La Argentina volverá a exportar harina de soja a Rusia

Clarin.com - Ese mercado demanda más de un millón de toneladas y se había cerrado por discrepancia en los controles.

El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) firmó con su par ruso un acuerdo para retomar los envíos de harina de soja a ese país, suspendidos desde febrero pasado, por discrepancias en la certificación de eventos genéticamente modificados. Según el presidente del Senasa, Jorge Dillon, Rusia era un mercado tradicional de Argentina, que demanda más de un millón de toneladas para la alimentación de sus animales.

Este acuerdo se logró 10 días después de la visita del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, a la Federación de Rusia, recordó la cartera agroindustrial en un comunicado. Ayer, Dillon y el jefe del Servicio Federal Veterinario y Fitosanitario de la Federación de Rusia, Sergey Dankvert, firmaron un protocolo mediante el cual las partes acordaron las condiciones para la exportación de harina y pellets de soja de origen transgénico de Argentina a Rusia, como así también a los demás países de la Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán).

El acuerdo incluye la forma en la que Senasa certificará cada embarque; como así también los registros que tienen que efectuar las empresas exportadoras de dichos productos. Si bien a lo largo del año hubo un intenso intercambio entre los dos servicios sanitarios para aclarar el problema, la solución comenzó a tomar forma en las conversaciones técnicas que mantuvieron desde Senasa con sus pares rusos en el marco de la visita que realizó el ministro Buryaile entre el 18 y 21 de octubre pasado.

En 2015, la Argentina exportó a la Federación de Rusia 85.000 toneladas de harina y pellets de soja, aunque las estadísticas nacionales no reflejan la realidad del comercio, ya que los volúmenes exportados a este destino de estos productos argentinos son mucho más elevados porque gran parte de los embarques se triangulan a través de los puertos europeos.

Por último, en el marco de la reunión de la Comisión Mixta Argentina-Rusa que se desarrolla actualmente en la Argentina, los equipos técnicos continuaron avanzando para lograr el acceso al mercado ruso de otros productos de la oferta exportadora nacional, tales como semen y embriones bovinos, bovinos en pie para reproducción, harina de carne, hueso y sangre, abejas reinas, como así también la ampliación de la nómina de plantas procesadoras de productos de la pesca registradas para exportar a Rusia.

Eliminan reembolsos adicionales para exportaciones por puertos patagonicos

(Clarin.com) - El Gobierno los consideró "incompatibles" con algunas normas de la OMC y dijo que significaban "un desmesurado sacrificio fiscal".

El Gobierno eliminó, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el sistema de reembolso adicional para exportaciones a través de puertos patagónicos por considerarlo "incompatible" con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El sistema beneficiaba a las exportaciones con embarques en los puertos de San Antonio Oeste y Madryn con un 8% de reembolso; de Comodoro Rivadavia con un 9%, de Puerto Deseado y San Julián con un 11%, de Punta Quilla, Río Gallegos y Río Grande con un 12%, y de Ushuaia con un 13%.

Los reembolsos adicionales a las exportaciones de puertos ubicados al sur del Río Colorado habían sido dispuestos por la ley 23.018 de fines de la dictadura de Reynaldo Binogne. Luego de un tiempo interrumpido, el sistema se restableció en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem y luego nuevamente en 2015, en la última recta de la gestión de Cristina Kirchner.

Ahora, el Gobierno decidió eliminar este beneficio para los productos primarios e industriales embarcados en puertos patagónicos con el argumento de que va en contra de lo dispuesto por la OMC respecto de las subvenciones a las exportaciones. "Es necesario adoptar medidas tendientes a evitar incompatibilidades con los compromisos asumidos por Argentina en el marco de los acuerdos suscriptos en el ámbito de la OMC", argumentó el Ejecutivo en el decreto 1199/2016.

Además, advierte que el sistema "importa un desmesurado sacrificio fiscal de las cuentas públicas, por lo que se torna ineludible la eliminación del beneficio en cuestión".

Aceleran la instalación en el país del Senasa chino

Por Martín Dinatale - LA NACION
Vino una misión de técnicos de la nación asiática para conocer la industria local de la carne.

Con la clara intención de agilizar el comercio con China y aumentar el nivel de las exportaciones de la Argentina al puerto de Shanghai, el Gobierno aceleró en los últimos días las negociaciones para instalar una oficina de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (Aqsiq) de China, algo así como el Senasa asiático, en Buenos Aires.

Según pudo saber LA NACION, las gestiones para llevar adelante este acuerdo las está realizando en Pekín el embajador argentino Diego Guelar. La intención del Gobierno es que las oficinas de la Aqsiq se instalen en lo inmediato en Buenos Aires con el fin de que los mecanismos de control fitosanitario se realicen aquí antes de que las mercaderías partan a China y de esta manera se agilicen los procesos de exportación.

Sucede que en muchos casos las exportaciones argentinas al puerto de Shanghai quedan demoradas por trabas del organismo de control sanitario de China y esto complica el comercio. De hecho, el aceite de soja que envía la Argentina a China protagonizó una importante baja en los últimos meses no sólo por una decisión de Pekín de producir allí ese insumo, sino también por trabas en los controles sanitarios. En el caso de las carnes argentinas que se exportan a China, también hubo trabas. Pero según un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), entre enero y septiembre de este año el país vendió a China 41.493 toneladas. Esto significa que ya se lleva exportado en lo que va del año un poco más de lo que se exportó en todo 2015.

"China necesita de la Argentina y de otros países productores de alimentos para mantener su seguridad alimentaria. Y cuanto más hagamos para facilitar y potenciar el comercio de alimentos, mejor nos irá", dijo a LA NACION una fuente del Gobierno que trabaja duramente en el acuerdo para la instalación de las oficinas de Aqsiq en Buenos Aires antes de marzo próximo, que es cuando el presidente Mauricio Macri viajará en visita oficial a Pekín para reunirse con su par Xi Jinping.

Como parte de estas negociaciones, anteayer, las autoridades del Senasa recibieron una visita de una delegación de la Aqsiq de China, que auditó el sistema de control en plantas de faena e industrialización de carne y subproductos bovinos y aviares con vistas a la exportación a ese destino asiático.

Visita de inspectores

A la reunión asistió la delegación del Aqsiq, encabezada por el jefe de la misión, Ju Bo, y, por el Senasa, estaban los directores nacionales de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Fernando Lavaggi; de Operaciones Regionales, José Antonelli, y la coordinadora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Valeria Ferré, acompañados por un asesor técnico de la Presidencia, el coordinador general, los directores y coordinadores de las áreas competentes de la Dirección Nacional de la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y un analista técnico de la Unidad de Relaciones Internacionales.

Los inspectores chinos resaltaron los niveles técnicos del Senasa así como los conocimientos de los cuadros técnicos de los centros regionales de ese organismo. Es que la delegación de China también visitó establecimientos industrializadores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero, donde verificó el funcionamiento del sistema de faena e industrialización de carne bovina.

Una firma japonesa comprará 400 mil toneladas anuales de soja a una compañía argentina (II)

Por Héctor Huergo - Clarin.com

Es la multinacional Mistuia & Co y le comprará a la santafecina Vicentin. Firmaron un memorándum de entendimiento en el marco de la visita del primer ministro japonés al país.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en un brindis con el presidente Mauricio Macri hoy en la Casa Rosada. Foto: EFE/David Fernández.

Mitsui & Co, una de las empresas más grandes de Japón, celebró ayer un memorándum de entendimiento para adquirir 400 mil toneladas anuales de harina de soja a la empresa santafesina Vicentin SACI. El acuerdo -según anticipó a Clarín el Vicepresidente Ejecutivo de Mitsui, Hiroyuki Kato, en una entrevista exclusiva- es por cinco años y alcanza un monto de 700 millones de dólares.

“Es sólo el comienzo”, agregó el alto ejecutivo de la multinacional japonesa, que lidera una red global en 66 países y regiones, con activos totales por casi 100 mil millones de dólares. Más de la mitad de sus activos están afuera de Japón. En sus casi 500 subsidiarias cuenta con 45 mil empleados.

Definen seis áreas básicas de interés: Metales, Maquinaria e Infraestructura, Productos Químicos, Energía, Servicios de Consumo (alimentos) e Innovación y Desarrollo Corporativo. Es la mayor importadora de insumos alimenticios básicos (granos y derivados) de Japón, con 6 millones de toneladas anuales. Pero esta división de trading opera 18 millones de toneladas en todo el mundo, que en muchos casos se transportan con charters de la propia compañía. También son los principales procesadores de pollos y carne vacuna en Japón, donde lideran en la elaboración de alimentos balanceados para la producción de proteínas animales.

Mitsui está instalada en la Argentina desde hace un siglo, recordó Kato, indicando que la empresa abrió su primer oficina local en 1916. Pero venía achicando su actividad. “Ahora el ambiente de negocios en Argentina está mejorando”, y esto los estimula a analizar inversiones en infraestructura, generación eléctrica, eficiencia energética y proyectos de transporte, mencionando explícitamente la operación de ferrocarriles.

“Vemos una política muy abierta al mundo, y aparecen oportunidades no solo en agricultura sino en otras áreas”, enfatizó. “Pero sabemos que la Argentina es un país muy fuerte en materia de alimentos, porque son 43 millones y producen para 400, y además van a crecer muy rápido y eso es un gran atractivo. Necesitarán mejorar los ferrocarriles y los puertos”.

