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Por Martín Dinatale - LA NACION
La ministra Bullrich acelera la compra de aviones y equipos; acuerdos con países vecinos.
La compra de radares, de aviones espía y helicópteros a Israel, los Estados Unidos, Francia o Italia. Un fuerte control de los vuelos ilegales. Equipamiento moderno en tres puestos críticos de control fronterizo. Imposición de un sistema de monitoreo de vuelos por GPS. Y acuerdos para la reducción de cultivo de coca con Paraguay, Bolivia y Brasil.Esta es la batería de medidas que se dispone encarar en lo inmediato el Gobierno para apuntalar la lucha contra el narcotráfico y el contrabando en la frontera norte de la Argentina.
En el Ministerio de Seguridad ya están los borradores de los llamados a licitación en estos días para la compra de dos aviones espía, un sistema de radares inteligentes modernos y cámaras inteligentes además de globos aeroestáticos. La ministra Patricia Bullrich acaba de viajar a Israel para evaluar los equipamientos de seguridad de frontera que utiliza Tel Aviv. Lo mismo hizo con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, Italia y Francia.
"Hay que equipar y modernizar cuanto antes nuestra frontera norte para dar una batalla dura contra el narcotráfico y el contrabando", deslizó a LA NACION un destacado funcionario de la Casa Rosada.
El plan que se dispone desplegar Bullrich en coordinación con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) apunta a diferenciar los vuelos irregulares de los ilegales para concentrar todos los controles en las aeronaves que trafican droga en las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil. Se estima que de los aproximadamente 300 vuelos con problemas que se detactan el 80% son irregulares. Por eso, la intención de la ANAC y Seguridad es exigir a todos los vuelos la incorporación de un dispositivo GPS en las aeronaves para poder hacer un seguimiento de sus movimientos. A su vez, en este plan ambicioso para reforzar los controles en la zona norte de la Argentina, el Ministerio de Seguridad reforzará los puestos fronterizos de La Quiaca, la Triple Frontera y Aguas Blancas, considerados de los más críticos. Quedará para más adelante el reequipamiento de los puestos de Salvador Masa y Clorinda. Por otra parte, según pudo saber LA NACION, se prevé la incorporación de dos aviones espía de control que se sumarán a los aviones de patrullaje Pampa de la Fuerza Aérea.
Bullrich acaba de cerrar acuerdos con Paraguay y Bolivia para la quema y reducción de terrenos con cultivo de coca en los aledaños a las fronteras comunes. Tanto el Ministerio de Seguridad como la Cancillería se disponen a reforzar los acuerdos con fuerzas de seguridad y la DEA de los Estados Unidos para llevar adelante cursos de capacitación de fuerzas policiales de todas las provincias de la Argentina.
Por María José Lucesole, Rosario Marina - LA NACION
Los agentes que fueron adiestrados el año pasado por los municipios quedarán desde la próxima semana bajo el comando de la policía bonaerense en los partidos con menos de 70.000 habitantes
LA PLATA.- El gobierno de Buenos Aires unificará las policías comunales y las policías locales en 29 distritos. Es el primer paso de una reforma que podría ser aún más profunda, ya que se evalúa además la unificación de otras 53 policías locales con la provincial.
El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo , se basa en los reclamos que recibió de los intendentes durante el último Consejo de Seguridad, en General Madariaga. Allí varios jefes comunales habrían expresado su voluntad de traspasar el mando de las policías municipales a la policía provincial. La gobernadora María Eugenia Vidal está notificada de este reclamo y evaluará la decisión junto con Ritondo.
Foto: LA NACION
Vidal afirmó en las últimas horas que la seguridad será su prioridad para 2017, junto con la pobreza y las obras públicas. Por eso el gobierno diseña en secreto un nuevo esquema a partir de una encuesta que mandó a hacer en los municipios. El primer paso se puso en marcha la semana pasada con la unificación de las policías locales y comunales en Lobos. Esta situación donde conviven las dos policías se replica en otros 28 distritos que se unificarán, desde la semana próxima.
Pero, además, el gobierno de Vidal evalúa una reforma más profunda para los 53 distritos con más de 70.000 habitantes. En total se trata de unos 17.500 uniformados que responden a estas policías locales, cuya capacitación fue puesta en duda por las autoridades provinciales. Es que no entregó buenos resultados la evaluación que el gobierno bonaerense realizó sobre los nuevos efectivos que fueron asignados a tareas de patrullaje urbano. Sobre 14.984 policías locales evaluados, 2890 de esos agentes fueron obligados a volver a la escuela de entrenamiento policial.
"El gobierno ha notado mucha disparidad entre los policías. Evalúa ahora quiénes son aptos para continuar", dijo a LA NACION el intendente Jorge Macri (Cambiemos), de Vicente López. No obstante, el jefe municipal -que suena como candidato a senador para 2017 por el oficialismo- afirmó que los intendentes del conurbano aspiran a retener el control de las policías locales. El cambio alcanzaría, en principio, sólo a las policías comunales que conviven con las locales y que tienen base en los municipios pequeños, con menos de 70.000 habitantes: la mayoría del interior de la provincia.
En cambio, en algunos de los municipios de más de 70.000 habitantes -donde funcionan las policías locales- habría más interés de los intendentes de tener mayor participación en la conducción de las fuerzas. "Hoy el funcionamiento de la policía local depende del compromiso del intendente, pero no es una fuerza local", dijo Macri. "Los intendentes de Cambiemos y amplios sectores del peronismo planteamos una mayor municipalización del sistema", agregó.
Actualmente, en los 135 municipios de la provincia hay 82 policías locales -de los cuales 29 tienen también policías comunales- y el resto tienen sólo policías comunales.
La primera camada de policías locales bonaerenses egresados tras nueve meses de formación. Foto: Archivo.
Los 29 partidos que están en condiciones de fusionar las policías comunal y local son Ayacucho, Balcarce, Baradero, Bragado, Brandsen, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Castelli, Chivilcoy, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, General Alvarado, General Las Heras, General Madariaga, Ranchos, Laprida, Las Flores, Lobos, Maipú, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pinamar, Rauch, Rojas, San Antonio de Areco, San Miguel del Monte y Tres Arroyos.
Martín Yeza, intendente de Pinamar por Cambiemos, dijo a LA NACION que en su caso ya está negociando los términos de la fusión con Ritondo, y que pidió que "la virtud de una fuerza pase a la otra".
La policía local fue creada hace dos años, por decreto, durante el gobierno de Daniel Scioli. La comunal, en tanto, se creó por ley en 2004, cuando el ministro de Seguridad era León Arslanian. En ambas al jefe lo nombra el Ministerio de Seguridad en acuerdo con el intendente de cada lugar. Ahora, los distritos que tenían policía local pasarán sus efectivos a la policía comunal, que dependerá del intendente y será dirigida por la policía bonaerense.
Por Marcos Cicchirillo / La Capital(Extractado)
Las instalaciones, que llevan casi una década en desuso, también albergará la sede rosarina del Ministerio de Desarrollo a recuperar. El frente por 9 de Julio está vandalizado. En el patio interior hay vehículos abandonados.
El histórico edificio del ex II Cuerpo del Ejército, ubicado en Sarmiento y 9 de Julio, pasará a ser la Jefatura Regional de Gendarmería. La confirmación se conoce cuando aún resuena el debate sobre la presencia efectiva de las fuerzas federales en Rosario. Las instalaciones también alojará a la sede regional del Ministerio de Desarrollo Social nacional. La apertura será en 2017 después de una etapa de puesta a punto de las instalaciones.
De esta manera queda descartado el pedido realizado desde fines de mayo pasado por parte del gobierno local para trasladar allí la Secretaría de Cultura municipal, cuando Nación le solicitó las instalaciones de la estación Rosario Norte para avanzar con los planes de reactivación del ferrocarril.
La decisión de establecer el comando "operativo y político" en el ex comando el Ejército se resolvió formalmente días atrás. Fue cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) cedió, finalmente, días atrás al Ministerio de Seguridad de la Nación el inmueble ubicado en Sarmiento 1350, que está en desuso desde hace casi una década.
"El terreno será utilizado para la instalación y funcionamiento del Comando de Región VIII de Gendarmería Nacional", confirmó el concejal del bloque de Unión PRO, Gabriel Chumpitaz, quien aseguró que desde hace medio año la cartera de Seguridad nacional analizaba esta mudanza. El edificio tiene 3.560 metros de superficie y cuenta incluso con cancha de básquet y hasta con una pileta.
El edificio se encontraba afectado al Ministerio de Hacienda y Finanzas nacional, que en 2007 —durante la presidencia de Néstor Kirchner— había proyectado en estas instalaciones agrupar las delegaciones locales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), pero la iniciativa nunca prosperó. Y continuó prácticamente vacío con un esquema mínimo de vigilancia privada. Aún así, la parte de las instalaciones que dan sobre calle 9 de Julio, en los últimos años, fueron vandalizadas y son parte de las obras de reparación que están previstas para volver operativo el histórico complejo.
Desde afuera también se puede observar en una especie de patio interior algunos vehículos abandonados. "Será utilizado para desarrollar las actividades en materia de seguridad pública que se desprenden del convenio de cooperación suscripto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno provincial", explicó el edil macrista.
