Carne: detectan operaciones sospechosas por $ 700 millones

Por Fernando Bertello - LA NACION
Lo descubrió la AFIP en frigoríficos; investigan CUIL usados para mover hacienda.

La AFIP detectó en el último mes operaciones "sospechosas" en el mercado de la carne vacuna por más de $ 700 millones. Además, puso bajo la lupa decenas de códigos únicos de identificación laboral (CUIL) que habrían sido usados para mover 19.057 cabezas de ganado por $ 152,3 millones.

Estas acciones se suman a otras que viene realizando el organismo en lo que va del año. En rigor, al margen de las operaciones sospechosas por más de $ 700 millones en el último mes, desde enero detectó 2700 casos, desde productores y matarifes hasta frigoríficos, por diferencias impositivas, incluyendo la seguridad social, por $ 775 millones.

Entre las maniobras desbaratadas se encuentra una por la cual se faenaron en los últimos tres años 126.000 cabezas que luego implicaron ventas por $ 473 millones. Eso se hizo a través de "una pantalla", según contaron fuentes de la AFIP a LA NACION. Esa "pantalla" fue el uso de la figura de un matarife, con licencia para faenar, a cargo de una maestra y un gestor que aparecían, respectivamente, como presidente y director de la firma. Los nombres de esas personas, que negaron su vinculación con la operatoria, fueron usados con la figura del matarife para encubrir la faena para un frigorífico real.

Por esta maniobra, tras una presentación de la Afip, ya hubo once allanamientos de la justicia federal en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Se encontraron 65 cajas con documentación para avanzar en la investigación que le permitiría a la AFIP comprobar que el matarife y el frigorífico en realidad son lo mismo.

Lo que despertó sospechas en el organismo fue que la firma del matarife -con la maestra y un gestor de socios- tenía un solo empleado y cero pesos de acreditación bancaria en su cuenta. Pese a esta situación, en los últimos tres años tuvo operaciones de ventas por $ 473 millones. "Encontramos esta maniobra y la estamos desbaratando", contaron en la AFIP. La acusación por esta maniobra es por evasión tributaria agravada, lo que daría lugar a penas de entre tres años y medio y nueve de prisión.

Si bien no se dio a conocer el nombre del frigorífico implicado en la operatoria, la empresa trabajaría en la provincia de Santiago del Estero.

Además de esta maniobra, el organismo descubrió otras de tres frigoríficos de la provincia de Buenos Aires, de donde surgió una diferencia de $ 230 millones entre las ventas declaradas por esas empresas y las ventas teóricas que calcularon los investigadores. "Una empresa evadió el 20% y otra, el 50%", señaló la fuente de información ante una consulta de LA NACION. A esas firmas la AFIP les envió varios requerimientos, con lo cual deberán ponerse en regla.

Desde hace un mes, este organismo tiene en línea diariamente el movimiento de ganado en todo el país con los documentos de tránsito electrónico del Senasa. La AFIP y el Senasa tenían un convenio de colaboración de 1999 que se puso en marcha para este fin.

Según contaron a LA NACION, tras estos tres casos este tipo de acciones de control, con ayuda de la información del Senasa, "se van a generalizar" en la cadena de la carne vacuna.

Por otra parte, el organismo está trabajando para ver quiénes están detrás de decenas de CUIL que se utilizaron para mover a frigoríficos 19.057 cabezas de ganado por $ 152,3 millones.

En esos CUIL hay empleados en relación de dependencia que no tienen actividad comercial. Y en muchos casos se observó que no tenían bienes ni tampoco la acreditación de ingresos.

En el organismo señalan que están trabajando en "medidas conjuntas" para la carne con la nueva Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario del Ministerio de Agroindustria. Según viene trascendiendo, una medida sería establecer un pago a cuenta de IVA para el animal que llega a faena.

A todo esto, consultado sobre las operaciones sospechosas que detectó la AFIP, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), dijo: "Estamos totalmente de acuerdo en controlar la evasión. Nos parece perfecto en todo el territorio, principalmente en la provincia de Buenos Aires".

Ranking exportador

Sin cambios - El año pasado, la Argentina colocó en el exterior 210.000 toneladas de carne vacuna. Según el consultor Víctor Tonelli, en 2016 el país terminará vendiendo 230.000 toneladas. La Argentina estuvo en el puesto once en el ranking exportador en 2015 y ahora retendría, con este volumen, ese lugar.

Para 2017 - De acuerdo con Tonelli, entre los factores que influyen en la falta de una mayor exportación se encuentra la escasez de novillos. No obstante, para el próximo año podría alcanzarse un volumen de 350.000 toneladas de carne exportadas.

Otra mafia más...

Contrabando en la Aduana: mandan una misión a China para investigar

Por Martín Dinatale - LA NACION

El objetivo central de esta misión será determinar cómo, dónde y cuando se adulteraron datos del comercio exterior argentino que dieron una diferencia millonaria con los registros que tiene el gobierno de China.

El Gobierno envía una misión a China para investigar posibles contrabandos. Foto: Archivo.

La investigación por las denuncias de contrabando e irregularidades en la Aduana ya tuvo un rebote internacional: el Gobierno enviará a China una misión especial para realizar en el puerto de Shangai un detallado relevamiento de las importaciones y exportaciones chinas a la Argentina que entre 2011 y 2015 dejaron una diferencia en balanza comercial de 14.000 millones de dólares.

El objetivo central de esta misión será determinar cómo, dónde y cuando se adulteraron datos del comercio exterior argentino que dieron una diferencia millonaria con los registros que tiene el gobierno de China. La misión que irá al gigante puerto de Shangai, que es donde ingresa y egresa casi la totalidad de los productos del comercio bilateral, estará integrada por funcionarios de la Aduana, Cancillería, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción y representantes de la embajada de la Argentina en China que está manejada por Diego Guelar.

Esta misión que viajará a China trabajará en paralelo a la comisión especial que se conformó hace unos meses entre la Cancillería y el Ministerio de Producción para investigar el desfasaje en la balanza comercial que tuvo la Argentina no sólo con China sino también con Rusia y con otros países.

No obstante, según confiaron a LA NACION fuentes calificadas del Gobierno, la Aduana comandada por Juan Gómez Centurión ya empezó a trabajar con la Cancillería y con el Ministerio de Producción en la recopilación de información para llevar a Shangai. Se sabe, por ejemplo, que sólo en 2015 hubo 8700 millones de dólares de diferencia en la balanza comercial por irregularidades en las declaraciones juradas de importación y 87% de estas pertenecía al comercio con China.

La misión que viajará a Shangai tendrá una base operativa en el puerto chino para evaluar mecanismos que ayuden a mejorar el perfil de contabilidad de la mercadería que se monta en los containers. También se trabajará en un sistema simplificado de operación comercial para lograr una mayor eficiencia en el almacenaje de los productos. Por ejemplo, se evalúa la posibilidad de instrumentar un precinto en los containers para darle seguimiento satelital a los productos comercializados.

Por otra parte, la misión conformada por la Cancillería, Aduana y Producción contempla la idea de facilitar el comercio a las pequeñas y medianas empresas para agilizar el comercio con China. También habrá una tarea de recopilación de datos y chequeo de información para evitar que haya una superposición de la carga de información o agujeros negros en el sistema de control de los cargamentos.

El embajador Guelar ya se encargó de tramitar ante las autoridades de Pekin esta misión especial con la idea de aclarar el desfasaje de la balanza comercial que se viene registrando entre China y la Argentina desde 2015 ininterrumpidamente. De hecho, este tema fue abordado por el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping en septiembre pasado en una reunión bilateral que ambos mandatarios tuvieron en el marco de la cumbre del G20.

La Argentina reclamó a China que la balanza comercial tiene un déficit para el puerto de Buenos Aires en el orden de los 6000 millones de dólares. Pero el gobierno de Xi asegura que en sus datos oficiales la balanza comercial es de 3000 millones de dólares anual. Exactamente la mitad. El presidente Macri se comprometió ante Xi a investigar las causales de las llamativas diferencias en la balanza comercial e instó a sus funcionarios a dar certeza de esos datos para mostrar un país confiable en términos comerciales.

Desde que llegó a la Aduana, Gómez Centurión alertó sobre estas gigantezcas diferencias monetarias en la balanza comecial y advirtió a Macri que desde 2011 hasta el año pasado la Aduana registró 14.000 millones de dólares de diferencia en la balanza comercial.

Según pudo saber LA NACION, Gómez Centurión comentó al Presidente en los últimos días que tiene pruebas suficientes para comprobar que durante los últimos años del kirchnerismo hubo un gigantezco contrabando y adulteración de cifras en el comercio exterior. Esto forma parte de los datos que aportó el titular de la Aduana a la Justicia como parte de la investigación que ya lleva varios detenidos. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky investiga este caso en el que está implicado Claudio Minicelli, cuñado de el ex ministro Julio De Vido, quien encabezaría una banda delictiva.

En la operatoria que hasta ahora se empezó a detectar se observan varias modalidades para eludir los controles: las irregularidades de las declaraciones juradas de importaciones, la adulteración de la carga de productos en los cointainers y la ausencia de controles en la propia Aduana por medio del conocido "canal rojo" para detectar cargamento de contrabando.

Eliminan aranceles a netbooks y tablets: los precios bajarían 50%

Por Francisco Jueguen - LA NACION
El Gobierno los reducirá a 0% desde marzo; se trabajará en la reconversión del sector.

En tiempos en los que Chile se convirtió en el gran faro de consumo tecnológico para los argentinos, la apuesta del Gobierno es, por lo menos, igualar sus precios sin generar ruido en el mercado laboral local.
Por eso, desde fines de marzo del año próximo se eliminarán los aranceles de importación -hoy en 35%- para computadoras, netbooks y tablets, lo que implicaría una baja del 50% en el precio final de esos productos y la ampliación de la oferta y calidad de los bienes que se consiguen en el mercado local.