Mencionó que en los últimos años acompañaron el crecimiento agroindustrial de Brasil, donde invirtieron 6 mil millones de dólares “y ahora vamos a 2 mil adicionales”. Están también en México, Brasil, Perú y Chile, en este caso en un importante Join Venture con una empresa local para producir salmones, que pretenden vender incluso en la Argentina.

También ven oportunidades en rubros de alta tecnología, como la llamada “agricultura de precisión”, donde ya cuentan con una empresa funcionando en Brasil (Farmers Edge).

Vicentín es una empresa familiar con sede en Avellaneda (provincia de Santa Fe) y su negocio principal es la molienda de soja. A partir de ella, produce harina, aceite y biodiesel. También cuenta con una planta de elaboración de etanol de maíz para biocombustible, y se expande en la industria frigorífica. Recientemente, adquirió una línea de productos de alto valor de SanCor, con lo que irrumpe también en la industria láctea.

Buscan reducir los precios de celulares, televisores y aires acondicionados

Por Francisco Jueguen - LA NACION
Son los principales productos ensamblados en la isla; el Gobierno creará una mesa de trabajo con autoridades provinciales y empresas; quieren bajar costos logísticos y de financiación.

Gradualismo, consenso y cuidado del empleo. Todo eso sí, pero con foco en el consumidor y los precios. Ese parece ser el leit motiv del Gobierno, que luego del anuncio de la eliminación de aranceles para la importación de computadoras -que puso nerviosos a muchos industriales-, acelera ahora el trabajo sobre la conformación final del valor de los productos en Tierra del Fuego. El objetivo es claro: bajar los precios de celulares, televisores, aires acondicionados y microondas sin destruir los 12.600 trabajos de esta industria y respetando, por lo menos hasta 2023, el régimen de excepción.

Para esto, en los próximos días se conformará una mesa de trabajo compuesta por el Ministerio de Producción, el gobierno fueguino y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), que engloba a las principales firmas de Tierra del Fuego entre las que se destacan Newsan y BGH. Esta semana el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, recibió a las empresas y hoy estará con el equipo del ministro de Industria fueguino, Rodrigo Caballero. Se trabajará, según pudo saber LA NACION, en hacer más eficientes los procesos de producción en las fábricas, pero también en los altos costos de logística, impuestos, y el retail y la financiación que ofrecen los bancos.

Para impulsar la competencia, las autoridades no descartaron la revisión del llamado "impuestazo tecnológico" aprobado en noviembre de 2009, que subió el IVA e impuestos internos a productos tecnológicos y aumentó los aranceles de -entre otros biene- los celulares y los aires acondicionados. Todo, aclaran, es todavía "muy prematuro".

"No es simple. Es un proceso complejo que debe ser gradual y consensuado", afirmó Etchegoyen. "Queremos que bajen los precios, por lo que vamos a crear una mesa de trabajo con el sector. Todo está bajo análisis", agregó el funcionario.

"Es un trabajo en conjunto", coincidió Caballero. "Buscamos mejorar los precios y la competitividad. Pero no es un problema de Tierra del Fuego. Es estructural de la Argentina", afirmó a LA NACION. Cámaras de fotos, decodificadores y DVD son algunos de los productos que, incluso en la isla, creen que dejarán de existir simplemente porque son obsoletos. Sobre las TV, microondas, aires acondicionados y celulares se puede trabajar, según el funcionario entrerriano. "Un celular sale de acá con un precio y en Buenos Aires ese valor se duplica", criticó Caballero, apuntando a las telefónicas. "Mandar un container a China nos cuesta US$ 400. Llevar nuestros productos en camión a Buenos Aires vale US$ 5000", ejemplificaron en la empresas.

El precio de la electrónica en Tierra del Fuego

Una de las opciones que presentarán hoy los fueguinos al Gobierno es la creación de un polo de autopartes en Tierra del Fuego. No es casualidad. Allí está radicada Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri. Por otro lado, la posibilidad de producir tecnología para autos en Tierra del Fuego atrae por los fuertes beneficios que ya existen en la isla y por los que otorga la nueva ley de autopartes impulsada por el propio Macri y aplaudida por el sector. Eso, creen, otorgaría una ventaja comparativa. Mirgor es de las únicas firmas que exporta sus productos: una de las varas oficiales para medir la competitividad. Otra clave: esta semana Caballero estuvo en la planta de Toyota en Zárate. Además, se buscan impulsar otras actividades como la proximidad antártica para operaciones logísticas, el turismo, la pesca o la industria maderera.

"Va a haber novedades sobre el costo del financiamiento y las comisiones [que cobran las tarjetas de crédito] en el verano", se entusiasmó el secretario de Comercio, Miguel Braun, el lunes pasado en una charla con periodistas. El Gobierno va cercando a los bancos. Luego de la investigación abierta por la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CDNC) sobre el mercado de pago y la ley con media sanción en el Senado para bajar las comisiones a la mitad, esta semana el Gobierno les presentó a los bancos su propio proyecto para "transparentar el costo del financiamiento". 

También plantea una baja de comisiones, pero más suave, de 3% a 1,7% en crédito, y de 0,8% en débito. En el Gobierno quieren también que haya más información para los clientes sobre el interés que pagan. El proyecto busca introducir nuevos jugadores en el sistema, establece la prohibición de la exclusividad con marcas, y designa al Banco Central como autoridad de regulación para establecer aranceles. Estas disyuntivas tienen al Ahora 18, que se plantea para antes de Navidad, en debate. Pero el costo de financiación, según un trabajo de Abeceb para Afarte, es también un problema para los productos fueguinos: representa un 11% del precio final. Otro 19% son gastos, impuestos y rentabilidad del retail. El camión de los Moyano también estará en la mira: la logística representa el 4% del valor de los productos de la isla.

Las claves de lo que viene

• EI Gobierno conformará una mesa con los funcionarios fueguinos y con las empresas para bajar gradualmente los precios de los productos que se ensamblan en Tierra del Fuego.
• Oficialmente se afirma que no sólo se trabajará en los costos dentro de las fábricas, sino que el Gobierno pondrá el ojo en los costos logísticos, impuestos, el retail y el financiamiento. La Secretaría de Comercio ya trabaja con los bancos.
• El gobierno de Tierra del Fuego llevará hoy sus propuestas. Entre ellas, está la de generar un polo de fabricación de autopartes en la isla. Las empresas estuvieron anteayer con funcionarios de Industria.

Carne: detectan operaciones sospechosas por $ 700 millones

Por Fernando Bertello - LA NACION
Lo descubrió la AFIP en frigoríficos; investigan CUIL usados para mover hacienda.

La AFIP detectó en el último mes operaciones "sospechosas" en el mercado de la carne vacuna por más de $ 700 millones. Además, puso bajo la lupa decenas de códigos únicos de identificación laboral (CUIL) que habrían sido usados para mover 19.057 cabezas de ganado por $ 152,3 millones.

Estas acciones se suman a otras que viene realizando el organismo en lo que va del año. En rigor, al margen de las operaciones sospechosas por más de $ 700 millones en el último mes, desde enero detectó 2700 casos, desde productores y matarifes hasta frigoríficos, por diferencias impositivas, incluyendo la seguridad social, por $ 775 millones.

Entre las maniobras desbaratadas se encuentra una por la cual se faenaron en los últimos tres años 126.000 cabezas que luego implicaron ventas por $ 473 millones. Eso se hizo a través de "una pantalla", según contaron fuentes de la AFIP a LA NACION. Esa "pantalla" fue el uso de la figura de un matarife, con licencia para faenar, a cargo de una maestra y un gestor que aparecían, respectivamente, como presidente y director de la firma. Los nombres de esas personas, que negaron su vinculación con la operatoria, fueron usados con la figura del matarife para encubrir la faena para un frigorífico real.

Por esta maniobra, tras una presentación de la Afip, ya hubo once allanamientos de la justicia federal en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Se encontraron 65 cajas con documentación para avanzar en la investigación que le permitiría a la AFIP comprobar que el matarife y el frigorífico en realidad son lo mismo.

Lo que despertó sospechas en el organismo fue que la firma del matarife -con la maestra y un gestor de socios- tenía un solo empleado y cero pesos de acreditación bancaria en su cuenta. Pese a esta situación, en los últimos tres años tuvo operaciones de ventas por $ 473 millones. "Encontramos esta maniobra y la estamos desbaratando", contaron en la AFIP. La acusación por esta maniobra es por evasión tributaria agravada, lo que daría lugar a penas de entre tres años y medio y nueve de prisión.

Si bien no se dio a conocer el nombre del frigorífico implicado en la operatoria, la empresa trabajaría en la provincia de Santiago del Estero.

Además de esta maniobra, el organismo descubrió otras de tres frigoríficos de la provincia de Buenos Aires, de donde surgió una diferencia de $ 230 millones entre las ventas declaradas por esas empresas y las ventas teóricas que calcularon los investigadores. "Una empresa evadió el 20% y otra, el 50%", señaló la fuente de información ante una consulta de LA NACION. A esas firmas la AFIP les envió varios requerimientos, con lo cual deberán ponerse en regla.

Desde hace un mes, este organismo tiene en línea diariamente el movimiento de ganado en todo el país con los documentos de tránsito electrónico del Senasa. La AFIP y el Senasa tenían un convenio de colaboración de 1999 que se puso en marcha para este fin.

