Bienes del Estado, a manos privadas: un debate que crece

Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION

Ante el decreto presidencial que avalará una subasta de terrenos públicos en Palermo y Puerto Madero, arquitectos y urbanistas se mostraron a favor o en contra

Hace 15 meses, el Gobierno contabilizaba 19.000 inmuebles en su órbita en todo el país, entre terrenos, casas, predios, galpones y más. El número se elevó a 46.000 como consecuencia de un reordenamiento de esas propiedades que incluye la subasta de aquellas subutilizadas o en desuso. En los próximos días, a través de un decreto presidencial, el Estado autorizará una nueva venta de locaciones de distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, con una característica en común: todas poseen un elevado potencial inmobiliario.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá vender, con la habilitación del Gobierno, los predios donde funcionan hipermercados, estacionamientos, la sastrería militar y otras dependencias castrenses cerca del hipódromo de Palermo y del Campo Argentino de Polo, con un valor del metro cuadrado de entre 3000 y 5000 dólares.

Báez y Dorrego, donde funcionaba la sastrería militar; el predio será vendido. Foto: Emiliano Lasalvia

Serán, en total, 39 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta. Se sumarán así a los diferentes lotes de propiedades subastadas entre 2016 y lo que va del año, y aquellos proyectos que esperan definiciones, como el de la Isla Demarchi, dónde el frustrado Polo Audiovisual le dará paso a otros desarrollos urbanos.

El nuevo decreto abre un eje de debate entre urbanistas y arquitectos que se muestran a favor y en contra del traspaso de tierras nacionales a manos privadas, y pone en discusión el impacto que tienen esos movimientos en la futura configuración de la ciudad.

"Habría que analizar si hay tierras que se pueden alquilar para tratar de darle mayor rentabilidad. La única salida de una tierra pública no es venderla. Es una cuestión de racionalidad", planteó el director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del CELS, Eduardo Reese.

"Si la regla general es vender las tierras para hacer negocios inmobiliarios, la política es un desastre. Además es peligroso seguir haciéndolo porque puede faltar disponibilidad de espacios cuando sean necesarios, por ejemplo, para hacer una reserva", agregó Reese.

Cinco de los inmuebles que saldrán a la venta se encuentran en dos de las zonas más caras de la ciudad. Uno está en Puerto Madero, donde se paga 5193 dólares por metro cuadrado, de acuerdo con el último informe de Reporte Inmobiliario. Dos se ubican sobre la avenida Dorrego (con valores de 3137 y 3446 US$/m2, respectivamente), uno al lado del Campo Argentino de Polo (3354 US$/m2) y el restante en la avenida Bullrich, dónde funciona un supermercado Jumbo y una tienda Easy (3137 y 3446 US$/m2, respectivamente).

Ante la consulta de LA NACION, voceros de dichas empresas dijeron que aún no harán declaraciones sobre el tema, pero desde la AABE aseguraron que ese predio seguirá siendo explotado con un fin comercial y que Jumbo e Easy podrían comprar el predio que actualmente tienen concesionado. Indicaron, por su parte, que en otros de los terrenos sí podrían construirse torres de acuerdo con la zonificación de cada manzana. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano aclararon que los proyectos demandaría una nueva rezonificación en el barrio.

"Si son inmuebles que están vacíos, sin explotar, es bueno que pasen a manos privadas para generar nuevos polos inmobiliarios, ya sean de vivienda o de oficinas; todo eso genera movimiento de puestos de trabajo y de la economía", opinó el arquitecto Ariel Wasserman.

"No considero que sea un riesgo vender todo los espacios posibles si el Estado no tiene pensando darle una utilidad pública. Hacen falta más viviendas y desarrollos nuevos porque sigue habiendo demanda de gente que necesita o quiere vivir en determinadas zonas", acotó Wasserman, uno de los directores de la desarrolladora de BW Group.

Parte de los terrenos más cotizados que saldrán a la venta son predios del Ejército Argentino y no están siendo utilizados, según informaron voceros del Ministerio de Defensa de la Nación. En la cartera se mostraron a favor de la reutilización de esos espacios.

"El 70% de lo recaudado en la futura subasta de esos inmuebles se destinará a la refuncionalización del Ejercito. Como ocurre cuando se vende un terreno ferroviario, parte de lo recaudado se asigna al ferrocarril", explicó el presidente de AABE, Ramón Lanús. Por el contrario, y a pesar de ser inmuebles ubicados en la ciudad, la administración porteña no recibirá un solo peso.

A tono con esta iniciativa oficial de reorientación de los usos de los inmuebles y la venta de algunos de ellos opinó el arquitecto y urbanista Emiliano Espasandin, profesor de la FADU y la Universidad de Palermo, aunque marcando ciertos límites. "Lo que se puede hacer en esos lotes debería estar consensuado con el barrio y el Estado tendría que regular las normas del negocio inmobibiliario para que no sea descontrolado. Además de hacer una buena venta, debería haber algún beneficio para el barrio", dijo. Y agregó: "Buenos Aires tiene mucho espacio para crecer, no es muy densa ni tampoco tiene toda su capacidad de población resuelta".

Además de los 39 inmuebles mencionados, la AABE rematará otros 19 en la ciudad, entre casas, terrenos baldíos y un depósito. "Cuando salga el decreto iremos a la Justicia para evitar que se avance con la venta de espacios del Estado", advirtió Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho de la Ciudad. "El uso del suelo es uno de los principales recursos para regular el mercado inmobiliario. El Estado se vuelve más débil ante el mercado si vende sus tierras", argumentó.

Sturzenegger ignoró al Congreso y bajó las comisiones a las tarjetas desde abril

LPO - El sábado pasarán del 3% al 2% las de crédito y de 1,5% a 1% las de débito. Y habrá más bajas hasta 2021.

Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, dispuso este jueves una baja gradual de las comisiones que los Bancos emisores de tarjetas de crédito o débito les cobran a los comercios por cada venta, e ignoró el debate del Congreso, donde aun se debate proyectos  para reducirlas sin escalas.  

Sturzenegger había negociado el gradualismo con banqueros y asociaciones de comerciantes con Osvaldo Cornide, titular de la CAME, a la cabeza, y recibió el aval del ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien celebró el quiebre de los beneficios monopólicos de la tarjetera Prisma.  

"La tasa de intercambio, es decir la comisión, es el componente principal del arancel cobrado a los comercios por la aceptación de pagos con tarjeta: por ejemplo, del 3% sobre la transacción que actualmente es el tope legal para cobros con tarjeta de crédito, el banco emisor obtiene aproximadamente entre el 2,7% y 2,9% del monto de la compra", explicó el Banco Central en un comunicado.

Como adelantó LPO, con los nuevos topes las comisiones pasarán a partir de este sábado 1º de abril del 3% para las tarjetas de crédito al 2% y del 1,5% actual con tarjetas de débito al 1%. Y seguirán bajando gradualmente hasta llegar al 1,3% y 0,6% respectivamente en 2021.

Para los banqueros esta reducción es más conveniente que las que dos proyectos de ley están evaluando en el Congreso y por eso el martes fueron al Senado a pedir que no avance una ley. 

"El objetivo de la reducción de la tasa de intercambio es generar incentivos para nuevos ingresantes al mercado de la adquirencia, es decir, la búsqueda de comercios para que cobren con estos medios de pago. El nuevo esquema dará lugar a una mayor competencia en esa industria y a la "multiadquirencia": que un mismo agente adquirente ofrezca a comercios cobrar con varias marcas de tarjeta simultáneamente", aclaró la autoridad monetaria.

"La regulación de la tasa de intercambio es una tendencia reciente en otras partes del mundo, como la Unión Europea, Australia, Canadá y - aunque para tarjetas de débito solamente Estados Unidos", agregó el Banco Central.

La Argentina canceló la deuda que tenía con Bolivia por la compra de gas

(La Nación) - Mediante un comunicado, el ministerio de Energía confirmó el pago de 300 millones de dólares a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren. Foto: Archivo.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, confirmó hoy que la Argentina terminó de cancelar la deuda que tenía por la compra de gas natural, que ascendía a unos 300 millones de dólares.

Un comunicado del ministerio argentino de Energía reprodujo declaraciones del funcionario boliviano en las que señala que "Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) honró sus compromisos con YPFB cancelando el 100 por ciento de la deuda vencida por la exportación de este energético".

Hasta diciembre de 2015 Argentina arrastraba una deuda de alrededor de 300 millones de dólares en base a un contrato de venta suscripto entre las estatales YPFB y Enarsa que fue firmado en 2007, con una vigencia hasta 2026.

Los presidentes de YPFB y de ENARSA, Achá y Hugo Balboa, respectivamente, se reunieron en reiteradas oportunidades para tratar la deuda por la exportación de gas natural y otros temas como nominaciones y coordinaciones de entrega del insumo.- Agencia DyN

El Gobierno venderá predios del Ejército que están en Palermo, Las Cañitas y Puerto Madero (II)

Por Marcos Quintans - Infobae.com - El macrismo decidió subastar otra tanda de propiedades estatales: cinco están en poder de las fuerzas militares. Uno de los predios que saldrá a la venta es el que hoy ocupa Jumbo en Palermo, frente al campo de Polo

El gobierno nacional busca alternativas para reducir el gasto público. Y una de las fórmulas recurrentes parece ser la subasta propiedades estatales que están en desuso o se encuentran subutilizadas.

