En Argentina hay más de 4 mil villas que en conjunto ocupan una superficie más grande que toda la Ciudad de Buenos Aires

Por Marcos Quintans - mquintans@infobae.com

La estadística surge de un informe realizado por el gobierno nacional y organizaciones sociales. Más de 3 millones de personas viven en asentamientos de emergencia.

Pasillo de la Villa 31 (Adrián Escandar)

El gobierno nacional lanzó un Relevamiento Nacional de Barrios Populares para identificar villas y asentamientos informales de todo el país, que incluye un informe poblacional detallado con el que se pretende conocer la realidad de las comunidades que allí habitan.

Los números del informe aún están en proceso de análisis, pero Infobae tuvo acceso a los primeros resultados: uno de los datos salientes es que en todo el país existen 4.228 barrios populares, que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados. Esto es una superficie más grande que toda la ciudad de Buenos Aires, cuya extensión es de 203 km2.

Alrededor de 1.600 se encuentran en el conurbano bonaerense. Más de la mitad nacieron antes del año 2000 y casi un cuarto del total son posteriores a 2010.

El relevamiento refleja también que más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias) habitan en villas o asentamientos informales. Para comprender la magnitud de la estadística son útiles las comparaciones: el número es superior a la cantidad de habitantes que se registra en la mayoría de cada una de las provincias del país; sólo se puede equiparar con la población total de de Córdoba (3.308.876 personas) o con la de Santa Fe (3.194.537), de acuerdo a las estadísticas del último censo nacional.

Un barrio popular -de acuerdo a los parámetros del relevamiento- es aquel donde viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, en el que más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos (o más) de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.

La villa 1-11-14 vista desde el aire, con el drone de Infobae

"Desde el Gobierno Nacional, junto a organizaciones sociales, estamos trabajando en un proyecto histórico para conocer y mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en los barrios populares de todo el país", destacó Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y responsable del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Hasta el momento, se encuestó al 60% de los hogares identificados en todo el país. Los mismos vecinos de cada asentamiento -capacitados por quienes impulsan el estudio- son quienes llevan a cabo las entrevistas. Ya se relevó a más de 500.000 familias y fueron entregados 60.000 Certificados de Vivienda Familiar, una herramienta que les permiten a las familias acreditar su domicilio y acceder a servicios básicos como agua, cloacas, luz y gas.

El Renabap nace a partir de un trabajo en conjunto entre diferentes áreas del gobierno nacional y distintas entidades y organizaciones sociales como Cáritas Argentina, TECHO, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Un análisis previo realizado por la ONG TECHO -del período 2013-2016- reflejó que la mitad de las villas y asentamientos del país registraba un alto grado de vulnerabilidad y dos de cada diez, atravesaba una situación crítica.

Allí no ingresan ambulancias ni la policía, se inundan cuando llueve y se dificulta el acceso a los servicios básicos. Ese ranking lo encabezaban la villa Roca, en Berisso; Lapacho III, en Tartagal y La lagunita, en Rosario.

Los datos recabados en el nuevo estudio que realizó el Renabap continúan en proceso de evaluación; de allí surgirán precisiones sobre la población y la extensión de cada asentamiento y del perfil de cada una de las comunidades.

Un experto en ajustes avanza en la reestructuración de Fabricaciones Militares

Por Juan Manuel Barca - Clarin.com

Se trata de Luis Riva, un ingeniero que reporta a Lopetegui y ahora busca hacer "viable" el complejo estatal.

Enfocar el negocio en seguridad y minería, eliminar la totalidad de los subsidios y mantener las condiciones de seguridad. Esos son los tres objetivos a los que dedica gran parte de su día Luis Riva, el hombre a cargo de la reestructuración de Fabricaciones Militares (FM) que en diciembre cerró una de sus cinco plantas en Azul.

Desde su designación en agosto del 2017, el ingeniero industrial de San Isidro agarró un fierro caliente: "Tenés que reformular la empresa, hacerla eficiente y que sea segura", le dijo el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui cuando lo entrevistó por primera vez en la quinta de Olivos, luego de hojear su frondoso currículum.

Riva reconoce que nunca trabajó en el Estado. Las dos veces que le ofrecieron cargos en otras gestiones, los rechazó. Pero ahora encontró valores en común con el macrismo. "Sabía que tenía sus complicaciones, pero me pareció buena la propuesta de generar valor, no destruir, eso me encanta", sostiene.