Chumpitaz resaltó que "esta medida se suma a una serie de acciones que viene llevando adelante el gobierno nacional en pos de aportar al combate contra la inseguridad en la ciudad y la provincia", aseguró. "Sin lugar a dudas representará una sustancial mejora de las condiciones en que las fuerzas federales desarrollarán sus tareas operativas", continuó el concejal del PRO, quien aclaró al ser consultado que continuará operativo el destacamento que tiene Gendarmería actualmente en la zona sur de Rosario.
En tanto, el presidente del AABE, Ramón Lanús, consideró que "esta gestión conjunta con el Ministerio de Seguridad refuerza el compromiso que asumimos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado para colaborar a fortalecer la seguridad de todos los argentinos".
OFRECIERON AVIONES CON RADARES DE BAJO ALCANCE Y TODOS CON COMPONENTES BRITÁNICOS.
Es por aviones para reequipar Gendarmería. Todas las ofertas incluyen materiales que debe aprobar Londres. Desde Malvinas hay veto del Gobierno inglés a proveer repuestos a insumos sensibles.
Estudio. Patricia Bullrich tiene bajo análisis desde principios de este año la licitación para proveer a Gendarmería de material anti.-narcotráfico.
La licitación pública de etapa única para dotar a la Gendarmería Nacional de "dos (aviones) sistemas de vigilancia aérea" que lanzó el Ministerio de Seguridad va camino al fracaso. Ocurre que ninguno de los oferentes cumple con una de las especificaciones técnicas exigidas en el pliego: "El radar deberá tener una cobertura mayor a 240 ° y un alcance mayor a 180 millas náuticas". Los radares de vigilancia de los aviones presentados en el concurso no superan las 25 millas.
La ministra Patricia Bullrich tiene bajo análisis desde principios de 2016 proveer a la Gendarmería de los medios tecnológicos e infraestructura adecuados para el combate del narcotráfico, contrabando, trata de personas y otros flagelos. Así lo había dispuesto Mauricio Macri en febrero pasado a partir de la firma del decreto N° 228/2016 que declaró la Emergencia de la Seguridad Pública y la puesta en marcha del operativo Fronteras.
Recién a mediados de noviembre se concretó el proceso licitatorio, el 18 se abrieron los sobres con las propuestas. Participaron 7 empresas de las cuales 5 cotizaron en dólares: Helicópteros Marinos con Cessna 206 Stationer, 11.000.000; Indra con bimotor Tecnam 2006T, 13.293.000; Grob Aircraft con Caravan ISR, 13.300.000; Atec Aeronautics con TBM 500, 15.980.000 y por último Transport & Services 34.994.600, ofreció el sistema Archangel integrado en un avión Air Tractor AT 802, casi un blindado volante. Diamond, proveedor del Ejército Argentino y Masuma no cotizaron.
A mediados de año se había intentado poner en marcha el concurso pero se cayó antes de su publicación porque el pliego básico de condiciones tenía descripciones técnicas correspondientes al equipamiento de uno de los aparatos, el modelo bimotor Tecnam 2006T (con software de vigilancia Indra Systems) del fabricante italiano Costruzioni Aeronautiche Tecnam.
La subsecretaría de Coordinación de Fronteras a cargo del brigadier retirado Vicente Autiero corrigió el desliz pero se perdió un tiempo considerable hasta dar con la letra final del pliego.
El radar de vigilancia Seaspray 5000E de la mayoría de los aviones presentados por los oferentes, entre ellos el Tecnam de Indra, -parece ser el favorito de la compulsa-, está en jaque por otro asunto. Tiene partes electrónicas esenciales de origen británico y se comercializa a través del grupo italiano Leonardo Finmeccanica. Uno de los clientes principales que usa el Seaspray en su versión 7500E es la marina inglesa.
La novedad entraría en otra área de análisis, la de política exterior. También emitiría opinión el director Nacional de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio de Seguridad, Gastón Schulmeister. El meollo es si se garantiza o no la autonomía estratégica del país a partir de contar con un equipo cuya logística depende del Reino Unido.
El 3 de abril de 1982, un día después del inicio del conflicto por Malvinas, Londres estableció un embargo de equipos militares a la Argentina que estuvo vigente por 16 años. Se flexibilizó luego de la visita oficial de Carlos Menem a Londres en 1998, y las posibles exportaciones de equipamiento comenzaron a analizarse y ejecutarse caso por caso. El 26 de abril de 2012 el secretario de Comercio británico renovó la prohibición de otorgar licencias de exportación de material bélico, componentes, repuestos, comunicaciones, software y otros insumos con destino a la Argentina.
Más tarde, en setiembre de 2013 el Parlamento decidió avalar ese criterio y recomendó al Gobierno de Londres mantener el veto a la exportación de insumos militares. Está vigente hasta hoy. La prohibición figura en el reporte anual elaborado por el Comité de Control de Exportación de Armas de la Cámara de los Comunes.
Argentina aparece en una lista entre Afganistán, Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Libia, Turkmenistán, Libia, Siria y otros a los que Gran Bretaña no exporta insumos militares pues los considera no confiables para su utilización porque podrían afectar los derechos humanos; poner en riesgo, provocar e intensificar conflictos regionales o afectar intereses de seguridad estratégicos.
Por Daniel Gallo - LA NACION
El Gobierno negocia con Israel la adquisición de cuatro embarcaciones rápidas clase Shaldag para reforzar los controles en el río Paraná, por donde se mueve la mayor parte de la marihuana
La patrulla clase Shaldag, dotada de dos cañones y dos ametralladoras calibre 50. Foto: ISL
El río Paraná, eje principal de la llamada Hidrovía, es una de las principales puertas de ingreso de marihuana en la Argentina. Para enfrentar este problema, el Gobierno apunta a fortalecer los patrullajes de la Prefectura con la compra a Israel de lanchas rápidas artilladas.
Si bien la ruta área de contrabando es muy utilizada en esa zona, cada vuelo narco puede transportar un cargamento de unos 500 kilos, mientras que la vía fluvial prácticamente no tiene límite de traslado. De hecho, por allí circula buena parte de las 10.000 toneladas de cannabis, el 20% de la producción paraguaya. Por ejemplo, el año pasado fue encontrado un cargamento de 13.000 kilos de marihuana en un carguero que estaba a punto de iniciar su navegación desde un puerto cercano a la capital de Paraguay.
Las unidades elegidas son de la clase Shaldag, fuertemente artilladas y con capacidad de aceleración casi inmediata hasta los 40 nudos (75 km/h), según las especificaciones técnicas del fabricante, ISL. El Ministerio de Seguridad de la Nación negocia la adquisición de al menos cuatro de esas embarcaciones.
La ministra Patricia Bullrich estuvo el mes pasado en Israel, donde asistió a una conferencia internacional sobre controles fronterizos. También tuvo contactos con los representantes de las empresas de tecnología y de seguridad israelíes. Las características de las lanchas Shaldag fueron el eje de una de esas reuniones de trabajo que mantuvieron los funcionarios argentinos.
Esas unidades están artilladas en proa y en popa con un cañón Typhoon con proyectiles de 25 mm y un sistema Oerlikon de 20 mm, además de contar con dos ametralladoras calibre 50. Para graficar el poder de fuego de esas lanchas basta con recordar que en marzo pasado el Guardacosta Prefecto Derbes hundió, sólo con disparos de una ametralladora calibre 50, un pesquero chico que operaba ilegalmente en el Mar Argentino.
Las autoridades argentinas también tomaron en cuenta la velocidad y el poco calado de la unidad, que le permite varar rápidamente para el desembarco de tropas especiales (pueden llevar a 12 efectivos).
Por las normas de navegación en la Hidrovía Paraguay-Paraná, las cargas de barcos con bandera extranjera que se encuentren en tránsito rumbo a puertos en el exterior no pueden ser controladas por las autoridades argentinas. Justamente, la mecánica habitual usada para el contrabando de drogas es el desembarco desde unidades más chicas en orillas alejadas de los centros poblados. Por eso la persecución en tierra es un punto clave para el efectivo control de los ríos. Con tropas especiales que patrullan los puntos "calientes" de la costa durante la noche, la Prefectura decomisó este año más de 24 toneladas de marihuana.
Medios de disuasión
La compra de embarcaciones para la Prefectura forma parte del esfuerzo oficial para dotar de nuevas herramientas al sistema de seguridad de frontera. El contrabando de drogas utiliza la región noreste al río Paraná como su principal vector de ingreso tanto para el microtráfico en barcazas como para el movimiento de grandes cantidades de drogas que luego son acopiadas para su transporte terrestre hacia las ciudades centrales.
En el noroeste, el ingreso de drogas desde Bolivia tiene otras características, con el uso de avionetas y el "bombardeo" de cocaína como método principal. Los pocos radares que hay en la zona operan poco tiempo por la falta de radaristas capacitados para sostener los turnos de control durante todo el día. Y por limitaciones legales, los radares del Ejército no pudieron ser acoplados efectivamente a la vigilancia de seguridad dado que la propia protección de los equipos llevó a su instalación dentro de regimientos y no en los lugares necesarios para hacer tareas de control eficaces.
