El Gobierno reforzará este verano los controles en puntos críticos de la frontera

Por Martín Dinatale - LA NACION
Migraciones, Interior, Seguridad y Aduana elaboraron un plan de trabajo en 14 puestos, con eje en el contrabando y el narcotráfico; incorporarán equipos y más personal.

El Gobierno ultima obras en puntos fronterizos, incluido Paso de los Libres. Foto: Ministerio del Interior

Más allá del decreto presidencial que prepara la Casa Rosada para ordenar toda la acción del Gobierno en las fronteras, el presidente Mauricio Macri instruyó a sus ministros para poner en marcha en lo inmediato un fuerte operativo en los pasos fronterizos "críticos" para esta temporada de vacaciones con la intención de dar muestras concretas de que se está trabajando a fondo en materia de seguridad y controles aduaneros y migratorios.

Según consignaron a LA NACION cinco fuentes calificadas de la Casa Rosada, la denominada Mesa Interministerial de Fronteras, que está integrada por los ministerios del Interior, Seguridad, Hacienda y la Jefatura de Gabinete, abordó la problemática de la gestión de los pasos internacionales para apuntalar la presencia estatal durante los picos turísticos del verano y reforzar los operativos de seguridad contra el narcotráfico y el contrabando.

Las tareas ya están repartidas y empezaron a rodar. Desde el Ministerio del Interior, el director de Asuntos Técnicos de Fronteras, Fernando Cafasso, empezó a coordinar con el director de Migraciones, Horacio García, las obras de modernización y el refuerzo de personal en al menos 14 puestos fronterizos "críticos" para el verano. En este sentido, no sólo se aumentará la cantidad de funcionarios de Migración para agilizar trámites. También se dispondrán mecanismos más modernos de control. Por ejemplo, se dispondrán en algunos puestos fronterizos nuevas células fotoeléctricas para registrar los datos de las patentes de los autos y chequear previamente la información de los conductores; se están terminando de construir en algunos puestos las cabinas dobles de ingreso de vehículos para agilizar trámites y se implementó una mejora en las instalaciones de los puntos de frontera con mayor flujo de pasajeros. Se busca así apuntalar y agilizar los pasos de Iguazú, Integración Austral (en Tierra del Fuego), Pehuenche, Pino Hachado, Samoré, Paso de los Libres, Cristo Redentor, Posadas, Concordia, Gualeguaychú y Colón.

En estos mismos lugares, desde la Aduana, a cargo de Juan José Gómez Centurión , expresaron a LA NACION que para el verano se destinará mayor personal en esos pasos críticos y se instalarán escáneres móviles de camiones de carga. En tanto, en el aeropuerto de Ezeiza y en Aeroparque se impondrán modelos de control de selectividad por timbreo para el control de valijas en vuelos internacionales.

La Dirección de Migraciones no sólo reforzará la cantidad de personal en esos pasos críticos, sino que también instalará puertas biométricas de lectura de pasaportes en el aeropuerto de Ezeiza para agilizar los trámites migratorios.

Desde el Ministerio de Seguridad, el secretario de Fronteras, Luis Green, y el subsecretario del área, Eduardo Bustamante, también están trabajando a pleno para potenciar los operativos de control en las fronteras. Según pudo saber LA NACION, se instruyó a los oficiales de la Gendarmería y la Prefectura, en su rol de coordinadores locales de los pasos internacionales, que coordinarán con Aduana y Migraciones y el Senasa para atender las necesidades del público durante los días de mayor afluencia de gente. A su vez, se elaboró un calendario específico para cada punto de la frontera, con las fechas críticas y los refuerzos de personal solicitados a la Aduana, Migraciones y el Senasa.

Habrá desde el Ministerio de Seguridad un refuerzo muy grande de personal de seguridad especialmente en los pasos de Cristo Redentor, Paso de los Libres e Iguazú.

Se sabe que el punto más crítico de todos los pasos y de la puesta en marcha de este plan es la falta de infraestructura: la ausencia de inversión en mejoras en la frontera y equipamientos durante los últimos 12 años obligó ahora al Gobierno a potenciar muchos recursos. La prueba de fuego para evaluar si funcionan los cambios y la inversión destinada se dará este verano. Luego vendrá el decreto que dispone ordenar y coordinar las tareas entre diferentes ministerios.

Renuevan el histórico vestíbulo de la terminal Retiro del ferrocarril Mitre

Por Valeria Musse - LA NACION
Forma parte de un plan integral para reacondicionar el centenario edificio; se recuperó la fachada y avanzan obras en los andenes

Más luz natural y menos cartelería publicitaria para el vestíbulo central. Foto: Ministerio de Transporte

Hoy se inicia una nueva etapa de la puesta en valor de la terminal Retiro de la línea Mitre. Con el correr de las semanas, el histórico vestíbulo cambiará su imagen. Como ocurrió con las remodelaciones que se iniciaron meses atrás sobre los andenes, la entrada a la estación también será más luminosa. Tanto las boleterías centrales como los pisos recuperarán su fisonomía y color tradicionales. "Me parece bien mientras se respete la fachada", opinaban los usuarios al enterarse de las obras. Parte de los trabajos previos incluyeron, justamente, la restauración del imponente frente del inmueble.

Unas 60.000 personas, entre los tres ramales, transitan a diario por el vestíbulo del ferrocarril Mitre, que tiene una extensión de 6650 metros cuadrados. Antonio Rizzo es una de ellas. Todos los días viaja desde José León Suárez hasta el centro para ir a trabajar. "Por ahí, estaría bueno que instalaran bancos. Si hay que aguardar al tren, no hay un lugar en el hall para sentarse", dijo a LA NACION. Por eso el hombre opta por sentarse en el suelo.

La puesta en valor contempla la creación de áreas de espera. No sólo se instalarán asientos, sino que también habrá tomas de enchufes para recarga de celulares y servicio de wi-fi libre. Además, se incorporarán máquinas para la recarga automática de la tarjeta SUBE (similares a las que hay en algunas estaciones de subte).

