Editorial del diario La NaciónLa revalorización del papel de la policía requiere no sólo apartar a los efectivos que delinquen, sino también capacitarlos, equiparlos y reconocerlos.
El derecho a la vida y la integridad física de las personas, sin olvidar el respeto por sus bienes, se hallan en el país en medio de la mayor crisis que se recuerde. Hay que preguntarse cuál es el precio, y por cuánto tiempo habremos de pagarlo, por la prevalencia de formulaciones irresponsables e hipócritas que han establecido que puede haber delitos sin sanción condigna con su gravedad.
El correlato del efecto de esas teorías se encuentra en la educación pública cohibida para reprobar a los que no estudian, con maestros y autoridades escolares sujetos a la vindicta de padres que han perdido los valores culturales de consideración hacia la docencia que se inculcaban en las generaciones del pasado. Las manos que se alzan contra médicos y enfermeras en hospitales públicos, por cualquier contrariedad en la asistencia de pacientes, es parte del mismo cuadro de descomposición social.
El número de crímenes que la prensa informa diariamente y el grado de barbarie con los cuales suelen cometerse urgen a un acto colectivo de reflexión y consecuentes decisiones por parte del Poder Ejecutivo, del Congreso y de las autoridades de las provincias más desbordadas por el delito y la violencia. El domingo último, una nota televisada de investigación periodística sobre el narcotráfico y la complicidad, cuando no la dirección de elementos policiales, desnudó con dramatismo la gravedad del cuadro en que se halla inmerso el territorio más poblado del país.
Sería, sin embargo, una insensatez confundir las instituciones policiales y de seguridad con los elementos ruines que las integran. Para éstos no cabe otro camino que el de la separación de las filas de esos cuerpos del Estado y las otras sanciones que cuadren según la ley. No es posible en las actuales circunstancias, derivadas de un cúmulo de causales, entre las cuales ocupa un lugar no menor el mal entendido "garantismo" en materia penal, andar con medias tintas: está comprometido el deber esencial del Estado de proteger en vida, integridad y bienes a quienes habitan el territorio de su jurisdicción. Esa gravísima preocupación debe comenzar por el cuidado de los cuadros policiales y de seguridad. No es un hecho más la muerte de un agente que cae o que es herido en cumplimiento de su deber.
Recientemente, la carta de un lector de LA NACION puso el dedo en esta llaga al narrar que un policía enfrentó a dos asaltantes en un autoservicio, abatiendo a uno de ellos, pero al salir para perseguir al otro fue sorprendido por el que hacía de campana y cayó muerto. "¿Qué sería del policía si no hubiera muerto? ¿Tendría algún ascenso o estaría preso por exceso en su defensa?", se preguntó el lector.
En la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires han muerto 21 efectivos de las policías Federal, Metropolitana y bonaerense entre enero y agosto del corriente año. De los 21, 18 fueron abatidos en el conurbano.
Es correcto que se señalen para su exposición pública los casos de "gatillo fácil", pero no puede haber al mismo tiempo un débil eco social frente a las bajas de quienes tienen por actividad específica la protección de los habitantes. La sociedad, y la Justicia en particular, deben revalorizar el papel de las fuerzas encargadas de nuestra protección. En los municipios de Lanús y Quilmes parecería haberse comprendido la necesidad de un cambio de actitudes al instituirse distinciones por actitudes heroicas en servicio.
Recientemente, una auditoría que llevó a cabo el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mostró que la tercera parte de los policías bonaerenses no se encuentra en condiciones de patrullar las calles y que uno de cada tres que realizan esas patrullas no está capacitado para llevar a cabo esa función.
Si entra en las filas policiales sólo gente que, por sus condiciones, no encuentra trabajo en otras partes, estaremos siempre mal, a no dudarlo. Una buena policía es inalcanzable como objetivo si no se parte de políticas de reclutamiento serias, profesionales, dotadas de los recursos que permitan la incorporación de los mejores entre quienes aspiren por vocación a entrar en el servicio policial. A partir de allí, la capacitación del personal debe realizarse de manera continua, y con creciente exigencia, para que se pueda acceder a cargos superiores. Corresponde, desde luego, que los recursos en armas y transportes sean eficientes y, cuando menos, de mayor utilidad que aquellos de los que dispone la delincuencia.
En varias ocasiones, el policía que se vio obligado a matar o herir a un delincuente es víctima, a veces junto con su familia, de las amenazas de los cómplices. Se ha reparado muy poco en la indefensión de los policías en momentos en que el crimen organizado y sus bandas poderosas avanzan día tras día entre nosotros. Capacitación y pertrechos, pero también confianza, respeto y apoyo explícito, harán más eficaces a las fuerzas del orden, además de la aplicación sin complejos de la legislación apropiada para conjurar el actual estado de cosas.