Lo que a Lopetegui le interesó fue su experiencia en más de 30 reestructuraciones de empresas en el sector alimenticio, metalmecánica, gráfica, textil, bienes de capital, autopartes, servicios, hotelería, transporte y logística. Eso es lo que hizo durante 20 años en Managers, la firma dedicada a la gestión que fundó en 1994.

Desde allí manejó compañías en crisis, desplazando directivos y ubicando los propios por hasta 20 meses. Quickfood, Zanella, Agrometal, Transportes Furlon, Zecat y Disprofarma son algunos de los "desafíos lindos" que tuvo. "Hemos hecho rescates muy complicados", confiesa. También en Milkaut, donde Lopetegui fue accionista.

Su carrera privada lo llevó a ser durante 12 años CEO de IMPSA, el holding de Enrique Pescarmona, y gerente comercial de Alstom, una empresa francesa dedicada a la energía eléctrica y la fabricación de trenes. Desde 2002, además, preside Great Place to Work en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, una consultora que estudia el clima organizacional para crear "excelentes lugares de trabajo".

Esa es una de las tareas que se propone en Fabricaciones Militares, donde la última tanda de 230 despidos en Azul generó un clima de tensión. "No es fácil cuando hay bajas, reducción y ajuste, a nadie le gusta, pero tenemos una buena relación con el personal, la clave es trabajar en equipo", concluyó.

Su equipo en las plantas está formado por directivos civiles y militares. Mientras que en la cúspide cuenta con el respaldo del ministro de Defensa, Oscar Aguad, su otro jefe con quien repasa de manera periódica sus tareas, y coordina con el Ministerio de Trabajo, el de Modernización y el de Minería.

Ahora, Riva ya no tiene tiempo para jugar al Backgamon. Tampoco para la actividad política donde le quedó una espina clavada: en 2011 se candidateó por Con Vocación por San Isidro para desbancar al Gustavo Posse, pero este lo derrotó y hoy, tras 60 años de dinastía familiar, el intendente peronista integra Cambiemos.

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El plan del exCEO para Fabricaciones Militares apunta en los próximos tres años a duplicar las ventas y aumentar la productividad, junto con una reducción de gastos en una empresa con 1.530 empleados. El complejo estatal creado en 1941 fabrica municiones y chalecos antibala para las fuerzas de seguridad, a la vez que abastece de pólvora y explosivos a mineras, petroquímicas, metalmecánicas y a la industria ferroviaria, adonde acaba de colocar 20 vagones.

Con un presupuesto declinante, recibirá $1.600 millones en 2018, 1.000 millones en 2019, y $500 millones, en 2020. El ajuste es parte de los lineamientos definidos por el Gabinete para las empresas estatales, pero Riva asegura que la situación es peor que en Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.

Según datos oficiales, FM pasó de tener 1.200 empleados en 2005 a 2.000 en 2015, cuando asumió la gestión de Mauricio Macri, sin aumentar los niveles de producción y con subsidios de $2.400 millones sobre ventas por $900 millones.

Uno de sus desafíos es expandir la capacidad instalada. La planta de Villa María (Córdoba), con 516 trabajadores, está en un 45% de su producción de pólvora. En tanto, la sede de Azul, dedicada a producir dinamita, nitroglicerina, trotil y emulsiones, funcionaba al 10% de su potencial antes de cerrar el 28 de diciembre pasado.

ATE realizó ayer y anteayer cortes de ruta y una caravana por los despidos a La Plata para exigir la reapertura de la planta. Pero el director general niega que haya un vaciamiento. Ahora, la producción -cuyo cliente era la minera Santa Cruz- como los insumos serán absorbidos por Villa María.

"El cese de operaciones de la planta de Azul es terminal, no va a seguir funcionando, no tiene ningún sentido, pero la idea es que la empresa sea viable sin subsidios", explicó el ingeniero. El Gobierno y la Provincia ofrecieron reubicar a los cesantes en frigoríficos, mineras y fabricantes de lácteos de la zona.

En tanto, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) realizó dos inspecciones en FANAzul en las últimas dos semanas. Fue por una denuncia judicial de ATE sobre un presunto riesgo de explosión por falta de personal idóneo. Riva lo desmintió: "La ANMAC dio un informe favorable y la garantía de que no hay riesgo".

Su apuesta es fortalecer los "negocios esenciales". La idea es bajar los precios y mejorar los plazos de entrega para vender bienes de seguridad, municiones y chalecos a la Policía Bonaerense. El otro rubro clave es el la pólvora y los explosivos, cuya producción hoy se destina un 30% al sector público y 70% al privado, principalmente mineras.