Gran parte de la infraestructura interna será renovada: los pisos recuperarán su color símil granito original y las paredes y columnas quedarán limpias de avisos publicitarios para preservar la estructura tradicional. El óvalo central donde se ubican las boleterías ya no presentará pintura descascarada en algunos extremos y los separadores de filas y las ventanillas mejorarán su aspecto.

Actualmente, la estación, declarada Monumento Histórico Nacional en 1997, no se destaca por ser suficientemente luminosa. Las ventanas superiores se ven opacas y una docena de lámparas reflejan una tenue luz amarilla. Para contrarrestar esta apariencia, el plan proyecta la restauración de los ventanales para que haya mayor ingreso de luz natural. También se sumarán nuevas luces LED y se restaurarán los artefactos lumínicos originales.

Las obras comienzan hoy se extenderán hasta mayo de 2017. Por ello, durante los próximos meses, algunos ingresos y sectores de la estación permanecerán cerrados al público para permitir el avance de las modificaciones.

En las últimas horas quedó aislada la mitad del hall del lado de Libertador y, por ende, el acceso al servicio de larga distancia fue corrido algunos metros. Una de las entradas secundarias que tiene la estación sobre la avenida Ramos Mejía también fue clausurada de manera momentánea.

Según el proyecto presentado por el Ministerio de Transporte nacional, la terminal contará con una cartelería uniforme y un nuevo sistema de audio y sonido. El techo también será restaurado para prevenir filtraciones. Los trabajos en la cúpula se iniciarían a mediados del año que viene. Aun con los trabajos en marcha, las boleterías continuarán funcionando normalmente y se habilitará un sector con baños provisorios, informaron desde la cartera de Transporte.

Recuperación de la terminal

Estas reformas en el hall forman parte de un plan integral de puesta en valor de la estación de trenes de la línea Mitre por una inversión total de 650 millones de pesos. Ya se mejoró el aspecto exterior de la estación, conservando su tradicional fachada, y parte de la zona de andenes, donde se empezaron a renovar los techos de vidrio de una de las dos naves que tiene la terminal (que cubre los andenes 5 a 8).

El trabajo consiste en el reemplazo de los paneles de vidrio y chapas, que estaban muy deteriorados y que permitían que se filtrara el agua de lluvia, por paños vidriados de aluminio nuevos. Esa obra aún sigue en curso y se extenderá hasta el primer trimestre de 2018, momento en el que se licitará la obra para refaccionar la siguiente nave, según informaron las fuentes consultadas a LA NACION.

"Ya empezamos con la transformación externa de Retiro; ahora toca continuar con el interior. Todo para mejorar la calidad de viaje de los pasajeros", enfatizó el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila.

La puesta en valor de la estación

Lo que se hizo

La fachada - Fue restaurada desde fines de 2015. Significó la limpieza y la reparación de los bloques de piedra, así como de las piezas en bronce

"La entrada de carruajes" - Es la zona de ingreso a la estación previa al vestíbulo. Se limpiaron el revoque y la piedra. Se colocaron redes antipaloma en los arcos de acceso

Los andenes - Algunos de los paneles del techo de una de las naves fueron reemplazados por paños vidriados de aluminio nuevos. La obra sigue su curso

Lo que se hará

Mejoras en el vestíbulo - Los pisos recuperarán su color símil granito original y las paredes y columnas quedarán limpias de avisos publicitarios

Mayor iluminación - Se restaurarán los ventanales originales del vestíbulo y los artefactos lumínicos tradicionales. Se incorporarán luces LED

Beneficios para los usuarios - Se crearán áreas de espera. Habrá enchufes para la recarga de celulares y nueva cartelería de información. Se incorporarán máquinas para cargar el saldo de la SUBE

Guillermo Dietrich - Ministro de Transporte Nacional - "Queremos devolverle a la estación el esplendor que supo tener y que los usuarios cada vez viajen mejor y elijan el tren"

Elsa Ávalos - Pasajera del Mitre - "Está bien que mantengan la terminal. Quedó muy bien afuera y espero que pase lo mismo en su interior. Es un edificio hermoso"

Aumenta la deuda en dólares por el déficit de las provincias

Por Lucrecia Bullrich - LA NACION
Nueve distritos se endeudaron por un total de US$ 7060 millones en 2016; la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking

Acorraladas por un déficit generalizado y creciente y con la venia del gobierno de Mauricio Macri , las provincias recurrieron a préstamos en el exterior para financiarse. En lo que va del año se consolidó una tendencia: la supremacía de la deuda en dólares por sobre la emitida en pesos. Hasta octubre de este año, el pasivo en moneda extranjera representó el 55 por ciento del total, 25 puntos porcentuales más que en los tres años anteriores.

El dato surge de las conclusiones principales de un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de información oficial.

La redolarización de la deuda de los estados provinciales se da en un contexto de endeudamiento general y déficit en alza desde que Macri asumió, hace casi un año. Da cuenta además de un giro político. El Gobierno accedió a que las provincias se endeudaran en el exterior para paliar el desequilibrio fiscal de la mayoría. Tomar deuda en el exterior sólo es posible con autorización del Poder Ejecutivo nacional.

Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones, mientras que al mes de junio diez distritos habían optado por préstamos en moneda nacional por un total de $ 39.822.

El detalle del estudio indica que el ranking de las endeudadas en títulos públicos en dólares tiene a Buenos Aires al tope, con US$ 3000 millones. La siguen la ciudad de Buenos Aires, con US$ 900 millones; Córdoba, con US$ 875 millones, y Chubut, con US$ 700 millones.

El resto de las provincias que se endeudaron en el exterior son Mendoza (US$ 500 millones), Salta (US$ 350 millones), Santa Fe (US$ 250 millones) y Neuquén (US$ 235 millones).

Walter Agosto, investigador principal del Programa de Política Fiscal del Cippec y autor del informe, indicó que el aumento de la deuda en dólares que se acumuló en los primeros 10 meses del año se detuvo en las últimas semanas y que terminará el año sin mayor variación. Atribuyó el cambio al triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y al aumento de la tasa de interés. "Por el efecto Trump, salvo algún caso de extrema necesidad, nadie va a salir a tomar deuda en dólares", dijo a LA NACION. "El financiamiento sigue estando disponible, pero a costo mayor. Además, el mundo está en estado de «wait and see» (esperar y ver), y eso también se ve en el país", añadió.