La contracara de la medida que se anunció ayer será el impacto en la industria local, que, según el Gobierno, emplea a 4900 trabajadores pero que golpeará sobre 1000. En el sector muestran otros números y denuncian que podría haber cerca de 10.000 despidos.

Como anunció en su Plan Productivo Nacional, que tiene como guía el proceso de transformación productivo australiano, las cerca de 15 empresas locales que producen estos bienes (en un 74% en territorio porteño o bonaerense y no en Tierra del Fuego) recibirán incentivos oficiales para su "reconversión". Para aquellos que puedan ser despedidos, habrá capacitación, un seguro laboral y serán parte de acuerdos con nuevos empleadores. El Estado subsidiará hasta el 50% del salario, según confirmaron las autoridades.

Para el Gobierno, la mayor oferta de dispositivos y computadoras generará un mercado más grande de reparación de electrónicos y de refurbished (electrónicos usados que vuelven a las fábricas y son luego revendidos) y que generará "15.000 empleos en tres años".

El Estado reducirá además el arancel de los insumos importados, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas locales que quieran mantenerse en el negocio. Esto sería antes de marzo, aunque aún no hay fecha definida. Además, les comprará 250.000 netbooks para el programa Conectar Igualdad. Las firmas buscaban que fueran 400.000. Además, el Estado ofrecerá financiamiento en 18 o 24 cuotas para favorecer las netbooks argentinas.

Según datos oficiales, la Argentina es el país más caro de la región en términos de tecnología. Una computadora cuesta un 80% más que en Colombia, 50% más que en Chile, y casi el triple que en Estados Unidos (175% más). "El sobrecosto lo pagan las pymes y los hogares", estimaron en Comercio. Desde 2011, el mercado local de computadoras se mantiene estancado en torno a 1,5 millones de unidades anuales.

"Hay empresas de ensamblado que tendrán que reconvertirse", reconoció el secretario de Comercio, Miguel Braun , ayer, en un encuentro con periodistas. Braun afirmó que en el verano habrá novedades con relación a los costos del financiamiento de estos dispositivos, medidas que buscarán "transparentar" los costos que tienen el retail, bancos y tarjetas de crédito.

Con respecto al régimen de Tierra del Fuego, Braun afirmó que seguirá sin cambios -fue prorrogado hasta 2023-, pero intentarán mejorar la competitividad de sus productos. Allí sólo Newsan y BGH, que ensamblan netbooks, tendrán que readaptar su producción.

"La transformación será gradual", dijo Braun, y agregó: "A nadie le gusta el cambio. Habrá una reacción positiva de los consumidores. Algunas empresas pueden encontrar otro modelo de negocios. Vamos a trabajar con ellos en la transformación, pero la prioridad serán los trabajadores". Dijo que aún no están mirando otros sectores, pese a que el Plan Productivo Nacional plantea cerca de 400.000 empleos que podrían ser reconvertidos en sectores de baja competitividad.

"Pensábamos que se iban a respetar los aranceles del Mercosur, nunca nos imaginábamos que la decisión del Gobierno iba a ser ir al arancel cero. Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela están en el 16%. Nosotros creíamos que pasaríamos de 35 a 16%", dijo Carlos Scimone, gerente general de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas Comerciales y Afines (Camoca). "La rebaja de aranceles de los componentes y el pedido de un plan Ahora 12 para la informática eran para competir con un arancel de importación de 16%. Con 0% eso no alcanza. Tampoco subir las notebooks del Conectar Igualdad a 400.000 porque ya no vamos a poder producir ni las 250.000 que hacemos ahora", agregó.

"Lamentamos la medida porque la gente que va a quedar en la calle son 10.000, no 1000. No sé si les escapó un cero, porque hay distribuidores y más de 1000 pymes en todo el país. Nosotros tenemos 30 años de historia; no aparecimos con el kirchnerismo. En 1998, por ejemplo, los fabricantes nacionales de computadoras teníamos el 73% del mercado argentino", dijo Scimone, que admitió que el "costo argentino es alto", pero cuestionó la "alta presión impositiva".

Las Claves de lo que viene

Miguel Braun. Foto: Archivo. "Nuestro norte es la competitividad. La Argentina es el país de la región donde las computadoras son más caras".

- El Gobierno anunció que eliminará el arancel de importación desde fines de marzo del año que viene para computadoras, laptop y tablets

- Para el oficialismo hay 1000 trabajos en riego. En la industria hablan de 10.000. Habrá un seguro laboral e incentivos para los productos locales

- En el sector admiten que existe un importante "costo argentino" pero culpan a la alta carga impositiva

Brasil y la Argentina irán juntos a Medio Oriente

Por Martín Dinatale - LA NACION

El gobernador de San Pablo y Macri acordaron usar la plataforma de ese estado instalada en Emiratos Árabes Unidos.

Macri y Alckim (centro), junto a funcionarios y el embajador de Brasil en el país, Sergio Danese. Foto: DyN 

Breve, pero "concisa y productiva". Así calificaron varios funcionarios la reunión que mantuvo ayer el presidente Mauricio Macri con el gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, que llegó de visita al país con 120 empresarios de su país y concretó un acuerdo inmediato con la Argentina: la decisión mutua de pelear juntos los mercados de Medio Oriente y Asia.

¿La herramienta para poner en marcha esta estrategia comercial conjunta? Se llama centro de distribución operativa y es un espacio que los brasileños pondrán en marcha este mes en Dubai, para operar en buena parte de los mercados de Asia y Medio Oriente por los productos fabricados en el estado de San Pablo. Alckmin le propuso a Macri compartir esa plataforma con la industria y el comercio argentinos, y el Presidente inmediatamente aceptó.

"Hubo buena química de inmediato y resoluciones pragmáticas", explicó a LA NACION el embajador de Brasil en Buenos Aires, Sergio Franca Danese, que estuvo presente en el encuentro de Macri con el gobernador paulista, miembro del partido PSDB y uno de los potenciales sucesores de Michel Temer para la presidencia en 2018.

La plataforma de operaciones en Emiratos Árabes fue montada por la agencia de promoción e inversiones del estado de San Pablo. Y ahora la Argentina compartirá ese espacio con la definida intención de llevar sus productos a Medio Oriente, Irán y Asia. Esta plataforma se compartirá con la tarea que lleva adelante Juan Procaccini desde la Agencia de Inversiones de la Argentina.

En el encuentro de Macri con Alckmin, el Presidente le preguntó por las proyecciones económicas de Brasil. Rápido de reflejos y optimista, el gobernador paulista dijo: "Estamos acomodándonos a la crisis vertiginosamente y el año que viene esperamos un crecimiento del 2% del PBI". Macri evaluó esos cálculos como "una gran noticia" para la economía argentina, que depende en gran medida de los vaivenes de Brasil y que tras la salida de Dilma Rousseff el mercado argentino se vio afectado por la crisis de su vecino.

La visita de Alckmin no se limitó a la reunión con Macri. También estuvo con varios de sus ministros y con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. El gobernador de San Pablo llegó con una misión de más de 50 empresas que desde ayer participaron de ruedas de negocios con compañías argentinas.

La visita fue organizada por la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones del estado de San Pablo, el mayor centro financiero e industrial de Brasil. El objetivo de esta visita fue aproximar a los dos países comercialmente. "La Argentina siempre fue un gran socio de Brasil, y hoy el 46% de las exportaciones para el país son de productos y servicios de San Pablo. La misión va a impulsar estos acuerdos, que traerán nuevas posibilidades de negocios y cooperación entre empresas de la Argentina y de San Pablo", explicó el presidente de la Agencia de Promoción, Juan Quirós.

La misión paulista cobra relevancia cuando se ven los números que maneja ese estado: representa un 32% del PBI de Brasil (US$ 568.000 millones), concentra al 21% de los habitantes del país (44 millones) y es el mayor productor de azúcar, jugo de naranja y alcohol. Además, con el 24% de las exportaciones y el 37% de las importaciones de Brasil, San Pablo es responsable por la mayor parte de la balanza comercial brasileña.

Los empresarios que arribaron al país y que hoy continuarán en ronda de negocios comprenden rubros como textil, equipamiento, arquitectura, maquinaria, muebles para el hogar, alimentos procesados, cosmética profesional, seguridad, higiene, construcción y envases, entre otros sectores.

Además de Quirós, llegó con la comitiva empresarial el director superintendente de ABIT, Fernando Pimentel, y el director de Apex-Brasil, Francisco Luna.

Impulsa el Gobierno un tratado de libre comercio con Estados Unidos

Por Martín Kanenguiser - LA NACION

Lo afirmó Cabrera en Washington; no quedó claro si sería un acuerdo bilateral o a través del Mercosur; buscan volver al sistema de preferencias.

La funcionaria estadounidense Catherine Novelli con Cabrera, Braun y Lousteau. Foto: Twitter.

WASHINGTON.- El ministro de Producción, Francisco Cabrera, estaba tan entusiasmado ante su audiencia que, cuando anunció que el Gobierno quiere un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, no aclaró si sería a través del Mercosur. El anuncio lo realizó al comenzar su gira por esta ciudad con unos 40 empresarios argentinos, antes de reunirse hoy con su par norteamericana, Penny Pritzker. En ese encuentro podría anunciarse que la Argentina pretende retornar al sistema general de preferencias (SGP) de Estados Unidos, que permite ingresar a este país una serie de productos sin aranceles de importación.