Al igual que en el caso de las lanchas Shaldag, el refuerzo de seguridad en la región noroeste llegará con tecnología aportada por Israel. Está muy avanzado el proceso de adquisición de tres centros de vigilancia que contarán -al menos dos de ellos- con el apoyo de cámaras de observación de larga distancia instaladas en globos aerostáticos para identificar personas y objetivos en las áreas de frontera.
En esas zonas también se contará con dos aviones espías tripulados por la Gendarmería, fuerza que recibirá también unidades aéreas de transporte ATR72 para el traslado de sus destacamentos móviles. La Fuerza Aérea, en cambio, busca los transportes tácticos CASA C295 para cumplir su rol específico de traslado de cargas y de personal. Con eso y las patrulleras Shaldag se buscará, finalmente, presionar a los narcos desde tierra, aire y agua.
Agregado de Desarrollo y Defensa (Fuente: Israel Shipyards)
Lancha de Patrulla Rápida tipo "SHALDAG"
Una de las naves de ISL de mayor demanda en la actualidad, es la nave tipo SHALDAG FPB .Fue diseñada a fines de los 90, integrando valiosas mejoras creadas por expertos de la defensa Israelí en respuesta a desafíos de seguridad para casos reales.
Lancha Shaldag - Su imagen no coincide con la publicada por el diario La Nación
La nave tipo "SHALDAG" es más apreciada para tareas de seguridad donde se requiere altas velocidades de intercepción y fácil maniobrabilidad. Además, la nave está equipada con sistemas de armas altamente avanzados, producidos por diseñadores Israelíes reconocidos mundialmente. Esta nave es de combate multimisiones, totalmente de aluminio, de "performance" probada en combate para misiones de seguridad donde se requiere alta velocidad de intercepción.
El éxito probado en combate de esta nave construida por ISL ,fue rápidamente establecido con la Armada Israelí, atrayendo la atención de muchas otras fuerzas navales.Utilizando la experiencia operacional en diferentes ambientes, la nave continuó siendo mejorada, incluyendo el agregado de nuevos sistemas de armas livianas.
Hasta hoy, se han introducido tres tipos de naves tipo "SHALDAG", además fueron incorporadas varias actualizaciones.
Puntos destacados de la nave tipo "SHALDAG FPB":
Diseñada para operaciones de seguridad que requieren alta velocidad de intercepción sin sacrificar control de la nave en mares bravos
Fácil de operar, con baja necesidad de mantenimiento.
Equipada con sistemas de armas modernos y livianos.
Características especiales:
Aceleración 0-40 nudos en un minuto
Diámetro de giro de aproximadamente 150m a 40 nudos
Muy poco calado
Cabeceo excepcionalmente moderado en todos los estados de mar
Cubiertas secas en todas las velocidades
Alta velocidad mantenida en mares bravos
Calado mínimo permitiendo operación en aguas poco profundas.
Sumamente espaciosa con arreglos internos accesibles.
Bajas vibraciones y aceleraciones.
La compra de una nave tipo SHALDAG de Israel Shipyards incluye capacitación de la tripulación, capacitación de mantenimiento , guías, soporte de mantenimiento ,documentación e instrucciones de manejo.
Por Martín Dinatale - LA NACION
Migraciones, Interior, Seguridad y Aduana elaboraron un plan de trabajo en 14 puestos, con eje en el contrabando y el narcotráfico; incorporarán equipos y más personal.
El Gobierno ultima obras en puntos fronterizos, incluido Paso de los Libres. Foto: Ministerio del Interior
Más allá del decreto presidencial que prepara la Casa Rosada para ordenar toda la acción del Gobierno en las fronteras, el presidente Mauricio Macri instruyó a sus ministros para poner en marcha en lo inmediato un fuerte operativo en los pasos fronterizos "críticos" para esta temporada de vacaciones con la intención de dar muestras concretas de que se está trabajando a fondo en materia de seguridad y controles aduaneros y migratorios.
Según consignaron a LA NACION cinco fuentes calificadas de la Casa Rosada, la denominada Mesa Interministerial de Fronteras, que está integrada por los ministerios del Interior, Seguridad, Hacienda y la Jefatura de Gabinete, abordó la problemática de la gestión de los pasos internacionales para apuntalar la presencia estatal durante los picos turísticos del verano y reforzar los operativos de seguridad contra el narcotráfico y el contrabando.
Las tareas ya están repartidas y empezaron a rodar. Desde el Ministerio del Interior, el director de Asuntos Técnicos de Fronteras, Fernando Cafasso, empezó a coordinar con el director de Migraciones, Horacio García, las obras de modernización y el refuerzo de personal en al menos 14 puestos fronterizos "críticos" para el verano. En este sentido, no sólo se aumentará la cantidad de funcionarios de Migración para agilizar trámites. También se dispondrán mecanismos más modernos de control. Por ejemplo, se dispondrán en algunos puestos fronterizos nuevas células fotoeléctricas para registrar los datos de las patentes de los autos y chequear previamente la información de los conductores; se están terminando de construir en algunos puestos las cabinas dobles de ingreso de vehículos para agilizar trámites y se implementó una mejora en las instalaciones de los puntos de frontera con mayor flujo de pasajeros. Se busca así apuntalar y agilizar los pasos de Iguazú, Integración Austral (en Tierra del Fuego), Pehuenche, Pino Hachado, Samoré, Paso de los Libres, Cristo Redentor, Posadas, Concordia, Gualeguaychú y Colón.
En estos mismos lugares, desde la Aduana, a cargo de Juan José Gómez Centurión , expresaron a LA NACION que para el verano se destinará mayor personal en esos pasos críticos y se instalarán escáneres móviles de camiones de carga. En tanto, en el aeropuerto de Ezeiza y en Aeroparque se impondrán modelos de control de selectividad por timbreo para el control de valijas en vuelos internacionales.
La Dirección de Migraciones no sólo reforzará la cantidad de personal en esos pasos críticos, sino que también instalará puertas biométricas de lectura de pasaportes en el aeropuerto de Ezeiza para agilizar los trámites migratorios.
Desde el Ministerio de Seguridad, el secretario de Fronteras, Luis Green, y el subsecretario del área, Eduardo Bustamante, también están trabajando a pleno para potenciar los operativos de control en las fronteras. Según pudo saber LA NACION, se instruyó a los oficiales de la Gendarmería y la Prefectura, en su rol de coordinadores locales de los pasos internacionales, que coordinarán con Aduana y Migraciones y el Senasa para atender las necesidades del público durante los días de mayor afluencia de gente. A su vez, se elaboró un calendario específico para cada punto de la frontera, con las fechas críticas y los refuerzos de personal solicitados a la Aduana, Migraciones y el Senasa.
Habrá desde el Ministerio de Seguridad un refuerzo muy grande de personal de seguridad especialmente en los pasos de Cristo Redentor, Paso de los Libres e Iguazú.
Se sabe que el punto más crítico de todos los pasos y de la puesta en marcha de este plan es la falta de infraestructura: la ausencia de inversión en mejoras en la frontera y equipamientos durante los últimos 12 años obligó ahora al Gobierno a potenciar muchos recursos. La prueba de fuego para evaluar si funcionan los cambios y la inversión destinada se dará este verano. Luego vendrá el decreto que dispone ordenar y coordinar las tareas entre diferentes ministerios.
Por Ezequiel Spillman (Perfil.com)
El Ministerio de Seguridad evaluó el estado de las pistolas que portan los agentes. Unas doce mil tienen que ser destruidas.
Obsoletas. El relevamiento se hizo en Mar del Plata, Bahía Blanca y el Conurbano. En Villa Gesell, un agente tenía una pistola Browning de 1965. Foto:cedoc
El subsuelo de la jefatura de la Policía Bonaerense es un mundo aparte: allí descansan miles de chalecos antibalas nuevos, municiones de todo tipo y más de 12 mil armas en un gran taller donde trabajan diariamente siete armeros. Tres pisos más arriba se encuentra el despacho del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
Uno de los inconvenientes con que se encontraron las autoridades que asumieron en diciembre en el Ministerio de Seguridad, fue el estado de las armas que portan los agentes. Según los primeros datos de un informe que está preparando el área, dos de cada diez pistolas no funcionaban o debían salir de circulación.
En la primera tanda de relevamiento, sobre 2.703 armas, un 15,6% no funcionaba o necesitaba un recambio mientras que otro 7% tuvo que cambiar el cargador. Además, unas 6.800 armas ya pasaron para un service y se entregaron 26.425 municiones de pistolas 9 milímetros. En este último caso, en general se recambian municiones viejas o humedas, producto de no realizar un recambio por largo tiempo.
Relevamiento. La revisión de las armas se inició a mitad de año cuando el gobierno de María Eugenia Vidal comenzó a entregar chalecos antibalas para cada uno de los agentes. La orden que le impartió la gobernadora fue que cada uno de los 92 mil policías debían tener su propio chaleco. Hasta el año pasado, sólo un tercio usaba uno propio. El resto lo compartía. De allí el término “chaleco caliente” que acuñaron en la fuerza.