Un ejemplo claro es el del gobernador de Entre Ríos, el peronista Gustavo Bordet, que hasta hace pocos días había evaluado la posibilidad de tomar un préstamo en el exterior para pagar el medio aguinaldo de diciembre en tiempo y forma. Finalmente desistió por el nivel de tasas que le ofrecían.

Además de la deuda en dólares, creció el endeudamiento en pesos de las provincias, aunque en línea, e incluso por debajo, de la inflación. Siempre según el relevamiento del Cippec, el stock de deuda provincial rondaba los $ 256.000 millones el año pasado y este año trepó a los $ 343.000 millones, es decir, un 33,9 por ciento más

Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones
Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones. Foto: Archivo
Más que la suba nominal, es útil y significativo observar cómo evolucionó la relación entre la deuda y los recursos totales de las provincias. Ese cruce muestra que mientras en 2015 la deuda representaba el 26% de los recursos totales de las provincias, en lo que va del año ese porcentaje trepó al 29%.

Según estimaciones oficiales, el déficit consolidado de las provincias subirá del 0,9 por ciento del PBI, que es la marca del año pasado, al 1,3% de este año.

Otro dato elocuente de la delicada situación fiscal de las provincias es que la mayoría debió recurrir a adelantos de coparticipación para financiarse a lo largo del año.

Buenos Aires también encabeza ese podio, con adelantos por $ 3500 millones, el 22% del total, entre enero y septiembre. Por debajo están Jujuy ($ 2710 millones), Neuquén (2000 millones), Mendoza ($ 1800 millones) y Entre Ríos ($ 1200 millones). El Gobierno pretende encaminar la situación financiera de las provincias en los próximos tres años. Con ese objetivo ideó un régimen de responsabilidad fiscal que se aprobará junto con el presupuesto 2017. El plan busca regular la evolución del gasto público, el resultado fiscal y el nivel y destino del endeudamiento.

Las provincias que terminen este año con déficit deberán reducirlo en un 10% en 2017. Las que terminen con las cuentas en orden, en cambio, no estarán sujetas a la autorización de la Nación para endeudarse, siempre que esa deuda se destine a obras de infraestructura.

Qué significa
Del editor: Mauricio Macri marcó un giro en materia de endeudamiento respecto de Cristina Kirchner al permitirles a las provincias tomar más préstamos en el exterior en dólares; con las cuentas comprometidas por el déficit heredado y una economía que no termina de poner primera, ése fue el mecanismo que encontró para descomprimir la situación en algunos distritos.

Echegaray hizo borrar todo el disco rígido de su computadora oficial

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El ex jefe de la AFIP dio la orden tras la primera vuelta electoral de 2015; eliminó datos clave para la Justicia.

En una de sus últimas decisiones como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) , Ricardo Echegaray mandó borrar todo el disco rígido de su computadora oficial. Eliminó así múltiples documentos y correos electrónicos que podían resultar de interés para la justicia penal, según reconstruyó LA NACION sobre la base de fuentes del organismo y judiciales.

La orden de Echegaray y el formateo posterior de su disco rígido fueron detectados por el área de auditoría interna de la AFIP, luego de que la justicia federal de Bahía Blanca solicitó peritar esa computadora oficial en una causa penal que apunta contra el supuesto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.

La eliminación de esos archivos podría constituir un delito en sí, aunque resulta discutible. Dos penalistas afirmaron que sí, ya que podría implicar la destrucción de pruebas, prevista en el artículo 255 del Código Penal, aunque un tercer jurista estimó que no. Sin embargo, los tres coincidieron en que podría resultar un indicio en su contra en varios expedientes. Entre ellos, el caso Ciccone o la causa por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado que tiene a Echegaray como protagonista por la deuda fiscal que la petrolera de Cristóbal López acumuló por más de $ 8000 millones.

Pero no es la primera vez que queda bajo la lupa por la presunta eliminación o adulteración de archivos. En 2009, el ex funcionario cosechó una denuncia penal por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios a productores agropecuarios mientras lideraba la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), con la presunta destrucción de registros informáticos al imponer un nuevo sistema, denominado "Jauke".

El entonces juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Echegaray en esa causa en octubre de 2012, pero para entonces las sospechas que sacudían a la Oncca ya habían provocado que el Gobierno debiera disolver ese organismo.

Ahora, el formateo de la computadora de Echegaray comenzó a salir a la luz a raíz de un expediente que se tramita en Bahía Blanca, donde se busca determinar si el ex funcionario eliminó la regional de la AFIP de esa ciudad para impedir que los sabuesos avanzaran contra Báez por acumular facturas truchas de firmas locales por decenas de millones de pesos.

Consultado por LA NACION, Echegaray evitó a través de una vocera confirmar o desmentir la información. Se limitó a indicar que "desde que salió de la función pública no hace declaraciones a los medios". A su lado, sin embargo, relativizaron la importancia de esa supuesta acción. "Si ocurrió, el equipo informático de la AFIP puede recuperar todos sus mails", indicaron.

Lejos de la Argentina, una decisión similar provocó en Estados Unidos la apertura de una pesquisa del FBI en contra de la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. El FBI concluyó que Clinton no había cometido ningún delito, pero, según afirmó ella luego de los comicios, resultó un factor determinante para perder frente al republicano Donald Trump.

En Buenos Aires, en tanto, el resultado de la primera vuelta electoral de octubre de 2015, que llevó a Daniel Scioli y Mauricio Macri a disputar un mes después el ballottage, también generó secuelas dentro de la AFIP. Echegaray no sólo mandó borrar su computadora, según confirmaron seis fuentes del organismo a LA NACION, sino que, luego del resultado de esa primera vuelta electoral, que dejó a Macri mejor ubicado que Scioli, también ordenó a sus máximos colaboradores que eliminaran otros documentos que pudieran resultar "incómodos" o comprometedores para ellos o para el gobierno saliente.