"Es muy importante ir hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y queremos que este país sea el primer inversor extranjero en la Argentina", expresó el ministro en la imponente sede de la Cámara de Comercio norteamericana (Amcham). Y detalló: "Tenemos acuerdos de comercio con el 10% del PBI mundial, contra el 90% que tiene Chile, así que tenemos que crecer en ese sentido".

Luego, para no crear problemas diplomáticos, el ministro aclaró ante los periodistas que se buscará negociar este acuerdo a través del Mercosur, aunque aclaró que con otros países se están negociando acuerdos a nivel bilateral. Más tarde, en un encuentro privado con los empresarios argentinos que lo acompañan, insistió en la posibilidad de un acuerdo bilateral, sin mencionar al Mercosur.

En el encuentro en la sede local de la Amcham, uno de los ejecutivos del Eximbank ratificó que están preparados para prestarles a empresas norteamericanas que quieran invertir en la Argentina.

Luego de los fuertes elogios que recibió por parte de la Amcham y de los empresarios norteamericanos que asistieron al evento, Cabrera dijo: "Lo que hicimos en estos nueve meses es trabajar para normalizar el país".

En particular, dijo que el Gobierno trabaja "en un plan para desburocratizar la economía, modificar el sistema de impuestos y en un plan productivo", entre otros temas. Luego, ante los periodistas, enfatizó que para conseguir más inversiones es fundamental aumentar la productividad, pero que eso no significa reducir salarios. "La Argentina no tiene un problema de desempleo, sino de falta de empleos de calidad: hay unos cinco millones de trabajadores con empleos informales", enfatizó.

En cuanto al notable interés de empresas norteamericanas, dijo que "uno de los temas es tener un acuerdo para poder exportar productos con valor agregado, además de los tradicionales, como limón y carne". A su lado, el embajador Martín Lousteau aseguró que los limones argentinos volverán a entrar antes de fin de año y la carne lo haría en el primer trimestre de 2017; sin embargo, en esta ciudad, LA NACION no recogió la misma impresión: el gobierno norteamericano trabaja sobre el regreso de ambos productos, pero sin plazos.

El secretario de Comercio, Miguel Braun, destacó las iniciativas "para desregular la economía, recrear las instituciones de competencia, trabajar en la facilitación del comercio a través de una ventanilla única" y otras cuestiones.

Cuando los periodistas le preguntaron a Braun si la Argentina había solicitado regresar al SGP, respondió afirmativamente. Este beneficio se perdió hace años, cuando la Argentina mantenía conflictos financieros y comerciales con este país. Ahora que el vínculo mejoró, se podría pedir nuevamente, pero Estados Unidos debe determinar si, por el nivel de su PBI per capita, la Argentina es un país elegible o no. El Gobierno dice que sí -luego de la devaluación- y en Washington creen que puede ser posible.

En el auditorio estaban el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; la ex asesora de esta empresa durante el kirchnerismo, Doris Capurro; ejecutivos de Barrick Gold, Mirgor, Celulosa, OSDE, Fedex, Medanito, Pampa Energía, Deloitte, Aeropuertos Argentina 2000, Panamerican Energy, Coca Cola, Monsanto, Direct TV, Globant, Despegar, Pfizer y el jefe de asesores del Banco Nación, entre otros.

Optar, la agencia de viajes del Gobierno que cosecha elogios y críticas al mismo tiempo

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Creada para ofrecer servicios a los funcionarios, el Estado es el accionista mayoritario; pero hay quejas por las trabas administrativas de la empresa de bandera.

Isela Constantini. Foto: Archivo / Rodrigo Néspolo / LA NACION.

Al desembarcar en el Gobierno, el Presidente y sus ministros debieron abandonar los viajes en primera o business en su aerolínea frecuente. Las normas de la gestión pública los forzaron a dejar atrás algunas costumbres. Entre esos mandatos, se encuentra la obligación de comprar sus pasajes de trabajo a través de Optar. Se trata de una unidad de negocios del grupo Aerolíneas Argentinas cuyo objetivo es ofrecer tickets aéreos a toda la administración pública nacional. Hoy, esa "agencia oficial" está en una encrucijada: mientras que en la aerolínea de bandera buscan ordenar sus números y sacarla a flote, desde la Casa Rosada analizan cambiar la legislación para poder contratar a otras empresas.

"Nos resulta poco operativo. A veces Optar ofrece rutas complicadas, más caras y de varias escalas que no se ajustan a la necesidad del funcionario", describió un asesor que lleva agendas clave del Gobierno. Otro colaborador de un ministro se quejó: "Es muy incómodo estar limitado a Optar. Además, era un quiosco de La Cámpora".

A principios de octubre, una resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial dispuso un nuevo "régimen de viáticos, alojamiento y pasajes" que incentiva a los funcionarios a buscar "la ruta y la aerolínea que reúnan las condiciones más apropiadas". La norma no derogó la obligación de viajar por Aerolíneas Argentinas y usar Optar, porque aún rige el decreto 1191/12, de Cristina Kirchner, que ordena a la administración pública utilizar los servicios de la aerolínea de bandera. Sin embargo, comenzó a flexibilizar la política de viajes oficiales. Según señalaron fuentes oficiales a LA NACION, a futuro la intención es llamar a licitación para contratar varias agencias y hacer "todo más eficiente y barato".

En las oficinas del grupo Aerolíneas Argentinas recibieron la noticia con desazón. Los gerentes que dependen de Isela Costantini dicen que están duplicando esfuerzos para optimizar Optar y que están ofreciendo beneficios a los funcionarios que no dan otras agencias. "Lo que pedimos es un poco más de tiempo, una oportunidad", aseguran.

Como todo en Aerolíneas Argentinas, el camino es cuesta arriba. Optar no estuvo ajena al desorden administrativo y al caos de números que Costantini encontró en la empresa. Mientras que la aerolínea no tenía balances desde 2013, la comercializadora oficial de pasajes debía sus arqueos de caja desde 2008.

Recién este año se dispuso poner las cuentas en orden. Según pudo conocer LA NACION, el balance 2008 ya fue revisado por la Auditoría General de la Nación y aprobado por la asamblea de accionistas. Los balances que van desde 2009 hasta 2012 están bajo plena revisión del colegio de auditores de la AGN. Los correspondientes a 2013 y 2014 están por ser tratados por el directorio. Y el de 2015 está en plena elaboración y será examinado por auditores privados de las firmas Ernst & Young y PriceWaterHouse.

La empresa

En Optar, el Estado es accionista mayoritario. Trabajan 22 personas en sus oficinas de Aeroparque y vende un promedio de 3000 pasajes por mes. En rigor, es como cualquier agencia de viajes de la Web, donde rigen las leyes de oferta y demanda pero de uso exclusivo para los funcionarios. Cuando un agente del Estado busca una ruta, la página devuelve una nómina con la tarifa neta y la "tarifa pública" de cada itinerario. Si bien la prioridad es Aerolíneas Argentinas, también brinda, de forma excepcional, opciones con otras empresas.

"Cuando empezamos la gestión nos reunimos con las secretarias de los ministros para que nos explicaran qué problemas tenía la herramienta. Hoy, por un pedido del Gobierno, bajamos las comisiones a la mitad y el fee de agencia al 1%", señalaron a este medio en Aerolíneas Argentinas.

La agencia oficial tuvo sus altibajos, aunque hoy da ganancias. Hasta 2012, los Kirchner dejaron el servicio de comercialización de tickets para Presidencia en manos de un privado, Turicentro, que ganó sucesivas licitaciones. Luego llegó el decreto de 2012, que cambió la normativa. Mientras que en 2013 la facturación de Optar ascendió a unos $ 160 millones, para 2014 esa cifra se elevó a $ 750 millones. De todas formas, los números finos se siguen analizando con los balances.

Tanto en los ministerios como en la Casa Rosada circula el rumor de que Optar "es de La Cámpora". Desde Aerolíneas lo desmienten. Hoy, la agencia oficial está en la órbita de la Gerencia Comercial, que comanda Diego García, quien fue gerente de Ventas de Aerolíneas durante el kirchnerismo. En esa época, estuvo a las órdenes de Juan Pablo Lafosse, hombre de confianza de Mariano Recalde, que dejó Aerolíneas para comandar Almundo.com.

Más allá de las chicanas políticas, lo cierto es que en Aerolíneas esperan que Optar pueda sobrevivir al pragmatismo del Gobierno. Y tienen la esperanza de que Mauricio Macri se suba a la aerolínea de bandera cuando viaje por el mundo.

Una empresa en medio de una polémica

Agencia oficial - Por un decreto del gobierno de Cristina Kirchner, todos los funcionarios público deben viajar por Aerolíneas Argentinas y usar Optar para la reserva y la adquisición de los pasajes.

Algunos datos - Optar vende 3000 pasajes promedio por mes. En 2014 facturó unos $ 750 millones. En sus oficinas, con sede en el aeroparque metropolitano, trabajan 22 personas. Cuando asumió la administración macrista, Optar debía sus balances desde 2008.

El dilema - Cuestionada por funcionarios por su falta de flexibilidad para organizar viajes e itinerarios, la conducción de Optar, respaldada por la presidenta de Aerolíneas, Isela Costantini, dice que pueden optimizar su funcionamiento.

Macri impulsa un plan de control y transparencia en 40 empresas del Estado

Por Martín Dinatale - LA NACION.

Busca ajustar la normativa a las exigencias de la OCDE; incorpora códigos de ética, monitoreo de los directorios y una mayor regulación en compras y contrataciones.

El ministro Prat-Gay junto a los integrantes de la última misión de la OCDE al país, hace tres semanas. Foto: Ministerio de Hacienda.

Con el objetivo mayúsculo de cambiar la imagen de la Argentina en el mundo, el presidente Mauricio Macri pondrá en marcha un ambicioso plan de "gobernanza corporativa de las empresas de propiedad estatal", que apunta a generar mecanismos de mayor transparencia, control y agilización del funcionamiento en más de 40 empresas que hoy están en la órbita del Estado en la administración descentralizada.