La noticia ahora es que la administración macrista se desprenderá de 42 inmuebles (26 en CABA; 4 en Provincia de Buenos Aires, 4 en Córdoba, 3 en Mendoza y 2 en Salta), entre los que se destacan cinco predios del Ejército Argentino que están ubicados en valiosos y estratégicos terrenos de Palermo, Las Cañitas y Puerto Madero.

En un rápido repaso de la nueva lista de propiedades estatales que serán enajenadas -el decreto saldrá será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días- resalta la puesta en venta del predio que actualmente ocupa el hipermercado Jumbo en pleno Palermo, frente al Centro Cultural Rey Fahd el Campo Argentino de Polo.

Desde el gobierno aclararon a Infobae que esto no quiere decir que el shopping y el hipermercado que allí funcionan serán desmantelados, pero sí que la propiedad del terreno saldrá a la venta.

Este tipo de resoluciones generan enorme polémica porque se transfieren predios ubicados en zonas muy cotizadas de la Ciudad, que resultan apetecibles para la construcción de torres de departamentos y centros comerciales. Desde la oposición aseguran que esto abre el juego para que los "amigos del poder" hagan millonarios negocios inmobiliarios.

Por el contrario, el oficialismo argumenta que las ventas "constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro" e impulsarán la economía moviendo la rueda de todas las áreas vinculadas a la construcción, con la consecuente generación de puestos de trabajo. En diálogo con este medio, fuentes oficiales estimaron que en esos espacios habrá inversiones por más de USD 400.000.000 que generarán 2.500 puestos de trabajo.

Los espacios que salen a la venta, uno por uno

En los inmuebles que posee el Ejército funcionan estacionamientos, la sastrería militar y demás reparticiones castrenses. Los cinco que saldrán a la venta se encuentran en zonas estratégicas de la Ciudad.

-Las Cañitas: se trata de un terreno de 6.750 m2 situado en Huergo al 100, que cuenta con una superficie cubierta de 5.427 m2. Su potencial para construir es de 10.800 m2

-Las Cañitas: el predio está ubicado en Dorrego al 3000, tiene 5.927 m2 y una superficie cubierta de 5.698 m2. Se puede desarrollar hasta 9.483 m2.

-Las Cañitas: es un terreno que se encuentra en Soldado de la Independencia al 500 (imagen de arriba) y representa una superficie aproximada de 3.500 m2, con un potencial constructivo de 10.500 m2.

– Palermo: es el predio de Avenida Bullrich al 300, donde funcionan Easy y Jumbo. Tiene una superficie de 44.766 m2.

- Inmuebles ejercito Avenida Italianos 770 - Puerto Madero: se trata de un espacio ubicado en Av. de los Italianos 365 (imagen de arriba), que representa una superficie de 5.234 m2 y tiene un potencial constructivo de 25.000 m2.

Más bienes estatales en venta

Además se pondrán a la venta un conjunto de 19 bienes en desuso que incluyen 10 casas abandonas, 7 terrenos baldíos y 1 depósito.

Entre ellos hay un inmueble de 2.075 m2 ubicado en la intersección de las calles Juncal y Basavilbaso (Retiro), que actualmente está subutilizado: funciona como el estacionamiento de Cancillería de la Nación.

 Un dato de color: en esta última tanda de bienes que serán subastados está incluido el inmueble de Valentín Gómez al 2900 que funciona como depósito del INDEC. Allí se guardan los archivos correspondientes al último censo de 2010 y equipamiento informático dado de baja. El gobierno digitalizará toda esa información. Para evitar que sea usurpado, actualmente el Estado paga más de $100.000 mensuales en concepto de custodia y seguridad.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ha decidido fijar topes y plazos de construcción en aquellos predios que se subastan: se estableció un plazo de 3 años para comenzar a construir y un máximo de 6 años para finalizar la obra. En caso de que los tiempos no se cumplan, los compradores serán penalizados y el terreno volverá a manos del Estado.

Cristóbal López perdió el control de la autopista a Ezeiza

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Vialidad Nacional nombró un interventor en la empresa porque el empresario K debe 500 millones de pesos al Estado.

Cristóbal López, más complicado con sus negocios. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Sumando dificultades en sus negocios, Cristóbal López perdió el manejo de la Autopista Ricchieri Ezeiza-Cañuelas, concesión que obtuvo a través de la empresa Aecsa. La semana pasada Vialidad Nacional firmó la resolución de la intervención donde nombró a Roberto Pérez Vierira al frente del manejo del millonario negocio que, tal como informó Clarín en noviembre pasado, será rescindido por el Gobierno. La deuda que mantiene el empresario kirchnerista, actualizada y con la sumatoria de los intereses, asciende a 500 millones de pesos, confirmaron fuentes oficiales.

Con la firma de Javier Iguacel, se oficializó al resolución de la “intervención ampliada” sobre el manejo de la Autopista Ricchieri Ezeiza - Cañuelas. Esto significa que Cristóbal López perdió el manejo y administración del uno de los contratos más importantes que obtuvo durante el kirchnerismo. El Estado le contabiliza una deuda de $ 500 millones por los fondos correspondientes al Recurso de Afectación Específica (RAE), una tasa que deben pagar las concesionarias del dinero abonado en las los peajes que no se pagó, “el dinero que no pagaron lo usaron para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras”, señalaron fuentes del organismo vial a Clarín.

La decisión está tomada y es cuestión de semana para que se rescinda el contrato de AECSA -firma donde Esuvial es dueña en el 70 % de las acciones, esta empresa está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Carlos De Sousa en el restante 0,08%. La sociedad es la responsable de la concesión de las autopistas Riccheri y Ezeiza - Cañuelas, y arrastra una antigua y millonaria deuda que el Grupo se niega a pagar. Por eso interpusieron medidas cautelares que no lograron impedir que el negocio llegue a su fin antes de lo previsto.

“Acá se está aplicando la ley, hay varios incumplimientos por parte de López que nos llevan a tomar esta decisión de rescindir”, dijo Iguacel en diálogo con Clarín. Entre las irregularidades que se tuvieron en cuenta para la intervención, se consignó que, la cantidad de multas que se aplicaron a la empresa no pueden -por ley- superar el 20% de la garantía que se colocó en el contrato, “y a la fecha el acumulado pendiente de multas impagas es de más del 400% “.

En este punto Vialidad Nacional responsabiliza a la gestión anterior, "López no pagó pero el Gobierno incumplió al no exigirle el pago de la deuda durante años”, indicaron a Clarín. 

Si bien, no es parte del contrato original, el RAE se incorporó a través de una adenda desde que López tiene el negocio de la autopista. Un porcentaje debía dirigirse a un fideicomiso para obras, “las autopistas dejaron de pagar este impuesto desde 2013 cuando Cristóbal ingresó en la concesión, hicieron una operatoria similar con el Impuesto al Combustible”, señaló una fuente oficial. En este último caso, el empresario K tiene una causa en el fuero penal económico por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones que correspondían al ITC y con esos fondos financió parte del Grupo Indalo.

El fin de Fútbol para Todos: un programa que costó diez mil millones de pesos y cuánto se ahorra este año el Estado

Por Alejandro Casar González - LA NACION

Eso es lo que gastó el Estado para transmitir los partidos de Primera desde 2009; con la rescisión, se ahorran en 2017 unos 2.325 millones

Para sostener el Programa Fútbol para Todos, el Estado destinó cerca de 3,7 millones de pesos por día entre agosto de 2009 y febrero pasado. Foto: LA NACION / Daniel Jayo

El Fútbol Para Todos vivió entre el 20 de agosto de 2009 y el 24 de febrero de este año: fueron 2745 días en los que los goles de los partidos de primera división (y algunos de la B Nacional) estuvieron disponibles para la gran mayoría de los argentinos. Por una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner, la AFA y el Gobierno celebraron en 2009 una asociación por diez años que se anuló antes de llegar al octavo año. En total, el Tesoro Nacional destinó $ 10.178.987.071 al programa que estatizó las transmisiones de los partidos. Esto es, casi $3,7 millones por día del Fútbol Para Todos.

De los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Hacienda y la información que consta en los informes de los veedores que siguieron la ruta del dinero del Fútbol Para Todos puede establecerse que, con distancia, la AFA fue el principal beneficiario del programa. La venta de los derechos de TV le reportó a la Casa del Fútbol un ingreso de $ 8.049.409.091,50. Es decir que casi el 80% de todo el dinero que insumió el Fútbol Para Todos quedó en la AFA. 

Sin embargo, la asociación no mejoró su situación económica. Al contrario, su balance contable de 2016 muestra números rojos. Hay una explicación: el cambio de gobierno implicó un desfasaje en el contrato del FPT. En marzo del año pasado, y luego de intensas gestiones con la nueva administración de Mauricio Macri, la AFA accedió a perdonar todas las actualizaciones no cobradas del contrato del FPT. 

En total, si se tienen en cuenta las variaciones del abono básico del cable (ésa era la cláusula de actualización del convenio entre la AFA y la Casa Rosada), para marzo del año pasado la AFA había dejado de percibir cerca de $2300 millones. No sólo perdonó esa cifra, sino que apenas recibió $1661 millones en todo el año pasado por parte de la Casa Rosada, lo que implica un mísero incremento del 7,1% en relación a 2015. Si se tiene en cuenta que la inflación del año pasado bordeó el 40%, aquella suba le resultó insuficiente. Y fue una de las razones para que las cuentas no le cerraran.