Echegaray comunicó esa orden en el salón de actos del organismo, en el primer piso del edificio central, frente a la Plaza de Mayo. "Dijo que había que destruir lo que consideráramos y que aquel que quisiera quedarse dentro de la AFIP cuando llegara el cambio de gobierno debía buscarse un lugar para refugiarse fuera de ese edificio", relató un informante.

El resultado electoral trastocó así los planes que tejía Echegaray. El viernes 23, cuando las encuestas mostraban a Scioli a un paso de ganar en primera vuelta, le había comunicado a su equipo que continuaría al frente de la AFIP. "No sólo dijo que iba a quedarse. Se explayó sobre los cambios que quería en la vestimenta de los empleados" del organismo.

Tras la debacle de Scioli, sin embargo, Echegaray modificó su senda por completo. Eso se propagó por las oficinas de la AFIP, hasta llegar al nivel de asesores y secretarias de funcionarios. "Hubo tiempo hasta el 10 de diciembre -indicó otro informante-, pero la orden fue eliminar documentos y cualquier papel incómodo."

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China se endurece con Macri y le pone exigencias para financiar nuevas obras

Por Antonio Rossi - LPO
Las gestiones por más préstamos chocaron con un ultimátum chino por la indefinición de la central Belgrano II.


Foto: Los ministro Prat Gay y Malcorra.
La creciente inquietud que sobrevuela en la administración macrista por la demora que registran las tan promocionadas y anunciadas inversiones en infraestructura sumó un nuevo motivo de preocupación proveniente de China.

Las gestiones oficiales desplegadas en los últimos quince días por el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Félix Martín Soto, con el fin conseguir nuevos financiamientos para cuatro proyectos energéticos chocaron con una inesperada negativa de las autoridades del Eximbank y de los representantes del gobierno de China.

Con el visto bueno del presidente, Mauricio Macri y del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, Soto fue a golpear las puertas del Eximbank y del gobierno chino en busca de “créditos preferenciales” para poder poner en marcha los proyectos energéticos de la Central Hidroeléctrica El Tambolar—adjudicada al consorcio de Techint y Panedile, con la participación de Power China—, la ampliación del parque eólico Arauco en La Rioja, la instalación de un parque solar en Jujuy y la represa neuquina Chihuido, a la cual se le cayó el financiamiento que tenía de Rusia, como anticipó LPO.

Las gestiones del subsecretario Félix Soto para conseguir nuevos créditos se toparon con una pared: El gobierno de China quiere que se reactive la obra de la central Belgrano II que costará u$s 1.122 millones y ganó el grupo CNTIC.

Ante el planteo del funcionario local, tanto el Jefe del Eximbank en América Latina, Yang Jing, como el embajador chino en Buenos Aires, Yang Wanming respondieron con una especie de ultimátum: antes de negociar nuevos financiamientos, el gobierno argentino debe resolver que hará con el crédito comercial que tiene preacordado desde 2015 para la construcción de la central térmica Manuel Belgrano II (CTMBII). Se trata de un préstamo del Eximbank enmarcado en la asociación estratégica entre ambos países por 1.122 millones de dólares para financiar el 85% del monto total de la usina bonaerense.

La ejecución de la obra y la provisión de los equipos había sido adjudicada el año pasado por la administración kirchnerista a un consorcio liderado por el grupo chino CNTIC que lleva como socia a la desprestigiada firma kirchnerista Electroingeniería. La CTMBII es una central de ciclo combinado proyectada en la zona de Campana que prevé aportar al sistema eléctrico una potencia de 810 MW.

Como casi todas las licitaciones de grandes obras que vienen de la era K, la correspondiente a la CTMBII arrastra una historia polémica. El proceso licitatorio había arrancado a fines de 2011 y recién un año después, en noviembre de 2012, se procedió a la apertura de las dos ofertas que estaban en juego: una de Electroingeniería por 4.589 millones de pesos y la otra, de la dupla IECSA-Isolux por 5.221 millones de pesos.

En agosto de 2014, la empresa estatal Enarsa le adjudica la usina que había sido licitada bajo el esquema tradicional de “obra pública llave en mano” a Electroingeniería. Pero casi de inmediato y con el aval del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, la firma cordobesa que manejan los empresarios K. Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta arrimaron una propuesta de financiamiento de China por el 85% del proyecto que estaba condicionada a la cesión mayoritaria del contrato al grupo CNTIC.

El cambio y el ingreso de los chinos fue aprobado por el directorio de Enarsa en junio de 2015 y tras el pago de un anticipo financiero de 103 millones de pesos se iniciaron las negociaciones entre el ministerio de Economía y el Eximbank de China para acordar la letra chica de la asistencia crediticia.

Luego del desembarco macrista en la Casa Rosada, la nueva conducción de Enarsa encabezada por Hugo Balboa decidió congelar el proyecto, pese a que la empresa estatal ya había adquirido en Campana y a cambio de 5 millones de dólares el predio para construir la usina.

Si bien el Eximbank chino y la cartera de Economía habían reanudado las negociaciones a mediados de este año, los funcionarios locales no mostraron mayor interés en acelerar los trámites pendientes del crédito para la CTMBII. Pero ahora, el emplazamiento de los funcionarios chinos obligará al Gobierno a afrontar el costo político de aceptar o rechazar ese préstamo. Si lo toma, estará convalidando la cuestionada actuación de la administración K. Y si lo deja caer, demorará más de la cuenta las nuevas negociaciones que tiene en carpeta para que China siga financiando obras energéticas y de infraestructura.

Cada treinta horas detienen a un policía de la Bonaerense

Por Leonardo Nieva - Perfil.com
Esta semana fueron apresados nueve efectivos de La Plata acusados por “asociación ilícita”. Desde diciembre suman 255, entre ellos 27 miembros de alto rango. Crecieron las denuncias y los sumarios.