En la práctica, este plan -que se instrumentará por medio de decretos, resoluciones internas o modificaciones de algunas leyes- contempla estrategias dedicadas a fijar políticas de transparencia pública, códigos de ética inexistentes en algunos casos, la regulación de directorios de empresas, nuevos mecanismos de compra del Estado y mayor control sobre las empresas de propiedad estatal, entre un largo listado de ítems.

Este compromiso del Gobierno quedó plasmado la semana pasada en la visita de una misión del G-20 que pasó por Buenos Aires y se ratificará mañana con los emisarios de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se reunirán con el Gobierno para revisar todas las medidas de lucha contra la corrupción que lleva adelante la administración Macri (ver aparte).

Algunas de las medidas de gobernanza corporativa para las empresas públicas que fijó la OCDE desde 1999 se empezaron a aplicar en el mundo desarrollado y muy tibiamente en la Argentina. Pero según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, tanto los coordinadores económicos de la Jefatura de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana como la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el coordinador de temas de la OCDE del Ministerio de Hacienda, Marcelo Scaglione, buscarán en adelante profundizar el manual de las directrices para las empresas estatales en el futuro inmediato. De hecho, ante la visita de los emisarios de Alemania y China del G-20, el Gobierno planteó la necesidad de que en la próxima cumbre de presidentes que se realizará el año que viene en Berlín se aborde un plan de seguimiento del cumplimiento de estas normas de la OCDE para las empresas públicas.

"La apertura del país al mundo implicará necesariamente ajustar las empresas de propiedad del Estado a las normas de transparencia mundial. No se puede ingresar al mundo y eludir esas directrices", dijo a LA NACION un funcionario del Gobierno que trabaja en el plan. Como ejemplo, destacó que estas medidas buscarán evitar lo que ocurrió con Petrobras en Brasil o Pdvsa en Venezuela, que son empresas estatales que se vieron envueltas en casos de corrupción.

La propuesta de trabajo del Gobierno para aplicar estas normas internacionales es amplia. Contempla el establecimiento de códigos de ética en las 40 empresas de propiedad estatal así como mecanismos obligatorios de transparencia para las compras en el Estado y los contratos de funcionarios. A la vez, se prevén monitoreos obligatorios de la OA, el establecimiento de normas internas sobre conflicto de intereses o la transparencia en el paquete accionario.

También se prevén mecanismos para separar la función de un director de una empresa de un CEO, como ocurrió con el ex ministro de Economía Axel Kicillof, que era ministro y al mismo tiempo director de Siderar. Muchas empresas de propiedad estatal tienen regulaciones sobre esto, pero hay otras que carecen de todo tipo de manual sobre gobierno corporativo. Entre las 40 empresas del Estado que se sujetarán al nuevo régimen de transparencia se encuentran AySA, Tandanor, Coviara, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el Banco Hipotecario, la ANAC, Camesa, YPF Gas o Yacyretá, por poner algunos casos de empresas emblemáticas.

La intención del Gobierno es aplicar en adelante para todas estas empresas del Estado las normas de las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de empresas públicas. La edición 2015 de este manual contiene siete capítulos vinculados con el papel del Estado como propietario, el tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores, los mecanismos de publicidad y transparencia, las responsabilidades de los consejos de administración

Objetivos y resultados

En lo que atañe a la publicidad y transparencia se buscará fijar el modelo OCDE, que prevé, entre otras cosas, dar a conocer los objetivos de la empresa del Estado, los resultados financieros y de explotación, la remuneración de los miembros del directorio, los factores de riesgo o cualquier transacción importante con el Estado y medidas vinculadas a los accionistas o empleados.

Con respecto al papel del Estado como propietario, el Gobierno buscará ajustar el esquema de las 40 empresas de propiedad estatal para "simplificar y normalizar las formas legales bajo las que operan las empresas públicas, y sus prácticas corporativas deben respetar las normas empresariales generalmente aceptadas", según se desprende de las directrices de la OCDE. Allí se señala también que el Estado debe permitir que las firmas "operen con total autonomía en la consecución de sus objetivos definidos sin intervenir en la gestión".

Respecto de la composición accionaria y los consejos administrativos de estas empresas, la OCDE recomienda que "los directorios estén bien estructurados, basados en méritos y transparentes en cuanto al nombramiento de todos los miembros". También se prevé que los referentes de las empresas y el sistema jurídico puedan mantener un diálogo permanente con los auditores externos y los órganos específicos de fiscalización del Estado. En la Argentina hay empresas de propiedad del Estado que ni siquiera tienen un control de la Auditoría General de la Nación.

En las 68 páginas del manual de la OCDE se plantea también que "debe existir una separación entre la función de propiedad del Estado y las demás funciones del Estado que puedan influir sobre las condiciones en que operan las empresas públicas, especialmente en la regulación del mercado". Sobre el tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores se prevé que "el Estado no sea el único propietario de las empresas públicas y que haya una protección de los accionistas en cuanto a un trato equitativo".

Hay datos novedosos en cuanto a objetivos por cumplir de parte de las empresas del Estado. Por ejemplo, la OCDE dice que "debe exigirse que las actividades económicas de las empresas públicas teniendo en cuenta sus condiciones operativas generen una rentabilidad similar a la obtenida por las empresas privadas competidoras". La aplicación de una cláusula de estas características para una empresa estatal argentina sería inusual, ya que en general las empresas de propiedad del Estado siempre fueron deficitarias.

Una reforma muy profunda

Las empresas - El cambio apunta a las empresas de propiedad del Estado. Se trata de 40 compañías como Aysa, Yacyretá, YPG Gas, Camesa, ferrocarriles, Aerolíneas, Austral y Belgrano cargas, entre otras

Los controles - El Gobierno busca ajustarse a las directrices de la OCDE en materia de controles para esas empresas

Transparencia - Se exigirá en el futuro la aplicación de los códigos de ética para las empresas y pedirán más transparencia en el régimen de compras y de contrataciones

Acuerdos de comercio con China: Macri los quiere dentro y no por fuera del Mercosur

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
El futuro del bloque regional. Así lo dijo el presidente a la prensa de Montevideo tras la decisión uruguaya de firmar un TLC bilateral con China. El lunes lo hablará con Tabaré en la residencia de Olivos.
Mauricio Macri y Tabaré Vázquez se verán el lunes.

El presidente Mauricio Macri prefiere que la firma de un Tratado de Libre Comercio con China (TLC) se haga desde el Mercosur. Así lo dijo luego de que Tabaré Vázquez anunciara un preacuerdo bilateral con Beijing. De hecho esta nueva alianza se impuso como uno de los temas económicos de la semana en Montevideo. La presidencia del país vecino tituló de la siguiente manera uno de sus últimos comunicados: "Presidentes Tabaré Vázquez y Xi Jinping acordaron avanzar rápidamente en un tratado de libre comercio Uruguay-China".

Tal como publicó hoy Clarín, en el Gobierno argentino mantienen cautela sobre el tema en vísperas del viaje que hará Tabaré Vázquez al país el lunes 24.  Los sectores industriales argentinos como brasileños son reticentes a un fuerte desembarco de los chinos en la economía, que los podría dejar en amplia desventaja.

Macri recibió ayer a los periodistas uruguayos, a los que les dijo que "preferiría que (el TLC con China) lo hagan todos juntos desde el Mercosur", pero  al mismo tiempo dijo que iba a tener la mayor apertura para entender las necesidades de Uruguay. "Yo tengo un profundo afecto y compromiso en respetar la historia y el afecto recíproco que hemos tenido muchos años y que por ahí estuvo un poquito en crisis en los últimos años", afirmó el presidente en declaraciones reproducidas por el diario "El Observador".

Desde China, Vázquez cerró una visita oficial tras la que anunció que se acordó con el presidente Xi Jinping que el TLC se firme en 2018, cuando se cumplen 30 años de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Tabaré Vázquez con el presidente chino Xi Xinping

Vázquez también se refirió al encuentro que mantendrá con Macri el lunes, con sus respectivos gabinetes de ministros y colaboradores. "Por primera vez en la historia se van a reunir los dos gobiernos prácticamente en pleno para abordar muchos temas, y entre ellos, éste de un TLC con China", dijo Vázquez antes de abandonar el país asiático.

Tabaré asegura que ya habló con Macri y con  Michel Temer, de Brasil. Dijo que ambos y ellos están de acuerdo en flexibilizar al Mercosur, que también integran Paraguay y Venezuela, y sin romper el bloque se tenga la oportunidad de algún acuerdo bilateral fuera de la región. Sin embargo, esta no es exactamente la misma visión que muestra el Macri ahora. Y los brasileños tampoco lo han dicho así. Uruguay aboga desde hace una década por ir a TLC por fuera del Mercosur pero entonces no lo dejaban ni Argentina ni Brasil, al tiempo que también hay internas dentro del Frente Amplio. 

Tabaré viene con varios ministros al país. Será recibido por Macri y su gabinete en la residencia de Olivos donde almorzarán. Un eventual TLC con China se impuso en la amplia agenda que tratarán. Cuestiones de infraestructura bilateral, como un futuro puente entre Zárate y Nueva Palmira, y la publicación de todos los informes medioambientales sobre la conflictiva pastera de UPM (ex Botnia) que está en Fray Bentos y que fue centro de un juicio argentino contra Uruguay. Igual, la sintonía entre ambos mandatarios es indiscutible. Tabaré se unió a la bilateral que Macri mantuvo con Michelle Bachelet en Santiago de Chile, en diciembre pasado, cuando el argentino era presidente electo. Y Macri hizo su primera visita oficial a un país extranjero a Uruguay, el último 7 de enero. 