En ese marco, el jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi, y el subjefe, Fabián Perroni, decidieron sumar las verificaciones masivas de armas en cada distrito y el revelamiento de su estado.
Los primeros trabajos se dieron en Mar del Plata, Bahía Blanca, Pinamar y Villa Gesell, donde los especialistas se instalaron en las departamentales para que los efectivos puedan presentar sus inconvenientes con las armas. Luego se sumó el Conurbano, en especial las zonas más “calientes”: La Matanza, Lanús, Escobar, Hurlingham, Tigre, Tres de Febrero y Lomas de Zamora. La situación tanto en el Interior como en el Conurbano era similar. “En cada lugar los datos eran parejos, cerca del 20% o tenía un arma obsoleta, o había que repararla o directamente cambiarla”, cuenta uno de los funcionarios a cargo del tema.
“Lo que cambió es que antes se hacían inspecciones para retar a los efectivos y ahora la idea es que tomen conciencia del cuidado de sus armas”, agrega. En ese marco, también en esas verificaciones se les enseña cómo cuidar mejor su elemento de trabajo.
Un caso insólito se dio en Villa Gesell, donde los funcionarios de Seguridad se encontraron con una pistola Browning de 1965 en manos de un agente.
El relevamiento que comenzó a mitad de año es progresivo y, en principio, servirá para armar un inventario, una de las deudas no monetarias que dejó Scioli en sus ocho años como gobernador. Según los cálculos que realizan en el equipo de Ritondo, hay más de 60 mil armas en funcionamiento en la Bonaerense.
El arma reglamentaria de un efectivo de calle es la 9 milímetros con martillo a la vista. La mayoría son Bersa Thunder PRO. Sí, “PRO”. En el depósito del subsuelo hay armas obsoletas. Allí hay marcas de todo tipo y, en los próximos meses, serán incineradas.
(Perfil.com) - Los funcionarios repasaron el trabajo que permitió desarticular la mayor organización criminal china que operaba en Argentina.
El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, se reunió hoy en Beijing con el viceministro de Seguridad Pública de China, Chen Zhimin Foto:Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Policía Nacional de China, la fuerza más numerosa del mundo con más de 2,3 millones de efectivos, cooperará con Argentina capacitando personal, asesorando en materia de ciberseguridad y en tecnología para el esclarecimiento de casos complejos.
El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, se encuentra en el gigante asiático para avanzar en los convenios de cooperación bilateral que firmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de intensificar el combate del crimen organizado.
Según fuentes de la cartera de Seguridad consultadas por PERFIL, Burzaco mantuvo hoy una reunión con su par de China, el viceministro de Seguridad Pública, Meng Hongwei.
El funcionario nacional explicó que la Argentina y China van a trabajar “en tres áreas de cooperación contra el delito organizado: en capacitación para personal de fuerzas de seguridad; ciberseguridad, para trabajar juntos en el sistema de alerta temprana para casos complejos; y en tecnología que desarrollan en el instituto de investigación, como cámaras de alta resolución, scanners, equipamiento y laboratorio forense”.
En la reunión se acordó con el viceministro chino realizar una reunión anual bilateral de seguimiento con mecanismos de avance, a realizarse en Beijing o Buenos Aires, alternativamente. Por parte del Ministerio de Seguridad argentino asistieron también los subsecretarios de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, Darío Oroquieta, y de Investigación del Delito Organizado y Complejo, Juan Patricio Furlong.
Durante el encuentro, los funcionarios repasaron el trabajo realizado en la operación conjunta que permitió desarticular al grupo Pixiu, la mayor organización criminal china que operaba en Argentina.
Burzaco también visitó el centro de formación y capacitación de la Policía Nacional china, con la intención de generar programas de intercambio para la formación de efectivos de las fuerzas federales argentinas.
(La Nación) - La ministra de Seguridad de la Nación viajó junto a los secretarios de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y de Coordinación, Planeamiento y Formación, Alberto Föhrig
Patricia Bullrich recorrió la frontera israelí y visitó las unidades del Ejército. Foto: Prensa Min Seguridad. Junto al resto de la comitiva del Ministerio de Seguridad de la Nación, se visitaron los principales puntos de control fronterizos de Israel, en donde actúan distintas unidades del ejército local.
El objetivo consistió en visualizar los radares, las cámaras y los centros de comando y control en pleno funcionamiento, formando parte de un modelo de seguridad integrado. Además, los funcionarios pudieron observar el tránsito de personas entre Egipto e Israel con sus respectivos controles. Todo eso se realizó con vistas a la adquisición de los distintos elementos tecnológicos, drones cámaras y radares, para elaborar un sistema e implementarlos en la frontera argentina.
Cabe destacar que durante el lunes y martes, Patricia Bullrich se reunió con los ministros de Defensa y Seguridad Pública de Israel, Avigdor Lieberman y Gilad Erdan, respectivamente, con el objeto de generar una agenda de trabajo común en torno a los principales temas inherentes a la seguridad y con vistas a la adquisición de tecnología israelí para fortalecer el trabajo de las fuerzas federales en las fronteras argentinas.
Durante la reunión con el ministro Lieberman, Bullrich definió la adquisición de equipamiento de origen israelí, que se realizará a través de la Dirección de Cooperación de Defensa Internacional (SIBAT), cuyo director, Mishel Ben Baruch, también mantuvo un encuentro con la ministro argentina. Ese organismo maneja el comercio del equipamiento tecnológico de defensa israelí y reúne a todas las empresas de seguridad de ese país. En el encuentro con el ministro Lieberman en la sede ministerial se definió la adquisición de tecnología para la zona fronteriza de Argentina, que se realizará a través del SIBAT, con el objetivo de modernizar el equipamiento y reforzar la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado.
Asimismo, se reunieron con el director del SIBAT (Dirección de Cooperación de Defensa Internacional), Mishel Ben Baruch. Dicho organismo maneja el comercio del equipamiento tecnológico de defensa israelí y reúne a todas las empresas de seguridad.
Asimismo, se debatió sobre la implementación de modelos policiales y de investigación, sobre acuerdos interinstitucionales de programas de capacitación y prevención del crimen y nuevas formas de cooperación bilaterales.
(Clarin.com) - Unifica a la Federal traspasada a la Ciudad con la Metropolitana. Y fija reglamentos y normas. Son uno 25 mil agentes que entre enero y marzo de 2017 estarán en la calle unificados bajo la nueva fuerza.
La creación de una policía para la Ciudad de Buenos Aires fue sancionada esta tarde en la Legislatura. Foto David Fernández
La Legislatura porteña aprobó esta tarde el Sistema Integral de Seguridad Pública, que crea la Policía de la Ciudad. La norma funda una fuerza integrada por miembros de la Policía Metropolitana y efectivos traspasados de la Policía Federal. También, prevé un instituto universitario para la formación de los cuadros policiales.
Según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, la norma será reglamentada a fin de año para que entre enero y marzo de 2017 la totalidad de los 25.000 agentes estén en la calle bajo la órbita de la nueva fuerza. El proyecto original, presentado por el Ejecutivo porteño, había sido discutido y analizado en las comisiones de Seguridad, de Justicia y de Presupuesto. Hoy, durante un debate que duró más de cuatro horas e incluyó el discurso de 17 legisladores, se introdujeron modificaciones, que derivaron en su aprobación.
En general, la ley fue sancionada por 55 votos positivos, tres negativos (Marcelo Ramal -FIT-, Fernando Vilardo -AyL- y Patricio Del Corro -PTS-FI-) y la abstención del diputado Adrián Camps -PSA-.
A través de sus 522 artículos y 32 claúsulas transitorias, establece las bases jurídicas e institucionales para la nueva seguridad y afirma que "es un deber irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salvaguardar la libertad, la integridad y los derechos de sus habitantes, así como preservar el orden público".
El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es el responsable del Sistema Integral de Seguridad Pública y delega su ejecución en el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, quien en forma anual deberá presentar ante la Legislatura el plan de seguridad pública para el ejercicio siguiente. La ley estable que la fuerza estará comandada por un civil.
Además regula los servicios privados de vigilancia de empresas radicadas o que actúen en la Ciudad, así como estipula las normas a la que deben sujetarse los servicios de video vigilancia, fija un régimen especial de seguridad para bailables y espectáculos e incorpora a los agentes de control de tránsito y transporte a la Policía de la Ciudad.
Algunos puntos de la ley:
- Todos los miembros de la Policía deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, actualizadas en forma anual.
- Se define a la fuerza nueva como una "institución civil armada, jerarquizada profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad, con excepción de los lugares sujetos a jurisdicción federal".
- Se dividirá en cuatro especialidades: Seguridad, Investigaciones, Policía Científica y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- "Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad personal que acredite experiencia en otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado policial o militar" (por reglamentación se establecerán los requisitos).
- Se crea el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad como "institución civil, auxiliar de la fuerza pública del Estado, con competencia para actuar como auxiliar de la Justicia".
- Queda prohibido a los policías "participar en actividades políticas, partidarias, gremiales o sectoriales, o el desempeño de cargos electivos".