Comisarios y oficiales (de izq. a der.): Camerini, Skramowskyj, Carballo, Frare, Cuenca. Foto: Cedoc

Julio Sáenz era el único jefe policial que no se había entregado el miércoles pasado, cuando un fallo de la Cámara de Apelaciones convalidó las detenciones de nueve policías platenses acusados de recaudar dinero ilegal. No había abandonado la capital provincial, pero sí su domicilio particular. Estaba oculto en el departamento de su novia, en pleno centro de la ciudad. Sáenz no ofreció resistencia y enseguida pasó a convertirse en el policía Nº 255 que es detenido desde el 10 de diciembre pasado, cuando asumió el ministro Cristian Ritondo.

Los registros que lleva la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Guillermo Berra, revelan que un integrante de la fuerza más numerosa del país es detenido cada treinta horas. Alarmante.

Según estos datos, al menos 27 son de alto rango y ocupaban puestos importantes cuando fueron esposados. En la lista figuran tres comisarios mayores y dos inspectores. También once comisarios y once subcomisarios, muchos de ellos a cargo de comisarías.

Darío Camerini, por ejemplo, estaba a cargo de la Jefatura Departamental de La Plata en abril pasado, cuando en un sorpresivo operativo de Asuntos Internos en el despacho de su secretario, el oficial principal Walter Skramowskyj, secuestraron 36 sobres numerados con 153.700 pesos.

Este comisario inspector, detenido el miércoles último, ocupaba un lugar de peso en la fuerza. La sede de La Plata, por su cercanía con la gobernación, es un verdadero trampolín para llegar al máximo cargo de la fuerza, como ocurrió con Juan Carlos Paggi, jefe de la Bonaerense entre los años 2009 y 2011.

La acusación contra Camerini no sólo puso al descubierto el aparato de recaudación ilegal de la Policía de la Provincia, sino que desmembró la estructura de poder de la Policía platense. La primera denuncia anónima que había recibido la Auditoría de Asuntos Internos, en febrero pasado, indicaba que este jefe policial recibía 200 mil pesos todos los meses de parte de los titulares de los cuatro distritos platenses. Un mes después un policía habló de la misma práctica y aportó que el comisario investigado poseía “varias propiedades” y que invertiría “dicho dinero en agencias de autos”.

Para la Justicia, Camerini sería el líder “de una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos, en perjuicio de distintas personas del ámbito jurisdiccional perteneciente a dicha Jefatura”.

En el fallo de la Cámara de Apelaciones se destacó que los policías “tenían un acuerdo previo, verbal y al menos tácito,  para constituir la organización delictual y ello puede inferirse a partir de la remisión de los sobres con el dinero y las misivas insertas en ellos, donde todos los remitentes y los destinatarios dieron cuenta de un acuerdo de voluntades, y de una organización con división de roles, tareas y funciones para realizar las actividades ilegales, donde el acuerdo no ha sido meramente transitorio sino duradero”.

Afuera. Camerini es uno de los 2.697 policías que fueron apartados de la fuerza. Entre el 10 de diciembre y el 15 de noviembre pasado fueron suspendidos otros 766 efectivos.  

Según las fuentes consultadas por PERFIL, el número de apartados se triplicó respecto al mismo período del año anterior.  Además, se duplicó la cantidad de denuncias a policías por mal desempeño o irregularidades: de 17.200 denuncias recibidas en 2015, se pasó a 35 mil.

En cuanto a los sumarios administrativos, se detalló que se iniciaron 7.514 en 2016, casi el doble que el año anterior (4.200).  En las últimas horas, dos de las máximas autoridades policiales de la ciudad de Saladillo fueron relevadas de sus cargos: el jefe distrital José María Zunino y el comisario local Juan Negrete.

A estos policías los acusan por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la compra de combustible para patrulleros y otros móviles policiales, una práctica bastante habitual en una fuerza con muchas manchas.

Invap, la empresa que los franceses vinieron a buscar

Por Silvia Naishtat - Clarin.com

Socios. Sus rivales de Areva les plantearon asociarse para dos reactores en Sudáfrica.

Inspirado durante su formación en Estados Unidos, el físico Conrado Varotto, egresado del Balseiro, volvió a Bariloche con la idea fija de crear un polo de empresas de alta tecnología. Pensaba en grande. Y había sido testigo del surgimiento de lo que hoy conocemos como el Silicon Valley. Así nació Invap.

Foto: Energía eólica. Las paletas también se construyen en Bariloche.

Corría 1976, un año trágico para la Argentina. Pero lejos de ser parte de un proyecto militar, Invap representó desde sus inicios. con un magro capital de US$200.000, el esfuerzo de un grupo de científicos por aplicar sus conocimientos. Empezaron fabricando esponjas de circonio, un elemento que se utiliza en aplicaciones nucleares. Varotto dirigió la empresa, que pertenece a la provincia de Río Negro, durante 20 años. Su sucesor y también su discípulo, Héctor Otheguy, se convirtió en su CEO y la dirige desde entonces.

En 1985 firmaron el primer contrato de exportación de importancia. Era un reactor nuclear y el primero que se vendía llave en mano, a los argelinos. Se trató del reactor de investigación OPAL.

Ese gran salto no sólo los colocó en el firmamento internacional. También los impulsó a ampliarse hacia lo aeroespacial. Y emprendieron una carrera vertiginosa, con la fabricación de satélites de observación y de comunicaciones, y radares para el control aerocomercial y de seguridad de fronteras.

INVAP contabiliza actualmente un patrimonio de US$50 millones, una facturación de US$200 millones y 1.420 empleados entre científicos y técnicos.

En 2010 inauguraron la sede central luego de trabajar en 20 sedes distintas por los barrios periféricos de Bariloche. “Nunca tuvimos un presupuesto estatal, vivimos de lo que vendemos y reinvertimos todas las utilidades”, explica Otheguy. Ahora está en juego un contrato por US$350 millones para Sudáfrica. La novedad es que se presentan junto a Areva, sus competidores franceses. “Ellos son protagonistas de la industria nuclear global y nos vinieron a buscar para la construcción de dos reactores nucleares, uno de potencia para generar electricidad y otro de investigación, que será utilizado para la fabricación de radioisótopos medicinales”, dijo orgulloso Otheguy. 

