Lanzan la agencia que buscará inversiones para el país

Por Francisco Jueguen - LA NACION

Pasado mañana presentarán el organismo, que estará operativo en marzo y dependerá de Producción; finalmente lo presidirá Juan Procaccini

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, y la canciller Susana Malcorra

Fue una cita a solas. La escenografía hubiera sido inmejorable para una pareja en planes de reconciliación, pero el elegante restaurante Elena, en el Hotel Four Seasons, fue, en cambio, el lugar elegido la semana pasada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y la Canciller, Susana Malcorra, para pulir la estrategia final que el Gobierno impulsará para atraer nuevas inversiones a la Argentina.

La cita rindió sus frutos. Pasado mañana, en un acto puramente formal, nacerá finalmente la Agencia de Inversiones como organismo descentralizado del Ministerio de Producción. La misma se montará sobre la estructura de la camporizada Fundación ExportAr, que hoy depende de Cancillería. A pesar de su expertise no tendrá el foco en el comercio exterior sino en atraer interesados de todo el mundo para nuevos proyectos de inversión en las diferentes regiones del país. En el Ministerio de Producción no informaron qué pasará con su tipo societario: hoy esa fundación es mixta (capitales públicos y privados).

Se trató de un quid pro quo entre Producción y Cancillería. Semanas atrás, Malcorra había recuperado todas las atribuciones -antes bajo la órbita de Cabrera- sobre las negociaciones internacionales y la promoción del comercio exterior gracias al decreto 223, publicado el 20 de enero. Pese a las arduas negociaciones, en ambos ministerios recalcaron a LA NACIÓN que trabajarán en conjunto.

Esa imagen comenzará a proyectarse hoy, cuando el secretario de Comercio, Miguel Braun, viaje a México acompañado por técnicos de Cancillería. Allí participarán de encuentros que promovieron el presidente Mauricio Macri y su par mexicano, Enrique Peña Nieto, en Davos para mejorar el comercio entre ambos países. El mercado automotor será el eje de la reunión.

La presentación de la flamante Agencia de Inversiones, que estará operativa en marzo, será el jueves en Producción. Allí estarán Cabrera, Malcorra, Braun y otros funcionarios de ambos ministerios. El futuro director de la Agencia será finalmente Juan Procaccini, actual socio gerente de Moebius Capital Group. Procaccini trabajó además en Pegasus Capital, McKinsey & Company y Procter & Gamble. El egresado del Champagnat y del ITBA como ingeniero industrial tiene un master en la London Business School y en la UCLA Anderson School of Management, y vivió varios años en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y otros países de la región (Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay).

"Razones personales", adujeron en Producción para explicar porqué Marcelo Elizondo, ex director de la Fundación ExportAr y primera opción para dirigir la flamante Agencia de Inversiones, decidió dar un paso al costado. Elizondo no respondió los llamados de este medio. Sin embargo, según supo LA NACIÓN por otras fuentes, su decisión tuvo que ver con el desgaste por el diseño final de la agencia. Es que a diferencia de una agencia única o concentradora (planificada originalmente desde la Fundación Pensar), la actual -bajo la órbita de Producción- compartirá atribuciones principalmente con Cancillería, pero también con el Ministerio de Agricultura (tiene una Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales), el Ministerio de Comunicaciones (Secretaría de Promoción de Inversiones) y con Presidencia, que tiene un asesor Especial para Inversiones Extranjeras Directas (Horacio Reyser), que el mismo Macri llevó a Davos.

En Producción lo explicaron así: "Será parte de un ecosistema en el que se articulará desde Jefatura de Gabinete a los ministerios, con las embajadas a través da la Cancillería y con las cámaras empresariales. Va a ser como core del ecosistema". Agregaron, como para espantar fantasmas, que "el dueño" de la estrategia será Cabrera, pero que "no se dará un paso sin Malcorra".

"Encontramos una Argentina cerrada y que no crece. Hay que abrirse al mundo", afirmaron cerca de Cabrera, donde destacaron el papel de su jefe de Gabinete, Ignacio Pérez Riba, a la hora de darle impulso político al proyecto que se presentará pasado mañana. Según fuentes oficiales, se analizaron más de 190 agencias de inversión de distintos países para "alcanzar un modelo que tome los mejores estándares internacionales".

En busca de inversiones

Francisco Cabrera - Ministro de producción - El jueves presentará la nueva Agencia de Inversiones, que dependerá de él. El nuevo organismo estará operativo en marzo y se montará sobre la estructura de la Fundación ExportAr

Susana Malcorra - Canciller - Hace algunas semanas recuperó todas las atribuciones sobre las negociaciones internacionales y la promoción del comercio exterior, que antes dirigía Cabrera. Trabajarán en conjunto

Gran Bretaña reiteró que su postura por Malvinas no cambiará

(La Nación) - El embajador británico en España se mostró firme, aunque elogió la relación con Macri

El embajador británico en España, Simon J. Manley, aseguró ayer que la posición del Reino Unido sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas "no va a cambiar", pese a lo cual señaló que su país tiene "una buena relación" con el gobierno de Mauricio Macri.

"Tenemos buena relación con el nuevo gobierno del presidente Macri, buenos contactos con él y con su equipo", aseguró el diplomático británico, que sin embargo ratificó: "Nuestra posición sobre las Falklands (Malvinas) es muy conocida y no va a cambiar".

Las declaraciones de Manley fueron hechas a la agencia EFE cuando el diplomático fue consultado sobre la posibilidad de que ambos países encaren una nueva etapa en la negociación sobre las islas del Atlántico Sur, sobre las cuales los gobiernos argentinos mantuvieron históricamente el reclamo de soberanía plena.

Durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza), hace poco más de dos semanas, el presidente argentino y el primer ministro británico, David Cameron, convinieron en "embarcarse en un nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales, según informó -entonces- un portavoz del jefe del gobierno británico. En el encuentro, ambos mandatarios dialogaron sobre la posibilidad de reencauzar las relaciones bilaterales en lo que respecta a la cooperación en materia de energía, ciencia, tecnología, cambio climático y lucha contra el terrorismo.

Tras esa reunión, la canciller argentina, Susana Malcorra, prometió que el Gobierno tendrá una "perspectiva amplia" al momento de tratar el conflicto de las islas Malvinas, a diferencia de la postura "muy dura" que mantuvo el kirchnerismo durante sus gobiernos con respecto a los isleños.

A la vez, la funcionaria dijo en ese entonces que la administración de Macri buscará tener una actitud "evolucionaria" y no "revolucionaria" en la disputa.

Lucha contra el narcotráfico y derribo de aviones

Editorial del diario La Nación

Una ley que permita abatir aeronaves obrará como un factor disuasivo en la lucha contra el tráfico de drogas sólo si forma parte de un plan integral.

El reciente decreto que dispuso la emergencia en materia de seguridad incluyó la facultad de derribar aviones que ingresan en el territorio nacional sin identificarse y que, pese a ser intimados a hacerlo, no obedecen.

Como era de esperar, la medida generó una intensa polémica dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico acerca de los riesgos que entraña, de las graves falencias que existen en materia de radarización de nuestras fronteras y, muy especialmente, de la falta de aeronaves y de tripulaciones capacitadas para esa tarea.

Sin embargo, la primera e innegable virtud de la iniciativa del Gobierno es ratificar su decisión de combatir el narcotráfico. La segunda es tornar visible este gravísimo problema que ha crecido en forma exponencial con la complicidad del anterior régimen, para el cual ese tema no existía o era minimizado.

Es cierto que la intervención de nuestras Fuerzas Armadas -en este caso, de la Fuerza Aérea- en la lucha directa contra el narcotráfico requerirá una reforma legal y, en este sentido, el Gobierno ya anunció que a comienzos del mes próximo elevará al Congreso Nacional el correspondiente proyecto de ley.

Es innegable que el derribo de aviones empleados por los traficantes de drogas para contrabandearlas, realizado dentro del marco de la ley y con tripulaciones capacitadas para esta tarea, constituye una importante herramienta en el combate contra el narcotráfico . Nueve países de la región cuentan con sistemas en ese sentido y también fue una de las principales propuestas de la campaña presidencial del diputado Sergio Massa.