El Fútbol Para Todos, que en sus orígenes planteaba sanear las economías de los clubes y auguraba una comercialización exitosa de los espacios publicitarios en los partidos, apenas tuvo avisadores al comienzo y al final de los casi siete años y medio que duró. Fue entre agosto de 2009 y febrero de 2010 (primera etapa) y desde marzo de 2016 y hasta su finalización (segunda etapa). En ambos casos fue fundamental la decisión política. En febrero de 2010, la Jefatura de Gabinete (de la que dependía el programa) canceló de forma unilateral todos los convenios celebrados para incluir publicidad privada en los partidos. La pelota quedó al servicio de la comunicación pública. Y el Fútbol Para Todos se transformó en una usina de avisos oficiales. El único sponsor privado (que pagó parte de sus contratos en especias, es decir, con camiones) fue Iveco. Desde marzo de 2016 y hasta el mes pasado, el gobierno de Mauricio Macri decidió liberar los espacios durante los partidos para que volvieran las empresas privadas.

Esa determinación, sumada a la venta de los derechos de TV a los canales de aire, la disminución de los costos de producción y la comercialización del sponsor principal del torneo (la petrolera Axion) no pudo cambiar la ecuación económica: por más que ingresaron entre $400 y $500 millones el Tesoro Nacional siguió subsidiando las transmisiones: el gasto total en 2016 fue de $1838,63 millones, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda.

El Fútbol Para Todos, nacido gracias a la decisión política de hacer de las transmisiones una plataforma de comunicación de los actos de gobierno, concluye con la certeza del descontrol en el manejo del dinero público. Prueba de ello son los procesamientos confirmados de dos de los tres jefes de Gabinete que tuvieron a su cargo el programa (Aníbal Fernández y Jorge Capitanich) y de su primer coordinador, Gabriel Mariotto. Además, la Cámara Federal también decidió dejar firmes los procesamientos contra un grupo de ex dirigentes de la AFA, entre los que se encuentra el ex presidente Luis Segura.

El agujero negro de los miles de millones de pesos que ingresaron a la AFA fueron los cheques diferidos, que la Casa del Fútbol entregaba a los clubes en concepto de adelantos de derechos de TV. Fue una manera de solucionarles problemas económicos urgentes, que los clubes resolvían cambiando esos documentos por dinero en efectivo en cuevas financieras de la City porteña. En esas transacciones solían perder entre el 15 y el 30% del dinero. Son millones de pesos que eran del fútbol. Y que jamás volvieron a él.

Por más que el Fútbol Para Todos haya concluido, la investigación de la jueza federal María Servini, que pretende dilucidar la ruta del dinero, continúa. La jueza ahora se centrará en el famoso contrato del 2% del dinero del Fútbol Para Todos que recibía la Fundación El Futbolista (que depende del sindicato de jugadores): para eso citó a declarar a los principales referentes del gremio. Sergio Marchi, secretario general de la agrupación sindical y prosecretario de la fundación, comparecerá el 27 del mes próximo. Servini también escuchará a Aníbal Fernández (citado para el 12 de abril), el primer y último jefe de Gabinete que tuvo a su cargo el Fútbol Para Todos. En 2009, Fernández presagió que el Estado no pagaría "un solo centavo" en las transmisiones. Siete años y cuatro meses después, ese mismo Estado terminó desembolsando más de $ 10 mil millones.

El ahorro del 2017

Lo que hubiera recibido la AFA en 2017 por los derechos de TV de haber continuado el FPT puede estimarse en $2325,4 millones, una cifra que sale de aplicarle a los $1661 millones de 2016 un incremento del 40%, teniendo en cuenta la inflación del año pasado. Ese es el dinero que el Estado se ahorra de gastar.

En el año calendario 2017, la AFA cobrará: $350 millones de la rescisión del FPT, $1200 millones de la llave en mano del contrato con Fox-Turner y los primeros cinco meses de ese contrato, que entre agosto de este año y julio de 2018 le reportará a la AFA $3226 millones. El total de 2017 será, entonces, de $3163 millones, un 90% más de lo que percibió la AFA en 2016, y un 36% más de lo que hubiera cobrado en caso de haber continuado con el FPT y haber actualizado el convenio de acuerdo con la inflación acumulada en 2016.

Por las compras en Chile, la Argentina recauda en la frontera 1 millón de pesos por día

Por Pablo Mannino - LA NACION - El monto se duplica los fines de semana y los feriados.

Por las compras en Chile, la Argentina recauda 1 millón de pesos por día. Foto: Archivo 

El tan mentado y temido efecto Chile tiene al menos un componente que da un leve respiro a las arcas argentinas: por las compras en el vecino país, se recaudan en la frontera nacional alrededor de 1 millón de pesos promedio por día, según datos oficiales. Claro está que esa cifra queda chica frente al alicaído mercado local, sobre todo de Mendoza y las provincias limítrofes.

El monto que impacta en el fiscal nacional es de unos 23 millones de dólares anuales en concepto del cobro del excedente en la franquicia de la mercadería legal que traen los argentinos tras sus escapadas a la nación trasandina, las cuales se han incrementado notablemente en el último año. Las diferencias en los precios de los diferentes bienes y servicios generaron una avalancha de turistas que optan por cruzar la Cordillera para volver con el equipaje recargado.

El monto se duplica los fines de semana o los días feriados cuando más turistas deciden pasar unas "minivaciones" de shopping en el vecino país, donde existen diferencias de hasta 70% en los precios de los productos, según dio a conocer el diario local El Sol. De hecho, se realizan promociones especiales que resultan en mercadería con valores finales aún más convenientes. Entre los artículos más demandados están los televisores LED (en promedio cuestan 250 dólares), teléfonos inteligentes y calzado, además de todo tipo de indumentaria. Pero, también, se observa cada vez más la compra de mercadería en los supermercados, la que incluye también electrodomésticos.

Ante esta situación, la Dirección Nacional de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), tiene aceitado el mecanismo de cobro en el Complejo Fronterizo Horcones cuando el pasajero sobrepasada el límite permitido de compras a importar. En el caso del viajero por tierra el monto máximo por adulto es de 150 dólares, mientras que por avión la franquicia es de hasta 300 dólares por persona. En cuanto a los menores, la cifra se reduce a la mitad, en ambos casos. De esta manera, una familia tipo, esto es un matrimonio y dos hijos, tiene disponible para ingresar mercadería por un total de 450 dólares si viaja en auto o en micro y de 900 dólares si opta por un vuelo. De sobrepasar estos montos, el Gobierno argentino dispone el cobro de un arancel del 35% sobre la diferencia excedida. Es en estos casos, donde las autoridades están evidenciando un incremento en los productos que los argentinos adquieren en Chile, por lo que la recaudación diaria sólo en Horcones oscila entre los 800 mil pesos y 1,5 millones de pesos por día, los cuales anualizados representan unos 365 millones de pesos (23 millones de dólares).

"No se puede comparar. Así te cobren el excedente, comprar en Chile es impresionante, por la calidad y la cantidad de productos que podés adquirir. Da gusto hacer shopping allá, sobre todo porque ahorrás. Por eso necesitamos que en nuestro país las cosas cambien de verdad y que los comercios dejen de aumentar y sepan hacer promociones", disparó Natalia G., una mendocina, oriunda del departamento de Guaymallén, quien viajó este fin de semana a Santiago de Chile. De hecho, durante el feriado que pasó unas 35.000 personas decidieron cruzar la Cordillera, mientras que durante la temporada estival se registró un promedio diario de unos 2.000 autos particulares (entre 8.000 y 10.000 personas diarias), según las autoridades argentinas. Los números del Servicio Nacional de Turismo de Chile confirman esta tendencia para este año, con un promedio diario de 10.000 personas que ingresen a su territorio, lo que representaría un 30% más que el año pasado, cuando se registró un incremento de 80% en las ventas. Lo que no dejan de provocar malestar entre los viajeros es la demora en cruzar la frontera, que en promedio es de 3 a 5 horas, aunque se registraron casos en el verano de más de 10 horas de espera.

Subastan en Capital un terreno del Ejército y buscan obtener más de u$s 20 millones

Por  FLORENCIA LENDOIRO - Cronista.com

Son 5200 m2, en una zona clave del barrio porteño de Nuñez donde se pueden construir 20.000 m2. Aseguran que el valor inmobiliario supera los u$s 4500 por m2.

En el predio funcionan canchas de fútbol que se desocuparán en un año

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) difundió la subasta de un nuevo terreno público en una zona clave de la Capital Federal. Se trata de un predio de casi 5200 metros cuadrados en Campos Salles y Arribeños, en el barrio de Nuñez. Está rodeado de torres residenciales de lujo, donde el valor inmobiliario supera los u$s 4500 por metro cuadrado. Su ubicación tiene un potencial adicional, está ubicado frente al Tiro Federal donde se proyecta crear el Parque de la Innovación, un mega emprendimiento oficial que concentrará centros de estudios y de investigación, residencias y zonas de recreación impulsado por el gobierno porteño que intenta tener su propio Silicon Valley.