Copa Davis: Gracias muchachos

Objetivo cumplido...

Investigan contratos y el manejo de la publicidad en Yacyretá

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La actual administración descubrió transferencias de fondos durante la gestión kirchnerista a organizaciones sociales que no existían.

ITUZAINGÓ.- Esta ciudad fue bendecida por una naturaleza exuberante. En el subsuelo no hay petróleo ni gas, las dos fuentes primarias de energía más populares de la Argentina, pero en la superficie el río Paraná recorta un terreno verde subtropical y converge en un punto que permitió construir Yacyretá, un gigante de hormigón, acero y tecnología que produce el 14% de la energía eléctrica que consume la Argentina.

Diez meses después de tomar la conducción de esta emblemática empresa (que fue bautizada "monumento a la corrupción" en los años 90, pero hoy es impensable el funcionamiento del sistema eléctrico sin ella), las nuevas autoridades de Yacyretá, la mayor generadora eléctrica del país, aún no consiguen entender la contabilidad del kirchnerismo.

Según Humberto Schiavoni, presidente por la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la empresa (la misma estructura se repite del lado paraguayo, dueño de la mitad del emprendimiento), el gobierno de Cristina Kirchner había aprobado para este año un presupuesto de US$ 1432 millones, sin especificar el origen de los fondos, dado que la mayor parte no estaban considerados en ninguna partida presupuestaria. Su gestión redujo esa cifra hasta US$ 583 millones sin bajar el volumen de las inversiones, sino incluso contemplando un plan de crecimiento de la capacidad de generación eléctrica de la central.

Sin fiscalizar

El abismo de un lado y de otro se explica, según Schiavoni -que también es presidente de Pro y define junto con otros miembros del partido del presidente Mauricio Macri el armado político de cara a las elecciones del año próximo-, porque sus antecesores montaron una estructura compuesta por "una multiplicidad de gastos injustificados sin fiscalización". Así lo sostuvo en esta ciudad, en el marco de un encuentro con periodistas de distintas provincias.

Dio algunos ejemplos: la EBY puso unos $ 80 millones en ayuda para unas 12.000 personas. Cuando la nueva gestión quiso identificar a los beneficiarios, la mayoría no se presentó, por lo que el número se redujo a 3500 personas.

También encontró transferencias a organizaciones sociales que debían usar esos fondos para el financiamiento de jardines de infantes y comedores. Cuando la nueva gestión revisó las cuentas, encontró que de 79 entidades declaradas sólo existían 20. Son datos que están en una denuncia penal que la compañía presentó en los tribunales de Posadas. Otra parte del ahorro vino por el recorte de 128 contratos, la suspensión de acuerdos de trabajo con consultoras y el recorte del 75% de la publicidad, una partida que se destinaba en un 90% al diario Tiempo Argentino y al canal de cable CN23 (ambos pertenecían al grupo Szpolski). "Nos encontramos con una organización obsoleta en cuanto a los procesos de gestión", dijo el ejecutivo.

Además del revisionismo, la nueva gestión presentó un plan a futuro. Uno de los puntos contempla la instalación de tres nuevas turbinas en Aña Cuá, uno de los brazos de este complejo hidrológico, con capacidad para generar 275 MW adicionales. La inversión, de US$ 550 millones, permitiría producir tres cuartas partes de lo que hoy aporta la central atómica Atucha I, para poner un ejemplo. Otra iniciativa contempla la instalación de otras tres turbinas que sumarán 465 MW en la propia central, con una inversión de US$ 930 millones.

Para Schiavoni, ambos proyectos dependen de un punto crucial: "Tenemos que ponernos de acuerdo con Paraguay", resumió.

El empleo público creció y alcanzó el nivel que dejó el kirchnerismo

Por Marcelo Silva de Sousa - LA NACION
Pese a los recortes que hubo en los primeros meses de la gestión de Mauricio Macri, la planta de empleados en los niveles nacional, provincial y municipal se incrementó 1%, a 3.458.448 personas; descartan más cesantías este año


Considerada como una de las "bombas de tiempo" que dejó la gestión de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, se propuso terminar con un "Estado sobredimensionado" por su abultada plantilla de empleados públicos. Pese a la intención oficial y a las cesantías llevadas a cabo en los primeros meses del año, el empleo público continúa creciendo y ya alcanzó el nivel de diciembre de 2015. En el Gobierno niegan que hacia fin de año pueda haber una nueva "oleada" de despidos.

Los datos surgen del informe "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", elaborado por el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca. Las estadísticas, que llegan hasta junio de este año, abarcan los estamentos nacional, provincial y municipal, y muestran que, desde que asumió Macri, la plantilla de empleados públicos creció un 1%.

Si bien se produjo una fuerte desaceleración en el ritmo de expansión de personal -en el mismo período del año anterior había alcanzado un 3%-, la tendencia sigue siendo creciente en los tres estamentos. En junio, el total de puestos de trabajo registrados en el sector público ascendió a 3.458.448. La mayor parte corresponde al ámbito provincial (2.277.662), que concentra el 66%. Luego, el ámbito nacional (739.097), que reúne el 21%, y, por último, el municipal (441.689), un 13%.

Después de una caída en enero, provocada por la política de revisión de contratos que ejecutó el Ministerio de Modernización -que redundó en 10.622 cesanteos- y por el recambio de autoridades en las distintas administraciones, el número de trabajadores creció durante todos los meses del año. El único estamento que tuvo una reducción mínima fue el nacional, de 0,4% -casi 3000 puestos de trabajo menos-. Sin embargo, la caída fue en enero y esa diferencia fue compensándose con la incorporación de empleados en los meses subsiguientes.

Fuentes cercanas al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, justificaron a la nacion: "En lo que tenemos injerencia directa, que son los 23 ministerios y las dependencias estatales, como el PAMI, la AFIP y el Incaa, redujimos la plantilla un 5%". Se trata de un universo de 220.000 empleados, sobre el total de 739.000 que corresponden a la Nación. Así, atribuyeron el alza a sectores descentralizados, como universidades, empresas del Estado, los poderes Judicial y Legislativo y las fuerzas de seguridad.