Celulares: por mes ingresan en el país 205.470 aparatos de contrabando

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Equivale al 30% de lo producido por la industria nacional; deja ganancias por US$ 490 millones

Uno de los decomisos de celulares importados ilegalmente hechos por la AFIP. Foto: Archivo.

El ómnibus había salido de la ciudad de Asunción, en Paraguay, un día de calor sofocante. Ingresó en territorio argentino después de cruzar el puente San Ignacio de Loyola, que une la ciudad paraguaya de Puerto Falcón con Clorinda, en Formosa. Casi 14 horas después de iniciado el viaje, a la altura del kilómetro 85,500 de la ruta nacional N° 12, en Zárate, se detuvo ante un puesto de control de la Gendarmería Nacional. Dos uniformados se subieron al vehículo para revisarlo. La requisa comenzó por la cabina de descanso de los choferes donde, en dos paneles de fusibles, descubrieron 78 auriculares, 115 cables USB y 95 teléfonos celulares marca Samsung, Motorola y Sony.

El valor de la carga oculta en el ómnibus (también había 90 cargadores de teléfonos, 89 fundas, diez reels para pesca y 17 protectores de pantalla), según la estimación hecha por inspectores de la Dirección General de la Aduanas (DGA), ascendía a 503.440 pesos.

El caso descubierto por los gendarmes en Zárate e investigado en un primer momento por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, no es una excepción en territorio argentino: por día se contrabandean 6849 teléfonos celulares, es decir 205.470 por mes.

Se trata de un negocio ilegal que crece de manera alarmante: en 2014 ingresaron ilegalmente 1.500.000 aparatos de telefonía móvil; en 2015, 1.900.000, y las estimaciones para este año son de 2.500.000. Dicho contrabando anual equivale al 30% de lo producido en celulares por la industria nacional. Según la estadística, entre 2014 y este año habrá un crecimiento del 66,7%.

Así lo sostiene un informe de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema). En promedio, cada teléfono celular que ingresa en el país de forma ilegal tiene un valor de 196 dólares. El contrabando de este tipo de tecnología mueve US$ 490 millones por año. "El contrabando de teléfonos celulares está en aumento y es un problema que crece año a año en la Argentina", afirmó a LA NACION Leonardo Rajchert, presidente de Catema.

Según Rajchert, el problema no son los turistas que vuelven al país después de unas vacaciones en Chile o Miami con un iPhone, sino que se trata de organizaciones criminales que ingresan importantes cantidades de teléfonos celulares ocultos en camiones o ómnibus.

"El contrabando está afectando la producción y el ensamble de teléfonos celulares que se hace en Tierra del Fuego. Los aparatos que ingresan ilegalmente en el país equivalen al 30% de lo producido por la industria nacional, que son 9.000.000 de unidades", agregó el presidente de Catema.

Se espera que este año entren 2.500.000 aparatos de telefonía móvil en forma ilegal. Foto: GUSTAVO BOSCO

Zonas calientes

Las zonas calientes del contrabando de teléfonos celulares son la frontera con Chile, en especial la provincia de Mendoza y la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

En mayo de este año, la Gendarmería desbarató una organización criminal dedicada al contrabando de teléfonos celulares desde Chile para después venderlos en locales comerciales que integrantes de la banda tenían en ciudades del sur del país como en San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes y Cipolletti.

La investigación comenzó cuando personal del Escuadrón 33 de San Martín de los Andes advirtió que en un par de comercios vendían teléfonos celulares entre 40 y 50% del valor de mercado. "La organización ingresaba ilegalmente desde Chile hasta San Martín de los Andes los teléfonos ocultos en automóviles particulares, los almacenaban y les colocaban falsas estampillas que simulaban que eran móviles ensamblados en Tierra del Fuego", dijo una fuente de la Gendarmería Nacional.

Según Catema, los teléfonos más contrabandeados son los de marca Samsung, Motorola, LG y Huawei. Agregaron que las prestadoras del servicio de telefonía móvil detectan cada celular nuevo que se conecta a su red, y pueden determinar a través de su número de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés) si es fabricado en la Argentina o en el exterior.

Impacto

"El contrabando es un tema que vimos crecer en el último año y que efectivamente impacta al mercado, por lo que creemos que es importante empezar a controlarlo y apoyaremos cualquier iniciativa con este fin", explicó a LA NACION Germán Greco, gerente general de Motorola Mobility.

Un juez federal que tiene bajo su jurisdicción una zona caliente del contrabando (drogas, electrónica y trata de personas) sostuvo que una de las soluciones para frenar el ingreso ilegal de teléfonos celulares es un mayor control de las fronteras. "El contrabando de tecnología tiene la misma matriz que el tráfico de estupefacientes o la trata de personas: la porosidad de las fronteras. Falta políticas de largo plazo", explicó el experimentado magistrado.

Según las fuentes consultadas, muchos de los teléfonos ingresados ilegalmente en la Argentina son vendidos en comercios denominados "cuevas" o por Internet. "No hay una única solución, pero para frenar este tipo de actividad ilegal hay que aumentar los controles en las fronteras y en las «cuevas»", sostuvo a LA NACION Agustín Garzón, gerente general del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

China dejó de comprar aceite de soja argentino

Por Martín Dinatale - LA NACION

En lo que va del año hubo una caída de 97 % en las exportaciones; quejas de Pekín. 

A pesar de las buenas relaciones del presidente Mauricio Macri con su par Xi Jinping, China paralizó la compra de aceite de soja de la Argentina en los últimos meses y en lo que va del año hubo una caída global de 97% de las exportaciones de ese producto al país asiático.

El presidente chino, Xi Jinping. Foto: Reuters / Archivo

Los datos surgen de informes difundidos por la Consejería Agroindustrial de la embajada argentina en Pekín y si bien el gobierno chino no oficializó la decisión de frenar las compras de aceite de soja de la Argentina, según pudo saber LA NACION uno de los principales motivos de esa decisión sería que el Gobierno frenó las licencias de importación de productos chinos en el país.

En la práctica esto formaría parte de lo que en el comercio exterior se conoce como un fenómeno de retaliación. Es decir, la reacción de un Estado hacia otro ante medidas contrarias a sus exportaciones.

Desde la Casa Rosada expresaron a LA NACION que "no hay decisión alguna de la Argentina de frenar las licencias de importación de China, sino que hoy se aplica el mismo régimen de comercio internacional para todos los países".

A la vez, en el Gobierno especulan que la decisión de China de frenar la importación de aceite de soja argentino estaría relacionado con la indefinición del gobierno de Macri de reconocer a China como una economía de mercado ante la Organización Mundial del Comercio. Desde China adujeron a los diplomáticos argentinos que "por las leyes que impone el mercado" Pekín dejó de comprar aceite de soja en los últimos tiempos a la Argentina.

Lo concreto es que esta decisión de Pekín se da en medio de unas relaciones bilaterales que son más que prósperas con la Argentina. Macri acaba de reunirse en China con el presidente Xi, con quien acordó una bateria de acuerdos bilaterales y están en marcha proyectos de inversión de LA NACION asiática en la Argentina para las áreas de infraestructura, telecomunicaciones, energía nuclear y agroindustria.

Si bien China dejó de comprar aceite de soja a la Argentina, según informes de los consejeros agrícolas argentinos, adquirió en los primeros siete meses de 2016 unas 280.000 toneladas de aceite de soja a diferentes países. El principal proveedor de este producto fue Brasil, que logró cooptar el 59% del mercado chino con la exportación de 165 millones de toneladas, por un monto de 128 millones de dólares.

El freno a las exportaciones de soja a China tiene un antecedente cercano. Una medida similar fue adoptada en abril de 2010 por las medidas antidumping adoptadas por la administración kirchnerista. Pero luego ese cortocicuito fue superado de inmediato.

Biodiésel: fallo favorable a la Argentina en la Unión Europea

(La Nación) - Anularon los aranceles que frenaban las exportaciones locales


BRUSELAS (Reuters).- La Corte General de la Unión Europea (UE) emitió ayer una serie de fallos que anularon los aranceles por dumping que afectaban las exportaciones de biodiésel de la Argentina y de Indonesia. Esos aranceles, que fueron impuestos por el bloque en noviembre de 2013, gravaron el biodiésel argentino con aranceles del 22 al 25,7% y del 8,8 al 20,5% el producto indonesio, en ambos casos por cinco años.

La UE había argumentado que los gravámenes a la exportación de productos sin refinar (granos de soja en el caso de la Argentina y aceite de palma en el de Indonesia) daban una ventaja a los productores locales de biodiésel y les permitían ofrecer productos a precios injustamente bajos. La Argentina e Indonesia calificaron de proteccionistas las medidas de la UE. Tanto es así que ambos países plantearon sus quejas ante la OMC y obtuvieron veredictos a favor.

"Creemos que el fallo es contundente y que el impacto va a ser fuerte. La Argentina tiene capacidad ociosa importante para producir biodiésel", dijo a Reuters Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, sobre el fallo. Y agregó: "Tenemos materia prima para producir más biodiésel. Confiamos en que pronto se va a reabrir el mercado y que vamos a volver a proveer a un cliente tan importante como Europa.

La Corte General de la UE, que es la de menor jerarquía entre las dos que tiene el bloque, dijo que los precios de las materias primas sin refinar no estaban regulados y que la UE no había probado que hubiese una distorsión apreciable de los precios como resultado del sistema de impuestos diferenciados a la exportación.