En cambio, coherente con su política de mirar para otro lado mientras el narcotráfico se extendía, el kirchnerismo bloqueó el tratamiento de varios proyectos de ley de derribo que la oposición había presentado en el Congreso: uno de ellos era de Pro.

Hasta ahora por desgracia, la Argentina ha ido fomentando una muy peligrosa imagen de cielos abiertos, sin controles de ningún tipo. En 2014, las autoridades revelaron que en nuestro país existen más de 1400 pistas de aterrizaje en campos privadosque se encuentran en condiciones irregulares de habilitación. Se sospechaba que muchas podrían servir o haber servido para el aterrizaje de avionetas que transportan drogas desde países vecinos.

El año pasado se verificó el ingreso de 453 aviones ilegales en los radares instalados en las fronteras, pero la cifra real es sin duda muy superior pues esos radares sólo funcionaban ocho horas diarias. Un verdadero sinsentido.

Al respecto, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, informó que los radares funcionarán durante las 24 horas. Como hemos expresado desde esta columna editorial hace ya tres años, al no encontrar ninguna resistencia para sobrevolar nuestra geografía, los narcotraficantes no se limitan a cruzar la frontera y aterrizar en pistas clandestinas o a arrojar su cargamento en una determinada zona, sino que cada vez con mayor frecuencia se internan con más profundidad en nuestro territorio. Para ello, las redes de narcotraficantes organizaron un sistema de postas de reaprovisionamiento para sus aeronaves. Por esta razón, los lanzamientos de droga se verifican cada vez más al Sur. Por eso ya no llama la atención que algunos de los 453 aviones ilegales registrados en los radares el año pasado aterrizaran en La Pampa.

Otro aspecto que será indispensable adecuar es el de los aviones. La Fuerza Aérea, al igual que el Ejército y la Armada, ha sufrido un largo, deliberado y profundo proceso de deterioro de sus equipos, hasta llegar a su obsolecencia. A ello se suma el escaso entrenamiento de los uniformados. En el contexto de la emergencia de seguridad pública, el ministro de Defensa, Julio Martínez, ordenó desplegar una sección de aviones Tucano de la Fuerza Aérea. Pertenecen a la Escuela de Aviación Militar y son aeronaves brasileñas de combate y de apoyo táctico que, hasta ahora, estaban destinadas a la formación de nuestros pilotos debido a la falta de aeronaves de entrenamiento primario.

Sin la radarización permanente, sin horarios completos de control en nuestras principales fronteras como ya existe en Brasil, sin aeronaves en condiciones y sin un plan integral que abarque todos los aspectos del combate contra la droga, el derribo se reduce sólo a buenas intenciones.

La aprobación del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso, junto con una rápida y completa radarización, la adquisición de aviones y un efectivo control de nuestras carreteras y del río Paraná -otra ancha y larga vía de ingreso de drogas- serán las pruebas irrefutables de que, finalmente, habrá comenzado en serio la lucha contra el narcotráfico.

Michetti encontró más irregularidades de Boudou en el Senado

Por Gustavo Ybarra - LA NACION

Detectaron la cesión de fondos millonarios al gremio legislativo y hasta un empleado que vive en Australia; estudian presentar una denuncia penal

A poco más de dos meses de haber asumido, las autoridades del Senado siguen descubriendo irregularidades de la administración de Amado Boudou al frente de la Cámara alta. Los nuevos datos se suman a los más de 2000 pases a planta permanente, muchos de ellos sin siquiera haber revistado como personal transitorio, firmados por el ex vicepresidente en su último año de gestión.

Cuando todavía faltan algunos días para tener los resultados de las auditorías que solicitó, la vicepresidenta Gabriela Michetti encontró varios casos que podrían derivar en denuncias judiciales.

Además del hallazgo de un empleado del Senado que vive en Australia, las irregularidades incluyen la cesión de un millonario fondo, en este caso por resolución conjunta con el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, a la Asociación del Personal Legislativo (APL) para ser utilizado bajo el concepto de "ayuda social" sin obligación de rendir cuentas sobre uso o destino.

A esto se suma la sorpresa que se llevó la flamante directora de Prensa de la Cámara alta, Paula Schuster, al descubrir que Senado TV es una marca que está en manos de un privado, al que se le tercerizaba la gestión del canal que transmite las sesiones y alternativas de la actividad del cuerpo. Según afirmaron a LA NACIÓN fuentes allegadas a Michetti, la vicepresidenta considera que las irregularidades exceden el plano administrativo y configuran delitos.

"Senado TV no es un canal, ni una señal, pero gastó 126 millones de pesos el último año", afirmó Schuster, en diálogo con LA NACIÓN. La funcionaria aclaró sus palabras: "Digo que no existió porque la producción estaba en manos de una empresa privada, o intervenían otras producciones para la realización de programas de cocina, sobre la política asiática o de entrevistas a artistas, entre otros".

Lo complicado de este nuevo caso de irregularidades detectadas es que los programas se realizaban con recursos del Senado, que pagaba los insumos y los salarios del personal que hacía los programas (camarógrafos, locutores, conductores y productores).

Sin embargo, la Cámara alta le pagaba un canon mensual a una firma, supuesta propietaria de la marca "Senado TV".

"La empresa aportaba tres cámaras, pero el resto del personal es del Senado", agregó Helio Rebot, secretario administrativo de la Cámara alta.

Según el funcionario, el contrato "estaba vencido hace muchos años" y la Cámara alta lo pagaba "por el sistema de legítimo abono, contra presentación de las facturas, lo cual equivale a una contratación directa pero sin la necesidad de cumplir con requisitos o condiciones".

Otro caso de erogaciones millonarias sin demasiado control es la resolución conjunta de ambas cámaras legislativas, firmada en junio del año pasado, que le entrega a los gremios con representación en el Congreso (APL, UPCN y ATE) el equivalente al 2% de la masa salarial que perciben sus afiliados para ser destinado a "ayuda social". Según estimó Schuster, la suma involucrada asciende a unos 160 millones de pesos anuales. La resolución de esta decisión llevó la firma de Boudou y de Domínguez pero no establecía ningún tipo de rendición de cuenta salvo que el aporte "será mensual, móvil y distribuido en forma proporcional a la cantidad de afiliados que posee cada Asociación Sindical".

Estas asociaciones sindicales sólo debieron informar a las autoridades de ambas cámaras legislativas la cuenta bancaria en la cual depositar el aporte.

Pasajes y adscripciones

El área donde más claro se ve el desorden adminsitrativo dejado por el kirchnerismo en su paso por el Senado es el del personal, donde el número de empleados de la Cámara explotó en los últimos años para pasar de los casi 2000 permanentes que dejó Julio Cobos tras su gestión a los 4900 que recibió Michetti en diciembre, cuando Boudou dejó de manejar la Cámara alta.

Como muestra de este crecimiento de los empleados estatales de la Cámara alta, las autoridades del Senado citan el caso del área encargada de emitir los pasajes aéreos para legisladores y funcionarios.

"Encontramos una estructua sobredimensionada de 50 empleados que se encargaban de la emisión de pasajes. Si se tiene en cuenta que hay 72 senadores y que los que representan distritos próximos a la Capital no usan pasajes, estamos muy cerca a una relación de un empleado por senador", afirmó Schuster.

En el proceso de reordenamiento de personal que se dispuso hacer el nuevo gobierno en todo el Estado, Michetti ordenó realizar a la vez una evaluación de más de 300 casos de adscripciones (empleados del Senado que cumplen funciones en otras dependencias públicas, nacionales o provinciales) y de comisiones de servicio (personal que cumple tareas fuera de la Cámara alta).

En esta tarea, los nuevos funcionarios de Personal se encontraron con un caso por demás llamativo: cuando trataron der contactar a un empleado que figuraba cumpliendo una adscripción, se sorprendieron al enterarse de que la persona en cuestión se encuentra viviendo en Australia. Las autoridades aún intentan determinar si están ante un típico caso de empleado "ñoqui" o si se trata de una defraudación y un tercero cobraba ese sueldo.

Los resultados de las auditorías que encargó Michetti estarían listos para fin de esta semana. Todo indica que dejarán al descubierto la verdadera "herencia" de la gestión Boudou.