Según contaron a LA NACION, tras estos tres casos este tipo de acciones de control, con ayuda de la información del Senasa, "se van a generalizar" en la cadena de la carne vacuna.

Por otra parte, el organismo está trabajando para ver quiénes están detrás de decenas de CUIL que se utilizaron para mover a frigoríficos 19.057 cabezas de ganado por $ 152,3 millones.

En esos CUIL hay empleados en relación de dependencia que no tienen actividad comercial. Y en muchos casos se observó que no tenían bienes ni tampoco la acreditación de ingresos.

En el organismo señalan que están trabajando en "medidas conjuntas" para la carne con la nueva Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario del Ministerio de Agroindustria. Según viene trascendiendo, una medida sería establecer un pago a cuenta de IVA para el animal que llega a faena.

A todo esto, consultado sobre las operaciones sospechosas que detectó la AFIP, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), dijo: "Estamos totalmente de acuerdo en controlar la evasión. Nos parece perfecto en todo el territorio, principalmente en la provincia de Buenos Aires".

Ranking exportador

Sin cambios - El año pasado, la Argentina colocó en el exterior 210.000 toneladas de carne vacuna. Según el consultor Víctor Tonelli, en 2016 el país terminará vendiendo 230.000 toneladas. La Argentina estuvo en el puesto once en el ranking exportador en 2015 y ahora retendría, con este volumen, ese lugar.

Para 2017 - De acuerdo con Tonelli, entre los factores que influyen en la falta de una mayor exportación se encuentra la escasez de novillos. No obstante, para el próximo año podría alcanzarse un volumen de 350.000 toneladas de carne exportadas.

Otra mafia más...

Contrabando en la Aduana: mandan una misión a China para investigar

Por Martín Dinatale - LA NACION

El objetivo central de esta misión será determinar cómo, dónde y cuando se adulteraron datos del comercio exterior argentino que dieron una diferencia millonaria con los registros que tiene el gobierno de China.

El Gobierno envía una misión a China para investigar posibles contrabandos. Foto: Archivo.

La investigación por las denuncias de contrabando e irregularidades en la Aduana ya tuvo un rebote internacional: el Gobierno enviará a China una misión especial para realizar en el puerto de Shangai un detallado relevamiento de las importaciones y exportaciones chinas a la Argentina que entre 2011 y 2015 dejaron una diferencia en balanza comercial de 14.000 millones de dólares.

El objetivo central de esta misión será determinar cómo, dónde y cuando se adulteraron datos del comercio exterior argentino que dieron una diferencia millonaria con los registros que tiene el gobierno de China. La misión que irá al gigante puerto de Shangai, que es donde ingresa y egresa casi la totalidad de los productos del comercio bilateral, estará integrada por funcionarios de la Aduana, Cancillería, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción y representantes de la embajada de la Argentina en China que está manejada por Diego Guelar.

Esta misión que viajará a China trabajará en paralelo a la comisión especial que se conformó hace unos meses entre la Cancillería y el Ministerio de Producción para investigar el desfasaje en la balanza comercial que tuvo la Argentina no sólo con China sino también con Rusia y con otros países.

No obstante, según confiaron a LA NACION fuentes calificadas del Gobierno, la Aduana comandada por Juan Gómez Centurión ya empezó a trabajar con la Cancillería y con el Ministerio de Producción en la recopilación de información para llevar a Shangai. Se sabe, por ejemplo, que sólo en 2015 hubo 8700 millones de dólares de diferencia en la balanza comercial por irregularidades en las declaraciones juradas de importación y 87% de estas pertenecía al comercio con China.

La misión que viajará a Shangai tendrá una base operativa en el puerto chino para evaluar mecanismos que ayuden a mejorar el perfil de contabilidad de la mercadería que se monta en los containers. También se trabajará en un sistema simplificado de operación comercial para lograr una mayor eficiencia en el almacenaje de los productos. Por ejemplo, se evalúa la posibilidad de instrumentar un precinto en los containers para darle seguimiento satelital a los productos comercializados.

Por otra parte, la misión conformada por la Cancillería, Aduana y Producción contempla la idea de facilitar el comercio a las pequeñas y medianas empresas para agilizar el comercio con China. También habrá una tarea de recopilación de datos y chequeo de información para evitar que haya una superposición de la carga de información o agujeros negros en el sistema de control de los cargamentos.

El embajador Guelar ya se encargó de tramitar ante las autoridades de Pekin esta misión especial con la idea de aclarar el desfasaje de la balanza comercial que se viene registrando entre China y la Argentina desde 2015 ininterrumpidamente. De hecho, este tema fue abordado por el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping en septiembre pasado en una reunión bilateral que ambos mandatarios tuvieron en el marco de la cumbre del G20.

La Argentina reclamó a China que la balanza comercial tiene un déficit para el puerto de Buenos Aires en el orden de los 6000 millones de dólares. Pero el gobierno de Xi asegura que en sus datos oficiales la balanza comercial es de 3000 millones de dólares anual. Exactamente la mitad. El presidente Macri se comprometió ante Xi a investigar las causales de las llamativas diferencias en la balanza comercial e instó a sus funcionarios a dar certeza de esos datos para mostrar un país confiable en términos comerciales.

Desde que llegó a la Aduana, Gómez Centurión alertó sobre estas gigantezcas diferencias monetarias en la balanza comecial y advirtió a Macri que desde 2011 hasta el año pasado la Aduana registró 14.000 millones de dólares de diferencia en la balanza comercial.

Según pudo saber LA NACION, Gómez Centurión comentó al Presidente en los últimos días que tiene pruebas suficientes para comprobar que durante los últimos años del kirchnerismo hubo un gigantezco contrabando y adulteración de cifras en el comercio exterior. Esto forma parte de los datos que aportó el titular de la Aduana a la Justicia como parte de la investigación que ya lleva varios detenidos. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky investiga este caso en el que está implicado Claudio Minicelli, cuñado de el ex ministro Julio De Vido, quien encabezaría una banda delictiva.

En la operatoria que hasta ahora se empezó a detectar se observan varias modalidades para eludir los controles: las irregularidades de las declaraciones juradas de importaciones, la adulteración de la carga de productos en los cointainers y la ausencia de controles en la propia Aduana por medio del conocido "canal rojo" para detectar cargamento de contrabando.

Eliminan aranceles a netbooks y tablets: los precios bajarían 50%

Por Francisco Jueguen - LA NACION
El Gobierno los reducirá a 0% desde marzo; se trabajará en la reconversión del sector.

En tiempos en los que Chile se convirtió en el gran faro de consumo tecnológico para los argentinos, la apuesta del Gobierno es, por lo menos, igualar sus precios sin generar ruido en el mercado laboral local.
Por eso, desde fines de marzo del año próximo se eliminarán los aranceles de importación -hoy en 35%- para computadoras, netbooks y tablets, lo que implicaría una baja del 50% en el precio final de esos productos y la ampliación de la oferta y calidad de los bienes que se consiguen en el mercado local.

La contracara de la medida que se anunció ayer será el impacto en la industria local, que, según el Gobierno, emplea a 4900 trabajadores pero que golpeará sobre 1000. En el sector muestran otros números y denuncian que podría haber cerca de 10.000 despidos.

Como anunció en su Plan Productivo Nacional, que tiene como guía el proceso de transformación productivo australiano, las cerca de 15 empresas locales que producen estos bienes (en un 74% en territorio porteño o bonaerense y no en Tierra del Fuego) recibirán incentivos oficiales para su "reconversión". Para aquellos que puedan ser despedidos, habrá capacitación, un seguro laboral y serán parte de acuerdos con nuevos empleadores. El Estado subsidiará hasta el 50% del salario, según confirmaron las autoridades.

Para el Gobierno, la mayor oferta de dispositivos y computadoras generará un mercado más grande de reparación de electrónicos y de refurbished (electrónicos usados que vuelven a las fábricas y son luego revendidos) y que generará "15.000 empleos en tres años".

El Estado reducirá además el arancel de los insumos importados, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas locales que quieran mantenerse en el negocio. Esto sería antes de marzo, aunque aún no hay fecha definida. Además, les comprará 250.000 netbooks para el programa Conectar Igualdad. Las firmas buscaban que fueran 400.000. Además, el Estado ofrecerá financiamiento en 18 o 24 cuotas para favorecer las netbooks argentinas.

Según datos oficiales, la Argentina es el país más caro de la región en términos de tecnología. Una computadora cuesta un 80% más que en Colombia, 50% más que en Chile, y casi el triple que en Estados Unidos (175% más). "El sobrecosto lo pagan las pymes y los hogares", estimaron en Comercio. Desde 2011, el mercado local de computadoras se mantiene estancado en torno a 1,5 millones de unidades anuales.

"Hay empresas de ensamblado que tendrán que reconvertirse", reconoció el secretario de Comercio, Miguel Braun , ayer, en un encuentro con periodistas. Braun afirmó que en el verano habrá novedades con relación a los costos del financiamiento de estos dispositivos, medidas que buscarán "transparentar" los costos que tienen el retail, bancos y tarjetas de crédito.

Con respecto al régimen de Tierra del Fuego, Braun afirmó que seguirá sin cambios -fue prorrogado hasta 2023-, pero intentarán mejorar la competitividad de sus productos. Allí sólo Newsan y BGH, que ensamblan netbooks, tendrán que readaptar su producción.