Algunos abogados comerciales dicen que la decisión de la Corte podría tener implicaciones sobre las relaciones comerciales futuras de la UE con China. Vale recordar que el bloque, en un intento por evitar tratar a China como un caso especial, ha dicho que puede usar precios globales como referencias para determinar el costo de los productores; por ejemplo, en el caso del acero, para determinar si los fabricantes lo están ofreciendo a precios muy bajos o si están beneficiándose de subsidios injustos.

Putin quiere que Macri impulse un acuerdo comercial entre el Mercosur y Eurasia

(Cronista.com) - Los mandatarios mantuvieron un encuentro bilateral en el marco de la cumbre del G20. El ruso dijo que Argentina es un “socio relevante” y busca que sea el lazo para intercambios económicos entre los bloques.


El presidente Mauricio Macri mantuvo hoy una reunión con su par de la Federacíón Rusa, Vladimir Putin, durante la cual el mandatario ruso destacó que la Argentina “es un socio muy relevante”, al tiempo que avanzaron en la posibilidad de concretar un acuerdo económico entre el Mercosur y la Unión Económica de Eurasia.

El encuentro entre ambos mandatarios -que tuvo una duración de media hora- se realizó en el marco de la cumbre del G20, en la ciudad china de Hangzhou, donde el presidente argentino mantuvo distintas reuniones bilaterales y contactos con líderes mundiales.

“Queremos y confiamos en aumentar los suministros que nos llegan desde la Argentina. Además, sabemos que próximamente la Argentina presidirá el Mercosur y queremos avanzar con el acuerdo de cooperación comercial y económica con la Unión Económica de Eurasia”, le dijo Putin a Macri durante el encuentro, según la información suministrada por la Presidencia de la Nación.

En ese marco, el mandatario ruso destacó que Argentina “es un socio muy relevante” y reiteró su confianza en que el intercambio entre ambos países “siga y se fortalezca”.

Las negociaciones por un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur están estancadas desde hace 20 años. Días atrás, de visita en Argentina, el presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, consideró que tras dos décadas de negociaciones, se debe "tomar una decisión” respecto a un acuerdo con el Mercosur, pero admitió que la defensa de cada estado miembro de sus intereses dificulta el consenso.

En tanto, el ruso abogó por profundizar la cooperación “en temas energéticos”. “Estamos listos para avanzar en los acuerdos energéticos entre YPF y GAZPROM”, una de las mayores empresas rusas que se encarga de las distintas etapas de la producción gasífera, incluso de su transporte y almacenaje, precisó el comunicado oficial. Por su parte, Macri le aseguró a Putin que Argentina tiene “una enorme capacidad en la producción alimentaria y quiere aprovechar las oportunidades del mercado ruso para ampliar las exportaciones en ese sector”.

Otra tema es “lograr intercambios culturales entre ambos países”, dijo Macri, quien recordó que “un equipo de medios públicos de la Argentina está en Rusia en este momento para explorar opciones y coordinar un acuerdo con la televisión”.

Putin invitó al presidente Macri a visitar su país “cuando desee”, en tanto que ambos mandatarios acordaron que la próxima reunión de la comisión intergubernamental, que se hará en Buenos Aires en noviembre, servirá para acordar avances y resultados concretos de los varios proyectos en la agenda bilateral.

Ocho meses de gestión que sacudieron una estructura mafiosa

Por Emiliano Galli - LA NACION
Antes de ser suspendido, Gómez Centurión cerró depósitos y complicó a varios importadores.

Containers del puerto de Buenos Aires. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio.


"Tenés que ordenar la casa", le dijo Mauricio Macri a Juan José Gómez Centurión cuando le pidió que se hiciera cargo de la Aduana. El Presidente pensó en el veterano de Malvinas para combatir en dos frentes: el narcotráfico y el contrabando. Y la Aduana era el campo de batalla. Gómez Centurión aprendió rápido que estos flagelos son siameses, y tienen como cuerpo al comercio exterior.

El narcotráfico precisa de la creativa logística con la que el contrabando burla las fronteras y los controles de aduana para ingresar precursores químicos en el país, desplazarse protegido "en tránsito" a las cocinas y sacar desapercibida la droga por los puertos.

Y el contrabando, a su vez, necesita de los fondos del narcotráfico para mantener aceitados los engranajes que les permitió a las bandas seguir operando en tiempos de restricciones a las importaciones, traer mercaderías prohibidas y sortear el control de cambios para hacerse de los dólares baratos al cambio oficial, venderlos en el mercado paralelo o girarlos a cuentas del exterior.

Estos dos virus infectan la entrada y salida de mercaderías del país. Los legítimos operadores (exportadores, importadores, despachantes, navieras, puertos, transportistas y depósitos fiscales) son el vehículo o la fachada. La connivencia de las autoridades de control aduanero hace el resto.

El plan de Gómez Centurión era ambicioso: auditorías exhaustivas de los depósitos fiscales (donde descansan los contenedores con mercadería a la espera de que los importadores la reclamen), reestructuración de los métodos de verificación en Aduana y de la división del mapa de regiones aduaneras, creando la dependencia Hidrovía, por entender que el control del tráfico de barcazas por el río era muy laxo.

Por ejemplo, se encontró con que el área de fiscalización respondía a la Subdirección de Aduana Metropolitana: es decir, el que controlaba las importaciones en el puerto de Buenos Aires reportaba a la misma división que debía controlar. Gómez Centurión desarmó este mecanismo y creó la Subdirección de Control Aduanero. Al sacar la fiscalización del "campo", le quitó el poder a los verificadores en el puerto.

Luego dotó al área de Legales de mayor poder porque tras reunirse con los jueces en lo Penal Económico descubrió que la Aduana no había presentado ni una sola denuncia por contrabando en los últimos ocho Martijn Van Dam años. Y lanzó la avanzada.

Verificó que muchos depósitos fiscales (permisionarios del servicio aduanero) estaban plagados de irregularidades en infraestructura, habilitaciones e incluso en la contabilidad: tenían más contenedores que los declarados. Y el resultado de una de las primeras auditorías arrojó que el peso declarado no coincidía con el peso real.

Encaró procedimientos en depósitos fiscales donde los contenedores permanecían sin ser reclamados. Y presumió que era porque se había cortado la estructura de contención oficial con el cambio de autoridades. Ya en situación de rezago, se abrieron contenedores que decían tener, por ejemplo, flores de plástico, y traían telas.

El siguiente paso fue el cruce de base de datos (CUIT contra despachos, contra giro de dólares, contra transportistas y depósitos fiscales) y fue delineando los perfiles de riesgo de los operadores de comercio exterior. Las sospechas de contrabando dieron lugar al cierre de varios depósitos fiscales, entre ellos, Carestiba, Censer, Depósito Fiscal de Carácter General Logística Central, Logexpor, Tefasa y Lo Primo II, amparándose en el decreto 228, de este Gobierno, que declaró la "emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado".

Las investigaciones judiciales posteriores descubrieron vínculos entre transportistas, depósitos fiscales y empresas de precintos electrónicos (que garantizan la inviolabilidad del contenedor desde que sale del puerto hasta que llega al depósito fiscal) con el anterior titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que también fue director de Aduanas.

Las auditorías probaron que tanto contenedores como depósitos fiscales se abrían de madrugada. Que la ruta que debían seguir los tránsitos (monitoreados gracias a los precintos electrónicos que sellaban los contenedores con importación aún no nacionalizada) sufrían desvíos no autorizados, según informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), que investigó tales maniobras entre 2012 y 2013. Y que había vínculos entre los dueños de las empresas de precintos con los depósitos fiscales cerrados por sospechas: Saetech, propiedad de Miguel Pascucci, dueño de Lo Primo II; y RSI, de Sergio "el Pelado" González, amigo de Ricardo Echegaray, y de Jorge Lambiris, vinculado a Carestiba, depósito del Mercado Central. Gómez Centurión pretendía desregular este sistema y que fuera la Aduana la que proveyera y controlara los precintos.

También se opuso al régimen del "puerta a puerta" por considerar que es una vía propicia para el narcotráfico por menudeo, a lo cual se sumaba que no estaban dadas las condiciones de control necesarias para hacer frente a un volumen que podría activarse con el sistema de compras exprés, lo que le valió un enfrentamiento con su jefe, Alberto Abad.

Como Macri, Gómez Centurión descubrió que la herencia aduanera también fue pesada.

Mientras cerraba depósitos fiscales, investigaba importadores apócrifos y reordenaba la casa, el funcionario suspendido concluía el primer gran resultado de sus ocho meses de gestión: el multimillonario fraude de las DJAI por US$ 14.473 millones.

El cruce de base de datos de la AFIP y la Aduana abarcó un universo de 8 millones de DJAI presentadas por 78.000 personas físicas y jurídicas entre 2012 y 2015. De ese total, 17.495 CUIT tenían inconsistencias. La más grave: giraron dólares sin ingresar mercaderías.

Gómez Centurión y su subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi, denunciaron a 55 empresas que habrían incurrido en delitos aduaneros (contrabando, fraude por valor), tributario (evasión), penal cambiario y lavado de activos. A las 48 horas de la denuncia, Gómez Centurión fue denunciado y suspendido. Allievi corrió la misma suerte.

La administración absoluta del comercio exterior de la era K tenía otra cara: la inflación normativa que provocó dolores de cabeza a todo el espectro operativo tenía como contrapartida un proteccionismo selectivo. Los depósitos fiscales fueron entregados a manos amigas, el área de control aduanero fue desmadrado y las prácticas irregulares proliferaron por todas partes.

El kirchernismo institucionalizó la corrupción e impuso un esquema tarifario para la obtención de permisos de exportación (ROE) y de importación (DJAI). Era común encontrar hasta avisos clasificados de gestores que prometían la obtención tales certificados a cambio de porcentajes que iban del 10 al 15% del valor del embarque. Y también proliferaron los servicios de entrega de contenedores "puerta a puerta", por entre US$ 50.000 y US$ 100.000, el "tacho".

