Después de la declaración conjunta firmada el martes por Argentina y Gran Bretaña, el Gobierno salió su defensa y luego se llamó a silencio, aunque aún quedan varias cuestiones por aclarar.
A simple vista parece un acuerdo generoso hacia los británicos e isleños en materia de recursos naturales a cambio de poco, con la sola posiblidad de que un vuelo hacia las islas haga una escala en Buenos Aires. Pero hay otros obstáculos. Por ejemplo, el Gobierno debe desarmar el esquema de sanciones establecidas por el gobierno K.
El objetivo de esas amenazas y castigos era desalentar las exploraciones y negocios petroleros que británicos e isleños llevan adelante unilateralmente en las Malvinas desde 2010, como parte del endurecimiento de las políticas con que Néstor y Cristina Kirchner buscaron inflamar la cuestión Malvinas como causa nacional.
Tal como como supo este diario, el Gobierno busca eliminar la ley 26.659, aprobada en 2013 y que prohíbe, bajo pena de inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años, a toda persona física o jurídica habilitada para realizar actividades en la Argentina, desarrollar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental nacional, así como tener participación directa en firmas que realicen tales actividades o les presten apoyo.
La ley fue la última de una serie de otras medidas que habían comenzado en 2003, con la decisión de Néstor Kirchner de prohibir que los vuelos charter que los isleños tenían con LAN sobre todo en verano. En 2007, a 25 años de la guerra, se derogaron los acuerdos petroleros firmados por Tony Blair y Carlos Menem, y se establecieron los primeros controles marítimos. Mientras tanto, el gobierno K abandonó la cooperación pesquera que se había montado también bajo el esquema de Menem en los ‘90.
Finalmente, llegó la ley 26.649, que en parte se inspiró en un proyecto presentado por el hoy senador Pino Solanas. La secretaría de Energía es la autoridad de aplicación. Esta debe solicitar a la Cancillería que notifque a las empresas internacionales que violen esta ley interna.
Ante cada nueva amenaza de Argentina, y después de la ley, el gobierno del Reino Unido replicaba. Y se encargó entre tanto de hacer su propia política agresiva. De hecho terminó siendo más perjudicial el embargo a la venta de equipamiento militar a la Argentina –que el parlamento británico votó en 2012– que esta ley argentina nunca aplicada hasta el momento, ni siquiera por el gobierno kirchnerista. La reaparición en la escena argentina de British Petroleum en los últimos días es un dato relevante. El problema del gobierno será sin dudas el Congreso, donde ya hay voces críticas al acuerdo