"La transformación será gradual", dijo Braun, y agregó: "A nadie le gusta el cambio. Habrá una reacción positiva de los consumidores. Algunas empresas pueden encontrar otro modelo de negocios. Vamos a trabajar con ellos en la transformación, pero la prioridad serán los trabajadores". Dijo que aún no están mirando otros sectores, pese a que el Plan Productivo Nacional plantea cerca de 400.000 empleos que podrían ser reconvertidos en sectores de baja competitividad.

"Pensábamos que se iban a respetar los aranceles del Mercosur, nunca nos imaginábamos que la decisión del Gobierno iba a ser ir al arancel cero. Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela están en el 16%. Nosotros creíamos que pasaríamos de 35 a 16%", dijo Carlos Scimone, gerente general de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas Comerciales y Afines (Camoca). "La rebaja de aranceles de los componentes y el pedido de un plan Ahora 12 para la informática eran para competir con un arancel de importación de 16%. Con 0% eso no alcanza. Tampoco subir las notebooks del Conectar Igualdad a 400.000 porque ya no vamos a poder producir ni las 250.000 que hacemos ahora", agregó.

"Lamentamos la medida porque la gente que va a quedar en la calle son 10.000, no 1000. No sé si les escapó un cero, porque hay distribuidores y más de 1000 pymes en todo el país. Nosotros tenemos 30 años de historia; no aparecimos con el kirchnerismo. En 1998, por ejemplo, los fabricantes nacionales de computadoras teníamos el 73% del mercado argentino", dijo Scimone, que admitió que el "costo argentino es alto", pero cuestionó la "alta presión impositiva".

Las Claves de lo que viene

Miguel Braun. Foto: Archivo. "Nuestro norte es la competitividad. La Argentina es el país de la región donde las computadoras son más caras".

- El Gobierno anunció que eliminará el arancel de importación desde fines de marzo del año que viene para computadoras, laptop y tablets

- Para el oficialismo hay 1000 trabajos en riego. En la industria hablan de 10.000. Habrá un seguro laboral e incentivos para los productos locales

- En el sector admiten que existe un importante "costo argentino" pero culpan a la alta carga impositiva

Brasil y la Argentina irán juntos a Medio Oriente

Por Martín Dinatale - LA NACION

El gobernador de San Pablo y Macri acordaron usar la plataforma de ese estado instalada en Emiratos Árabes Unidos.

Macri y Alckim (centro), junto a funcionarios y el embajador de Brasil en el país, Sergio Danese. Foto: DyN 

Breve, pero "concisa y productiva". Así calificaron varios funcionarios la reunión que mantuvo ayer el presidente Mauricio Macri con el gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, que llegó de visita al país con 120 empresarios de su país y concretó un acuerdo inmediato con la Argentina: la decisión mutua de pelear juntos los mercados de Medio Oriente y Asia.

¿La herramienta para poner en marcha esta estrategia comercial conjunta? Se llama centro de distribución operativa y es un espacio que los brasileños pondrán en marcha este mes en Dubai, para operar en buena parte de los mercados de Asia y Medio Oriente por los productos fabricados en el estado de San Pablo. Alckmin le propuso a Macri compartir esa plataforma con la industria y el comercio argentinos, y el Presidente inmediatamente aceptó.

"Hubo buena química de inmediato y resoluciones pragmáticas", explicó a LA NACION el embajador de Brasil en Buenos Aires, Sergio Franca Danese, que estuvo presente en el encuentro de Macri con el gobernador paulista, miembro del partido PSDB y uno de los potenciales sucesores de Michel Temer para la presidencia en 2018.

La plataforma de operaciones en Emiratos Árabes fue montada por la agencia de promoción e inversiones del estado de San Pablo. Y ahora la Argentina compartirá ese espacio con la definida intención de llevar sus productos a Medio Oriente, Irán y Asia. Esta plataforma se compartirá con la tarea que lleva adelante Juan Procaccini desde la Agencia de Inversiones de la Argentina.

En el encuentro de Macri con Alckmin, el Presidente le preguntó por las proyecciones económicas de Brasil. Rápido de reflejos y optimista, el gobernador paulista dijo: "Estamos acomodándonos a la crisis vertiginosamente y el año que viene esperamos un crecimiento del 2% del PBI". Macri evaluó esos cálculos como "una gran noticia" para la economía argentina, que depende en gran medida de los vaivenes de Brasil y que tras la salida de Dilma Rousseff el mercado argentino se vio afectado por la crisis de su vecino.

La visita de Alckmin no se limitó a la reunión con Macri. También estuvo con varios de sus ministros y con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. El gobernador de San Pablo llegó con una misión de más de 50 empresas que desde ayer participaron de ruedas de negocios con compañías argentinas.

La visita fue organizada por la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones del estado de San Pablo, el mayor centro financiero e industrial de Brasil. El objetivo de esta visita fue aproximar a los dos países comercialmente. "La Argentina siempre fue un gran socio de Brasil, y hoy el 46% de las exportaciones para el país son de productos y servicios de San Pablo. La misión va a impulsar estos acuerdos, que traerán nuevas posibilidades de negocios y cooperación entre empresas de la Argentina y de San Pablo", explicó el presidente de la Agencia de Promoción, Juan Quirós.

La misión paulista cobra relevancia cuando se ven los números que maneja ese estado: representa un 32% del PBI de Brasil (US$ 568.000 millones), concentra al 21% de los habitantes del país (44 millones) y es el mayor productor de azúcar, jugo de naranja y alcohol. Además, con el 24% de las exportaciones y el 37% de las importaciones de Brasil, San Pablo es responsable por la mayor parte de la balanza comercial brasileña.

Los empresarios que arribaron al país y que hoy continuarán en ronda de negocios comprenden rubros como textil, equipamiento, arquitectura, maquinaria, muebles para el hogar, alimentos procesados, cosmética profesional, seguridad, higiene, construcción y envases, entre otros sectores.

Además de Quirós, llegó con la comitiva empresarial el director superintendente de ABIT, Fernando Pimentel, y el director de Apex-Brasil, Francisco Luna.

Impulsa el Gobierno un tratado de libre comercio con Estados Unidos

Por Martín Kanenguiser - LA NACION

Lo afirmó Cabrera en Washington; no quedó claro si sería un acuerdo bilateral o a través del Mercosur; buscan volver al sistema de preferencias.

La funcionaria estadounidense Catherine Novelli con Cabrera, Braun y Lousteau. Foto: Twitter.

WASHINGTON.- El ministro de Producción, Francisco Cabrera, estaba tan entusiasmado ante su audiencia que, cuando anunció que el Gobierno quiere un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, no aclaró si sería a través del Mercosur. El anuncio lo realizó al comenzar su gira por esta ciudad con unos 40 empresarios argentinos, antes de reunirse hoy con su par norteamericana, Penny Pritzker. En ese encuentro podría anunciarse que la Argentina pretende retornar al sistema general de preferencias (SGP) de Estados Unidos, que permite ingresar a este país una serie de productos sin aranceles de importación.

"Es muy importante ir hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y queremos que este país sea el primer inversor extranjero en la Argentina", expresó el ministro en la imponente sede de la Cámara de Comercio norteamericana (Amcham). Y detalló: "Tenemos acuerdos de comercio con el 10% del PBI mundial, contra el 90% que tiene Chile, así que tenemos que crecer en ese sentido".

Luego, para no crear problemas diplomáticos, el ministro aclaró ante los periodistas que se buscará negociar este acuerdo a través del Mercosur, aunque aclaró que con otros países se están negociando acuerdos a nivel bilateral. Más tarde, en un encuentro privado con los empresarios argentinos que lo acompañan, insistió en la posibilidad de un acuerdo bilateral, sin mencionar al Mercosur.

En el encuentro en la sede local de la Amcham, uno de los ejecutivos del Eximbank ratificó que están preparados para prestarles a empresas norteamericanas que quieran invertir en la Argentina.

Luego de los fuertes elogios que recibió por parte de la Amcham y de los empresarios norteamericanos que asistieron al evento, Cabrera dijo: "Lo que hicimos en estos nueve meses es trabajar para normalizar el país".

En particular, dijo que el Gobierno trabaja "en un plan para desburocratizar la economía, modificar el sistema de impuestos y en un plan productivo", entre otros temas. Luego, ante los periodistas, enfatizó que para conseguir más inversiones es fundamental aumentar la productividad, pero que eso no significa reducir salarios. "La Argentina no tiene un problema de desempleo, sino de falta de empleos de calidad: hay unos cinco millones de trabajadores con empleos informales", enfatizó.

En cuanto al notable interés de empresas norteamericanas, dijo que "uno de los temas es tener un acuerdo para poder exportar productos con valor agregado, además de los tradicionales, como limón y carne". A su lado, el embajador Martín Lousteau aseguró que los limones argentinos volverán a entrar antes de fin de año y la carne lo haría en el primer trimestre de 2017; sin embargo, en esta ciudad, LA NACION no recogió la misma impresión: el gobierno norteamericano trabaja sobre el regreso de ambos productos, pero sin plazos.

El secretario de Comercio, Miguel Braun, destacó las iniciativas "para desregular la economía, recrear las instituciones de competencia, trabajar en la facilitación del comercio a través de una ventanilla única" y otras cuestiones.