- "Toda persona puede solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna ante los órganos que componen el Sistema Integral". La denegatoria de información debe ser dada por un funcionario de jerarquía y de manera fundada. Durante el debate en este punto, legisladores de la oposición dijeron que "el sistema de transparencia en la información es una farsa. La ley enumera excepciones en los que la Policía se puede negar a darla".
- Se crean los Foros de Seguridad Pública (FoSeP), uno por cada Comuna. Cada foro evaluará la actuación policial.
Por Edgardo Aguilera - Ambito.com
ACTIVAN EL REEQUIPAMIENTO DE LA FUERZA PARA VIGILANCIA DE FRONTERAS.
Patricia Bullrich debe decidir la incorporación de dos aeronaves. Son para realizar patrullas contra el narcotráfico y realizar el control de fronteras. El viernes estará lista la licitación pública.
En juego. El bimotor Tecnam 2006T en el centro de las discusiones.
El viernes próximo, Patricia Bullrich tendrá en sus manos la decisión de comprar dos aeronaves destinadas combatir delitos complejos en la frontera. El Ministerio de Seguridad tiene bajo análisis desde principios de 2016 dotar a la Gendarmería de los medios tecnológicos e infraestructura adecuados para el combate del narcotráfico, contrabando, trata de personas y otros flagelos.
Así lo había dispuesto Mauricio Macri en el Decreto 228/2016, que declaró la emergencia de la seguridad pública y la puesta en marcha del operativo Fronteras. Cinco oferentes compiten por un contrato de $190 millones (unos u$s12 millones), cuyos sobres con propuestas se abrirán el viernes próximo, a las 11.30, con el objetivo de dotar a la Gendarmería de "dos sistemas de vigilancia aérea".
A mediados de año se había intentado poner en marcha el concurso, pero se cayó antes de su publicación porque el pliego básico de condiciones tenía descripciones técnicas correspondientes al equipamiento de uno de los aparatos, el modelo bimotor Tecnam 2006T (con software de vigilancia Indra Systems) del fabricante italiano Costruzioni Aeronautiche Tecnam.
En las rondas preparatorias se dijo que el desliz descriptivo era un típico "traje a medida" y se modificó el pliego. De esta manera, se llegará a la apertura de los sobres de ofertas con reclamos que aún persisten a pesar de que Seguridad dio la palabra final en circular aclaratoria publicada ayer.
Por caso, el pedido más generalizado fue una modificación del plazo de entrega de los aparatos, ya que el pliego exige que sea en 12 meses. "No se considera conveniente modificar el plazo de entrega por razones operativas", laudó la circular publicada.
Esta condición resuelta en la órbita de la Subsecretaría de Coordinación de Fronteras. a cargo del brigadier retirado Vicente Autiero, pondría en jaque a la mayoría de los oferentes. Llamó la atención en el ambiente de los concursantes que un conocedor del paño aeronáutico como él haya asesorado un lapso tan estrecho para la disponibilidad de las aeronaves.
"En el mercado aeronáutico es poco usual que se disponga de equipos (aviones) en stock, mucho menos del tipo de aparato que se pide con recursos electrónicos de vigilancia que deben integrarse a la plataforma aérea portante", describió un empresario del sector. Sucede que el apuro por contar con los aviones contrasta con el tiempo muerto que transcurrió desde que Macri firmó el decreto de emergencia de la seguridad pública.
La Secretaría de Fronteras, que dirige Luis Green y que se encarga de "coordinar estratégicamente con todas las áreas y organizaciones responsables para poder realizar un eficiente trabajo interministerial e interagencial", es la oficina que da velocidad al expediente licitatorio.
La Gendarmería necesita contar con medios aéreos aptos para la vigilancia y obtención de inteligencia criminal. Es una pata de la actividad de prevención y seguimiento de incursores en la frontera; otra, es el despliegue de radares por la Fuerza Aérea.
En la frontera norte hay cinco radares fijos de vigilancia: tres fabricados por INVAP están ubicados en las localidades de Las Lomitas e Ingeniero Juárez (Formosa) y en General Mosconi,(Salta), y hay dos equipos Westinghouse FPS113/90 que cedió España en 2011, que fueron modernizados y se instalaron en Resistencia y Posadas.
Ahora, la tarea es completar el paraguas radar con una "vigilancia y exploración discreta" desde el aire y más próxima a las actividades de los grupos criminales que dan la logística a los narcovuelos en las zonas rurales, describió una fuente de Seguridad. Seguridad espera que se complete el escudo de detección con tres radares más, cuya instalación está demorada; se ubicarán en Mercedes (Corrientes), Pirané (Formosa) y Villaguay (Entre Ríos).
Por Martín Bravo - Clarin.com
En la norma trabajan los ministerios de Seguridad e Interior y la Cancillería. Buscan combatir la llegada irregular de personas de otros países,
Controles fronterizos en Salta, sobre la ruta 50. Foto: Andres D'Elia.
Inversión en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura de los ingresantes; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de las expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación. El Gobierno prepara un decreto para avanzar con ese paquete de medidas y endurecer la política migratoria. Algunas ya están en marcha y el decreto apuntará a modificar la reglamentación de la ley de Migraciones para fortalecer las herramientas y mostrar “mayor eficacia” en esa dirección, lo que generará controversias, aunque en la Casa Rosada aseguran que será apoyado por una porción mayoritaria de la población.
Con aval de Mauricio Macri, trabajan en la iniciativa principalmente los ministerios de Seguridad e Interior, del que dependen Migraciones y el Registro Nacional de las Personas. “Lo que el Presidente quiere es ir hacia un camino en el que pueda entrar y quedarse la gente de buena voluntad y no los delincuentes”, coincidieron funcionarios de las dos carteras, aun con diferencias de criterios no saldadas y pujas por el reparto de tareas.
En Balcarce 50 desestiman que lo impulsen a partir de las declaraciones de Miguel Pichetto, que aseguró que Argentina “siempre funcionó como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú” por la falta de control inmigratorio: argumentan que comenzaron a prepararlo antes. Menos por la victoria de Donald Trump: los funcionarios buscan evitar que el Gobierno y estas medidas sean consideradas xenófobas. Admiten, eso sí, que con sus dichos el senador peronista dio un empujón: “Abrió una puerta que pocos se animaban a tocar. Y no es políticamente correcto, pero por abajo genera más apoyo que rechazo”.
La implementación mediante un decreto, de redacción “avanzada” según las fuentes, aunque resta el análisis de Cancillería por los convenios del Mercosur y que Macri salde la disputa de poder entre Seguridad e Interior, también generará polémica. En ambos ministerios argumentaron que en principio no se modificará la ley de Migraciones, sino que será un cambio en su reglamentación. Uno de los objetivos principales será “agilizar” los procesos para aplicar el artículo 29, que enumera las “causas impedientes del ingreso y permanencia de los extranjeros” en el país, entre ellas tener antecedentes por delitos graves, presentar documentos falsos o eludir el control migratorio. “El problema es que las vías recursivas son eternas.
En 10 años se hicieron 2.300.000 radicaciones, se dictaron 15.000 disposiciones de expulsión y se materializaron 70.Ese sistema no funciona”, sostuvieron en el ministerio conducido por Rogelio Frigerio. “Vamos a buscar a aquellos que tengan condena y que el que delinquió no pueda volver a entrar”, indicaron en Seguridad, y adelantaron que habilitarán lugares de retención: “Es lo que exige la ley y como no hay y en muchos casos no se los puede detener, se escapan”.
Otra de las iniciativas será endurecer las exigencias para los ingresos. “Estamos trabajando en una revisión integral de los procesos para entrar al país”, confirmaron cerca de Frigerio. Una de las medidas en análisis del ministerio dirigido por Patricia Bullrich es implementar cuestionarios más complejos sobre el motivo de la entrada en cuanto a alojamiento, trabajo, estudio o turismo, aunque en Interior contraponen que con los países del Mercosur iría en contra de los acuerdos vigentes.
Otra es avanzar en convenios con países de la región para compartir información sensible. Cancillería estudia las alternativas. La creación de un fuero especial para agilizar los procesos y una policía migratoria es otro motivo de puja entre los dos ministerios, todavía sin saldar.
Como en otras áreas, los funcionarios macristas adjudican a la herencia la falta de herramientas para un control adecuado de los ingresos al país: marcan que desde 2002 no había mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos.
En Interior enumeran la implementación de una base de datos compartida con Interpol, la incorporación de dispositivos técnicos para detectar pedidos de captura y antecedentes penales, la tarjeta vecinal fronteriza (habilita el paso por 72 horas y hasta 50 kilómetros) ya en marcha para registrar los flujos en esas áreas, el control integrado con Chile y el programa de información anticipada de pasajeros como las primeras medidas que permitieron “aumentar el control en un 20%”. También la capacitación de unos 2.500 inspectores para cubrir los 263 pasos. “Nunca es suficiente el personal, son 9.500 kilómetros de frontera”, admiten. “Estamos estudiando el tema para que a la Argentina ingresen las personas que quieran trabajar pero no los que tengan antecedentes penales y ya sepamos la conducta que han tenido en sus países de origen”, aseguró Bullrich. “No queremos fomentar ánimos xenófobos, que están en la sociedad. Nuestro adversario a vencer es la migración irregular, no el inmigrante”, dijo Horacio García, director de Migraciones.