La subasta de este terreno en Nuñez se llevará adelante el 16 de marzo y tiene un precio base de u$s 17 millones. Pero fuentes vinculadas a la operación confían en que no se venderá por menos de u$s 20 millones. La estimación está basada en que allí pueden desarrollarse inmuebles mixtos (residencias y de oficinas), y por la zonificación se podrían construir cerca de 20.000 metros cuadrados.

Actualmente, el predio está ocupado por la firma Bmax (que alquila canchas de fútbol) por un contrato que oportunamente celebró con el Estado Mayor General del Ejército. El plazo de ese contrato ya está vencido y aunque la firma intentó comprar el predio por ser un legítimo ocupante, el gobierno de la Ciudad decidió llevarlo a subasta para transparentar la venta.

Con esa empresa ya se suscribió un convenio de desocupación, que se hará efectivo el 31 de marzo del año próximo "libre de enseres y personas, en buen estado de aseo y conservación, con la totalidad de las obras y mejoras que hubiere realizado", según se explica en el pliego de la subasta. Bmax además, está obligada a pagar en concepto de contraprestación por la ocupación del inmueble hasta la fecha de su restitución, $ 124.500 mensuales.

Para los desarrolladores interesados en este inmueble, esa ocupación no sería problema en principio ya que se descuenta que los trámites, planos y todo lo que debe realizarse antes de comenzar cualquier construcción demora hasta un año. En ese tiempo además, no se necesitará hacer un mantenimiento de la propiedad ni utilizar presupuesto para la seguridad dado que continuará en funcionamiento.

En el mercado, ya hay varios interesados en participar de la subasta. Se calcula que con el precio estimado el valor de incidencia de la tierra en el proyecto es de u$s 850. En terrenos de esas características, de los que además hay muy pocos actualmente en la Capital Federal, la incidencia supera los u$s 1500.

Si el valor de la construcción oscila también los u$s 1500, como explica Damian Tabackman (responsable del criterio inmobiliario incluido en el proyecto urbanístico que ganó el concurso del Parque de la Innovación), el margen que se obtiene por metro cuadrado en el eventual desarrollo que se genere será muy alto.

En el edificio Chateau, ubicado en la manzana contigua al terreno que sale a subasta, están a la venta departamentos a valores que superan los u$s 4500.

Hoy mismo el inmueble de Campos Salles estará en exhibición mientras que la subasta se llevará a cabo el jueves 16 al mediodía en la sala "Néstor Kirchner" de la AABE. Se necesita inscripción previa para participar.

El Banco Central destruirá 10 millones de billetes por día

Por Francisco Jueguen - LA NACION

Por el excedente de papeles, impulsa la eliminación de $ 1000 millones cada 24 horas; quiere que en entidades como Pago Fácil se pueda abonar con débito

Podría decirse que la Argentina tiene su propio Fort Knox. Debido a la decisión del Banco Central de no aceptar más efectivo de los bancos privados, sumado a la baja demanda de crédito en pesos, las mejores tasas en dólares y el blanqueo de capitales, entre otras causas, los bancos rebasan de efectivo, lo que tiene un costo logístico del que nadie quiere hacerse cargo.

La situación no es inocua y puede tener impacto. Las entidades financieras advirtieron que cobrarían una tasa a los depósitos en efectivo de las compañías privadas y éstas amenazaron con trasladarles ese costo a los consumidores. En ese marco, el Central aceleró su proyecto para impulsar el uso de medios de pago electrónicos y su capacidad de destrucción de billetes. Por eso, los bancos aplazaron su amenaza por 180 días.

Por el excedente de papeles, impulsa la eliminación de $ 1000 millones cada 24 horas. Foto: Archivo

Una de las medidas que prevé impulsar el Central es, por ejemplo, que las recaudadoras extrabancarias (Pago Fácil y Rapi Pago, entre otras) puedan recibir pagos con tarjeta de débito o transferencias y así reducir los depósitos en efectivo.

Pero además el Gobierno aceleró la eliminación de billetes deteriorados. La entidad profundizó ese último proceso gracias a una nueva máquina recientemente adquirida con ese objetivo por los bancos privados y prestada al BCRA. Se espera estar a la brevedad en condiciones de destruir alrededor de 10 millones de billetes por día, principalmente de $ 100. Se esfumarían así cerca de $ 1000 millones cada 24 horas.

"No hay que asustar a la gente. No hay un plan para que tengan que traer los billetes de $ 100. Van a tener validez un tiempo todavía", dijeron en el BCRA. Sin embargo, allí ya apretaron el acelerador. Desde que entró en funcionamiento la nueva máquina, se viene aumentando la cantidad de billetes destruidos. Por caso, en enero, se trituraron el equivalente al 40% del total de 2016.

En la misma sintonía, según el banco rector, en 2016 la cantidad de transacciones con tarjeta de débito creció un 16% y con tarjeta de crédito, un 11%, según la Cámara de Tarjetas (Atacyc). En tanto, las transferencias electrónicas (vía home banking, aplicaciones de celulares o cajeros) crecieron entre 2015 y 2016 -según el BCRA- un 30% medido en cantidad de operaciones y un 69% si se lo mide en montos.

Por otro lado, aunque parecen difíciles de hallar en la calle, en el Gobierno afirman que cada vez circulan más billetes de $ 200 y $ 500 para reemplazar la gran emisión de billetes de $ 100 que hasta 2015 impulsaba el kirchnerismo para no reconocer la inflación. En la actualidad, los dos billetes de más alta denominación ($ 200 y $ 500) son el 24% del circulante. En tanto, los de $ 100 pasaron en un año de representar el 91% a ser hoy el 70%.

¿Por qué sobra efectivo? Los dólares se quedaron en los bancos tras la salida del cepo gracias a las buenas tasas. Luego de que bajaron, muchos se pasaron a letras, que una vez pagadas quedaban en las entidades. A eso se sumó el éxito del blanqueo de sumas pequeñas y en efectivo, obligadas a permanecer en cuentas hasta fines de este mes. A pesar de que se registró menor emisión que durante 2015, el sobrante de pesos tiene que ver con la baja demanda de créditos. Además, en las últimas semanas se sumó que muchos bancos desarmaron sus posiciones en Lebac. Fuentes privadas estiman que hay $ 35.000 millones que los bancos no quieren guardar. Todo se agravó a fines de diciembre pasado, cuando el BCRA dejó de recibir el efectivo de los privados, también por falta de espacio, y buscó para eso crear un mercado de oferta y demanda de billetes entre entidades, que ya está operativo.

El BCRA ya impulsó la gratuidad de las transferencias electrónicas para las personas, de las cajas de ahorro con tarjeta de débito, los alias CBU (ya hay 120.000) y la habilitación de nuevos medios de pago, como las billeteras electrónicas o los POS móvil. No obstante, la decisión de profundizar estos medios ya pone en alerta a algunos sectores, como los transportistas.

La otra deuda interna: el Estado enfrenta demandas por más de $ 244.500 millones

Por Diego Cabot - LA NACION

La cifra corresponde sólo a aquellas cuyo monto está determinado y excluye los juicios jubilatorios; en total, son 603.426 expedientes; a su vez, el Estado es reclamante en causas por $ 221.551 millones.

Se necesitan 12 cifras y un poco de imaginación para entender lo que significa la monstruosa cantidad de pesos que suman los millones de juicios que tienen al Estado como reclamante o como demandado.

El Estado nacional, los organismos autárquicos y las empresas privadas acumulan 2.279.969 causas, un magma de papeles y de reclamos cruzados que es difícil de mensurar. Sólo para poner una métrica que se entienda. Si cada expediente acumulase tres cuerpos de papel (en general tienen más) y se pusieran uno arriba del otro, la pila de expedientes tendría 456 kilómetros de altura, algo así como unos 1425 edificios de 20 pisos. ¿Será justicia?

La cuenta que se acumula detrás de millones de fojas es también impresionante. De acuerdo con los datos que maneja la Procuración del Tesoro de la Nación, la Argentina es demandada en 603.426 expedientes, de los cuales sólo 309.479 son los reclamos que se hicieron en los últimos 15 años por los jubilados por diferentes razones que tienen que ver con los desajustes jubilatorios del kirchnerismo. El resto de las demandas, la gran mayoría patrimoniales, llegan a 293.947 juicios.

Si se excluyen las demandas jubilatorias -la reparación histórica en marcha terminará con una gran cantidad de ellas-, el monto que en su conjunto se le reclama al Estado es de 12 cifras: los expedientes en trámite en los cuales está nominado el monto suman 244.509 millones de pesos. Carlos Balbín es el procurador del Tesoro de la Nación. "La gran mayoría de los juicios contra el Estado son patrimoniales. Esa cifra, en realidad, sólo contiene los juicios cuyo monto está determinado, los otros, claro está, no se incluyen", dijo a LA NACION. Todo eso sin contar los reclamos jubilatorios.

El Estado no sólo es el más demandado del país, sino también el que más juicios tiene iniciados. De aquel total de 2,27 millones de pleitos, existen en el país 1,676 millones de juicios en los que es el reclamante y que suman 221.551 millones de pesos. En ellos los abogados de organismos públicos, centralizados o descentralizados y de sociedades estatales tratan de cobrar dinero de particulares o empresas.

"Desde hace un año que estamos con el trabajo de poner al día este registro de juicios en los que el Estado es parte. Cuando llegamos encontramos cierta desorganización en los datos, ya que algunas reparticiones no informaban o lo hacían mal o con algún tipo de faltante de datos", dijo Balbín.