Cuando los periodistas le preguntaron a Braun si la Argentina había solicitado regresar al SGP, respondió afirmativamente. Este beneficio se perdió hace años, cuando la Argentina mantenía conflictos financieros y comerciales con este país. Ahora que el vínculo mejoró, se podría pedir nuevamente, pero Estados Unidos debe determinar si, por el nivel de su PBI per capita, la Argentina es un país elegible o no. El Gobierno dice que sí -luego de la devaluación- y en Washington creen que puede ser posible.

En el auditorio estaban el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; la ex asesora de esta empresa durante el kirchnerismo, Doris Capurro; ejecutivos de Barrick Gold, Mirgor, Celulosa, OSDE, Fedex, Medanito, Pampa Energía, Deloitte, Aeropuertos Argentina 2000, Panamerican Energy, Coca Cola, Monsanto, Direct TV, Globant, Despegar, Pfizer y el jefe de asesores del Banco Nación, entre otros.

Optar, la agencia de viajes del Gobierno que cosecha elogios y críticas al mismo tiempo

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Creada para ofrecer servicios a los funcionarios, el Estado es el accionista mayoritario; pero hay quejas por las trabas administrativas de la empresa de bandera.

Isela Constantini. Foto: Archivo / Rodrigo Néspolo / LA NACION.

Al desembarcar en el Gobierno, el Presidente y sus ministros debieron abandonar los viajes en primera o business en su aerolínea frecuente. Las normas de la gestión pública los forzaron a dejar atrás algunas costumbres. Entre esos mandatos, se encuentra la obligación de comprar sus pasajes de trabajo a través de Optar. Se trata de una unidad de negocios del grupo Aerolíneas Argentinas cuyo objetivo es ofrecer tickets aéreos a toda la administración pública nacional. Hoy, esa "agencia oficial" está en una encrucijada: mientras que en la aerolínea de bandera buscan ordenar sus números y sacarla a flote, desde la Casa Rosada analizan cambiar la legislación para poder contratar a otras empresas.

"Nos resulta poco operativo. A veces Optar ofrece rutas complicadas, más caras y de varias escalas que no se ajustan a la necesidad del funcionario", describió un asesor que lleva agendas clave del Gobierno. Otro colaborador de un ministro se quejó: "Es muy incómodo estar limitado a Optar. Además, era un quiosco de La Cámpora".

A principios de octubre, una resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial dispuso un nuevo "régimen de viáticos, alojamiento y pasajes" que incentiva a los funcionarios a buscar "la ruta y la aerolínea que reúnan las condiciones más apropiadas". La norma no derogó la obligación de viajar por Aerolíneas Argentinas y usar Optar, porque aún rige el decreto 1191/12, de Cristina Kirchner, que ordena a la administración pública utilizar los servicios de la aerolínea de bandera. Sin embargo, comenzó a flexibilizar la política de viajes oficiales. Según señalaron fuentes oficiales a LA NACION, a futuro la intención es llamar a licitación para contratar varias agencias y hacer "todo más eficiente y barato".

En las oficinas del grupo Aerolíneas Argentinas recibieron la noticia con desazón. Los gerentes que dependen de Isela Costantini dicen que están duplicando esfuerzos para optimizar Optar y que están ofreciendo beneficios a los funcionarios que no dan otras agencias. "Lo que pedimos es un poco más de tiempo, una oportunidad", aseguran.

Como todo en Aerolíneas Argentinas, el camino es cuesta arriba. Optar no estuvo ajena al desorden administrativo y al caos de números que Costantini encontró en la empresa. Mientras que la aerolínea no tenía balances desde 2013, la comercializadora oficial de pasajes debía sus arqueos de caja desde 2008.

Recién este año se dispuso poner las cuentas en orden. Según pudo conocer LA NACION, el balance 2008 ya fue revisado por la Auditoría General de la Nación y aprobado por la asamblea de accionistas. Los balances que van desde 2009 hasta 2012 están bajo plena revisión del colegio de auditores de la AGN. Los correspondientes a 2013 y 2014 están por ser tratados por el directorio. Y el de 2015 está en plena elaboración y será examinado por auditores privados de las firmas Ernst & Young y PriceWaterHouse.

La empresa

En Optar, el Estado es accionista mayoritario. Trabajan 22 personas en sus oficinas de Aeroparque y vende un promedio de 3000 pasajes por mes. En rigor, es como cualquier agencia de viajes de la Web, donde rigen las leyes de oferta y demanda pero de uso exclusivo para los funcionarios. Cuando un agente del Estado busca una ruta, la página devuelve una nómina con la tarifa neta y la "tarifa pública" de cada itinerario. Si bien la prioridad es Aerolíneas Argentinas, también brinda, de forma excepcional, opciones con otras empresas.

"Cuando empezamos la gestión nos reunimos con las secretarias de los ministros para que nos explicaran qué problemas tenía la herramienta. Hoy, por un pedido del Gobierno, bajamos las comisiones a la mitad y el fee de agencia al 1%", señalaron a este medio en Aerolíneas Argentinas.

La agencia oficial tuvo sus altibajos, aunque hoy da ganancias. Hasta 2012, los Kirchner dejaron el servicio de comercialización de tickets para Presidencia en manos de un privado, Turicentro, que ganó sucesivas licitaciones. Luego llegó el decreto de 2012, que cambió la normativa. Mientras que en 2013 la facturación de Optar ascendió a unos $ 160 millones, para 2014 esa cifra se elevó a $ 750 millones. De todas formas, los números finos se siguen analizando con los balances.

Tanto en los ministerios como en la Casa Rosada circula el rumor de que Optar "es de La Cámpora". Desde Aerolíneas lo desmienten. Hoy, la agencia oficial está en la órbita de la Gerencia Comercial, que comanda Diego García, quien fue gerente de Ventas de Aerolíneas durante el kirchnerismo. En esa época, estuvo a las órdenes de Juan Pablo Lafosse, hombre de confianza de Mariano Recalde, que dejó Aerolíneas para comandar Almundo.com.

Más allá de las chicanas políticas, lo cierto es que en Aerolíneas esperan que Optar pueda sobrevivir al pragmatismo del Gobierno. Y tienen la esperanza de que Mauricio Macri se suba a la aerolínea de bandera cuando viaje por el mundo.

Una empresa en medio de una polémica

Agencia oficial - Por un decreto del gobierno de Cristina Kirchner, todos los funcionarios público deben viajar por Aerolíneas Argentinas y usar Optar para la reserva y la adquisición de los pasajes.

Algunos datos - Optar vende 3000 pasajes promedio por mes. En 2014 facturó unos $ 750 millones. En sus oficinas, con sede en el aeroparque metropolitano, trabajan 22 personas. Cuando asumió la administración macrista, Optar debía sus balances desde 2008.

El dilema - Cuestionada por funcionarios por su falta de flexibilidad para organizar viajes e itinerarios, la conducción de Optar, respaldada por la presidenta de Aerolíneas, Isela Costantini, dice que pueden optimizar su funcionamiento.

Macri impulsa un plan de control y transparencia en 40 empresas del Estado

Por Martín Dinatale - LA NACION.

Busca ajustar la normativa a las exigencias de la OCDE; incorpora códigos de ética, monitoreo de los directorios y una mayor regulación en compras y contrataciones.

El ministro Prat-Gay junto a los integrantes de la última misión de la OCDE al país, hace tres semanas. Foto: Ministerio de Hacienda.

Con el objetivo mayúsculo de cambiar la imagen de la Argentina en el mundo, el presidente Mauricio Macri pondrá en marcha un ambicioso plan de "gobernanza corporativa de las empresas de propiedad estatal", que apunta a generar mecanismos de mayor transparencia, control y agilización del funcionamiento en más de 40 empresas que hoy están en la órbita del Estado en la administración descentralizada.

En la práctica, este plan -que se instrumentará por medio de decretos, resoluciones internas o modificaciones de algunas leyes- contempla estrategias dedicadas a fijar políticas de transparencia pública, códigos de ética inexistentes en algunos casos, la regulación de directorios de empresas, nuevos mecanismos de compra del Estado y mayor control sobre las empresas de propiedad estatal, entre un largo listado de ítems.

Este compromiso del Gobierno quedó plasmado la semana pasada en la visita de una misión del G-20 que pasó por Buenos Aires y se ratificará mañana con los emisarios de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se reunirán con el Gobierno para revisar todas las medidas de lucha contra la corrupción que lleva adelante la administración Macri (ver aparte).

Algunas de las medidas de gobernanza corporativa para las empresas públicas que fijó la OCDE desde 1999 se empezaron a aplicar en el mundo desarrollado y muy tibiamente en la Argentina. Pero según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, tanto los coordinadores económicos de la Jefatura de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana como la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el coordinador de temas de la OCDE del Ministerio de Hacienda, Marcelo Scaglione, buscarán en adelante profundizar el manual de las directrices para las empresas estatales en el futuro inmediato. De hecho, ante la visita de los emisarios de Alemania y China del G-20, el Gobierno planteó la necesidad de que en la próxima cumbre de presidentes que se realizará el año que viene en Berlín se aborde un plan de seguimiento del cumplimiento de estas normas de la OCDE para las empresas públicas.