(La Nación) - La ministra Patricia Bullrich firmó un acuerdo con la Corte Suprema; los vehículos servirán para combatir el delito
Los vehículos fueron incautados cuando se desbarató una banda criminal en Mar del Plata. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , acompañada por el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, firmó un acuerdo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para disponer de vehículos decomisados al narcotráfico.
"Es algo muy importante porque se trata de bienes que eran usados para el delito y que, a partir de hoy, serán utilizados para combatirlo", sostuvo Bullrich en un comunicado. "Los vehículos van a ser ploteados indicando que se trata de bienes recuperados destinados para la seguridad de la población; es un paso muy grande que estamos dando entre todos para combatir el crimen", añadió la ministra.
Los vehículos serán traspasados al Ministerio para que las fuerzas de seguridad los utilicen en la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado.
En este caso, se trata de autos incautados en un operativo realizado en Mar del Plata, en el cual se secuestraron 241 vehículos a una banda criminal. En la causa intervino el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, quien dispuso ceder los vehículos a la Corte Suprema.
Excelente medida. Pienso que serian muy útiles en el área de Inteligencia Criminal...
La Policía es una variable de la acción del Estado en materia de seguridad pública, como también lo es la Justicia penal, la procesal penal, el sistema penitenciario, los servicios de inteligencia, la coordinación interfuerzas, interjurisdiccional y la cooperación internacional, junto con la participación ciudadana. Pero la intervención policial suele ser la más visible e inmediata de ellas.
La medida más concreta que ha tomado la administración Macri en materia de seguridad pública quizás sea el envío de aproximadamente siete mil hombres de las fuerzas de seguridad federales a la provincia de Buenos Aires y cerca de tres mil a Santa Fe.
Más allá de la discusión de si esta decisión no es volver a recurrir a medidas de corto plazo que buscan impacto electoral antes que resolver el problema de fondo, la realidad es que son dos distritos donde la situación en seguridad pública es crítica y que, sumados, tienen casi la mitad de los argentinos.
El envío de fuerzas federales (sobre todo de Gendarmería) se dispone porque las dos policías provinciales han mostrado falencias y limitaciones que lo justifican. Pero cabe recordar que ambas provincias, una década atrás, realizaron respectivas reformas policiales que tuvieron como mayor innovación el cambio de las jerarquías, mediante la fusión de oficiales y suboficiales en una sola y la modificación de la denominación de los grados.
En enero de 2005, entró en vigencia la ley provincial 13201 de la provincia de Buenos Aires, que, entre otras reformas a la Policía Bonaerense, fusionó los nueve grados de oficiales y suboficiales en una jerarquía única de nueve grados, encabezada por el superintendente y finalizada con el oficial, nueva denominación que se dio al agente. Paradójicamente, mientras en el nivel más alto los comisarios pasaron a llamarse comisionado, los comisarios y los subcomisarios pasaron a tener denominación militar, la de capitán; se incorporaron las denominaciones de teniente primero, teniente y subteniente.
Un año más tarde, la provincia de Santa Fe —antes de que llegara el socialismo a la gobernación— implementó el mismo tipo de reforma. La ley provincial 12521 entró en vigencia a comienzos de 2006. Como había sucedido con la Policía Bonaerense, las jerarquías de oficiales y suboficiales fueron fusionadas en una de sólo diez —casi la mitad, como en el caso anterior—; el cargo más alto es el de director general de Policía y los dos más bajos, los de oficial y suboficial.
El argumento más esgrimido para esta reforma era que terminaba con el sentimiento corporativo establecido a través del régimen jerárquico anterior. Pero una década más tarde resulta claro que esta reforma, en lugar de hacer policías más eficaces y disciplinadas, generó la situación contraria en las dos fuerzas policiales donde se llevaron a cabo.
Es que esta fusión de grados debilitó e incluso rompió las jerarquías y lesionó la disciplina, con los efectos de ineficacia que hoy son conocidos.
La paradoja es que en la actualidad —lo mismo sucedió en el Gobierno anterior— se debe recurrir a fuerzas de seguridad federales que mantienen las jerarquías tradicionales de sus cuadros de oficiales y suboficiales, como es el caso de la Gendarmería, para ocupar la función que las policías desjerarquizadas deliberadamente hoy no están en condiciones de ejercer.
Pero la paradoja es mayor cuando, frente a esta evidencia, la Ciudad de Buenos Aires, al fusionar 19 mil hombres de la Policía Federal con los 5 mil de la Metropolitana, lo hace con la misma política que el Gobierno nacional reconoce que ha fracasado al enviar fuerzas federales a Buenos Aires y Santa Fe.
Los nueve grados de oficiales de la Policía Federal y los ocho de suboficiales ahora pasan a integrarse con los ocho de la jerarquía de la Policía Metropolitana, que desde su inicio fue creada con esta escala jerárquica única de nueve grados, que comienza en el superintendente y finaliza en el oficial en el grado más subalterno. Los comisarios ahora se llamarán comisionados. Como sucedió con las policías de Buenos Aires y Santa Fe, esto va a tener un costo de disciplina y eficiencia en la función de estos efectivos, que comprenden las comisarías, cuerpo como la Guardia de Infantería, la Policía Montada y los Bomberos.
Además, en esta fusión, la relación de origen es de cuatro agentes de la Policía Federal por cada uno de la Metropolitana, lo que hará más difícil imponerles a los primeros la cultura de la segunda estructura.
Si esta fusión deriva en una desarticulación, políticamente cabe recordar que la Ciudad de Buenos Aires es la sede del Gobierno nacional y que la seguridad urbana en ella quedará a cargo de una policía que, si no se cambian algunos aspectos claves del plan de fusión como este, puede derivar en una seguridad menos eficaz en la capital.
Afortunadamente, no está dicha la última palabra, ya que la fusión de las policías en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser sancionada por una ley de la Legislatura porteña, que tiene la oportunidad de modificar aspectos de la propuesta que ha sido planteada y será debatida el 17 de noviembre.
Además, tratándose de la capital, la seguridad del distrito es un tema donde también debe escucharse la voz del Poder Ejecutivo y algo positivo que ha caracterizado a la administración Macri en su casi año de gestión ha sido corregir propuestas que necesitaron cambios.
@FragaRosendo - El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
Aplicarán un sistema biométrico para evitar posibles filtraciones terroristas
En una carrera contrarreloj, tendiente a cumplir con el compromiso asumido por Mauricio Macri ante las Naciones Unidas para recibir en la Argentina a 3000 refugiados sirios que escapan de la guerra, el Gobierno acordó con Estados Unidos el apoyo logístico de un sofisticado programa de identificación de personas, que se usará para evitar la eventual filtración de terroristas.
La denominada Mesa Siria, que lideran la Dirección de Migraciones, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, acordó con la oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos el aporte de lectoras de datos biométricos y de consulta de restricciones internacionales. Se trata de un sofisticado Programa de Identificación Biométrica transnacional Alerta para la Migración (Bitmap, por sus siglas en ingles) que será instrumentado en la frontera de Siria y Líbano, donde se reclutan los refugiados, y en el ingreso de éstos cuando lleguen a la Argentina, bajo el programa anunciado por el Presidente.
Según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, habrá al menos tres lectoras de datos biométricos aportadas por Estados Unidos, que cruzarán los datos aportados por los refugiados seleccionados para venir a la Argentina. Funcionarios de la Oficina de Seguridad Nacional norteamericana estuvieron la semana pasada en Buenos Aires para cerrar el acuerdo, que se pondrá en marcha en los próximos días.
El Bitmap es un programa que cruza las bases de datos biométricos de muchos países con los datos recogidos de los extranjeros de interés especial, criminales violentos, fugitivos y terroristas confirmados o sospechosos de narcotráfico. Estos datos ayudan a formar imágenes HSI estratégicos de las tendencias, redes y personas relacionadas con estas vías. Un sistema similar se usa en los principales aeropuertos de EE. UU. para supervisar la entrada de extranjeros.
"Será una herramienta de disuasión más que vamos a tomar para evitar filtraciones de eventuales terroristas en el plan Siria", expresó un funcionario. El apoyo de Estados Unidos se acordó en la reunión que mantuvo Macri con Barack Obama en la cumbre del G-20, en China, y la semana pasada se le dio forma. También habrá apoyo logístico de la Unión Europea, por medio de las agencias de inteligencia de esos países, aunque no habrá un aporte financiero hasta el momento.
La instrumentación del Bitmap será anunciada hoy en la Mesa Siria, que integran también los ministerios del Interior, Trabajo, Salud y Educación, al igual que varias ONG que darán apoyo en las provincias que recibirán a refugiados sirios por medio de las "familias llamantes".