Por otra parte, negociar readecuar vagones de pasajeros de la operadora estatal Sofse. La planta de Río Tercero (Córdoba) entregó el 4 de enero pasado 20 vagones reparados al Belgrano Cargas. "Vamos a producir más, tenemos la posibilidad de ampliar 60 vagones adicionales", adelantó Riva.

- ¿Entonces no les va tan mal con las ventas? - preguntó este diario.

Se mostró cauto. La facturación esperada para este año es de $1.200 millones y las inversiones, $200 millones -un 70% para urgencias de mantenimiento-. Las ventas previstas son superiores al 2016, pero por debajo del 2014 y 2015. La diferencia, según Riva, es porque hubo años en que se vendió mucho, sin cobrar.

Ese es el caso de la división de metalmecánica, que se dedicó entre 2013 y 2015 al armado de la estructura de los tuneles de la mina de Yacimientos Río Turbio. Las toneladas de arcos siguen stockeados en Río Tercero porque nunca fueron pagados. La deuda es de $130 millones.

El futuro de la dotación, en tanto, dependerá de los niveles de ventas y recorte de gastos.

Ajuste oficial: el Gobierno anunciará que congela los sueldos de ministros, secretarios y subsecretarios de Estado

Por Federico Mayol - fmayol@infobae.com
Lo hará público en los próximos días y correrá para todo este año.


Foto: Macri en la última reunión de gabinete con sus ministros

La idea, surgida desde las oficinas de Jefatura de Gabinete, se empezó a gestar hace meses. En principio hubo cierta resistencia desde algunos despachos, en especial por el análisis del alcance de la medida, el malhumor interno que podría generar y la grieta en las primeras líneas del gabinete. Sin embargo, la decisión está tomada. En los próximos días -podría ser a mediados de la semana entrante-, y en el marco de un importante anuncio de reestructuración del Estado que se termina de delinear por estas horas, el Gobierno anunciará que congela al menos por este año los sueldos del Presidente, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Así lo confirmaron a Infobae altas fuentes oficiales tras una serie de consultas.

Es decir, Mauricio Macri oficializará a la vuelta de su gira por Rusia, Suiza y Francia que ninguno de los principales funcionarios del gabinete tendrá este 2018 aumentos de salarios. Si bien la medida no tiene un impacto significativo en las cuenta públicas, la Casa Rosada quiere mostrar una señal en medio del achique de la estructura de la administración pública y en vísperas de las discusiones paritarias, que asoman muy duras por la tensión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo.

El anuncio impactará en el sueldo de 324 funcionarios: el propio Macri, Marcos Peña, 21 ministros, 91 secretarios y 209 subsecretarios de Estado, aunque el efecto será menor por la reducción de secretarías y subsecretarías que la Casa Rosada oficializará también en los próximos días. En la génesis del proyecto, se analizó en estricta reserva extender el congelamiento de salarios a directores nacionales. Pero decidieron que alcance solo hasta subsecretarios por una sencilla razón: a diferencia de las altas esferas, una gran porción de los directores viven del sueldo. Impactaría además en las brechas salariales.

Con los aumentos del año pasado, el sueldo de los ministros en bruto -sin los descuentos- es hoy de $183.000, $168.000 el de los secretarios de Estado y de $152.000 el de los subsecretarios. Los directores nacionales, que sí percibirán aumento, cobran $97.000.

La disposición se da tras el escándalo que sacudió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en medio de una caída en la imagen del jefe de Estado y en el inicio de la discusión por las paritarias, en momentos en que Macri atraviesa por una turbulenta vinculación con un sector relevante del sindicalismo, en especial con el camionero Hugo Moyano, que ve maniobras de la Casa Rosada detrás de la avanzada judicial que lo compromete a él y a su familia.

Si bien el Gobierno se había manifestado hace algunos días a favor de imponer aumentos del 15% en los salarios para este año -en línea con la pauta inflacionaria-, desde la cúpula del oficialismo dejaron trascender en las últimas horas la idea de "paritarias libres". Lo cierto es que hay administraciones provinciales y municipales que apuntan a cerrar la discusión incluso por debajo de la meta inflacionaria. "Los Estados, con realidades distintas, van a tener que negociar con los representantes de los trabajadores una pauta salarial que se pueda cumplir", asegura Rogelio Frigerio como anticipo de una entrevista con el ministro del Interior que este medio publicará el domingo.