"La apertura del país al mundo implicará necesariamente ajustar las empresas de propiedad del Estado a las normas de transparencia mundial. No se puede ingresar al mundo y eludir esas directrices", dijo a LA NACION un funcionario del Gobierno que trabaja en el plan. Como ejemplo, destacó que estas medidas buscarán evitar lo que ocurrió con Petrobras en Brasil o Pdvsa en Venezuela, que son empresas estatales que se vieron envueltas en casos de corrupción.

La propuesta de trabajo del Gobierno para aplicar estas normas internacionales es amplia. Contempla el establecimiento de códigos de ética en las 40 empresas de propiedad estatal así como mecanismos obligatorios de transparencia para las compras en el Estado y los contratos de funcionarios. A la vez, se prevén monitoreos obligatorios de la OA, el establecimiento de normas internas sobre conflicto de intereses o la transparencia en el paquete accionario.

También se prevén mecanismos para separar la función de un director de una empresa de un CEO, como ocurrió con el ex ministro de Economía Axel Kicillof, que era ministro y al mismo tiempo director de Siderar. Muchas empresas de propiedad estatal tienen regulaciones sobre esto, pero hay otras que carecen de todo tipo de manual sobre gobierno corporativo. Entre las 40 empresas del Estado que se sujetarán al nuevo régimen de transparencia se encuentran AySA, Tandanor, Coviara, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el Banco Hipotecario, la ANAC, Camesa, YPF Gas o Yacyretá, por poner algunos casos de empresas emblemáticas.

La intención del Gobierno es aplicar en adelante para todas estas empresas del Estado las normas de las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de empresas públicas. La edición 2015 de este manual contiene siete capítulos vinculados con el papel del Estado como propietario, el tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores, los mecanismos de publicidad y transparencia, las responsabilidades de los consejos de administración

Objetivos y resultados

En lo que atañe a la publicidad y transparencia se buscará fijar el modelo OCDE, que prevé, entre otras cosas, dar a conocer los objetivos de la empresa del Estado, los resultados financieros y de explotación, la remuneración de los miembros del directorio, los factores de riesgo o cualquier transacción importante con el Estado y medidas vinculadas a los accionistas o empleados.

Con respecto al papel del Estado como propietario, el Gobierno buscará ajustar el esquema de las 40 empresas de propiedad estatal para "simplificar y normalizar las formas legales bajo las que operan las empresas públicas, y sus prácticas corporativas deben respetar las normas empresariales generalmente aceptadas", según se desprende de las directrices de la OCDE. Allí se señala también que el Estado debe permitir que las firmas "operen con total autonomía en la consecución de sus objetivos definidos sin intervenir en la gestión".

Respecto de la composición accionaria y los consejos administrativos de estas empresas, la OCDE recomienda que "los directorios estén bien estructurados, basados en méritos y transparentes en cuanto al nombramiento de todos los miembros". También se prevé que los referentes de las empresas y el sistema jurídico puedan mantener un diálogo permanente con los auditores externos y los órganos específicos de fiscalización del Estado. En la Argentina hay empresas de propiedad del Estado que ni siquiera tienen un control de la Auditoría General de la Nación.

En las 68 páginas del manual de la OCDE se plantea también que "debe existir una separación entre la función de propiedad del Estado y las demás funciones del Estado que puedan influir sobre las condiciones en que operan las empresas públicas, especialmente en la regulación del mercado". Sobre el tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores se prevé que "el Estado no sea el único propietario de las empresas públicas y que haya una protección de los accionistas en cuanto a un trato equitativo".

Hay datos novedosos en cuanto a objetivos por cumplir de parte de las empresas del Estado. Por ejemplo, la OCDE dice que "debe exigirse que las actividades económicas de las empresas públicas teniendo en cuenta sus condiciones operativas generen una rentabilidad similar a la obtenida por las empresas privadas competidoras". La aplicación de una cláusula de estas características para una empresa estatal argentina sería inusual, ya que en general las empresas de propiedad del Estado siempre fueron deficitarias.

Una reforma muy profunda

Las empresas - El cambio apunta a las empresas de propiedad del Estado. Se trata de 40 compañías como Aysa, Yacyretá, YPG Gas, Camesa, ferrocarriles, Aerolíneas, Austral y Belgrano cargas, entre otras

Los controles - El Gobierno busca ajustarse a las directrices de la OCDE en materia de controles para esas empresas

Transparencia - Se exigirá en el futuro la aplicación de los códigos de ética para las empresas y pedirán más transparencia en el régimen de compras y de contrataciones

Acuerdos de comercio con China: Macri los quiere dentro y no por fuera del Mercosur

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
El futuro del bloque regional. Así lo dijo el presidente a la prensa de Montevideo tras la decisión uruguaya de firmar un TLC bilateral con China. El lunes lo hablará con Tabaré en la residencia de Olivos.
Mauricio Macri y Tabaré Vázquez se verán el lunes.

El presidente Mauricio Macri prefiere que la firma de un Tratado de Libre Comercio con China (TLC) se haga desde el Mercosur. Así lo dijo luego de que Tabaré Vázquez anunciara un preacuerdo bilateral con Beijing. De hecho esta nueva alianza se impuso como uno de los temas económicos de la semana en Montevideo. La presidencia del país vecino tituló de la siguiente manera uno de sus últimos comunicados: "Presidentes Tabaré Vázquez y Xi Jinping acordaron avanzar rápidamente en un tratado de libre comercio Uruguay-China".

Tal como publicó hoy Clarín, en el Gobierno argentino mantienen cautela sobre el tema en vísperas del viaje que hará Tabaré Vázquez al país el lunes 24.  Los sectores industriales argentinos como brasileños son reticentes a un fuerte desembarco de los chinos en la economía, que los podría dejar en amplia desventaja.

Macri recibió ayer a los periodistas uruguayos, a los que les dijo que "preferiría que (el TLC con China) lo hagan todos juntos desde el Mercosur", pero  al mismo tiempo dijo que iba a tener la mayor apertura para entender las necesidades de Uruguay. "Yo tengo un profundo afecto y compromiso en respetar la historia y el afecto recíproco que hemos tenido muchos años y que por ahí estuvo un poquito en crisis en los últimos años", afirmó el presidente en declaraciones reproducidas por el diario "El Observador".

Desde China, Vázquez cerró una visita oficial tras la que anunció que se acordó con el presidente Xi Jinping que el TLC se firme en 2018, cuando se cumplen 30 años de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Tabaré Vázquez con el presidente chino Xi Xinping

Vázquez también se refirió al encuentro que mantendrá con Macri el lunes, con sus respectivos gabinetes de ministros y colaboradores. "Por primera vez en la historia se van a reunir los dos gobiernos prácticamente en pleno para abordar muchos temas, y entre ellos, éste de un TLC con China", dijo Vázquez antes de abandonar el país asiático.

Tabaré asegura que ya habló con Macri y con  Michel Temer, de Brasil. Dijo que ambos y ellos están de acuerdo en flexibilizar al Mercosur, que también integran Paraguay y Venezuela, y sin romper el bloque se tenga la oportunidad de algún acuerdo bilateral fuera de la región. Sin embargo, esta no es exactamente la misma visión que muestra el Macri ahora. Y los brasileños tampoco lo han dicho así. Uruguay aboga desde hace una década por ir a TLC por fuera del Mercosur pero entonces no lo dejaban ni Argentina ni Brasil, al tiempo que también hay internas dentro del Frente Amplio. 

Tabaré viene con varios ministros al país. Será recibido por Macri y su gabinete en la residencia de Olivos donde almorzarán. Un eventual TLC con China se impuso en la amplia agenda que tratarán. Cuestiones de infraestructura bilateral, como un futuro puente entre Zárate y Nueva Palmira, y la publicación de todos los informes medioambientales sobre la conflictiva pastera de UPM (ex Botnia) que está en Fray Bentos y que fue centro de un juicio argentino contra Uruguay. Igual, la sintonía entre ambos mandatarios es indiscutible. Tabaré se unió a la bilateral que Macri mantuvo con Michelle Bachelet en Santiago de Chile, en diciembre pasado, cuando el argentino era presidente electo. Y Macri hizo su primera visita oficial a un país extranjero a Uruguay, el último 7 de enero. 

Celulares: por mes ingresan en el país 205.470 aparatos de contrabando

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Equivale al 30% de lo producido por la industria nacional; deja ganancias por US$ 490 millones

Uno de los decomisos de celulares importados ilegalmente hechos por la AFIP. Foto: Archivo.

El ómnibus había salido de la ciudad de Asunción, en Paraguay, un día de calor sofocante. Ingresó en territorio argentino después de cruzar el puente San Ignacio de Loyola, que une la ciudad paraguaya de Puerto Falcón con Clorinda, en Formosa. Casi 14 horas después de iniciado el viaje, a la altura del kilómetro 85,500 de la ruta nacional N° 12, en Zárate, se detuvo ante un puesto de control de la Gendarmería Nacional. Dos uniformados se subieron al vehículo para revisarlo. La requisa comenzó por la cabina de descanso de los choferes donde, en dos paneles de fusibles, descubrieron 78 auriculares, 115 cables USB y 95 teléfonos celulares marca Samsung, Motorola y Sony.

El valor de la carga oculta en el ómnibus (también había 90 cargadores de teléfonos, 89 fundas, diez reels para pesca y 17 protectores de pantalla), según la estimación hecha por inspectores de la Dirección General de la Aduanas (DGA), ascendía a 503.440 pesos.