La denuncia elevada por la diputada Elisa Carrió alega la connivencia con el contrabando como actor político y el acuerdo con el narcotráfico como actor estratégico.

Gómez Centurión quería acabar con el poder absoluto de los aduaneros sobre exportadores e importadores por ser engendro de corrupción. Creía que así dejaría de ser más barato ceder ante la coima que cumplir con la burocracia de lo legal. Su función fue interrumpida.

El Puerto de Buenos Aires dio de baja un negocio vinculado a Moyano

Por Matías Longoni - Clarin.com
Los exportadores e importadores ya no tendrán la obligación de pagar el seguro TAP y podrán ahorrar 4 dólares por tonelada. Lo ofrecía una empresa, IVETRA, que estaba ligada al Sindicato de Camioneros .

Vistas del puerto de cargas de Buenos Aires. Foto Gustavo Castaing

La nueva conducción de la Administración General de Puertos (AGP) decidió poner fin a una suerte de "peaje" que se cobró en el puerto de Buenos Aires y Dock Sud en los últimos cinco años por cifras cercanas a los 150 millones de dólares anuales. Se trata del seguro Transporte Argentino Protegido (TAP), que era exigido a todos los operadores de las terminales porteñas y únicamente lo ofrecía una empresa llamada IVETRA, a la que siempre se vinculó con el líder de la CGT y del gremio de los Camioneros, Hugo Moyano. 

En una resolución firmada en las últimas horas a pedido del Ministerio de Agroindustria y de varias cámaras empresarias ligadas a la exportación, el interventor de la AGP, Gonzalo Mórtola, dispuso que quien quiera tomar un seguro para cubrir de eventualidades sus cargas podrá hacerlo "a su libre elección, sin que ello implique un recaudo condicionante del ingreso o egreso de los contenedores a las terminales" portuarias de la ciudad de Buenos Aires y Avellaneda.

En criollo, lo que dispuso este funcionario -un ex rugbier del Cardenal Newman, el mismo colegio secundario donde estudió el presidente Mauricio Macri- es que los importadores y exportadores de los cerca de 2 millones de contenedores que circulan cada año por el puerto no deberán pasar por las oficinas de Piedras 343, pertenecientes a IVETRA SA. Esa sociedad nació en 2007 y comenzó a prestar el servicio del TAP en junio de 2011, en medio de una fuerte polémica porque no hubo licitación y siempre fue la única que prestaba dicho servicio. Pero el "peaje" duró hasta ahora, ya que sin ese certificado era imposible realizar las operaciones. 

El costo del TAP comercializado por IVETRA era 67 dólares más IVA por container, lo que según algunos expertos equivale a unos 4 dólares por tonelada de mercadería. Para tener una idea del impacto de esta decisión, en el Ministerio de Agroindustria estimaron que en 2016 saldrán por el puerto de Buenos Aires unas 2,9 millones de toneladas de productos agropecuarios (carnes, cueros, frutas, jugos, bebidas, algodón, aceites, madera, maní y legumbres) y que los productores se ahorrarán así un costo extra cercano a 12 millones de dólares. 

Desde el vamos los negocios de IVETRA -que también obtuvo la concesión de terrenos en el puerto sin licitación y levantó un Centro de Transporte Multimodal (CTM)-, estuvieron ligados con el Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano. El presidente original de esa sociedad fue el ex juez y abogado del gremio Daniel Llermanos. También tallaba fuerte Gustavo Fabián "el Turco" Elías, un empresario muy cercano al líder de la CGT. La influencia directa del dirigente sindical duró por lo menos hasta octubre de 2012, cuando comenzó a enfrentarse abiertamente con el gobierno kirchnerista. De todos modos el sistema siguió funcionando sin alteraciones, a pesar de las críticas de muchos operadores.

La resolución de la AGP para dar por tierra con la imposición de ese seguro a las empresas se basó en que de los pliegos de bases y condiciones que regularon la transferencia del puerto de Buenos Aires en 1993 a una serie de concesionarias, "no surge la obligatoriedad por parte de dichas empresas de exigir la cobertura prevista en el certificado TAP a efectos de permitir el ingreso y egreso  a sus instalaciones de los transportes y lo contenedores". Una segunda lectura entre líneas dirá que esa exigencia -que se prolongó por largos cinco años- no tenía entonces sustento legal. 

Luego de aclarar que ese tipo de seguros serán optativos para los importadores y exportadores, la Resolución 76 recordó que las concesionarias sí "están obligadas a tomar un seguro" para cubrir sus propias actividades, y las convocó a integrar un grupo de trabajo destinado a analizar y revisar la "estructura tarifaria" prevista en el pliego de licitación de 1993 y renovado en 2015. La idea de Mórtola es que los valores para operar en el puerto porteño "respondan a una metodología de carácter público, transparente y previsible".

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), una de las entidades empresarias que se opuso al sistema, felicitó al Gobierno por la decisión de liberar al Puerto de Buenos Aires del sistema TAP.  En un comunicado de prensa se explicó que "el  era un sistema de prácticas inapropiadas que incrementaba los costos en perjuicio de las exportaciones y el trabajo argentino". 

Precios: el gobierno de Macri estudia aplicar la "Ley de Góndolas" que Rafael Correa impuso en Ecuador

(Infobae) - La medida obliga a los supermercados, bajo penas económicas y de clausura, a otorgar el 20% de su espacio de venta a productos fabricados por empresarios nacionales de pymes.

El gobierno de Mauricio Macri analiza aplicar en la Argentina la denominada "Ley de Góndolas" que el presidente Rafael Correa aplicó en Ecuador para frenar la inflación y fomentar las economías regionales. La medida establece que las cadenas de supermercados estarán obligadas a ofrecer al menos el 20% de sus espacios de venta a productos de pequeñas y medianas empresas y del interior del país.

La confirmación de parte del Gobierno vino de la mano del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. "Hay una idea hace rato de copiar una ley de Ecuador, la Ley de Góndolas, para darle cabida y darle curso a productos de economías regionales y de pymes para instaurar la competencia", afirmó el jefe del Palacio de Hacienda. La revelación, que dio en una entrevista con el periodista Luis Novaresio por radio La Red, se produjo en el contexto de las medidas que el gobierno de Macri analiza para aplicar medidas correctivas y sanciones para frenar los aumentos de precios que se dieron, sobre todo, en los alimentos y productos de primera necesidad que se venden en supermercados.

"El empresario argentino pide competencia, pero no en su sector y eso es lo que tenemos que cambiar", alertó el ministro de Economía, luego de insistir con su propuesta -que fue descartada por el propio Macri- de avanzar con un acuerdo entre el Estado, los sindicatos y las empresas para evitar un sálvese quien pueda.

Alfonso Prat-Gay también alertó que "lo que se debe hacer" es alentar la competencia y sancionar con medidas los aumentos desmedidos. "Es algo que discutimos con Producción", reconoció, en referencia a su colega del gabinete, Francisco Cabrera. Para el ministro, "hasta los propios empresarios se dieron cuenta que el cubrirse el porsi (por si pasa algo), fue dañino incluso para ellos". Y recordó que "no hay ningún país del mundo en el que se ofrece una rebaja de 40% en agua mineral".

(NA)

La Ley de Góndolas de Correa

La iniciativa -según trascendió hoy- que impulsa el gobierno de Macri es aplicar la "Ley de Góndolas" o "Góndola PYME" para que los supermercados y grandes superficies comerciales estén obligados a ofrecer al menos el 20 por ciento de sus lugares para vender productos regionales y de pequeñas y medianas empresas.

Se trata de una medida que había aplicado, sorpresivamente, el presidente izquierdista ecuatoriano Rafael Correa en su país. La norma, de 2014, incluye un Manual de Buenas Prácticas para Supermercados, que diseñó la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Además, también obliga a esas empresas a pagarles a los proveedores en un plazo máximo de 60 días.

La medida, en Ecuador, también incluyó fuertes sanciones económicas y hasta clausuras a los supermercados que no cumplieran con esa obligación. De todos modos, la clave de la medida está en el control de la denominada "Ley de Góndolas", ya que queda en manos de un inspector dependiente del gobierno el cumplimiento o no de la medida, como así también su sanción.

Las cámaras patronales y empresarias cuestionaron, en Ecuador, la puesta en marcha de esa medida por la afectación de la libertad de comercio y el desaliento de la inversión.

Para evitar abusos de precios, proponen crear una red de ferias

(SuperCampo) - El proyecto fue presentado por la presidenta de la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense, María del Huerto Ratto.


La presidenta de la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense, María del Huerto Ratto, propuso crear una “red de mercados del productor al consumidor” con el objetivo de reducir los precios de los alimentos.

“La intención es beneficiar no sólo al productor que puede vender mejor sus productos sino también al consumidor que no va a pagar tanto como lo hace en los hipermercados. De esta manera se disminuirán los intermediarios innecesarios, grandes concentradores que realizan prácticas monopólicas. Tampoco molestarán a los comercios establecidos ya que deben ser ferias periódicas”, explicó la legisladora del Frente Renovador.

En ese marco, afirmó que busca “un precio justo y transparente para todos” y aseguró que “no puede ser que a un productor de manzana en Río Negro le paguen $2,50 el kilo y en el local de una cadena de supermercados muy fuerte en la región, a pocos metros de esas chacras, la vendan a $41.90”.

“Lo mismo pasa con la leche y otros sectores. En el proceso hay actores que se quedan con mucha ganancia. Además, por los altos valores, hay una gran porción de la sociedad que no tiene acceso a la leche, la carne o las frutas“, advirtió Ratto en un comunicado de prensa.

