navales del mundo, como la de los Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña.

Las razones

Entre sus fundamentos, el proyecto afirma que mediante la ley 22.445, dictada en 1.979, durante la presidencia de facto del genocida general Jorge Rafael Videla, se aprobó el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento marítimo aprobado en la ciudad alemana de Hamburgo durante la Conferencia Internacional llevada a cabo con el auspicio de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la que se dispuso que "la autoridad de aplicación del SAR fuera el Comando en Jefe de la Armada a través de sus organismos competentes, entre los que se encontraba por ese entonces la Prefectura naval Argentina institución especializada en la materia".

Como recuerda el mismo proyecto, el 19 de octubre de 1984, durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, y a través del decreto 3.399 se modificó la "dependencia orgánica" de la PNA y se la pasó de la Armada al ministerio de Defensa desprendiéndola completamente de la órbita militar.

El 14 de diciembre de 2010, a través del decreto 1.993, ya con Cristina Fernández de Kirchner en el poder, Prefectura terminó recalando en el ministerio de Seguridad.

El proyecto no solo se detiene en cuestiones históricas de relevancia y de dependencia de la Prefectura, sino también estadísticas. 

Por eso da cuenta que "desde la ratificación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo en el año 1981 hasta la actualidad, la Prefectura Naval Argentina afectando recursos humanos y materiales propios ha dirigido y resuelto el 99,5% de los casos suscitados en el país".

El cuadro con ejemplos es contundente. En el año 2014 PNA participó, resolvió y dirigió 500 casos SAR, en 2015 fueron 488 salvamentos y así año tras año hasta llegar a los 171 que se realizaron en los primeros meses de este 2018, contando el actual operativo SAR desplegado en el sur de nuestro país y que intenta dar con los cuerpos de tripulantes del malogrado pesquero Rigel.

En concreto el artículo 1° del proyecto intenta sustituir el artículo 2° de la ley 22.445 para que quede redactado de la siguiente manera: "La autoridad de aplicación del instrumento citado (SAR) en el Artículo 1° será el ministerio de Seguridad a través de la Prefectura Naval Argentina".

El solo ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados ya generó resquemores no solo en el ministerio de Defensa, sino también en la Armada que no quiere resignar, a manos de Prefectura ningún tipo de actividad. Para que quede claro, el presupuesto de Defensa no contempla ninguna partida especial para las búsquedas y rescates, así que, al menos en este caso, el tironeo no es por dinero.

Solo como ejemplo, cuando el ministro Aguad declaró en la Comisión Bicameral parlamentaria que investiga la desaparición y búsqueda del ARA San Juan, aseguró, ante una pregunta concreta, que se destinaron para el despliegue SAR unos 750 millones de pesos que salieron de las arcas de la Armada y que debería ser compensada.