El caso descubierto por los gendarmes en Zárate e investigado en un primer momento por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, no es una excepción en territorio argentino: por día se contrabandean 6849 teléfonos celulares, es decir 205.470 por mes.

Se trata de un negocio ilegal que crece de manera alarmante: en 2014 ingresaron ilegalmente 1.500.000 aparatos de telefonía móvil; en 2015, 1.900.000, y las estimaciones para este año son de 2.500.000. Dicho contrabando anual equivale al 30% de lo producido en celulares por la industria nacional. Según la estadística, entre 2014 y este año habrá un crecimiento del 66,7%.

Así lo sostiene un informe de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema). En promedio, cada teléfono celular que ingresa en el país de forma ilegal tiene un valor de 196 dólares. El contrabando de este tipo de tecnología mueve US$ 490 millones por año. "El contrabando de teléfonos celulares está en aumento y es un problema que crece año a año en la Argentina", afirmó a LA NACION Leonardo Rajchert, presidente de Catema.

Según Rajchert, el problema no son los turistas que vuelven al país después de unas vacaciones en Chile o Miami con un iPhone, sino que se trata de organizaciones criminales que ingresan importantes cantidades de teléfonos celulares ocultos en camiones o ómnibus.

"El contrabando está afectando la producción y el ensamble de teléfonos celulares que se hace en Tierra del Fuego. Los aparatos que ingresan ilegalmente en el país equivalen al 30% de lo producido por la industria nacional, que son 9.000.000 de unidades", agregó el presidente de Catema.

Se espera que este año entren 2.500.000 aparatos de telefonía móvil en forma ilegal. Foto: GUSTAVO BOSCO

Zonas calientes

Las zonas calientes del contrabando de teléfonos celulares son la frontera con Chile, en especial la provincia de Mendoza y la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

En mayo de este año, la Gendarmería desbarató una organización criminal dedicada al contrabando de teléfonos celulares desde Chile para después venderlos en locales comerciales que integrantes de la banda tenían en ciudades del sur del país como en San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes y Cipolletti.

La investigación comenzó cuando personal del Escuadrón 33 de San Martín de los Andes advirtió que en un par de comercios vendían teléfonos celulares entre 40 y 50% del valor de mercado. "La organización ingresaba ilegalmente desde Chile hasta San Martín de los Andes los teléfonos ocultos en automóviles particulares, los almacenaban y les colocaban falsas estampillas que simulaban que eran móviles ensamblados en Tierra del Fuego", dijo una fuente de la Gendarmería Nacional.

Según Catema, los teléfonos más contrabandeados son los de marca Samsung, Motorola, LG y Huawei. Agregaron que las prestadoras del servicio de telefonía móvil detectan cada celular nuevo que se conecta a su red, y pueden determinar a través de su número de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés) si es fabricado en la Argentina o en el exterior.

Impacto

"El contrabando es un tema que vimos crecer en el último año y que efectivamente impacta al mercado, por lo que creemos que es importante empezar a controlarlo y apoyaremos cualquier iniciativa con este fin", explicó a LA NACION Germán Greco, gerente general de Motorola Mobility.

Un juez federal que tiene bajo su jurisdicción una zona caliente del contrabando (drogas, electrónica y trata de personas) sostuvo que una de las soluciones para frenar el ingreso ilegal de teléfonos celulares es un mayor control de las fronteras. "El contrabando de tecnología tiene la misma matriz que el tráfico de estupefacientes o la trata de personas: la porosidad de las fronteras. Falta políticas de largo plazo", explicó el experimentado magistrado.

Según las fuentes consultadas, muchos de los teléfonos ingresados ilegalmente en la Argentina son vendidos en comercios denominados "cuevas" o por Internet. "No hay una única solución, pero para frenar este tipo de actividad ilegal hay que aumentar los controles en las fronteras y en las «cuevas»", sostuvo a LA NACION Agustín Garzón, gerente general del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

China dejó de comprar aceite de soja argentino

Por Martín Dinatale - LA NACION

En lo que va del año hubo una caída de 97 % en las exportaciones; quejas de Pekín. 

A pesar de las buenas relaciones del presidente Mauricio Macri con su par Xi Jinping, China paralizó la compra de aceite de soja de la Argentina en los últimos meses y en lo que va del año hubo una caída global de 97% de las exportaciones de ese producto al país asiático.

El presidente chino, Xi Jinping. Foto: Reuters / Archivo

Los datos surgen de informes difundidos por la Consejería Agroindustrial de la embajada argentina en Pekín y si bien el gobierno chino no oficializó la decisión de frenar las compras de aceite de soja de la Argentina, según pudo saber LA NACION uno de los principales motivos de esa decisión sería que el Gobierno frenó las licencias de importación de productos chinos en el país.

En la práctica esto formaría parte de lo que en el comercio exterior se conoce como un fenómeno de retaliación. Es decir, la reacción de un Estado hacia otro ante medidas contrarias a sus exportaciones.

Desde la Casa Rosada expresaron a LA NACION que "no hay decisión alguna de la Argentina de frenar las licencias de importación de China, sino que hoy se aplica el mismo régimen de comercio internacional para todos los países".

A la vez, en el Gobierno especulan que la decisión de China de frenar la importación de aceite de soja argentino estaría relacionado con la indefinición del gobierno de Macri de reconocer a China como una economía de mercado ante la Organización Mundial del Comercio. Desde China adujeron a los diplomáticos argentinos que "por las leyes que impone el mercado" Pekín dejó de comprar aceite de soja en los últimos tiempos a la Argentina.

Lo concreto es que esta decisión de Pekín se da en medio de unas relaciones bilaterales que son más que prósperas con la Argentina. Macri acaba de reunirse en China con el presidente Xi, con quien acordó una bateria de acuerdos bilaterales y están en marcha proyectos de inversión de LA NACION asiática en la Argentina para las áreas de infraestructura, telecomunicaciones, energía nuclear y agroindustria.

Si bien China dejó de comprar aceite de soja a la Argentina, según informes de los consejeros agrícolas argentinos, adquirió en los primeros siete meses de 2016 unas 280.000 toneladas de aceite de soja a diferentes países. El principal proveedor de este producto fue Brasil, que logró cooptar el 59% del mercado chino con la exportación de 165 millones de toneladas, por un monto de 128 millones de dólares.

El freno a las exportaciones de soja a China tiene un antecedente cercano. Una medida similar fue adoptada en abril de 2010 por las medidas antidumping adoptadas por la administración kirchnerista. Pero luego ese cortocicuito fue superado de inmediato.

Biodiésel: fallo favorable a la Argentina en la Unión Europea

(La Nación) - Anularon los aranceles que frenaban las exportaciones locales


BRUSELAS (Reuters).- La Corte General de la Unión Europea (UE) emitió ayer una serie de fallos que anularon los aranceles por dumping que afectaban las exportaciones de biodiésel de la Argentina y de Indonesia. Esos aranceles, que fueron impuestos por el bloque en noviembre de 2013, gravaron el biodiésel argentino con aranceles del 22 al 25,7% y del 8,8 al 20,5% el producto indonesio, en ambos casos por cinco años.

La UE había argumentado que los gravámenes a la exportación de productos sin refinar (granos de soja en el caso de la Argentina y aceite de palma en el de Indonesia) daban una ventaja a los productores locales de biodiésel y les permitían ofrecer productos a precios injustamente bajos. La Argentina e Indonesia calificaron de proteccionistas las medidas de la UE. Tanto es así que ambos países plantearon sus quejas ante la OMC y obtuvieron veredictos a favor.

"Creemos que el fallo es contundente y que el impacto va a ser fuerte. La Argentina tiene capacidad ociosa importante para producir biodiésel", dijo a Reuters Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, sobre el fallo. Y agregó: "Tenemos materia prima para producir más biodiésel. Confiamos en que pronto se va a reabrir el mercado y que vamos a volver a proveer a un cliente tan importante como Europa.

La Corte General de la UE, que es la de menor jerarquía entre las dos que tiene el bloque, dijo que los precios de las materias primas sin refinar no estaban regulados y que la UE no había probado que hubiese una distorsión apreciable de los precios como resultado del sistema de impuestos diferenciados a la exportación.

Algunos abogados comerciales dicen que la decisión de la Corte podría tener implicaciones sobre las relaciones comerciales futuras de la UE con China. Vale recordar que el bloque, en un intento por evitar tratar a China como un caso especial, ha dicho que puede usar precios globales como referencias para determinar el costo de los productores; por ejemplo, en el caso del acero, para determinar si los fabricantes lo están ofreciendo a precios muy bajos o si están beneficiándose de subsidios injustos.

Putin quiere que Macri impulse un acuerdo comercial entre el Mercosur y Eurasia

(Cronista.com) - Los mandatarios mantuvieron un encuentro bilateral en el marco de la cumbre del G20. El ruso dijo que Argentina es un “socio relevante” y busca que sea el lazo para intercambios económicos entre los bloques.


El presidente Mauricio Macri mantuvo hoy una reunión con su par de la Federacíón Rusa, Vladimir Putin, durante la cual el mandatario ruso destacó que la Argentina “es un socio muy relevante”, al tiempo que avanzaron en la posibilidad de concretar un acuerdo económico entre el Mercosur y la Unión Económica de Eurasia.