FUENTE: DyN

Excelente idea...

La "ruta de la manzana": así se conforma el precio, desde los productores a la góndola

Por Juan Diego Wasilevsky -iProfesional.com
Los dueños de fincas alertan que no logran cubrir los costos, mientras que la fruta que producen se vende en comercios a un valor diez veces más alto


Los precios de los alimentos están en el centro de la escena. Más específicamente, los de la fruta.
En julio, si bien el INDEC informó una desaceleración del índice inflacionario, al caer la cifra al 2% mensual, las frutas se movieron por encima de ese nivel, orillando el 4 por ciento.

En este contexto, causa sorpresa escuchar que los productores de manzanas del Valle de Río Negro están recibiendo cerca de $3 por kilo -cifra que no les alcanza para cubrir los costos-, cuando los consumidores deben pagar entre $28 y $50, según la variedad.

El índice que elabora  la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y que mide la diferencia promedio entre el precio de góndola y origen para una canasta de 20 alimentos agrícolas, muestra que el mes pasado la brecha en el caso de las manzanas fue de casi 10 veces, mientras que para las peras el gap fue de 11 veces.

"El problema es el precio. Al productor, un kilo de manzana le cuesta $4,50 y lo que percibe, en promedio, es $3 por kilo", afirmó Jorge Figueroa, presidente de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén. "Lo ideal sería que la rentabilidad fuese del 20%. Entonces al costo de producción de $4,50 se le sumaría una renta de $1,50, lo que daría un precio de $6. Lo que nosotros queremos es por lo menos recuperar el costo", indicó. 

En un tono similar se expresó Sebastián Hernández, titular de la Cámara de Fruticultores de Allen (Río Negro), quien afirmó que "nosotros cobramos miserias en comparación con lo que paga el consumidor".

Así, todas las miradas de los cosechadores hoy están puestas en los demás eslabones de la cadena, que está conformada por los empacadores (que limpian y seleccionan la fruta, la ponen en cámaras frigoríficas y la distribuyen), los mayoristas y los comercios que venden al por menor, como supermercados y verdulerías.

La "ruta de la manzana"
En medio de este debate, los empresarios del transporte de cargas nucleados en Fadeeac buscaron salir del foco de la escena, al afirmar que no son formadores de precios y que padecen el contexto actual tanto como los chacareros.

“El desacople entre el productor y el consumidor final no es el transporte de cargas, son los intermediarios inescrupulosos que fuerzan situaciones para ganar más dinero sin importarles ni el productor ni el consumidor”, afirmó Juan Aguilar, secretario de Fadeeac.
"Nos duele que los productores del sur de nuestro país deban regalar el alimento que producen. Entendemos que se trata de una situación muy crítica. Sin embargo, muchas veces se culpa al transporte que, justamente, no es formador de precios", indicó el directivo.

Desde Fadeeac pusieron como ejemplo el caso de las manzanas: "Según los valores del mercado central, el kilo, en promedio, cuesta $20 (precio mayorista). Si calculamos el viaje desde Cipoletti hasta Buenos Aires, de 1.100 kilómetros, la incidencia del flete es de $0,80 por kilo en promedio, lo que representa un 4%".

"Pero en las góndolas de los supermercados encontramos que la cifra de venta al consumidor final en las manzanas ronda los $40. En este caso, la incidencia del flete es de un 2%", agregaron.

"En este simple ejemplo vemos cómo el valor del flete no forma el precio de venta al consumidor y, sin embargo, muchas veces es señalado como el responsable", afirmó Aguilar.

En este contexto, desde la consultora Gabinete MAG, con sede en la Patagonia, echaron luz respecto de cómo se constituye el precio de la manzana de calidad media a buena, desde que sale de la finca hasta que llega al consumidor:
• En origen, cada kilo tiene un precio promedio de $3.
• Los empacadores, que son los responsables de poner la fruta en condiciones y, en los casos necesarios, conservarlas en cámaras de frío, le aplican $13,70 por kilo (acumulado: $16,70).
• Si se consideran los datos de Fadeeac, entonces el flete termina sumando unos $0,80 para transportar esa fruta desde el sur hasta el Mercado Central.
• Estas tres fases arrojan un valor cumulado de $17,50 por kilo de manzana.
• Productores del Valle consultados por iProfesional aseguraron que, sobre ese precio, los mayoristas o distribuidores -un negocio peleado y competitivo- tienen una incidencia cercana al 20%, lo que equivale a unos $6,50 por kilo (acumulado: $24).
• Finalmente, la participación del comercio minorista en la composición del precio es del 31%.
• Así, desde los $24 que cuesta el kilo de manzana en el canal mayorista, el valor final puede llegar a los $35 para frutas de calidad intermedia o buena (no premium).

El siguiente cuadro resume la incidencia de cada etapa en la conformación del precio de la fruta desde la fase de producción hasta que llega a la góndola:

Cabe aclarar que estas cifras no representan una ganancia bruta para los diferentes actores de la cadena: según indicaron desde la consultora Gabinete MAG, por cada $35 que paga un consumidor, entre 38% y 40% son impuestos que abonan productores, empacadores, transportistas y comerciantes.  Además, cada eslabón tiene que considerar gastos de alquiler, mano de obra, servicios (especialmente los establecimientos que tienen que tener cámaras de frío) y los respectivos márgenes.

En este contexto, desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) afirmaron que este sector no tiene la gravitación suficiente para imponer los valores al público.  "Todas las cadenas manejamos apenas el 15% del mercado de la fruta en la Argentina, es decir que nuestro aporte es marginal”, indicaron.

"Pasa lo mismo que con el negocio de la carne: más del 75% se vende en carnicerías de barrio, nosotros manejamos tan sólo el 25% restante", señalaron.

Frente a esta compleja cadena de comercialización, los productores afectados por la falta de rentabilidad entregaron al Gobierno un petitorio en el que piden -entre otras cosas-, crear un organismo que actúe de manera similar al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Es decir, que al inicio de cada campaña se fijen precios mínimos para la fruta y así se eviten los desafasajes que se observan en la actualidad.

Avanza el acuerdo con China por US$ 25.000 millones

Por Martín Dinatale - LA NACION
El ministro Cabrera encabezó una misión en Pekín para relanzar una asociación estratégica


Todo está listo en Pekín para que cuando Mauricio Macri llegue en septiembre a China para la cumbre del G-20 se relancen las relaciones bilaterales con la Argentina y se anuncien los contratos definitivos de inversión por unos 25.000 millones de dólares para la construcción de dos centrales nucleares, dos represas hidroeléctricas, un ambicioso plan de energía renovable y la ampliación del comercio de alimentos argentinos.

Así quedó definido ayer, luego de la XX Reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial entre la Argentina y China, que encabezaron en Pekín el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario de Comercio, Miguel Braun, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, María Cristina Boldorini, con una veintena de funcionarios de alta jerarquía del gobierno chino.

El presidente Macri y su par Xi Jinping mantendrán en septiembre una reunión bilateral. Pero para esa fecha el encuentro será sólo protocolar y cerrará seis meses de largas negociaciones que llevó adelante la Argentina para sustentar la asociación estratégica integral que Cristina Kirchner había sellado con Pekín y que en un primer momento la administración macrista revisó.

"Se afianzó la asociación estratégica con China y hemos cerrado un acuerdo de negocios, inversiones y de mayor flujo comercial con China que seguramente estimulará a los inversores de Estados Unidos y Europa para que también vayan a la Argentina", expresó ayer a la nacion el embajador argentino en China, Diego Guelar, quien durante dos días coordinó los encuentros entre ministros y cerró un amplio abanico de acuerdos.

Se definieron, así, los detalles técnicos para que a partir de marzo comience la construcción de dos centrales nucleares con la Corporación Nacional Nuclear de China. Una de esas centrales será de agua pesada, tendrá un fuerte componente nacional y se basará en una tecnología canadiense. La otra prevé un reactor de agua ligera, una tecnología nueva para la Argentina, que implicará incursionar en el mercado del uranio enriquecido a bajo porcentaje, ya que se trata de un proyecto de uso pacífico. Se estima que la inversión en estas obras será por US$ 15.000 millones por el financiamiento de un 80% del total de los proyectos.

En marzo de 2017 comenzarán, además, las obras de las represas hidroeléctricas Cepernic y Kirchner en Santa Cruz, cuyos contratos fueron modificados ante los reclamos de grupos ambientalistas. Por estos dos grandes proyectos China desembolsará unos US$ 10.000 millones. Para marzo también estaría habilitada la polémica estación espacial de Neuquén que construye China bajo la supervisión del Ejército Popular de su país. La canciller Susana Malcorra acordó una cláusula específica que prohíbe el uso militar de esa estación, situada en 200 hectáreas de la Patagonia.

En el plano comercial, tanto Braun como Boldorini acordaron con China la ampliación del volumen de comercio de alimentos argentinos relacionados con soja, carnes y la exportación de uvas, arvejas, arándanos y sorgo. Para agilizar los procesos de aprobación fitosanitaria, se instalará una oficina del Senasa en China y el departamento fitosanitario chino Acqsic tendrá oficinas en Buenos Aires, para abrir el capítulo de seguridad alimentaria.

También se procura destrabar dificultades de acceso para el aceite de soja, el maíz y algunos productos de la pesca, como los langostinos. Y se acordó la incorporación de inversiones chinas en el campo de las energías renovables. Hay un proyecto de inversión de US$ 5000 millones para una inminente licitación de 10.000 megas en energía solar y otro tanto en energía eólica en la Argentina.

Tanto Cabrera como Braun y Boldorini se entusiasmaron con la idea de ampliar el mercado de alimentos argentinos a la clase media china, que comprende 225 millones de personas con un salario mensual promedio de 20.000 dólares.