La herencia de Boudou

A pesar de que no se terminaron las auditorías, ya se hallaron numerosas irregularidades

4900 Empleados - Michetti se encontró con 4900 empleados permanentes. Cobos había dejado 2000

Pases a planta permanente - Si bien las auditorías encargadas por Gabriela Michetti no están listas, ya se encontraron varias irregularidades. La primera de ellas fue el pase a planta permanente de más de 2000 personas que hizo Amado Boudou en su último año en el Congreso

300 adscripciones - Se evalúan casos en los que empleados del Senado trabajan en otras dependencias

Un empleado en Australia - Uno de los hallazgos más curiosos que dejó el paso del ex vicepresidente Amado Boudou por el Congreso es la existencia de un "empleado" del Senado que actualmente vive en Australia.

$ 126 millones - Se estima que el Gobierno invirtió ese monto proveniente del presupuesto del Senado

Senado TV - La flamante directora de Prensa de la Cámara alta, Paula Schuster, descubrió que Senado TV es una marca que está en manos de un privado, que se encargaba de la gestión del canal y su transmisión.

$ 160 millones anuales - Es lo que costaba la "ayuda social" para los sindicatos. No había rendición de cuentas

Fondos para los gremios - Con el aval de las dos cámaras, el Congreso autorizó erogaciones millonarias de fondos destinados a los gremios con representación en el Parlamento en concepto de "ayuda social". El monto equivale al 2% de la masa salarial que perciben los afiliados.

La Foto: Vard Marine diseñara un nuevo rompehielos para la Armada Chilena

Costo del diseño 4.000.000 de euros...
Fuente: Vard Marine

Nuevo vehículo de transporte blindado ruso entra en fase de pruebas

(RT.com) - El transporte blindado fue estrenado el pasado 9 de mayo en Moscú en el desfile militar celebrado con ocasión del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.
Vitaly Kuzmin / CC BY-SA 3.0

El nuevo vehículo blindado ruso de transporte de personal Bumerang se encuentra ya en fase de pruebas, ha anunciado Alexandr Krasovitski, director de la principal empresa fabricante, VPK. Hemos empezado las pruebas preliminares del aparato. Más de 40 empresas están involucradas en el proyecto", ha afirmado Krasovitski en una entrevista con RIA Novosti.

A su juicio, el Bumerang es un "vehículo de nueva generación, con armamento eficaz, fiables sistemas de defensa, tanto activa como pasiva, y un sistema de control moderno". "Es un vehículo de combate indestructible cuya maniobrabilidad, capacidad de disparo,  defensa e interactividad superan en una serie de indicadores a sus rivales extranjeros", ha resumido.

El Bumerang se estrenó el pasado 9 de mayo en el desfile militar celebrado en Moscú con motivo del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Está previsto que el vehículo incluya un cañón de 30 milímetros, una ametralladora modernizada PK de un calibre de 7,62 milímetros y sistemas antitanque Kornet.

Un sistema de control robotizado permitirá atacar de manera automática los objetivos designados por el operador del módulo de ataque.

En la base china, su antena ya apunta al cielo

La antena es imponente. Pesa 110 toneladas, el plato es de 35 metros de diámetro y la base tiene 10 metros de alto y 20 de ancho.

La zona de la instalación de la base espacial en la región neuquina de la Patagonia, los chinos la denominan simplemente como “Site 16”. En la Argentina, en cambio, el lugar posee varios nombres; el gobierno de la provincia de Neuquén, propietario de las 200 hectáreas tierras que reservó y cedió en comodato por un período de 50 años para ser utilizada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE), la bautizó como “fracción de tierra de lote E1, en un predio del Paraje Quintuco Pilmathue, nomenclatura catastral 05-RR-011-5424-0000, del Departamento Loncopué”. El gobierno nacional, por otro lado, llama al sitio “Bajada del Agrio”.

Desde hace casi seis años existe una fuerte controversia por el arribo del organismo militar China Launch and Tracking Control General (CLTC), receptor final del comodato de la CONAE con la provincia y responsable de la construcción de 4 edificios, y la instalación de una antena, telemetría y tecnología para “seguimientos terrestres, comando y adquisición de datos” de las actividades espaciales de ese país. Todo como parte integral de la Red China de Comunicaciones del Espacio Lejano.

La enorme estructura se divisa desde la Ruta 40, entre Las Lajas y Chos Malal.tro. Llegó al país en barco y a la provincia en 28 camiones. La armaron un amanecer, aprovechando que no corría viento. El gobierno neuquino y los chinos insisten que no hay cláusulas secretas.

El secretario de Gestión Pública de la provincia, Rodolfo Laffitte, indicó que “se acomodaron los conflictos laborales y la Subsecretaría de Trabajo está permanentemente monitoreando los temas de seguridad e higiene que habían desencadenado los problemas”. Anticipó que “en el transcurso de este año tiene que estar terminado todo”.

El funcionario detalló que el montaje de la antena demandó poco más de una hora y fue realizado en noviembre pasado, luego de que la estructura llegara a la región junto a una grúa especial que se transportó en barco y unos 28 camiones. El trabajo se hizo antes del amanecer, porque es el horario en el que merma el viento.

La antena china que observará el “espacio lejano” y supervisará las misiones a la Luna que el país asiático planea para el 2017 ya se erige sobre el paraje Quintuco, en el centro de la provincia.En noviembre del año pasado, una delegación de ingenieros chinos completó la instalación de la parábola que pesa 110 toneladas y que llegó a la región transportada primero en barco y luego en 28 camiones especiales.

La gigantesca estructura puede observarse desde la Ruta 40, en el trayecto que va de Chos Malal a Las Lajas.

El proyecto contempla la construcción de cuatro edificios, incluida la antena, cuya ejecución está avanzada pese a los ocho meses de atraso que arrastra la obra.

Los encargados de llevar adelante la tarea fueron expertos chinos que llegaron a la provincia para esa misión y luego regresaron a su país. Cuando comience a funcionar la estación, se prevé que unos 10 científicos residan de forma permanente y otros 25 roten.

La base que sostiene ese “plato” de 35 metros de diámetro es una gran “caja de hormigón” de 10 metros de alto por 20 de ancho. Laffitte precisó que esa obra está “prácticamente lista“, mientras que los restantes aún continúan en construcción.

“El que está más retrasado es el edificio administrativo, que incluye oficinas, alojamiento y comedor“, dijo. La antena tendrá una demanda de energía estimada en 1.500 kilovatios, para lo que la agencia china encargada del proyecto, CLTC, debió tender una línea de media tensión de unos 60 kilómetros, desde la estación transformadora del EPEN en Las Lajas.

Según explicó el funcionario provincial, China tiene como objetivo para el 2017 bajar a la Luna y retornar con muestras a la Tierra, mientras que para el 2025 proyectan una misión tripulada. Laffitte dijo que para eso requieren tener funcionando la estación en Neuquén: “Bajar y retornar a la Tierra es una operación crítica“.

La instalación de la base espacial generó polémica. La posibilidad de que también tenga uso militar y cuestionamientos por “falta de transparencia” del acuerdo con China, fueron los motivos centrales.

Fuente: http://maszapala.com.ar/en-la-base-china-su-antena-ya-apunta-al-cielo/

Prometen que Tandanor no despedirá empleados al terminar con el ‘Irízar’

Por Sergio Amor | Perfil.com

“El Irizar está casi terminado”. Trabajadores y autoridades del astillero Tandanor coinciden en que las reparaciones del rompehielos, incendiado en 2007, deberían concluir este año. 

Para Jorge Arosa, el nuevo presidente de la empresa, concluir las obras permitirá ocupar los talleres con nuevos proyectos, que van de la reparación de barcos pequeños a la fabricación de buques polares. Sin embargo, para Mauricio Melia, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales (Sittan), implica que muchos obreros se quedaran sin labores, y en el marco de las auditorías requeridas por el ministro de Defensa, Julio César Martínez, que en Fabricaciones Militares resultaron en 150 despidos, finalizar la reparación del Irizar es una preocupación para los trabajadores destinados a la tarea. “La actividad está muy parada”, dice el gremialista.