El servicio jurídico del Estado tiene como último responsable a la Procuración del Tesoro de la Nación. Pero este vértice de la pirámide legal estatal no quiere decir que esta repartición tenga todas las representaciones. Cada uno de los organismos, centralizados, autárquicos o sociedades del Estado, tiene su departamento jurídico. "Salvo algunas causas, la Procuración del Tesoro sólo entiende cuando algún ministro pide explícitamente la intervención de este cuerpo de abogados", dice Balbín. Eso sí, cada una de las partes que inician un reclamo debe informar en un determinado plazo a la procuración, aunque los abogados defensores sean de un determinado departamento legal. Ése es el caso del polémico juicio del Correo Argentino en el que el grupo Macri reclama una millonaria indemnización al Estado. Iniciado en junio de 2016, jamás se informó a la procuración. Hace una semana, el Gobierno se presentó y pidió la caducidad de instancia, una manera de terminar el proceso por la inactividad de la parte actora por seis meses.

Balbín cree que este número está cercano a lo que efectivamente ocurre. "Es una reconstrucción artesanal la que hacemos desde hace meses, ya que no estaba unificado el registro. Pero creo que estamos cerca del número final. Además, hay ciertas empresas públicas que consideran que no están obligadas a entregar la información, por eso se podría sumar algo más", contestó. La obligación de informar cada proceso estaba regulada desde 2000, pero el año pasado se firmó una resolución para poner plazo de entrega de los datos.

De las 293.947 demandas que el Estado tiene en su contra, una vez descontados los juicios de los jubilados, 158.903 son por reclamos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Ése es otro de los enormes pasivos que se gestaron en los últimos años también de la mano de diferencias en el sistema de retiro de los militares. En el Gobierno dejaron traslucir que también se le busca una salida a esta enorme deuda previsional que se ha judicializado.

Entre las demandas están los llamados "temas especiales". Dentro de ese ítem se cuentan 26.370 causas, la gran mayoría con reclamos millonarios. Los expedientes que se iniciaron tras la explosión del arsenal de municiones en Río Tercero, los que vinieron detrás del incendio de Cromagnon, los que aún están pendientes sobre el atentado de la AMIA o los daños y perjuicios que promovieron las víctimas de la tragedia de Once son algunos de ellos. Además, están algunas ejecuciones fiscales, todos los reclamos de empleados públicos y los expedientes que tramitan como consecuencia de la acción del Estado y que pudieran haber afectado a la propiedad participada que se les entregó a los empleados cuando se privatizaron los servicios públicos. Los accidentes ferroviarios también se cuentan de a miles. Sucede que aunque haya un concesionario la responsabilidad del Estado se mantiene, ya que es el dueño de la cosa (en este caso, la formación ferroviaria o la infraestructura) y como tal es responsable de los daños que cause.

Por otros temas jurídicos, con variedad suficiente como para escribir tomos y tomos de maneras de demandar al Estado, se tramitan 108.674 causas.

Los poco más de 1,676 millones de expedientes en los que el organismo público es reclamante son, mayoritariamente, ejecuciones fiscales de la AFIP. Pero dentro de ese magma de pleitos existen juicios del Banco Central, de los ministerios de Economía y Trabajo, y de los entes reguladores de servicios públicos, entre otros.

Juan Javier Negri, abogado socio del estudio Negri & Pueyrredón, explica que en la Argentina el Estado no es uno más a la hora de estar en juicio, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, sino que tiene varias prebendas, sea como actor o como demandado. "Por ejemplo, para iniciar juicio hay que extinguir la vía administrativa", dijo.

Negri dice que uno de los puntos más importantes y que explican la impresionante cifra de juicios con el Estado como parte tiene que ver no sólo con la cantidad de actividades que desarrolla, muchas ajenas a la actividad estatal propiamente dicha, sino a la prohibición de llegar a acuerdos con la contraparte. "Eso impide tomar decisiones racionales acerca de continuar o acabar con juicios que duran años y cuyo costo de gestión supera largamente cualquier posible resultado negativo", advierte.

Así, por años, muchas agencias de abogados del Estado se convirtieron en "apeladores seriales", una manera de pasar la responsabilidad al último tribunal que entendió en la causa. "Es imposible el control expediente por expediente. Nos abocamos a finalizar el registro y hacer auditorías de juicios por muestreo", dice Balbín.

Carlos Balbín - Procurador del tesoro - "Desde hace un año que estamos con el trabajo de poner al día este registro de juicios en los que el Estado es parte. Cuando llegamos encontramos cierta desorganización en los datos, ya que algunas reparticiones no informaban o lo hacían mal"

Una maraña de expedientes

309.479 Causas en trámite que tiene en contra la Anses - Son los reclamos que se hicieron en los últimos 15 años por los jubilados por diferentes razones que tienen que ver con los desajustes de haberes.

293.947 Causas contra el Estado más allá de la Anses - Son las demandas que tienen a los jubilados como protagonistas. Son principalmente reclamos de efectivos de Fuerzas Armadas y de seguridad.

244,5 Son los miles de millones que se le piden al Estado - Si se excluyen las demandas jubilatorias (la reparación histórica terminará muchas de ella), ése es el número por el que se demanda al Estado.

221,5 Son los miles de millones que el Estado demanda - Es el monto que el Estado, desde sus organismos, les reclama, a través de diferentes causas, a miles de particulares o empresas privadas.

26.370 Expedientes "especiales" en litigio - Éstas son las causas que suman por ejemplo, el programa de propiedad participada, empleo público, ejecuciones, AMIA, tarifas y Río Tercero, entre otros.

1,6 Millones de litigios con el Estado como actor - Ésa es la cantidad de juicios que tienen al Estado como actor iniciador de la demanda a través de diversos organismos, como AFIP, BCRA o Trabajo.

Revisarán subsidios a empresas del Estado por más de $ 32 mil millones (II)

Por Patricia Valli - Perfil.com

Desde Fabricaciones Militares hasta el astillero Tandanor, en el Gobierno buscarán aplicar la misma receta de Aerolíneas: que sean más rentables para que insuman menos presupuesto.

RIO TURBIO. Tiene presupuestados unos $ 3.818 millones. Modificaron el contrato de la Central Termoeléctrica. Foto:CEDOC PERFIL 

Un grupo de empresas del Estado insumen cerca de $ 32 mil  millones en subsidios y son el nuevo objetivo del Gobierno Nacional para seguir adelante con el ajuste fiscal “quirúrgico” con el que se busca llegar a un rojo de 2,2% en 2019. 

La cifra total de subsidios económicos es mucho más abultada: llegan a $ 263.825 millones en el Presupuesto 2017, un 12,7% menos que en 2016 por la revisión de subsidios y tarifas de energía –con  una baja del 16% de los fondos para Cammesa o el 36% menos para Enarsa–. Uno de los casos más resonantes fue el de Aerolíneas Argentinas que recibirá $ 800 millones menos en el año, según detalla un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto e Información Financiera (ASAP).

En ese tren de pensamiento, en jefatura de Gabinete consideran que las empresas públicas “menos conocidas” insumen miles de millones de pesos en subsidios y que deberán mejorar su performance en los próximos meses. “Deben empezar a ser rentables y generar sus propios ingresos”, dicen cerca de Marcos Peña, y repiten nombres como Tandanor, Fabricaciones Militares o Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Consideran que deben seguir la misma lógica que Aerolíneas Argentinas.

Algunas de las empresas que recibirán parte de las transferencias que tiene en la punta de la tijera el Gobierno son Nucleoeléctrica SA, con $ 5.500 millones; Trenes Argentinos (Operadora Ferroviaria SE), por $ 3.556 millones; ADIF (la administradora de infraestructura ferroviaria), por $ 3.370 millones; o Dioxitek, la productora de dióxido de uranio, por $ 983 millones.

En el último año, el Presupuesto pasó de casi $ 25 mil millones en 2016 a los cerca de $ 32 mil millones y un objetivo viable podría ser volver al valor del año pasado.

En el caso de Fabricaciones Militares, la reducción llegó con el Presupuesto un 15% menor para el 2017, después de un 2016 que arrancó con 140 despidos.  En empresas como el astillero Tandanor, que tiene presupuestados $ 30 millones en transferencias de la Administración Nacional, en diciembre del año pasado empezó a verse el recorte, con cincuenta cesantías.

Tensiones. Otra de las públicas que mostró conflictos laborales fue Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, donde hubo ochenta despidos este año, mientras que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, suspendió una norma que regulaba el contrato de la obra pública de la Central Termoeléctrica a carbón, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de la central. Para este año el Gobierno presupuestó en total $ 3.818 millones.

La letra fina para ver por dónde cortar es de difícil definición, incluso para los que conocen las planillas de Presupuesto. El cuadro de transferencias para las empresas del Estado del Presupuesto Consolidado total también destina $ 336 millones para VENG SA, una firma de la industria aeroespacial y de aviación que toma su nombre de “Vehículo Espacial de Nueva Generación” y depende de la Conae, aunque se define como de “financiación privada”.