El encuentro entre ambos mandatarios -que tuvo una duración de media hora- se realizó en el marco de la cumbre del G20, en la ciudad china de Hangzhou, donde el presidente argentino mantuvo distintas reuniones bilaterales y contactos con líderes mundiales.

“Queremos y confiamos en aumentar los suministros que nos llegan desde la Argentina. Además, sabemos que próximamente la Argentina presidirá el Mercosur y queremos avanzar con el acuerdo de cooperación comercial y económica con la Unión Económica de Eurasia”, le dijo Putin a Macri durante el encuentro, según la información suministrada por la Presidencia de la Nación.

En ese marco, el mandatario ruso destacó que Argentina “es un socio muy relevante” y reiteró su confianza en que el intercambio entre ambos países “siga y se fortalezca”.

Las negociaciones por un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur están estancadas desde hace 20 años. Días atrás, de visita en Argentina, el presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, consideró que tras dos décadas de negociaciones, se debe "tomar una decisión” respecto a un acuerdo con el Mercosur, pero admitió que la defensa de cada estado miembro de sus intereses dificulta el consenso.

En tanto, el ruso abogó por profundizar la cooperación “en temas energéticos”. “Estamos listos para avanzar en los acuerdos energéticos entre YPF y GAZPROM”, una de las mayores empresas rusas que se encarga de las distintas etapas de la producción gasífera, incluso de su transporte y almacenaje, precisó el comunicado oficial. Por su parte, Macri le aseguró a Putin que Argentina tiene “una enorme capacidad en la producción alimentaria y quiere aprovechar las oportunidades del mercado ruso para ampliar las exportaciones en ese sector”.

Otra tema es “lograr intercambios culturales entre ambos países”, dijo Macri, quien recordó que “un equipo de medios públicos de la Argentina está en Rusia en este momento para explorar opciones y coordinar un acuerdo con la televisión”.

Putin invitó al presidente Macri a visitar su país “cuando desee”, en tanto que ambos mandatarios acordaron que la próxima reunión de la comisión intergubernamental, que se hará en Buenos Aires en noviembre, servirá para acordar avances y resultados concretos de los varios proyectos en la agenda bilateral.

Ocho meses de gestión que sacudieron una estructura mafiosa

Por Emiliano Galli - LA NACION
Antes de ser suspendido, Gómez Centurión cerró depósitos y complicó a varios importadores.

Containers del puerto de Buenos Aires. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio.


"Tenés que ordenar la casa", le dijo Mauricio Macri a Juan José Gómez Centurión cuando le pidió que se hiciera cargo de la Aduana. El Presidente pensó en el veterano de Malvinas para combatir en dos frentes: el narcotráfico y el contrabando. Y la Aduana era el campo de batalla. Gómez Centurión aprendió rápido que estos flagelos son siameses, y tienen como cuerpo al comercio exterior.

El narcotráfico precisa de la creativa logística con la que el contrabando burla las fronteras y los controles de aduana para ingresar precursores químicos en el país, desplazarse protegido "en tránsito" a las cocinas y sacar desapercibida la droga por los puertos.

Y el contrabando, a su vez, necesita de los fondos del narcotráfico para mantener aceitados los engranajes que les permitió a las bandas seguir operando en tiempos de restricciones a las importaciones, traer mercaderías prohibidas y sortear el control de cambios para hacerse de los dólares baratos al cambio oficial, venderlos en el mercado paralelo o girarlos a cuentas del exterior.

Estos dos virus infectan la entrada y salida de mercaderías del país. Los legítimos operadores (exportadores, importadores, despachantes, navieras, puertos, transportistas y depósitos fiscales) son el vehículo o la fachada. La connivencia de las autoridades de control aduanero hace el resto.

El plan de Gómez Centurión era ambicioso: auditorías exhaustivas de los depósitos fiscales (donde descansan los contenedores con mercadería a la espera de que los importadores la reclamen), reestructuración de los métodos de verificación en Aduana y de la división del mapa de regiones aduaneras, creando la dependencia Hidrovía, por entender que el control del tráfico de barcazas por el río era muy laxo.

Por ejemplo, se encontró con que el área de fiscalización respondía a la Subdirección de Aduana Metropolitana: es decir, el que controlaba las importaciones en el puerto de Buenos Aires reportaba a la misma división que debía controlar. Gómez Centurión desarmó este mecanismo y creó la Subdirección de Control Aduanero. Al sacar la fiscalización del "campo", le quitó el poder a los verificadores en el puerto.

Luego dotó al área de Legales de mayor poder porque tras reunirse con los jueces en lo Penal Económico descubrió que la Aduana no había presentado ni una sola denuncia por contrabando en los últimos ocho Martijn Van Dam años. Y lanzó la avanzada.

Verificó que muchos depósitos fiscales (permisionarios del servicio aduanero) estaban plagados de irregularidades en infraestructura, habilitaciones e incluso en la contabilidad: tenían más contenedores que los declarados. Y el resultado de una de las primeras auditorías arrojó que el peso declarado no coincidía con el peso real.

Encaró procedimientos en depósitos fiscales donde los contenedores permanecían sin ser reclamados. Y presumió que era porque se había cortado la estructura de contención oficial con el cambio de autoridades. Ya en situación de rezago, se abrieron contenedores que decían tener, por ejemplo, flores de plástico, y traían telas.

El siguiente paso fue el cruce de base de datos (CUIT contra despachos, contra giro de dólares, contra transportistas y depósitos fiscales) y fue delineando los perfiles de riesgo de los operadores de comercio exterior. Las sospechas de contrabando dieron lugar al cierre de varios depósitos fiscales, entre ellos, Carestiba, Censer, Depósito Fiscal de Carácter General Logística Central, Logexpor, Tefasa y Lo Primo II, amparándose en el decreto 228, de este Gobierno, que declaró la "emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado".

Las investigaciones judiciales posteriores descubrieron vínculos entre transportistas, depósitos fiscales y empresas de precintos electrónicos (que garantizan la inviolabilidad del contenedor desde que sale del puerto hasta que llega al depósito fiscal) con el anterior titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que también fue director de Aduanas.

Las auditorías probaron que tanto contenedores como depósitos fiscales se abrían de madrugada. Que la ruta que debían seguir los tránsitos (monitoreados gracias a los precintos electrónicos que sellaban los contenedores con importación aún no nacionalizada) sufrían desvíos no autorizados, según informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), que investigó tales maniobras entre 2012 y 2013. Y que había vínculos entre los dueños de las empresas de precintos con los depósitos fiscales cerrados por sospechas: Saetech, propiedad de Miguel Pascucci, dueño de Lo Primo II; y RSI, de Sergio "el Pelado" González, amigo de Ricardo Echegaray, y de Jorge Lambiris, vinculado a Carestiba, depósito del Mercado Central. Gómez Centurión pretendía desregular este sistema y que fuera la Aduana la que proveyera y controlara los precintos.

También se opuso al régimen del "puerta a puerta" por considerar que es una vía propicia para el narcotráfico por menudeo, a lo cual se sumaba que no estaban dadas las condiciones de control necesarias para hacer frente a un volumen que podría activarse con el sistema de compras exprés, lo que le valió un enfrentamiento con su jefe, Alberto Abad.

Como Macri, Gómez Centurión descubrió que la herencia aduanera también fue pesada.

Mientras cerraba depósitos fiscales, investigaba importadores apócrifos y reordenaba la casa, el funcionario suspendido concluía el primer gran resultado de sus ocho meses de gestión: el multimillonario fraude de las DJAI por US$ 14.473 millones.

El cruce de base de datos de la AFIP y la Aduana abarcó un universo de 8 millones de DJAI presentadas por 78.000 personas físicas y jurídicas entre 2012 y 2015. De ese total, 17.495 CUIT tenían inconsistencias. La más grave: giraron dólares sin ingresar mercaderías.

Gómez Centurión y su subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi, denunciaron a 55 empresas que habrían incurrido en delitos aduaneros (contrabando, fraude por valor), tributario (evasión), penal cambiario y lavado de activos. A las 48 horas de la denuncia, Gómez Centurión fue denunciado y suspendido. Allievi corrió la misma suerte.

La administración absoluta del comercio exterior de la era K tenía otra cara: la inflación normativa que provocó dolores de cabeza a todo el espectro operativo tenía como contrapartida un proteccionismo selectivo. Los depósitos fiscales fueron entregados a manos amigas, el área de control aduanero fue desmadrado y las prácticas irregulares proliferaron por todas partes.

El kirchernismo institucionalizó la corrupción e impuso un esquema tarifario para la obtención de permisos de exportación (ROE) y de importación (DJAI). Era común encontrar hasta avisos clasificados de gestores que prometían la obtención tales certificados a cambio de porcentajes que iban del 10 al 15% del valor del embarque. Y también proliferaron los servicios de entrega de contenedores "puerta a puerta", por entre US$ 50.000 y US$ 100.000, el "tacho".

La denuncia elevada por la diputada Elisa Carrió alega la connivencia con el contrabando como actor político y el acuerdo con el narcotráfico como actor estratégico.

Gómez Centurión quería acabar con el poder absoluto de los aduaneros sobre exportadores e importadores por ser engendro de corrupción. Creía que así dejaría de ser más barato ceder ante la coima que cumplir con la burocracia de lo legal. Su función fue interrumpida.