El Irizar emplea a buena parte de los 600 trabajadores de planta de Tandanor y cerca de 400 subcontratistas que cumplen tareas en el astillero. “El trabajo que se hizo es descomunal”, explica el presidente de la compañía estatal. “Si el Irizar fuera un auto, cualquier aseguradora lo hubiera declarado en estado de destrucción total. Se lo reconstruyó íntegramente, pero además se le aumentó la potencia, la autonomía y la cantidad de navegantes que puede llevar. No es poca cosa. Estamos hablando de uno de los cinco mejores rompehielos del planeta”. 

Los críticos del proyecto señalaron que con el costo de las reparaciones, cifrado en $ 800 millones, se hubieran podido comprar dos nuevos. Pero según Tandanor serían buques de menor tamaño, como los que tienen Chile o Brasil.  “Si Argentina quiere volver a ser la llave de entrada a la Antártida, y yo creo que debe serlo, necesitás un barco que pueda abastecerla durante todo el año, y eso es algo que sólo puede hacer el Irizar. Ahora, para zarpar en diciembre y volver en abril, pasando sólo por la bases argentinas, que es lo que se venía haciendo, puede que no haga falta tanto. Es un gran barco que está siendo subutilizado”, dice Arosa.

Además del rompehielos, en Tandanor se encuentran en reparación los submarinos San Luis y Santa Cruz, y un puñado de pesqueros pequeños que, en general, requieren trabajos superficiales. Sin embargo, Arosa promete que pronto habrá más trabajo: “Firmamos acuerdos con los Ministerios de Transporte y Defensa.

El objetivo es reparar las embarcaciones que surcan la hidrovía Paraná-Paraguay. También hay contratos con Petrobras, que muestran la importancia que tiene este astillero: en Brasil hay 14, y por las leyes que tienen de protección a la industria nacional, traerlos a la Argentina les sale mucho más caro. Y aún así vienen porque la calidad del trabajo que se hace acá no tiene comparación”. A mediano plazo, Arosa aspira no sólo a traer buques chilenos sino también a fabricar barcos, en vez de sólo repararlos. “El astillero tiene la capacidad instalada y la mano de obra para hacer buques polares”, asegura. Y se muestra tranquilo respecto a los rumores: “No hay ñoquis en Tandanor”.

AFIP: detectan planes de pago “a medida” por $ 29 mil millones

Por Jorge Velázquez - Clarin.com
Tras un relevamiento, Alberto Abad ordenó suspender la aplicación del artículo 32. Son 1.530 casos, otorgados discrecionalmente por Ricardo Echegaray entre 2010 y 2015, en base a la ley fiscal. El caso Ciccone figura en la lista.

(Izq.) Administrador Federal. Alberto Abad, preocupado por los planes “discrecionales”. (Der.) Son 1.530 casos, otorgados discrecionalmente por Ricardo Echegaray entre 2010 y 2015, en base a la ley fiscal. El caso Ciccone figura en la lista.

El 5 de enero pasado, el nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad, firmó una inusual resolución interna que autolimitaba sus facultades: suspendió la aplicación del artículo 32 de la Ley de Procedimiento que le permite otorgar discrecionalmente planes especiales de pago a contribuyentes que mantienen deudas millonarias con el Fisco. La decisión la tomó a sólo un mes de haber asumido al frente del organismo recaudador y después de comprobar que su antecesor Ricardo Echegaray había otorgado entre 2010 y 2015 un total de 1.530 planes de pago “a medida” por un total de $ 29.800 millones.

La nota interna que circuló Abad entre sus colaboradores dice lo siguiente: “Se instruye a esas direcciones generales (DGI, Aduana y Seguridad Social) y sus áreas dependientes ... que a partir del día de la fecha no deberán dar curso a las solicitudes o trámites iniciados por los contribuyentes para requerir de este administrador federal el ejercicio de la facultad que le concede el artículo 32 de la ley 11.683”. Ese artículo de la Ley de Procedimiento Fiscal es el mismo que Echegaray utilizó para conceder en 2010 un plan de facilidades de pago a la imprenta Ciccone, medida que le significó quedar imputado en la causa que tiene como procesado al ex vicepresidente Amado Boudou.

Abad se refirió al tema de los planes de pago discrecionales que crecieron a la sombra del artículo 32 la semana pasada, en la rueda de prensa en la que presentó los datos de la recaudación y anunció la reimplantación del régimen “Mis facilidades”, que contempla planes de pago “objetivos, permanentes y con reglas claras para todos por igual según el tipo de deuda”, explicó (ver detalles en página 9). En esa conferencia, Abad le dijo a la prensa: “¿Ustedes recuerdan qué era el artículo 32? Es el que le otorga discrecionalidad al Administrador Federal de Ingresos Públicos, por el cual ante determinados pedidos podía dar planes de pago hasta 150 cuotas y con tasas de interés muy bajas”. Y remarcó: “¿Se acuerdan de toda la discusión de Ciccone? Era un plan del artículo 32, porque le permitía sólo al Administrador Federal y con plena discrecionalidad otorgar o no otorgar ese tipo de planes. Ahora encontramos bajo el artículo 32 muchos planes y por mucha plata”.

En la AFIP rige el secreto fiscal, de manera que es imposible saber quiénes fueron los 1.530 casos que se beneficiaron con los planes “a medida”. Excepto, claro, la imprenta Ciccone, ya que el caso cobró estado público desde que está en manos de la Justicia.

Según pudo averiguar este diario, entre 2010 y 2015 hubo planes de este tipo para empresas de la construcción, laboratorios, transporte de pasajeros, medios de comunicación y hasta clubes de fútbol.

La cantidad de cuotas y los intereses para cada deuda a regularizar son determinados por el jefe del organismo, sin necesidad de ajustarse a ningún plan vigente de carácter general. Así es como, por ejemplo, se pueden encontrar casos variados: 18 planes de 2 cuotas; 36 planes de 148 cuotas; 393 planes de 120 cuotas. Lo mismo se puede advertir con los intereses: en un plan se fijó una tasa de 2,25% mensual, pero en otros 16 casos fueron de sólo 0,5% y en otros 1.122 planes la tasa fue del 1,35%.

Otro detalle curioso es que una misma empresa recibió 5 planes distintos y todos caducaron porque en algún momento dejó de pagar las cuotas. También se menciona el caso de una empresa concursada que recibió un plan de 148 cuotas con un interés del 0,5%. En ese momento, para las empresas en esa situación había planes en vigencia entre 96 y 120 cuotas, con intereses del 3%.

Abad detectó estos datos en un relevamiento que hizo a poco de asumir. Las fuentes aclaran que “si bien no es ilegal el uso de estas facultades, es llamativo que hasta cuatro días antes del cambio de gobierno se firmaron planes de pago mediante este mecanismo. La excepción pasó a ser la regla”.

El acuerdo transpacífico (II)

Editorial del diario La Nación - El jueves pasado, en Auckland, Nueva Zelanda, el llamado "Acuerdo Transpacífico" (conocido generalmente por sus siglas en inglés como TPP) fue suscripto por sus 12 países miembros. Entre ellos, por tres de las más exitosas naciones latinoamericanas: Chile, México y Perú, cuyas economías se han abierto al mundo. Los acompañarán Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

El intercambio comercial total entre ellos es muy significativo, del orden de los 45.000 millones de dólares anuales. En función de lo acordado, unos 1600 nuevos productos se comercializarán sin obstáculos. El TPP involucra a nada menos que el 40% del PBI mundial. Ni China ni el Mercosur pertenecen a él. Por ahora, al menos.

Se trata de mucho más que un mero acuerdo de libre comercio, pues incluye reglas sobre inversiones, regulación de la competencia, propiedad intelectual, medio ambiente, regulación laboral y transparencia. Sus participantes aspiran a que esas normas se transformen en las que gobiernen el quehacer de todas las naciones. Esta particular circunstancia hace que el acuerdo tenga una importancia realmente singular. La ratificación por parte de Estados Unidos es esencial para la puesta en marcha de lo convenido.