Radio y Televisión Argentina SE  también entra en la lista, con $ 60 millones, y LT10, con 1,2 millones. Para los funcionarios, “todo el chiquitaje suma”.  Las no tan chicas son AYSA (Aguas Argentinas), con $ 13 mil millones, o Belgrano Cargas y Logística, con $ 1.020 millones en la planilla de empresas del Estado. Por fuera, a través de Transporte o Interior, el monto de subsidios para estas empresas es mucho mayor, como en el caso de Enarsa, con $ 1.800 millones que en el global, sin embargo, se tranforman en 10 mil millones. 

En un año, siete empresas estatizadas perdieron $ 66 mil millones

Por Walter Giannoni - La Voz

Mejora, pero falta. Fadea tuvo en 2015 un déficit de 1.500 millones de pesos, según una auditoría oficial. El año pasado bajó a 650 millones. (Sergio Cejas)

• Cada año el Correo Argentino genera un rojo operativo acumulativo que como mínimo triplica la deuda que le reclama al Grupo Macri.
• Sólo siete de las empresas y servicios más emblemáticos, reestatizados por el kirchnerismo, tuvieron rojos, el año pasado, por $ 66.000 millones.

El escándalo político ocasionado por el ahora caído acuerdo entre el Estado nacional y la empresa residual Correo Argentino SA (Casa) volvió a poner sobre la mesa el debate, jamás cerrado del todo, sobre las privatizaciones en la Argentina. Aunque, en rigor, de lo que debería hablarse es del resultado de las “reestatizaciones” efectuadas por el kirchnerismo entre 2003 y, la última, en noviembre de 2015.

En 34 años de régimen democrático, la clase política, con el consenso de sectores empresariales, reeditó en dos ocasiones un viejo éxito: mantener empresas estatales sumamente deficitarias, luego privatizarlas en busca de mejores resultados operativos que por distintas razones pocas veces llegan, para después volver a estatizarlas y encontrarse, otra vez, con rojos intensos en los balances que terminan pagándose por vía del presupuesto nacional y aportando a un desequilibrio fiscal que se cubre con inflación o con endeudamiento.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), 2016 terminó con un déficit fiscal de 430 mil millones de pesos, unos 28 mil millones de dólares a diciembre, que requirieron financiamiento interno y externo. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de prometer que el déficit global caerá a razón de un punto del PBI por año, hasta quedar en 2,3 puntos porcentuales en 2019.

Si bien el grueso del déficit contiene los gastos que demandan los subsidios energéticos y pagos de servicios de deuda, las empresas y los servicios reestatizados se llevaron una gruesa porción de la torta.

Si se suman sólo siete de los casos más emblemáticos, el desequilibrio total, que requiere ser cubierto con fondos públicos, fue, en 2016, de 66.040 millones.

Por caso, el actual Correo Argentino propiedad precaria del Estado, verificó en 2016 un déficit operativo de 2.800 millones de pesos. Ese servicio había sido privatizado en 1997, pero en 2003 Néstor Kirchner lo reestatizó por decreto bajo una figura jurídica endeble que el Congreso de la Nación debería algún día revisar aún si su intención fuese mantenerlo como un activo público.

Hace 14 años, para relanzar el “éxito” del correo estatal, Kirchner se valió del incumplimiento en el pago de canon por parte del Grupo Macri por 296 millones de pesos/dólares luego pesificados (como sucedió con todos los contratos). A la vez, Socma, la titular del quebrado Correo Argentino SA, le reclama al Estado la friolera de 2.364 millones de pesos por los activos confiscados, dado que la gestión privada había incorporado equipamiento que no le fue devuelto, entre otros argumentos.

Pero más allá de cómo termine esta pulseada de connotaciones políticas y judiciales, lo cierto es que el Correo mantiene hoy un déficit operativo creciente que saltó tres veces en tres años.

En números gruesos pierde 7,7 millones de pesos por día, incluyendo fines de semana y feriados. Ya en 2010, perdía 1.200 millones, es decir, triplica la deuda que se le reclama Socma. Esa cifra se repitió y amplió en todos los años sucesivos.

Se fue a las nubes

Otro viejo longplay que suena una y otra vez en el giradiscos del Estado es el de Aerolíneas Argentinas. Nunca pasa de moda. La llamada “línea de bandera” –en el mundo ya casi no las hay– perdió 3.800 millones de pesos el año pasado. Esta vez fue Cristina Fernández de Kirchner la que la devolvió a la cuna del presupuesto oficial, en 2008.

Es una verdad indiscutible que Interinvest, la financiera del grupo español Marsans, había causado estragos en la estructura, en la flota y en las rutas de la empresa. Desde el vamos, aquel 3 de septiembre en que el Senado autorizó al Gobierno a proceder con el “rescate”, el Estado asumió una deuda de 890 millones de dólares que había dejado el español Gerardo Díaz Ferrán, condenado y encarcelado por la justicia española por evasión fiscal.

Pero después de esa experiencia, Aerolíneas y Austral no pararon de perder plata. Dos mil millones en 2009 hasta 3.800 millones el año pasado, lo que supone casi 11 millones por día. La actual gestión procura bajar el rojo a 600 millones en el año, una meta difícil de alcanzar por varios motivos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) es otra carátula conocida en los anaqueles del recuerdo. En abril de 2012, CFK procedió a expropiar el 51 por ciento que tenía Repsol. Para terminar el vínculo, en 2014, justo cuando el petróleo volaba a los precios más altos de la historia, el ministro Axel Kicillof emitió deuda por 6.150 millones de dólares para pagar la confiscación que, al principio, había dicho que no pagaría.

Tras cuatro años de operación estatal, YPF concluyó 2016 con un déficit de 31 mil millones de pesos. Para 2017 existe la expectativa de que ese rojo operativo disminuya, lo cual ha envalentonado a los mercados financieros donde los papeles de la petrolera trepan. Normalizarla llevaría unos cinco años, dicen en el Gobierno.

Aunque sus servicios no alcanzan directamente al interior del país, todos los argentinos aportan con sus impuestos para sostener el déficit de una empresa de servicios de Buenos Aires: Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Néstor Kirchner echó de la concesión al grupo francés Suez en 2006, luego de haberle mantenido las tarifas congeladas durante tres años. Hace unos días, el Estado le aportó 500 millones de pesos adicionales para que pueda operar, pero su rojo operativo se sitúa en 5.100 millones de pesos.

Los grandes éxitos del Estado también encuentran un disco simple en Córdoba. Se trata de la rebautizada Fadea, la ex Fábrica Militar de Aviones que en los ’90 Carlos Menem dio en concesión a la norteamericana Lockheed y que CFK colocó en la discoteca pública en marzo de 2009. En 2015, perdió 1.500 millones de pesos pero no consiguió fabricar ninguna aeronave que vuele. Para este 2016, ese desfasaje habría cerrado en 650 millones y se proyectan 250 millones en 2017.

Cierra la lista un grande de todos los tiempos: en octubre, la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) estimó que para fin de 2016 iba a necesitar subsidios por 20.800 millones sólo para gastos operativos (o sea, sin contar las inversiones, que la Nación financia por cuerda separada).

Mucha plata en juego para un país cuya batalla principal es sacar de la pobreza al 35 por ciento de sus habitantes.

Siete casos de empresas y servicios estatizados o reestatizados

Correo Argentino. Fue reestatizado en noviembre de 2003 por Néstor Kirchner, tras cinco años de gestión del grupo Socma (Macri) que generó millonarios reclamos cruzados. Su déficit operativo de 2016 llegó a 2.800 millones de pesos. Cuenta con unos 16 mil empleados.

Aysa. Aguas y Saneamiento SA, que sirve sólo al Gran Buenos Aires, requirió en 2016 de $ 5.100 millones de la Nación para cubrir su déficit, aún contabilizando los recursos que aportan las recientes subas tarifarias.

YPF. El 51 por ciento de las acciones de la petrolera volvieron al Estado en abril de 2012, lo que se presentó como una gesta. Para ello, tiempo después, se le entregaron a Repsol bonos por 6.150 millones de dólares. Terminó el año pasado con pérdidas por 31 mil millones de pesos.

Fútbol para Todos. En 2009, AFA rescindió el contrato para las transmisiones de TV con TyC. El Estado se comprometió a pagar 600 millones al año y recuperarlos con publicidad. Pero en 2016 pagó 1.890 millones. Los gobiernos K usaron el espacio publicitario para propaganda.

Aerolíneas Argentinas. En septiembre de 2008, el Estado compró Interinvest (propiedad de Marsans) y asumió una millonaria deuda. Fue un coto para militantes de La Cámpora. Llegó a los 12.200 empleados. El año pasado concluyó con un déficit de 3.800 millones de pesos.

Fadea. El Estado le quitó la concesión a Lockheed en noviembre de 2008. Fue un reducto de militancia y terminó 2015 con un déficit de 1.500 millones de pesos. No salió de allí ningún avión. Para fin de año se estima bajar a una pérdida de 250 millones de pesos.

Ferrocarriles. En octubre, la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) estimó que para fin de 2016, su recaudación sólo alcanzaría al 6% de sus gastos totales. Necesitaría subsidios por 20.800 millones. Eso sin contar las inversiones, que la Nación financia aparte.

Otras estatizaciones. Yacimientos Carboníferos Fiscales (noviembre de 2015), Espacios Radioeléctricos (enero de 2004), Astillero Tandanor (abril de 2007). Lafsa (Líneas Aéreas Federales).

Gracias Kristina...

Un Estado excedido de peso

Por Néstor O. Scibona - LA NACION

Una política fiscal coherente debería abordar problemas estructurales del sector público, que agregan costos y complican la vida cotidiana.