La evolución del trabajo formal en los últimos cinco años muestra claras diferencias cuando se lo separa entre el sector público y privado. El objetivo del Gobierno, explicaron fuentes cercanas a Triaca, es que hacia fin del mandato, en 2019, las curvas de empleo registrado privado -amesetada desde 2011- y pública -en franca suba durante los últimos años- se hayan "intercambiado".

El ranking de las provincias donde hubo más crecimiento de empleados en el último año lo encabezan Chubut, Chaco y Neuquén, con subas superiores al 5%. Sus contrapartes son la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde las subas en el último año estuvieron cerca del 2%.

Uno de los asteriscos del informe que elaboró Trabajo es Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner. Es que la información del estudio se encuentra "levemente subestimada" por falta de información; señala, en particular, la información fragmentaria brindada sobre el sector público en territorio de la cuñada de la ex presidenta.

Revisión

Según estimaciones del Gobierno, el 31 de diciembre caducarán cerca de 70.000 contratos -para los gremios, son más- en el ámbito público nacional. Los estatales de ATE mantienen la guardia en alto ante la posibilidad de que hacia fin de año haya otra "oleada" de despidos.

"Se van a vencer 90.000 contratos, y estamos en guardia. Ibarra dijo que no habrá despidos, pero dijeron cosas que después no cumplieron", dijo a la nacion Hugo "Cachorro" Godoy, jefe nacional de ATE.

El Gobierno asegura que "no existe una orden para volver a revisar contratos" y que el proceso de revisión impulsado por el decreto 254/15, firmado por Macri, concluyó el 31 de marzo. En Casa Rosada, insisten en que no hay una orden taxativa de avanzar hacia una nueva reducción de la plantilla. "Quedará a consideración de cada ministerio renovarlos o no, pero no hay una orden para que haya una nueva depuración de la plantilla", confió una calificada fuente del Gobierno.

En Modernización aseguran, en tanto, que se trabaja en un plan de "jerarquización del empleo público" que culminará el año próximo y que prevé, hacia fin de año, la incorporación de 3100 contratados a planta permanente.

El panorama de los estatales

3.458.448 - Es el total de empleados públicos a nivel nacional - La cifra corresponde al informe de "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", elaborado por el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca. Las estadísticas oficiales llegan hasta junio de este año

2.277.662 - Los empleados estatales en el nivel provincial - Los trabajadores de la administración pública de las provincias concentran el 66% del total, según la medición

739.097 - Los empleados estatales nacionales - El grupo de trabajadores públicos de la administración nacional representa el 21%

441.689 - Los empleados públicos en municipios - Reúne al 13% del total de trabajadores estatales del país

10.622 - Despidos en enero - Fue el único mes en el que bajó el número de trabajadores estatales, provocado por la política de revisión de contratos que ejecutó el Ministerio de Modernización y por el recambio de autoridades en las distintas administraciones. El resto de los meses creció

0,4% - Fue este año la caída de los empleados nacionales - Fue el único segmento del empleo público que registró una mínima merma desde el comienzo del año. Se traduce en unos 3000 empleados

Una empresa vinculada a Cristóbal López recibió $ 490 millones de Enarsa

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La compañía se llama Remasa; cobró esa suma de la firma estatal por servicios que no completó; críticas de la actual administración.


El provecho económico que Cristóbal López le sacó al kirchnerismo estuvo lejos de limitarse a una deuda de $ 8000 millones impaga con la AFIP o a la compra de empresas petroleras, de medios o alimentarias. Remasa, una compañía joven y casi desconocida relacionada con el empresario patagónico, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones por servicios que no completó, en el marco de un contrato que originalmente duraba dos años, pero se extendió por seis. Así lo corroboró LA NACION sobre la base de información de diversos organismos públicos.

La relación comercial entre Remasa y Enarsa comenzó en 2006, cuando estaba al frente de la empresa estatal Exequiel Espinosa, un ejecutivo que había trabajado para el empresario patagónico y se hizo célebre porque un avión que pagó la compañía estatal en su gestión trajo al país al venezolano Guido Antonini Wilson con US$ 800.000.

El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato. La terminó hace algunas semanas y la pasó a la Oficina Anticorrupción, que maneja Laura Alonso. En forma paralela, le pidió a un estudio de abogados que analizara las pruebas en contra de la empresa relacionada con López para evaluar la posibilidad de presentar una denuncia penal.

La relación con López está dada por el directorio de Remasa. El presidente era Carlos Leone, quien también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario, mientras que el vicepresidente era Raúl Esteban Zamora, quien tenía domicilio en la misma dirección donde funcionaban las oficinas de Oil M&S (el séptimo piso de Córdoba 657, en la ciudad de Buenos Aires), una empresa del Grupo Indalo, el holding de López.

Voceros de López aseguraron a LA NACION que ni el empresario López ni ejecutivos del grupo fueron accionistas en Remasa. Y que el holding del empresario le hizo sólo dos obras chicas. Según el acta de directorio del 30 de noviembre de 2006, Enarsa le adjudicó a la compañía Registros Mineros SA (Remasa) la confección del Proyecto de Base Integral de Datos de Hidrocarburos, que tenía por objetivo reunir en un solo espacio información geológica de todas las provincias. Allí aparecen dos grandes irregularidades: por un lado, la compañía estatal le otorga a una empresa relacionada con un empresario petrolero el manejo de información sensible a la que no tenían acceso sus competidores. Las fechas son también sugestivas. Si bien Remasa ganó la licitación a fines de 2006, recién quedó inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 22 de febrero de 2007, casi tres meses después de haberse quedado con un negocio millonario.

El hecho de haberse presentado "en proceso de creación" no le impidió a Remasa torcerles la muñeca a Halliburton y Schlumberger, posiblemente las dos mayores compañías de servicios petroleros del planeta. Ambas perdieron a manos de la firma autóctona, que hasta ese momento no pudo acreditar experiencia en el manejo de los datos que se le pedía.