Nuestro país, que ha decidido volver a integrarse en el mundo, saliendo de una buena vez del dañino aislamiento en que lo había colocado la administración de Cristina Kirchner, debería tratar de consensuar con sus socios del frustrado Mercosur el impulso sin más demoras a una vinculación estrecha con el Acuerdo Transpacífico. Ello, sin descuidar el regreso del Mercosur a la que fuera su auténtica naturaleza, la que tiene que ver con el capítulo del comercio, ahogado por la retórica política estéril que se apoderó de la región a lo largo de la década pasada. Esa política llevó al Mercosur a encerrarse en sí mismo sin asumir riesgos, lo que ha generado una relativa pérdida de contacto con las corrientes comerciales más importantes del globo.

El kirchnerismo y sus 2160 denuncias por corrupción

Editorial del diario La Nación - La Justicia no debe demorar las investigaciones de la sucesión de escándalos que caracterizaron al régimen kirchnerista para evitar que queden impunes


La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires informó que, entre 2003 y 2015, algunas de las más notorias figuras del kirchnerismo recibieron un total de 2160 denuncias radicadas en el distrito por posibles hechos de corrupción. Fue la ex presidenta Cristina Kirchner quien, de ese total, recibió la mayor cantidad, 419, seguida por su esposo, Néstor Kirchner, con 193; el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, 117, y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, 108.

La información de la Cámara Federal no precisa cuántas de esas denuncias se convirtieron en investigaciones judiciales luego de que los fiscales efectuaran los requerimientos correspondientes. Tampoco, por limitaciones del sistema informático, pudo saberse cuántas fueron desestimadas. Los dos únicos funcionarios del anterior gobierno que se encuentran condenados son el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y la ex ministra de Economía Felisa Micheli.

Lo cierto es que los escándalos fueron una constante durante el kirchnerismo y, aunque la mayoría de ellos estalló durante la gestión de Cristina Kirchner, muchos se originaron durante el mandato de su esposo. A diferencia de lo ocurrido durante el menemismo, Néstor Kirchner concentró en su persona todas las decisiones importantes. Muy pocas cosas se hacían sin consultarlo. Podría decirse, al ver la sucesión de escándalos, que el régimen de las decisiones hiperconcentradas funcionó como una especie de asociación ilícita para la comisión de una serie indeterminada de delitos.

Las 2160 denuncias judiciales radicadas en la Capital contrastan con el escaso número de causas de peso que lograron importantes avances durante el pasado gobierno. Esto obedeció a la actitud de algunos jueces y fiscales federales que, por diversas razones, todas deplorables, no impulsaron investigaciones o lo hicieron con suma lentitud. Además de esos funcionarios, el régimen contó con la complicidad del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, esencial para brindarle protección, entre otros, al pseudoempresario Lázaro Báez, quien habría recurrido a facturas falsas para evadir impuestos y quizá también para acumular fondos negros para girarlos al exterior. Por ese caso, Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la Nación, había desplazado a muchos funcionarios de la sede de la AFIP en Bahía Blanca, hasta desactivarla.

Una de las causas más emblemáticas en su momento fue la del presunto pago de coimas y sobreprecios en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, realizada en 2005. Se la conoció como caso Skanska, por la constructora sueca cuyos directivos llegaron a admitir el pago de coimas a funcionarios para poder participar en las obras de ampliación de los gasoductos. Esta causa, que comprometía al ministerio de De Vido y, allí, a la secretaría de Energía, entonces a cargo de Daniel Cameron, avanzó con fuerza pero la Justicia invalidó las principales pruebas. Afortundamente, a fines de 2015 la Corte Suprema de Justicia dispuso que continuara la investigación. La importancia de este caso es que puso la lupa sobre una de las principales cajas del kirchnerismo: la obra pública.

El secuestro en el Aeroparque de una valija con 790.000 dólares que portaba el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, en 2007, presuntamente destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner, fue otro de los casos más sonados e involucró a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y embajador paralelo en las sombras ante el régimen chavista de Caracas. La causa quedó en la nada cuando la Cámara de Casación la declaró prescripta. La medida fue apelada ante la Corte, que aún debe expedirse. Las maniobras dilatorias que caracterizaron a este sumario son una constante en las causas de corrupción y buscan la extinción de la acción penal por prescripción.


El escándalo que protagonizó el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso de la ex imprenta Ciccone, de la que intentó apoderase mediante testaferros, significó un importante desgaste político para la entonces presidenta, en el que el apoyo que brindó al sospechado Boudou se tradujo en la renuncia del procurador general de la Nación Esteban Righi a su cargo debido a una acusación de Boudou que luego se probó carente de todo fundamento.

Pero si entre todas las causas contra funcionarios kirchneristas hay una que realmente preocupa a la ex presidenta por la solidez de las pruebas reunidas que la involucran a ella y a sus hijos Máximo y Florencia, es la de Hotesur, en la que se investiga el lavado de dinero mediante el cual Báez alquilaba habitaciones en los hoteles de los Kirchner que jamás eran ocupadas por personal de sus empresas. La Justicia tiene en su poder los documentos que lo consignan. Una maniobra similar se concretó con las tripulaciones de los vuelos de Aerolíneas Argentinas a El Calafate.

En una reciente presentación judicial, la diputada Margarita Stolbizer sostuvo que el Banco Nación y la Inspección General de Justicia permitieron que Báez realizara parte del paulatino blanqueo de la fortuna de los Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Según la diputada, el gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas constructoras de Báez y, a su vez, "le concedía créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias"; como garantía, "Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". Como resumió la legisladora, el Estado otorgaba las obras, le pagaba cifras millonarias por ellas, "el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar".

Tampoco pueden olvidarse los escándalos protagonizados por Jaime hasta llegar a la tragedia ferroviaria de Once, que le valió una condena y un pedido de investigación a De Vido, ni los negociados con la efedrina, que redundaron en otro aporte de dinero a la campaña de Cristina Kirchner.

Los 12 años en los que el kirchnerismo estuvo en el poder le permitieron disponer del Estado como si le perteneciera, incluido el patrimonio público y el enorme poder, ejercido con total impunidad, que otorgan los cargos oficiales en los gobiernos autoritarios. En este último aspecto hay que tener muy en cuenta que la impunidad con la que se movieron aquellos altos funcionarios fue facilitada por el sistemático desmantelamiento, la paralización intencional y los copamientos con funcionarios afines de los organismos de control, como la Oficina Anticorrupción, entre otros. Más adelante, la búsqueda de impunidad incluyó el acceso a cargos que otorgan fueros.

Pocos espectáculos hay tan desmoralizadores como la sucesión de graves denuncias que la sociedad ve perderse de vista hasta su cierre debido al paso del tiempo. Ese fue el espectáculo al que nos acostumbró la Justicia, con escasísimas excepciones.Resulta indispensable que, de una vez por todas, se activen en los tribunales aquellos expedientes largo tiempo dormidos para que la sanción a los culpables no sea la excepción, sino la norma.

El bombardero B-52, el avión que simboliza el poderío militar de Estados Unidos

Por James Morgan - BBC, Louisiana
Lo llaman "Buff" (Musculoso) por su enorme tamaño. El bombardero más temido del siglo XX, el B-52, aún sigue vigente después de 60 años de servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Ha participado en guerras que van desde Vietnam hasta Afganistán.Y seguirá volando hasta 2044. Pero ¿podrá este gigante de los 1950 sobrevivir la era de los drones y los aviones furtivos?

Estamos bajo un calor sofocante en el verano de Louisiana. El asfalto de la pista de Barksdale parece carbón ardiente. Un grupo de jóvenes mecánicos, exhaustos y sudando, se refugian bajo la sombra del vientre descomunal de un maltratado avión bombardero. El vientre está abierto. La pintura de batalla bajo las alas se está descascarando y ha quedado expuesto el color amarillento de la primera mano de pintura. Su nombre es "Cajun Fear" (Temor Cajún), y está pintado en la nariz con un caimán gruñón.
Estacionado junto a él están el "Grim Reaper", "Apocalypse", "Global Warrior", y el "Devil's Own", el orgullo del escuadrón de bombarderos llamado ""Red Devils" (Diablos Rojos).

Lo llaman "the Buff", (el Musculoso), las cifras en inglés de "Big Ugly Fat" (Grande Feo Gordo).
El bombardero fue construido en 1960, el año en que John F. Kennedy ganó las elecciones presidenciales de EE.UU., la película Psycho fue estrenada y la Unión Soviética envió con dos perros al espacio exitosamente. Dos años más tarde, en 1962, en una fábrica en Wichita, la última versión que se construyó del bombardero nuclear B-52 encendió sus ocho motores para desempeñar su papel en la Crisis de Misiles de Cuba.