Foto: Alejandro Agdamus

Las metas fiscales que se apresta a anunciar Nicolás Dujovne exceden el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda, en la medida en que no abarquen los problemas estructurales del sector público a nivel nacional, provincial y municipal agravados en los últimos años hasta convertirse en una hipoteca para el futuro económico.

El año electoral no es el más propicio para acordar políticas sustentables de mediano y largo plazo, aunque se hayan reanudado contactos con gobiernos provinciales para esbozar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, pendiente desde 1994 cuando se incluyó como objetivo constitucional. A su vez, la reforma tributaria integral prometida por la Casa Rosada deberá esperar por lo menos hasta 2018. Mientras tanto, la reducción del peso del Estado en la economía depende del incipiente repunte del PBI que está condicionado por la alta presión impositiva en todas las jurisdicciones y aun así no alcanza para cubrir la fuerte expansión del gasto público generado por el populismo de la era K. Si bien fue reorientado, tampoco disminuyó nominalmente en el primer año de gestión de Mauricio Macri.

En medio de las polémicas políticas de los últimos días por la deuda del Correo y la movilidad jubilatoria, quedó relegado a segundo plano un revelador informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) a propósito del plan oficial de modernizar el Estado a través de la capacitación de 80.000 empleados públicos. Idesa pone de relieve que en el período 2012/2016 fueron sumados 483.000 empleados públicos a los tres niveles de gobierno (con un incremento de 16,1% sobre un plantel de 3 millones), mientras que en el sector privado la creación de empleos registrados alcanzó a 120.000 (apenas 2% sobre 6 millones). 

O sea que por cada nuevo empleo privado se crearon 4 en el sector público, donde el gasto salarial representa 14% del presupuesto nacional y 65% promedio en provincias y municipios. La entidad sostiene que en este periodo incidió el uso del Estado para premiar la militancia política o congraciarse con familiares, amigos u otro tipo de compromisos, con lo cual se agravaron los problemas estructurales de sobredotación de empleo público. "No hay conciencia de que incorporar al Estado gente que no se necesita es tan dañino como cobrar sobreprecios en la obra pública", sentencia. De hecho, el exceso de gasto público implica altos impuestos e inflación, pero no se traduce en mejores prestaciones en áreas clave como educación, salud, seguridad y justicia.

A partir de esta realidad, Idesa advierte que el primer paso para avanzar en la modernización del Estado es replantear funciones, para evitar la superposición de programas nacionales con provinciales y el derroche de recursos. También propone revisar la garantía de estabilidad laboral en el empleo público, cuya aplicación extrema -señala- excede el espíritu de evitar manipulaciones y arbitrariedades e incentiva la falta de compromiso.

Por cierto que una reforma estructural de estas características demandará tiempo y amplio consenso político. No sería viable reducir a corto plazo la sobreocupación estatal, que operó como un virtual seguro de desempleo, sin consecuencias sociales. Pero dejar todo como está equivaldría a no aggiornar obsoletos convenios laborales anteriores a la era digital; ni eliminar rigideces para reasignar recursos humanos, ni suprimir trámites burocráticos que muchas veces suponen ingresos para "cajas" políticas.

Si bien el Congreso Nacional debería ser el ámbito para este debate, su vocación de austeridad es dudosa: cada diputado o senador es desde hace años una suerte de pyme, con un promedio de 35 empleados entre secretarias, choferes y asesores rentados. Uno de los acuerdos para votar el Presupuesto 2017 asignó unos $ 2000 millones al gobierno de Córdoba para cubrir parte del déficit de la caja jubilatoria provincial, que paga jubilaciones de privilegio de hasta $ 220.000 mensuales a jueces y legisladores retirados. El Poder Judicial resiste el pago del impuesto a las ganancias, limitado ahora a nuevos jueces. Y el gobierno de Macri debió superponer una capa burocrática propia para manejar el Poder Ejecutivo, con la designación o contratación de funcionarios más allá de los cargos políticos.

De todos modos, el año electoral podría ser aprovechado por la Casa Rosada para diseñar y proponer nuevas reglas a mediano plazo. Hay sondeos con gobernadores para acordar una ley de responsabilidad fiscal con horizonte hasta fin de 2019. Más complicado será reducir o reemplazar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, que en promedio ya representan el 75% de los recursos propios de las provincias.

Mientras tanto, también podría avanzarse en otras correcciones donde el Estado complica la vida cotidiana.

El último ajuste de peajes en el AMBA, que coloca a las tarifas en horas pico por encima de Estados Unidos y países europeos, no fue justificado en futuras obras. No es la única penuria que deben padecer automovilistas y transportistas. Quien compra un 0 km no sólo debe pagar por patentamiento el 6/7% del precio total. Al vender y transferir su modelo usado, tiene que llenar varios formularios manuscritos y por triplicado. Y aunque el libre deuda de infracciones puede bajarse de la Web, no es válido sin un timbrado de $ 125. Como la transferencia no siempre es registrada a tiempo, es posible que reciba citaciones por multas o deudas posteriores y demostrar personalmente que el vehículo ya no le pertenece. Además, el gobierno porteño obliga a grabar la autopartes, a un costo de $ 650 y sin noticias de que esa obligación sea fiscalizada hasta el momento de venta. Resultado: una innecesaria pérdida de tiempo y dinero. Por otro lado, prevé extender las multas fotográficas por mal estacionamiento pese a la escasez de espacios públicos y privados. Pero mantiene en pie una ordenanza de 1977 que permite la construcción de edificios de varios pisos y no más de 4/5 cocheras, pese al boom inmobiliario y el crecimiento del parque automotor.

A la hora de transitar, en la CABA las obras de repavimentación suelen incluir el cartel "Juntos seguimos avanzando". Pero rara vez otro que advierta con algunas cuadras de anticipación sobre el corte de calles o avenidas. En lugar de avanzar, hay que desviarse hacia un inesperado embotellamiento, o bien retroceder para evitar más pérdidas de tiempo.

nestorscibona@gmail.com

Tras alentar la llegada de las low-cost, quitan subsidios a micros de larga distancia

Por  NURIA REBÓN - Cronista.com

El Ministerio de Transporte justificó que con el alza de 20% en los precios en 2016 pueden absorber los costos. De todos modos, ayer giró $ 200 millones al sector

Ayer, las empresas recibieron $ 200 millones en subsidios correspondientes a los últimos tres meses de 2016. 

Los micros de larga distancia manifestaron ayer su fuerte preocupación por la decisión del Gobierno de quitar los subsidios que venía recibiendo el sector, medida que afectaría a los pasajeros, que no suelen ser de altos recursos, y también complicaría la negociación salarial de marzo, al no poder contar con ese dinero extra.

El Gobierno fijó ayer la quita de los subsidios que recibía el sector, a través del cambio de una norma en el Boletín Oficial, porque "los incrementos de tarifa autorizados durante 2016, de un 20%, permitieron que los ingresos globales de las empresas les permitieron absorber los costos del servicio", explicó un vocero a El Cronista.

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), explicaron que, con esta medida, los micros de larga distancia serán el único medio de transporte público en no recibir subsidio. Según la entidad empresaria, el sector es el que menor porcentaje de subsidio venía percibiendo en función del valor final que abona el pasajero. "En las negociaciones salariales de marzo tendremos problemas para solventar los aumentos. El fin de los subsidios afecta al usuario, que tendrá que pagar todo el costo del boleto", explicaron desde la Cámara.

Y aseguraron que "en los colectivos urbanos cerca del 70% del pasaje es subsidiado; en el tren llega al 90% y en el transporte aéreo, de 40% en el caso de Aerolíneas, pero todas las aéreas cuentan con subsidio en el combustible JP1". En larga distancia, aseguraron que "apenas" llegaba al 10% del pasaje. Es decir. es el transporte en donde mayor porcentaje abona el pasajero. "No tenemos ningún subsidio de combustible, insumo que representa el 37% de nuestros gastos. Estamos en condición de desigualdad", se quejaron.

En tanto, el Gobierno sólo seguirá abonando a los micros una compensación por los boletos de personas discapacitadas y transplantadas, o en lista de espera para recibir transplante, pasajeros que viajan gratis en los ómnibus. "Transportamos tres millones de personas al año en forma gratuita, sobre 37 millones de pasajeros, pero ese dinero que nos da el Estado apenas cubre el 25% del valor del boleto. Mientras tanto, los aviones no ofrecen pasajes gratis a personas con discapacidad", denunciaron desde la Celadi a El Cronista.

Los reclamos comenzaron con la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Resolución 53-E/2017 del Ministerio de Transporte, que modifica la Resolución 513 de 2013. La norma establece el pago de $ 201 millones como forma de compensación "única" por octubre, noviembre y diciembre del año pasado para la reconversión de ciertas rutas donde la competencia de las aéreas "hacen inviable" que las tarifas de los micros se trasladen hacia "la banda tarifaria superior". Pero la resolución aclara que será la "única compensación" por este concepto. En Transporte explicaron que se cambió la fórmula para esos meses porque "no todos los operadores pudieron incorporar los incrementos de tarifas de la misma manera y en el mismo tiempo". Agregó que, en este sentido, existen ciertos corredores en los que la incidencia de la competencia intermodal con el transporte aéreo requirió un plazo de tiempo mayor para incorporar dichos incrementos.