La fortaleza de Remasa estuvo en el pliego de la licitación. Según la evaluación que hizo Enarsa, la joven empresa presentaba antecedentes técnicos similares a los de las compañías internacionales, según un documento que vio LA NACION.

La auditoría de Enarsa indica que la matriz utilizada para calificar y ponderar las propuestas fijó el mayor puntaje al enfoque general del proyecto, a la solución técnica y a la metodología de implementación, que se hizo de forma arbitraria.

Además, el pliego de la empresa estatal de energía no contó con cláusulas que restringieran la participación de empresas con posibles conflictos de intereses, algo que les permitió a los directores de empresas de López contar con información a la que otras petroleras no podían acceder. Desde febrero de 2007 hasta junio del año pasado, Enarsa renovó sistemáticamente el contrato con la compañía vinculada a López. Pasaron ocho años, cuando la relación comercial prevista originalmente era de dos años.

En marzo de 2009, con la primera renovación, el directorio de la compañía estatal aprobó un incremento del 5% en los honorarios, pero los costos para la empresa superaron el 53 por ciento. Y se estableció el monto a pagar en dólares (algo que se repitió hasta el final del contrato), cuando la moneda original del convenio eran los pesos.

Las irregularidades continúan y se extienden a otras empresas. Enarsa contrató a la consultora ADQ para evaluar la razonabilidad de contratar a la empresa de López. Primera rareza: la compañía estaba en concurso preventivo de acreedores, una condición desfavorable para sumar cualquier trabajo, algo que no le importó a la compañía que manejaba Espinosa.

El consultor de tecnología de esa consultora también prestaba en ese momento servicios para Conexia, otra consultora a la que Enarsa contrató más tarde para el soporte técnico, control y cumplimiento del contrato con Remasa. Hasta el momento del contrato, la firma no tenía experiencia ni personal con experiencia en esa clase de trabajos. Le pagaron $ 17 millones.

A la medida del empresario K

Una concesión polémica - Remasa, una compañía casi desconocida relacionada con él, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones en servicios que no completó

Los vínculos - El presidente de Remasa era Carlos Leone, que también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario. Raúl Esteban Zamora, el vice, tenía domicilio en la las oficinas de la petrolera Oil

La investigación - El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato

Intiman a un empresario a devolver US$ 124 millones

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Se trata de Miguel Schwartzbaum, dueño de la firma Renesa, que había recibido los fondos de De Vido por una planta que nunca terminó

El desértico paisaje de Cutral Có se vistió de lujo y fiesta la mañana del 10 de octubre de 2011. 

Desde la carpa montada para la ocasión se podían ver las torres, el acero y las tuberías de Renesa, un proyecto que ayudaría a compensar el déficit en la oferta de combustibles que tenía la Argentina. El emprendimiento era importante para el kirchnerismo, a tal punto que el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, fue hasta ese paraje, y la entonces presidenta Cristina Kirchner participó de la reunión por teleconferencia.

Miguel Schwartzbaum. Foto: www.rionegro. com.ar.

Cinco años después, la imagen cambió completamente. El proyecto del empresario Miguel Schwartzbaum, que fue apadrinado por el gobierno anterior mediante un plan de estímulos fiscales promovido por De Vido, está parado. Y la administración de Mauricio Macri quiere recuperar el dinero que puso allí el Estado.

Después de revisar el expediente, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, concluyó que Renesa le debe al erario US$ 124 millones por beneficios que recibió fuera de regla, algo que deberá reintegrar en no más de 30 días contados desde el 12 del actual, cuando Aranguren firmó la resolución que intima a la firma de Schwartzbaum, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la decisión.

Según el Gobierno, Renesa recibió millonarios beneficios fiscales de manera irregular porque no cumplió con los plazos de terminación de la obra, nunca aportó la producción de combustibles que había prometido para acceder a los subsidios del programa Refino Plus y pidió diversas revisiones para recibir más fondos del Estado.

En noviembre de 2008 se creó el programa Refino Plus, que contemplaba la entrega de certificados de crédito transferibles a su valor nominal a quienes presentaran proyectos de inversión en nueva capacidad de refinación. El programa estableció una forma de otorgamiento gradual. El 1° de julio de 2009, Renesa pidió un incremento en su presupuesto de $ 131 millones. En la misma fecha, la empresa elevó los costos del proyecto, al aducir recomendaciones de la Secretaría de Energía, que manejaba Daniel Cameron.

Aunque las obras principales debían estar concluidas en 24 meses, no se cumplió con el plazo. Según el expediente, la primera manifestación sobre la imposibilidad de la puesta en marcha de la planta en el plazo comprometido fue realizada por la compañía el 28 de julio de 2011, después del vencimiento del plazo, aunque no presentó documentación que permitiera justificar la demora. "Dejamos de producir en febrero de 2014 porque se permitió la importación sin pagar el impuesto a la transferencia de combustibles. Se importaron 600.000 m3, por lo que no pudimos producir", argumentaron fuentes de la empresa.

Según la documentación que maneja la actual gestión, un proyecto que al momento de su aprobación requería una inversión de poco más de US$ 77 millones terminó costando US$ 124,24 millones.

Según el equipo de Aranguren, al momento de girarle fondos la gestión de De Vido omitió hacer ajustes y reducciones por incumplimientos. Por caso, Renesa nunca produjo más del 1% del total de combustibles prometidos. Por ese motivo, la intimó a devolver los US$ 124 millones más intereses que recibió del Estado. De lo contrario, llevará su reclamo a la Justicia.

Proyecto inconcluso

Beneficios fiscales - La firma Renesa, del empresario Miguel Schwartzbaum, recibió financiamiento de la gestión de Julio De Vido para la construcción de una planta de producción de combustibles

Obra sin terminar - Los fondos correspondían a un proyecto en la ciudad neuquina de Cutral Có que nunca se terminó

Intimación - Ahora, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, reclama la devolución de US$ 124 millones en un plazo de treinta días