El B-52 aún sigue vigente después de 60 años de servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos,
Hoy, más de medio siglo después, tras la guerra de Vietnam, dos guerras en Irak y la de Afganistán, el abuelo de la Fuerza Aérea de EE.UU. está mostrando sus cicatrices de batalla.

Los pilotos bromean que si lo vuelas de cabeza "pueden caer huesos de pollo de Saigón". Pero estos ancianos todavía patrullan orgullosos los cielos de Estados Unidos. Cuando este país quiere entregar un mensaje manda al B-52. En noviembre, para la furia de Pekín, dos bombarderos B-52 volaron cerca de las disputadas islas en el Mar de China Meridional.

Estados Unidos ha puesto tal fe en estas máquinas históricas que las mantendrá patrullando los cielos hasta 2044, cuando estén bien entradas en sus 80 años. En la era de los drones, los aviones furtivos y la ciberguerra, un monstruo avejentado que fue diseñado en una servilleta tres años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía siembra temores en el enemigo. "Este avión es la icónica máquina de batalla de la Fuerza Aérea de EE.UU.", dice el coronel Keith Schultz, vicecomandante de ala que ha pilotado B-52 durante más de 30 años. "Cuando cargamos estas armas, el mundo presta atención. Siempre es el primer avión que llega al lugar cuando hay un conflicto. Tocamos a la puerta y después dejamos pasar a los otros aviones para que hagan su trabajo".

EE.UU. usa sus B-52 cuando quiere hacer llegar un mensaje a otro país. "Tocar a la puerta" con un avión de este tamaño, de 48,5 m de largo y con una envergadura de 56,4 metros, es trabajo de un equipo formado por cinco miembros.

El capitán Ryan Allen, oficial de sistemas de armas se sienta en la oscuridad de la parte inferior, donde no hay ventanas, para dirigir y lanzar las bombas. "Piensa en el enorme poder político que tiene este avión", dice. "Cuando un F-16 aparece en tu país, eso es grande. Pero cuando un B-52 se presenta... todos empiezan a comportarse de otra forma".

Escuchamos un rugido y miramos hacia arriba. Un ave oscura vuela amenazadora sobre nosotros bloqueando la luz del sol. El cielo se cubre de nubes de humo de sus ocho motores y nos vibran los oidos con el sonido tan distintivo. No sólo retumba, es casi como un grito procedente de los turborreactores. "Es el sonido de la libertad", como dice Schultz. Puede volar a 1.046 km/h a hasta 15.200 metros de altura (los aviones comerciales vuelan a unos 10.000 metros. Y la carga colosal de 22.670 kilos incluye cientos de bombas convencionales y 32 misiles de crucero. Puede recargar combustible en el aire, lo que le proporciona un alcance de ataque potencialmente ilimitado.
Esto creó un "frente nuclear" para Estados Unidos durante la Guerra Fría.

El avión tiene 48,5 m de largo y una envergadura de 56,4 metros. "Creo que los ingenieros que lo diseñaron en una servilleta en Ohio aquella noche, sabían que tenían una estructura que iba a durar lo necesario", dice Schultz. "Y era una era en lo que no había computadoras. Estamos hablando de reglas de cálculo". "Lo construyeron con enorme durabilidad para soportar los despegues y la turbulencia". El exterior de la nave ha cambiado poco desde los 1950. Pero internamente, con el paso de los años, ha sido actualizada con computadoras y sistemas de navegación interna de GPS/INS.


A través de los años el "Buff" ha sido adaptado para transportar casi cualquier arma del arsenal de EE.UU., incluidos los misiles de cruceros guiados con láser. A medida que la tecnología del enemigo ha avanzado, también han cambiado las herramientas de defensa y camuflaje empleadas por el oficial de sistermas de combate electrónicos. Se sienta en la parte superior, mirando hacia atrás y donde no hay ventanas. Él o ella utiliza el llamado jamming (señales externas en las frecuencias para enmascarar los objetivos) y ayudar al B-52 a esquivar los misiles antiaéreos y aviones de combate.
B-52
En el exterior de la nave ha cambiado poco desde que fue diseñado en los 1950. Sin embargo, aunque es enorme en el exterior, su oscuro interior es poco espacioso y la tripulación se sienta hombro con hombro con poca privacidad. No es un avión diseñado para transportar gente. Fue creado para transportar bombas. Y tampoco es cómodo, dice el coronel Warren Ward, veterano piloto del Buff durante la Operación Tormenta del Desierto.  "Entras a él y es muy caluroso. Comienzas a sudar en el cojín de tu asiente", explica. "Pero después cuando asciendes te congelas y con la ropa mojada por el sudor, empiezas a temblar..." Si es tan incómodo para viajar, ¿es placentero volarlo? "Olvídate de eso", dice Ward. "Es un asco volarlo. Es un camión de basura. Yo lo comparo a arrear búfalos".
"No es ágil. Pero aprendes a respetarlo".

Desde este rincón adormilado de Louisiana, Ward tomó parte de uno de los bombardeos más devastadores y largos del siglo XX. Junto con otros 56 tripulantes, entraron a siete bombarderos. El de Ward fue el Grim Reaper, que tenía una pintura de Bugs Bunny en la nariz. Y volaron 22.500 km hacia Bagdad para lanzar una ola de misiles de crucero que destruyeron las defensas aéreas de Saddam Hussein. Un día y medio después aterrizaron, sin que sus neumáticos hubieran tocado una pista en 35 horas. "Puedo despertar aquí en mi propia casa, despegar y volar hacia el otro lado del mundo, regresar a mi casa y dormir en mi propia cama. Es un concepto muy extraño en toda la historia de la guerra", dice Ward.

Para los pilotos es esencial el apoyo de sus camaradas. "Aquí no se trata de tener la mentalidad de un piloto de combate de que eres invencible y que puedes hacer todo solo", dice Allen. "Te ves forzado a cooperar. No cambiaría esta camaredería por nada en el mundo". "Cuando estamos lanzando bombas en el campo de entrenamiento siempre hay ovaciones". "Por lo general competimos para ver quién lanza la bomba más precisa. El que pierde compra las cervezas. Es increíble".

Este orgullo y afecto por el amado Buff trasciende todas las jerarquías en Barksdale. Y nadie descuida sus deberes. Todos analizan e inspeccionan casa detalle de la nave. En esta era de aparatos inteligentes que se rompen y no pueden repararse, la extraordinaria fortaleza de un bombardero mecánico de los 1950 -y la mentalidad de "no deseches, recicla" de la Fuerza Aérea- son casi reconfortantes. Pero no hay que olvidar la destrucción que este avión ha provocado.

Vista desde la tierra, la historia del B-52 es muy diferente. El B-52 lanzó bombas en las dos guerras de Irak, Afganistán y Vietnam. Su futuro incluye un sistema mejorado de armamento, mejores enlaces de datos para comunicaciones, y un cambio de motor para que la nave consuma menos combustible. Pero para la tripulación que vuela este avión, siempre seguirá siendo el Buff. Ninguna tecnología puede reemplazar lo que lo ha hecho tan especia, como explica Allen. "Estoy sentado en un jet que probablemente voló al centro de Hanoi en los 1960, or disparó misiles de crucero en Irak en los 1990". "Mis hijos y mis nietos podrán volarlo. Esto es algo increíble. Es extraordinario".

Mercenarios: la inestabilidad global alimenta un gran negocio británico

Por Luisa Corradini - LA NACION

Gran Bretaña factura más de 50.000 dólares anuales en "ejércitos privados", que se multiplicaron ante amenazas como el terrorismo, la piratería o la inseguridad

PARÍS.- El terrorismo, la piratería marítima, los actos de sabotaje y la inseguridad general que vive el planeta desde hace 15 años favorecieron la vertiginosa proliferación de milicias privadas y compañías de seguridad (MPCS). Por sus dimensiones, esas actividades, legales pero al borde de la moralidad, se transformaron en una auténtica industria, esencialmente basada en Gran Bretaña, que factura más de 50.000 millones de dólares anuales.