Según la Celadi, hasta septiembre de 2016 los fondos se destribuían según la cantidad de empleados de cada firma, rutas con alta competencia de aéreas y por las personas discapacitadas que viajan gratis. En el caso de los últimos tres meses abonados se repartirá en función de las rutas y por personas con discapacidad trasladadas, pero no por empleados. Las firmas dicen que así sólo algunas podrán compensar los pasajes gratuitos. Es más, este año, se mantendrá nada más que la compensación a los boletos gratuitos a personas con discapacidad por hasta $ 15 millones por mes para garantizar la disponibilidad de las plazas.

Pero no habrá más que eso. En la resolución se argumenta haberse acreditado el equilibro de la "ecuación económica" de las empresas. Por eso, se concluye "que la asistencia del Estado Nacional podría retirarse, una vez finalizado un período prudencial de recaudación con la nueva tarifa, estimado en 45 días" (de octubre a diciembre de 2016)". En noviembre se fijó la posibilidad de futuros ajustes, como la fluctuación dentro del ancho de la banda tarifaria, por lo cual este año "no sería necesaria la asistencia del Estado para garantizar la sustentabilidad económica del servicio".

El Gobierno quiere atar el reparto a las provincias a su desempeño fiscal

Por Jaime Rosemberg - LA NACION

Frigerio y Dujovne propondrán hoy a los ministros de Hacienda provinciales un nuevo esquema de distribución; estará basado en sus necesidades, pero también en sus mejoras en materia de recaudación y equilibrio fiscal.

Quintana, Frigerio, Peña, Macri, Triaca y Lopetegui, ayer, en Olivos, durante una reunión de coordinación. Foto: Presidencia.

Se prevé una discusión intensa, con varios puntos por tocar y temas sensibles que provocarán escozor en más de un gobernador. El Gobierno, en la voz de los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), recibirá hoy en la Casa Rosada a los ministros y secretarios de Hacienda de las 24 provincias para avanzar en el proyecto para una nueva ley de coparticipación, un debate que lleva más de dos décadas sin resultados concretos desde que el mandato constitucional de 1994 estableció la necesidad de una nueva norma para regular el reparto.

Según confirmaron a LA NACION en Interior, la Casa Rosada tiene previsto incluir hoy en el temario una reforma tributaria, modificaciones sustanciales a la actual ley de responsabilidad fiscal y hasta temas calientes de agenda nacional, como las paritarias docentes y el proyecto para las ART que se discute en la Cámara baja y que el Gobierno espera ver convertido en ley mañana.

Pero la discusión por la coparticipación tendrá un eje polémico: el Gobierno quiere que las "capacidades" de recaudación de cada provincia sean tomadas en cuenta tanto como sus necesidades de gasto indispensable para obtener de esa ecuación el reparto del dinero coparticipable. En otras palabras, y como lo detalló uno de los funcionarios que accedieron al borrador que presentarán a los ministros, "que ya no sea negocio fabricar pobres para recibir mayor porcentaje de dinero del Estado nacional".

En principio, desde el Gobierno confirmaron las presencias de todas las administraciones provinciales, aun las que mantienen relaciones tirantes con el Gobierno, como Formosa (donde gobierna Gildo Insfrán), La Pampa (gobernada por Carlos Verna) y San Luis. La base para un nuevo reparto de fondos saldría del esquema actual de "coeficientes fijos", por los cuales hoy LA NACION recibe el 41 por ciento de la torta total, mientras que las provincias se reparten el 55,36%, sin contar ATN y otros ingresos.

Según el nuevo régimen, estos números podrían ser modificables "periódicamente" según las necesidades de cada provincia y sus mejoras en la recaudación de impuestos y control del gasto. La propuesta, a la que accedió LA NACION, se basa en un estimativo de lo "que cada jurisdicción necesita gastar para propender a la igualación en la calidad de los servicios ofrecidos y en los niveles de desarrollo". El otro punto a tener en cuenta es "lo que cada una debiera recaudar de recursos propios realizando, todas, el mismo esfuerzo fiscal (en función de sus bases tributarias)". La diferencia entre una y otra determinaría la cifra a percibir por cada provincia.

Sabedores de las críticas que podrá despertar el proyecto, en el Gobierno aclararon que "las decisiones de gasto y política tributaria local siguen estando en poder de cada jurisdicción", como para aventar sospechas de intervencionismo en las cuentas provinciales.

En relación con las propuestas anteriores, que se discuten desde el gobierno de Carlos Menem, en el Gobierno creen que todos los intentos fracasaron "porque cada jurisdicción pensó en sus beneficios y no se trabajó en una propuesta de consenso". Para reparar la falta de consultas a otros poderes y sectores involucrados, estará en la reunión el senador peronista Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), titular de la Comisión de Coparticipación de la Cámara alta. También formarán parte de la discusión las universidades nacionales y provinciales y los consejos profesionales.

"Queremos cerrar una propuesta técnica hacia fin de año y, si se puede, firmar un nuevo acuerdo pasado el ruido que siempre generan las elecciones", afirmó a LA NACION el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero.

Además de la coparticipación, el Gobierno prevé dar el debate por una reforma tributaria y modificaciones sustanciales de la actual ley de responsabilidad fiscal, en las que también se pide "esfuerzo".

No será una reunión fácil. Habrá quejas de los gobernadores peronistas, reclamos por los $ 25.000 millones girados a la provincia de Buenos Aires y viejas deudas, como la que reclama Santa Fe en concepto de fondos indebidamente retenidos por la Anses, un reclamo respaldado por la Corte Suprema. "Es bueno que se nos convoque para discutir en serio y construir consensos en torno a la coparticipación. También esperamos que el Gobierno cumpla con los fallos judiciales", afirmó el ministro de Hacienda de Santa Fe, Gonzalo Saglione.

Acuerdo por el blanqueo

La AFIP avanza en acuerdos con las provincias para incentivar a sus contribuyentes a entrar en el blanqueo. El viernes pasado, el titular del organismo, Alberto Abad, suscribió el primer convenio con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El mismo está destinado al intercambio de información fiscal y a la simplificación de trámites impositivos, informaron.

Los ejes de la discusión con los gobiernos provinciales

Leyes tributarias - La Casa Rosada prevé discutir además una reforma tributaria y modificaciones en la ley de responsabilidad fiscal. La ley de ART y la paritaria docente también estarán en la mesa de negociaciones

Deudas y beneficios - Algunas provincias, como Santa Fe y San Luis, sostienen reclamos por viejas deudas. Otras piden que se beneficie a sus administraciones como a la provincia de Buenos Aires, que recibió $ 25.000 millones

Esfuerzo provincial - El Gobierno propondrá hoy a las provincias un nuevo esquema de reparto que tome en cuenta las necesidades de cada distrito, pero también su "esfuerzo fiscal"; determinará así la cifra para cada administración

Misiones: les quitan la jubilación a mil extranjeros que jamás vivieron en la Argentina

Por César Sánchez Bonifato - LA NACION

Fueron otorgadas a paraguayos y brasileños residentes en poblaciones limítrofes con la provincia

POSADAS. El jefe de la Unidad de Atención Integral de Posadas (Udai), dependiente de la Anses, Marcelo Julien, confirmó que tras un exhaustivo sondeo realizado aquí en conjunto con los filiales locales de la Dirección de Migraciones, pudo comprobarse que más de 1.000 extranjeros "que nunca vivieron en la Argentina", percibían jubilaciones, las que fueron dadas de baja automáticamente.

Las actuaciones continúan, estimándose que las pensiones y jubilaciones truchas exceden las 3.000, en su mayoría otorgadas a paraguayos y brasileños residentes en poblaciones limítrofes con Misiones.

El trabajo surgió de un acuerdo entre la Anses y la Dirección Nacional de Migraciones "a los efectos de verificar el domicilio real de aquellos beneficiarios de prestaciones sociales. Con esta medida -precisó- se busca evitar abusos o falta de transparencia en el otorgamiento de tales prestaciones, las que el Estado eroga utilizando dineros públicos provenientes del aporte de sus contribuyentes".

Las jubilaciones fueron dadas de baja. Foto: Misiones Cuatro.

Numerosas irregularidades

A renglón seguido, el funcionario expresó: "En esta depuración de padrones, encontramos numerosas irregularidades cometidas por autoridades que respondían a la anterior Gobierno, como abonar jubilaciones a quienes no correspondían, tanto por no vivir en el país o por no tener la edad establecida por Ley. Fueron dadas de baja mil y pico de prestaciones a extranjeros que declararon bajo juramento que residían en el país y se comprobó que no es así. Con seguridad habrá más en los próximos meses".

Respecto a la labor encarada por la UDAI local, Marcelo Julien destacó: "se mejoró la velocidad en la atención del afiliado, especialmente gente del interior provincial que viene a efectuar sus trámites en Posadas, viajando en precarias condiciones. Existen normativas vigentes para jubilar a la mayor cantidad de personas que cumplen con la edad y el tiempo de trabajo efectuado, tanto argentinos como extranjeros".

Por otra parte, lleva adelante un accionar conjunto con los municipios misioneros, a fin de acercarles a los vecinos de cada pueblo la posibilidad de efectuar diferentes trámites, conforme los programas nacionales actualizados que apunta especialmente a transparentar la nueva gestión", reiteró.

Algo para pensar: Jubilaciones por votos...