Alertas
De todas maneras, especialistas en seguridad internacional consultados por LA NACION pusieron en duda la utilidad del programa Bitmap en un contexto como el de Siria, donde hay refugiados que ni siquiera están enrolados en bases de datos biométricos e incluso carecen de todo tipo de documentación. Algunos expertos en política de seguridad en Medio Oriente aseguran que las bases de datos de Estados Unidos o de la UE no aparecen los integrantes rasos o mandos medios o bajos del Estado Islámico. Tampoco los mandos superiores del EI conocen a ciencia cierta a varios de sus miembros por temor a filtraciones.
Sin embargo, para el Gobierno la instrumentación de nuevas medidas de seguridad es también una respuesta a los reclamos que hicieron las autoridades de la AMIA y la DAIA, al alertar que el plan de refugiados sirios podría desencadenar en filtraciones de terroristas.
Por Ezequiel Spillman - (Perfil.com) - Buscan apoyo “logístico” e incluso contar con “acompañantes” en patrulleros. Lo impulsa el ministro Cristian Ritondo y entra en tensión con los límites de la ley de Seguridad Interior.
Uniformes. Vidal con el Grupo Halcón. Ahora buscan ampliar a otras fuerzas. Foto: Cedoc Perfil.
Al desembarco de la Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura para luchar contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires podrían sumarse, en los próximos meses, los efectivos de las Fuerzas Armadas.
La idea que manejan en el Ministerio de Seguridad bonaerense que encabeza Cristian Ritondo es que la Fuerza Aérea y el Ejército brinden apoyo logístico en los distintos operativos que comenzaron la semana pasada. Según la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas no pueden actuar en la seguridad interior ni tener un rol operativo en el combate contra el narcotráfico. Pero están habilitadas a ofrecer tareas de apoyo o participar en operativos de áreas como salud, educación y hasta desarrollo social, como por ejemplo el reparto de alimentos o remedios.
Por ello, en la Provincia analizan solicitarle al Ministerio de Defensa que conduce el radical Julio Martínez que preste equipamiento y tecnología para reforzar a la Bonaerense y a las fuerzas federales que, progresivamente, comenzaron a desembarcar.
Según los primeros borradores, que serían plasmados en una carta oficial que le enviaría Ritondo a Martínez, la Gobernación solicitaría un informe para saber qué disponibilidad y qué capacidad operativa existe para colaborar. En particular, en la Provincia observan como potables:
-Vehículos blindados.
-Helicópteros y aviones.
-Equipos de comunicación.
-Camiones de transporte.
Incluso, cuentan las fuentes, podrían usarse cuarteles en desuso como lugares de detención transitoria ante el colapso del sistema carcelario, donde hay más de dos mil presos en comisarias.
“No queremos modificar la Ley de Seguridad Interior sino hacer uso de los recursos que hoy tienen las Fuerzas Armadas”, plantean en la Provincia. “Y la ley no nos impide solicitar apoyo logístico”, agregan.
En todo caso, sería un complemento a los 7 mil agentes de fuerzas federales que comenzaron a incorporarse a los patrullajes y puntos fijos del territorio bonaerense. Claro que la tecnología y, sobre todo, la flota aérea sería un diferencial importante, aseguran en la Gobernación.
Otra idea que se deslizó en La Plata es sumar militares como “acompañantes” en los patrullajes. “En ese caso es un hilo muy fino y es discutible”, razonan cerca de Ritondo. Por ahora está descartado. La Ley de Seguridad Interior fue concebida en tiempos donde se quería evitar, tras la feroz dictadura militar de 1976, que las Fuerzas Armadas puedan patrullar las calles y tener un rol coercitivo en la población. Otros tiempos. Tiempos turbulentos de Falcon verdes y paramilitares.
En este contexto, en el Ministerio de Defensa confiaron a PERFIL que “si se nos pide apoyo logístico no habrá ningún problema, aunque habría que ver cómo se pondría en práctica”. “De hecho hoy colaboramos, con la Fuerza Aérea, en la lucha contra el narcotráfico con el Ministerio de Seguridad. Pero tanto en Colombia como en México militarizaron la seguridad interior y fue un fracaso”, agregaron.
Antecedentes. En 2011 durante el gobierno kirchnerista el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni, habían puesto a las Fuerzas Armadas a trabajar en el Operativo Escudo Norte. El gobierno de Mauricio Macri renovó el plan hasta fin de este año en la lucha contra el narcotráfico. Allí unos 1.700 militares de las Fuerzas Armadas participan en tareas de apoyo logístico con aviones y radares destinados a conseguir la intercepción de vuelos clandestinos.
Como sea, cualquier decisión deberá ser articulada entre Vidal y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Es que, tal como ocurrió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde que comienza a armarse el plan hasta su ejecución suelen pasar largos meses. Más aún: dado su perfil como radical, Martínez es de aquellos que mira con recelo cualquier movimiento fuera de lugar del Ejército.
La Señora Gobernadora la tiene clara, a falta del "Capitan Nascimento" otras soluciones...
(La Nación) - La seguridad de Mauricio Macri, sus familiares directos, la Casa de Gobierno y la residencia de Olivos deja de estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
La custodia de Macri, sus familiares directos y la Casa de Gobierno pasa a depender de la Casa Militar. Foto: twitter.com/Granaderosarg
El Gobierno dispuso hoy que "la responsabilidad sobre la seguridad" del presidente Mauricio Macri y "sus familiares directos", como así también de la Casa de Gobierno, de la residencia de Olivos y "otros lugares de residencia transitoria del Presidente y de su familia", corresponde a la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Esta decisión implica que el servicio de protección y custodia de Macri deja de estar a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich , y queda bajo la responsabilidad de la Casa Militar.
La resolución 567 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece la modificación de otra resolución (389/2016), de agosto, que establecía "las pautas de organización del servicio de protección de Estado y custodia", que incluía "el régimen de seguridad presidencial, del vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros y apoyo operativo; y de custodia de funcionarios".
La medida publicada hoy con la firma de la ministra Bullrich sustituye dos artículos de la resolución 389 y restringe dichas pautas al "régimen de seguridad del vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros y apoyo operativo; y de custodia de funcionarios".
El Ministerio de Seguridad brindará la protección de Estado y custodia a los funcionarios "ubicándolos en tres niveles": nivel 1: vicepresidenta de la Nación y su núcleo familiar, nivel 2: jefe de Gabinete, ministra de Seguridad y secretario de Seguridad; nivel 3: ministros y funcionarios que el Ministerio de Seguridad "considere deba brindar el servicio de protección de Estado y custodia", y ex presidentes de la Nación.
Respecto de la custodia presidencial, la resolución publicada hoy determina que la "responsabilidad sobre la seguridad" del Presidente y sus familiares directos, de la Casa de Gobierno y de la residencia de Olivos "corresponde a la Casa Militar dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación."
Serán para mejorar la capacidad de respuesta del grupo aéreo de la Gendarmería; buscan identificar pistas ilegales y agilizar el traslado de tropas.
Los biturbohélice ATR 72, con capacidad para transportar hasta 66 pasajeros, podrían llegar al país para la Gendarmería. Foto: LA NACION.
Con la intención de fortalecer los controles en la frontera norte, el Gobierno dotará de mayor capacidad de movimiento al grupo aéreo de la Gendarmería. Dos proyectos están en el escritorio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Por un lado se analizan ofertas para la compra de dos aviones espías con capacidad de radar y de cámaras para monitorear potenciales pistas ilegales de aterrizaje y guiar las operaciones terrestres sobre esos puntos. Más avanzadas están las gestiones para adquirir dos aviones de transporte de tropas.
En este último caso, la evaluación oficial terminó por poner en el primer lugar en el orden de preferencias al modelo ítalo-francés ATR72. La idea del Ministerio de Seguridad es dar a la Gendarmería una importante movilidad propia. Esas aeronaves tienen capacidad para el traslado de 60 efectivos con sus pertrechos y evitaría los largos transportes terrestres de los destacamentos móviles, situaciones que provocaron dos accidentes mortales en los últimos años.
En diciembre pasado perdieron la vida 43 gendarmes al desbarrancarse un ómnibus en la ruta nacional 24, en las cercanías de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. Ese grupo viajaba desde su base en Santiago del Estero hacia Jujuy. En junio de 2012 murieron nueve gendarmes al chocar un ómnibus que llevaba a los efectivos contra un camión, en Chubut. Con aeronaves propias esperan que no se repitan esas experiencias mortales en los movimientos de fuerzas federales.
Si bien no trascendió el monto de esa inversión, otros países latinoamericanos, como el caso de Perú, optaron por esas aeronaves en programas que alcanzaron los cien millones de dólares para la adquisición de dos unidades.
De todas maneras, esa clase de sistemas tienen costos que dependen no sólo del valor del avión sino de los convenios para futuras reparaciones, la provisión de repuestos y el adiestramiento específico de las tripulaciones.
Más vigilancia
El proyecto que involucra a los aviones de guerra electrónica se encuentra en la etapa de evaluación de alternativas de compra, ya que en los despachos oficiales se aguardan definiciones sobre la posibilidad de negociaciones directas entre países.