Herederos de corsarios, ejércitos privados y mercenarios, los soldados irregulares prácticamente habían desaparecido en los siglos XIX y XX, pero volvieron de la mano de la descolonización en los años 60 y, desde entonces, nunca dejaron de aumentar.

La razón es simple. En teoría, las milicias privadas ofrecen a Estados o empresas privadas la posibilidad de lanzar guerras allí donde, por razones económicas o políticas, los gobiernos no pueden hacerlo. Pero esta práctica más vieja que los mismos ejércitos regulares no sólo se expande a pasos agigantados: también está modificando las relaciones internacionales.

"Todos saben que Vladimir Putin utilizó mercenarios en Ucrania. Pero ¿qué líder occidental sería capaz de decirle que no lo puede hacer, después de emplear soldados de fortuna durante diez años de guerra en Irak y en Afganistán?", reflexiona Sean McFate, investigador en el instituto Atlantic Council, en Washington.

Gran Bretaña parece haberse transformado en el "principal proveedor" de ese limbo de la violencia omnipresente en las "guerras contra el terror" lanzadas por Occidente después de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, según un informe de una ONG británica publicado esta semana.

El documento de la ONG War on Want (Guerra a la Miseria), titulado "Mercenarios descontrolados: el nuevo mundo de las milicias privadas y las compañías de seguridad", examina el crecimiento exponencial de esa industria en los últimos 15 años y afirma que ha llegado el momento de prohibir esa actividad y "poner fin a la privatización de la guerra".

La multinacional británica G4S, según el informe, es actualmente la empresa de seguridad privada más importante del mundo. Pero no menos de otras 14 sociedades del sector están basadas en Hereford, a escasos pasos del cuartel general del Special Air Service (SAS), célebre unidad de fuerzas de elite de la corona y principal vivero de unas 46 MPCS del planeta.

"El aumento vertiginoso de las milicias privadas y compañías de seguridad, con contratos valuados en decenas de miles de millones de libras, marca el regreso de la era de los perros de la guerra (mercenarios), omnipresentes en la invasión de Afganistán e Irak", afirma John Hilary, director ejecutivo de la ONG que lucha contra todas las causas de la pobreza.

En los momentos más difíciles de la ocupación de Irak, unas 80 empresas privadas británicas operaban en ese país. Hoy, según War on Want, son centenares las MPCS que actúan en áreas de conflicto en todo el mundo, movidas únicamente por un sistema de autorregulación.

En Libia, las milicias privadas británicas fueron las primeras en llegar después de la caída de Muammar Khadafy en 2011, señala el informe. El Security Contracting Network, un foro de reclutamiento consagrado a esa industria, publicó entonces un mensaje que rezaba: "En cuanto las empresas de petróleo extranjeras intenten volver a Libia, habrá un pico de actividad".

Otras dos de las principales empresas británicas del sector, Aegis Defense Services (actualmente parte de GardaWorld), Control Risks y Olive Group, también se cuentan entre los principales empleadores. Sus directorios están dominados por ex oficiales retirados.

El año pasado, G4S obtuvo un contrato de 188 millones de libras (245 millones de euros) para ocuparse de la seguridad de la petrolera nacional iraquí Basrah Gas Company y otro de 130 millones de euros por cinco años con la embajada de Gran Bretaña en Afganistán. Sus ingresos en África llegaron el año pasado a 650 millones de euros. War on Want afirma que entre los clientes de G4S se encuentran Royal Dutch Shell y AngloGold Ashanti, el gigante sudafricano de la extracción de oro. Los contratos del Foreign Office (la cancillería británica) con empresas privadas de seguridad prácticamente se cuadruplicaron en 11 años. Las cifras oficiales muestran que pasaron de 16,3 millones de euros en 2003 a 64,7 millones en 2012.

Con el objetivo de limitar los abusos, una comisión de la ONU prepara un proyecto de convención internacional que debería reglamentar la actividad. Pero la tarea no será fácil pues, en el mundo de la realpolitik, los beneficios que proporcionan esos ejércitos paralelos parecen exceder ampliamente los riesgos.

Ésa es la razón que explica la longevidad de la práctica. Aunque cueste creerlo, la Guardia Suiza Pontifical, oficialmente llamada Cohors Helvetica Pontificia, es un ejército mercenario: el último vestigio de los destacamentos de extranjeros que sirvieron en distintas cortes europeas a partir del siglo XV.

Río Turbio, otro ícono kirchnerista paralizado por la corrupción (III)

Por Mariela Arias, Diego Cabot - LA NACION
Hace cinco meses, Cristina Kirchner inauguró la central térmica que debía ser alimentada por la mina de carbón; la obra se transformó en una caja para financiar la política

Walter Gerez, asesor técnico, con un empleado en el interior de la mina.Foto:Gastón Franco

RÍO TURBIO.- La central térmica de Río Turbio, una de las megaobras que el kirchnerismo construyó para darle sentido a la histórica mina de carbón, hoy está totalmente paralizada y sin producir energía. En el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), razón de existir de la monumental obra, hay un atraso fenomenal del plan de inversiones, que preveía que el año pasado ya se debería haber extraído carbón suficiente como para alimentar la usina.

Nada de eso ha ocurrido, pese a que en toda la cuenca carbonífera se invirtieron 30.000 millones de pesos en la última década. Hoy, en este rincón de la Argentina resuenan las denuncias de que el proyecto se transformó en una fabulosa caja de financiamiento político.

La nueva intervención tiene una misión y un desvelo: investigar a fondo las sospechas de corrupción en el yacimiento de carbón e intentar contra reloj reactivar la mina y sacar el carbón necesario para poner en funcionamiento la usina. Se armó con este objetivo un equipo de expertos con experiencia en el yacimiento; saben que la misión no es fácil, pero tampoco imposible.


La chimenea pintada con rayas rojas y blancas de la central térmica de Río Turbio se distingue apenas la curva de la ruta nacional 40 deja atrás el valle del río Primavera. Minutos después, al llegar frente a la central, una seguidilla de toldos y cubiertas quemadas sobre la ruta anuncian la protesta de la Uocra (trabajadores de la construcción), que hace más de un mes mantiene paralizada la obra inaugurada por Cristina Kirchner en septiembre pasado.


La cinta por la que debería circular el carbón desde la mina, inactiva.Foto:Gastón Franco

Son cerca de un millar de empleados de contratistas de Isolux Corsán, la firma que construye la usina en la que se invirtieron algo más de US$ 700 millones. Como en gran parte de la obra pública, los atrasos en los pagos que dejó el gobierno anterior hacen estragos en los obradores.

Desde que en 1946, dentro del programa energético del país, se produjo el impulso que llevaría a la puesta en marcha del yacimiento, todo aquí gira en torno al carbón: la vida, la economía, las expectativas y el futuro de unas 30.000 personas de esta ciudad y de la vecina 28 de Noviembre, que integran la cuenca carbonífera. Cada cambio en la empresa es seguido con atención, como ahora siguen a la nueva conducción, después de doce años de gestiones con una fuerte impronta del Frente para la Victoria. Todos aquí quieren la reactivación que les permita soñar con el futuro.

Omar Faruk Zeidan nació hace 40 años aquí en Río Turbio y es miembro de una reconocida familia de comerciantes. Fue concejal en dos períodos consecutivos por la UCR y ahora asumió la intervención de YCRT. Con orgullo dice que será la primera vez que un interventor sea nacido en el pueblo. "Es una empresa financieramente quebrada, con grandes problemas estructurales; estamos haciendo una auditoría de corte, nos han borrado información de varias computadoras, faltan camionetas. Tenemos que investigar los 70 contratos por cifras millonarias que se firmaron con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que están en plena auditoría", enumera Zeidán a LA NACION.

El nuevo interventor contrató dos auditores para que investiguen; uno de ellos es el ex diputado Manuel Garrido, que dirigió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (2003-2008).

Entre sus primeras medidas, canceló contratos de último momento, suspendió celulares, bajó algunos alquileres de viviendas y gastos de publicidad por más de $ 80 millones. "Tengo la orden de ir a fondo y también la misión de reactivar el yacimiento y sacar carbón, pero no podemos hablar de plazos hasta tener toda la información", afirmó Zeidán.

Los planes iniciales del kirchnerismo pronosticaban que para 2011 la usina ya generaría energía para sumar al sistema interconectado nacional. Para ello, el yacimiento debería estar produciendo 1,2 millones de toneladas de carbón. Cristina Kirchner inauguró el primer módulo para generar 120 megas en septiembre. Entonces, había unas toneladas de mineral en stock, además de gasoil. La falta de carbón y la demora de las certificaciones de obra, sumado al cambio de gobierno y la huelga de los empleados, paró todo. El segundo módulo está en un 75% de avance. Pero la extracción de carbón es la principal demora, como lo había informado LA NACION en febrero de 2013.

La central térmica que sigue inactiva, pese a que la inauguró Cristina Kirchner en septiembre. Foto: Gastón Franco

Para Zeidán, faltó planificación: "Los responsables del yacimiento en vez de pensar en una planificación y trabajar para sacar carbón, pensaron en hacer negocios", dispara. Es categórico al catalogar a sus predecesores: "Robaron. Ése es el gran problema, el alto nivel de corrupción. Al yacimiento lo han utilizado políticamente para ganar elecciones y económicamente para robar".

El último interventor de la empresa fue un histórico caudillo kirchnerista, Atanasio Pérez Osuna, hoy intendente de Río Turbio. Miguel Larregina, ex coordinador general y un histórico de la empresa, fue apartado del cargo, pero los verdaderos hilos de poder los manejó el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Ahora YCRT quedó bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren. "El Ministerio de Planificación es el gran responsable de todo esto. Tiene nombre y apellido", apunta Zeidán.

En 120 días tendrán los números acabados de la auditoría que se hace en Buenos Aires y Río Turbio en forma simultánea. Por ahora, adelantan que también encontraron convenios con la Universidad de La Matanza para producir un documental sobre YCRT. Allí intervenían unas 90 personas, pero el trabajo no aparece, al igual que un estudio de impacto ambiental. También se suspendieron los contratos de 29 personas "relacionadas con el poder político provincial, que no cumplían ninguna función en la empresa y que le costaban más de $ 3 millones a YCRT".

La intervención suspendió el alquiler de casas y departamentos que costaban 600.000 pesos anuales. Dio de baja 85 líneas de teléfonos celulares, muchos de ellos usados por personas ajenas a la compañía, personal del Ministerio de Planificación o del gobierno provincial.

Aires de cambio con la intervención

Según el Plan General YCRT 2011-2036, elaborado por el kirchnerismo, "el valor de producción máximo del yacimiento sería alcanzado a partir de 2013". sin embargo, de acuerdo con el último informe de la Sigen, al que accedió LA NACION, "la producción ha sufrido importantes desvíos tanto en la extracción de carbón como en el avance de galerías". Así, mientras para 2015 se preveía avanzar en 9167 metros de galerías construidas, sólo se construyeron 2227 metros, con una subejecución del 76%. En 2013 se preveía extraer 1,97 toneladas de carbón, pero apenas se llegó a las 153.427 toneladas, un piso que se perforó en 2015, que cerró con un total de 48.812 toneladas.

"No se planificó la estrategia para extraer el carbón", asegura Walter Gerez, que hace 17 años rabaja en YCRT y hoy asesora a la nueva intervención. "Nuestro objetivo es ponerlo activo en un año. Esto es a todo o nada, y creo que podemos hacerlo", dice, mientras detalla el plan para avanzar.

Francisco Roldán, gerente de Recursos Humanos, trabajó en el yacimiento en los '90. Ahora volvió a la empresa de la mano de la nueva intervención. Se ilusiona con cumplir los objetivos de investigar y poner en marcha el yacimiento. "Queremos poner la empresa en producción continua, algo que no tuvimos nunca", afirmó, y agregó que parte del objetivo es lograr un cambio cultural: "No se puede exigir a un obrero que cumpla lo que su conducción no cumple". En Río Turbio se respiran aires de cambio.

Del editor: qué significa. Sin duda el país necesita más centrales eléctricas; la pregunta es si tenía sentido hacer una en Río Turbio, sólo para justificar la existencia de la mina

Santa Cruz: sólo de Vialidad, Báez recibió $ 12.000 millones

Por Iván Ruiz - LA NACION
Según una auditoría, el constructor kirchnerista tuvo amplios beneficios del poder central

El conflicto que movilizó a Santa Cruz por la modificación de la ruta Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia no sólo desnudó la retirada de Lázaro Báez de los negocios con la obra pública, sino que expuso nuevos números, beneficios y tratos preferenciales de los que gozó el empresario más cercano a la familia Kirchner en su pago chico.

Lázaro Báez se declaró insolvente para pagar el sueldo de sus empleados porque dice estar a la espera de una deuda por parte de Vialidad Nacional. Sin embargo, Austral Construcciones cobró certificados de obra por adelantado hasta el mes de enero para la construcción de dicho tramo de dicha ruta, según consta en una auditoría interna a la que accedió LA NACION.

"Tenía un trato privilegiado. Cómo se te ocurre que un empresario va a cobrar por adelantado cuando a todos se les deben varios meses", se quejaron desde el organismo, ahora en manos del macrismo. Mientras las empresas de Lázaro Báez están al día, las deudas promedio con los proveedores de obras viales son de nueve meses, informaron en el Ministerio de Transporte.

A pesar de que en las últimas horas los apellidos Kirchner y Báez parecen caminar por carriles distintos después de las críticas de la gobernadora Alicia Kirchner, los beneficios al empresario se ejecutaron desde la Casa Rosada hasta último minuto. Durante el último año del kirchnerismo en el poder, Vialidad Nacional autorizó giros a su filial de Santa Cruz por $ 1100 millones, sólo para pagarles a sus empresas.

Los números totales de la auditoría dejan en claro que las obras de Báez eran prioridad para el gobierno de Cristina Kirchner: en los últimos ocho años, el empresario ultrakirchnerista recibió $ 12.000 millones sólo a través de Vialidad Nacional para operar en Santa Cruz a través de Austral Construcciones, pero también de otras sociedades suyas, como Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Biancalani. El número que aporta la auditoría supera incluso lo estimado por la Justicia en la causa Hotesur. Lo desembolsado por la Casa Rosada a Báez para obras en Santa Cruz representa un cuarto de lo que se giró a provincias con mayor cantidad de kilómetros de ruta, como Córdoba.

Mientras Báez recibía los pagos por adelantado para la obra de la ruta 3, sus trabajadores comenzaban el largo peregrinaje para cobrar sus sueldos, que todavía persiste. Primero, el empresario les pidió que adelantaran vacaciones antes de fin de año. Finalmente, les dejó de pagar el sueldo a los empleados de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA ante una supuesta deuda de $ 255 millones de Vialidad Nacional por dicha obra. "Nos comunicaron que se suspendía el pago por el agotamiento de las partidas presupuestarias", justificaron los abogados del empresario.

Las reformas de la ruta 3 son un buen ejemplo de la relación que solían tener Vialidad y Báez. La obra tenía una cotización inicial de $ 150 millones en sus comienzos, pero el pliego inicial se modificó con supuestas mejoras, lo que elevó el presupuesto. "Le metieron más y más cosas, detalles, con el único fin de engrosar el número, pero nunca se preocuparon por hacerla. El único interés era cobrar", reveló un funcionario de Vialidad Nacional.

El Estado nacional desembolsó unos $ 800 millones por una obra que debía terminarse en dos años, pero que ya lleva ocho en construcción. Por ahora, los certificados sólo acreditan un avance del 30%, aunque las nuevas autoridades sospechan que esos números pueden estar manipulados. Terminar la ruta costará unos $ 2000 millones, estimaron.

Desde Vialidad dijeron que para concluir el tramo convocarán a un nuevo proceso licitatorio y aseguran que, ya con un nuevo proveedor, los trabajadores de la construcción serán reincorporados para terminar la obra de la ruta 3.

Báez gozaba, además, de otros beneficios. En el edificio de Vialidad de Santa Cruz funcionaba -siempre según la auditoría- "una oficina" dedicada exclusivamente a acelerar los expedientes de las empresas de Báez. Desde allí se hacían trámites que necesitaban celeridad y cuyo interlocutor en Buenos Aires era el ex secretario de Obras Públicas, José López.