Como publicó LA NACION en su edición de anteayer, el mes próximo la ministra Bullrich y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, viajarán a Israel para la cumbre de jefes de seguridad interna y ciberseguridad que se realizará en Tel Aviv, entre el 14 y el 17 de noviembre. En esa ocasión habrá una exhibición de equipamiento de última generación en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y se espera que los enviados suscriban acuerdos y, eventualmente, algún precontrato de compra.
La Argentina no cuenta hoy con aeronaves de guerra electrónica, ya que las últimas similares fueron desactivas en 2006 tras un accidente. Ese año se precipitó a tierra un Mohawk del Ejército: fue en Los Polvorines, casi inmediatamente después del despegue de Campo de Mayo, y murieron el piloto y el copiloto. En esos años la Gendarmería aprovechaba informalmente algunos vuelos de entrenamiento de los pilotos del Ejército para conseguir información sobre potenciales pistas de aterrizaje irregulares.
Los aviones espía formarán parte de un proyectado "escudo tecnológico" de protección de la frontera norte. Ese plan incluye la compra de globos aerostáticos con capacidad de visualizar grandes extensiones de terreno. Esa compra de tecnología de origen israelí tiene conversaciones muy avanzadas. En ese caso se negocia por el sistema SkyStar, basado en un globo aerostático que ubica una cámara a 600 metros de altura. Con esas imágenes se puede identificar vehículos a 15 kilómetros de distancia.
Por otra parte, el transporte aéreo de la Gendarmería será reforzado con los dos helicópteros de transporte de tropas UH1H que habían sido transferidos desde el Ejército pero que estaban en tierra por un problema de seguros vinculados con la empresa constructora, la norteamericana Bell.
Más allá de la dotación aérea que tendrá la Gendarmería, el Gobierno consiguió la aprobación de los Estados Unidos para la compra de 24 aeronaves T6 C Texan II, biplazas de turbohélice que serán operados por la Fuerza Aérea para el adiestramiento avanzado de pilotos y para el control de vuelos ilegales. Un comunicado oficial del Departamento de Defensa norteamericano informó en agosto pasado sobre esa operación, con un costo de 300 millones de dólares.
La Casa Rosada comprometió importantes inversiones en unidades aéreas al encontrarse con la mayoría de los aviones casi desactivados. Incluso la flota aérea presidencial fue dejada en tierra. Otro sistema de transporte, el Fokker 27, voló por última vez la semana pasada. Algo similar ocurre con los interceptores de la Fuerza Aérea, cuyos aviones Mirage fueron dados de baja, sin reemplazo. En busca de cazas livianos el Ministerio de Defensa maneja como opciones el KT50 coreano, al que fueron a probar pilotos argentinos el mes pasado, y el M346 italiano.
(Clarin.com) - Sería a través de dos decretos. Quieren sumar tecnología en los pasos fronterizos. Bullrich gana atribuciones.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al gobernador de La Pampa, Carlos Verna,los secretarios Eugenio Burzaco, de Seguridad; y Gerardo Milman, de Seguridad Interior, inauguró el primer Centro de Inteligencia Criminal de la Argentina. Foto: Télam.
El Gobierno de Mauricio Macri trabaja a fuego lento dos decretos que en la práctica reforzarán las atribuciones que tiene actualmente el ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich. Uno de ellos busca reformar la ley de seguridad de fronteras, que estableció los límites de la misma en todo el país, y que data de 1944, pero hoy se encuentra en un limbo.
El otro borrador busca una reforma en todo lo referente a los pasos internacionales, más conocidos como pasos fronterizos, que son 156 sobre 9,600 kilómetros de fronteras nacionales. Se enfocará este en el modelo chileno de pasos, mucho más moderno que los que tiene Argentina.
Los decretos ya fueron evaluados por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y esperan la firma de Macri. Algunas fuentes no descartan que al final, las modificaciones salgan a través de dos proyectos de ley.
Fuentes oficiales desmintieron versiones periodísticas de que habrá cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, o que éstas participarán en la vigilancia de fronteras con patrullas del Ejército, en el control del crimen organizado -narcotráfico, terrorismo y otros delitos- o que tengan un cambio de rol en la seguridad interior, lo que tienen prohibido por ley. Hoy la Fuerza Aérea presta apoyo logístico, y alguna que otra acción encubierta. Las mismas fuentes de Presidencia aseguran que el traslado de Gendarmes al Conurbano no debilita las fronteras que se pueden contener con pocos efectivos. “Lo importante es dotar los pasos fronterizos con mejor tecnología, mejorar la infraestructura y tener más presencia cívica administrativa", señalan al tiempo que, aseguran, están trabajando ya en 30 puntos fronterizos que han priorizado.
Las preocupaciones del Gobierno por aclarar las líneas de acción también se enmarcan en el revuelo que genera el choque de posiciones. Porque efectivamente tanto en Seguridad como en Defensa hay sectores que presionan para que los militares tengan un rol más activo en la lucha contra el crimen organizado, lo que implicaría en algún sentido modificar la ley de Defensa nacional.
Recientemente, expertos académicos presentaron un documento sumamente crítico bajo la esfera del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por la situación actual al que titularon “la riesgosa política del Gobierno para las Fuerzas Armadas. Allí señalan una “falta de discusión” sobre el rol de las misma en la defensa de la democracia y la “ausencia de reformas institucionales y policiales” para dar eficacia a las políticas de seguridad. Conluyen que todo eso “encubre el abordaje miltiarizado de las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico”.
Según explicaron en el Gobierno a este diario, por orden de Macri todos los ministerios y agencias con competencia en las fronteras están trabajando en conjunto. “Nos encontramos con que Seguridad no tenía competencia para actuar en temas de fronteras y por eso se cambió la ley de ministerios”, señalaron en el Gobierno. Mientras que en 1944 se puso a la seguridad bajo la órbita militar, en 1996 fue transferida a la secretaría de Seguridad Interior. Pero en 2007 con la creación del Ministerio de Seguridad, quedó en dicha cartera, pero en un verdadero limbo jurídico.
Bullrich viajará el mes que viene con Burzaco; irán funcionarios y expertos de varios países.
Ampliar la colaboración en materia de seguridad, comprar equipamiento para las fronteras, sumar software específico para las fuerzas de seguridad y apuntalar la lucha contra el terrorismo, la inseguridad callejera y el narcotráfico. Sobre esta base se sustentará la presencia de la Argentina en la cumbre de jefes de seguridad interna y ciberseguridad de todo el mundo que el mes que viene se realizará en Israel.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajará a Tel Aviv para participar de esa reunión mundial entre el 14 y el 17 de noviembre próximo. Ese contexto será una "gran oportunidad para abastecerse de tecnología y conocimientos del mundo entero", según detallaron a LA NACION fuentes confiables de la Casa Rosada. Es que en esa cumbre participarán representantes de todos los organismos de seguridad de los países desarrollados y habrá una exposición de los equipamientos de última generación en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
A su vez, fuentes diplomáticas confiaron a LA NACION que el Gobierno aprovechará ese encuentro para poner al día los acuerdos de cooperación en materia de seguridad con muchos países.
Bullrich viajará a Israel con Burzaco para comprar equipamiento de ciberseguridad. Foto: AP / Archivo
La ministra Bullrich viajará a Israel con el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y será oradora en el encuentro de ciberseguridad. En el listado de oradores que compartirán escenario con Bullrich figuran el ministro de Seguridad de Israel, Gilad Erdan; el ministro de Seguridad de Bélgica, Jam Jambon; el director de Europol, Steve Wilson; la comisaria de Aviación de Chicago, Ginger Evans, y el jefe del organismo de inteligencia interna de Israel, Yoram Cohen, entre otros.
Todo esto formará parte de la cumbre de representantes de departamentos de seguridad de todo el mundo en Israel. En ese encuentro internacional, la ministra Bullrich tiene previsto mostrar todos los avances y cambios que instrumentó el Gobierno para controlar las fronteras y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y eventuales situaciones de sospechosos de terrorismo.
Además, la ministra prevé regresar de allí con acuerdos de mucho peso político. De hecho, se supo que habrá reuniones con referentes de seguridad del campo privado y público de países como Francia, Estados Unidos, España, Gran Bretaña e Israel, entre otros. En el listado de posibles compras que podría concretar la Argentina figuran desde drones hasta globos aerostáticos, radares de última generación y equipamiento de monitoreo terrestre para las fronteras.
Contactos
Según confiaron a LA NACION fuentes diplomáticas, la semana pasada, la ministra Bullrich se reunió en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con referentes de seguridad interior norteamericana para interiorizarse de una eventualcompra de un software avanzado en materia de seguridad. También está en estudio por parte de la Argentina la compra de equipamientos de seguridad en zonas de frontera a empresas de Israel y de equipamiento para fuerzas de seguridad a Francia y Rusia.
Desde el Ministerio del Interior, la Dirección de Migraciones, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, también ya puso en marcha un sistema de preaviso de delincuentes con pedido de captura internacional que está sustentado por Interpol.
La Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, está abocada en estos momentos al programa de la Mesa Siria, que tiene bajo su responsabilidad la coordinación de tareas con otros ministerios y ONG para traer a 3000 refugiados sirios que escapan de la guerra. Esta es una de las prioridades del presidente Mauricio Macri.
Por Martín Dinatale - LA NACION
